Derechos Humanos

Aguas turbias del río Motagua en Guatemala

Abril 14 2025 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Río Motagua: Una historia de contaminación y un grito por justicia

El río Motagua, el más extenso de Guatemala, está gravemente contaminado con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.Su caudal desemboca en el mar Caribe, por lo que la contaminación alcanza esas aguas, así como el Sistema Arrecifal Mesoamericano —el arrecife transfronterizo más grande el mundo— y las costas hondureñas, causando daños sociales y ambientales incuantificables.Las actividades contaminantes ocurren en toda la cuenca del río, incluyendo subcuencas y microcuencas.En términos generales, la contaminación ha deteriorado la salud, además de vulnerado el derecho al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.La contaminación del Motagua es un problema que lleva décadas y que requiere medidas urgentes de largo plazo que contribuyan al saneamiento y manejo integral de la cuenca del río. ¿Dónde está el río Motagua?El río Motagua es uno de los principales de Guatemala. Con una longitud de 486 km, atraviesa 96 municipios y 14 departamentos del país. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.Es en su desembocadura donde su caudal confluye con el Arrecife Mesoamericano, que se extiende por aproximadamente 1 000 km y abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México. Así, la contaminación que arrastra el río deteriora la salud del sistema arrecifal, donde está el segundo arrecife de barrera más largo a nivel mundial.El Arrecife Mesoamericano protege miles de kilómetros de costas contra corrientes, olas y tormentas. Además de ser lugar de crianza y alimentación para una gran diversidad de especies, es un sumidero de dióxido de carbono y un desintoxicante del agua y el aire. De su conservación depende la salud ecológica y económica de toda la zona del Atlántico Sur.Además, la contaminación del río Motagua llega a las costas de Honduras y se esparce a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala y Belice. Se trata, sin duda, de una problemática transfronteriza. ¿De dónde viene la contaminación del río Motagua?El mayor volumen de contaminación del río Motagua proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, principalmente mediante las aguas del río Las Vacas, que recibe una gran cantidad de desechos sólidos del río Chinautla, además de aguas negras que son descargadas en su afluente diariamente.Los desechos sólidos del río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, provienen a su vez de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina. Cualquier pequeño derrumbe en ese vertedero genera desechos que automáticamente son vertidos al río en cualquier época del año.La contaminación que el río Chinautla transporta consiste también en una gran cantidad de aguas negras, generadas por al menos 500 mil personas que viven en la parte norte de la ciudad de Guatemala y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.En el municipio de Chinautla hay numerosos vertederos ilegales. Además, muchos vehículos particulares y camiones recolectores descargan desechos a orillas de los ríos Chinautla y Las Vacas.Según datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se estima que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.La mayoría de los desperdicios son vertidos en quebradas y/o superficies susceptibles al arrastre, terminando en su mayoría de una u otra forma en fuentes de agua, como la cuenca del Motagua.En otras palabras, la fuente principal de la contaminación del río Motagua es el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en el país; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. ¿A quiénes afecta la contaminación del río Motagua?La contaminación del río Motagua afecta a toda la población de Guatemala. En la cuenca baja, afecta directamente a las personas dedicadas a la pesca, quienes han visto reducidas sus capturas.Y, al perjudicar el turismo en el Caribe, afecta también a las comunidades que tienen en ese rubro su modo de vida.Al ser un problema que abarca toda la cuenca, la contaminación del Motagua afecta a quienes viven en las principales subcuencas y microcuencas del río, incluidas las comunidades indígenas del pueblo maya poqomam de las ciudades de Chuarrancho y Chinautla.En Chinautla, la contaminación afecta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de más de 18 mil personas.La restauración del río Motagua es determinante para mejorar la calidad de vida de al menos el 30% de la población guatemalteca, así como de las personas afectadas en los países vecinos. Acciones para rescatar al río Motagua de la contaminaciónFrente a la grave degradación de la cuenca hidrográfica más grande de Guatemala, los daños a ecosistemas clave como el Arrecife Mesoamericano y las violaciones de derechos humanos que la contaminación genera, se requieren medidas urgentes, entre ellas: Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y municipal, así como prevenir y frenar los daños ambientales desde las fuentes mediante regulación, monitoreo, supervisión y fiscalización de las actividades que afectan los derechos de quienes habitan la cuenca del río Motagua.Fortalecer la normativa relacionada con la disposición de aguas residuales y manejo de desechos sólidos para que se implementen de manera oportuna mediante sistemas de tratamiento completos en los municipios de la cuenca.Iniciar acciones que permitan la restauración socioambiental de los ecosistemas afectados en toda la cuenca, incluyendo medidas políticas, legislativas y administrativas que fortalezcan el ordenamiento jurídico y destinen los suficientes recursos financieros para garantizar la protección de las aguas y de los territorios.

Marzo 27 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumen de la 41ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Febrero de 2025Traducción al español del resumen elaborado por el Climate Finance AdvisoryService (CFAS), liderado por GermanwatchLa reunión n.º 41 (B.41) de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) se realizó del 17 al 20 de febrero de 2025 en Songdo, Corea del Sur. Este resumen contiene las principales decisiones y debates de la reunión. Consulta y descarga el resumenResumen en portugués

Marzo 24 2025 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Familias de La Oroya exigen al Estado peruano cumplir con las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte Interamericana

A un año de la sentencia, el Estado aún no la implementa y la población carece de atención en salud integral y está nuevamente expuesta a contaminación tóxica por la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que opera sin una gestión ambiental adecuada.A un año del fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano adoptar medidas de reparación integral en favor de residentes de La Oroya, tras responsabilizarlo de violar sus derechos, las víctimas continúan esperando la implementación de la sentencia y con ello el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.“Ha pasado ya un año desde la notificación de la sentencia, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar?”, cuestionó Yolanda Zurita, residente de La Oroya y peticionaria del caso. “¡Basta ya! Exigimos al Estado peruano dar cumplimiento inmediato a la sentencia de la Corte Interamericana, que beneficiará no solo a las víctimas del caso, sino también a la población de La Oroya y del país expuesta a sustancias tóxicas derivadas del desarrollo indiscriminado de actividades extractivas e industriales en nuestros territorios”.El 22 de marzo de 2024 —en una decisión histórica para la protección del ambiente sano en América Latina—, la Corte IDH dio respuesta a la larga e incansable búsqueda de justicia de familias de La Oroya, afectadas durante décadas por los niveles extremos de contaminación provenientes del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y por la falta de medidas adecuadas de protección por parte del Estado, que hoy ignora el fallo y subestima su importancia.Aunque la Corte IDH ordenó al Estado garantizar que las operaciones del CMLO cumplan con estándares ambientales internacionales, previniendo y mitigando daños al ambiente y a la salud humana, actualmente ocurre todo lo contrario: el CMLO reactivó sus operaciones sin haber modernizado sus instalaciones con la finalidad de prevenir y atender los riesgos que genera a la población en términos ambientales y de salud.Es urgente que el CMLO deje de contaminar y que el Estado peruano adopte las acciones requeridas por la Corte IDH para que se modernice acorde con los estándares ambientales internacionales de protección ambiental, cumpliendo con lo establecido en el fallo.“Con la reactivación del complejo metalúrgico, la población de La Oroya está nuevamente expuesta a niveles de contaminación ambiental que ponen en riesgo su vida; la sentencia de la Corte Interamericana es clara y el Estado está obligado a cumplirla”, afirmó Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El retraso en el cumplimiento del fallo genera una revictimización para familias que llevan más de 20 años exigiendo justicia”.La Corte IDH ordenó además al Estado brindar atención médica gratuita a las víctimas y garantizar atención especializada a residentes con síntomas y enfermedades relacionadas con la contaminación proveniente de la actividad minero-metalúrgica. Sin embargo, hoy la atención en salud integral no está siendo garantizada en La Oroya. Es necesario que el Estado —a través de y en coordinación con el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Junín, la Dirección General de Salud Ambiental y las entidades prestadoras de servicios de salud— creen e implementen el protocolo de atención integral para las víctimas en La Oroya, tal como lo estableció la Corte IDH.La sentencia estableció un precedente histórico para la fiscalización de la contaminación industrial por parte de los Estados. Para que el Estado peruano avance realmente en su implementación, es imperativo que la Procuraduría General expida la resolución de cumplimiento.“A pesar de los plazos establecidos por la Corte Interamericana al Estado peruano, prácticamente no se tiene ningún avance en la implementación de la sentencia” señaló Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). “Se debe considerar, sobre todo, la naturaleza misma del caso, lo cual implica que La Oroya fue catalogada como una zona de sacrificio por los altos niveles de contaminación; ante ello, la necesidad de reparar integralmente a las víctimas es urgente. Antecedentes del casoLa Oroya está ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. En 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Corporation instaló allí el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) para procesar concentrados de minerales. El complejo fue nacionalizado en 1974 y, bajo la denominación de Centromin Perú, operado por el Estado hasta 1997, cuando pasó a manos de la empresa Doe Run Perú, responsable de sus operaciones hasta 2009. En suma, el CMLO tiene más de 100 años de antigüedad.En La Oroya, la mayoría de las personas afectadas por la contaminación del CMLO, incluyendo niños y niñas, ha presentado niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En algunos casos, han registrado niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional y en representación de las víctimas, una coalición internacional de organizaciones presentó la denuncia contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006. En octubre de 2021, la Comisión estableció la responsabilidad del gobierno peruano y remitió el caso a la Corte Interamericana. En octubre de 2022, más de 16 años después de iniciada la demanda internacional, las víctimas presentaron el caso ante la Corte IDH, representadas por AIDA y APRODEH, con el apoyo de Earthjustice. Contactos de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107María Nieve Sullón (Perú), APRODEH, [email protected], +51 984926868

Marzo 21 2025 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

¿Por qué la minería de litio en salares andinos es llamada también minería de agua?

Por Víctor Quintanilla, David Cañas y Javier Oviedo* Según datos oficiales, en todo el mundo, cerca de 2 200 millones de personas no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura.Pese a este panorama, las amenazas de sobreexplotación y contaminación para este bien común van en aumento. Una de ellas es la extracción acelerada de litio en países de América Latina, impulsada por actores empresariales y estatales para cubrir las necesidades de transición energética del norte global.Y es que la extracción de litio implica un enorme consumo y pérdida de agua, siendo en esencia una minería del agua.En el continente, el avance de la industria del litio amenaza particularmente a los salares y otros humedales andinos de la región del Gran Atacama —ubicada en la región ecológica de la Puna, en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— donde está más del 53% de los recursos (material potencialmente explotable) del mineral.La explotación de litio está agudizando el déficit hídrico natural de la zona, poniendo en riesgo no solo a los salares, sino también a múltiples formas de vida que allí habitan. ¿De dónde viene el agua utilizada en la minería de litio?Antes que nada, es necesario señalar que lo salares son ecosistemas hídricos ubicados en el fondo de cuencas endorreicas o cerradas, donde los ríos no desembocan en el mar sino al interior del territorio, por lo que el agua conforma lagos o lagunas acompañadas a menudo por planicies de sal debido a la evaporación.En los salares suelen coexistir, en un delicado equilibrio, cuerpos de agua dulce y cuerpos de agua salada, lo cual permite el sustento de la vida en ellos.Las regiones donde existen salares, como el Gran Atacama, son áridas o semiáridas, presentando una alta evaporación y precipitaciones escasas. Allí encontramos acuíferos de agua dulce a los pies de las montañas y acuíferos de salmuera al centro de los salares, ambos conectados y en equilibrio.La salmuera es básicamente agua con alto contenido de sales, aunque la industria minera del litio la considere un mineral para justificar su explotación y minimizar la huella hídrica de sus actividades.Las aguas de las cuencas de los salares, además de ser esenciales para la vida, son un recurso patrimonial porque son muy antiguas —pueden alcanzar las decenas de miles de años de antigüedad— y han sido el sustento de poblaciones originarias que han habitado la Puna desde hace miles de años.Cuando la industria minera se instala en un salar, amenaza el equilibrio natural, afectando de forma directa las relaciones entre el agua y el entorno social, así como las relaciones entre el agua y otras formas de vida.Para explotar litio de un salar, el procedimiento tradicional consiste en perforar el salar, verter la salmuera en grandes piscinas, esperar a que el agua se evapore para que la concentración de litio aumente, enviar el concentrado de litio a una planta industrial y someterla a un tratamiento químico para separar el litio de otras sales y finalmente obtener carbonato o hidróxido de litio: materia prima empleada principalmente para fabricar baterías.La extracción continua y en grandes cantidades de salmuera de los acuíferos salinos altera el equilibrio natural del agua subterránea. Como resultado, las zonas que antes estaban llenas de salmuera se vacían, lo que provoca que el agua dulce de los acuíferos cercanos se desplace para ocupar esos espacios, salinizándose en el proceso.Los procesos finales para obtener carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto también requieren agua, obtenida de fuentes superficiales o subterráneas, de las cuales también se abastecen las comunidades locales.Por tanto, el agua utilizada en la minería de litio proviene de:Acuíferos subterráneos de agua dulce y de salmuera.Fuentes superficiales, como ríos y vegas (terrenos donde se acumula agua). Esto hace que el riesgo inherente a la minería de litio sea la sobreexplotación de estas fuentes de agua. ¿Cuánta agua consume la minería de litio?La extracción de litio por el método descrito implica un enorme consumo y pérdida de agua, la cual no regresa al ambiente porque se consume totalmente, porque sus características cambian o porque simplemente se pierde por evaporación.Según datos científicos, las siguientes son cifras promedio del hiperconsumo de agua en la minería de litio:150 m3 de agua dulce utilizada para producir una tonelada de litio.350 m3 de salmuera por tonelada de litio.Entre 100 y 1000 m3 de agua que se evapora por cada tonelada de litio producido. Para ilustrar la pérdida del recurso hídrico en la minería de litio, es posible mencionar que el agua que se pierde por evaporación equivale al consumo total de agua de la población de Antofagasta (166 000 personas) durante dos años. Esa ciudad chilena está ubicada a 200 km del Salar de Atacama, donde está más del 90% de las reservas de litio del país.Además de la sobreexplotación de agua, la minería de litio también puede contaminar el recurso al generar aguas residuales con presencia de sustancias tóxicas. Nuestra relación vital con el aguaA diferencia de la industria minera, que ve en el agua un recurso más para explotar, las comunidades indígenas que habitan en la zona tienen un vínculo ancestral con el recurso, del cual dependen sus actividades económicas y productivas, así como sus costumbres, tradiciones y cosmovisión.Estas comunidades deben enfrentar ahora las presiones sobre el agua del avance de la minería de litio, movida por intereses ajenos.Pero lo hacen con valentía, desarrollando procesos de defensa del agua y del territorio.Aprendamos de ellas a defender un bien común sin el cual ninguna forma de vida es posible.Conoce más de los impactos de la minería de litio en los salares andinos en este StoryMapVe la grabación del webinar “Evidencias del hiperconsumo de agua en la extracción y producción de litio” *Víctor Quintanilla es el coordinador de contenido de AIDA; David Cañas y Javier Oviedo son asesores científicos.

Marzo 19 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Incendios Forestales en América Latina

Los incendios forestales son consecuencia de la crisis climática y, al mismo tiempo, la exacerban. Amplifican riesgos de sequías y otros eventos extremos, así como de cambios en la precipitación. En América Latina, están aumentando en intensidad y frecuencia, causando impactos ambientales graves, afectando la salud y otros derechos humanos fundamentales. En 2022, Naciones Unidas advirtió que, a nivel mundial, se esperaba un aumento del 14% en la superficie de bosques incendiados para 2023 y del 30% para 2050. En América Latina, del total de cobertura arbórea perdida (4579,5 Kha) en 2023, el 21% fue a causa de incendios (967 Kha). En países como Bolivia, esta cifra representó hasta el 45%. Descarga la hoja informativa

Restos de carbón a varios kilómetros del lugar de extracción en La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, Colombia

Febrero 10 2025 Derechos Humanos, Minería

Colombia: Comunidades y trabajadores/as logran primer fallo judicial sobre cierre de minas de carbón que protege sus derechos

Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebramos el fallo de la Corte Constitucional de Colombia, el cual reconoce los derechos al debido proceso y a la participación de comunidades y trabajadores/as en el cierre de proyectos de minería de carbón en el departamento del Cesar. Este sentencia llega tras años e insistencia de estos grupos, quienes interpusieron una acción de tutela. En este caso, AIDA contribuyó con un escrito legal en el incluye el análisis que ha realizado sobre la temática del cierre y la salida responsable en América Latina, desde la mirada del derecho al ambiente sano y otros derechos humanos.A continuación, compartimos el comunicado de las comunidades y trabajadores/as con motivo del fallo.La Corte Constitucional de Colombia dictó la primera sentencia sobre cierres de minas en el país (T-029 de 2025). En ella garantizó el debido proceso y, en consecuencia, la participación efectiva de las comunidades y sindicatos que representan a más de 20 mil personas de los más de cuatro municipios afectados ante los impactos ambientales, sociales y económicos que ha dejado el primer e irregular abandono y cierre de minas de carbón a gran escala en Colombia.Nosotros, un grupo de comunidades afectadas y trabajadores despedidos del Cesar y Magdalena, hemos liderado una acción judicial durante más de cuatro años para que se garantice un diálogo público por medio de una gran mesa de concertación donde las comunidades, los trabajadores despedidos, las autoridades locales y la ciudadanía en general afectada de los municipios mineros de la Jagua, el Paso, Becerril y Ciénaga puedan conocer y participar en la definición de las medidas de compensación y restauración que en materia ambiental, social y económica la multinacional Glencore – Prodeco debe llevar a cabo en estos municipios dentro de su plan de abandono y cierre minero, el cual está en proceso de aprobación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA).En esta sentencia, la corte determinó que el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar vulneró el derecho fundamental al debido proceso al considerar que la empresa multinacional había cumplido con este proceso de participación con una ÚNICA reunión de socialización llevada a cabo en noviembre de 2022 en estos municipios, la cual es claramente insuficiente y no cumple con lo acordado en el acta de reunión, donde el compromiso de las partes era convocar la GRAN MESA DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN en presencia de la población afectada de estos cuatro municipios.Ordenó que se inicie de nuevo la apertura del incidente de desacato en contra del representante legal del Grupo Empresarial PRODECO S.A y se revise el cumplimiento del fallo y del acuerdo contenido en estas actas.Nosotros, como comunidades y sindicatos del corredor minero respaldados por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, y representados judicialmente por la abogada Rocío Torres Bobadilla, consideramos que esta mesa pública puede ser la última oportunidad garante y vinculante para que hagamos un balance de lo ocurrido en nuestros territorios luego de 25 años de explotación y logremos medidas para que la empresa Glencore compense y restaure todos los impactos ocasionados.Por tanto:Invitamos a la empresa Glencore -Prodeco a un diálogo constructivo, a evitar maniobras evasivas y a respetar la importancia de este fallo judicial.Solicitamos al Estado Colombiano en cabeza del ANLA, la DEFENSORÍA y la PROCURADURÍA que nos acompañen en este proceso, respalden esta decisión judicial y fortalezcan nuestras medidas de protección para garantizar nuestra seguridad como líderes y lideresas en este proceso para el cumplimiento de este fallo.Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales que nos continúen respaldando para garantizar una participación real y efectiva y que se cumpla con esta GRAN MESA DE CONCERTACIÓN.Finalmente, pedimos a toda la población del país y especialmente de los municipios de la Jagua, Becerril, el Paso y Ciénaga que nos acompañen, nos respalden y nos unamos en un gran proceso para DEFENDER ESTA DECISIÓN JUDICIAL que es HISTÓRICA para nuestro territorio con el fin de poder restaurar y compensar los graves impactos ambientales y sociales ocasionados ante el irregular cierre minero y encontrar medidas para enfrentar la gran pobreza y desempleo que estamos viviendo. Acompáñanos a ser escuchados, a sanar nuestros territorios y a recuperar nuestra economía. Firman:Junta de acción comunal de BoquerónConsejo Comunitario Afrodescendiente Coafrovis de la Victoria de San IsidroRed de Mujeres del Municipio del Paso Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución y el Buen Vivir Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) el Paso Sindicato Nacional de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón) Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Minero-Energética (Sintraminergetica) Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros Asociación del Reguardo Sokorhpa del Pueblo Indígena Yukpa Consejo Comunitario Caño Candela de Becerril Junta de Acción Comunal del Barrio Don Jaca en Santa Marta Corregimiento de Cordobita en Ciénaga (Madgalena) Vereda el Hatillo Representante Junta de Acción Comunal Sororia de la Jagua de Ibirico Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna Rocío Torres Bobadilla- defensora de derechos ambientales Organizaciones nacionales e internacionales y defensores/as que NOS APOYAN:Universidad del Magdalena Universidad del Magdalena Clínica Jurídica AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente)London Mining Network PAX Holanda PAX Colombia CNV Internacional Solifonds Multiwatch ASK Grupo de Trabajo Suiza- Colombia Urgewald Polen –Transiciones JustasAna Catalina Herrara - defensora de derechos laborales Ángela Velandia Cruz - defensora de derechos humanos Para comunicaciones llamar a: 3228519975

Enero 31 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fuentes de Agua Dulce

La vida en los humedales andinos, en riesgo por el extractivismo

El avance de la explotación industrial de litio y otros minerales para la transición energética del norte global amenaza los salares y otros humedales andinos en Argentina, Bolivia y Chile. Estos frágiles ecosistemas son fuente abundante de vida y fundamentales para la subsistencia humana, el equilibrio ambiental y para la mitigación y adaptación a la crisis climática. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile están en riesgo grave debido al avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética en los países del norte global. Desde la Alianza por los Humedales Andinos alertamos de esta amenaza para estos ecosistemas donde la vida abunda y que son clave para la subsistencia humana y de la diversidad biológica en general y la lucha contra la crisis climática.Este año, la Convención sobre los Humedales propone como tema para el Día Mundial de los Humedales: “Proteger los humedales para nuestro futuro común”. Este lema resalta la importancia de una acción colectiva para proteger a estos ecosistemas, de los cuales depende el futuro de la humanidad.Según datos de Naciones Unidas, aunque sólo cubren un 6% de la superficie terrestre, los humedales son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. Y, en el mundo, más de 1.000 millones de personas (una octava parte de la población terrestre) viven en zonas rurales y urbanas que dependen de estos ecosistemas como medio de subsistencia. Sin embargo, con una pérdida del 35% a nivel mundial en los últimos 50 años (desde 1970), los humedales son el ecosistema más amenazado, desapareciendo tres veces más rápido que los bosques.En América Latina, los humedales andinos de la región del Gran Atacama —ubicada en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— albergan especies únicas de flora y fauna, especialmente adaptadas a condiciones climáticas extremas, así como microorganismos que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Su alta capacidad para purificar y almacenar agua garantiza el abastecimiento del recurso para comunidades y especies, generando además condiciones de adaptación a la crisis climática.Sin embargo, debido a la presencia en estos humedales de grandes cantidades de litio —los tres países concentran más del 53% de los recursos (material potencialmente explotable) del mineral— existe una gran presión sobre ellos: actores empresariales y estatales han desarrollado una creciente y masiva industria minera para cubrir la demanda de litio del norte global, orientada a la fabricación de vehículos eléctricos y al almacenamiento de energía de fuentes renovables, entre otros fines.De su lado, los gobiernos nacionales y provinciales ven en la industria la oportunidad de atraer inversiones y fortalecer sus economías, para lo cual flexibilizan o implementan de forma deficiente la normativa que exige un análisis adecuado de los impactos ambientales y sociales de los proyectos. Asimismo, no se realizan procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas que viven en los territorios. Tampoco se garantizan los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ni un entorno seguro para las personas defensoras del ambiente.Una de las principales afectaciones de este tipo de minería es al agua, elemento central de los humedales andinos. El litio se extrae del agua debajo de los salares, para lo cual se utiliza agua salada y dulce. Los humedales andinos están en zonas donde la supervivencia depende de la escasa agua que las caracteriza. El avance del extractivismo en la región del Gran AtacamaArgentinaSegún datos oficiales, en el país hay una cartera de más de 50 proyectos de litio en diferentes estados de avance ubicados principalmente en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy. Tres de ellos están en etapa de producción y exportación (un cuarto proyecto comenzó su producción en julio de 2024), cuatro en construcción y más de 40 con distinto grado de avance (prospección/exploración/factibilidad), mayoritariamente en fase de exploración avanzada. En Salta y Jujuy operan grandes empresas como Pan American Energy, Pluspetrol y Tecpetrol, históricamente vinculadas a la industria del petróleo y gas, que ahora están ampliando su presencia en sectores de energías renovables, con un marcado interés en la extracción de litio.Sin embargo, a través de un amparo ambiental iniciado contra autoridades y gobierno de la provincia de Jujuy, se ha tomado conocimiento de que existen más de 40 proyectos mineros sólo en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, una cuenca endorreica donde viven más de treinta comunidades originarias pertenecientes a los pueblos/naciones Kolla y Atacama. Al día de hoy, se desconoce su estado de avance y si existen otros proyectos debido a que el acceso a la información pública ambiental está restringido y no se provee de forma completa y oportuna, en incumplimiento de la normativa nacional y estándares internacionales. En el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, está el enclave de extracción de litio más antiguo del país. El salar ha sido explotado desde 1996 por la empresa Livent (ahora Arcadium Lithium), causando el desecamiento total e irreversible de la Vega del Río Trapiche. En marzo de 2024, la Corte Suprema de Catamarca ordenó frenar la actividad minera en este salar hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental acumulativo. BoliviaEn el Salar de Uyuni, el más grande del mundo, se han identificado recursos de 23 millones de toneladas de litio. Y hay otros 26 salares que, por normativa, están reservados para la explotación del mineral, en seis de ellos se realizan actividades de exploración. En Bolivia, el litio es de propiedad estatal. El país cuenta con una planta de explotación estatal que comenzó a operar el 2024 al 20% de su capacidad. En 2012 y 2018, se realizaron dos consultas públicas para las plantas estatales, pero estas excluyeron a comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas. Algunas comunidades han denunciado de manera informal una merma significativa de vertientes y pozos de agua. También se ha denunciado la degradación del Salar de Chalviri y la sobreexplotación de litio y boro en el Salar de Capina.Desde 2023, se han firmado convenios e iniciado actividades de exploración e instalación de campamentos con una empresa rusa y dos chinas. Estos convenios han resultado en dos contratos, firmados a finales del 2024 y pendientes de aprobación por la Asamblea Legislativa, con la empresa rusa Uranium One Group para una planta en el Salar de Uyuni y con el consorcio chino CBC Hong Kong (empresas CATL-BRUMP-CMOC) para otras dos plantas en el mismo salar. También a finales del año pasado, se lanzó una segunda convocatoria internacional para la explotación de otros cuatro salares (Empexa, Capina, Cañapa y Chiguana), la cual ha resultado en la firma de convenios con las empresas EAU Lithium Pty Ltd (Australia), Tecpetrol S.A. (Argentina) y Geolith Actaris (Francia). Estos convenios, contratos y procesos se han desarrollado sin procesos de consulta previos y con falta de transparencia. ChileLa cuenca del Salar de Atacama alberga más del 90% de las reservas de litio de Chile y fue una de las primeras en ser explotadas por la industria minera. Actualmente, en dicho salar, ubicado en la Región de Antofagasta, hay cuatro grandes operaciones mineras: la extracción de Litio por parte de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y de Albemaerle, bajo contratos con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que implica la extracción de más de 2.000 litros de agua por segundo; y la extracción en paralelo de cobre de parte de Minera Escondida y Minera Zaldívar, que extraen más de 1.400 litros de agua dulce por segundo, agravando la ya crítica crisis hídrica de la zona. La Comunidad Atacameña de Peine, quienes habitan en la cuenca del salar, ha impulsado acciones legales denunciando la sobreexplotación de sus acuíferos, mientras que, en Calama, los movimientos ciudadanos exigen una gobernanza del agua frente a la extracción descontrolada de las mineras. En 2015, un comité designado por el gobierno reconoció que la extracción de salmuera tiene efectos adversos en el ecosistema, pero en lugar de regular su uso, confirmó la política de larga data del gobierno, que consiste en regular la producción de litio.En Chile, el gobierno tiene derechos exclusivos de propiedad sobre el litio en virtud del Decreto Ley 2886 (1979). Esto significa que las instituciones estatales, particularmente CORFO, establecen las condiciones bajo las cuales las empresas privadas operan en los salares. En 1979, siguiendo las directrices de Estados Unidos, el gobierno chileno —la dictadura de Augusto Pinochet— declaró al litio como “mineral estratégico” y tomó medidas para salvaguardar las reservas de largo plazo, limitando la producción mediante cuotas acreditadas por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. La Estrategia Nacional del Litio, lanzada en 2023, busca expandir la explotación estatal, incluyendo nuevos proyectos en los salares de Maricunga y Pedernales. Chile concentra el 36% de la producción global de litio y, con al menos 31 nuevos proyectos de hidrógeno verde en carpeta, la presión sobre los recursos hídricos aumentará exponencialmente. Se sabe que, desde 2013, en la propiedad de SQM, 32,4% de los algarrobos (Prosopis chilenis) se han secado por falta de agua. El algarrobo es un árbol nativo, resistente a la sequía y con raíces muy profundas que le permiten sobrevivir en ese ambiente. Contactos de prensa Víctor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected], +52 5570522107Rocío Wischñevsky, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina, [email protected], +54 1159518538Verónica Gostissa, Asamblea Pucará (Argentina), [email protected], +54 93834771717Juan Donoso, Formando Rutas (Chile), [email protected], +4915780743628

Enero 20 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Hablemos del cierre y salida responsable de proyectos

Ningún proyecto minero, de extracción de combustibles fósiles y de generación de energía dura para siempre. Su vida útil está condicionada a factores internos, como la cantidad de reservas de los recursos, y externos, como la disminución de la demanda o problemas financieros, entre otros.Pero, sin importar la duración del proyecto o cómo esta pueda verse afectada, quienes lo promuevan —sean actores públicos o privados— deben prever un proceso de cierre y salida responsable con el entorno natural y con la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todas las personas involucradas.Este asunto es aún más relevante en el contexto de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática, relacionadas en gran parte con la transición energética, la cual implica en términos generales sustituir los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles; así como promover energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran gran importancia.En el primero, es necesario incluir en los proyectos vigentes obligaciones concretas y exigibles de cierre y salida responsable. En el segundo, estos requerimientos deben incluirse desde la etapa de planificación y la de prefactibilidad, integrándolos también las evaluaciones de impacto ambiental y en fases posteriores.En todos los proyectos, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que forman parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, financiadores, aseguradoras, proveedores, distribuidores y compradores, entre otros.Por lo señalado, la conversación en torno al cierre y salida responsable de proyectos es fundamental para abonar a la protección del ambiente y la gestión climática en América Latina.¿Qué entendemos por cierre y por salida de un proyecto?Todos los proyectos minero-energéticos tienen distintas fases a lo largo de su ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y poscierre. A su vez, tienen cadenas de suministro y de valor en las que participan —como dijimos— actores de diversos sectores.En este contexto, el cierre se refiere a la etapa de un proyecto en la cual este deja de operar y se da por finalizado. Por su parte, la salida se refiere a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro del proyecto, desde su propio rol, se desvinculan por completo de este. ¿Qué implica que un proceso de cierre y de salida sea responsable?Actualmente no existe un consenso sobre la definición y el alcance de los procesos de salida y de cierre de proyectos para que sean responsables y justos. En ocasiones, estos términos se utilizan de forma indiscriminada, lo que puede generar confusiones acerca de las responsabilidades de los actores involucrados y el alcance de los procesos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, hay elementos que permiten explicar estos conceptos con precisión:El cierre responsable y justo de un proyecto es un proceso planificado, realizado con anticipación, que debe contemplarse desde las fases iniciales del proyecto y actualizarse constantemente según su desarrollo. Por medio del cierre responsable se garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo, garantizando también el derecho a un ambiente sano. La planificación y el desarrollo de un plan de cierre deben estar enfocados en la gestión de riesgos, así como en la prevención y mitigación de impactos. Ello asegura un cierre responsable en el que las áreas afectadas puedan readecuarse y ser seguras tanto para la naturaleza como para las comunidades, permitiendo además que los ecosistemas recuperen sus funciones.La obligación general del promotor del proyecto es identificar en debida forma los impactos que este puede causar y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las medidas aprobadas por el Estado en sus instrumentos de gestión ambiental.La principal obligación del Estado (además de su deber general de regulación) es supervisar y fiscalizar el proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones del promotor, previniendo que se generen daños ambientales y/o sociales.El rol de los demás actores de la cadena de valor y de suministro es actuar con debida diligencia, utilizando su influencia para incentivar que el promotor del proyecto cumpla con sus obligaciones y, en caso de notar incumplimientos, tomar medidas desde su papel y capacidad de influencia para que se adopten las acciones correctivas necesarias.La salida responsable y justa se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor y de suministro cuando deciden desvincularse por completo de un proyecto, atendiendo las responsabilidades propias de su rol, que implican cumplir sus obligaciones en materia de respeto y debida diligencia en derechos humanos.En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas.Para conocer más del tema, consulta el informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina

Enero 13 2025 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fracking

La búsqueda internacional de justicia de las comunidades mapuches en Mendoza, Argentina

En un contexto de crisis climática mundial que ha profundizado las desigualdades existentes en América Latina, las comunidades del pueblo mapuche en Mendoza, Argentina, enfrentan múltiples amenazas que incrementan su vulnerabilidad climática y lesionan sus derechos.Una de estas actividades es la fractura hidráulica o fracking, un método de extracción de hidrocarburos ampliamente relacionado con impactos socioambientales. En Argentina, es empleado de forma extendida en el megaproyecto Vaca Muerta, emplazado en un territorio de aproximadamente 30,000 km², considerado la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencionales.Una porción significativa de Vaca Muerta se encuentra en territorio mendocino, donde el megaproyecto abarca 8,700 km². En esta provincia, las comunidades mapuches enfrentan además un complejo entorno político que pone en riesgo sus derechos territoriales e incluso su identidad. A esto se suman políticas públicas a nivel nacional que van en detrimento de los derechos indígenas en el país. Lo anterior responde a la intención de despojar a las comunidades de sus tierras para facilitar el avance del fracking y de otras actividades extractivas.Ante este panorama, el pueblo mapuche no está dispuesto a ceder en la defensa de sus derechos, sus modos de vida y su integridad territorial.La Organización Identidad Territorial Malalweche —que representa a más de 20 comunidades del pueblo mapuche en la provincia de Mendoza— ha recurrido a diferentes organismos internacionales para denunciar y visibilizar la crítica situación, así como buscar justicia. Este proceso de denuncia internacional incluye comunicaciones a la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos, así como la presentación de un escrito legal (amicus curiae) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Las múltiples afectaciones del frackingLa extracción de petróleo y gas mediante fracking en Vaca Muerta se realiza sobre territorios ancestrales del pueblo mapuche. El fracking es una técnica extrema de extracción que implica mayores impactos al ambiente, incluyendo mayores emisiones de gases de efecto invernadero. En las provincias de Neuquén y Río Negro, donde la explotación de Vaca Muerta se encuentra más extendida, los daños graves al ambiente y la población se están produciendo hace más de 10 años y continúan en aumento.Para las comunidades mapuches, los impactos del fracking van más allá de los daños físicos al entorno. Las actividades extractivas en sus territorios erosionan su capacidad de autodeterminación y afectan profundamente su bienestar psicológico y espiritual porque su relación con la tierra es fundamental para su identidad y cultura.Si bien el fracking en territorio mendocino está en una etapa inicial, con pocos pozos activos, las empresas y la provincia tienen planes de incrementarlo, a lo que se suma el crecimiento sostenido de la actividad en toda Vaca Muerta. Para ello necesitan mayores extensiones de terreno y disponibilidad de grandes cantidades de agua. En el contexto descrito, prácticas tradicionales como la trashumancia —un tipo de migración estacional en la que los pastores trasladan sus animales entre zonas de pastoreo en diferentes épocas del año— están gravemente amenazadas.El crecimiento de estas actividades, en el contexto actual de crisis hídrica y climática que atraviesa la región, aumenta la vulnerabilidad de estas comunidades y compromete su capacidad de seguir viviendo de manera sostenible en su entorno natural. Menores garantías para los derechos humanosComo estrategia para expandir la ocupación de territorios mapuches con actividades extractivas como el fracking, se han adoptado medidas regresivas que degradan el marco de protección de los derechos indígenas en Mendoza y en todo el país.Una de ellas es la declaración aprobada en marzo de 2023 por la Cámara de Diputados de Mendoza que cuestiona el estatus de los mapuches como pueblos originarios argentinos. Esto ha generado preocupación sobre las posibilidades de reconocimiento de sus derechos territoriales y el aumento de los desalojos que ya sufren.Además, a nivel nacional, se impulsan medidas complementarias que facilitan el desarrollo de actividades extractivistas por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entre ellas está el cierre por decreto del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, cuya misión era la promoción de políticas y medidas orientadas a una sociedad libre de discriminación. Esta medida implica un debilitamiento de la protección institucional de los derechos humanos.De manera similar, el gobierno anunció el cierre del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dedicado a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque la medida no se ha concretado, se eliminó su autonomía funcional y se eliminaron las áreas destinadas al reconocimiento de las comunidades y regularización de sus territorios. En la práctica, estas medidas impiden que estos pueblos ejerzan el derecho constitucional a sus tierras ancestrales.Aunado a ello, se derogó la Ley 26160, que suspendía los desalojos de pueblos indígenas mientras tramitaran su regularización territorial. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, argumentó que no pueden existir leyes perpetuas que impidan los desalojos, pues "no puede haber derecho a usurpar". Los desalojos violentos contra comunidades originarias ya comenzaron. Acciones internacionales de defensaEn respuesta, las comunidades mapuches de Mendoza han mostrado una enorme capacidad de organización y resistencia. Han accedido a instancias internacionales para exponer su situación y exigir medidas concretas de autoridades locales y nacionales. Un ejemplo clave son las comunicaciones enviadas a las Relatorías de la ONU sobre los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos para denunciar la persecución política y violaciones a sus derechos territoriales, enfatizando la complacencia de las autoridades con los intereses extractivistas. Estas denuncias se han centrado en la defensa de sus derechos frente al avance del fracking y otras actividades extractivas.Adicionalmente, las comunidades fueron parte del proceso de la opinión consultiva mediante la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos esclarecerá las obligaciones de los Estados del continente para proteger los derechos humanos ante la crisis climática.La Organización Malalweche presentó un escrito legal (amicus curiae) y su representante dio testimonio en una audiencia pública ante el tribunal internacional para evidenciar que la extracción de hidrocarburos mediante fracking y la minería metalífera que se realiza en sus territorios limita sus capacidades de resiliencia frente a la crisis climática y profundiza la grave situación de escasez hídrica en la zona, poniendo en riesgo su supervivencia.Las comunidades Mapuche de Mendoza también dieron propuestas concretas de acción. Demandaron su inclusión en todos los procesos de consulta y toma de decisiones que afecten sus territorios, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Destacaron la importancia de incorporar su sabiduría tradicional en el desarrollo de políticas públicas para beneficiar a las comunidades indígenas y contribuir a soluciones más efectivas y sostenibles frente a los desafíos ambientales globales.Además, solicitaron la intervención de organismos multilaterales para exigir al Estado argentino garantizar la consulta previa, libre e informada y fortalecer los organismos nacionales encargados de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Estas acciones de resistencia, respaldadas por organizaciones que defienden los derechos humanos y el ambiente, buscan garantizar no solo la protección de los territorios ancestrales del pueblo mapuche, sino también su derecho a vivir en paz, con dignidad y en armonía con su entorno natural. Su fin último es asegurar la autodeterminación de los pueblos indígenas, permitiéndoles gestionar sus tierras y recursos según sus cosmovisiones, profundamente conectadas con la conservación.El reconocimiento de los derechos de las comunidades mapuches, que incluye el cese en sus territorios de actividades extractivas como el fracking, es esencial para proteger su cultura, salud y subsistencia. Con su sabiduría ancestral, ofrecen un camino hacia el combate efectivo de la crisis climática, hacia un futuro más justo y sostenible.

Enero 06 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumen de la 40ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Octubre de 2024La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) realizó su 40ª reunión entre el 21 y 24 de octubre de 2024 en Songdo, Corea del Sur. La agenda se enfocó en una versión revisada del Marco de Acreditación, en la formulación de una nueva Declaración del Apetito de Riesgo del Fondo y en la financiación de pagos por resultados por REDD+. Adicionalmente, la Junta aprobó 16 propuestas de financiamiento, por un monto total de USD 1.011 millones en recursos del FVC, y la acreditación de cinco nuevas entidades.Consulta y descarga el resumenResumen en portugués