Derechos Humanos

Restos de carbón a varios kilómetros del lugar de extracción en La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, Colombia

February 10 2025 Derechos Humanos, Minería

Colombia: Comunidades y trabajadores/as logran primer fallo judicial sobre cierre de minas de carbón que protege sus derechos

Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebramos el fallo de la Corte Constitucional de Colombia, el cual reconoce los derechos al debido proceso y a la participación de comunidades y trabajadores/as en el cierre de proyectos de minería de carbón en el departamento del Cesar. Este sentencia llega tras años e insistencia de estos grupos, quienes interpusieron una acción de tutela. En este caso, AIDA contribuyó con un escrito legal en el incluye el análisis que ha realizado sobre la temática del cierre y la salida responsable en América Latina, desde la mirada del derecho al ambiente sano y otros derechos humanos.A continuación, compartimos el comunicado de las comunidades y trabajadores/as con motivo del fallo.La Corte Constitucional de Colombia dictó la primera sentencia sobre cierres de minas en el país (T-029 de 2025). En ella garantizó el debido proceso y, en consecuencia, la participación efectiva de las comunidades y sindicatos que representan a más de 20 mil personas de los más de cuatro municipios afectados ante los impactos ambientales, sociales y económicos que ha dejado el primer e irregular abandono y cierre de minas de carbón a gran escala en Colombia.Nosotros, un grupo de comunidades afectadas y trabajadores despedidos del Cesar y Magdalena, hemos liderado una acción judicial durante más de cuatro años para que se garantice un diálogo público por medio de una gran mesa de concertación donde las comunidades, los trabajadores despedidos, las autoridades locales y la ciudadanía en general afectada de los municipios mineros de la Jagua, el Paso, Becerril y Ciénaga puedan conocer y participar en la definición de las medidas de compensación y restauración que en materia ambiental, social y económica la multinacional Glencore – Prodeco debe llevar a cabo en estos municipios dentro de su plan de abandono y cierre minero, el cual está en proceso de aprobación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA).En esta sentencia, la corte determinó que el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar vulneró el derecho fundamental al debido proceso al considerar que la empresa multinacional había cumplido con este proceso de participación con una ÚNICA reunión de socialización llevada a cabo en noviembre de 2022 en estos municipios, la cual es claramente insuficiente y no cumple con lo acordado en el acta de reunión, donde el compromiso de las partes era convocar la GRAN MESA DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN en presencia de la población afectada de estos cuatro municipios.Ordenó que se inicie de nuevo la apertura del incidente de desacato en contra del representante legal del Grupo Empresarial PRODECO S.A y se revise el cumplimiento del fallo y del acuerdo contenido en estas actas.Nosotros, como comunidades y sindicatos del corredor minero respaldados por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, y representados judicialmente por la abogada Rocío Torres Bobadilla, consideramos que esta mesa pública puede ser la última oportunidad garante y vinculante para que hagamos un balance de lo ocurrido en nuestros territorios luego de 25 años de explotación y logremos medidas para que la empresa Glencore compense y restaure todos los impactos ocasionados.Por tanto:Invitamos a la empresa Glencore -Prodeco a un diálogo constructivo, a evitar maniobras evasivas y a respetar la importancia de este fallo judicial.Solicitamos al Estado Colombiano en cabeza del ANLA, la DEFENSORÍA y la PROCURADURÍA que nos acompañen en este proceso, respalden esta decisión judicial y fortalezcan nuestras medidas de protección para garantizar nuestra seguridad como líderes y lideresas en este proceso para el cumplimiento de este fallo.Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales que nos continúen respaldando para garantizar una participación real y efectiva y que se cumpla con esta GRAN MESA DE CONCERTACIÓN.Finalmente, pedimos a toda la población del país y especialmente de los municipios de la Jagua, Becerril, el Paso y Ciénaga que nos acompañen, nos respalden y nos unamos en un gran proceso para DEFENDER ESTA DECISIÓN JUDICIAL que es HISTÓRICA para nuestro territorio con el fin de poder restaurar y compensar los graves impactos ambientales y sociales ocasionados ante el irregular cierre minero y encontrar medidas para enfrentar la gran pobreza y desempleo que estamos viviendo. Acompáñanos a ser escuchados, a sanar nuestros territorios y a recuperar nuestra economía. Firman:Junta de acción comunal de BoquerónConsejo Comunitario Afrodescendiente Coafrovis de la Victoria de San IsidroRed de Mujeres del Municipio del Paso Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución y el Buen Vivir Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) el Paso Sindicato Nacional de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón) Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Minero-Energética (Sintraminergetica) Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros Asociación del Reguardo Sokorhpa del Pueblo Indígena Yukpa Consejo Comunitario Caño Candela de Becerril Junta de Acción Comunal del Barrio Don Jaca en Santa Marta Corregimiento de Cordobita en Ciénaga (Madgalena) Vereda el Hatillo Representante Junta de Acción Comunal Sororia de la Jagua de Ibirico Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna Rocío Torres Bobadilla- defensora de derechos ambientales Organizaciones nacionales e internacionales y defensores/as que NOS APOYAN:Universidad del Magdalena Universidad del Magdalena Clínica Jurídica AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente)London Mining Network PAX Holanda PAX Colombia CNV Internacional Solifonds Multiwatch ASK Grupo de Trabajo Suiza- Colombia Urgewald Polen –Transiciones JustasAna Catalina Herrara - defensora de derechos laborales Ángela Velandia Cruz - defensora de derechos humanos Para comunicaciones llamar a: 3228519975

January 31 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fuentes de Agua Dulce

La vida en los humedales andinos, en riesgo por el extractivismo

El avance de la explotación industrial de litio y otros minerales para la transición energética del norte global amenaza los salares y otros humedales andinos en Argentina, Bolivia y Chile. Estos frágiles ecosistemas son fuente abundante de vida y fundamentales para la subsistencia humana, el equilibrio ambiental y para la mitigación y adaptación a la crisis climática. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile están en riesgo grave debido al avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética en los países del norte global. Desde la Alianza por los Humedales Andinos alertamos de esta amenaza para estos ecosistemas donde la vida abunda y que son clave para la subsistencia humana y de la diversidad biológica en general y la lucha contra la crisis climática.Este año, la Convención sobre los Humedales propone como tema para el Día Mundial de los Humedales: “Proteger los humedales para nuestro futuro común”. Este lema resalta la importancia de una acción colectiva para proteger a estos ecosistemas, de los cuales depende el futuro de la humanidad.Según datos de Naciones Unidas, aunque sólo cubren un 6% de la superficie terrestre, los humedales son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. Y, en el mundo, más de 1.000 millones de personas (una octava parte de la población terrestre) viven en zonas rurales y urbanas que dependen de estos ecosistemas como medio de subsistencia. Sin embargo, con una pérdida del 35% a nivel mundial en los últimos 50 años (desde 1970), los humedales son el ecosistema más amenazado, desapareciendo tres veces más rápido que los bosques.En América Latina, los humedales andinos de la región del Gran Atacama —ubicada en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— albergan especies únicas de flora y fauna, especialmente adaptadas a condiciones climáticas extremas, así como microorganismos que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Su alta capacidad para purificar y almacenar agua garantiza el abastecimiento del recurso para comunidades y especies, generando además condiciones de adaptación a la crisis climática.Sin embargo, debido a la presencia en estos humedales de grandes cantidades de litio —los tres países concentran más del 53% de los recursos (material potencialmente explotable) del mineral— existe una gran presión sobre ellos: actores empresariales y estatales han desarrollado una creciente y masiva industria minera para cubrir la demanda de litio del norte global, orientada a la fabricación de vehículos eléctricos y al almacenamiento de energía de fuentes renovables, entre otros fines.De su lado, los gobiernos nacionales y provinciales ven en la industria la oportunidad de atraer inversiones y fortalecer sus economías, para lo cual flexibilizan o implementan de forma deficiente la normativa que exige un análisis adecuado de los impactos ambientales y sociales de los proyectos. Asimismo, no se realizan procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas que viven en los territorios. Tampoco se garantizan los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ni un entorno seguro para las personas defensoras del ambiente.Una de las principales afectaciones de este tipo de minería es el agua, elemento central de los humedales andinos. El litio se extrae del agua debajo de los salares, para lo cual se utiliza agua salada y dulce. Los humedales andinos están en zonas donde la supervivencia depende de la escasa agua que las caracteriza. El avance del extractivismo en la región del Gran AtacamaArgentinaSegún datos oficiales, en el país hay una cartera de más de 50 proyectos de litio en diferentes estados de avance ubicados principalmente en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy. Tres de ellos están en etapa de producción y exportación (un cuarto proyecto comenzó su producción en julio de 2024), cuatro en construcción y más de 40 con distinto grado de avance (prospección/exploración/factibilidad), mayoritariamente en fase de exploración avanzada. En Salta y Jujuy operan grandes empresas como Pan American Energy, Pluspetrol y Tecpetrol, históricamente vinculadas a la industria del petróleo y gas, que ahora están ampliando su presencia en sectores de energías renovables, con un marcado interés en la extracción de litio.Sin embargo, a través de un amparo ambiental iniciado contra autoridades y gobierno de la provincia de Jujuy, se ha tomado conocimiento de que existen más de 40 proyectos mineros sólo en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, una cuenca endorreica donde viven más de treinta comunidades originarias pertenecientes a los pueblos/naciones Kolla y Atacama. Al día de hoy, se desconoce su estado de avance y si existen otros proyectos debido a que el acceso a la información pública ambiental está restringido y no se provee de forma completa y oportuna, en incumplimiento de la normativa nacional y estándares internacionales. En el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, está el enclave de extracción de litio más antiguo del país. El salar ha sido explotado desde 1996 por la empresa Livent (ahora Arcadium Lithium), causando el desecamiento total e irreversible de la Vega del Río Trapiche. En marzo de 2024, la Corte Suprema de Catamarca ordenó frenar la actividad minera en este salar hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental acumulativo. BoliviaEn el Salar de Uyuni, el más grande del mundo, se han identificado recursos de 23 millones de toneladas de litio. Y hay otros 26 salares que, por normativa, están reservados para la explotación del mineral, en seis de ellos se realizan actividades de exploración. En Bolivia, el litio es de propiedad estatal. El país cuenta con una planta de explotación estatal que comenzó a operar el 2024 al 20% de su capacidad. En 2012 y 2018, se realizaron dos consultas públicas para las plantas estatales, pero estas excluyeron a comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas. Algunas comunidades han denunciado de manera informal una merma significativa de vertientes y pozos de agua. También se ha denunciado la degradación del Salar de Chalviri y la sobreexplotación de litio y boro en el Salar de Capina.Desde 2023, se han firmado convenios e iniciado actividades de exploración e instalación de campamentos con una empresa rusa y dos chinas. Estos convenios han resultado en dos contratos, firmados a finales del 2024 y pendientes de aprobación por la Asamblea Legislativa, con la empresa rusa Uranium One Group para una planta en el Salar de Uyuni y con el consorcio chino CBC Hong Kong (empresas CATL-BRUMP-CMOC) para otras dos plantas en el mismo salar. También a finales del año pasado, se lanzó una segunda convocatoria internacional para la explotación de otros cuatro salares (Empexa, Capina, Cañapa y Chiguana), la cual ha resultado en la firma de convenios con las empresas EAU Lithium Pty Ltd (Australia), Tecpetrol S.A. (Argentina) y Geolith Actaris (Francia). Estos convenios, contratos y procesos se han desarrollado sin procesos de consulta previos y con falta de transparencia. ChileLa cuenca del Salar de Atacama alberga más del 90% de las reservas de litio de Chile y fue una de las primeras en ser explotadas por la industria minera. Actualmente, en dicho salar, ubicado en la Región de Antofagasta, hay cuatro grandes operaciones mineras: la extracción de Litio por parte de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y de Albemaerle, bajo contratos con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que implica la extracción de más de 2.000 litros de agua por segundo; y la extracción en paralelo de cobre de parte de Minera Escondida y Minera Zaldívar, que extraen más de 1.400 litros de agua dulce por segundo, agravando la ya crítica crisis hídrica de la zona. La Comunidad Atacameña de Peine, quienes habitan en la cuenca del salar, ha impulsado acciones legales denunciando la sobreexplotación de sus acuíferos, mientras que, en Calama, los movimientos ciudadanos exigen una gobernanza del agua frente a la extracción descontrolada de las mineras. En 2015, un comité designado por el gobierno reconoció que la extracción de salmuera tiene efectos adversos en el ecosistema, pero en lugar de regular su uso, confirmó la política de larga data del gobierno, que consiste en regular la producción de litio.En Chile, el gobierno tiene derechos exclusivos de propiedad sobre el litio en virtud del Decreto Ley 2886 (1979). Esto significa que las instituciones estatales, particularmente CORFO, establecen las condiciones bajo las cuales las empresas privadas operan en los salares. En 1979, siguiendo las directrices de Estados Unidos, el gobierno chileno —la dictadura de Augusto Pinochet— declaró al litio como “mineral estratégico” y tomó medidas para salvaguardar las reservas de largo plazo, limitando la producción mediante cuotas acreditadas por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. La Estrategia Nacional del Litio, lanzada en 2023, busca expandir la explotación estatal, incluyendo nuevos proyectos en los salares de Maricunga y Pedernales. Chile concentra el 36% de la producción global de litio y, con al menos 31 nuevos proyectos de hidrógeno verde en carpeta, la presión sobre los recursos hídricos aumentará exponencialmente. Se sabe que, desde 2013, en la propiedad de SQM, 32,4% de los algarrobos (Prosopis chilenis) se han secado por falta de agua. El algarrobo es un árbol nativo, resistente a la sequía y con raíces muy profundas que le permiten sobrevivir en ese ambiente. Contactos de prensa Víctor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected], +52 5570522107Rocío Wischñevsky, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina, [email protected], +54 1159518538Verónica Gostissa, Asamblea Pucará (Argentina), [email protected], +54 93834771717Juan Donoso, Formando Rutas (Chile), [email protected], +4915780743628

January 20 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Hablemos del cierre y salida responsable de proyectos

Ningún proyecto minero, de extracción de combustibles fósiles y de generación de energía dura para siempre. Su vida útil está condicionada a factores internos, como la cantidad de reservas de los recursos, y externos, como la disminución de la demanda o problemas financieros, entre otros.Pero, sin importar la duración del proyecto o cómo esta pueda verse afectada, quienes lo promuevan —sean actores públicos o privados— deben prever un proceso de cierre y salida responsable con el entorno natural y con la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todas las personas involucradas.Este asunto es aún más relevante en el contexto de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática, relacionadas en gran parte con la transición energética, la cual implica en términos generales sustituir los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles; así como promover energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran gran importancia.En el primero, es necesario incluir en los proyectos vigentes obligaciones concretas y exigibles de cierre y salida responsable. En el segundo, estos requerimientos deben incluirse desde la etapa de planificación y la de prefactibilidad, integrándolos también las evaluaciones de impacto ambiental y en fases posteriores.En todos los proyectos, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que forman parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, financiadores, aseguradoras, proveedores, distribuidores y compradores, entre otros.Por lo señalado, la conversación en torno al cierre y salida responsable de proyectos es fundamental para abonar a la protección del ambiente y la gestión climática en América Latina.¿Qué entendemos por cierre y por salida de un proyecto?Todos los proyectos minero-energéticos tienen distintas fases a lo largo de su ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y poscierre. A su vez, tienen cadenas de suministro y de valor en las que participan —como dijimos— actores de diversos sectores.En este contexto, el cierre se refiere a la etapa de un proyecto en la cual este deja de operar y se da por finalizado. Por su parte, la salida se refiere a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro del proyecto, desde su propio rol, se desvinculan por completo de este. ¿Qué implica que un proceso de cierre y de salida sea responsable?Actualmente no existe un consenso sobre la definición y el alcance de los procesos de salida y de cierre de proyectos para que sean responsables y justos. En ocasiones, estos términos se utilizan de forma indiscriminada, lo que puede generar confusiones acerca de las responsabilidades de los actores involucrados y el alcance de los procesos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, hay elementos que permiten explicar estos conceptos con precisión:El cierre responsable y justo de un proyecto es un proceso planificado, realizado con anticipación, que debe contemplarse desde las fases iniciales del proyecto y actualizarse constantemente según su desarrollo. Por medio del cierre responsable se garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo, garantizando también el derecho a un ambiente sano. La planificación y el desarrollo de un plan de cierre deben estar enfocados en la gestión de riesgos, así como en la prevención y mitigación de impactos. Ello asegura un cierre responsable en el que las áreas afectadas puedan readecuarse y ser seguras tanto para la naturaleza como para las comunidades, permitiendo además que los ecosistemas recuperen sus funciones.La obligación general del promotor del proyecto es identificar en debida forma los impactos que este puede causar y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las medidas aprobadas por el Estado en sus instrumentos de gestión ambiental.La principal obligación del Estado (además de su deber general de regulación) es supervisar y fiscalizar el proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones del promotor, previniendo que se generen daños ambientales y/o sociales.El rol de los demás actores de la cadena de valor y de suministro es actuar con debida diligencia, utilizando su influencia para incentivar que el promotor del proyecto cumpla con sus obligaciones y, en caso de notar incumplimientos, tomar medidas desde su papel y capacidad de influencia para que se adopten las acciones correctivas necesarias.La salida responsable y justa se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor y de suministro cuando deciden desvincularse por completo de un proyecto, atendiendo las responsabilidades propias de su rol, que implican cumplir sus obligaciones en materia de respeto y debida diligencia en derechos humanos.En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas.Para conocer más del tema, consulta el informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina

January 13 2025 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fracking

La búsqueda internacional de justicia de las comunidades mapuches en Mendoza, Argentina

En un contexto de crisis climática mundial que ha profundizado las desigualdades existentes en América Latina, las comunidades del pueblo mapuche en Mendoza, Argentina, enfrentan múltiples amenazas que incrementan su vulnerabilidad climática y lesionan sus derechos.Una de estas actividades es la fractura hidráulica o fracking, un método de extracción de hidrocarburos ampliamente relacionado con impactos socioambientales. En Argentina, es empleado de forma extendida en el megaproyecto Vaca Muerta, emplazado en un territorio de aproximadamente 30,000 km², considerado la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencionales.Una porción significativa de Vaca Muerta se encuentra en territorio mendocino, donde el megaproyecto abarca 8,700 km². En esta provincia, las comunidades mapuches enfrentan además un complejo entorno político que pone en riesgo sus derechos territoriales e incluso su identidad. A esto se suman políticas públicas a nivel nacional que van en detrimento de los derechos indígenas en el país. Lo anterior responde a la intención de despojar a las comunidades de sus tierras para facilitar el avance del fracking y de otras actividades extractivas.Ante este panorama, el pueblo mapuche no está dispuesto a ceder en la defensa de sus derechos, sus modos de vida y su integridad territorial.La Organización Identidad Territorial Malalweche —que representa a más de 20 comunidades del pueblo mapuche en la provincia de Mendoza— ha recurrido a diferentes organismos internacionales para denunciar y visibilizar la crítica situación, así como buscar justicia. Este proceso de denuncia internacional incluye comunicaciones a la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos, así como la presentación de un escrito legal (amicus curiae) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Las múltiples afectaciones del frackingLa extracción de petróleo y gas mediante fracking en Vaca Muerta se realiza sobre territorios ancestrales del pueblo mapuche. El fracking es una técnica extrema de extracción que implica mayores impactos al ambiente, incluyendo mayores emisiones de gases de efecto invernadero. En las provincias de Neuquén y Río Negro, donde la explotación de Vaca Muerta se encuentra más extendida, los daños graves al ambiente y la población se están produciendo hace más de 10 años y continúan en aumento.Para las comunidades mapuches, los impactos del fracking van más allá de los daños físicos al entorno. Las actividades extractivas en sus territorios erosionan su capacidad de autodeterminación y afectan profundamente su bienestar psicológico y espiritual porque su relación con la tierra es fundamental para su identidad y cultura.Si bien el fracking en territorio mendocino está en una etapa inicial, con pocos pozos activos, las empresas y la provincia tienen planes de incrementarlo, a lo que se suma el crecimiento sostenido de la actividad en toda Vaca Muerta. Para ello necesitan mayores extensiones de terreno y disponibilidad de grandes cantidades de agua. En el contexto descrito, prácticas tradicionales como la trashumancia —un tipo de migración estacional en la que los pastores trasladan sus animales entre zonas de pastoreo en diferentes épocas del año— están gravemente amenazadas.El crecimiento de estas actividades, en el contexto actual de crisis hídrica y climática que atraviesa la región, aumenta la vulnerabilidad de estas comunidades y compromete su capacidad de seguir viviendo de manera sostenible en su entorno natural. Menores garantías para los derechos humanosComo estrategia para expandir la ocupación de territorios mapuches con actividades extractivas como el fracking, se han adoptado medidas regresivas que degradan el marco de protección de los derechos indígenas en Mendoza y en todo el país.Una de ellas es la declaración aprobada en marzo de 2023 por la Cámara de Diputados de Mendoza que cuestiona el estatus de los mapuches como pueblos originarios argentinos. Esto ha generado preocupación sobre las posibilidades de reconocimiento de sus derechos territoriales y el aumento de los desalojos que ya sufren.Además, a nivel nacional, se impulsan medidas complementarias que facilitan el desarrollo de actividades extractivistas por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entre ellas está el cierre por decreto del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, cuya misión era la promoción de políticas y medidas orientadas a una sociedad libre de discriminación. Esta medida implica un debilitamiento de la protección institucional de los derechos humanos.De manera similar, el gobierno anunció el cierre del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dedicado a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque la medida no se ha concretado, se eliminó su autonomía funcional y se eliminaron las áreas destinadas al reconocimiento de las comunidades y regularización de sus territorios. En la práctica, estas medidas impiden que estos pueblos ejerzan el derecho constitucional a sus tierras ancestrales.Aunado a ello, se derogó la Ley 26160, que suspendía los desalojos de pueblos indígenas mientras tramitaran su regularización territorial. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, argumentó que no pueden existir leyes perpetuas que impidan los desalojos, pues "no puede haber derecho a usurpar". Los desalojos violentos contra comunidades originarias ya comenzaron. Acciones internacionales de defensaEn respuesta, las comunidades mapuches de Mendoza han mostrado una enorme capacidad de organización y resistencia. Han accedido a instancias internacionales para exponer su situación y exigir medidas concretas de autoridades locales y nacionales. Un ejemplo clave son las comunicaciones enviadas a las Relatorías de la ONU sobre los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos para denunciar la persecución política y violaciones a sus derechos territoriales, enfatizando la complacencia de las autoridades con los intereses extractivistas. Estas denuncias se han centrado en la defensa de sus derechos frente al avance del fracking y otras actividades extractivas.Adicionalmente, las comunidades fueron parte del proceso de la opinión consultiva mediante la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos esclarecerá las obligaciones de los Estados del continente para proteger los derechos humanos ante la crisis climática.La Organización Malalweche presentó un escrito legal (amicus curiae) y su representante dio testimonio en una audiencia pública ante el tribunal internacional para evidenciar que la extracción de hidrocarburos mediante fracking y la minería metalífera que se realiza en sus territorios limita sus capacidades de resiliencia frente a la crisis climática y profundiza la grave situación de escasez hídrica en la zona, poniendo en riesgo su supervivencia.Las comunidades Mapuche de Mendoza también dieron propuestas concretas de acción. Demandaron su inclusión en todos los procesos de consulta y toma de decisiones que afecten sus territorios, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Destacaron la importancia de incorporar su sabiduría tradicional en el desarrollo de políticas públicas para beneficiar a las comunidades indígenas y contribuir a soluciones más efectivas y sostenibles frente a los desafíos ambientales globales.Además, solicitaron la intervención de organismos multilaterales para exigir al Estado argentino garantizar la consulta previa, libre e informada y fortalecer los organismos nacionales encargados de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Estas acciones de resistencia, respaldadas por organizaciones que defienden los derechos humanos y el ambiente, buscan garantizar no solo la protección de los territorios ancestrales del pueblo mapuche, sino también su derecho a vivir en paz, con dignidad y en armonía con su entorno natural. Su fin último es asegurar la autodeterminación de los pueblos indígenas, permitiéndoles gestionar sus tierras y recursos según sus cosmovisiones, profundamente conectadas con la conservación.El reconocimiento de los derechos de las comunidades mapuches, que incluye el cese en sus territorios de actividades extractivas como el fracking, es esencial para proteger su cultura, salud y subsistencia. Con su sabiduría ancestral, ofrecen un camino hacia el combate efectivo de la crisis climática, hacia un futuro más justo y sostenible.

January 06 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumen de la 40ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Octubre de 2024La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) realizó su 40ª reunión entre el 21 y 24 de octubre de 2024 en Songdo, Corea del Sur. La agenda se enfocó en una versión revisada del Marco de Acreditación, en la formulación de una nueva Declaración del Apetito de Riesgo del Fondo y en la financiación de pagos por resultados por REDD+. Adicionalmente, la Junta aprobó 16 propuestas de financiamiento, por un monto total de USD 1.011 millones en recursos del FVC, y la acreditación de cinco nuevas entidades.Consulta y descarga el resumenResumen en portugués

December 14 2024 Derechos Humanos, Minería, Participación Ciudadana

Regulaciones y estrategias de la Unión Europea ponen en riesgo la transición energética justa en Latinoamérica

Reducir la producción y el consumo de minerales, y profundizar en su política de circularidad podría permitir a la UE abordar las crisis sociales y ambientales de forma equitativa, sin exacerbar las desigualdades ni comprometer el bienestar humano en las zonas del sur global donde se extraen. Bruselas, Bélgica. Tras la Semana de las Materias Primas en UE, que se celebró del 9 al 13 de diciembre en Bruselas, organizaciones de la sociedad civil de América Latina alertan de que las regulaciones de la Unión Europea no respetan derechos de las comunidades afectadas o en riesgo de ser impactadas por proyectos de extracción de minerales utilizados para la transición energética y otras industrias, profundizando las desigualdades en el sur global.Mientras el debate en torno a la futura dinámica de las materias primas en Europa –bajo el lema “La Unión Europea es negocio. La Unión Europea es una potencia”– pretendía fomentar las oportunidades de inversión entre la industria de la UE y los países del sur global, el evento ha ignorado las realidades de los territorios en los que se extraen estos minerales. La participación efectiva de la sociedad civil de América Latina ha sido prácticamente inexistente, y se han excluido las voces de las comunidades locales afectadas o en riesgo de serlo por los proyectos de “minerales críticos” promovidos en el evento.“Las actuales políticas de materias primas y de comercio de la UE contradicen la pretensión y la retórica de Europa de defender los derechos humanos y las normas ambientales más estrictas y de apoyar a los países ricos en minerales en la creación de valor agregado y en su propia transición energética”, sostuvo Teresa Hoffmann, experta en políticas de materias primas de la UE e integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “En lugar de avanzar rápidamente en la aplicación de los derechos humanos y las normas ambientales, se corre el peligro incluso de desregular las leyes existentes en nombre de la ‘competitividad a través de la simplificación’”. Paradigma de competitividadLa agenda del evento mostró el paradigma que impulsa la Comisión Europea en el marco de la competitividad frente a otros países como China y Estados Unidos, que también buscan controlar el mercado de las llamadas “tecnologías limpias” y de otras industrias como la militar y aeroespacial. Este enfoque se sustenta en el Informe Draghi que destaca la importancia de reforzar la posición de Europa en el mercado global.Esta narrativa enmarca la competitividad desde una perspectiva de crecimiento perpetuo, ignorando elementos claves como la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la necesidad de adoptar medidas genuinas para que la UE adopte medidas para reducir su demanda de minerales y su consumo de energía.“El nuevo paradigma de competitividad no toma en cuenta las limitaciones del planeta, ni las crisis climáticas, de biodiversidad y del agua, arriesgando perpetuar y profundizar las relaciones de asimetría y desigualdad que existen entre países del sur y el norte global y promoviendo políticas que impiden una transición energética global justa”, señaló Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta y del área de Política Ambiental de FARN. Regulación Europea de Materias Primas Fundamentales (CRMR)Bajo esta lógica, la Comisión discutió esta semana sobre la implementación de la Regulación Europea de Materias Primas Fundamentales (Critical Raw Materials Regulation, CRMR) vía los ‘proyectos estratégicos’ y ‘asociaciones estratégicas’ en y con países del sur global.Es crítico que a pesar de que la regulación será ampliamente implementada en Latinoamérica donde gran parte de estos minerales se encuentran en ecosistemas estratégicos para la vida y territorios indígenas, esta no incluya mecanismos sólidos de debida diligencia de derechos humanos y ambientales adecuadas al contexto sociocultural de esta región. Por el contrario, la regulación permite que las empresas europeas se autorregulen en el cumplimiento de estándares de derechos humanos y ambientales mediante esquemas que no dan cuenta de la complejidad de los impactos agregados y sinérgicos de las actividades extractivas que se expanden a gran velocidad debido a la demanda europea y global.“Desde Europa se busca asegurar el acceso a minerales y energía por medio de la modernización de tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales de inversión y la propia CRMR. Desde esta nueva ley, se promueven mecanismos privados de participación multiactor y estándares mineros en materia ambiental o de transparencia que no pueden ser entendidos como sustituto de los procedimientos y regulaciones contempladas en las leyes de países. Actualmente, son utilizados por las mismas empresas y estados que en conjunto niegan sistemáticamente el derecho a la consulta libre, previa e informada de pueblos muchas veces afectados simultáneamente por megaproyectos mineros y energéticos”, indicó Ramón Balcázar, investigador y director ejecutivo de Fundación Tantí. Realidades territoriales fuera de la agenda de la UEEn América Latina existe evidencia suficiente de que la extracción a gran escala de minerales se traduce en degradación y conflictividad socioambiental, trayendo consigo graves riesgos para las comunidades locales y los defensores del ambiente.En el Salar de Atacama, en Chile, y el Salar del Hombre Muerto, en Argentina, la extracción de litio ha generado conflictos medioambientales, debilitado el tejido social, profundizado la violencia estatal y afectado significativamente a estos sensibles ecosistemas.A pesar de lo anterior, representantes gubernamentales de varias provincias argentinas que participaron en el evento no se refirieron a la falta de licencia social y la grave conflictividad socioambiental a la que se enfrentan. Por el contrario, subrayaron las oportunidades de inversión en esas provincias ricas en minerales, promoviendo reformas que generan un grave retroceso en los derechos humanos y ambientales como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Así fue denunciado por la organización Argentina FARN en reciente comunicación.“La Unión Europea cuenta con regulaciones cuyos procesos de implementación no están respetando los derechos de acceso y el derecho internacional ambiental”, señaló Yeny Rodríguez, abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Esto es sumamente preocupante, pues sabemos, que hay 49 proyectos estratégicos para la extracción de minerales de transición que no están dentro de la UE (de 170 propuestas en total), pero no tenemos información sobre cuáles son. Es posible que estén en el sur global y, más preocupantemente, proyectados en tierras indígenas y ecosistemas estratégicos para el clima, que deberían ser reconocidos como No-Go Zones por la UE, es decir, espacios libres de minería”.Hacemos un llamado para que las UE adopte rápidamente soluciones efectivas de reducción de la producción y el consumo de minerales en la UE, y profundice su política de circularidad, a fin de que aborde las crisis sociales y ecológicas intergeneracionalmente de forma justa, sin generar nuevas desigualdades o comprometer el bienestar humano de América Latina, tal y como fue solicitado recientemente por la misma Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Contactos de prensaAnna Miller (EE. UU.), AIDA, [email protected], +17166029553Belén Felix (Argentina), FARN, [email protected], +5491134214728Felipe Fontecilla (Chile), Fundación Tantí, [email protected], +56954460903

December 04 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

Sesión 2 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2024

Mejores prácticas para una acción climática efectiva: Perspectivas desde el Fondo Verde del Clima y lecciones para otros fondos Por cuarto año consecutivo, invitamos a todos quienes integran la sociedad civil que hace seguimiento al Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés) y a otros fondos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a participar en dos sesiones dinámicas el 9 de octubre y el 4 de diciembre.Este año, nos complace introducir un formato más interactivo, con presentaciones y entrevistas en directo entre un/a moderador/a y representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC).En esta segunda y última sesión, reflexionaremos sobre los resultados de la COP29, centrándonos en las decisiones clave relacionadas con el financiamiento climático. También dialogaremos en torno a las lecciones aprendidas del seguimiento al Fondo Verde del Clima (FVC), con especial atención a la perspectiva de género, los pueblos indígenas, la divulgación de información y la reparación, entre otras cuestiones clave. PanelistaBertha Argueta, Germanwatch: El financiamiento climático bajo la CMNUCC y el Acuerdo de París luego de la COP29: ¿Qué sigue para la Nueva Meta Colectiva y Cuantificable (NCQG, por sus siglas en inglés)? EntrevistadosNatalia Daza, monitora de género del FVC para América Latina y el Caribe.Tunga Rai, integrante del Grupo Asesor de Pueblos Indígenas (IPAG, por sus siglas en inglés) del FVC.Florencia Ortúzar, nodo regional para el GCF Watch.Bertha Argueta, observadora activa suplente del FVC. Moderó: Daan Robben, Both ENDS. Grabación (en inglés)

December 03 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

COP29: La meta climática desilusiona e invita a buscar esperanza en otro lado

La vigésimo novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), celebrada en Bakú, Azerbaiyán, fue llamada “la COP del financiamiento” ya que la decisión más esperada era el establecimiento de la Nueva Meta Colectiva y Cuantificable (NCQG, por sus siglas en inglés) de financiamiento climático global, el monto al que se comprometerían los países desarrollados para financiar la acción climática en los países en desarrollo. El tema acaparó toda la atención, dejando en sombras todo lo demás. Además, la reciente reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, acompañada por su amenaza de abandonar el Acuerdo de París y revertir la acción climática del país, marcó el tono de las negociaciones.Las negociaciones, previstas del 11 al 22 de noviembre, fueron intensas y finalizaron recién en la madrugada del domingo 24, casi dos días después del cierre planeado, con la aprobación de un texto que generó gran desilusión. Aun así, la invitación es a no dejarnos enceguecer por la decepción. Por mucho que lo queramos, demandemos y esperemos, las negociaciones climáticas internacionales no entregan lo que tan desesperadamente necesitamos. Busquemos la esperanza en lo que sí sucede y funciona, como los proyectos locales, liderados por comunidades, y el trabajo de la sociedad civil, que no se rinde.A continuación, un balance de la COP29 basado en lo acordado respecto del financiamiento climático y otros temas relevantes. Nueva meta de financiamiento climáticoEl mandato era claro: la nueva meta debía superar la anterior, de 100 mil millones de dólares anuales, y responder a las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Sin embargo, mientras estos pedían 1.3 trillons (millón de millones) anuales, la oferta fue de apenas 300 mil millones (menos de un tercio y apenas el 12% del presupuesto militar mundial en 2023) para 2035. “Is this a joke?” (¿es una broma?) exclamó al respecto el jefe de la delegación boliviana en una rueda de prensa.Los países en desarrollo también demandaban que el financiamiento fuera adecuado, es decir, basado principalmente en fondos públicos, bajo la forma de donaciones e instrumentos altamente concesionales que no agravaran las pesadas deudas que ya soportan. Además, pedían una inclusión explícita de las pérdidas y daños como uno de los objetivos del financiamiento (junto con la mitigación y adaptación), así como una meta específica para la adaptación.Pero nada de eso se consiguió. La meta quedó abierta al financiamiento privado, diluyendo aún más la responsabilidad de los países desarrollados. Tampoco se estableció una meta específica para adaptación ni se incluyó mención alguna a las pérdidas y los daños. Por si quedaba alguna duda, toda referencia a los derechos humanos fue eliminada del texto final.Cómo único alivio, se hizo un llamado a movilizar 1.3 trillons de dólares anuales en financiamiento climático de una amplia base de fuentes, a través del denominado Roadmap Bakú-Belem (Hoja de Ruta Bakú-Belém), con miras a alcanzar este objetivo para 2035. Sin embargo, se trata de un “llamado” y no de un compromiso vinculante, cuyos resultados concretos dependen de la voluntad política en los próximos años. Balance Global y temas de géneroNo se logró ningún avance significativo en cuanto a los resultados del Balance Global del estado de implementación del Acuerdo de París, presentados el año pasado, particularmente en cuanto a la transición de los combustibles fósiles. El tema fue postergado para la COP30, que tendrá lugar el próximo año en la ciudad brasileña de Belém do Pará.Aunque los temas de género tampoco prosperaron lo suficiente, deben reconocerse ciertos avances, como la extensión por 10 años del Programa de Trabajo de Lima, que sienta las bases para el desarrollo de un Plan de Acción de Género y ofrece la oportunidad de seguir profundizando la integración de la equidad de género en la acción climática, particularmente mientras los países elaboran las actualizaciones de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés).Además, el texto del NCQG reconoce a las mujeres como beneficiarias de los fondos, pero no se asegura el abordaje de las circunstancias específicas y las discriminaciones interseccionales que enfrentan muchas mujeres. Mercados de carbonoLo que sí vio la luz fueron los mercados de carbono, con la aprobación de las reglas para un mercado global. Los mercados de carbono son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono. Cada crédito representa una tonelada de CO₂, o su equivalente en otros gases de efecto invernadero, eliminada de la atmósfera. Los créditos los generan proyectos que reducen emisiones (conservación de bosques, energía renovable o eficiencia energética, entre otros). Los compradores son empresas contaminantes que buscan compensar emisiones para permanecer en norma. El tema llevaba más de una década en conversaciones por la dificultad de garantizar la credibilidad del sistema para reducir emisiones. Aunque representa el último pendiente del Acuerdo de París, firmado hace más de 10 años, la sociedad civil no celebra. Estos mercados permiten a las empresas seguir contaminando, siempre que paguen por reducciones de carbono en otro lugar del mundo. Reducción de emisiones de metanoUn hecho prometedor fue la firma, por más de 30 países, de la Declaración sobre la reducción del metano de residuos orgánicos. Los signatarios, que representan casi la mitad de las emisiones mundiales de ese tipo, se comprometieron a establecer objetivos sectoriales específicos para la reducción de metano en sus futuras NDC, enfatizando la relevancia de la gestión de residuos orgánicos en la lucha contra el cambio climático. En conclusiónAl final, los resultados no son sorprendentes. Las COP sobre cambio climático suelen dar poco que celebrar, pero no debemos olvidar que son un espacio único donde todos los países se sientan a buscar consensos para avanzar en un objetivo común. La existencia misma de esta instancia refleja una intención de reconocer las responsabilidades históricas, en favor de la justicia y de un mundo donde podamos coexistir en armonía. Es una plataforma desde la cual empujar, por más que traiga más frustración que resultados. Por otro lado, resulta tremendamente esperanzador y motivante ver a la sociedad civil en acción. Cientos de representantes de diferentes organizaciones y movimientos dan lo mejor de sí para lograr resultados que reflejen el cumplimiento de los compromisos internacionales de los países desarrollados hacia sus pares en desarrollo, el clima y el equilibrio natural de nuestro planeta. Finalmente, los eventos paralelos que se dan en las COP son fuente de inspiración. Por los costados y sin mucho revuelo, se mueven personas de comunidades y pueblos indígenas que están implementando soluciones climáticas en sus territorios, con resultados exitosos concretos. Esas personas, como semillas que germinan silenciosamente, representan una poderosa fuente de esperanza.

November 27 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

El ABC de los minerales de transición y de su rol en la producción de energía

Por Mayela Sánchez, David Cañas y Javier Oviedo* Necesitamos dejar los combustibles fósiles para afrontar la crisis climática, de eso no hay duda. Pero ¿qué implica transitar a otras fuentes de energía?Para producir una batería o un panel solar también se utilizan materias primas que provienen de la naturaleza.Algunos de esos recursos son minerales a los que, por sus características y en el contexto de transición energética, se les ha nombrado descriptivamente minerales de transición.¿Cuáles son esos minerales? ¿Dónde están? ¿Cómo se usan?A continuación respondemos las principales dudas sobre estos recursos minerales porque es crucial conocer qué bienes de la naturaleza abastecerán las nuevas fuentes de energía, así como garantizar que su extracción respete los derechos humanos y los límites planetarios para que la transición energética sea justa. ¿Qué son los minerales de transición y por qué se les llama así?Son un conjunto de minerales con alta capacidad para almacenar y conducir energía. Por esas cualidades, son utilizados en el desarrollo de tecnologías de energía renovable, como paneles solares, baterías para la movilidad eléctrica o turbinas eólicas.Se les llama así porque se les considera esenciales para el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable, como las ya mencionadas. Y en el contexto de la transición energética, las fuentes de energía que usan estos minerales son las más socorridas para reemplazar a las fuentes de energía fósil.A los minerales de transición también se les suele llamar minerales "críticos" por considerarse estratégicos para la transición energética. El término "críticos" se refiere a elementos que son vitales para la economía y la seguridad nacional, pero cuya cadena de suministro es vulnerable a interrupciones. Esto significa que los minerales de transición pueden ser minerales estratégicos, pero no críticos en términos de seguridad y economía.Sin embargo, en torno a la urgencia de la acción climática, algunos Estados y organismos internacionales han catalogado a los minerales de transición como minerales "críticos" con el fin de promover y facilitar el acceso a estas materias primas. ¿Cuáles son los principales minerales de transición?Los minerales de transición más relevantes son el cobalto, cobre, grafito, litio, níquel y las tierras "raras".Pero son al menos 19 minerales los que están siendo usados en las diferentes tecnologías de energía renovable: bauxita, cadmio, cobalto, cobre, cromo, estaño, galio, germanio, grafito, indio, litio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, silicio, telurio, titanio, zinc, y las tierras "raras". ¿Qué son las tierras “raras” y por qué se les llama así?Las tierras "raras" son los 16 elementos químicos del grupo de los lantanoides o lantánidos, más el Itrio (Y), cuyo comportamiento químico es virtualmente igual al de los lantanoides.Son el Escandio, Itrio, Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y el Lutecio.Se les llama así porque cuando fueron descubiertos, en los siglos XVIII y XIX, eran menos conocidos en comparación con otros elementos considerados similares, como la cal. Pero el nombre ya es obsoleto en la actualidad.El término "raro" tampoco hace referencia a su abundancia, pues aunque no suelen concentrarse en depósitos que puedan ser explotables (por lo que sus minas son pocas), incluso los elementos menos abundantes de este grupo son mucho más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan los minerales de transición? ¿Qué tecnologías dependen de los minerales de transición?Los usos de los minerales de transición en el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable son diversos:Tecnologías solares: bauxita, cadmio, estaño, germanio, galio, indio, selenio, silicio, telurio, zinc.Instalaciones eléctricas: cobre.Energía eólica: bauxita, cobre, cromo, manganeso, molibdeno, tierras "raras", zinc.Almacenamiento de energía: bauxita, cobalto, cobre, grafito, litio, manganeso, molibdeno, níquel, tierras "raras", titanio.Baterías: cobalto, grafito, litio, manganeso, níquel, tierras "raras". Además, se emplean en una variedad de tecnologías modernas, por ejemplo en la fabricación de pantallas, teléfonos celulares, discos duros de computadoras y luces LED, entre otros. ¿Dónde se encuentran los minerales de transición?La geografía de los minerales de transición es amplia, abarcando de China a Canadá, desde Estados Unidos hasta Australia. Pero su extracción se ha concentrado en países del sur global.Varios países de América Latina están entre los principales productores de distintos minerales de transición. Dichos materiales se encuentran en territorios complejos y ricos en diversidad biológica y cultural, como la Amazonía y los humedales andinos.Argentina: litioBrasil: aluminio, bauxita, litio, manganeso, tierras raras, titanioBolivia: litioChile: cobre, litio, molibdenoColombia: níquelMéxico: cobre, estaño, molibdeno, zincPerú: estaño, molibdeno, zinc ¿Cómo apoyan los minerales de transición a la transición energética y la descarbonización?Los minerales de transición se consideran eslabones indispensables de la transición energética que busca la descarbonización, es decir dejar atrás las fuentes de energía fósil.Pero el interés mundial por estos materiales también abre preguntas sobre los beneficios y desafíos de la minería de minerales de transición.El tema ha tomado tal relevancia que en septiembre pasado el Panel de Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió una serie de recomendaciones y principios para asegurar una gestión equitativa, justa y sostenible de estos minerales.Además, a raíz de la intensificación y expansión de su extracción en países de la región, el tema fue llevado por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de noviembre.En audiencia pública, representantes de comunidades y organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, y regionales, presentaron información y testimonios sobre los impactos ambientales y sociales de la minería de minerales de transición.Frente al actual proceso de transición energética es necesario saber de dónde provendrán los recursos que posibilitarán las tecnologías para lograrla.La extracción y uso de minerales de transición debe evitar que sus costos ambientales y sociales recaigan de forma desproporcionada en las comunidades y ecosistemas locales. *Mayela Sánchez es especialista en comunidad digital de AIDA; David Cañas y Javier Oviedo son asesores científicos.Fuentes consultadas:-Olivera, B., Tornel, C., Azamar, A., Minerales críticos para la transición energética. Conflictos y alternativas hacia una transformación socioecológica, Fundación Heinrich Böll Ciudad de México/Engenera/UAM-Unidad Xochimilco.-Science History Institute Museum & Library, "History and Future of Rare Earth Elements".-ONG FIMA, Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética: Críticas desde la justicia ambiental y territorial.-Haxel, Hedrick & Orris, "Rare Earth-Elements. Critical Resources for High Technology", 2005.-USGS 2014, "The Rare-Earth elements. Vital to modern technology and lifestyle", 2014.-Informe final para la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Minerales para la transición energética y su impacto en los derechos humanos en las Américas, 2024.

November 26 2024 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Pueblos indígenas y organizaciones sociales exigen protección urgente de los derechos territoriales en Argentina

Enviaron una solicitud de reunión urgente a Relatorías Especiales de la ONU en la que denuncian que el país está al borde de una crisis institucional y territorial debido a desalojos inminentes de comunidades indígenas y por la posible derogación de su protección legal ante proyectos extractivos.A fin de abordar las crecientes amenazas contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Argentina, diversas comunidades y organizaciones indígenas, junto con organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, solicitaron una reunión urgente con las Relatorías Especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible.La posible derogación de la Ley 26160, que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas de sus territorios ancestrales, ha encendido las alarmas debido al riesgo que representa de un aumento en los desplazamientos forzosos, de la expansión de proyectos extractivos sin el consentimiento adecuado y, como consecuencia, de un incremento en la violencia y criminalización contra estas comunidades.La Ley 26160 (actual DNU 805/2021), vigente desde 2006, suspende los desalojos de comunidades indígenas y promueve el relevamiento de sus territorios comunitarios. Sin embargo, la situación actual amenaza la estabilidad y la frágil seguridad jurídica de alrededor de 2.000 comunidades que dependen de esta normativa para preservar sus territorios y sus modos de vida tradicionales.La situación se agravó con la reciente resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que derogó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, esencial para el reconocimiento jurídico de estas comunidades. Esta medida, señalan las organizaciones, ha generado un estado de indefensión e inseguridad, en franca violación a los derechos constitucionales e internacionales que protegen la autodeterminación de los pueblos indígenas como consecuencia de los desalojos, la criminalización, la militarización de territorios y el incumplimiento de la consulta libre, previa e informada."El año 2024 no ha sido un año fácil para los pueblos indígenas en un escenario marcado por la violencia, el negacionismo y el racismo estructural. Los cambios políticos y el ascenso al poder político (y económico) de sectores vinculados a la derecha han intensificado una retórica que deslegitima y hostiliza a los pueblos indígenas al no reconocerlos como legítimos e históricos sujetos de derecho, cuestionando y vulnerando sus derechos constitucionales y convencionales", expresa Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, abogada indígena y Responsable del Área de Pueblos Indígenas de Xumek.Por su parte, Paula Alvarado Mamani, abogada indígena e integrante de la Comunidad Multiétnica Tres Ombúes, manifiesta: "Lamentablemente nos encontramos en tiempos en donde la perspectiva capitalista, colonial y racista se encuentra en crecimiento, a ello se le suman los fuertes negociados de empresas privadas (nacionales/internacionales) que tienen intereses particulares en despojarnos de nuestros territorios y apropiarse de ellos y de las demás fuerzas naturales (bienes comunitarios) que se encuentran allí, además de la complicidad del poder judicial que, existiendo una normativa que lo prohíbe, han tenido éxito en despojar algunas comunidades de sus territorios ancestrales".Desde Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Mariana Katz, abogada de esa organización social y docente universitaria, señala: "A pesar de tener una norma que ha declarado la emergencia territorial, por la que solo se reconoce la posesión y que ha sido útil en muchos casos para evitar los desalojos, en la actualidad se la está desvirtuando en su aplicación, incluso han aumentado los casos de desalojos de comunidades y la violencia que sufren como consecuencia de la resistencia. A pesar de ello, tenemos conocimiento de la intención de derogarla. Además de esto, nos preocupa muchísimo la falta de voluntad de una sanción de ley de propiedad comunitaria indígena, tan necesaria para garantizar de manera efectiva la seguridad jurídica de los territorios"."Las comunidades indígenas enfrentan una situación crítica ante la posible derogación de la Ley 26160 y la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, lo que podría generar graves impactos en sus derechos territoriales y culturales", destacó Sofía Barquero, abogada del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Sin embargo, confiamos en que la intervención de las Relatorías de la ONU pueda promover soluciones constructivas, garantizar la protección de los derechos humanos y territoriales, y contribuir a un diálogo que refuerce la paz social y el desarrollo sostenible en Argentina".La posible derogación representa un retroceso drástico en la protección de los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas. Esto sucede en un contexto de crecientes presiones de actividades mineras, de hidrocarburos, desmontes y otros proyectos económicos que conllevan desalojos violentos y criminalización de las comunidades indígenas.Las comunidades indígenas y organizaciones firmantes solicitan la intervención urgente de la ONU para intentar frenar los desalojos, proteger los territorios, asegurar la protección ambiental y garantizar la consulta libre, previa e informada a las comunidades sobre cualquier proyecto o medida que afecte sus derechos.Se adhieren:Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)Xumek Organización Territorial Malalweche Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)Comunidad Mapuche-Tehuelche INAN KUME RUPU Comunidad Indígena Diaguita Mala Mala, Dpto Lules Tucumán  Comunidad Indigena Diaguita Mala Mala P/J 220/09 Tucumán Argentina Comunidad Sikiman/Ancon (Punilla Sur-Córdoba) Organización territorial KAMI Henen (Cmiare-Camichingon/Sanavirón/Ranquel) Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) Instituto de Cultura Popular (Incupo)Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa)Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática de Latinoamérica EarthJustice Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina Amnistía Internacional Asociación Americana de Juristas Rama Argentina Red Argentina de Abogacía Comunitaria Centro de Políticas Públicas para el Socialismo Comunidad Mapuche Urbana Pillan, Olavarría, Buenos Aires Comunidad Plurinacional Diaguita Olongasta Comunidad Indígena Tres Ombúes Contactos de prensa:Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107Mariana Katz, SERPAJ, [email protected]Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, Xumek, [email protected], +5492616807798Gabriel Jofré, Organización Identidad Territorial Malalweche, +54 9 2604 59 2679María Natalia Echegoyemberry, [email protected]