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Familias de La Oroya exigen al gobierno peruano cuatro acciones urgentes para el cumplimiento efectivo del fallo de la Corte Interamericana
Ante la falta de avances significativos, demandan al Estado definir las entidades responsables de cumplir cada medida ordenada por la Corte, brindar atención integral y especializada en salud, garantizar la mitigación de la contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y pagar de inmediato las indemnizaciones a las víctimas del caso.La Oroya, Perú. Ante los avances mínimos en el cumplimiento de la sentencia emitida hace dos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, familias afectadas por décadas de contaminación en La Oroya exigen al gobierno la adopción urgente de cuatro acciones necesarias para la implementación efectiva del fallo en el corto plazo.El 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer el fallo en el que declaró al Estado peruano responsable por la violación de derechos humanos de un grupo de 80 residentes de La Oroya y le ordenó adoptar medidas de reparación integral.Sin embargo, la implementación del fallo continúa en una etapa inicial debido principalmente a la falta de voluntad política del Estado y a su cambio constante de argumentos para retrasar el proceso. Los avances al momento no han sido sustantivos y han estado relacionados con publicidad sobre la sentencia, el pago al Fondo de Víctimas instaurado por la Corte y el inicio de investigaciones penales por la estigmatización y persecución de las víctimas por su labor de defensa ambiental.Además, en los dos años transcurridos desde la emisión de la sentencia, el Complejo Metalúrgico de La Oroya, al haber reiniciado sus operaciones, ha generado nuevamente niveles de contaminación en la ciudad que superan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud."La reactivación del Complejo Metalúrgico en marzo de 2024, sin cumplir con los actuales estándares ambientales, vuelve a poner en riesgo la salud de toda la población de La Oroya. Hoy, ni las víctimas del caso ni las demás personas que viven en la ciudad tienen garantizada una atención en salud frente a la contaminación. Además, no hay claridad sobre cuándo terminará esta situación, lo que genera mucha incertidumbre por la falta de acción del Estado", afirmó Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que lleva el caso ante la Corte junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú.Frente a la situación, el grupo de víctimas del caso exige al gobierno peruano avanzar en el cumplimento de la sentencia mediante cuatro acciones urgentes:Emitir la Resolución de Determinación de Competencias que defina con claridad qué entidad es responsable de cada orden de la Corte, estableciendo presupuesto y plazos concretos de ejecución.Aprobar e implementar un protocolo especializado de atención integral en salud, elaborado con participación efectiva de las víctimas y con una asignación suficiente de fondos.Suspender las operaciones del Complejo Metalúrgico hasta contar con un instrumento de gestión ambiental acorde con los estándares establecidos por la Corte; así como evaluar medidas de transición para personas propietarias y trabajadoras a fin de evitar nuevos impactos sociales.Pagar las indemnizaciones a las víctimas según lo estipulado por la Corte. Después de más de 20 años de lucha, la sentencia histórica del caso todavía no se refleja en mejores condiciones de vida para las víctimas ni en reparaciones a los daños sufridos."Genera profunda preocupación que, a dos años de emitida la sentencia, el Estado no haya definido cuáles serán las entidades que tendrán a cargo el cumplimiento de cada una de sus disposiciones. Esta situación imposibilita incluso tener un espacio de coordinación directa a favor de las víctimas, así como de la población general de La Oroya y del país ante actividades minero-metalúrgicas. No olvidemos que la Corte ordenó también políticas públicas a nivel nacional para proteger el ambiente y la salud en Perú", dijo Christian Huaylinos, del Área Legal de APRODEH.Aunque la inestabilidad política de Perú ha influido, el principal obstáculo para avanzar de manera firme en la implementación del fallo internacional, que es obligatoria, ha sido la falta de decisión del Estado en ese sentido.Contacto de prensaLorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481
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Ni AngloGold Ashanti ni Mineros S.A. : Cajamarca es un municipio libre de gran minería
Aunque cambien las empresas, la decisión de la ciudadanía de Cajamarca sigue siendo la misma: defender su territorio frente a la gran minería.Bogotá / Cajamarca. Tras el anuncio de la empresa Mineros S.A. sobre la firma de un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de AngloGold Ashanti Colombia S.A.S del proyecto minero La Colosa en Cajamarca, desde la Coalición Jurídica para la Defensa de Cajamarca (1) reiteramos un mensaje claro: Cajamarca ya decidió y su territorio debe permanecer libre de gran minería.Durante más de una década, hemos adelantado procesos de movilización, defensa jurídica e incidencia para proteger a Cajamarca frente al proyecto minero La Colosa, promovido por AngloGold Ashanti. Gracias a esa defensa colectiva del territorio y a la normatividad ambiental, hoy las actividades de exploración en este proyecto se encuentran suspendidas.Desde 2017 la ciudadanía de Cajamarca se pronunció de manera contundente a través de la consulta popular, en la que el 98 % de las personas votantes rechazó el desarrollo de actividades mineras en el municipio. Este resultado tiene plenos efectos legales, como lo han confirmado dos jueces colombianos, y representó un hito de participación y democracia ambiental en Colombia, además de una clara expresión de la voluntad del territorio de proteger el agua, la vocación agrícola del municipio y los ecosistemas estratégicos de la región. En este contexto, el cambio de titularidad del proyecto de AngloGold Ashanti a Mineros S.A. no cambia la realidad del territorio ni la posición de las comunidades. Aunque cambien las empresas, la decisión de Cajamarca sigue siendo la misma: defender su territorio frente a la gran minería. Además, ninguna de estas dos empresas cuenta con los permisos ambientales necesarios para reactivar el proyecto La Colosa, y aún así, insisten en desconocer las decisiones autónomas y legítimas de la comunidad. El anuncio de esta transacción se produce, además, pocos días después de que el Concejo Municipal de Cajamarca aprobara un acuerdo municipal de iniciativa ciudadana que declaró 33 predios pertenecientes a AngloGold Ashanti como áreas de utilidad pública e interés social. Esta decisión reafirma el compromiso institucional del municipio con la protección del territorio.Las organizaciones que suscribimos este comunicado reiteramos que Cajamarca no es ni será un territorio minero. Sea AngloGold, Mineros S.A. o cualquier otra empresa, la gran minería no tiene lugar en el municipio. Continuaremos ejerciendo todas las acciones sociales, jurídicas y políticas necesarias para defender el territorio y hacer respetar la decisión de Cajamarca.#LaConsultaSeRespeta (1) La Coalición está integrada por el Colectivo Socio-ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), el Centro Sociojurídico SIEMBRA, el Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Sibelys Mejía Rodríguez (investigadora independiente).Contactos de prensaRobinson Mejía | COSAJUCA | [email protected] | 300 218 36 41 Sara Sofia Moreno | SIEMBRA | [email protected] | 300 568 33 33 | Lorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481Laura Becerra | CCJ | [email protected] | 313 475 5815
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Organizaciones y comunidades solicitan acciones de la CIDH ante violaciones de derechos humanos por proyectos de combustibles fósiles
En una audiencia pública, evidenciaron los impactos y riesgos para comunidades de América Latina por décadas de extracción, comercialización y uso de carbón, petróleo y gas; así como por procesos de cierre y salida irresponsable de proyectos del sector en el marco de la transición energética.Ciudad de Guatemala. Representantes de organizaciones y comunidades de América Latina pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atender las violaciones de derechos humanos derivadas de la operación y cierre de proyectos de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) en la región.Lo hicieron en una audiencia pública en la que —a partir de casos emblemáticos en Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana— evidenciaron ante la Comisión las violaciones y riesgos de violaciones de derechos humanos por décadas de extracción, comercialización y uso de combustibles fósiles sin cumplir con estándares socioambientales. También alertaron sobre vulneraciones que ya están ocurriendo en procesos de cierre y salida irresponsable de proyectos del sector en el marco de políticas de transición energética.Los casos expuestos incluyeron el proyecto Carbones de Cerrejón en La Guajira, al norte de Colombia, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina; la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ubicada en la región sur de República Dominicana y alimentada con carbón colombiano; el Complejo Termoeléctrico de Quintero y Puchuncaví, localizado en una bahía de Chile reconocida como zona de sacrificio ambiental y donde convergen 14 industrias contaminantes; la central termoeléctrica Norgener en Tocopilla, Chile, cuyo proceso de cierre incluyó la quema forzada y acelerada de 94 mil toneladas de carbón que estaban en acopio; y la explotación petrolera en la Amazonía, incluida la instalada en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.La audiencia —realizada durante el 195° Período de Sesiones de la CIDH— fue otorgada a la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Nacionalidad Waorani (Ecuador), la Plataforma La Guajira le Habla al País (Colombia) (1), comunidades de Tocopilla y la asociación Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia (Chile), y al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (República Dominicana).En la sesión, las organizaciones y comunidades presentaron además información que demuestra que en América Latina no existen marcos regulatorios que aseguren un cierre y salida de proyectos fósiles con enfoque de derechos humanos. En ese contexto, y con base en los casos descritos y las tendencias identificadas, solicitaron a la Comisión que:Establezca lineamientos que orienten a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos en todo el ciclo de vida de los proyectos, asegurando la identificación temprana de impactos, la prevención de daños, la definición de responsabilidades y la reparación de afectaciones.Defina estándares y criterios que guíen a los Estados en la adopción de medidas preventivas, correctivas y de mitigación de impactos en derechos humanos; incluyendo planes de cierre integrales, el desmantelamiento seguro de infraestructuras, la remediación ambiental y el monitoreo de riesgos para la salud y los ecosistemas.Promueva marcos regulatorios que obliguen a las empresas a planificar el cierre de proyectos; lo que incluye establecer responsabilidades frente a pasivos ambientales y sociales, garantías financieras para el cierre y mecanismos que eviten el abandono de operaciones o la transferencia de activos sin cumplir las obligaciones de cierre.Incorpore enfoques diferenciados que atiendan las afectaciones desproporcionadas a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades rurales y otros grupos en situación de vulnerabilidad.Refuerce las garantías de acceso a la información, participación efectiva y acceso a la justicia ambiental en todo el ciclo de los proyectos; asegurando que las comunidades afectadas participen de manera informada en el diseño, implementación y supervisión de los procesos de cierre y transición.Oriente a los Estados en la creación de mecanismos de supervisión, seguimiento y rendición de cuentas para monitorear los procesos de operación, cierre y poscierre; delimitar responsabilidades empresariales y estatales; y evitar transferencias de activos u otras reconfiguraciones empresariales como forma de eludir responsabilidades.Inste a los Estados a prever y gestionar los riesgos sociales, económicos, culturales y ambientales de la sustitución progresiva de los fósiles; incluyendo medidas para abordar la dependencia económica de los territorios, proteger los medios de vida de las comunidades y evitar impactos de procesos de cierre abruptos o mal gestionados. Las organizaciones y comunidades argumentaron ante la CIDH un riesgo regional creciente de que los procesos de cierre y salida de los proyectos de combustibles fósiles se realicen de forma irresponsable. En varios casos, las empresas abandonan operaciones, ceden o transfieren activos, devuelven concesiones y cesan operaciones sin garantizar la gestión adecuada de los impactos socioambientales generados por años. Estas prácticas pueden dejar afectaciones sin atender o reparar, además de responsabilidades difusas de actores públicos y privados, profundizando los riesgos para los derechos humanos y los territorios.Subrayaron que los Estados amazónicos deben adoptar acciones de cooperación regional y garantizar la protección integral de la Amazonía —uno de los ecosistemas más importantes del planeta por su biodiversidad y su papel en la regulación climática— frente al cierre y salida de proyectos de extracción de hidrocarburos. (1) La plataforma está conformada por comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes de La Guajira, el Centro de Investigación y Educación Popular Programa Por la Paz (Cinep/PPP), Censat Agua Viva y el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).Contacto de prensaLorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481
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Víctimas de La Oroya piden al Presidente de Perú el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana tras casi dos años de retrasos
El grupo de víctimas reconocido por el tribunal internacional enfatiza la urgencia de implementar la sentencia en temas relacionados con el cese de la contaminación en la ciudad de La Oroya, atención médica integral y especializada, y pago de indemnizaciones. La Oroya, Perú. Víctimas de décadas de contaminación ocasionada por las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya enviaron el 19 de diciembre de 2025 una carta al Presidente de la República para solicitar de forma urgente el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena al Estado peruano la adopción de medidas integrales de justicia y reparación. En la carta, parte del grupo de 80 víctimas reconocidas por el tribunal internacional en el caso La Oroya vs Perú hace énfasis en el cumplimiento del fallo en temas relacionados con la prevención de la contaminación en ciudad, la atención médica integral y diferenciada, así como el pago de indemnizaciones."Sr. Presidente, ¿es que acaso tenemos que esperar 20 años más para obtener algún tipo de reparación? Desde que iniciamos esta larga lucha, 7 personas pertenecientes a este grupo de víctimas han fallecido sin obtener justicia. Dos de ellas, incluyendo a una menor de edad, fallecieron como consecuencia de los daños a la salud producto de la contaminación en La Oroya, como lo pudo acreditar la Corte IDH en la sentencia", señalan las víctimas.Su pedido surge tras casi dos años de retrasos en la implementación efectiva del fallo, notificado el 22 de marzo de 2024, y luego de que la Corte IDH notificara en noviembre del año pasado su sentencia de interpretación, en la que se refirió solo a algunos aspectos específicos de la sentencia original que requerían mayor precisión para facilitar su ejecución. Estos puntos están relacionados con las medidas de atención en salud, la reubicación de las personas afectadas, los plazos de seguimiento, las indemnizaciones y el acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón público.Sin embargo, tanto las víctimas como las organizaciones que acompañan su lucha enfatizan que, tal como estableció la Corte IDH, todas las órdenes de la sentencia original están vigentes y son plenamente exigibles desde el momento de su emisión, en marzo de 2024, no existiendo impedimento legal para avanzar de inmediato en su cumplimiento.Un paso indispensable para concretar esto es la publicación urgente de la resolución de determinación de competencias por parte de la Procuraduría General del Estado."Las víctimas han recurrido a todos los mecanismos legales e institucionales para acceder a la justicia y ver reparados sus derechos. Hoy, prevenir que la población de La Oroya continúe expuesta a la contaminación ambiental, garantizar una atención integral en salud para quienes han sido afectadas por metales tóxicos, y asegurar el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte, son pasos necesarios y plenamente implementables para que el Estado peruano cumpla no solo con sus obligaciones internacionales, sino también con su deber fundamental de proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas que habitan su territorio", dijo Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Por su parte, Christian Huaylinos, del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), resalta la importancia de implementar la sentencia para todo el país: "De las disposiciones ordenadas por la Corte, varias tienen relevancia a nivel nacional, es decir, que se beneficia a la ciudadanía peruana en general frente a la contaminación por actividades minero-metalúrgicas. Entre ellas se resalta las de compatibilizar la normativa que define los estándares de calidad de aire a nivel nacional, garantizar el respeto de los derechos humanos y debida diligencia, así como diseñar e implementar un sistema de información de calidad de aire y agua en las zonas de Perú donde exista mayor actividad minero-metalúrgica. En ese sentido, lograr un oportuno y eficiente cumplimento por parte del Estado representa la trascendencia del caso en beneficio de todas y todos los peruanos".Las víctimas subrayan que, con las precisiones hechas por la Corte IDH en su sentencia de interpretación, no hay justificación para que persistan los retrasos institucionales que por más de dos décadas han impedido el acceso a la justicia y la reparación de las familias afectadas por la contaminación generada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya.Este caso se ha convertido en uno de los precedentes más relevantes en América Latina para la protección del derecho a un ambiente sano, a un aire limpio y a la salud, especialmente para comunidades expuestas a operaciones empresariales altamente contaminantes. Después de más de 20 años de lucha, las víctimas esperan que el Estado peruano finalmente garantice la justicia y reparación ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las víctimas, la población de La Oroya y las organizaciones involucradas en el caso reiteran su disposición a colaborar con las instituciones responsables para asegurar la implementación efectiva de todas las medidas y avanzar hacia la reparación integral y la no repetición.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Entra en vigor el Tratado de Alta Mar, un hito histórico para una nueva era en la gobernanza mundial del océano
Nueva York. Hoy entra en vigor el Tratado de Alta Mar, cuyo nombre oficial es Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), lo que supone un hito histórico para la protección mundial del océano y la cooperación multilateral.Las aguas internacionales, que cubren casi la mitad del planeta, se encuentran más allá de las fronteras nacionales y forman parte del patrimonio común de la humanidad. El Tratado establece, por primera vez, un marco jurídico para proteger la biodiversidad en estas aguas y garantizar que los beneficios derivados de sus recursos se repartan de manera equitativa entre los países."La entrada en vigor del Acuerdo BBNJ hoy, es un hito para el multilateralismo y para los años de dedicación, diálogo y ardua labor cooperativa de innumerables personas comprometidas en todo el mundo. Los retos globales, como la crisis climática y de biodiversidad, nos afectan a todos. Por ello, la cooperación global no es una opción, sino una necesidad. Este Tratado encarna la esperanza, la determinación y el compromiso compartido de un futuro más prometedor para el océano y nuestro planeta", afirmó Rena Lee, Embajadora de Singapur para el Derecho Internacional, quien presidió las negociaciones del tratado y fue clave para lograr su adopción en 2023.Con su entrada en vigor, el tratado proporciona las herramientas para crear áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar, establece obligaciones claras para garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos, da prioridad al desarrollo de capacidades y el acceso a la tecnología, y crea mecanismos para asegurar una distribución equitativa de los beneficios. Todo ello desempeñará un papel crucial en la consecución de los objetivos mundiales en materia de biodiversidad y clima, incluida la meta de proteger el 30 % del océano para 2030.Tras dos décadas de debates y negociaciones, el texto del tratado se ultimó en marzo de 2023. Para su entrada en vigor se requerían las ratificaciones de sesenta países, un hito que se alcanzó el 19 de septiembre de 2025. Hoy, 120 días después, el tratado se convierte oficialmente en ley internacional, y su primera Conferencia de las Partes (COP), órgano decisorio del tratado, se reunirá en el plazo de un año."Las aguas internacionales están llenas de vida, desde el diminuto plancton hasta las grandes ballenas que dependen de él. Apenas estamos empezando a comprender lo importante que es este vasto mundo interconectado para la salud de todo nuestro planeta. Ya sean las montañas submarinas, llanuras y fosas oceánicas, las gélidas aguas polares o las autopistas oceánicas por las que viajan las especies migratorias, la alta mar es tan vital como inmensa. Con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, por fin disponemos de las herramientas necesarias para salvaguardar esta extraordinaria parte de nuestro planeta. Protegerla significa proteger nuestro futuro", afirmó Rebecca Hubbard, directora de la Alianza por Alta Mar.A partir de hoy se aplican varias obligaciones legales. Si bien algunas de ellas dependen de la creación de las instituciones y los mecanismos del tratado, existen disposiciones aplicables desde el primer día. Por ejemplo, cualquier actividad prevista bajo el control de una Parte que pueda afectar alta mar o al lecho marino debe seguir los procesos de evaluación del impacto ambiental establecidos por el tratado, y los gobiernos deben notificar públicamente dichas actividades. Asimismo, las Partes deben promover los objetivos del tratado cuando participen en otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería de los fondos marinos.En última instancia, el verdadero impacto del tratado dependerá de cómo se aplique y se respete colectivamente en los próximos años. Una membresía más amplia reforzará su eficacia. Con 83 (1) Partes ya adheridas, el impulso continúa creciendo, y se anima a más países a unirse antes de la COP1. Mientras tanto, la arquitectura institucional del tratado —sus órganos y procesos de toma de decisiones— se está configurando a través de la Comisión Preparatoria, que deberá presentar propuestas sólidas para su adopción en la COP1, con el fin de que el tratado pueda empezar a operar lo antes posible. También se alienta a los países a que empiecen a identificar los lugares importantes de alta mar que requieran protección, de modo que se puedan presentar propuestas en futuras COP. "En el punto medio de esta década crítica, una de las iniciativas globales más ambiciosas para el océano está entrando en una nueva era de cambios sistémicos en cuanto a su gobernanza. Esto refleja un compromiso renovado para nuestro océano, su biodiversidad, los millones de personas que dependen de su salud y los objetivos globales establecidos para 2030. El Tratado de Alta Mar nos enseña que el progreso significativo se logra a través de visión, perseverancia y liderazgo. Al comenzar un nuevo año, el Premio Earthshot está comprometido a respaldar este tratado histórico y asegurar que vaya más allá de las palabras y se convierta en una salvaguarda práctica y aplicable para nuestro extraordinario planeta azul", afirmó Jason Knauf, CEO del Premio Earthshot.“La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar abre una oportunidad histórica para que América Latina participe en igualdad de condiciones en la protección del océano. El acuerdo fortalece el principio de patrimonio común de la humanidad, además de promover el acceso a capacidades y tecnologías clave, fundamentales para una participación equitativa en la región. Seguiremos impulsando su implementación efectiva, en beneficio del océano y de las comunidades que dependen de él", señaló Gladys Martínez de Lemos, integrante del Comité Ejecutivo de la Alianza por Alta Mar y directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). (1) A fecha de 15 de enero de 2026, Acuerdo BBNJ cuenta con 83 ratificaciones. Más Estados pueden ratificarlo en los próximos días. Consulte la cifra más actualizada en el sitio web de Naciones Unidas.Nota para los editoresDesde su fundación en 2011, la Alianza por la Alta Mar, con sus más de 70 miembros no gubernamentales, ha trabajado para proteger el 50 % del planeta que constituye la alta mar, es decir, los océanos globales que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional. Esta zona incluye algunos de los ecosistemas más importantes desde el punto de vista biológico, menos protegidos y más amenazados del mundo.El estado oficial de las firmas y ratificaciones se puede consultar en el sitio web de Naciones Unidas y en el rastreador de ratificaciones de la Alianza por Alta Mar. Nota: El número que aparece en el rastreador de la Alianza por Alta Mar refleja únicamente las ratificaciones que cuentan para la entrada en vigor y no incluye la ratificación de la UE, por lo que difiere del recuento total de Naciones Unidas.La Alianza por Alta Mar (HSA) utiliza en ocasiones el término "Tratado de Alta Mar" como abreviatura del Acuerdo BBNJ. La HSA reconoce que el ámbito de aplicación del Acuerdo BBNJ abarca todas las zonas fuera de la jurisdicción nacional, incluidos el lecho marino y la columna de agua. La elección de esta formulación tiene por objeto facilitar la comprensión de un público amplio y no implica una jerarquización entre los componentes o principios del Acuerdo BBNJ.En noviembre de 2025, el Tratado de Alta Mar fue anunciado como ganador del prestigioso Premio Earthshot en la categoría Revitalizar nuestros océanos, en reconocimiento a las décadas de esfuerzos por establecer un marco jurídico innovador para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales.Kit de prensaLa siguiente carpeta contiene los siguientes recursos: High Seas Treaty Q&ABriefing Note: Legal Implications of the Impending Entry into Force of the BBNJ AgreementMPA factsheetPrepCom factsheet"A cost-benefit analysis of the BBNJ Agreement in the Caribbean" reportGrabación de la rueda de prensa "A historic moment: High Seas Treaty’s entry into force" realizada el 13 de enero de 2026. Video: Celebrating the Entry into Force of the High Seas Treaty
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CIDH alerta sobre violaciones a derechos humanos en Guatemala por contaminación en la cuenca del río Motagua
Washington D.C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) expresa su preocupación y hace un llamado a adoptar acciones urgentes ante las conclusiones del informe de la CIDH, resultado de la visita realizada por el organismo a Guatemala en julio de 2024.Durante su visita, la CIDH constató que los ríos del municipio de Chinautla "pasaron a ser conductos contaminados de residuos y desechos que desembocan en el río Motagua". El organismo señala que dichos vertidos se realizan "sin pasar por una planta de tratamiento", lo que incrementa la presencia de sustancias contaminantes y agrava la crisis ambiental.El informe, presentado esta semana, advierte que la contaminación del agua, la inexistencia de controles ambientales y la operación irregular de empresas extractivas en la zona amenazan derechos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, la salud e integridad de las comunidades, así como los derechos territoriales del pueblo indígena poqomam.Los hallazgos sobre Chinautla se enmarcan en la degradación general de la cuenca del río Motagua, considerada la más importante de Guatemala. Según la CIDH, la cuenca enfrenta contaminación severa por aguas residuales, agroquímicos, deforestación y desechos sólidos. Además, estima que el Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial.El organismo subraya, asimismo, la urgencia de que Guatemala apruebe una Ley de Aguas que reconozca el agua como un bien común y garantice su gestión "de manera equitativa, sostenible y participativa, desde un enfoque integral de derechos humanos".AIDA se suma a este llamado al considerar que dicha normativa es esencial para garantizar el acceso al recurso hídrico, fortalecer la gestión integral de los desechos sólidos y mejorar el marco legal para el tratamiento de aguas residuales. Estas medidas son clave para avanzar en la restauración de cuencas hidrográficas estratégicas, como la del río Motagua."Las conclusiones de la CIDH deben convertirse en un punto de inflexión que reconozca la necesidad de abordar integralmente la gestión de los recursos hídricos como un bien común y un derecho humano en Guatemala y América Latina", afirma Bryslie Cifuentes, abogada de AIDA. "Esto implica además incorporar medidas de protección ambiental y de adaptación a la crisis climática, así como garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus territorios y fuentes de agua"."Si bien el informe de la CIDH evidencia la profunda crisis institucional que pone en riesgo la gobernabilidad y el Estado de Derecho, es necesario destacar que sus efectos trascienden lo político, pues impactan directamente derechos esenciales como el acceso al agua y saneamiento, la salud y un medio ambiente sano", concluye la abogada.Consulta el informe completo de la CIDH
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“Choose Europe”: Priorizando minerales, no derechos
Finalizó la Semana de las Materias Primas en Bruselas, Bélgica, el evento organizado anualmente por la Comisión Europea para debatir cómo garantizar el acceso "sostenible y seguro" a materias primas en y para Europa, con el fin de fortalecer alianzas internacionales que permitan cumplir sus objetivos de defensa, digitalización y seguridad.La Comisión Europea destacó que Europa es altamente dependiente de las importaciones de minerales de América Latina, lo que profundiza las presiones históricas sobre la región y la consecuente necesidad de mayores medidas de protección socioambientales. Sin embargo, desde la Alianza por los Humedales Andinos sostenemos que los debates de la semana mostraron un enfoque cada vez más desconectado de los derechos humanos, de las voces comunitarias y de la crisis socioambiental global.Este desplazamiento de prioridades se inscribe en un giro político marcado por tensiones geopolíticas en torno al acceso a minerales "críticos" y nuevas fuentes de energía, y por el avance de fuerzas conservadoras y del autoritarismo. Se advierte una tendencia dentro de la Unión Europea (UE) a la privatización de los estándares de derechos humanos y ambientales, así como al debilitamiento de las garantías sociales y ambientales a través de procesos de desregulación. Ejemplo de ello es el debate sobre la flexibilización a la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en Sostenibilidad (CSDDD por sus siglas en inglés).La narrativa dominante esta semana estuvo atravesada por conceptos como "competitividad" y "defensa" como los ejes articuladores de las políticas europeas. En el marco de una competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, Europa busca minimizar la dependencia de su histórico aliado occidental bajo el lema "Choose Europe", como se tituló esta edición. De esta forma, la Comisión Europea insistió en promover el acceso a minerales desde una lógica centrada en la seguridad de sus cadenas de suministro sin analizar sus políticas a la luz de los límites planetarios ni de los derechos de las personas. Esta lógica contradice los compromisos con la transición energética que originalmente motivaron las discusiones sobre "minerales críticos". Hoy nos preguntamos, en qué medida el costo de "elegir Europa" lo seguirán pagando las comunidades locales de América Latina y de otras regiones periféricas europeas afectadas por la expansión minera.Esta ha sido la edición en la que menos se ha debatido sobre la necesidad de integrar los derechos humanos en las políticas europeas sobre minerales. En efecto, las acreditaciones para el acceso al evento oficial fueron limitadas y en la agenda oficial de este foro no hubo un espacio donde comunidades y sociedad civil del sur global pudieran expresar sus perspectivas en relación a las cadenas de valor de minerales como el litio, e incidir en los debates que orientarán el rumbo de las decisiones que les afectan. Por el contrario, predominaron las conversaciones sobre las oportunidades de inversión para empresas y gobiernos.Desde la Alianza por los Humedales Andinos evidenciamos que la ampliación de la frontera extractiva contradice los compromisos en materia de clima y biodiversidad que la UE ha suscrito y amenaza con profundizar las asimetrías entre ambas regiones. Por eso, reafirmamos nuestro posicionamiento sobre la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas de materias primas de la UE para que sean inclusivas, transparentes y sostenibles, asegurando la participación de las comunidades y organizaciones que se encuentran en la frontera extractiva de los minerales de transición. Asimismo, en el contexto de la policrisis ecológica y democrática, insistimos en la necesidad de que la UE establezca metas concretas para reducir efectivamente la demanda de minerales y refuerce el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y ambientales.Kit de prensaContactos de prensaVíctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801Juan Francisco Donoso, Formando Rutas, [email protected], +4915780743628
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Greenpeace y AIDA interponen un recurso de protección por nuevas intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví
Más de un centenar de niñas y niños de esta zona han sido atendidos en los recintos de salud, con diagnósticos de intoxicación por gases, humos y vapores. Las organizaciones ambientalistas exigen que cuando nuevas situaciones de esta naturaleza ocurran se paralicen por completo las operaciones industriales hasta determinar sus causas, para así evitar que cientos de niños, niñas y adolescentes se vean afectados por estas. Quintero y Puchuncaví, Chile. Luego que se informara de la presencia de fuertes olores a gas y cloro en la zona (que coincidieron con operaciones de carga y descarga de hidrocarburos en la bahía de Quintero durante la madrugada del pasado 29 de septiembre), se registraron 127 atenciones de salud por cefaleas, vómitos, dolor abdominal, irritación ocular y mareos en estudiantes y docentes de la zona, situación que se repitió en los días siguientes. Desde entonces, casi 200 personas han asistido a los recintos sanitarios aquejados por síntomas coincidentes con intoxicaciones (en su mayoría, menores de edad) y, de ellos, más de un centenar fue diagnosticado con "intoxicación T59", sistema de clasificación internacional referido al efecto tóxico de gases, humos y vapores.Por esta razón, el pasado 8 de noviembre, abogadas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace, en representación de diversas personas menores de edad y sus familias, y organizaciones ambientales de la zona interpusieron un recurso de protección en contra de una serie de instituciones y organismos del Estado producto de las ilegalidades y arbitrariedades cometidas en el contexto de las intoxicaciones ocurridas en Quintero y Puchuncaví, que han aquejado a sus habitantes desde ese día hasta la fecha.Según Juan Francisco Zapata, abogado de AIDA, estos hechos han afectado gravemente a quienes habitan la zona, particularmente a niñas, niños y jóvenes, vulnerando sus garantías constitucionales, como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, todas consagradas en la Constitución."Es por esto que solicitamos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso restaurar el imperio del derecho y ordenar medidas como la paralización del complejo industrial cada vez que una persona menor de edad sea diagnosticada con intoxicación T59 en la zona", explica Zapata.Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, pone en relieve que desde que en 2019, atendiendo la gravedad de la situación vivida en estas comunas, la Corte Suprema ordenó un listado exhaustivo de medidas preventivas, correctivas y de gestión ambiental y sanitaria, dirigidas a las autoridades para hacer frente a este tipo de episodios, las que no sólo no se han cumplido, sino que además los episodios de intoxicación han persistido en los años siguientes e, incluso, se han repetido con alarmante frecuencia hasta la actualidad, con cientos de personas afectadas cada año, en su mayoría menores de edad."Es por lo anteriormente expuesto que exigimos que, en primer lugar, se dé cumplimiento pleno a la sentencia de la Corte Suprema de 2019: es insólito que hayan pasado seis años y aún no se acate el dictamen del máximo tribunal, vulnerando los derechos de miles de habitantes de estas comunas", asegura Núñez. Del mismo modo, para la abogada es necesario generar un protocolo adecuado que permita que cada vez que una persona -sobre todo si es menor de edad- es ingresada a los servicios asistenciales, se paralice por completo la actividad industrial, con el objetivo de, por una parte, evitar nuevas intoxicaciones y, por otra, determinar el origen real de estas.Algunas de las acciones que incluye el petitorio de las personas afectadas individualizadas en este recurso de protección incluyen la ya mencionada paralización temporal y automática de faenas del cordón industrial ante cada nuevo diagnóstico de intoxicación por contaminación, con foco en niños, niñas y adolescentes; monitoreo continuo y público (Compuestos Orgánicos Volátiles -VOC-, vientos y mareas, por ejemplo) y trazabilidad de estos; cumplimiento total del fallo de la Corte Suprema de 2019 y el establecimiento de un plan de reparación ambiental y sanitaria en la zona, así como de protocolos de atención integral con derivación y seguimiento a personas afectadas, entre otros requerimientos."Es tanto el daño que se ha causado a esta zona de sacrificio, que muchos de los vecinos afectados por esta situación simplemente no han querido ser atendidos por los servicios de salud, ya que están cansados y no confían que recibirán una atención de salud integral y reparadora, por lo que han preferido sobrellevar los síntomas en sus hogares", comenta Núñez. "Ya ha pasado demasiado tiempo sin que estas personas puedan vivir en paz y con garantías de salud básicas. Es hora de entregarles verdaderas garantías y que el Estado y las empresas que operan el parque industrial de Quintero y Puchuncaví se hagan efectivamente responsables de esta situación", puntualiza Zapata.En este escenario, Greenpeace dispuso el sitio web InfanciaEnSacrificio.cl donde las personas pueden firmar para apoyar a las familias afectadas y rechazar este tipo de vulneraciones en la zona de Quintero y Puchuncaví. "Todos podemos contribuir para que este recurso de protección no quede archivado y logremos que tanto el Estado, como las empresas que operan en esta bahía se hagan responsables de verdad por estas vulneraciones. Cada firma ayuda a visibilizar esta crisis, aumenta la presión pública y acelera la instalación de medidas concretas de protección, fiscalización y reparación", concluye Núñez.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Comunidades de Argentina, Chile y Bolivia alertan de los impactos de la minería de litio
Comunidades originarias de Argentina, Chile y Bolivia, junto con las organizaciones ambientales que integran la Alianza por los Humedales Andinos, realizaron un encuentro en la provincia argentina de Catamarca, donde visitaron el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra: un humedal gravemente afectado por la industria minera de litio.A lo largo de varios días, integrantes de comunidades indígenas atravesaron largas distancias —desde la Puna jujeña, el norte chileno y la región andina de Bolivia— para encontrarse en el territorio, compartir experiencias y fortalecer una voz común frente al avance del extractivismo. La visita al salar fue parte de una serie de acciones que buscan visibilizar los daños socioambientales que la minería de litio está provocando en los humedales andinos, las cuencas de agua y las formas de vida que dependen de ellos.Desde 1997, la extracción de litio por parte de la empresa Minera del Altiplano S.A. —subsidiaria de la empresa Livent que actualmente pertenece a Río Tinto— ha generado daños ambientales profundos en el Salar del Hombre Muerto, entre ellos la desecación de de más de 5 kilómetros de la vega del río Trapiche, un impacto que persiste hasta hoy. Actualmente, en el Salar del Hombre Muerto se desarrollan 12 proyectos de litio, en distintas etapas. Ante la afectación del río Trapiche y la pretensión de cinco empresas mineras de extraer agua del río Los Patos, la comunidad que habita el salar decidió judicializar el reclamo. En 2024, la Corte de Justicia de Catamarca reconoció el daño a la vega del río y ordenó al gobierno provincial abstenerse de otorgar nuevos permisos para la actividad minera en la zona del Río Los Patos, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral de todos los proyectos funcionando a la vez. Un año después, el Ejecutivo provincial presentó un informe que no cumple con lo ordenado: recupera información antigua y omite analizar los efectos acumulativos reales, concluyendo, sin fundamentos técnicos, que no existen impactos negativos en la cuenca del Río Los Patos. Actualmente, la Corte de Justicia de Catamarca debe evaluar si el estudio presentado por el gobierno cumple con lo ordenado o debe ser rechazado por insuficiente.Elizabeth Mamani, de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, en Antofagasta de la Sierra, señaló: "Una de las consecuencias de la minería fue la muerte de una de las vegas del río Trapiche, la matanza de animales y también la desviación del río Los Patos".Desde Jujuy, Franco Vedia, integrante de la comunidad aborigen Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, advirtió que "en Jujuy lo que está pasando con la minería es que las empresas están intentando entrar al territorio sin consultar a las comunidades. Se están violando derechos fundamentales: el derecho de las comunidades a decidir, a conservar su identidad cultural y, sobre todo, el derecho colectivo al agua".Además, indicó: "para nosotros, la extracción de litio es algo terrible; significa la muerte, porque se están llevando el agua. En Catamarca vimos lo que no debería pasar, están dejando morir a la Pachamama, a la tierra y a sus habitantes".Desde Chile, Rodrigo Espíndola Araya, de la Comunidad Lickan Antay de Toconao, remarcó las similitudes entre ambos países: "Lo que está pasando en Catamarca, Argentina, es similar a lo que está pasando en Chile, particularmente por el tema del agua. Ya se vaticina que va a ser una lucha muy fuerte en contra de las mineras. Nosotros, como pueblo originario, tenemos una lucha con respecto al uso y al derecho del agua. Pero acá, en Argentina, es algo impactante de ver: cómo la minera avasalla a los hermanos y hermanas argentinos, cortándoles el agua".Por su parte, Cindy Quevedo Monardes, de la comunidad Colla Finca El Chañar, en la comuna de Tierra Amarilla, Copiapó, Chile, expresó: "Ha sido doblemente conmovedor ver la naturaleza, todo lo que tienen acá en Catamarca, pero también ver el impacto de lo que significa tener a una empresa minera que está afectando de manera increíble estos espacios, donde todavía se ve naturaleza y biodiversidad. La afectación ha sido grande al secar vegas completas, como la del río Trapiche. Creo que es impactante verlo no solo desde afuera, sino estar acá, ver lo que ha ocurrido y lo que nos puede ocurrir a los países y a las regiones que estamos expuestas a la minería". La minería de litio y la amenaza a los humedales andinosLos humedales andinos —salares, bofedales, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile enfrentan un grave riesgo por el avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética del norte global. En estos ecosistemas se concentra más del 53% de los recursos de litio del planeta.Los gobiernos locales deben realizar estudios ambientales integrales que evalúen los impactos en los ecosistemas de manera completa y acumulativa. Además, tienen la obligación de garantizar la participación de las comunidades locales, así como su acceso a información ambiental completa, veraz y transparente en temas ambientales, de acuerdo con los estándares del Acuerdo de Escazú.Frente a este contexto, el pasado 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva 32 sobre emergencia climática y derechos humanos. Este pronunciamiento esclarece las obligaciones que los Estados del continente deben cumplir para proteger efectivamente a personas y comunidades afectadas por la crisis climática.La Corte IDH reconoció, por primera vez, la existencia del derecho humano autónomo a un clima sano, derivado del derecho a un ambiente sano, reafirmando que la crisis climática afecta derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, al agua, a la alimentación, a la propiedad y al trabajo.Este pronunciamiento brinda herramientas para garantizar el respeto de los derechos humanos en toda la cadena de valor de los minerales para la transición energética, así como para asegurar la integridad de los ecosistemas en América Latina.
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Hito histórico para la protección mundial del océano: La 60ª ratificación activa la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar
Tras la ratificación ante la Organización de las Naciones Unidas de cuatro nuevos países esta semana —Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona y Marruecos— el Tratado de Alta Mar alcanzó hoy las 60 ratificaciones estatales necesarias para activar su entrada en vigor. El también llamado Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés), entrará en vigor a los 120 días, el 17 de enero de 2026."Este momento histórico es la culminación de años de dedicación y diplomacia internacional de gobiernos y partes interesadas", afirmó Rebecca Hubbard, directora de la Alianza de Alta Mar. "El tratado es un poderoso testimonio del multilateralismo, que demuestra lo que el mundo puede lograr cuando nos unimos por el bien común de nuestro océano, el cual cubre más del 70% del planeta. Hoy se da un paso importante en el que las promesas comienzan a convertirse en acciones", señaló.El Tratado de Alta Mar es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que salvaguarda la vida marina en alta mar, que abarca dos tercios del océano y desempeña un papel fundamental para garantizar la salud del planeta. Proporciona herramientas para detener la pérdida de biodiversidad y la degradación del océano, permitiendo la creación de áreas marinas protegidas (AMP) en aguas internacionales y la realización de evaluaciones de impacto ambiental de actividades humanas previstas. También fortalece la equidad para los países en desarrollo al ampliar el acceso al conocimiento y la tecnología, reforzar la creación de capacidades y garantizar el acceso y participación equitativos en los beneficios de los recursos genéticos marinos.Estas disposiciones son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos mundiales en materia de clima y biodiversidad, incluido el objetivo 30x30 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés) de proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta para 2030.Adoptado en junio de 2023, tras casi dos décadas de debates y negociaciones, el tratado se abrió a firma el 20 de septiembre de 2023. El primer país en ratificarlo fue Palaos, el 22 de enero de 2024, y desde entonces se han sumado Estados de todas las regiones. Además de las 60 ratificaciones, 142 países (además de la Unión Europea) lo han firmado, señalando su intención de ratificarlo.Según el tratado, la primera Conferencia de las Partes (COP) debe reunirse en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, previsiblemente a finales de 2026. La ONU ya avanza en el trabajo preparatorio para dotar de instituciones y procesos que garanticen la ambición y la eficacia a largo plazo del Tratado de Alta Mar en la COP1. Por su parte, gobiernos y partes interesadas están sentando las bases para desarrollar propuestas de AMP en alta mar con el fin de proteger sitios críticos para la biodiversidad una vez que el tratado entre en vigor. Entre ellos se encuentran las cordilleras submarinas de Salas y Gómez y Nazca, la elevación submarina de Lord Howe, el Mar de Tasmania meridional, el Mar de los Sargazos y el domo térmico del océano Pacífico oriental."Alcanzar las 60 ratificaciones no es la meta final, sino solo el punto de partida", afirmó Rebecca Hubbard. "La verdadera fuerza del Tratado de Alta Mar reside en la participación universal. Si bien debemos celebrar este increíble progreso, instamos a todas las naciones restantes a sumarse a este acuerdo histórico y ayudarnos a pasar de 60 ratificaciones a una global antes de la primera COP".Se esperan anuncios de más ratificaciones durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que comienza el 22 de septiembre de 2025.Notas para el editorEl estado oficial de las firmas y ratificaciones puede consultarse en el sitio web de la ONU y en el rastreador de ratificaciones de la Alianza de Alta Mar (HSA, por sus siglas en inglés). Nota: El número que aparece en el rastreador de la Alianza de Alta Mar refleja solo las ratificaciones que cuentan para la entrada en vigor y no incluye la ratificación de la Unión Europea, por lo que difiere del recuento total de la ONU.La Alianza de Alta Mar utiliza en ocasiones el término "Tratado de Alta Mar" como abreviatura del Acuerdo BBNJ. La HSA reconoce que el alcance del Acuerdo BBNJ abarca todas las zonas fuera de la jurisdicción nacional, incluidos el lecho marino y la columna de agua. La elección de esta redacción busca facilitar la comprensión a un público amplio y no implica una jerarquización entre los componentes o principios del Acuerdo BBNJ.
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