Prensa


Textiles tradicionales en un mercado de Chichicastenango, Guatemala.

Organizaciones exigen justicia ante criminalización de Rigoberto Juárez, autoridad ancestral y defensor del ambiente y los DD. HH. en Guatemala

Organizaciones dedicadas a la protección de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas manifestamos nuestra preocupación por el proceso de criminalización en contra de Rigoberto Juárez, autoridad ancestral, defensor de los derechos humanos y del ambiente y coordinador general del Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Mayas Akateka, Chuj, Q’anjob’al y Popti’.  El proceso judicial contra Rigoberto se originó en 2015 como consecuencia de su ejercicio de mediación como autoridad ancestral en el marco de un conflicto territorial generado en territorio Q'anjob'al, específicamente en la microrregión de Ixquisis, a raíz de actos de resistencia de la comunidad indígena maya local frente a la implementación inconsulta y deficiente de dos proyectos hidroeléctricos de la empresa Energía y Renovación S.A., financiados por el BID Invest.  El proceso judicial ha carecido de una perspectiva intercultural y diferencial; además, las decisiones adoptadas en segunda instancia y en sede de casación han obviado los argumentos de hecho y de derecho presentados por la defensa en torno al papel de Rigoberto Juárez como autoridad ancestral en el marco de los hechos del caso, que le implicaron, a solicitud de la comunidad, asumir un rol de mediador de la situación de alta conflictividad.  Desde la perspectiva de las organizaciones firmantes, este proceso ha sido utilizado como un mecanismo de represalia en contra de la legítima labor de defensa de derechos humanos de Rigoberto, dado su importante rol en la visibilización y denuncia del caso de Ixquisis en una queja presentada ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo. Indicios de esto se encuentran en los cruces temporales de este proceso con momentos cruciales de la queja presentada ante el MICI.  Ante esta preocupante situación, solicitamos a las autoridades judiciales valorar los argumentos presentados por la defensa de Rigoberto en la acción de amparo presentada el 22 de agosto y proceder a fallar en derecho, teniendo en cuenta las garantías particulares de Rigoberto al ser autoridad ancestral y defensor de los derechos humanos y del ambiente. De igual forma, solicitamos a los organismos internacionales de derechos humanos, exhortar al Estado guatemalteco a resolver el caso de Rigoberto acorde a sus obligaciones internacionales, así como a prevenir y atender este grave fenómeno de criminalización en contra de autoridades indígenas en ejercicio de sus derechos y competencias.    Firman: Plataforma Internacional contra la Impunidad  Protection International Mesoamérica  Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Franciscans International  Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG)  Bank Information Center  International Service for Human Rights  Front Line Defenders  NISGUA (Network in Solidarity with the People of Guatemala)  ASERJUS  P. Marco Tulio Recinos Torres. CPPS.  Center for International Environmental Law (CIEL)  María Eugenia Solís García  Alba Cecilia del Rosario Mérida Piedrasanta  Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

Leer más

Ciénaga de Paredes, Magdalena Medio, Colmbia

Corte Constitucional de Colombia confirma la violación del derecho a la consulta previa en proyectos piloto de fracking en el Magdalena Medio

El alto tribunal constató la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad afrodescendiente Afrowilches en el trámite de licenciamiento ambiental de los proyectos piloto Kalé y Platero en Puerto Wilches.   Bogotá, Colombia. En su sentencia T-514 de 2023, publicada el pasado martes, la Corte Constitucional de Colombia constató la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad afrodescendiente Afrowilches en el trámite de licenciamiento ambiental de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) Kalé y Platero en yacimientos no convencionales (1) del municipio con el uso de la técnica de fracking. Con esta decisión, el alto tribunal resolvió dos acciones de tutela —una por vulneración del derecho a la participación interpuesta por varias organizaciones  de campesinos, pescadores, mujeres, jóvenes y sindicatos de Puerto Wilches; y otra por violación del derecho a la consulta previa, interpuesta por La Corporación Afrowilches con representación de la Corporación PODION y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR)— para proteger los derechos a la participación ambiental y a la consulta previa de las comunidades locales que podrían verse afectadas por la implementación de los PPII. Ambas tutelas fueron respaldadas mediante escritos legales (Amicus Curiae) por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana. Las organizaciones firmantes celebramos que la Corte concluyó que la comunidad Afrowilches logró probar "la existencia de la afectación directa e intensa que sufriría sobre su territorio por el desarrollo, implementación y ejecución de los PPII". Además, el tribunal encontró que la ejecución de estos proyectos piloto perturbó aspectos de la organización interna, cultura y espiritualidad de la comunidad afrocolombiana y que podría afectar en forma directa el entorno ambiental en que se desenvuelve su existencia y formas de vida. En su fallo, la Corte indicó que "no cuenta con los elementos que le permitan llegar a la conclusión de que los PPII no serán ejecutados" pues no existe un acto definitivo y conclusivo acerca de la ejecución de los mismos. Por ello, aunque actualmente están suspendidos, el tribunal señaló que su pronunciamiento aún es necesario ante el riesgo de que los proyectos puedan ser reanudados en el futuro.   No obstante, las organizaciones manifestamos nuestra preocupación dado que el tribunal declaró improcedente la solicitud de amparo de los derechos a la participación en materia ambiental de campesinos, pescadores, mujeres y otros habitantes del municipio que se verían afectados. En las tutelas, se alegó que la realización de los PPI de fracking en la zona de influencia de las ciénagas de Paredes y Yarirí —entre otros cuerpos de agua— fueron autorizadas de manera unilateral por el gobierno nacional, sin tener en cuenta los planes de vida, preocupaciones y necesidades de las comunidades residentes. Con este fallo, la Corte continúa avalando la toma de decisiones ambientales sin un verdadero "control democrático" y a partir de meros procesos de socialización de decisiones en los que se desconoce el derecho humano a la participación ambiental efectiva, contenido en diversos tratados internacionales. "Expertos indican que no hay ninguna evidencia de que el fracking pueda ser practicado de una forma que no implique amenaza para la salud humana", aseguró Rosa María Mateus, abogada del CAJAR. En el fracking se utilizan cargas explosivas y se inyectan líquidos con gran cantidad de químicos muy contaminantes a muy alta presión para liberar gas y petróleo. Por eso, la técnica ha generado preocupación por la posible filtración de gases y por la contaminación del agua para uso humano y agrícola, así como del aire, en las áreas de las operaciones, entre otros riesgos. "Este fallo es el resultado del proceso de resistencia territorial y la amplia movilización de las y los wilchenses que denunciaron hace más de tres años el avance de los pilotos de fracking sin licencia social, sin participación y consulta, sin enfoque de género, y en un contexto de graves amenazas a las personas defensoras ambientales que se oponían a los proyectos", se señaló desde la Corporación PODION. Por su parte, Yeny Rodríguez, abogada sénior de AIDA, dijo que la sentencia "constituye un hito para la región, pues el máximo tribunal reconoció que los procedimientos ambientales y regulatorios relacionados con la acción climática y la transición energética deben ser justos y garantizar la participación democrática y el derecho a la consulta previa de comunidades afrodescendientes e indígenas". Las organizaciones firmantes invitamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de esta sentencia, adopte medidas que permitan proteger de forma definitiva los proyectos de vida de las comunidades del Magdalena Medio, la fauna y la flora, las ciénagas, caños, ríos y demás humedales de esta región megadiversa de Colombia.   (1) Yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en rocas de baja porosidad y permeabilidad, que se extraen mediante técnicas no convencionales como el fracking. Contactos de prensa: Ximena Ordoñez, PODION, [email protected], +57 3176430036 Prensa CAJAR, [email protected], +57 321 3819733 Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Julián Trujillo G., Clínica Jurídica U.Javeriana, [email protected], +57 3123615473  

Leer más

Tucanos no Pantanal, Brasil
Fuentes de Agua Dulce

Organizações pedem proteção ao Pantanal diante da crise por queimadas e degradação ambiental

A maior zona úmida do planeta, vital para a biodiversidade e a subsistência das comunidades locais, enfrenta uma devastação sem precedentes devido a uma nova temporada de incêndios, à seca e às atividades humanas. Apelamos à comunidade internacional para unir forças na proteção e restauração desse ecossistema transfronteiriço crucial. O Pantanal é a maior zona úmida do mundo —abrange Brasil, Bolívia e Paraguai— e é crucial para a biodiversidade e a economia regional. Esse ecossistema está em crise devido a incêndios, secas, expansão agrícola e a construção de barragens e hidrelétricas.Até julho de 2024, foram detectados 4.072 focos de incêndio na região, valor cinco vezes maior que a média histórica da época. Esse número aponta a urgência de uma ação imediata e coordenada para a sua proteção.Como organizações signatárias, reafirmamos nosso compromisso com a conservação da região e apoiamos os esforços locais para gerar respostas eficazes a essa crise. Da mesma forma, apelamos urgentemente à comunidade internacional, às organizações não governamentais e aos governos do Brasil, Bolívia e Paraguai para que se unam na proteção e restauração de um ecossistema crucial para a biodiversidade e o bem-estar hídrico da América do Sul. Causas e impactos da crise no PantanalAs crises no Pantanal são consequências de deficiências estruturais e cíclicas. As primeiras incluem a falta de aplicação e articulação de políticas eficazes para a conservação e recuperação da região, que levaram ao uso inadequado do fogo para a agricultura, à mudança no uso da terra para atividades agrícolas, à monocultura e ao agravamento da crise climática. As atuais regulamentações legislativas nos três países são insuficientes, como demonstra a recente decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que denuncia a falta de políticas coordenadas e de gestão integrada da zona úmida.O fenômeno do El Niño, o aumento das temperaturas e a diminuição dos níveis de água —cuja causa é a crise climática— tornaram a temporada de incêndios no Pantanal sem paralelo. Em 2024, os incêndios aumentaram significativamente em comparação com o mesmo período do ano anterior, ameaçando uma perda irreversível de biodiversidade, destruição de habitats críticos e alteração de ciclos hidrológicos essenciais. Além disso, desde 2018, os períodos de fortes chuvas e cheias de rios, que normalmente duravam de cinco a seis meses, foram reduzidos para dois meses.Embora em algumas áreas do Pantanal os incêndios tenham sido apagados graças à chegada de um frente fria e chuva, ocorreram elevados danos ecológicos que afetam pelo menos 4,53% do ecossistema. Isso corresponde a 680.000 hectares, equivalente à região metropolitana de São Paulo. E é provável que os incêndios voltem devido às condições climáticas adversas e à seca generalizada na região.A perda de biodiversidade, juntamente com a destruição da flora e da fauna locais, altera os processos naturais que estão na base de serviços ecossistêmicos vitais para comunidades locais e indígenas. Esses serviços incluem proteção do solo, regulação climática, qualidade do ar, polinização, filtragem de água e controle de pragas e patógenos. As consequências para as comunidades locais são devastadoras. Os problemas de saúde e o deslocamento forçado se tornaram cada vez mais comuns entre a população local. Ações para enfrentar a crise múltipla no PantanalPara enfrentar as múltiplas crises que atravessa a maior zona úmida do mundo, as organizações signatárias consideram imperativo: 1. Avançar para o reconhecimento do conhecimento e da sabedoria das comunidades locaisA proteção do Pantanal pelas comunidades locais é uma realidade. Pantaneiros e pantaneiras – sejam ribeirinhos, comunidades tradicionais ou povos indígenas – dedicam-se incansavelmente à defesa de seus territórios. Um exemplo desse trabalho são os esforços realizados no Pantanal do Alto Paraguai, em Mato Grosso, onde os Comitês Populares da Água e do Clima têm se articulado como corredores bioculturais para enfrentar os desafios impostos pelas queimadas, pelas secas, pela expansão do agronegócio e pela construção civil de barragens e usinas hidrelétricas.O conhecimento e a sabedoria acumulados pelos povos do Pantanal, que repetidamente resistiram a essas ameaças, devem servir de base para enfrentar os desafios da proteção dos ecossistemas. É essencial promover iniciativas de pressão que ampliem e transformem essas ações comunitárias em políticas públicas eficazes.2. Promover a proteção transnacional do PantanalO Pantanal enfrenta o risco de um colapso total. A perda desse ecossistema teria implicações catastróficas para a região, afetando a conexão com outros ecossistemas. O equilíbrio ambiental da planície pantaneira é vinculado ao equilíbrio do planalto do Cerrado e, por sua vez, à capacidade da floresta amazônica de gerar precipitação na região.Para enfrentar a crise a cooperação internacional é crucial, bem como a implementação de políticas transnacionais fortes que abordam as alterações climáticas e promovem a conservação dos ecossistemas. As organizações signatárias instam os governos do Brasil, Bolívia e Paraguai a renovar e fortalecer os mecanismos de governança, coordenação e participação pública para a conservação e o desenvolvimento sustentável do Pantanal.3. Dinamizar os atuais mecanismos de proteção internacionalÉ vital ampliar o conteúdo e os mecanismos de proteção de instrumentos como a Declaração para a Conservação e o Desenvolvimento Sustentável do Pantanal, a Convenção de Bonn (CMS), o Tratado da Bacia do Prata, a Comissão Binacional para o Desenvolvimento da Bacia Hidrográfica Pilcomayo e o Protocolo de Cooperação Ambiental do Mercosul. Estes instrumentos podem facilitar a harmonização das políticas ambientais, o monitoramento conjunto dos recursos naturais e o estabelecimento de um fundo regional para projetos de desenvolvimento sustentável que incluam comunidades locais e povos indígenas.Apelamos às secretarias de tratados como a Convenção sobre Zonas Úmidas, a Convenção de Combate à Desertificação, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e o CMS para acionarem os mecanismos de notificação e proteção. Além disso, pedimos o reconhecimento de práticas e costumes tradicionais das comunidades pantaneiras e a proteção dos corredores bioculturais como medidas eficazes de conservação.É imperativo ter recursos técnicos para apoiar os esforços de combate e prevenção de incêndios. Isso inclui fornecer apoio científico para compreender a biodiversidade, as funções ecológicas e os serviços ecossistêmicos do Pantanal, realizar estudos ambientais, treinar comunidades em metodologias de coleta e análise de dados, bem como fortalecer a colaboração comunitária e espaços de defesa por meio de governança participativa transfronteiriça. Assinam:Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA)Coletivo PesquisAçãoEscola de AtivismoInstituto GAIAREESOLBIOSociedade Fé e VidaContatos de imprensa:Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +52 5570522107Ellen Nacanishi, Instituto GAIA,  presidê[email protected] Vailant, REESOLBIO, [email protected] Salomão, Sociedade Fé e Vida, [email protected]ão Andrade, Coletivo PesquisAção, [email protected] Munari, Escola de Ativismo, [email protected] 

Leer más

Tucanes en el Pantanal, Brasil.
Fuentes de Agua Dulce

Organizaciones llaman a proteger el Pantanal ante crisis por incendios y degradación ambiental

El mayor humedal del planeta, vital para la biodiversidad y los medios de vida de comunidades locales, enfrenta una devastación sin precedentes debido a una nueva temporada de incendios, a sequías y actividades humanas. Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la comunidad internacional para unir esfuerzos en la protección y restauración de este crucial ecosistema transfronterizo.   El Pantanal es el humedal más grande del mundo —se extiende por Brasil, Bolivia y Paraguay— y es crucial para la biodiversidad y la economía regional. Este ecosistema está en crisis debido a incendios, sequías, expansión agrícola y la construcción de represas y plantas hidroeléctricas. Hasta julio de 2024, se han detectado 4,072 focos de incendios en el Pantanal, cantidad cinco veces mayor al promedio histórico en esta época. Esta cifra subraya la urgencia de una acción inmediata y coordinada para su protección. Las organizaciones firmantes reafirmamos nuestro compromiso con la conservación del Pantanal y con el apoyo a los esfuerzos locales para generar respuestas efectivas a esta crisis. Asimismo, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, organizaciones no gubernamentales y a los gobiernos de Brasil, Bolivia y Paraguay para que se unan a la protección y restauración de un ecosistema crucial para la biodiversidad y el bienestar hídrico de América del Sur.   Causas e impactos de la crisis en el Pantanal Las crisis incluyen deficiencias estructurales y coyunturales. Las primeras abarcan la falta de aplicación y articulación de políticas efectivas para la conservación y restauración del Pantanal, que han derivado en el uso inadecuado de fuego para la agricultura, el cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias, el monocultivo y en la exacerbación de la crisis climática. Las actuales iniciativas legislativas en los tres países son insuficientes, como lo demuestra el reciente fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que denuncia la falta de políticas coordinadas y de gestión integrada del humedal. El fenómeno de El Niño, el incremento de las temperaturas y la disminución de los niveles de agua —cuya causa es la crisis climática—, han hecho que la temporada de incendios en el Pantanal no tenga parangón. En 2024, los incendios han aumentado significativamente en comparación con el mismo período del año anterior, amenazando con una pérdida irreversible de biodiversidad, destrucción de hábitats críticos y alteración de ciclos hidrológicos esenciales. Además, desde el 2018, los períodos de lluvias intensas y desbordamientos de los ríos, que normalmente duraban entre cinco y seis meses, se redujeron a dos meses. Si bien en algunas zonas del Pantanal los incendios se han apagado gracias a la llegada de un frente frío y lluvias, han ocurrido daños ecológicos altos que afectan al menos 4.53% del ecosistema. Esto corresponde a 680,000 hectáreas, equivalentes a la región metropolitana de São Paulo. Y es probable que los incendios regresen debido a las condiciones climáticas adversas y a la sequía generalizada en la región. La pérdida de biodiversidad, junto con la destrucción de flora y fauna locales, altera procesos naturales que son la base de servicios ecosistémicos vitales para comunidades locales e indígenas. Estos servicios incluyen la protección de suelos, la regulación del clima, la calidad del aire, la polinización, la filtración de agua y el control de plagas y patógenos. Las consecuencias para las comunidades locales son devastadoras. Los problemas de salud y el desplazamiento forzoso se han vuelto cada vez más recurrentes entre la población del lugar.   Acciones para hacer frente a la crisis múltiple en el Pantanal Para hacer frente a las múltiples crisis que atraviesa el humedal más grande del mundo, las organizaciones firmantes consideramos imperativo:   1. Avanzar hacia el reconocimiento de los conocimientos y saberes de las comunidades locales La protección del Pantanal por parte de las comunidades locales es una realidad. Pantaneiros y pantaneiras —ya sean ribereños/as, comunidades tradicionales o pueblos indígenas— se dedican incansablemente a la defensa de sus territorios. Un ejemplo de esta labor son los esfuerzos realizados en el Pantanal del Alto Paraguay, en Mato Grosso, donde los Comités Populares del Agua y del Clima se han articulado como corredores bioculturales para enfrentar los desafíos que plantean incendios, sequías, expansión del agronegocio y construcción de represas y plantas hidroeléctricas. Los conocimientos y saberes acumulados por los pueblos del Pantanal, quienes han resistido repetidamente estas amenazas, deben servir como fundamento para abordar los desafíos de protección del ecosistema. Es esencial promover proyectos de incidencia que amplifiquen y transformen estas iniciativas comunitarias en políticas públicas efectivas. 2. Impulsar la protección transnacional del Pantanal El Pantanal enfrenta el riesgo de un colapso total. La pérdida de este ecosistema tendría implicaciones catastróficas para la región, afectando la interconectividad con otros ecosistemas. El equilibrio ambiental de las tierras bajas del Pantanal está vinculado al equilibrio de las tierras altas del Cerrado y, a su vez, a la capacidad de la selva amazónica para generar precipitaciones en la región. Para enfrentar la crisis, es crucial la cooperación internacional, así como la implementación de políticas transnacionales sólidas que aborden el cambio climático y promuevan la conservación de los ecosistemas. Las organizaciones firmantes instamos a los gobiernos de Brasil, Bolivia y Paraguay a renovar y fortalecer los mecanismos de gobernanza, coordinación y participación pública para la conservación y el desarrollo sustentable del Pantanal. 3. Dinamizar los mecanismos internacionales de protección vigentes Es vital ampliar el contenido y mecanismos de protección de instrumentos como la Declaración para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Pantanal, la Convención de Bonn (CMS), el Tratado de la Cuenca del Plata, la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo y el Protocolo de Cooperación Ambiental del Mercosur. Estos instrumentos pueden facilitar la armonización de políticas ambientales, el monitoreo conjunto de recursos naturales y el establecimiento de un fondo regional para proyectos de desarrollo sostenible que incluyan a las comunidades locales y pueblos indígenas. Hacemos un llamado a las secretarías de tratados como la Convención sobre los Humedales, la Convención de Lucha contra la Desertificación, la Convención sobre la Diversidad Biológica y la CMS para que activen mecanismos de reporte y protección. Además, exhortamos al reconocimiento de las prácticas tradicionales y costumbres de las comunidades del Pantanal y a la protección de los corredores bioculturales como medidas efectivas de conservación. Es imperativo disponer de recursos técnicos para apoyar los esfuerzos de combate y prevención de incendios. Esto incluye brindar apoyo científico para entender la biodiversidad, funciones ecológicas y servicios ecosistémicos del Pantanal, realizar estudios ambientales, capacitar a las comunidades en metodologías de recopilación y análisis de datos, así como fortalecer los espacios de colaboración y defensa de las comunidades a través de una gobernanza participativa transfronteriza.   Firman: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Coletivo PesquisAção Escola de Ativismo Instituto GAIA REESOLBIO Sociedade Fé e Vida Contactos de prensa: Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +52 5570522107 Ellen Nacanishi, Instituto GAIA,  [email protected] Clovis Vailant, REESOLBIO, [email protected] Isidoro Salomão, Sociedade Fé e Vida, [email protected] João Andrade, Coletivo PesquisAção, [email protected] Silvio Munari, Escola de Ativismo, [email protected]  

Leer más

Audiência Pública da Corte Interamericana em Manaus, Brasil

Comunidades e sociedade civil entregam à Corte Interamericana a “Declaração de Manaus” pedindo esclarecer as obrigações dos Estados na emergência climática

São José, Costa Rica. Esta semana, mais de 400 comunidades, povos e representantes da sociedade civil entregaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) a "Declaração de Manaus sobre Direitos Humanos na Emergência Climática".Baseada nas apresentações dos mais de 150 participantes que contribuíram durante as audiências públicas no processo de Parecer Consultivo, o documento insta o Tribunal a articular os padrões mínimos para respeitar e proteger os direitos humanos no contexto da crise climática.As audiências, em Barbados (22 a 25 de abril) e no Brasil (24 a 29 de maio), ofereceram um espaço para ouvir testemunhos impressionantes de pessoas e comunidades afetadas pela emergência climática. Em Manaus, no coração da Amazônia, foi destacada a esperança de que o Tribunal adote um parecer consultivo robusto para proteger as pessoas e o planeta.A declaração pede ao Tribunal detalhar as obrigações dos Estados em questões de direitos humanos e a reforçar a responsabilidade das empresas e atores financeiros no contexto da crise climática."O papel desempenhado pelo Parecer Consultivo da Corte Interamericana é estratégico, num momento histórico para a justiça climática em todo o mundo. A decisão do Tribunal poderá reforçar e ampliar o que já foi estabelecido pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar sobre as obrigações de proteger os oceanos das alterações climáticas, e influenciará, sem dúvida, a interpretação posterior que o Tribunal Internacional de Justiça fará dos deveres dos Estados de proteger as comunidades e o planeta face à crise climática”, afirma Marcella Ribeiro, advogada sênior do Programa de Direitos Humanos da Associação Interamericana de Defesa do Ambiente (AIDA).Entre os pedidos, os mais de 400 signatários da Declaração solicitam ao Tribunal:  Reconhecer que, no contexto da emergência climática, a proteção de todos os direitos humanos, incluindo o direito a um ambiente saudável, é uma exigência a todos os Estados e é uma obrigação que deve ser interpretada sob o princípio das Responsabilidades Comuns mas Diferenciadas e em consonância com o limite de temperatura média global estabelecido pelo Acordo de Paris e informado pela melhor ciência disponível.Especificar que os Estados devem avançar para economias livres de combustíveis fósseis sem sacrifícios das comunidades locais e evitando impactos ambientais incompatíveis com os limites planetários.Garantir a informação e a participação do público, bem como o direito à justiça climática, que inclui condições legais e institucionais para que as populações impactadas pela crise possam ir a tribunal, bem como sensibilizar e formar o poder judicial sobre questões climáticas.Proteger e facilitar o trabalho dos defensores ambientais no contexto da emergência climática e da transição energética.Garantir medidas de adaptação aos efeitos das alterações climáticas que garantam o gozo de todos os direitos humanos, especialmente para grupos vulneráveis ​​ou historicamente discriminados.Garantir o direito à autodeterminação dos Povos e Comunidades Indígenas através da obtenção do seu consentimento contra medidas que os afetam diretamente, no contexto da crise climática e da transição energética.Garantir que as vítimas dos danos climáticos tenham uma reparação abrangente e justa e que as decisões sobre questões climáticas tenham recursos financeiros para a sua implementação. "A Declaração aborda a responsabilidade das empresas na crise e pedimos ao Tribunal reforçar a obrigação dos Estados para regulamentar os intervenientes corporativos e garantir que os responsáveis ​​pelas violações dos direitos humanos relacionadas com a crise climática enfrentem as consequências", aponta Luisa Gómez Betancur, Advogada Sênior do Centro de Direito Ambiental Internacional (CIEL).Os signatários da declaração também requerem a Corte  adotar uma abordagem progressista e robusta que responsabilize aqueles que mais contribuíram para a crise, oriente as políticas interamericanas em direção a economias ambientalmente sustentáveis ​​e forneça um quadro para a justiça climática, ambiental e social no mundo, começando pela América Latina."Esperamos que a Corte Interamericana atenda ao nosso apelo e ordene aos Estados que respeitem o nosso direito à autodeterminação e a forma como relacionar-se com nossos territórios, priorizando seu cuidado e conservação", destaca Everildys Córdoba Borja, Representante Legal do Conselho Comunitário das Comunidades Negras da Bacia do Rio Tolo e Litoral Sul (COCOMASUR), Colômbia. "Por essa razão, unimos as nossas vozes na Declaração de Manaus para lembrar ao Tribunal a oportunidade única que tem de marcar um antes e um depois na luta pela justiça climática e pela proteção dos nossos direitos", finaliza.Leia e baixe a declaração Contato com a mídiaFrancisco Pinilla, AIDA, [email protected], +55 61 984015965 

Leer más

Audiencia pública de la Corte IDH en Manaos, Brasil.

Pueblos y sociedad civil entregan a la Corte IDH la “Declaración de Manaos” urgiendo aclarar obligaciones de los Estados ante la emergencia climática

San José, Costa Rica. Hoy, más de 400 comunidades, pueblos y actores de la sociedad civil entregaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la “Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática”. El documento, que recibió un amplio respaldo, insta a la Corte a que articule, en su próxima Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, los estándares mínimos para respetar y proteger los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. Esta declaración se basa en las exposiciones de más de 150 participantes que contribuyeron durante las audiencias públicas del proceso de la opinión consultiva.Las audiencias, realizadas en Bridgetown, Barbados (22 al 25 de abril), Brasilia (24 de mayo) y Manaos (25 al 29 de mayo), en Brasil, ofrecieron un espacio para escuchar impresionantes testimonios de personas y comunidades enteras impactadas por la emergencia climática. En Manaos, en el corazón de la Amazonia, se destacó la esperanza de que la Corte adopte una opinión consultiva robusta para proteger a las personas y al planeta.La Declaración exhorta a que la Corte aclare las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y refuerce la responsabilidad de las empresas y actores financieros por su rol en la crisis climática."En un momento histórico para la justicia climática a nivel mundial, el rol que juega la opinión consultiva de la Corte IDH es estratégico. La decisión de la Corte puede reforzar y expandir lo que ya ha sido establecido por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las obligaciones de proteger el océano del cambio climático, y sin duda influirá en la posterior interpretación que haga la Corte Internacional de Justicia sobre los deberes de los Estados de proteger a las comunidades y al planeta ante la crisis climática", señala Marcella Ribeiro, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Los estándares que fije la Corte IDH sentarán nuevos paradigmas para el acceso a la justicia en el contexto de la triple crisis planetaria, influenciando en casos pendientes y futuros, así como en leyes y políticas dentro y fuera del continente. Finalmente, y no menos importante, esta decisión tiene el gran potencial de ayudar a superar el estancamiento político en las negociaciones internacionales sobre el clima".Entre otras peticiones, las y los más de 400 firmantes de la Declaración solicitan a la Corte: Reconocer que en el contexto de la emergencia climática la protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano, es exigible a todos los Estados, y es una obligación que debe ser interpretada bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en línea con el límite de temperatura global promedio establecido por el Acuerdo de París y sustentado en la mejor ciencia disponible.Precisar que los Estados deben transitar hacia economías libres de fósiles sin sacrificios de comunidades locales y evitar impactos ambientales incompatibles con los límites planetarios.Garantizar la información y participación pública, así como el derecho a la justicia climática, lo que incluye condiciones jurídicas e institucionales para que las poblaciones impactadas por la crisis puedan acudir a los tribunales, así como la sensibilización y capacitación del poder judicial en asuntos climáticos.Proteger y facilitar la labor de las personas defensoras del ambiente en el contexto de la emergencia climática y la transición energética.Garantizar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático que aseguren el disfrute de todos los derechos humanos, especialmente para grupos vulnerables o históricamente discriminados.Asegurar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales a través de la obtención de su consentimiento frente a las medidas que les afecten directamente, en el contexto de la crisis climática y la transición energética.Garantizar que las víctimas y sobrevivientes por daños climáticos tengan una reparación integral y justa y que las sentencias sobre asuntos climáticos dispongan de recursos financieros para su implementación. "La Declaración de Manaos también aborda la responsabilidad de las empresas en la crisis. Urgimos a la Corte a reforzar la obligación de los Estados de regular a los actores corporativos y garantizar que los responsables de las violaciones de derechos humanos relacionadas con la crisis climática asuman las consecuencias", añade Luisa Gómez Betancur, abogada sénior del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés). "El que ‘contamina debe pagar’, dice el principio de derecho internacional, por lo que las empresas de combustibles fósiles y agroindustriales, que son los principales causantes e impulsores del cambio climático, deben pagar los costos de la mitigación y adaptación, así como reparar integralmente a las víctimas por los daños climáticos".Las y los firmantes de la declaración instan a la Corte IDH a que, en su rol de guardiana de los derechos humanos, adopte un enfoque progresista y robusto que responsabilice a aquellos que más han contribuido a la crisis, guíe las políticas interamericanas hacía economías ambientalmente sostenibles y proporcione un marco para la justicia climática, ambiental y social en el mundo, empezando por América Latina."Esperamos que, al escuchar los testimonios de quienes sufrimos las peores consecuencias de la emergencia climática, la Corte IDH atienda nuestro llamado y ordene a los Estados respetar nuestro derecho a la autodeterminación y la forma en que nos relacionamos con nuestros territorios, priorizando su cuidado y conservación. Por ello, unimos nuestras voces en la declaración de Manaos para recordar a la Corte la oportunidad única que tiene de marcar un antes y un después en la lucha por la justicia climática y la protección de nuestros derechos", destaca Everildys Córdoba Borja, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la cuenca del río Tolo y zona costera sur (COCOMASUR), Colombia.Lee y descarga la declaración Contactos de prensaMaria Frausto, CIEL, [email protected] Arista, EarthRights International, [email protected], +51 941 242 447Karina Saravia, CANLA, [email protected], +505 84331292 

Leer más

Sistema Arrecifal Veracruzano
Arrecifes de coral

Siguen sin cumplirse las medidas ordenadas por la Suprema Corte para proteger el arrecife veracruzano

El proyecto de ampliación del puerto de Veracruz amenaza el ecosistema, que alberga la mayor biodiversidad de especies arrecifales del oeste del Golfo de México.   A más de dos años del fallo en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la adopción de varias medidas para proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano y los diversos ecosistemas afectados por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) continúa incumpliendo la sentencia, poniendo en riesgo al arrecife más grande del Golfo de México y sus servicios ambientales. Así lo denunciaron las organizaciones ambientales Territorios Diversos para la Vida, A.C. (TerraVida), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice. El Sistema Arrecifal Veracruzano —Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar desde 2004— alberga la mayor biodiversidad de especies arrecifales del oeste del Golfo de México y es el hogar de varias especies en peligro crítico como la tortuga carey. Los arrecifes son de alta importancia para la comunidad veracruzana porque protegen a la costa de huracanes y sostienen la pescaría y turismo local. El 9 de febrero de 2022, residentes de Veracruz lograron una victoria ante la Suprema Corte en una acción de amparo interpuesta para defender al arrecife veracruzano y otros ecosistemas relevantes de los impactos de la ampliación portuaria. El máximo tribunal determinó que la Semarnat violó el derecho al medio ambiente sano de las y los veracruzanos al encontrar varias deficiencias graves en la aprobación del proyecto. Como consecuencia, la Corte ordenó revocar los permisos para el proyecto, así como reevaluarlo de manera integral, holística y completa, tareas que la Semarnat aún no ha cumplido. "Hoy, el derecho al medio ambiente sano de las personas que viven en la conurbación de Veracruz-Boca del Río-Medellín sigue violentado porque la Semarnat, al volver a evaluar el proyecto portuario en materia de impacto ambiental en 2022, usó información científica desactualizada, pues no se hizo una nueva manifestación de impacto, y toleró la fragmentación del proyecto, al permitir que la canteras de roca para las escolleras quedarán fuera", señaló Francisco Xavier Martínez Esponda, co-coordinador de TerraVida, organización que representa a quienes interpusieron la demanda. "En pocas palabras, no se evaluó el proyecto de manera completa y holística, como ordenó la Corte, y por lo mismo seguimos desconociendo el verdadero riesgo ambiental que supone el proyecto". La autoridad ambiental había autorizado el proyecto de forma fragmentada, dividiéndolo en 15 fragmentos y diluyendo su verdadero impacto. Lejos de cumplir lo establecido en el fallo, el 30 de diciembre de 2022, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat autorizó de nuevo la ampliación del puerto de Veracruz, de forma condicionada, pero una vez más de manera fragmentada, sin integrar adecuadamente información basada en la mejor ciencia disponible y sin permitir la participación de las personas. En su decisión, el máximo tribunal dispuso además que la Semarnat estaba obligada, entre otras cosas, a requerir y gestionar asistencia técnica internacional para preservar el sitio en el marco de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección y uso sostenible de humedales y áreas costeras. A la fecha, la Semarnat no ha concretado este apoyo internacional. "A falta de gestiones idóneas y significativas del gobierno, existe un evidente retraso para concretar el asesoramiento de peritos de la Convención Ramsar”, dijo Jorge Lu Palencia, abogado de AIDA. “Resulta paradójico que la ampliación del puerto se haya autorizado estando aún a la espera de una evaluación técnica e independiente que, por su naturaleza, debería ser previa a cualquier decisión que ponga en riesgo al ecosistema". Por otro lado, un análisis científico elaborado por investigadores independientes concluyó que las medidas de mitigación de daño ambiental propuestas por el promovente del proyecto —la Administración del Sistema Portuario de Veracruz— no podrán evitar las consecuencias adversas sobre el arrecife veracruzano porque no hubo una evaluación científicamente válida para cuantificar los impactos. El análisis científico da cuenta que la autoridad ambiental no ha estudiado la totalidad de los arrecifes sumergidos ni emergidos que están dentro del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Asimismo, realizó actividades de dragado y no consideró el impacto directo que ocasionó en las especies de invertebrados que habitan los sedimentos marinos. Ante la situación, es necesaria una evaluación externa, como la que pueden brindar centros públicos de investigación. Por estas razones, las organizaciones, en distintos momentos, han solicitado al Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz —a cargo de determinar el cumplimiento de la sentencia— que no permita la repetición de las violaciones que la Suprema Corte ordenó reparar y que por lo mismo no tenga por cumplido el fallo hasta que se corrijan estas situaciones. Contactos de prensa Gabriela Sánchez, TerraVida, [email protected], +52 5511429935 Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

Leer más

Contaminación en un río de Santa Cruz Chinautla, Guatemala

CIDH visita Santa Cruz Chinautla, Guatemala, y alerta sobre la situación ambiental y social de la cuenca del río Motagua

En el marco de la vista in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) visitó el pasado 24 de julio el territorio del pueblo maya Poqomam —en el municipio de Santa Cruz Chinautla, al norte de la capital del país— que sufre graves impactos por la contaminación proveniente de grandes cantidades de desechos sólidos y de las aguas residuales domiciliares e industriales, que se generan en el área metropolitana y que llegan a los ríos Chinautla, Tzaljá, Las Vacas y luego al río Motagua. La contaminación afecta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de los más de 18 mil habitantes de Santa Cruz Chinautla. El problema se ve agravado por vertederos ilegales de basura domiciliar y de desechos de construcción (ripio) que ingresan al municipio diariamente en decenas de camiones. Y se intensifica a causa de la extracción de minerales de los ríos por parte de empresas areneras y de la explotación de los cerros para productos de construcción. En la visita, el relator Javier Palummo escuchó a líderes y lideresas de la autoridad ancestral, la alcaldía indígena y las comunidades de Chinautla y Quetzalito, así como a representantes de organizaciones no gubernamentales, exponer acerca de los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura en el territorio. Estas personas también informaron del abandono histórico del Estado de Guatemala, que refleja la discriminación sistemática al pueblo Poqomam, así como la tolerancia y protección para empresas que explotan y degradan el territorio.   La información brindada visibilizó además la situación de las comunidades ribereñas que habitan en la cuenca del río Motagua, en especial, aquellas que viven en la desembocadura del caudal hacía la costa atlántica, donde se encuentra el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). En una conferencia de prensa, al cierre de la visita, el relator expresó su preocupación por la situación de derechos humanos de la población guatemalteca y de quienes han sido víctimas de una discriminación estructural por el manejo de los recursos hídricos, la protección de la biodiversidad y el cambio climático. También mencionó los desafíos derivados de la debilidad del marco legal hídrico y en particular de la ausencia de una ley de aguas. Las autoridades ancestrales agradecen a la CIDH y a la REDESCA la visita a su territorio. Ratifican las peticiones realizadas junto con miembros de la sociedad civil para que la CIDH haga recomendaciones dirigidas a que el Estado de Guatemala atienda la situación crítica que vive el pueblo maya Poqomam y detenga la violación de sus derechos a través de acciones en el corto y largo plazo. Dentro de estas acciones, se destaca la necesidad urgente de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, así como de prevenir y cortar los daños ambientales desde la fuente, a través de la regulación, monitoreo, supervisión y fiscalización de las actividades que afectan los derechos de quienes habitan la cuenca del río Motagua. Particularmente, se espera que: Se detenga el avance de las actividades extractivas, estableciendo un alto a la emisión de licencias mineras; Se cierren los vertederos clandestinos, brindando vigilancia para evitar su reapertura. Se fortalezca la normativa relacionada con la disposición de aguas residuales para que se implementen de manera oportuna los sistemas de tratamiento completos por parte de las municipalidades; y Se inicien las acciones que permitan la restauración socioambiental de los ecosistemas afectados en toda la cuenca del Motagua, incluyendo medidas legislativas y administrativas que fortalezcan el ordenamiento jurídico que garantice la protección de las aguas y los territorios.   Firman: Autoridades ancestrales del pueblo Poqomam de Santa Cruz Chinautla

Leer más

Cambio Climático

México: Piden organizaciones que la regulación sobre almacenamiento de energía garantice la expansión de las energías renovables

El almacenamiento de energía eléctrica en baterías es una de las integraciones técnicas que pueden impulsar la transición energética justa, maximizar el desarrollo de energías renovables y mitigar la crisis climática, así como dar flexibilidad, resiliencia y seguridad a los sistemas eléctricos. La regulación debe promover la integración de nuevas personas usuarias en el esquema de generación distribuida.   En el contexto actual de la crisis climática y la necesaria transición energética justa hacia fuentes de energía limpia, organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) comentarios respecto del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Integración de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional, publicado el 6 de mayo de 2024 en el portal web de la Conamer. Los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica son relevantes para la mitigación de la crisis climática, la resiliencia y la seguridad del sistema eléctrico, así como para la promoción de esquemas descentralizados como la generación distribuida porque apoyan la integración de energías renovables y sirven como respaldo crítico durante cortes de red o emergencias. En ese sentido, los comentarios presentados plantean que es esencial que el marco regulatorio establezca bases regulatorias flexibles y adecuadas que incentiven la participación de los SAE y se adapten a los avances tecnológicos. Por lo tanto, las organizaciones recomiendan: Omitir el término "intermitente" al referirse a la energía renovable, pues no existe en la regulación una definición de lo que debe entenderse por una central eléctrica intermitente. Además, es importante recordar que el objetivo de las disposiciones debe ser promover la expansión de las energías renovables y la sustitución de combustibles fósiles, por lo que usar el término "intermitente" puede ser peyorativo. Que los sistemas de almacenamiento puedan integrarse al sistema como activos de transmisión para no contradecir las Bases de Mercado, mismas que ya los contemplan. Considerando la rápida evolución tecnológica, abrir el listado de modalidades de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica (SAE), habilitando la incorporación de modalidades emergentes previa aprobación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Establecer la posibilidad de que los desarrolladores de SAE, aun cuando se trate de sistemas de almacenamiento, tengan la facultad de decidir si desean participar o no en el mercado eléctrico y en función de esta decisión determinar la necesidad de implementar los sistemas de medición y comunicación requeridos. Tratar como una modificación técnica la instalación de un SAE cuando este tenga una capacidad pequeña respecto de la capacidad de la central, de forma que sea tratado únicamente como una mera actualización y no se requiera tramitar una modificación a un permiso existente.  Omitir la limitación de la participación de los SAE en la prestación de Servicios Conexos y, en su lugar, replicar y desarrollar la disposición de las Bases de Mercado que sí lo permite. Restringir el requerimiento de descarga de los SAE, de las Centrales Eléctricas Renovables, a los supuestos establecidos en el Código de Red. Eliminar la prohibición de que los SAE instalados en los centros de carga de los usuarios no inyecten energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión (RNT) o a las Redes Generales de Distribución (RGD), ya que no existe ninguna restricción técnica que lo impida. Aclarar si un SAE No Asociado con una capacidad menor a 0.5 MW sería considerado como Generador Exento sin necesidad de tener un permiso, conforme a la Ley de la Industria Eléctrica. De lo contrario, esto podría constituir un trato discriminatorio si se busca equiparar regulatoriamente el almacenamiento con el régimen de generación eléctrica. Reconsiderar la limitación de que los SAE No Asociados proporcionen Servicios Conexos pues actualmente las Bases del Mercado ya lo permiten. Aplicar de manera uniforme la tarifa regulada para los servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista independientemente de si el servicio es proporcionado por un SAE o por centrales eléctricas.   Para que esta regulación sea exitosa, es necesario eliminar barreras innecesarias para el desarrollo de estos sistemas de almacenamiento. Esto incluye reconocer las capacidades y potencial de los SAE en diferentes modalidades, permitir la oferta de servicios conexos desde el primer momento y asegurar que los requisitos técnicos y financieros no sean prohibitivos para los desarrolladores de pequeños sistemas. Además, es esencial que las disposiciones regulatorias no sean regresivas y que se promueva un marco que permita a los SAE competir en igualdad de condiciones con otras tecnologías y fuentes de generación. La integración de los SAE como activos de transmisión y distribución, así como su capacidad para inyectar energía en la red, son aspectos que deben ser considerados para garantizar una transición energética limpia, eficiente, sostenible, justa y descentralizada.   Firman: Alianza Juvenil por la Sostenibilidad (AJUVES) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Earthjustice Nuestro Derecho al Futuro, A.C. (Nuestro Futuro, A.C.) Ombudsman Energía México (OEM)  

Leer más

Vista panorámica de La Oroya, Perú, en 2024.

Alertan aumento de la contaminación en La Oroya y avance lento del Estado para cumplir fallo de la Corte Interamericana

El avance del Estado en la implementación de la sentencia del tribunal internacional ha sido lento e insuficiente. Mientras, se registró recientemente una elevada presencia de dióxido de azufre en la ciudad andina debido a la reactivación parcial del complejo metalúrgico y a la falta de medidas de prevención, alerta, supervisión y fiscalización por parte del Estado. A dos meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera a conocer la sentencia en el caso "Comunidad de La Oroya vs. Perú", la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) —organizaciones que representan legalmente a las víctimas— alertaron en conferencia de prensa que el Estado peruano avanza de forma lenta e insuficiente en el cumplimiento efectivo del fallo. La sentencia, hecha pública el 22 de marzo pasado y considerada un hito jurídico internacional, establece la responsabilidad del Estado peruano en la violación de derechos de residentes de La Oroya, afectados por décadas de contaminación tóxica.El tribunal internacional ordenó adoptar medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas. Aumento de la contaminación en La OroyaLas organizaciones denunciaron además que el lento accionar estatal ocurre en medio de un incremento en la presencia de contaminación tóxica en la zona debido a la reactivación parcial del Complejo Metalúrgico de La Oroya y a la falta de medidas de prevención, alerta, supervisión y fiscalización por parte del Estado.De acuerdo con información del sistema de vigilancia ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se registró recientemente una elevada presencia de dióxido de azufre en La Oroya, lo que hace imperativo que el Estado adopte medidas urgentes en base a su responsabilidad internacional.Una de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana consiste en garantizar que las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya cumplan con estándares ambientales internacionales, previniendo y mitigando daños al ambiente y a la salud humana. Desafíos en la implementación de la sentenciaDurante la conferencia de prensa, Rosa Peña, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, señaló: "La sentencia es una gran oportunidad para que el Estado de Perú prevenga y gestione de mejor manera los impactos ambientales derivados de las actividades minero metalúrgicas, así como para que mejore la atención en salud de las personas expuestas a la contaminación. La Corte IDH ya identificó los aspectos clave, ahora es tarea del Estado en su conjunto generar una buena implementación que sirva de ejemplo para otros casos a nivel nacional e internacional".De su lado, Christian Huaylinos, coordinador del área legal de APRODEH, destacó la necesidad de un trabajo multisectorial articulado: "Se necesita un esfuerzo coordinado de los tres niveles del Estado —local, regional y nacional— para avanzar en el cumplimiento efectivo de la sentencia. Además, deben establecerse mecanismos claros para garantizar la participación efectiva de las víctimas en la implementación de las órdenes dadas por la Corte". Exigencias de la comunidadYolanda Zurita, peticionaria del caso, enfatizó la frustración de la comunidad ante la falta de acciones prontas y efectivas: "Nosotros como población necesitamos sentir y evidenciar que se está cumpliendo. No es posible que después de 20 años de proceso, y de que se hizo pública la sentencia de la Corte IDH, haya funcionarios que digan desconocer la sentencia".La sentencia de la Corte Interamericana no solo se centra en la reparación a las víctimas directas, sino que también incluye medidas de restitución y garantías de no repetición en favor de toda la población de La Oroya y del país. Define parámetros para la correcta actividad empresarial minera y metalúrgica en Perú, en defensa del medio ambiente y la salud.El fallo constituye un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados.AIDA y APRODEH hacen un llamado urgente al Estado peruano para que cumpla con las medidas ordenadas por la Corte IDH y tome acciones inmediatas para proteger el ambiente y la salud de la comunidad de La Oroya.Contacto de prensaVíctor Quintanilla-Sangüeza (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107 

Leer más