Prensa
AIDA se une como miembro a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
Frente a los desafíos ambientales globales, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) fortalece su rol internacional en defensa de la naturaleza y de quienes la protegen.Con nuestra incorporación como organización miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la red ambiental más grande y diversa del mundo, AIDAaportará su experiencia jurídica, científica y de trabajo en alianza para fortalecer la conservación de la naturaleza desde una visión latinoamericana y con perspectiva de derechos humanos.Bajo el objetivo de promover un mundo justo que valora y conserva la naturaleza, la UICN es un espacio neutral para que diferentes actores creen e implementen soluciones a los retos ambientales. Con el aporte de más de 17.000 personas expertas, la UICN es una incubadora y un repositorio confiable de conocimientos especializados sólidos, asesoramiento normativo, mejores prácticas y herramientas, así como de directrices y estándares internacionales para impulsar la conservación y el desarrollo sostenible.AIDA, con más de 25 años de trabajo reconocido en la protección del ambiente y la defensa de los derechos humanos en América Latina, contribuirá como miembro al objetivo de la UICN a través de:La articulación de alianzas para la conservación de la naturaleza basada en derechos;El fomento a la cooperación entre miembros gubernamentales y no gubernamentales;Aportes al debate en torno a problemas de conservación, especialmente en los aspectos jurídicos y científicos;Contribuciones al desarrollo de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales; así como a convenios internacionales relacionados con la conservación de la naturaleza; yEl impulso a la justicia ambiental y social, los derechos humanos y el derecho ambiental para avanzar hacia una gobernanza ambiental inclusiva y participativa. Esta membresía refleja el compromiso institucional de AIDA con una conservación efectiva, participativa y con enfoque de derechos humanos. Como parte de la UICN, AIDA trabajará para que las voces y experiencias de América Latina tengan un lugar protagónico en la construcción de soluciones globales ante la crisis ambiental.
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Mapuches se defienden contra la industria extractiva, los desalojos forzados y la inseguridad jurídica en sus territorios ancestrales en Argentina
Las comunidades del pueblo mapuche urgen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigar más a fondo los abusos en la intersección entre la industria extractiva y el despojo territorial.Río Negro, Neuquén, Mendoza, Argentina. El martes 22 de julio de 2025, organizaciones del pueblo indígena mapuche denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación derivada de los conflictos con proyectos extractivos en territorios indígenas de Argentina. El órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos escuchó los testimonios de personas afectadas por proyectos mineros, petroleros y gasíferos, agravados por la falta de reconocimiento territorial, los desalojos en curso y la criminalización de las comunidades indígenas."La rápida expansión de proyectos extractivos en territorios ancestrales mapuches de Argentina está impulsando el desalojo de nuestras comunidades, ya que estos proyectos avanzan sin su consentimiento libre, previo e informado", destacaron Mirta Ñancunao y Hugo Aranea, werken (voceros) del Parlamento Mapuche- Tehuelche de Río Negro. Esto incluye nuevos proyectos mineros que abarcan 18.000 kilómetros cuadrados en Malargüe, desarrollos de petróleo y gas que se extienden por 600 kilómetros de la formación de esquisto Vaca Muerta en Neuquén, y al menos 53 nuevos proyectos metalíferos y energéticos en Río Negro, en particular el proyecto minero de oro y plata a cielo abierto denominado Calcatreu, que pone en peligro fuentes de agua."Los avances de la explotación de los recursos naturales fueron acompañados de la intención de vaciamiento del territorio", dijo Lorena Bravo de la Confederación Mapuche de Neuquén, Zonal Xaunko. "Los desalojos tienen por consecuencias directas el impedimento de uso de las tierras; de acceso a las tierras, a los sitios ceremoniales; afectación a la alimentación, acceso al agua, a la salud y afectación a la economía indígena y formas tradicionales de producción".Gabriel Jofré, werken de la Organización Malalweche afirmó que "esta avanzada de empresas extractivas en el territorio tiene como presupuesto la falta de reconocimiento estatal efectivo". Enfatizó que el Estado ha desmantelado los procesos utilizados por las comunidades mapuches para reivindicar sus derechos territoriales, incluyendo el reconocimiento de su personería jurídica. Jofre también señaló que el gobierno nacional derogó las protecciones de la Ley 26.160, la cual había suspendido los desalojos de comunidades indígenas reconocidas."El avance del extractivismo no es posible sin instalar un discurso racista y discriminatorio", advirtió Jofré, quien sostiene que esto pone en peligro a las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente. Tanto autoridades nacionales como provinciales han promovido discursos racistas y de odio contra las comunidades mapuches, tildándolas de "terroristas" y negando su identidad indígena. Esta retórica ha intensificado la estigmatización de defensores indígenas y ha incrementado los riesgos que enfrentan al ejercer su labor de defensa de derechos.Las comunidades instaron a la Comisión a investigar más profundamente las violaciones a los derechos humanos que ocurren en la intersección entre la expansión de la industria extractiva y el despojo de los territorios ancestrales mapuches. En diciembre de 2024, la Comisión emitió una declaración pública instando al Estado argentino a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.Entre las organizaciones que participaron en la audiencia se encuentran la Organización Malalweche de Mendoza, la Confederación Mapuche de Neuquén y la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, con el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107
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Derechos humanos y de la naturaleza en la gobernanza de los minerales para la transición energética
Una lectura de la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Alianza por los Humedales Andinos La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) definió en su Opinión Consultiva 32 (OC-32), hecha pública el 3 de julio de 2025, la forma en que deben asegurarse los derechos humanos frente a la emergencia climática. Allí reconoció además los derechos de la naturaleza y la responsabilidad de los Estados y las empresas en materia de cambio climático. Esta Opinión Consultiva se alcanza luego de más de 150 intervenciones orales y más de 260 participaciones escritas, entre ellas, las de organizaciones que conforman la Alianza por los Humedales Andinos.Este pronunciamiento marca el rumbo para proteger ecosistemas valiosos y los derechos de las personas en América Latina, una región profundamente afectada por poseer importantes reservas de minerales cada vez más demandados por la transición energética global. Derechos humanos y minerales “críticos”La Corte IDH, organismo central en la definición de estándares en materia de derechos humanos para América Latina y el Caribe, brindó mediante la OC-32 herramientas para avanzar hacia políticas que aseguren criterios de equidad y justicia, en línea con los principios del Secretario General de Naciones Unidas, en toda la cadena de valor de los minerales para la transición.Estos minerales, como el litio y el cobre, están en el centro de la definición de las políticas actuales sobre la transformación del sistema energético por su valor para la manufactura de baterías. Esta cadena de valor empieza en territorios —como son los humedales de la zona andina comprendida por Argentina, Bolivia y Chile—, con la exploración de yacimientos y la extracción de los minerales. Luego continúa con su procesamiento y refinación en instalaciones especializadas para la fabricación de celdas, que posteriormente se integran en baterías que alimentan una variedad de dispositivos, pero principalmente vehículos eléctricos de movilidad individual.La Corte llamó especialmente a la protección de los derechos humanos en la extracción de minerales "raros o críticos" para la transición energética, que conforman los primeros eslabones de esta cadena de valor. Esto remite directamente al Principio 1 del Informe del Panel del Secretario General de la ONU sobre Minerales críticos para la transición energética de 2024, y brinda una herramienta legal clave para la protección de derechos humanos en los países de América Latina. Asimismo, definió elementos esenciales para el respeto de la integralidad de los ecosistemas (principio 2) desde la región más biodiversa del planeta; así como para lograr la justicia y equidad (principio 3), la transparencia y rendición de cuentas (principio 6) y la cooperación multilateral reforzada (principio 7).Derechos de la naturaleza para una región megadiversaEntre sus definiciones, la Corte IDH reconoce los derechos de la naturaleza, los cuales refieren a la necesidad de mantener sus procesos ecológicos esenciales y así contribuir a la consolidación de un modelo de desarrollo que respete los límites planetarios y garantice la disponibilidad de los recursos vitales para las generaciones presentes y futuras.Esto es central en el caso de América Latina, una de las regiones más biodiversas del mundo: contiene el 50% de la biodiversidad mundial en ecosistemas como humedales y bosques tropicales, en particular la Amazonía; se estima que alberga 12 de los 14 biomas terrestres y es el epicentro de contribuciones clave de la naturaleza a las personas.Estos aspectos cobran especial relevancia para una región cuyo rol histórico de proveedora de recursos provenientes de la naturaleza ha contribuido a consolidar la economía global, pero a su vez ha generado daños severos a los ecosistemas y afectación a los derechos de sus comunidades. La protección de los derechos de la naturaleza es un instrumento central para pensar y gestionar la riqueza de minerales necesarios para la transición energética teniendo en cuenta que la región posee más del 50% y 40% de las reservas mundiales de litio y cobre, respectivamente.América Latina es, además, una de las regiones más diversas en cuanto a su cultura: allí viven aproximadamente 54,8 millones de personas pertenecientes a distintos pueblos indígenas, lo que equivale al 8,5% de su población total - proporción más alta en relación con su población general a nivel global-, y que ocupan más del 20% de su territorio.En la OC-32 se destaca especialmente el rol de las comunidades para garantizar la preservación de los ecosistemas y el clima sano, libre de interferencias humanas. En particular, se reconoce el rol de los saberes locales, tradicionales e indígenas para tomar decisiones y evitar la afectación cultural, un enfoque que empodera a comunidades locales y pueblos indígenas, quienes históricamente han sido guardianes de los ecosistemas y poseen conocimientos tradicionales profundos sobre su funcionamiento, pero que en la práctica son excluidas de los procesos de toma de decisión y a quienes no se les garantiza sus derechos de participación y consulta previa libre e informada. El derecho a un clima sano: una novedad con potencialLa OC-32 reconoce el derecho a un clima sano como parte del derecho al ambiente sano, libre de interferencias humanas, para lo cual los Estados deberán evitar cualquier daño irreversible al equilibrio vital del ecosistema planetario y recurrir a la debida diligencia reforzada teniendo en cuenta el grado de riesgo del daño a producirse, la mejor ciencia disponible y a los grupos en situación de vulnerabilidad, evitando crear o reforzar vulnerabilidades.En sus estrategias de mitigación, los Estados deberán tener especialmente en cuenta a las personas y los ecosistemas, en particular aquellas que cumplen una función primordial de regulación del sistema climático y los ciclos naturales del planeta.En este sentido, es inevitable destacar el alcance del reconocimiento que hace la Corte IDH de los humedales andinos de Argentina, Bolivia y Chile por sus contribuciones a la adaptación al cambio climático mediante la regulación hídrica. Los humedales andinos tienen también la capacidad de mitigar los impactos del cambio climático por su rol de sumideros de carbono, ya que se han registrado valores significativos de captura de dióxido de carbono a través de su vegetación y de microorganismos extremófilos. Los humedales andinos son a su vez los mismos ecosistemas que hoy se ven en riesgo por el avance de la minería para la transición energética. Las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanosLa OC-32 pone de relieve que, además de los Estados, las empresas también tienen obligaciones frente a la emergencia climática y sus impactos en los derechos humanos. La Corte IDH llama a los Estados a regular y supervisar la debida diligencia empresarial en toda la cadena de valor, en línea con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGP). Esas obligaciones incluyen la identificación, prevención, mitigación y rendición de cuentas de las empresas respecto de los impactos de sus actividades en el ambiente, el clima o los derechos humanos derivados. Se trata de obligaciones intransferibles: no pueden ser delegadas a terceros, como por ejemplo a certificadoras. La OC-32 también llama a evitar el greenwashing y la influencia indebida de terceros actores en la toma de decisiones de las empresas. Una lectura de la Opinión Consultiva 32 desde los humedales andinosEn sus más de 200 páginas, la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana brinda herramientas para garantizar el respeto de los derechos humanos en toda la cadena de valor de los minerales para la transición energética, así como para asegurar la integralidad de los ecosistemas con una mirada desde América Latina. Además, promueve la implementación de los principios del Panel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre minerales críticos para la transición energética.No menos importante, sostiene la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y protección de derechos humanos en el sistema interamericano y refuerza la importancia de los derechos de acceso, y de la situación actual de las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente y el clima, de conformidad con el Acuerdo de Escazú. Este reconocimiento es especialmente relevante para la región más peligrosa para defender la naturaleza.En un contexto de negacionismo climático fomentado por liderazgos políticos que desconocen la contribución de la humanidad a la crisis climática, la OC-32 constituye una hoja de ruta fundamental para instar a los Estados a cumplir con sus compromisos climáticos con un enfoque de derechos humanos. Desde la Alianza por los Humedales Andinos, vemos este dictamen con esperanza, como una herramienta clave para que las personas que habitan estos humedales hace generaciones tengan garantizados sus derechos y que estos ecosistemas vitales estén protegidos. Reacciones de las organizaciones de la Alianza de Humedales Andinos a la Opinión Consultiva N°32 de la Corte IDHPía Marchegiani, Directora Ejecutiva Adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina):"En un contexto en que la discusión sobre los minerales críticos se ve cada vez más atravesada por intereses de seguridad y armamentistas, y las agendas unilaterales y bilaterales sobre el acceso al suministro de minerales desde el Norte Global parece imponerse sobre los acuerdos multilaterales, la Corte Interamericana a dado un paso estratégico y claro en definir la forma en que debe inclinarse la balanza para asegurar que los derechos humanos y la naturaleza estén en el centro. De esa forma se podrá avanzar hacia la justicia y equidad tal como se propuso en el Panel de Minerales Críticos del Secretario General de Naciones Unidas".Ricardo Frez, Director de ONG Defensa Ambiental (Chile):"Este inédito reconocimiento a la Naturaleza como sujeto de derechos, marca un giro hacia enfoques ecocéntricos en el derecho internacional de los derechos humanos. Este avance resulta especialmente significativo ante el auge de la minería para minerales críticos como el litio y el cobre, cuyos impactos sobre los ecosistemas del Sur Global son crecientes y muchas veces irreversibles. La Corte valida la protección autónoma de la Naturaleza, no solo como medio para garantizar derechos humanos, sino como fin en sí mismo, y refuerza el deber de los Estados de prevenir daños climáticos y ambientales irreparables. En un escenario donde la transición energética amenaza con reproducir lógicas extractivistas, esta OC ofrece herramientas normativas clave para la defensa de los territorios y la vida".Vivian Lagrava Flores, Empoderate Colectivo de Derechos Humanos (Bolivia):"Aunque en las comunidades no comprenden tecnicismos sobre clima, transición energética y otros; ciertamente han recibido con esperanza que, la opinión Consultiva 32/25 determine obligaciones mayores para los Estados, ya que las leyes, la Constitución y los Estándares de DDHH se incumplen y se pasan por alto todos los impactos. Los humedales especialmente los bofedales de agua dulce son el milagro de la naturaleza que sostiene nuestros sistemas de vida y son estratégicos para mitigar los efectos del cambio climático, se están destruyendo con tanto Extractivismo, entonces necesitamos que el Estado Boliviano comprenda la magnitud de estas obligaciones".Ezio Costa Cordella, FIMA ONG (Chile):"La transición justa está presente en distintos pasajes de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una mención específica y expresa a este tipo de transición y se habla de el deber de los estados, cuando desarrollen políticas y estrategias climáticas, para cumplir también con este principio y por lo tanto no profundicen ciertas situaciones de pobreza multidimensional, sino que miren cómo una transición va a afectar a un territorio y a un grupo de personas que habitan ese territorio, incluidos, por supuesto, los y las trabajadoras de las industrias que estén modificando sus acciones. En este sentido es importante considerar que la transición ecológica no se refiere solamente a las políticas de transición, sino que se refiere a cómo una serie de sistemas sociales, entre ellos los de producción y consumo, se van a adaptar a la nueva realidad climática y ambiental y que en ese tránsito entre lo que hoy día tenemos y lo que va a surgir a propósito de esta nueva condición ambiental, no se produzcan mayores vulneraciones de los derechos de las personas y por el contrario, se produzcan situaciones que permitan una mejor distribución y una mejor protección también de esos mismos derechos".Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia):"La Opinión consultiva de la CorteIDH es un refuerzo importantísimo en la defensa por parte de la sociedad civil del medio ambiente, del agua, de los territorios de pueblos indígenas y de la vida; defensa cuyo fin no beneficia solo a ciertos grupos sino que es la única forma de asegurar nuestra supervivencia como especie. Para el caso del altiplano altoandino, esta opinión respalda la lucha de comunidades por la defensa del agua y los humedales frente a una mayor presión de proyectos de extracción de minerales críticos como el litio".Verónica Gostissa, Asamblea PUCARÁ (Argentina):"Estamos ante un punto de inflexión en materia de justicia climática y derechos humanos. La CorteIDH reconoce el derecho autónomo a un clima sano, y en regiones como el noroeste argentino —donde ecosistemas de altísimo valor ecológico, como los humedales altoandinos, conviven con una fuerte presión extractiva por la explotación de litio— el pronunciamiento interpela de manera directa al modelo minero y energético. Este avance jurídico viene a reforzar una verdad que las comunidades y los pueblos sostenemos desde hace tiempo: si seca ríos, no es transición energética. Y no hay transición posible sin justicia ambiental".Paulina González Quiroga, Fundación Tantí (Chile):"Valoramos profundamente el pronunciamiento de la Corte Interamericana, en un momento estratégico para nuestros cuerpos y territorios para quienes habitamos desde el sur del mundo, la zona altiplánica y desértico costera de Chile, zona productivo minera donde se ven impactadas nuestras aguas continentales y marinas, por toda la cadena de valor, que opera en esta misma zona. En nuestro territorio de histórico sacrificio ambiental, no existe transición, sino por el contrario, estamos viviendo las mismas comunidades y ecosistemas de siempre, una intensificación de las lógicas de extractivismo ahora “verde”, un aumento impensado de impactos a nuestros ecosistemas altoandinos, marinos y las formas de vida que aquí habitamos, y en ese sentido, este pronunciamiento será clave, para fortalecer la defensa jurídica del territorio, en diversos procesos de consulta indígena y de justicia ambiental, que ya se desarrollan y seguro seguirán aconteciendo, en el marco de estas políticas".Yeny Rodríguez, abogada sénior y coordinadora de línea, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA):"La OC-32 de la Corte Interamericana reconoce el alto grado de vulnerabilidad y riesgo en el que se encuentran ecosistemas estratégicos de América Latina para el ciclo del agua y el clima, como los salares andinos, y manda un mensaje muy claro a los gobiernos de la región y a las empresas que operan en nuestros territorios: en aplicación de la debida diligencia reforzada, deben evitar actividades mineras que puedan generar daños irreversibles en los ecosistemas y agravar la situación de vulnerabilidad de pueblos indígenas o comunidades en riesgo".
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Corte Interamericana emite decisión histórica que obliga a los Estados a proteger los derechos humanos frente a la crisis climática
En un dictamen emitido hoy, la corte esclarece las obligaciones de los Estados para proteger efectivamente a personas y comunidades afectadas por la crisis climática, sentando un precedente clave para que accedan a justicia, así como para guiar las decisiones de tribunales nacionales e internacionales.San José, Costa Rica. En su Opinión Consultiva 32, publicada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sienta un precedente histórico al establecer estándares jurídicos que los Estados del continente deben cumplir para proteger los derechos humanos frente a la crisis climática. El pronunciamiento abre la puerta a una nueva ola de litigios climáticos estratégicos que permitirá a las personas y comunidades afectadas acceder a justicia."La decisión de la corte marca un antes y un después para la justicia climática en América Latina y en el mundo al ser la primera vez que un tribunal regional de derechos humanos define con claridad las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática", dijo Gladys Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Celebramos este avance que protegerá a comunidades y personas; además de guiar las decisiones de tribunales nacionales e internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia, que está en proceso de emitir un dictamen sobre el mismo tema".La corte reconoció, por primera vez, la existencia de un derecho humano autónomo a un clima sano, derivado del derecho a un ambiente sano. A la luz de la Opinión Consultiva 32, los Estados del continente tienen obligaciones legales para combatir la crisis climática como un asunto de derechos humanos, de acuerdo con sus leyes internas y los tratados o convenios vigentes, incluyendo:Garantizar un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas, como condición previa para el ejercicio de otros derechos humanos.Respetar el principio de equidad intergeneracional, coadyuvando para que las generaciones actuales dejen condiciones de estabilidad ambiental que permitan a las generaciones futuras similares oportunidades de desarrollo.Regular, supervisar y fiscalizar; así como requerir y aprobar estudios de impacto ambiental para cumplir con su deber de de mitigar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).Definir una meta de mitigación; definir y mantener actualizada una estrategia de mitigación basada en derechos humanos; supervisar y fiscalizar en forma estricta las actividades públicas y privadas generadoras de emisiones de GEI.Asegurar una distribución equitativa de las cargas derivadas de la acción climática y de los impactos climáticos, evitando imponer cargas desproporcionadas, lo que incluye la asignación de los costos de la transición energética. Además, el tribunal reconoció en su dictamen a los saberes locales, tradicionales e indígenas como protegidos por los tratados interamericanos y como parte integral del concepto de mejor ciencia disponible, creando un nuevo camino de exigibilidad e inclusión de estos saberes en las soluciones a emergencia climática."El dictamen de la corte abre una nueva era para las negociaciones y el litigio en materia climática al ofrecer a personas, comunidades y organizaciones de la sociedad civil un marco jurídico más claro y robusto", señaló Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. "Esta decisión permite exigir a los Estados, tanto en las negociaciones climáticas como en tribunales, que fortalezcan su acción frente a la crisis climática y promuevan cambios estructurales. Esto implica cumplir con sus obligaciones de mitigación, adaptación y atención de las pérdidas y daños, garantizando el respeto a los derechos humanos".La decisión responde a la solicitud hecha en enero de 2023 por los Estados de Colombia y Chile, en la cual argumentaron que sus poblaciones, y las de otros países del continente, sufren las consecuencias de la crisis climática global, en especial debido a sequías, inundaciones e incendios, entre otros eventos extremos. Por ello, requirieron a la Corte Interamericana determinar la forma adecuada de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los derechos reconocidos en esta para enfrentar las situaciones generadas por la emergencia climática, sus causas y sus consecuencias."Este dictamen es una herramienta interpretativa vinculante para los países de la región y, por lo tanto, abre nuevas rutas para exigir legalmente el cumplimiento de los derechos humanos", indicó Marcella Ribeiro, abogada sénior de AIDA. "Los Estados ahora deben adaptar sus prácticas internas para cumplir con los estándares jurídicos reconocidos por la corte, lo que implica entre otras cosas regular adecuadamente las actividades empresariales en el marco de la crisis climática y garantizar un clima estable para las generaciones futuras".Desde el inicio del proceso, AIDA asumió un rol proactivo. Apoyó a diferentes comunidades de la región para que sus voces fueran escuchadas por la Corte IDH mediante la presentación de escritos legales que destacaron las afectaciones socioambientales de la emergencia climática en pueblos indígenas, mujeres, niños y niñas, poblaciones con orientaciones e identidades de género diversas y en ecosistemas particularmente frágiles como los arrecifes de coral. Además, la organización acompañó la participación de representantes comunitarios en las audiencias del proceso, realizadas en abril y mayo de 2024 en Barbados y Brasil, respectivamente.AIDA también presentó su propio escrito legal ante la corte, en el que argumentó que el derecho a un "clima estable y seguro" debe ser reconocido como parte del derecho universal a un ambiente sano, resaltando las obligaciones de los Estados para prevenir y evitar los efectos nocivos de la emergencia climática en sus habitantes.El proceso incluyó la presentación de más de 200 observaciones escritas, un número sin precedentes para una Opinión Consultiva de la Corte Interamericana, lo que refleja el enorme interés regional en el tema. Las Opiniones Consultivas son importantes porque consolidan la forma adecuada de interpretar los derechos humanos y con ello orientan a los Estados sobre cómo garantizarlos y aplicarlos dentro de sus territorios o jurisdicciones.La Opinión Consultiva 32 fortalece y da continuidad a dictámenes previos como el emitido en 2024 por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que aclara las obligaciones estatales para proteger el medio marino de la crisis climática, y el que publicará próximamente la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, para delimitar las responsabilidades de los Estados de cara a la emergencia global.Así, en un contexto mundial que exige medidas climáticas cada vez más sólidas, la decisión de la Corte Interamericana reafirma que los gobiernos deben actuar en base a obligaciones legales vinculantes, no a compromisos voluntarios. Esta herramienta jurídica brinda a las personas y comunidades del continente una base sólida para exigir acciones reales y la garantía de sus derechos en un entorno climático seguro, justo y sostenible.Contacto de prensa:Víctor Quintanilla, [email protected], +52 5570522107
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Comunidad maya guatemalteca obtiene respaldo judicial para frenar contaminación transfronteriza
Un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla atender la grave crisis ambiental que afecta a la comunidad maya poqomam. El fallo sienta un precedente para la protección del derecho a un ambiente sano de las comunidades que habitan en la cuenca del río Motagua, cuya contaminación alcanza al Mar Caribe y amenaza al Arrecife Mesoamericano.Ciudad de Guatemala. La comunidad del pueblo maya poqomam de la aldea de Santa Cruz Chinautla obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca con un fallo judicial que ordena a la municipalidad de Chinautla responder de manera efectiva a sus peticiones para frenar la contaminación de sus ríos y suelos, provocada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la proliferación de vertederos ilegales.El fallo representa un paso decisivo para la protección del derecho a un ambiente sano en Guatemala y sienta un precedente que podría beneficiar a las comunidades que habitan en la cuenca del río Motagua, una de las más importantes del país, cuya contaminación llega al Mar Caribe y amenaza al ecosistema marino del Arrecife Mesoamericano.Santa Cruz Chinautla se ubica en las riberas de los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas, este último un afluente directo del río Motagua, el más extenso de Guatemala, por lo que tiene un impacto directo en la salud de toda la cuenca y el equilibrio ecológico regional.La sentencia responde a la petición de amparo presentada por la comunidad en octubre de 2024 y en ella el tribunal establece obligaciones que el Concejo Municipal de Chinautla debe cumplir como resultado directo del fallo judicial:Asumir la responsabilidad constitucional y legal de gestionar de forma adecuada los recursos naturales y mitigar la contaminación ambiental, en cumplimiento de las obligaciones de prevención, regulación, prestación de servicios públicos, supervisión y fiscalización, propias de su rol como municipalidad.Resolver las peticiones presentadas a través del representante de las Autoridades Ancestrales de Santa Cruz Chinautla relacionadas con el cierre técnico de vertederos ilegales, la restauración de los ecosistemas, medidas de gestión de los desechos sólidos y acciones para detener la contaminación de los ríos proveniente del área metropolitana en Guatemala. Las respuestas deben ser adecuadas, oportunas y proporcionales, tendientes a resolver la problemática de manera efectiva, las cuales deben ser realizables a corto, mediano y largo plazo.Atender las problemáticas de contaminación denunciadas por la comunidad, a través de un estudio minucioso, consensuado, profesional, técnico, científico y bien fundamentado.Planificar y tomar decisiones para la gestión adecuada de los recursos naturales, garantizando los derechos de acceso a la información y la participación de los habitantes locales, respetando la forma de organización propia de la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla.Si bien la sentencia no profundizó en los argumentos de fondo presentados por la comunidad y respaldados por organizaciones nacionales e internacionales, establece de forma clara la responsabilidad de la municipalidad en la atención y resolución de la problemática de contaminación denunciada.AIDA dará seguimiento a la ejecución del fallo para asegurar el cumplimiento del derecho a un ambiente sano y promover condiciones ambientales, sociales y culturales dignas para la comunidad maya poqomam. En caso de que la municipalidad decida apelar la sentencia ante la la Corte de Constitucionalidad, la organización presentará los argumentos legales y científicos necesarios para garantizar la protección efectiva de los derechos de la comunidad.Contacto de prensa:Víctor Quintanilla, [email protected], +52 5570522017
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Aviso a los medios: Se acerca la decisión de la Corte Interamericana sobre clima y derechos humanos
Fecha estimada de publicación: Inicios de julio de 2025.Se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita a inicios de julio una histórica Opinión Consultiva que aclarará cómo los Estados deben garantizar los derechos humanos en el contexto de la crisis climática.Este hito jurídico llegará tras audiencias públicas en las que comunidades, líderes/as indígenas y organizaciones de la sociedad civil ofrecieron poderosos testimonios sobre los impactos reales de la emergencia climática y la inacción gubernamental. La decisión de la Corte tendrá amplias repercusiones en las políticas climáticas, la rendición de cuentas de los Estados y la protección de personas defensoras del ambiente en todo el continente americano.Desde el inicio del proceso, AIDA asumió un rol proactivo al promover la participación de comunidades afectadas por la crisis climática en América Latina. Apoyamos una diversa gama de amicus curiae y testimonios de comunidades presentados ante la Corte durante audiencias públicas, y elaboramos nuestro propio amicus curiae argumentando que el derecho a un "clima estable y seguro" debe ser reconocido como parte del derecho universal a un ambiente sano.Voceros/as disponibles para entrevistas con medios:Expertas legales y parte del equipo de liderazgo de AIDAMarcella RibeiroAbogada SéniorIdiomas: Portugués (nativo), español e inglés.Especialidades: Participación comunitaria, transición justa y reparaciones climáticas.Con sede en: Brasil.Disponible para: Entrevistas y reuniones informativas de contexto. Liliana ÁvilaDirectora de ProgramaIdiomas: Español (nativo) e inglés.Especialidades: Derecho de los derechos humanos, litigio climático y mecanismos legales regionales.Con sede en: Colombia.Disponible para: Entrevistas y reuniones informativas de contexto. Voces comunitariasPodemos gestionar entrevistas con varios miembros clave de comunidades que testificaron directamente ante la Corte durante las audiencias públicas del proceso de la Opinión Consultiva 32.Estos voceros y voceras ofrecen una visión humana y territorial esencial para comprender la decisión legal, y están disponibles para entrevistas con medios en español e idiomas locales, con apoyo de interpretación si es necesario.Materiales de contexto:Escrito legal amicus curiae de AIDA sobre el derecho a un clima seguro y estable.Contribuciones de la sociedad civil de América Latina, en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe.Testimonios de representantes de comunidades en el marco de las audiencias públicas en Manaos, Brasil.La Declaración de Manaos, firmada por casi 400 personas y organizaciones de todo el continente.Nuestro ABC de la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana. Contactos para medios:Víctor QuintanillaCoordinador de medios, AIDA 📧 [email protected]📱 +52 55 7052 2107Lorena ZárateCoordinadora de Posicionamiento, AIDA 📧 [email protected]📱 +52 55 7052 2107
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La Conferencia Internacional sobre el Océano concluye con el Tratado de Alta Mar a punto de entrar en vigor
Niza, Francia. La 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano concluyó hoy con un paso histórico hacia una mayor protección de alta mar. Con el depósito de las ratificaciones de otros 19 países, el número total de los que cuentan para la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar asciende a 50. Solo se necesitan 10 más para cruzar el umbral crítico de 60 países que permitiría la entrada en vigor del Tratado.Varios países han manifestado su intención de depositar sus instrumentos de ratificación en la ONU en breve. No tienen la obligación de esperar a la reunión de la Asamblea General de la ONU de septiembre, lo que podría significar que la entrada en vigor del tratado se activaría en las próximas semanas."El camino hacia un tratado de alta mar ha sido casi tan largo como las grandes migraciones de ballenas, tiburones y tortugas, pero la oleada de nuevas ratificaciones en la Conferencia de la ONU sobre el Océano demuestra que estamos en la recta final", declaró Matthew Collis, Director Principal de Políticas del Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales.Además del aumento de las ratificaciones, también se incrementó el número de países firmantes del tratado. A lo largo de la semana, otros 20 países añadieron sus firmas, con lo que el número total asciende a 136. Se trata de una señal alentadora, ya que la ratificación generalizada será crucial para garantizar la plena eficacia del tratado.Rebecca Hubbard, Directora de la Alianza de Alta Mar, subrayó la urgencia de mantener el impulso: "Debemos mantener el pie en el acelerador de #RaceForRatification. El poder del tratado radica en el número de países que se adhieran, así que mientras celebramos este increíble progreso, instamos a todas las naciones restantes a ratificar sin demora y ayudar a impulsar este tratado más allá de los primeros 60 para convertirlo en una verdadera fuerza global para la protección del océano".Alrededor de 60 Jefes de Estado y de gobierno asistieron a la reunión, lo que refleja una significativa atención de alto nivel a la difícil situación del océano. El impulso a la ratificación del Tratado de Alta Mar demostró lo que es posible cuando el mundo se une con urgencia y determinación."La entrada en vigor y la implementación del Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés) es un hito para salvaguardar el océano como nuestro mayor bien común, una oportunidad para lograr equidad y justicia para todas las naciones, así como para empoderar a regiones como América Latina en la definición de acciones que pueden dar forma a un futuro justo y sostenible para todos", dijo María José González-Bernat, co-directora del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).La atención se centra ahora en cómo se implementará el tratado una vez que entre en vigor. A principios de esta semana se hicieron varios anuncios importantes, como el relanzamiento de la Coalición de Alta Ambición de BBNJ y la asignación de 10 millones de euros a través del Programa Mundial de los Océanos de la UE, dotado con 40 millones de euros, para brindar asistencia técnica a los países en desarrollo, tanto para la ratificación como para la implementación. La filantropía privada también aumentó su contribución, con la Fundación Minderoo comprometiendo 6,5 millones de dólares adicionales para apoyar la protección de alta mar y con la confirmación del financiamiento para una secretaría de la iniciativa "First Movers", que ayudará a impulsar las primeras propuestas para áreas marinas protegidas en alta mar.El foco también está en la creación de órganos y procesos sólidos en el marco del tratado para garantizar su funcionamiento eficaz, así como en la identificación de lugares críticos de alta mar para su protección una vez que el tratado sea operativo, a través de un proceso en curso de la Comisión Preparatoria en las Naciones Unidas. En la conferencia también se expusieron los esfuerzos realizados para presentar propuestas de AMP en alta mar en el marco del tratado, perfilando una serie de zonas como las cordilleras de Salas y Gómez y Nazca, la elevación de Lord Howe y el mar de Tasmania meridional, el Océano Índico occidental subantártico y el Domo Térmico en el Pacífico oriental."Aunque la carrera hacia la ratificación llegará pronto a su fin, el duro trabajo para implementar plenamente el tratado está a punto de comenzar. La protección y gestión sostenible de la alta mar —el 50% del planeta— no puede llegar lo suficientemente pronto. La inclusión de los sistemas de conocimiento indígenas y locales en el Tratado BBNJ sienta nuevas bases de gobernanza del océano sobre cómo y para quién se aplica este tratado", declaró Ernesto Fernández Monge, Director Internacional de Océanos de Oceans North.Notas para el editorHasta el viernes 13 de junio, a las 14:00 CET, 19 países habían depositado instrumentos de ratificación adicionales en la ONU durante la conferencia y 20 países más habían firmado el tratado, indicando su intención de ratificarlo.Países adicionales que ratificaron durante la UNOC: Albania, Bahamas, Bélgica, Croacia, Costa de Marfil, Dinamarca, Fiyi, Malta, Mauritania, Vanuatu, Grecia, Guinea-Bissau, Indonesia, Jamaica, Jordania, Liberia, Islas Salomón, Tuvalu y Vietnam.La Unión Europea depositó su instrumento de ratificación el 28 de mayo de 2025. Sin embargo, como organización de integración económica regional, su ratificación no cuenta para el total, solo las ratificaciones de sus Estados miembros individuales.Otros países que firmaron durante la UNOC son: Andorra, Armenia, Burundi, Camboya, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guinea Bissau, Jordania, Líbano, Lesoto, Montenegro, Niue, Macedonia del Norte, Papúa Nueva Guinea, Perú, Senegal, Serbia, Sudáfrica, Saint Kitts y Nevis y Yemen.El Tratado de Alta Mar se denomina formalmente Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés).La Alianza de Alta Mar (HSA) utiliza a veces el término "Tratado de Alta Mar" para referirse al Acuerdo BBNJ. La HSA reconoce que el ámbito de aplicación del Acuerdo BBNJ abarca todas las zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, incluidos los fondos marinos y la columna de agua. Esta elección de la redacción pretende facilitar la comprensión a un público amplio y no transmite una priorización entre los componentes o principios del Acuerdo BBNJ.El estado oficial de las firmas y ratificaciones puede consultarse en el sitio web de la ONU y en el rastreador de ratificaciones de la Alianza de Alta Mar. Nota: El número que figura en el rastreador de la Alianza de Alta Mar refleja únicamente las ratificaciones que cuentan para la entrada en vigor y no incluye la ratificación de la UE, por lo que difiere del recuento total de la ONU.El tratado entra en vigor 120 días después de que se haya depositado en la ONU el sexagésimo instrumento de ratificación.Para más información sobre la Coalición de Gran Ambición de BBNJ.Para más información sobre el Programa Mundial de los Océanos de la UE.En la ONU se están celebrando una serie de sesiones de la Comisión Preparatoria (PrepCom) para acordar las distintas instituciones y procesos que se enmarcarán en el tratado. La primera de estas sesiones tuvo lugar en abril de 2025, la segunda se celebrará del 18 al 29 de agosto de 2025 y es probable que la tercera tenga lugar a principios de 2026. La forma en que se estructuren y funcionen estas instituciones determinará la eficacia a largo plazo del tratado y la rapidez con que la ambición mundial pueda traducirse en resultados tangibles para la protección del océano, incluido el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar.Citas de miembros de la Alianza de Alta Mar-RISE UP: "La oleada de ratificaciones del Tratado de Alta Mar en la ONUC 3 marca un paso importante hacia un futuro oceánico próspero, acercándonos a la protección de nuestro patrimonio oceánico compartido. Su implementación debe estar impulsada no solo por la ciencia y las políticas, sino también por el liderazgo y la sabiduría de los pueblos indígenas y los poseedores de conocimientos tradicionales. Esto es justicia oceánica en acción", Flora McMorrin, Directora de RISE UP.-The Ocean Race: "En The Ocean Race nos complace convertirnos en Amigos de la Alianza de Alta Mar, reconociendo la vital alineación en nuestra carrera conjunta por el océano. Esperamos colaborar para ayudar a la implementación del Tratado de Alta Mar, trabajando hacia el objetivo 30x30 e impulsando campañas cruciales para la salud de los océanos", Richard Brisius, Presidente, The Ocean Race.-Accountability.Fish: "Un hito en la historia de la gobernanza sostenible de los océanos. Con el apoyo suficiente para implementar el Acuerdo BBNJ en poco tiempo, Niza ha impulsado el compromiso internacional con la preservación de la biodiversidad en alta mar", Steven Adolf, Asesor Principal de Accountability.Fish.-AIDA: "La entrada en vigor y la implementación del Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés) es un hito para salvaguardar el océano como nuestro bien común, una oportunidad para lograr equidad y justicia para todas las naciones, así como para empoderar a regiones como América Latina en la definición de acciones que puedan forjar un futuro justo y sostenible para todos", María José González-Bernat, codirectora del Programa de Ecosistemas de AIDA.-BirdLife International: "Como miembro de la Alianza de Alta Mar, BirdLife International está preparada para aportar la ciencia, las herramientas y la acción global y local para construir un tratado sólido de alta mar. En la ONUC, nos comprometemos a identificar las áreas más importantes en el 100 % de las rutas migratorias oceánicas hasta 2030. Este es un elemento clave para el éxito del tratado de alta mar. Hacemos un llamado a los gobiernos para que se unan para salvar nuestro océano y envíen una señal contundente desde Niza al mundo", Martin Harper, Director Ejecutivo de BirdLife International.-Global Choices: "Global Choices felicita a la Alianza de Alta Mar por impulsar el aumento de ratificaciones del Acuerdo BBNJ y nos sumamos al llamado para una implementación urgente, completa y significativa del Acuerdo. Para nuestra labor de colaboración en la protección del Océano Ártico Central, un Área Fuera de la Jurisdicción Nacional, los estándares mejorados de las Evaluaciones de Impacto Ambiental del Acuerdo BBNJ serán especialmente beneficiosos para mejorar la prevención de daños a este bioma tan frágil y único", Inge Relph, Directora Ejecutiva y Cofundadora de Global Choices.-OceanCare: "Durante la última semana, hemos presenciado una impresionante ola de ratificaciones. Si bien este es un hito importante, es solo el comienzo. El verdadero trabajo reside en la implementación, y la verdadera prueba será si el Acuerdo genera beneficios tangibles para los ecosistemas marinos. El éxito dependerá de acuerdos institucionales sólidos, financiación adecuada, desarrollo de capacidades y una cooperación genuina entre los Estados y las partes interesadas. Debemos aprovechar el impulso generado por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano y actuar con rapidez: la salud de nuestro océano está en juego", Fabienne McLellan, Directora General de OceanCare.-Fundación Alemana para el Océano: "La Fundación Alemana para el Océano celebra el creciente número de Estados que han ratificado el Acuerdo BBNJ e insta a otros Estados, en particular al gobierno alemán, a priorizar la ratificación, para que este tratado alcance su verdadero potencial como catalizador para la protección significativa y duradera de la alta mar, tal como está diseñado", Frank Schweikert, Director de la Fundación Alemana para el Océano.-Campaña por la Naturaleza: "Pasar de 31 a 50 ratificaciones de países en tan solo unos días es un logro notable. Ahora debemos aprovechar este impulso y asegurarnos de alcanzar la cifra mágica de 60 antes de la Asamblea General de la ONU que se reúne en septiembre en Nueva York. Todos los países deberían aspirar a estar entre estos 60 primeros en los próximos tres meses", Adrian Gahan, Líder de Océanos de Campaña por la Naturaleza.-Fundación MarViva: "La ONUC presentó una oportunidad única para fortalecer el impulso en torno a la protección de alta mar. Esperamos seguir trabajando junto con los gobiernos y las organizaciones asociadas de la Alianza de Alta Mar para garantizar la implementación del Tratado BBNJ y la gestión y conservación adecuadas de sitios clave como el Domo Térmico", Katherine Arroyo Arce, Directora Ejecutiva.-IFAW (Fondo Internacional para el Bienestar Animal): "El camino hacia un tratado de alta mar ha sido casi tan largo como las grandes migraciones de ballenas, tiburones y tortugas, pero la oleada de nuevas ratificaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos demuestra que estamos en la recta final. El IFAW insta a todos los países que aún no lo han hecho a ratificar el tratado con urgencia para que finalmente podamos brindar una protección significativa a la vida marina en alta mar", Matthew Collis, Director Sénior de Políticas.-Alianza para un Océano Sostenible (SOA): "El Tratado BBNJ representa un paso histórico hacia la protección de la biodiversidad en alta mar, un bien común mundial que ningún país posee, pero del que todos dependen. Contrariamente a la desinformación, este acuerdo respeta plenamente la soberanía nacional: solo se aplica a la alta mar, generalmente más allá de las 200 millas náuticas, donde ningún país tiene derechos exclusivos. Al ratificar el Tratado BBNJ, los países no ceden poder, sino que intensifican su labor para proteger la vida más allá de las fronteras y garantizar que las aguas internacionales se rijan por la cooperación, la ciencia y la equidad", Daniel Cáceres Bartra, SOA Hispanoamérica.-Greenpeace Internacional: “La ratificación del Tratado de Alta Mar está a punto de concretarse. El progreso logrado el lunes nos recordó la cooperación multilateral que vimos cuando se acordó por consenso el texto del Tratado en 2023. Este impulso debe mantenerse. Necesitamos superar el umbral de las sesenta ratificaciones lo antes posible, para que el Tratado pueda entrar en vigor en 2025. Posteriormente, debemos ver a los gobiernos llevar las propuestas de áreas marinas protegidas a la Primera Conferencia de las Partes sobre los Océanos en 2026. Mil millones de personas dependen de los océanos y, si logramos proteger el 30 % de ellos mediante este tratado, seguirán proporcionándonos lo necesario", Megan Randles, Jefa de Delegación de Greenpeace Internacional para la Conferencia. -WILDTRUST: "El equipo del programa WILDTRUST – WILDOCEANS, una ONG sudafricana, está impresionado por los compromisos de conservación de los océanos asumidos tanto por el gobierno sudafricano como por la Unión de Comoros en la ONUC 2025. El Ministro de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica, Dr. Dion George, firmó el Acuerdo BBNJ, también conocido como Tratado de Alta Mar, el 9 de junio. El Ministro destacó cómo la firma del Acuerdo consolida el historial de participación multilateral activa del país y lo posiciona como un puente entre la ambición global y la acción local en favor de los océanos. El martes 10 de junio, el Ministerio de Comoro confirmó la disposición del país para actuar con rapidez y apoyar los objetivos globales de conservación marina. Firmaron y se comprometieron a ratificar el Tratado de Alta Mar, además de proteger el 30 % de su océano mediante la designación de aproximadamente 50 000 km² como Áreas Marinas Protegidas para 2030."La sostenibilidad ecológica sólo es posible cuando se combina con la prosperidad socioeconómica, especialmente en las comunidades costeras vulnerables, donde la conservación marina duradera depende de la prosperidad conjunta de la naturaleza y las personas", comentó el responsable estratégico de océanos de WILDTRUST. "Por eso nos complacen tanto estas audaces medidas para proteger el océano Índico occidental en su conjunto".-Océanos del Norte: "Si bien la carrera hacia la ratificación pronto llegará a su fin, el arduo trabajo para implementar plenamente el tratado está a punto de comenzar. La protección y la gestión sostenible de alta mar, que representa el 50 % del planeta, es crucial”. La inclusión de los sistemas de conocimiento indígenas y locales en el Tratado BBNJ establece nuevas bases para la gobernanza de los océanos, que definen cómo y para quién se implementa este tratado", Ernesto Fernández Monge, Director de Océanos Internacionales, Oceans North.-The Ocean Project: "Nos sentimos muy alentados por el progreso logrado hacia la ratificación e instamos a todas las naciones a que se apresuren a ratificar el Tratado de Alta Mar. La ratificación brinda una oportunidad histórica para que las naciones del mundo se unan y finalmente salvaguarden este bien común global. De vital importancia, la ratificación permitirá proteger al menos el 30% del océano, objetivo que las naciones del mundo se comprometieron a alcanzar para el año 2030. Esto ayudará tanto a las generaciones actuales como a las futuras, ya que, independientemente de dónde vivamos en nuestro planeta azul, todos necesitamos un océano sano para sobrevivir y prosperar", Bill Mott, Director Ejecutivo, The Ocean Project | Día Mundial del Océano.-Conservación Internacional y la Coalición para los Arrecifes de Coral de Alta Mar: "La oleada de compromisos internacionales con el Tratado de Alta Mar señala un creciente reconocimiento mundial de la urgente necesidad de conservar la biodiversidad marina en nuestro océano compartido. Este acuerdo histórico sienta las bases para la creación de áreas marinas protegidas fuera de la jurisdicción nacional, salvaguardando así la rica biodiversidad y el profundo patrimonio cultural de alta mar para las generaciones futuras", Haydée Rodríguez-Romero, Directora de la Coalición para los Arrecifes de Coral de Alta Mar, Conservación Internacional.-The Pew Charitable Trusts: "Este notable progreso demuestra el compromiso de la comunidad internacional para implementar con prontitud el Acuerdo BBNJ y asegurar beneficios para la vida marina y las personas de todo el mundo. Esto incluye la ambición global de establecer la primera generación de áreas marinas protegidas en alta mar, lo cual es fundamental para alcanzar el objetivo mundial de conservación 30x30 en los próximos cinco años", Nichola Clark, funcionaria principal del equipo de gobernanza oceánica de The Pew Charitable Trusts.-Asociación para la Conservación de la Naturaleza de Islandia: "Acogemos con gran satisfacción el compromiso de Islandia de ratificar el tratado BBNJ durante la sesión de otoño del Parlamento islandés. Sin embargo, dados los compromisos previos de Islandia, Islandia debe estar entre los primeros 60 estados en ratificar el BBNJ", Árni Finnsson, Asociación Islandesa para la Conservación de la Naturaleza.-iSea: "En iSea, nos enorgullece haber apoyado la Carrera por la Ratificación de la Alianza de Alta Mar y celebramos la ratificación del Acuerdo BBNJ por parte de Grecia y Chipre, considerándola un paso crucial hacia la protección del océano. Con solo unas pocas ratificaciones nacionales restantes tras el impulso de la ONUC3, el Tratado de Alta Mar está más cerca que nunca de entrar en vigor. Como ONG dedicada a la conservación del medio marino, iSea mantiene su compromiso de apoyar activamente los próximos pasos para la implementación efectiva del Tratado en todo el mundo".-Global Fishing Watch: "La ONUC nos ha dado un atisbo de esperanza: los desafíos que enfrenta nuestro océano se están viendo y se abordarán. La transparencia a todos los niveles se ha convertido en un elemento crucial en esta labor, porque no podemos proteger lo que no podemos ver. A medida que nos acercamos a la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos, utilizando tanto la transparencia como las nuevas tecnologías, para salvaguardar el océano y sus riquezas en beneficio de todos quienes dependen de él", Tony Long, director ejecutivo de Global Fishing Watch.-The Nature Conservancy: "Lograr un cambio significativo en alta mar requiere un enfoque que abarque todo el océano, basado en la cooperación global y el liderazgo local. El impulso del Tratado BBNJ demuestra que esto es posible. Ahora es el momento de redoblar esfuerzos. A medida que nos acercamos a las 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, nos acercamos a la protección de los sistemas oceánicos que sustentan la vida, salvaguardando la seguridad alimentaria, los medios de vida y la resiliencia climática de las comunidades de todo el mundo", Dra. Elizabeth McLeod, Directora Global de Océanos, The Nature Conservancy.-EarthEcho: “En nombre de nuestra comunidad global de jóvenes en EarthEcho, estoy sumamente entusiasmado con el progreso multilateral logrado aquí en Niza en la carrera por la ratificación. Los jóvenes ya están fuertemente movilizados para sentar las bases para la implementación del Tratado BBNJ, y estamos listos y ansiosos por comenzar a trabajar a toda marcha una vez que entre en vigor. A nuestros líderes mundiales, ¡la pelota está en su cancha!", Taylor Cargill, miembro del Consejo Internacional de Liderazgo Juvenil de EarthEcho.
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Justicia retira permiso ambiental para operar a proyecto salmonero de Australis en Magallanes, Chile
Después de casi dos años de tramitación, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, por presentar deficiencias en su proceso de evaluación. La reclamación fue presentada por la comunidad indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, la comunidad indígena ATAP, y la comunidad indígena Residente Río Primero, en alianza con las organizaciones de la sociedad civil ONG FIMA; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace.Valdivia, Chile. El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Centro de Engorda de Salmones de la empresa Australis, en la Península Barros Arana, en la Región de Magallanes.El proyecto buscaba aumentar su producción de biomasa de 5.140 a 7.500 toneladas, lo que implicaba una intensificación significativa de la actividad acuícola en aguas cercanas al territorio de la Reserva, lo que llevó a la comunidad indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, la comunidad indígena ATAP, y la comunidad indígena Residente Río Primero, en alianza con las organizaciones de la sociedad civil ONG FIMA; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace, a presentar una reclamación ante la justicia la que, luego de casi dos años de tramitación, resultó favorable para ellos.En el fallo, el tribunal sostiene que la evaluación ambiental presentada por la empresa fue insuficiente respecto del área de influencia definida para el centro, sobre todo en lo relativo a la fauna marina, paisaje y turismo. Además, advierte que esta deficiencia se replicaba en el análisis del tránsito de embarcaciones y de la dispersión nociva de nutrientes en el agua, propias de la actividad acuícola.A juicio de los reclamantes, esta sentencia confirma lo importante de una adecuada evaluación ambiental, ya que la sobrecarga de biomasa (salmones, fecas, alimento no consumido) que generaría este centro de cultivo causaría colapsos ecológicos, aumento de enfermedades, uso intensivo de antibióticos y generación de residuos que devastan el fondo marino y afectan al resto de las especies, lo que pudo provocar un daño irreparable en el mar patagónico.Y agregan que el proyecto fue autorizado sin medir adecuadamente sus impactos en las comunidades Kawésqar por el tránsito de embarcaciones, los ecosistemas marinos, sus efectos en el turismo, el paisaje y todas las especies que dependen del buen estado de las condiciones de los océanos para vivir.Por último, denuncian que el titular no esperó obtener el permiso ambiental definitivo y aumentó igualmente su producción, al margen de la ley. Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107
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Continúa la violación al derecho a un medio ambiente sano en los arrecifes veracruzanos
Expertas y expertos advierten que la ampliación del puerto de Veracruz fue nuevamente autorizada sin conocer los verdaderos impactos ambientales ni establecer medidas suficientes para prevenir o revertir los daños.Los arrecifes coralinos, uno de los ecosistemas marinos más importantes de México, están en grave riesgo por deficiencias en las evaluaciones de impacto ambiental en ecosistemas marinos y terrestres.Organizaciones nacionales e internacionales denuncian que la nueva autorización va en contra de las medidas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2022 y solicitan una evaluación de impacto ambiental integral.Se hace un llamado a la Secretaría de la Convención Ramsar y al Consejo de Áreas Naturales Protegidas para que se pronuncien en defensa de los arrecifes veracruzanos.En el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, este 22 de mayo organizaciones nacionales e internacionales levantan la voz por la protección del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) en México. A tres años de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó cancelar las autorizaciones del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y realizar evaluaciones integrales basadas en la mejor ciencia disponible, el impacto ambiental real del megaproyecto aún se desconoce. En 2023 y 2024 los arrecifes de coral del PNSAV han presentado eventos de blanqueamiento alarmantes, resultado de afectaciones acumuladas por el aumento de la temperatura, y probablemente agravados por la sedimentación generada por las obras, el tráfico marítimo y la contaminación del agua. Estas amenazas ponen en grave riesgo uno de los ecosistemas marinos más importantes de México: los arrecifes coralinos. Estos impactos podrían ser mitigados por un proceso adecuado de evaluación de impacto ambiental y un manejo integral costero, algo que no se hizo antes de aprobar la ampliación del puerto.En 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó nuevamente de manera fragmentada la ampliación del puerto de Veracruz mediante el oficio SRA/DGIRA/DG-06257-22. Esta decisión se tomó sin integrar adecuadamente la información científica ni garantizar la participación de las personas que habitan en la zona conurbada, cuyas actividades económicas -como la pesca y el turismo- dependen directamente de la salud de los ecosistemas marinos, impactados por este megaproyecto.Las organizaciones Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice, en conjunto con personas expertas científicas, analizaron la nueva autorización y detectaron incumpliminetos a la sentencia de la SCJN: No se realizaron nuevos estudios con información actualizada.No se adoptó un enfoque holístico e integral.No se garantizó la participación ciudadana.No se presentaron medidas suficientes y adecuadas para evitar o revertir los impactos ambientales. Además, se ignoraron factores clave señalados por las personas expertas, como los impactos de la construcción en ambientes terrestres y la delimitación de la zona de fondeo a escasos metros de los arrecifes sumergidos la Loma y Los Verdes Norte; así como los impactos de la extracción de rocas para las escolleras, el aumento del tráfico marítimo, la contaminación del mar y la erosión costera causada por el cambio en las corrientes marinas.Ante el incumplimiento por parte de la SEMARNAT de su deber de proteger el derecho a un medioambiente sano, la SCJN ordenó que la Secretaría gestione la asistencia técnica internacional en el marco de la Convención Ramsar, pero debido a la falta de gestiones idóneas y significativas, a la fecha aún está pendiente la misión de asesoramiento con personas expertas designadas por la Secretaría Ramsar. Además, se dispuso que la Administración del Sistema Portuario (ASIPONA) presente un programa de restauración ecológica al Consejo de Áreas Naturales Protegidas, el cual no se ha presentado a la fecha.En los últimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil han promovido acciones judiciales y de incidencia para aportar información técnica al caso, exigiendo una nueva evaluación del impacto ambiental que considere el proyecto en su totalidad. Sin embargo, estas acciones no han tenido efecto hasta ahora y el verdadero impacto del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz continúa sin evaluarse conforme a la sentencia de la SCJN y a los más altos estándares en materia del derecho a un medioambiente sano.Ante esta alarmante situación, que pone en riesgo a los arrecifes y los ecosistemas que nos sostienen, en violación al derecho humano a un medioambiente sano, organizaciones nacionales e internacionales hacen una llamado energético a:Al juez del Juzgado Quinto de Distrito: a no dar por cumplida la sentencia sin la realización de la necesaria evaluación de impacto ambiental de forma integral que permita conocer el verdadero riesgo ambiental de la obra portuaria, así como el reconocimiento de todos los impactos en los ecosistemas marinos y terrestres, así como en las comunidades que de ellos dependen.A la Secretaría de la Convención Ramsar: a realizar urgentemente la misión de asesoramiento pendiente con el fin de evitar daños mayores a los arrecifes y garantizar prácticas de evaluación de impacto ambiental integrales.Al Consejo de Áreas Naturales Protegidas: a no emitir una opinión favorable sin contar con una evaluación integral de los impactos que sustente un programa de restauración ecológico adecuado. Sumemos nuestras voces en defensa de los arrecifes del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano y de los ecosistemas que son amenazados por la ampliación del puerto de Veracruz. Llamamos a las autoridades ambientales a garantizar un manejo costero integral, con evaluaciones ambientales completas, como precedente necesario frente a futuras ampliaciones portuarias y otros megaproyectos en México. Contactos de prensaNatalia Ramírez, TerraVida, [email protected], +52 (1) 5584625917Víctor Quintanilla Sangüeza, AIDA, [email protected], +52 5570522107 Ava Ibanez Amador, Earthjustice, [email protected]
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Alerta internacional urgente ante las afectaciones de la minería de litio a humedales andinos en Argentina, Bolivia y Chile
Las organizaciones que conforman la Alianza por los Humedales Andinos alertan a la Secretaría de la Convención Ramsar acerca de los cambios en las condiciones ecológicas de los humedales andinos y el incumplimiento de los países de sus obligaciones internacionales.La Alianza por los Humedales Andinos envió una alerta urgente a la Secretaría General de la Convención Ramsar, acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales, acerca de los cambios en las condiciones ecológicas de los humedales andinos —salares, lagos, lagunas, vegas y bofedales— en Argentina, Bolivia y Chile, a causa de la creciente minería de litio.La alerta da cuenta que, en medio de la expansión de la minería de litio, los Estados de los tres países están incumpliendo sus obligaciones internacionales de la Convención de Ramsar sobre conservación, gestión y uso racional de los humedales.En el documento, la Alianza advierte que estos cambios implican afectaciones, actuales y potenciales, en la diversidad biológica, la seguridad hídrica, el proyecto de vida y las prácticas tradicionales y productivas de las comunidades locales y pueblos indígenas que dependen de estos ecosistemas.Chile, Argentina y Bolivia componen un sistema de salares andinos —ubicados en la ecorregión de la Puna— que alberga los mayores reservorios de litio a nivel mundial, concentrando entre el 52% y el 68% de las reservas globales, según distintas fuentes. Al 2023, el 30% de la producción minera de litio en el mundo provino de estos tres países y coloca a Latinoamérica como la segunda región con mayor producción.Frente a este panorama, la alerta contiene evidencia de las afectaciones ambientales que ya están ocurriendo en esta ecorregión, en los humedales andinos en general y en aquellos catalogados como de Importancia Internacional bajo el tratado Ramsar debido a múltiples proyectos de extracción de litio y de otros minerales que son considerados críticos para la transición energética de países del norte global.En Chile, por ejemplo, al menos tres salares han sido declarados por la judicatura chilena con daño ambiental irreparable por la extracción de agua: Punta Negra, Lagunillas y Pedernales. En Argentina, la minería de litio ha sido explotada durante más de treinta años en el Salar del Hombre Muerto, ubicado a menos de 60 km del Sitio Ramsar Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca, lo que ha provocado una drástica disminución en el contenido de agua del salar. En Bolivia, los salares de Capina y Chalviri, que ya tienen impactos ambientales por actividades mineras son parte de convocatorias para nuevos proyectos de extracción de litio.Y es que la minería de litio demanda el uso de agua en una región donde es un bien escaso, lo que agrava el estrés hídrico de los salares, dada sus características de aridez extrema. El uso de agua dulce para producir una tonelada de carbonato de litio equivalente oscila entre 5000 y 50000 litros, según una investigación publicada en Science of The Total Environment.En la alerta, las organizaciones que conforman la Alianza por los Humedales Andinos solicitan a la Secretaría de la Convención Ramsar, entre otras cosas:Establecer comunicaciones con los Estados de Argentina, Chile y Bolivia para que tomen conocimiento, se informen y transmitan sin demora, informaciones acerca de las modificaciones en las condiciones ecológicas de los humedales andinos, como consecuencia de la minería de litio, cobre y otras, en el marco de la transición energética del norte global.Incluir en el Registro de Montreux, un listado de humedales que están amenazados gravemente, a los humedales andinos que ameriten dicha medida.Proponer como medida urgente el Procedimiento de Monitoreo de Humedales de Importancia Internacional, en los territorios nacionales de los tres países.Establecer programas de acción específicos para los humedales y las cuencas de las que forman parte.Realizar un examen de leyes, políticas e incentivos relacionados con los humedales andinos y con la minería, en el marco de la transición energética.Establecer una estrategia regional conjunta para la conservación y uso racional de los humedales, como para la planificación de la gestión del agua, que tome en consideración las necesidades ecológicas de los humedales en el contexto actual y, genere las condiciones necesarias para asegurar la subsistencia, los modos de vida y prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales en el territorio. Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107
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