(Columna publicada originalmente en El País)
La corrupción en América Latina y el Caribe no es noticia. Incluso algunos, aberrantemente, la consideran normal. Pero en todo hay niveles. Por ello la magnitud de la corrupción desarrollada por la multinacional brasileña Odebrecht ha tenido un impacto singular: un tsunami que no solo se llevó grandes cantidades de dinero, sino también el interés público.
Debemos preguntarnos entonces si los más de 100 proyectos involucrados en el caso Odebrecht eran realmente obras de infraestructura para beneficio común o únicamente excusas para el pago de coimas millonarias.
Los detalles de la compleja maquinaria corrupta salieron a la luz el 21 de diciembre pasado. Ese día, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos publicaron la confesión en la que directivos de la empresa admiten haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en 11 países de América Latina y Mozambique.
Según el documento, “…entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto con sus coconspiradores, con conocimiento y voluntariamente, conspiraron y acordaron con otros proveer de forma corrupta cientos de millones de dólares… para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos y candidatos de partidos políticos extranjeros…para obtener y retener negocios”. La confesión delata la prostitución del interés público.
Los directivos involucraron a docenas de gobiernos, incluyendo jefes de Estado —entre ellos Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y reciente Nobel de Paz—, ministros, senadores y otras personas que hoy son investigadas o que ya fueron encarceladas. La indignación y la exigencia inmediata de justicia son evidentes.
Aunque no fue posible acceder a la lista completa de proyectos, la información pública en cada país da cuenta de los siguientes:
En todos los países, los sobornos involucran proyectos energéticos o de infraestructura, proclamados como esenciales para el desarrollo, por gobiernos, organismos internacionales y empresas.
Pero también son proyectos sobre los que, por décadas, comunidades y organizaciones han denunciado impactos negativos en los derechos humanos y el ambiente, incluyendo su contribución al cambio climático. Proyectos que las grandes represas y las termoeléctricas, afectan también el interés público y para los cuales existen alternativas sostenibles y más efectivas.
Las denuncias, en su mayoría, fueron ignoradas. La represa Belo Monte, por ejemplo, comenzó a operar pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó detener su construcción y proteger a los pueblos indígenas afectados.
Los pedidos de justicia fueron además reprimidos, en ocasiones por gobiernos que, según la evidencia, recibieron sobornos para implementar proyectos. La situación es aún más grave si consideramos que América Latina es la región más peligrosa para los defensores de derechos humanos, especialmente para quienes protegen el ambiente, la tierra y el territorio de proyectos como los mencionados.
Ante una industria de corrupción sin precedentes, es vital analizar cada uno de los proyectos del caso Odebrecht para determinar su verdadera utilidad pública. Es muy posible que en gran parte de ellos, los costos socioambientales hayan sido mayores que los beneficios. Esos daños también deben ser sancionados.
El caso podría ser solo la punta del iceberg porque la problemática es regional, aunque más grave en algunos países. Cada Estado y empresa del continente debe adoptar medidas efectivas anticorrupción, y evaluar sus procesos de planificación e implementación de proyectos, los que fallaron estrepitosamente en los proyectos implicados en el escándalo.
Una lección clara es la necesidad urgente de fortalecer el cumplimiento independiente y objetivo de las normas internacionales y nacionales de planeación y protección ambiental y de los derechos humanos. Se debe garantizar, en los grandes proyectos, transparencia y la participación de los afectados y de cualquier persona interesada en proteger el interés público.
Dado que en algunos casos la investigación de la corrupción recae en administraciones afines a las personas involucradas en el delito, una buena idea sería crear un Observatorio Independiente Ciudadano regional para indagar los impactos de grandes proyectos y las mejores opciones para resarcir los daños.
Deberíamos asegurar de una vez que las personas a cargo de decisiones transcendentales sirvan realmente al interés público y no a las empresas que buscan implementarlas, o a sus propios bolsillos. Toda la ciudadanía puede contribuir a que ello sea una realidad.
Astrid Puentes Riaño fue una de las dos Codirectoras Ejecutivas de AIDA (2003-2021) y responsable de los esfuerzos legales y del manejo de la organización. Astrid es colombiana y cuenta con amplia experiencia vinculando la protección ambiental, los derechos humanos y el cambio climático, impulsando justicia climática como eje central. Por más de veinte años ha trabajado en litigio en interés público, especialmente con respecto a la relación entre derechos humanos, ambiente y cambio climático. Ella tiene un LL.M. (Maestría en Derecho) en Derecho Comparado de la Universidad de Florida, una Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, y obtuvo su grado como abogada de la Universidad de los Andes, Colombia. Astrid también ha impartido clases y seminarios en derechos humanos, ambiente y cambio climático en varias instituciones incluyendo American University en Washington, Estados Unidos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
