En el sur de la región oriental de Ecuador, en plena Amazonía, se alza imponente un macizo montañoso de más de 160 kilómetros de longitud: la Cordillera del Cóndor, que permaneció desconocida por años y que hoy conserva un extenso territorio intacto y sin explorar.
En esa zona, de importancia clave para la vida, la ciencia y la conservación, comenzó a operar en julio el proyecto Mirador, una mina a cielo abierto para la extracción de cobre por un periodo previsto de 30 años.
La puesta en marcha del proyecto marca también el inicio de la minería a gran escala en Ecuador, con la cual el gobierno pretende sostener la economía y dejar atrás su dependencia del petróleo.
Se trata de una triste novedad porque la minería a gran escala implica riesgos de enormes daños ambientales, los cuales son más graves en un ecosistema de gran biodiversidad y próximo a fuentes de agua como la Cordillera del Cóndor, donde además viven comunidades indígenas y campesinas.
Este impulso a la actividad extractiva contradice el avance de 2008, cuando Ecuador fue el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución.
Cuando la Amazonía arde en llamas y con ella nuestro futuro, Ecuador debe cambiar el rumbo y ser un ejemplo de protección efectiva de ese ecosistema y de quienes dependen de él para los otros países de la Cuenca Amazónica y para el mundo.
“Al país le hacen falta recursos”. Con esas palabras justifican el proyecto Mirador los voceros de la empresa china Ecuacorriente —a cargo la concesión minera— y también los representantes del gobierno, que ha intensificado sin precedentes la industria minera en el país.
Pero ¿qué pasará con la biodiversidad y con los servicios ambientales de la Cordillera del Cóndor, cuyo valor es incalculable?
Esa cordillera amazónica protege bosques de neblina y páramos (humedales de alta montaña), ambos sumideros naturales de carbono. Alberga más de 2.000 especies de flora, entre ellas una de las pocas plantas carnívoras de Ecuador, y tiene 613 especies de aves. Según estudios, en este entorno único hay otras 2.000 especies de plantas por descubrir.
Es ahí donde se realizarán excavaciones de 300 a 500 metros de profundidad para acceder a los minerales del subsuelo, y donde se construirán riesgosas presas para depositar toneladas de desechos.
Los daños ya están ocurriendo. La empresa confirmó que se han talado 1.422 hectáreas de bosque para el proyecto. Y organizaciones locales han denunciado graves violaciones legales y constitucionales en torno al mismo.
El discurso de las grandes ganancias para el país por la explotación y venta de los recursos del subsuelo ha cobrado fuerza en los últimos meses en el gobierno. Datos oficiales dan cuenta que actualmente el 7,5% del territorio está concesionado para la exploración de minerales, pero el gobierno analiza entregar nuevas concesiones. Para ello tiene previsto contar en 2020 con un mapa de las nuevas áreas donde estará permitido hacer minería.
Estos planes ignoran los impactos perpetuos de la minería a gran escala. Entre ellos están la afectación del paisaje y los daños a la calidad del agua. En el caso de Mirador, el proyecto ya ha causado el desvío del río Tundayme, solo por nombrar uno de sus impactos, reconocidos como irreversibles por la misma empresa.
“Sean coherentes, dejando de utilizar celulares y bicicletas y más objetos que provienen de materiales extraídos de las minas”, dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzner, uno de los grandes promotores de la minería en el gobierno, retando a quienes se oponen a los proyectos mineros. “Le propongo otro reto: usted deje de utilizar agua y alimentos”, le respondió Yaku Pérez, defensor del agua y prefecto de la provincia de Azuay.
La anterior es la metáfora más clara de lo que está en juego con el avance ciego de la minería a cielo abierto en Ecuador.
El paso acelerado hacia la minería a gran escala en Ecuador significa actuar de forma negligente frente a la crisis climática global, la cual nos obliga a cambiar de modelo de desarrollo en esta misma década para lograr las metas de mitigación y adaptación.
La comunidad científica internacional advirtió en 2018 que solo tenemos una docena de años para que el calentamiento global se mantenga a un máximo de 1.5 ° C (respecto de la era preindustrial) y que pasar ese límite haría peores los riesgos de sequías, inundaciones y calor extremo.
Ello nos exige transiciones sin precedentes en sectores como la energía y los sistemas industriales. Impulsar la minería a gran escala es ir en reversa y profundizar el modelo de desarrollo que ha causado la emergencia climática. Significa arrasar con los sumideros naturales de carbono como los que alberga la Cordillera del Cóndor y el conjunto de la Amazonía.
Ecuador puede y debe dar un nuevo paso al frente. Debe, al igual que hizo en 2008 con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, encontrar un modelo de desarrollo que efectivamente respete sus obligaciones con el clima y con los derechos humanos.
No puede seguir hipotecando el presente y futuro de comunidades y ecosistemas enteros bajo el pretexto de las ganancias inmediatas y efímeras de la minería. Nuevos caminos son posibles y, sobre todo, urgentes.
Javier Dávalos González es ecuatoriano y coordinador del Programa de Clima. Trabaja con AIDA desde Quito, Ecuador. Tiene formación en relaciones internacionales, derechos humanos, cooperación internacional y ciencias de la población y el desarrollo. Cuenta con experiencia en gestión de programas y proyectos relacionados al cambio climático, el derecho ambiental internacional y el desarrollo sostenible en entidades internacionales, nacionales y de la sociedad civil. Ha sido docente universitario y facilitador de procesos participativos y comunidades de aprendizaje.
