Derechos Humanos

Audiencia ante la CIDH sobre impactos en DDHH por extracción de combustibles fósiles

Marzo 26 2026 Derechos Humanos

Cuando la defensa ambiental en América Latina llega a foros internacionales clave

Por Víctor Quintanilla y Mayela Sánchez García* Las voces de los territorios de América Latina y el Caribe son poderosas, más cuando demandan la protección del ambiente frente a múltiples y crecientes amenazas.Con frecuencia, esta exigencia no encuentra eco en quienes administran justicia a nivel nacional o local.Esta tendencia hace necesario recurrir a vías complementarias de justicia en el plano internacional.Una de ellas es la que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano internacional con un mandato importante: la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.Como organización movida por la misión de garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina y el Caribe, la CIDH es un espacio clave en el cual visibilizar problemáticas ambientales que afectan derechos humanos en la región.Lo hacemos de la mano de comunidades y de organizaciones aliadas.Así las voces de los territorios resuenan ante un órgano internacional capaz de instar a que los gobiernos del continente cambien sus prácticas y fortalezcan sus estándares de protección de poblaciones afectadas por la degradación ambiental. Testimonios por una salida responsable de los combustibles fósilesLlevar las voces de las comunidades ante la CIDH es también una oportunidad de visibilizar patrones regionales de riesgo y violaciones de derechos humanos.Así ocurrió el pasado 10 de marzo, cuando representantes de comunidades de Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana expusieron ante la Comisión cómo décadas de extracción y uso de combustibles fósiles han vulnerado gravemente derechos humanos como el derecho a un ambiente sano, a la salud y al acceso a la información y participación en asuntos ambientales."Nuestra región no necesita únicamente descarbonizar su matriz energética, también necesita descarbonizar la injusticia histórica que han soportado nuestros pueblos", expresó Yaneth Ortiz, representante del pueblo indígena Wayuu de La Guajira, un territorio al norte de Colombia gravemente impactado por la operación del proyecto minero Carbones del Cerrejón.Sus mensajes fueron escuchados por la CIDH durante una audiencia pública denominada "Situación de los derechos humanos por la extracción de combustibles fósiles", en el marco de su 195° Período de Sesiones.Las y los representantes de las comunidades también hablaron de cómo en el contexto actual de transición energética, estas violaciones y riesgos se han profundizado."Nuestros niños se están enfermando en sus propias escuelas. A pesar de todo esto, no hay responsables claros ni soluciones estructurales… Para nosotros este proceso de descarbonización [en Chile] ha sido insuficiente y poco transparente", expresó Katta Alonso, en representación de la organización chilena Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia.Las experiencias locales compartidas evidenciaron la urgencia de llevar a cabo transiciones justas, lo que implica cierres responsables de proyectos de energía fósil en toda la región.Mientras que Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), planteó: "No nos han hecho consulta previa, libre e informada para realizar explotación petrolera en nuestro territorio, tampoco para la conformación del área protegida. Ahora exigimos que se respeten nuestros derechos en el proceso de cierre de la actividad petrolera y la reparación ambiental y social".AIDA solicitó la audiencia junto con las comunidades y con organizaciones aliadas."Expusimos el riesgo y las violaciones a derechos humanos que experimentan distintos territorios en contextos de cierre y salida irresponsable de proyectos de extracción y quema de carbón, gas y petróleo", detalla Rosa Peña, abogada de AIDA.Para la Comisión, el propósito de estas audiencias es recibir información sobre temáticas o asuntos de derechos humanos en países específicos o regionales para emitir recomendaciones a los gobiernos orientadas al respeto y goce de los derechos humanos.Antes de cada período de sesiones, recibe un número gigante de solicitudes para que aborde en las audiencias las diferentes problemáticas de derechos humanos del continente, no solo relacionadas con el ambiente o el clima."Así llegamos aquí, después de convencer a la Comisión de la importancia de ver este tema con un enfoque de derechos humanos y de que escuche a las comunidades", cuenta Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.Con los años, AIDA ha desarrollado amplia experiencia y liderazgo en recurrir exitosamente a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos —los dos pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mecanismo de la Organización de Estados Americanos— para lograr impacto regional en la protección del ambiente sano, de la mano de los territorios. Voces frente a los daños de la minería ilegalTambién durante el Período de Sesiones de la CIDH en Guatemala, participamos en la audiencia de oficio "Impactos de la minería ilegal en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales", convocada por la propia Comisión.Nuestra intervención se sumó a otras voces para evidenciar por qué esta actividad es hoy uno de los fenómenos más preocupantes en el continente debido a sus graves afectaciones en los ecosistemas y los derechos humanos.En los territorios de América Latina, la minería de oro desencadena extracción ilícita que vulnera múltiples derechos, principalmente de pueblos indígenas y comunidades tradicionales.En la audiencia, propusimos ante la Comisión elementos relevantes para abordar la problemática desde una perspectiva regional.En AIDA buscamos amplificar la fuerza de los territorios y de su gente, llevando su sabiduría a espacios de toma de decisiones con potencial impacto de cambiar realidades en favor de un mejor futuro en el continente. *Víctor Quintanilla-Sangüeza es el Coordinador de Contenido de AIDA y Mayela Sánchez García es la especialista en comunidad digital de la organización.

Marzo 26 2026 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Comunicación a Relatoría de la ONU sobre situación de comunidades mapuches en Mendoza, Argentina

A la Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados:La Organización Identidad Territorial Malalweche, la organización XUMEK y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentan información actualizada sobre el funcionamiento del sistema de justicia en la provincia de Mendoza, Argentina, en relación con causas que involucran derechos territoriales de comunidades indígenas, en particular en contextos de conflictividad vinculada a proyectos extractivos.La comunicación expone los antecedentes normativos e institucionales relevantes, las interferencias políticas identificadas en el ámbito provincial y el tratamiento judicial de los conflictos territoriales indígenas en Mendoza. En ese marco, se desarrollan en ella: i) el impacto de la derogación de la Ley 26.160 y de la revisión de resoluciones del INAI sobre el reconocimiento de la ocupación actual, tradicional y pública; ii) los principales precedentes judiciales vinculados a las comunidades Lof Suyai Levfv, Lof Yanten Florido y Lof El Sosneado; iii) la forma en que se valoró la prueba técnica, antropológica y los relevamientos territoriales; iv) las garantías procesales observadas en estos litigios, incluyendo la intervención de terceros y la admisión o rechazo de presentaciones como amicus curiae; y v) los elementos que permiten evaluar la compatibilidad de estas actuaciones con los estándares internacionales sobre independencia judicial y protección de los derechos de los pueblos indígenas.Lo anterior tiene por objeto comunicar a la Relatoría Especial la información que podría revelar prácticas judiciales que afectan la independencia, imparcialidad y rendición de cuentas del Poder Judicial en la Argentina, con particular gravedad en el ámbito de la provincia de Mendoza, con graves impactos para los derechos de los pueblos indígenas. En ese marco, se solicita a la Relatoría que examine el impacto de las decisiones judiciales documentadas sobre el acceso efectivo a la justicia de las comunidades indígenas y valore la existencia de interferencias, que comprometen el ejercicio independiente de la función judicial, así como la posibilidad de reunirse con las organizaciones aquí representadas y emitir una carta de alegación al Estado argentino, con especial atención a la Provincia de Mendoza.Lee y descarga la comunicación

Hombre navega en bote un río de la Amazonía brasileña.

Marzo 25 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos

Principios internacionales para la desinversión responsable de combustibles fósiles

En un contexto de emergencia climática cada vez más grave, las empresas deben retirarse rápidamente de la extracción de carbón, petróleo y gas, así como de las industrias de energía fósil asociadas y de las instalaciones auxiliares de transporte, almacenamiento, refinación y procesamiento. Sin embargo, la necesidad urgente de abandonar los combustibles fósiles no justifica una desinversión irresponsable por parte de las empresas de energía fósil. El cierre rápido y el cierre responsable de la industria de los combustibles fósiles no son agendas incompatibles. Ambas son vitales para lograr justicia climática y ambiental, así como una transición energética justa.En ausencia de políticas y prácticas de desinversión responsables, las comunidades se ven expuestas a la contaminación heredada, así como a riesgos para la salud a largo plazo derivados de infraestructuras abandonadas que no se desmantelan adecuadamente y de la falta de restauración adecuada de los ecosistemas. Muchas comunidades también se enfrentan a una pérdida significativa de medios de vida y a dificultades económicas, ya que la industria de los combustibles fósiles se desinvierte sin tener en cuenta las consecuencias económicas locales, especialmente en los lugares donde se han creado dependencias económicas a lo largo del tiempo.Basados en las experiencias vividas y las demandas de las comunidades y las y los trabajadores(as) afectados(as) por las actividades relacionadas con los combustibles fósiles en todo el mundo, y en consonancia con las obligaciones internacionales existentes de los Estados y los marcos internacionales de responsabilidad corporativa, incluida la responsabilidad de respetar los derechos humanos, estos Principios Internacionales para la Desinversión Responsable de los Combustibles Fósiles establecen una agenda positiva que todas las empresas y los Estados deben seguir para promover una transición justa. Están diseñados para cambiar el desequilibrio de poder que actualmente favorece a las empresas y a los Estados poderosos, con el fin de garantizar que las comunidades y las y los trabajadores(as) afectados(as) tengan capacidad de acción y control sobre cómo se lleva a cabo la desinversión en combustibles fósiles. Su objetivo es que las empresas los sigan y los Estados los hagan obligatorios. Lee y descarga el documento

Marzo 20 2026 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Familias de La Oroya exigen al gobierno peruano cuatro acciones urgentes para el cumplimiento efectivo del fallo de la Corte Interamericana

Ante la falta de avances significativos, demandan al Estado definir las entidades responsables de cumplir cada medida ordenada por la Corte, brindar atención integral y especializada en salud, garantizar la mitigación de la contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y pagar de inmediato las indemnizaciones a las víctimas del caso.La Oroya, Perú. Ante los avances mínimos en el cumplimiento de la sentencia emitida hace dos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, familias afectadas por décadas de contaminación en La Oroya exigen al gobierno la adopción urgente de cuatro acciones necesarias para la implementación efectiva del fallo en el corto plazo.El 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer el fallo en el que declaró al Estado peruano responsable por la violación de derechos humanos de un grupo de 80 residentes de La Oroya y le ordenó adoptar medidas de reparación integral.Sin embargo, la implementación del fallo continúa en una etapa inicial debido principalmente a la falta de voluntad política del Estado y a su cambio constante de argumentos para retrasar el proceso. Los avances al momento no han sido sustantivos y han estado relacionados con publicidad sobre la sentencia, el pago al Fondo de Víctimas instaurado por la Corte y el inicio de investigaciones penales por la estigmatización y persecución de las víctimas por su labor de defensa ambiental.Además, en los dos años transcurridos desde la emisión de la sentencia, el Complejo Metalúrgico de La Oroya, al haber reiniciado sus operaciones, ha generado nuevamente niveles de contaminación en la ciudad que superan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud."La reactivación del Complejo Metalúrgico en marzo de 2024, sin cumplir con los actuales estándares ambientales, vuelve a poner en riesgo la salud de toda la población de La Oroya. Hoy, ni las víctimas del caso ni las demás personas que viven en la ciudad tienen garantizada una atención en salud frente a la contaminación. Además, no hay claridad sobre cuándo terminará esta situación, lo que genera mucha incertidumbre por la falta de acción del Estado", afirmó Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que lleva el caso ante la Corte junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú.Frente a la situación, el grupo de víctimas del caso exige al gobierno peruano avanzar en el cumplimento de la sentencia mediante cuatro acciones urgentes:Emitir la Resolución de Determinación de Competencias que defina con claridad qué entidad es responsable de cada orden de la Corte, estableciendo presupuesto y plazos concretos de ejecución.Aprobar e implementar un protocolo especializado de atención integral en salud, elaborado con participación efectiva de las víctimas y con una asignación suficiente de fondos.Suspender las operaciones del Complejo Metalúrgico hasta contar con un instrumento de gestión ambiental acorde con los estándares establecidos por la Corte; así como evaluar medidas de transición para personas propietarias y trabajadoras a fin de evitar nuevos impactos sociales.Pagar las indemnizaciones a las víctimas según lo estipulado por la Corte. Después de más de 20 años de lucha, la sentencia histórica del caso todavía no se refleja en mejores condiciones de vida para las víctimas ni en reparaciones a los daños sufridos."Genera profunda preocupación que, a dos años de emitida la sentencia, el Estado no haya definido cuáles serán las entidades que tendrán a cargo el cumplimiento de cada una de sus disposiciones. Esta situación imposibilita incluso tener un espacio de coordinación directa a favor de las víctimas, así como de la población general de La Oroya y del país ante actividades minero-metalúrgicas. No olvidemos que la Corte ordenó también políticas públicas a nivel nacional para proteger el ambiente y la salud en Perú", dijo Christian Huaylinos, del Área Legal de APRODEH.Aunque la inestabilidad política de Perú ha influido, el principal obstáculo para avanzar de manera firme en la implementación del fallo internacional, que es obligatoria, ha sido la falta de decisión del Estado en ese sentido.Contacto de prensaLorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481

Termoeléctrica Ventanas en la Bahía de Puchuncaví, Chile

Marzo 10 2026 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones y comunidades solicitan acciones de la CIDH ante violaciones de derechos humanos por proyectos de combustibles fósiles

En una audiencia pública, evidenciaron los impactos y riesgos para comunidades de América Latina por décadas de extracción, comercialización y uso de carbón, petróleo y gas; así como por procesos de cierre y salida irresponsable de proyectos del sector en el marco de la transición energética.Ciudad de Guatemala. Representantes de organizaciones y comunidades de América Latina pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atender las violaciones de derechos humanos derivadas de la operación y cierre de proyectos de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) en la región.Lo hicieron en una audiencia pública en la que —a partir de casos emblemáticos en Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana— evidenciaron ante la Comisión las violaciones y riesgos de violaciones de derechos humanos por décadas de extracción, comercialización y uso de combustibles fósiles sin cumplir con estándares socioambientales. También alertaron sobre vulneraciones que ya están ocurriendo en procesos de cierre y salida irresponsable de proyectos del sector en el marco de políticas de transición energética.Los casos expuestos incluyeron el proyecto Carbones de Cerrejón en La Guajira, al norte de Colombia, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina; la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ubicada en la región sur de República Dominicana y alimentada con carbón colombiano; el Complejo Termoeléctrico de Quintero y Puchuncaví, localizado en una bahía de Chile reconocida como zona de sacrificio ambiental y donde convergen 14 industrias contaminantes; la central termoeléctrica Norgener en Tocopilla, Chile, cuyo proceso de cierre incluyó la quema forzada y acelerada de 94 mil toneladas de carbón que estaban en acopio; y la explotación petrolera en la Amazonía, incluida la instalada en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.La audiencia —realizada durante el 195° Período de Sesiones de la CIDH— fue otorgada a la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Nacionalidad Waorani (Ecuador), la Plataforma La Guajira le Habla al País (Colombia) (1), comunidades de Tocopilla y la asociación Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia (Chile), y al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (República Dominicana).En la sesión, las organizaciones y comunidades presentaron además información que demuestra que en América Latina no existen marcos regulatorios que aseguren un cierre y salida de proyectos fósiles con enfoque de derechos humanos. En ese contexto, y con base en los casos descritos y las tendencias identificadas, solicitaron a la Comisión que:Establezca lineamientos que orienten a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos en todo el ciclo de vida de los proyectos, asegurando la identificación temprana de impactos, la prevención de daños, la definición de responsabilidades y la reparación de afectaciones.Defina estándares y criterios que guíen a los Estados en la adopción de medidas preventivas, correctivas y de mitigación de impactos en derechos humanos; incluyendo planes de cierre integrales, el desmantelamiento seguro de infraestructuras, la remediación ambiental y el monitoreo de riesgos para la salud y los ecosistemas.Promueva marcos regulatorios que obliguen a las empresas a planificar el cierre de proyectos; lo que incluye establecer responsabilidades frente a pasivos ambientales y sociales, garantías financieras para el cierre y mecanismos que eviten el abandono de operaciones o la transferencia de activos sin cumplir las obligaciones de cierre.Incorpore enfoques diferenciados que atiendan las afectaciones desproporcionadas a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades rurales y otros grupos en situación de vulnerabilidad.Refuerce las garantías de acceso a la información, participación efectiva y acceso a la justicia ambiental en todo el ciclo de los proyectos; asegurando que las comunidades afectadas participen de manera informada en el diseño, implementación y supervisión de los procesos de cierre y transición.Oriente a los Estados en la creación de mecanismos de supervisión, seguimiento y rendición de cuentas para monitorear los procesos de operación, cierre y poscierre; delimitar responsabilidades empresariales y estatales; y evitar transferencias de activos u otras reconfiguraciones empresariales como forma de eludir responsabilidades.Inste a los Estados a prever y gestionar los riesgos sociales, económicos, culturales y ambientales de la sustitución progresiva de los fósiles; incluyendo medidas para abordar la dependencia económica de los territorios, proteger los medios de vida de las comunidades y evitar impactos de procesos de cierre abruptos o mal gestionados. Las organizaciones y comunidades argumentaron ante la CIDH un riesgo regional creciente de que los procesos de cierre y salida de los proyectos de combustibles fósiles se realicen de forma irresponsable. En varios casos, las empresas abandonan operaciones, ceden o transfieren activos, devuelven concesiones y cesan operaciones sin garantizar la gestión adecuada de los impactos socioambientales generados por años. Estas prácticas pueden dejar afectaciones sin atender o reparar, además de responsabilidades difusas de actores públicos y privados, profundizando los riesgos para los derechos humanos y los territorios.Subrayaron que los Estados amazónicos deben adoptar acciones de cooperación regional y garantizar la protección integral de la Amazonía —uno de los ecosistemas más importantes del planeta por su biodiversidad y su papel en la regulación climática— frente al cierre y salida de proyectos de extracción de hidrocarburos. (1) La plataforma está conformada por comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes de La Guajira, el Centro de Investigación y Educación Popular Programa Por la Paz (Cinep/PPP), Censat Agua Viva y el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).Contacto de prensaLorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481

Febrero 06 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos, Minería

La importancia del “cómo” en la transición energética

De las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) que proceden de combustibles fósiles, una de las principales causas de la crisis climática, cerca de la mitad viene del uso de carbón.Y América Latina no es ajena al problema porque tiene una participación tanto en la quema de carbón como en la extracción del mineral que, tras ser exportado, es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo.En ese contexto, el cierre de termoeléctricas a carbón —como el que está ocurriendo en Chile — es una gran noticia, así como una oportunidad para encauzar la transición energética por el camino de la justicia.Pero en una transición energética justa, el “cómo” importa: Cada paso hacia la desfosilización debe garantizar sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, el respeto del ambiente y los derechos humanos, además de procesos de cierre y salida responsable. Así, el caso chileno, que explicaremos a continuación, es un ejemplo importante de por qué la región necesita implementar procesos de descarbonización responsables. Cuando descarbonizar contamina másA principios de 2024, la empresa AES Andes SA cerró la termoeléctrica Norgener en Tocopilla, ciudad costera situada en el norte de Chile.Como parte del proceso de cierre, la empresa quemó de manera acelerada las 94 mil toneladas de carbón que mantenía en la planta, afectando a una ciudad saturada ya de contaminación y reconocida públicamente como zona de sacrificio ambiental.La población de Tocopilla fue expuesta a posibles afectaciones a su salud que incluyen impactos en el sistema respiratorio, incremento del riesgo de infartos y —en niños y niñas — alteraciones perinatales, afectaciones al desarrollo y a la función pulmonar, entre otros.La quema forzada de carbón fue autorizada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CNE) —organismo encargado de gestionar las diferentes fuentes de energía que ingresan al sistema eléctrico nacional— y la electricidad generada desplazó el uso de energía proveniente de fuentes renovables.Para detener la quema, AIDA, Greenpeace y Chile Sustentable —junto con comunidades locales — presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección para detener la quema, pero la decisión judicial llegó cuando el carbón ya se había quemado. Además, la corte consideró que el caso debía revisarlo un tribunal especializado en la materia en un procedimiento más prolongado. Un mal precedente para Chile y para el continenteAl autorizar la quema del carbón remanente de la termoeléctrica Norgener, el Coordinador Eléctrico Nacional hizo una excepción a la ley que dispone el orden de despacho energético. Poco después, en septiembre de 2024, el organismo emitió un procedimiento interno para ordenar el cierre anticipado de centrales eléctricas.Aunque es un intento por encauzar los procesos de cierre, la medida abre la puerta a que otras empresas con centrales a carbón en proceso de cierre repliquen lo ocurrido en Norgener: quemen su carbón remanente bajo el argumento de “vaciar stock” y generen energía que ingrese con prioridad al sistema eléctrico nacional, desplazando nuevamente a la proveniente de fuentes renovables.En Chile, el Coordinador Eléctrico Nacional decide qué unidad despacha su energía al sistema en un momento dado con base en un criterio de mérito económico creciente, según el cual la energía con menor costo variable entra primero. Sin embargo, el procedimiento interno dispone —sin respaldo normativo suficiente— que el organismo puede autorizar el despacho de energía fuera de orden económico para que centrales a carbón consuman su combustible remanente antes de su cierre.Frente a esto, AIDA, Greenpeace, Chile Sustentable y MUZOSARE (Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia) presentaron el 6 de febrero de 2026 una denuncia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra el Coordinador y sus consejeros por la aprobación y puesta en marcha de la medida.La denuncia representa una oportunidad para que las cosas se hagan bien: que el organismo fiscalizador del sector asegure que la planificación del cierre de termoeléctricas no termine premiando la mala gestión de inventarios de carbón a costa de la salud de comunidades y de una transición energética justa. Lo que la transición energética necesitaEn 2019, el gobierno chileno se comprometió a cerrar todas las centrales eléctricas de carbón del país para 2040. Desde ese anuncio público, el calendario se ha ido acelerando. Pero la urgencia de la descarbonización no debe servir para favorecer a las empresas a cargo de termoeléctricas ni dañar a las comunidades que viven cerca de industrias contaminantes.Hacerlo de este modo debilita el liderazgo climático de Chile, dando un mal ejemplo para cualquier proceso de desfosilización en la región.En una transición energética justa, las empresas involucradas en toda la cadena del carbón y de otros combustibles fósiles tienen la obligación de garantizar el cierre y salida responsable de sus operaciones.La transición energética no es un mero cambio de tecnologías, es una oportunidad para replantear los modelos de energía y de desarrollo, así como para corregir injusticias. Esto requiere reglas claras y adecuadas que favorezcan la seguridad del sistema energético, la competencia y el ambiente sano.

Vista aérea de un paisaje de Groenlandia

Enero 29 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos, Minería

5 datos clave sobre las “tierras raras”

Es probable que en las últimas semanas hayas leído o escuchado el término "tierras raras".Contrario a lo que su nombre sugiere, su presencia en la vida cotidiana es más común de lo que piensas. De hecho, muchas innovaciones tecnológicas que usamos diariamente no serían posibles sin ellas.¿Y por qué se habla tanto de ellas actualmente?Porque hoy las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en medio de disputas por su control, dada su utilidad en la fabricación de tecnologías para la transición energética, pero también para la industria militar.Pero, al margen de las tensiones geopolíticas en torno al tema, hay preguntas básicas que surgen al escuchar este término y por eso aquí las respondemos.Al comprender de dónde vienen las materias primas detrás de las tecnologías que usamos podemos también replantearnos el tipo de futuro que queremos. ¿Qué son las "tierras raras"?Son 17 elementos metálicos, similares en sus propiedades geoquímicas, utilizados en gran parte de tecnologías actuales, desde teléfonos móviles hasta autos eléctricos.Incluyen los 15 lantánidos de la tabla periódica de los elementos químicos —Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio— , además del Escandio y el Itrio.El Prometio suele ser descartado de este grupo porque en condiciones normales su vida es corta. ¿Realmente son raras?Contrario a lo que pudiera pensarse, no son "raras" en abundancia, pero sí en concentración. Es decir, no suelen encontrarse depósitos con altas concentraciones, lo que dificulta su explotación y procesamiento. En consecuencia, la mayor parte de su suministro mundial proviene de unas pocas fuentes.Pero cuando fueron descubiertas (siglos XVIII y XIX) eran menos conocidas en comparación con otros elementos. Las "tierras raras" más abundantes son similares en concentración en la corteza terrestre a metales industriales comunes (cromo, níquel, cobre, zinc, molibdeno, estaño, tungsteno o plomo). Incluso las dos "tierras raras" menos abundantes (Tulio y Lutecio) son casi 200 veces más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan las "tierras raras"?Tienen propiedades fluorescentes, magnéticas y conductoras inusuales, que las hacen atractivas para una amplia variedad de aplicaciones.Están presentes en objetos cotidianos, como smartphones, pantallas o luces LED.En energías renovables, se usan para fabricar turbinas eólicas y autos eléctricos.Sus usos más especializados incluyen aparatos médicos y armamento. ¿Dónde están?Existen en varias partes del mundo, pero que un país tenga reservas no significa que las explote. Los países con las mayores reservas son:China: 44 millones de toneladas.Brasil: 21 millones de toneladas.India: 6 millones 900 mil toneladas.Australia: 5 millones 700 mil toneladas.Rusia: 3 millones 800 mil toneladas.Vietnam: 3 millones 500 mil toneladas.Estados Unidos: 1 millón 900 mil toneladas.Groenlandia: 1 millón 500 mil toneladas.En América Latina, además de Brasil, otros países donde se han identificado "tierras raras" son Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Perú. ¿Por qué ahora se habla tanto de ellas?La transición energética está intensificando la competencia por el acceso a materias primas — entre ellas las "tierras raras"— necesarias para tecnologías de energías renovables.Para promover y facilitar el acceso a estos y otros recursos, algunos países y organismos internacionales los llaman "críticos".Pero no solo son importantes para las energías renovables. Las "tierras raras" también son clave para la industria militar.Debido a que el suministro mundial se concentra en pocas fuentes, hay un creciente interés de algunos países del norte global por controlar el acceso a estos recursos. ¿Qué impactos causa su explotación?La extracción de "tierras raras" se hace principalmente en minas a cielo abierto, lo que implica graves impactos ambientales y sociales:Contaminación del agua, el aire y los suelos.Uso intensivo de agua y químicos tóxicos.Generación de desperdicios radioactivos.Pérdida de biodiversidad.Riesgos para la salud.Desplazamiento forzado de comunidades.Mayor riesgo de desigualdad económica. Las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en el centro de los debates actuales sobre quién controla su explotación y producción.Al ser bienes que provienen de la naturaleza, y que muchas veces están en territorios comunitarios y ecosistemas críticos, una discusión más urgente es qué tipo de progreso queremos: ¿uno que fomente la explotación desmedida de recursos o uno que respete al ambiente y a las personas? Si quieres profundizar más en el tema, te dejamos los enlaces de las fuentes que consultamos: USGS, Rare Earths Statistics and Information: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/rare-earths-statistics-and-inform… USGS, "Fact Sheet: Rare Earth Elements-Critical Resources for High Technology": https://pubs.usgs.gov/fs/2002/fs087-02/ Science History Institute, History and Future of Rare Earth Elements: https://www.sciencehistory.org/education/classroom-activities/role-playing-games/case-of-rare-earth… USGS, "The Rare Earth Elements-Vital to Modern Technologies and Lifestyles": https://pubs.usgs.gov/fs/2014/3078/pdf/fs2014-3078.pdf Institute for Environmental Research and Education, "What Impacts Does Mining Rare Earth Elements Have?": https://iere.org/what-impact-does-mining-rare-earth-elements-have/#environmental_impact_studiesLatin America’s opportunity in critical mineralsfor the clean energy transition: https://www.iea.org/commentaries/latin-americas-opportunity-in-critical-minerals-for-the-clean-ener…U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2025 : https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-rare-earths.pdf pg 145

Enero 26 2026 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Víctimas de La Oroya piden al Presidente de Perú el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana tras casi dos años de retrasos

El grupo de víctimas reconocido por el tribunal internacional enfatiza la urgencia de implementar la sentencia en temas relacionados con el cese de la contaminación en la ciudad de La Oroya, atención médica integral y especializada, y pago de indemnizaciones. La Oroya, Perú. Víctimas de décadas de contaminación ocasionada por las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya enviaron el 19 de diciembre de 2025 una carta al Presidente de la República para solicitar de forma urgente el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena al Estado peruano la adopción de medidas integrales de justicia y reparación. En la carta, parte del grupo de 80 víctimas reconocidas por el tribunal internacional en el caso La Oroya vs Perú hace énfasis en el cumplimiento del fallo en temas relacionados con la prevención de la contaminación en ciudad, la atención médica integral y diferenciada, así como el pago de indemnizaciones."Sr. Presidente, ¿es que acaso tenemos que esperar 20 años más para obtener algún tipo de reparación? Desde que iniciamos esta larga lucha, 7 personas pertenecientes a este grupo de víctimas han fallecido sin obtener justicia. Dos de ellas, incluyendo a una menor de edad, fallecieron como consecuencia de los daños a la salud producto de la contaminación en La Oroya, como lo pudo acreditar la Corte IDH en la sentencia", señalan las víctimas.Su pedido surge tras casi dos años de retrasos en la implementación efectiva del fallo, notificado el 22 de marzo de 2024, y luego de que la Corte IDH notificara en noviembre del año pasado su sentencia de interpretación, en la que se refirió solo a algunos aspectos específicos de la sentencia original que requerían mayor precisión para facilitar su ejecución. Estos puntos están relacionados con las medidas de atención en salud, la reubicación de las personas afectadas, los plazos de seguimiento, las indemnizaciones y el acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón público.Sin embargo, tanto las víctimas como las organizaciones que acompañan su lucha enfatizan que, tal como estableció la Corte IDH, todas las órdenes de la sentencia original están vigentes y son plenamente exigibles desde el momento de su emisión, en marzo de 2024, no existiendo impedimento legal para avanzar de inmediato en su cumplimiento.Un paso indispensable para concretar esto es la publicación urgente de la resolución de determinación de competencias por parte de la Procuraduría General del Estado."Las víctimas han recurrido a todos los mecanismos legales e institucionales para acceder a la justicia y ver reparados sus derechos. Hoy, prevenir que la población de La Oroya continúe expuesta a la contaminación ambiental, garantizar una atención integral en salud para quienes han sido afectadas por metales tóxicos, y asegurar el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte, son pasos necesarios y plenamente implementables para que el Estado peruano cumpla no solo con sus obligaciones internacionales, sino también con su deber fundamental de proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas que habitan su territorio", dijo Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Por su parte, Christian Huaylinos, del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), resalta la importancia de implementar la sentencia para todo el país: "De las disposiciones ordenadas por la Corte, varias tienen relevancia a nivel nacional, es decir, que se beneficia a la ciudadanía peruana en general frente a la contaminación por actividades minero-metalúrgicas. Entre ellas se resalta las de compatibilizar la normativa que define los estándares de calidad de aire a nivel nacional, garantizar el respeto de los derechos humanos y debida diligencia, así como diseñar e implementar un sistema de información de calidad de aire y agua en las zonas de Perú donde exista mayor actividad minero-metalúrgica. En ese sentido, lograr un oportuno y eficiente cumplimento por parte del Estado representa la trascendencia del caso en beneficio de todas y todos los peruanos".Las víctimas subrayan que, con las precisiones hechas por la Corte IDH en su sentencia de interpretación, no hay justificación para que persistan los retrasos institucionales que por más de dos décadas han impedido el acceso a la justicia y la reparación de las familias afectadas por la contaminación generada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya.Este caso se ha convertido en uno de los precedentes más relevantes en América Latina para la protección del derecho a un ambiente sano, a un aire limpio y a la salud, especialmente para comunidades expuestas a operaciones empresariales altamente contaminantes. Después de más de 20 años de lucha, las víctimas esperan que el Estado peruano finalmente garantice la justicia y reparación ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las víctimas, la población de La Oroya y las organizaciones involucradas en el caso reiteran su disposición a colaborar con las instituciones responsables para asegurar la implementación efectiva de todas las medidas y avanzar hacia la reparación integral y la no repetición.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107

Diciembre 18 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fuentes de Agua Dulce

10 noticias ambientales para terminar 2025 con esperanza

Estamos cerca de terminar un año complejo y hacer un balance parece desalentador. El multilateralismo tambalea mientras las crisis ambientales se agravan y demandan con urgencia acciones contundentes.En momentos así de convulsos vale la pena hacer un recuento de lo que, como humanidad, hemos logrado para construir un mundo más justo y sostenible para todos los seres que lo habitamos.2025 será recordado como el año en que una expedición submarina nos emocionó en vivo y directo, que celebramos la puesta en marcha de acuerdos para proteger la vida en el océano y que las decisiones de tribunales internacionales transformaron la búsqueda de justicia para proteger a las personas y al ambiente de la emergencia climática.Estas son algunas de las victorias ambientales que nos deja este año y merecen celebrarse, como se honra al fuego que ilumina en medio de la oscuridad. Porque así, aun entre pequeñas luces, podremos seguir alumbrando un camino de esperanza hacia la justicia ambiental y climática. 1. Tribunales internacionales emitieron decisiones históricas para la justicia climáticaLa Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dieron a conocer sus respectivas opiniones consultivas relacionadas con la emergencia climática. Ambas decisiones aclararon las obligaciones de los Estados para proteger los derechos de las personas y de la naturaleza frente a la crisis climática.Estas decisiones son parte de un movimiento global sin precedentes por la justicia climática en el que convergen también la opinión consultiva emitida en 2024 por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y futuras decisiones similares como la que se espera de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.Conoce más: Dialogue Earth 2. Los litigios climáticos rebasaron los 3 mil casos en el mundo Los litigios relacionados con el cambio climático alcanzaron los 3,099 casos en el mundo, de acuerdo con un informe del Sabin Center for Climate Change Law y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Aunque los litigios climáticos en países del sur global aún son minoría (9.8 % del total documentado), han crecido de forma sostenida. Brasil destaca como el tercer país con más casos en el mundo (135) y otros países de América Latina (México, Colombia, Argentina y Chile) figuran entre los 15 primeros con más casos registrados.Este crecimiento demuestra el uso cada vez mayor del litigio estratégico para promover acciones concretas ante las causas y consecuencias de la crisis climática.Conoce más: Sabin Center for Climate Change Law 3. Colombia declaró libre de gran minería e hidrocarburos su parte de la AmazoníaDurante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), Colombia declaró toda la extensión de la Amazonía colombiana como una zona libre de hidrocarburos y actividades de gran minería, anunciándola como "zona de reserva de recursos naturales".La decisión implica una limitación inédita a la expansión de actividades mineras e hidrocarburíferas en más de 48 millones de hectáreas, equivalentes al 7 % de toda la Amazonía. También es un llamado al resto de los países amazónicos a seguir su ejemplo.Conoce más: InfoAmazonia 4. Países crean un mecanismo global para impulsar la transición energética justaUn avance importante de la COP30 fue la adopción del Mecanismo de Acción de Belém (BAM por sus siglas en inglés), creado en el marco del Programa de Trabajo sobre Transición Justa.El mecanismo funcionará como un espacio articulador para centralizar iniciativas globales, ofrecer asistencia técnica y fortalecer la cooperación internacional. Es un logro impulsado por la sociedad civil para lograr una acción climática ambiciosa y una transición que no repita errores de la era de los fósiles.Conoce más: AIDA y The Climate Reality Project América Latina 5. Una expedición submarina en Argentina marcó un hito científico y tecnológicoLa expedición "Underwater Odel Plata Canyon: Talud Continental IV", liderada por científicas y científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, en colaboración con la fundación Schmidt Ocean Institute, exploró el océano profundo en el cañón submarino Mar del Plata durante 21 días, mientras se transmitía en directo por YouTube y Twitch.El resultado: se descubrieron 40 nuevas especies marinas y una diversidad inesperada de corales de aguas frías, hallazgos que fueron vistos y celebrados en tiempo real por millones de personas.Conoce más: CONICET 6. El Tratado de Alta Mar finalmente entrará en vigorEn un proceso que tomó más de dos décadas, el Tratado de Alta Mar alcanzó este año las 60 ratificaciones necesarias para activar su entrada en vigor, que ocurrirá el 17 de enero de 2026. Este acuerdo vinculante permite la protección de la parte del océano fuera de los límites de los países, casi la mitad del planeta, mediante la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales y la realización de evaluaciones de impacto ambiental de actividades humanas previstas en alta mar. Se trata de un hito histórico para la defensa del océano y el bienestar de millones de personas en América Latina y el mundo.Conoce más: AIDA 7. Comenzó la implementación del acuerdo que pone fin a subsidios pesqueros nocivosEl Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, de la Organización Mundial del Comercio, entró en vigor en septiembre de este año. Es el primer tratado comercial multilateral que prioriza la sostenibilidad ambiental, además de un hito para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.El acuerdo prohíbe las subvenciones gubernamentales que fomentan la pesca ilegal y el agotamiento de las poblaciones sobreexplotadas.Conoce más: OMC 8. Las tortugas verdes marinas dejaron de considerarse especie en peligro de extinciónTras décadas de declive, la población de tortugas verdes marinas está recuperándose. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya no las considera en peligro de extinción y las reclasificó como "especie de menor preocupación".Esta población de tortugas marinas ha aumentado gracias a décadas de trabajo de conservación para proteger zonas de anidación, reducir la captura y prevenir capturas incidentales. AIDA fue parte de esos esfuerzos, al protegerlas en la década de los 90 de la caza —por entonces legal— en Costa Rica.Conoce más: AIDA y IUCN Red List 9. Crece la protección de ecosistemas clave en el mundo, incluidas las GalápagosLa UNESCO incorporó 26 nuevas reservas de biosfera en 21 países, la cifra más alta en 20 años, y aprobó la expansión de 60 mil kilómetros de superficie en la Reserva de Biosfera Galápagos, en Ecuador, para incorporar la Reserva Marina Hermandad. Con ello, se resguardará el espacio por donde transitan decenas de especies marinas, muchas de ellas protegidas, y que es considerado uno de los corredores oceánicos más diversos del mundo.Conoce más: LaderaSur y Cancillería de Ecuador 10. Disminuyó la deforestación en territorios afrodescendientes en América LatinaLos pueblos afrodescendientes de Brasil, Colombia, Ecuador y Surinam redujeron significativamente sus tasas de deforestación, de acuerdo con una nueva investigación de Conservation International.El estudio demostró que los pueblos afrodescendientes son fundamentales para la conservación del ambiente, ya que 56 % de sus tierras están en el 5 % con más biodiversidad en el mundo.Conoce más: Conservation International

Tortuga marina nada junto a un arrecife de coral

Diciembre 15 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fuentes de Agua Dulce

Nuestro aporte a la justicia ambiental en 2025

Uno de los pilares del trabajo de AIDA es el uso estratégico de la ley, con el respaldo de la argumentación científica y la incidencia internacional, para crear precedentes clave que protejan el ambiente y los derechos humanos en toda América Latina.Este año nuestros esfuerzos contribuyeron a fortalecer el marco legal regional y mundial para que responda de manera más efectiva a los desafíos sociales y ambientales de hoy.Así, herramientas jurídicas clave vieron la luz y con ellas grandes oportunidades para seguir defendiendo a comunidades y territorios, protegiendo la biodiversidad de la región y haciendo responsables a gobiernos y empresas.Los avances logrados en 2025 muestran el poder transformador de la ley, la ciencia y la fortaleza de las comunidades cuando se unen: 1. Dos nuevos tratados globales le devuelven la esperanza al océano y a la humanidadEste año celebramos dos logros históricos que pueden cambiar el destino del océano y el nuestro.El primero es la ratificación del Tratado de Alta Mar para su puesta en marcha en enero de 2026. Este acuerdo legalmente vinculante establece normas comunes y un sistema de gobernanza multilateral para la parte del océano que está fuera de la jurisdicción nacional: ¡casi la mitad del planeta!El segundo hito es la entrada en vigor del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio. Por primera vez, un tratado comercial multilateral pone la sostenibilidad ambiental en primer plano al prohibir las subvenciones gubernamentales que fomentan la pesca ilegal y el agotamiento de las poblaciones sobreexplotadas.AIDA tuvo un papel importante en asegurar la inclusión de las necesidades de América Latina en la construcción de ambos acuerdos, apoyando técnicamente a representantes de gobiernos de la región. Nuestra labor continúa para garantizar que los tratados se traduzcan en medidas concretas y efectivas para el continente.Conoce más 2. Comunidad maya de Guatemala logra victoria ambiental históricaEn el municipio de Chinautla, Guatemala, una comunidad del pueblo maya poqomam logró un fallo judicial sin precedentes ante la contaminación de sus ríos, que por décadas ha vulnerado sus derechos. Como respuesta al litigio que interpuso la comunidad, un tribunal ordenó al municipio desarrollar estudios, programas y planes para frenar la contaminación y garantizar la participación comunitaria en todo el proceso.Es la primera vez que una decisión judicial en el país reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. Este logro puede inspirar a los otros municipios de la cuenca del Motagua, el río más extenso de Guatemala, a donde la contaminación llega, amenazando también al Arrecife Mesoamericano.Además de brindar apoyo legal, AIDA involucró a la comunidad en la documentación de los vertederos ilegales que han dañado sus fuentes de agua, una experiencia de ciencia ciudadana que se convirtió en sustento clave del litigio y de la sentencia.Conoce más 3. Corte Interamericana marca un antes y después para la justicia climáticaEl 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos humanos hizo pública su esperada Opinión Consultiva 32 sobre derechos humanos y emergencia climática, un punto de inflexión para la justicia climática a nivel regional y mundial. Su pronunciamiento esclarece las obligaciones legales de los Estados para proteger a personas y comunidades afectadas por la crisis climática, abriendo una puerta enorme para que accedan a justicia en tribunales nacionales e internacionales, negociaciones climáticas y espacios de incidencia sobre políticas públicas.La Corte, entre otras cosas, reconoce por primera vez el derecho a un clima sano, además del deber estatal de evitar que las empresas vulneren derechos humanos en el contexto del cambio climático.En el proceso que antecedió la decisión, AIDA fue el puente para que muchas comunidades de la región dieran testimonio ante la Corte, además de presentar un aporte propio argumentando la necesidad de reconocer el derecho a un clima estable y seguro.Conoce más Descubre las historias detrás de estos logros y nuestro resumen completo del año en nuestro Informe Anual 2025.