Derechos Humanos


Ciudad costera de Tocopilla en Chile

La importancia del “cómo” en la transición energética

De las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) que proceden de combustibles fósiles, una de las principales causas de la crisis climática, cerca de la mitad viene del uso de carbón.Y América Latina no es ajena al problema porque tiene una participación tanto en la quema de carbón como en la extracción del mineral que, tras ser exportado, es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo.En ese contexto, el cierre de termoeléctricas a carbón —como el que está ocurriendo en Chile — es una gran noticia, así como una oportunidad para encauzar la transición energética por el camino de la justicia.Pero en una transición energética justa, el “cómo” importa: Cada paso hacia la desfosilización debe garantizar sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, el respeto del ambiente y los derechos humanos, además de procesos de cierre y salida responsable.  Así, el caso chileno, que explicaremos a continuación, es un ejemplo importante de por qué la región necesita implementar procesos de descarbonización responsables. Cuando descarbonizar contamina másA principios de 2024, la empresa AES Andes SA cerró la termoeléctrica Norgener en Tocopilla, ciudad costera situada en el norte de Chile.Como parte del proceso de cierre, la empresa quemó de manera acelerada las 94 mil toneladas de carbón que mantenía en la planta, afectando a una ciudad saturada ya de contaminación y reconocida públicamente como zona de sacrificio ambiental.La población de Tocopilla fue expuesta a posibles afectaciones a su salud que incluyen impactos en el sistema respiratorio, incremento del riesgo de infartos y —en niños y niñas — alteraciones perinatales, afectaciones al desarrollo y a la función pulmonar, entre otros.La quema forzada de carbón fue autorizada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CNE) —organismo encargado de gestionar las diferentes fuentes de energía que ingresan al sistema eléctrico nacional— y la electricidad generada desplazó el uso de energía proveniente de fuentes renovables.Para detener la quema, AIDA, Greenpeace y Chile Sustentable —junto con comunidades locales — presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección para detener la quema, pero la decisión judicial llegó cuando el carbón ya se había quemado. Además, la corte consideró que el caso debía revisarlo un tribunal especializado en la materia en un procedimiento más prolongado. Un mal precedente para Chile y para el continenteAl autorizar la quema del carbón remanente de la termoeléctrica Norgener, el Coordinador Eléctrico Nacional hizo una excepción a la ley que dispone el orden de despacho energético. Poco después, en septiembre de 2024, el organismo emitió un procedimiento interno para ordenar el cierre anticipado de centrales eléctricas.Aunque es un intento por encauzar los procesos de cierre, la medida abre la puerta a que otras empresas con centrales a carbón en proceso de cierre repliquen lo ocurrido en Norgener:  quemen su carbón remanente bajo el argumento de “vaciar stock” y generen energía que ingrese con prioridad al sistema eléctrico nacional, desplazando nuevamente a la proveniente de fuentes renovables.En Chile, el Coordinador Eléctrico Nacional decide qué unidad despacha su energía al sistema en un momento dado con base en un criterio de mérito económico creciente, según el cual la energía con menor costo variable entra primero. Sin embargo, el procedimiento interno dispone —sin respaldo normativo suficiente— que el organismo puede autorizar el despacho de energía fuera de orden económico para que centrales a carbón consuman su combustible remanente antes de su cierre.Frente a esto, AIDA, Greenpeace, Chile Sustentable y MUZOSARE (Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia) presentaron el 6 de febrero de 2026 una denuncia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra el Coordinador y sus consejeros por la aprobación y puesta en marcha de la medida.La denuncia representa una oportunidad para que las cosas se hagan bien: que el organismo fiscalizador del sector asegure que la planificación del cierre de termoeléctricas no termine premiando la mala gestión de inventarios de carbón a costa de la salud de comunidades y de una transición energética justa. Lo que la transición energética necesitaEn 2019, el gobierno chileno se comprometió a cerrar todas las centrales eléctricas de carbón del país para 2040. Desde ese anuncio público, el calendario se ha ido acelerando. Pero la urgencia de la descarbonización no debe servir para favorecer a las empresas a cargo de termoeléctricas ni dañar a las comunidades que viven cerca de industrias contaminantes.Hacerlo de este modo debilita el liderazgo climático de Chile, dando un mal ejemplo para cualquier proceso de desfosilización en la región.En una transición energética justa, las empresas involucradas en toda la cadena del carbón y de otros combustibles fósiles tienen la obligación de garantizar el cierre y salida responsable de sus operaciones.La transición energética no es un mero cambio de tecnologías, es una oportunidad para replantear los modelos de energía y de desarrollo, así como para corregir injusticias. Esto requiere reglas claras y adecuadas que favorezcan la seguridad del sistema energético, la competencia y el ambiente sano. 

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Vista aérea de un paisaje de Groenlandia

5 datos clave sobre las “tierras raras”

Es probable que en las últimas semanas hayas leído o escuchado el término "tierras raras".Contrario a lo que su nombre sugiere, su presencia en la vida cotidiana es más común de lo que piensas. De hecho, muchas innovaciones tecnológicas que usamos diariamente no serían posibles sin ellas.¿Y por qué se habla tanto de ellas actualmente?Porque hoy las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en medio de disputas por su control, dada su utilidad en la fabricación de tecnologías para la transición energética, pero también para la industria militar.Pero, al margen de las tensiones geopolíticas en torno al tema, hay preguntas básicas que surgen al escuchar este término y por eso aquí las respondemos.Al comprender de dónde vienen las materias primas detrás de las tecnologías que usamos podemos también replantearnos el tipo de futuro que queremos. ¿Qué son las "tierras raras"?Son 17 elementos metálicos, similares en sus propiedades geoquímicas, utilizados en gran parte de tecnologías actuales, desde teléfonos móviles hasta autos eléctricos.Incluyen los 15 lantánidos de la tabla periódica de los elementos químicos —Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio— , además del Escandio y el Itrio.El Prometio suele ser descartado de este grupo porque en condiciones normales su vida es corta. ¿Realmente son raras?Contrario a lo que pudiera pensarse, no son "raras" en abundancia, pero sí en concentración. Es decir, no suelen encontrarse depósitos con altas concentraciones, lo que dificulta su explotación y procesamiento. En consecuencia, la mayor parte de su suministro mundial proviene de unas pocas fuentes.Pero cuando fueron descubiertas (siglos XVIII y XIX) eran menos conocidas en comparación con otros elementos.  Las "tierras raras" más abundantes son similares en concentración en la corteza terrestre a metales industriales comunes (cromo, níquel, cobre, zinc, molibdeno, estaño,  tungsteno o plomo). Incluso las dos "tierras raras" menos abundantes (Tulio y Lutecio) son casi 200 veces más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan las "tierras raras"?Tienen propiedades fluorescentes, magnéticas y conductoras inusuales, que las hacen atractivas para una amplia variedad de aplicaciones.Están presentes en objetos cotidianos, como smartphones, pantallas o luces LED.En energías renovables, se usan para fabricar turbinas eólicas y autos eléctricos.Sus usos más especializados incluyen aparatos médicos y armamento. ¿Dónde están?Existen en varias partes del mundo, pero que un país tenga reservas no significa que las explote. Los países con las mayores reservas son:China: 44 millones de toneladas.Brasil: 21 millones de toneladas.India: 6 millones 900 mil toneladas.Australia: 5 millones 700 mil toneladas.Rusia: 3 millones 800 mil toneladas.Vietnam: 3 millones 500 mil toneladas.Estados Unidos: 1 millón 900 mil toneladas.Groenlandia: 1 millón 500 mil toneladas.En América Latina, además de Brasil, otros países donde se han identificado "tierras raras" son Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Perú. ¿Por qué ahora se habla tanto de ellas?La transición energética está intensificando la competencia por el acceso a materias primas — entre ellas las "tierras raras"— necesarias para tecnologías de energías renovables.Para promover y facilitar el acceso a estos y otros recursos, algunos países y organismos internacionales los llaman "críticos".Pero no solo son importantes para las energías renovables. Las "tierras raras" también son clave para la industria militar.Debido a que el suministro mundial se concentra en pocas fuentes, hay un creciente interés de algunos países del norte global por controlar el acceso a estos recursos. ¿Qué impactos causa su explotación?La extracción de "tierras raras" se hace principalmente en minas a cielo abierto, lo que implica graves impactos ambientales y sociales:Contaminación del agua, el aire y los suelos.Uso intensivo de agua y químicos tóxicos.Generación de desperdicios radioactivos.Pérdida de biodiversidad.Riesgos para la salud.Desplazamiento forzado de comunidades.Mayor riesgo de desigualdad económica. Las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en el centro de los debates actuales sobre quién controla su explotación y producción.Al ser bienes que provienen de la naturaleza, y que muchas veces están en territorios comunitarios y ecosistemas críticos, una discusión más urgente es qué tipo de progreso queremos: ¿uno que fomente la explotación desmedida de recursos o uno que respete al ambiente y a las personas? Si quieres profundizar más en el tema, te dejamos los enlaces de las fuentes que consultamos: USGS, Rare Earths Statistics and Information: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/rare-earths-statistics-and-inform… USGS, "Fact Sheet: Rare Earth Elements-Critical Resources for High Technology": https://pubs.usgs.gov/fs/2002/fs087-02/  Science History Institute, History and Future of Rare Earth Elements: https://www.sciencehistory.org/education/classroom-activities/role-playing-games/case-of-rare-earth…  USGS, "The Rare Earth Elements-Vital to Modern Technologies and Lifestyles": https://pubs.usgs.gov/fs/2014/3078/pdf/fs2014-3078.pdf Institute for Environmental Research and Education, "What Impacts Does Mining Rare Earth Elements Have?": https://iere.org/what-impact-does-mining-rare-earth-elements-have/#environmental_impact_studiesLatin America’s opportunity in critical mineralsfor the clean energy transition: https://www.iea.org/commentaries/latin-americas-opportunity-in-critical-minerals-for-the-clean-ener…U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2025 : https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-rare-earths.pdf pg 145 

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Calle de la ciudad de La Oroya en Perú

Víctimas de La Oroya piden al Presidente de Perú el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana tras casi dos años de retrasos

El grupo de víctimas reconocido por el tribunal internacional enfatiza la urgencia de implementar la sentencia en temas relacionados con el cese de la contaminación en la ciudad de La Oroya, atención médica integral y especializada, y pago de indemnizaciones. La Oroya, Perú. Víctimas de décadas de contaminación ocasionada por las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya enviaron el 19 de diciembre de 2025 una carta al Presidente de la República para solicitar de forma urgente el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena al Estado peruano la adopción de medidas integrales de justicia y reparación.  En la carta, parte del grupo de 80 víctimas reconocidas por el tribunal internacional en el caso La Oroya vs Perú hace énfasis en el cumplimiento del fallo en temas relacionados con la prevención de la contaminación en ciudad, la atención médica integral y diferenciada, así como el pago de indemnizaciones."Sr. Presidente, ¿es que acaso tenemos que esperar 20 años más para obtener algún tipo de reparación? Desde que iniciamos esta larga lucha, 7 personas pertenecientes a este grupo de víctimas han fallecido sin obtener justicia. Dos de ellas, incluyendo a una menor de edad, fallecieron como consecuencia de los daños a la salud producto de la contaminación en La Oroya, como lo pudo acreditar la Corte IDH en la sentencia", señalan las víctimas.Su pedido surge tras casi dos años de retrasos en la implementación efectiva del fallo, notificado el 22 de marzo de 2024, y luego de que la Corte IDH notificara en noviembre del año pasado su sentencia de interpretación, en la que se refirió solo a algunos aspectos específicos de la sentencia original que requerían mayor precisión para facilitar su ejecución. Estos puntos están relacionados con las medidas de atención en salud, la reubicación de las personas afectadas, los plazos de seguimiento, las indemnizaciones y el acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón público.Sin embargo, tanto las víctimas como las organizaciones que acompañan su lucha enfatizan que, tal como estableció la Corte IDH, todas las órdenes de la sentencia original están vigentes y son plenamente exigibles desde el momento de su emisión, en marzo de 2024, no existiendo impedimento legal para avanzar de inmediato en su cumplimiento.Un paso indispensable para concretar esto es la publicación urgente de la resolución de determinación de competencias por parte de la Procuraduría General del Estado."Las víctimas han recurrido a todos los mecanismos legales e institucionales para acceder a la justicia y ver reparados sus derechos. Hoy, prevenir que la población de La Oroya continúe expuesta a la contaminación ambiental, garantizar una atención integral en salud para quienes han sido afectadas por metales tóxicos, y asegurar el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte, son pasos necesarios y plenamente implementables para que el Estado peruano cumpla no solo con sus obligaciones internacionales, sino también con su deber fundamental de proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas que habitan su territorio", dijo Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).  Por su parte, Christian Huaylinos, del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), resalta la importancia de implementar la sentencia para todo el país: "De las disposiciones ordenadas por la Corte, varias tienen relevancia a nivel nacional, es decir, que se beneficia a la ciudadanía peruana en general frente a la contaminación por actividades minero-metalúrgicas. Entre ellas se resalta las de compatibilizar la normativa que define los estándares de calidad de aire a nivel nacional, garantizar el respeto de los derechos humanos y debida diligencia, así como diseñar e implementar un sistema de información de calidad de aire y agua en las zonas de Perú donde exista mayor actividad minero-metalúrgica. En ese sentido, lograr un oportuno y eficiente cumplimento por parte del Estado representa la trascendencia del caso en beneficio de todas y todos los peruanos".Las víctimas subrayan que, con las precisiones hechas por la Corte IDH en su sentencia de interpretación, no hay justificación para que persistan los retrasos institucionales que por más de dos décadas han impedido el acceso a la justicia y la reparación de las familias afectadas por la contaminación generada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya.Este caso se ha convertido en uno de los precedentes más relevantes en América Latina para la protección del derecho a un ambiente sano, a un aire limpio y a la salud, especialmente para comunidades expuestas a operaciones empresariales altamente contaminantes. Después de más de 20 años de lucha, las víctimas esperan que el Estado peruano finalmente garantice la justicia y reparación ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Las víctimas, la población de La Oroya y las organizaciones involucradas en el caso reiteran su disposición a colaborar con las instituciones responsables para asegurar la implementación efectiva de todas las medidas y avanzar hacia la reparación integral y la no repetición.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 

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Ave en las Islas Galápagos, Ecuador

10 noticias ambientales para terminar 2025 con esperanza

Estamos cerca de terminar un año complejo y hacer un balance parece desalentador. El multilateralismo tambalea mientras las crisis ambientales se agravan y demandan con urgencia acciones contundentes.En momentos así de convulsos vale la pena hacer un recuento de lo que, como humanidad, hemos logrado para construir un mundo más justo y sostenible para todos los seres que lo habitamos.2025 será recordado como el año en que una expedición submarina nos emocionó en vivo y directo, que celebramos la puesta en marcha de acuerdos para proteger la vida en el océano y que las decisiones de tribunales internacionales transformaron la búsqueda de justicia para proteger a las personas y al ambiente de la emergencia climática.Estas son algunas de las victorias ambientales que nos deja este año y merecen celebrarse, como se honra al fuego que ilumina en medio de la oscuridad. Porque así, aun entre pequeñas luces, podremos seguir alumbrando un camino de esperanza hacia la justicia ambiental y climática. 1. Tribunales internacionales emitieron decisiones históricas para la justicia climáticaLa Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dieron a conocer sus respectivas opiniones consultivas relacionadas con la emergencia climática. Ambas decisiones aclararon las obligaciones de los Estados para proteger los derechos de las personas y de la naturaleza frente a la crisis climática.Estas decisiones son parte de un movimiento global sin precedentes por la justicia climática en el que convergen también la opinión consultiva emitida en 2024 por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y futuras decisiones similares como la que se espera de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.Conoce más: Dialogue Earth 2. Los litigios climáticos rebasaron los 3 mil casos en el mundo Los litigios relacionados con el cambio climático alcanzaron los 3,099 casos en el mundo, de acuerdo con un informe del Sabin Center for Climate Change Law y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Aunque los litigios climáticos en países del sur global aún son minoría (9.8 % del total documentado), han crecido de forma sostenida. Brasil destaca como el tercer país con más casos en el mundo (135) y otros países de América Latina (México, Colombia, Argentina y Chile) figuran entre los 15 primeros con más casos registrados.Este crecimiento demuestra el uso cada vez mayor del litigio estratégico para promover acciones concretas ante las causas y consecuencias de la crisis climática.Conoce más: Sabin Center for Climate Change Law 3. Colombia declaró libre de gran minería e hidrocarburos su parte de la AmazoníaDurante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), Colombia declaró toda la extensión de la Amazonía colombiana como una zona libre de hidrocarburos y actividades de gran minería, anunciándola como "zona de reserva de recursos naturales".La decisión implica una limitación inédita a la expansión de actividades mineras e hidrocarburíferas en más de 48 millones de hectáreas, equivalentes al 7 % de toda la Amazonía. También es un llamado al resto de los países amazónicos a seguir su ejemplo.Conoce más: InfoAmazonia 4. Países crean un mecanismo global para impulsar la transición energética justaUn avance importante de la COP30 fue la adopción del Mecanismo de Acción de Belém (BAM por sus siglas en inglés), creado en el marco del Programa de Trabajo sobre Transición Justa.El mecanismo funcionará como un espacio articulador para centralizar iniciativas globales, ofrecer asistencia técnica y fortalecer la cooperación internacional. Es un logro impulsado por la sociedad civil para lograr una acción climática ambiciosa y una transición que no repita errores de la era de los fósiles.Conoce más: AIDA y The Climate Reality Project América Latina 5. Una expedición submarina en Argentina marcó un hito científico y tecnológicoLa expedición "Underwater Odel Plata Canyon: Talud Continental IV", liderada por científicas y científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, en colaboración con la fundación Schmidt Ocean Institute, exploró el océano profundo en el cañón submarino Mar del Plata durante 21 días, mientras se transmitía en directo por YouTube y Twitch.El resultado: se descubrieron 40 nuevas especies marinas y una diversidad inesperada de corales de aguas frías, hallazgos que fueron vistos y celebrados en tiempo real por millones de personas.Conoce más: CONICET 6. El Tratado de Alta Mar finalmente entrará en vigorEn un proceso que tomó más de dos décadas, el Tratado de Alta Mar alcanzó este año las 60 ratificaciones necesarias para activar su entrada en vigor, que ocurrirá el 17 de enero de 2026. Este acuerdo vinculante permite la protección de la parte del océano fuera de los límites de los países, casi la mitad del planeta, mediante la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales y la realización de evaluaciones de impacto ambiental de actividades humanas previstas en alta mar. Se trata de un hito histórico para la defensa del océano y el bienestar de millones de personas en América Latina y el mundo.Conoce más: AIDA 7. Comenzó la implementación del acuerdo que pone fin a subsidios pesqueros nocivosEl Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, de la Organización Mundial del Comercio, entró en vigor en septiembre de este año. Es el primer tratado comercial multilateral que prioriza la sostenibilidad ambiental, además de un hito para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.El acuerdo prohíbe las subvenciones gubernamentales que fomentan la pesca ilegal y el agotamiento de las poblaciones sobreexplotadas.Conoce más: OMC 8. Las tortugas verdes marinas dejaron de considerarse especie en peligro de extinciónTras décadas de declive, la población de tortugas verdes marinas está recuperándose. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya no las considera en peligro de extinción y las reclasificó como "especie de menor preocupación".Esta población de tortugas marinas ha aumentado gracias a décadas de trabajo de conservación para proteger zonas de anidación, reducir la captura y prevenir capturas incidentales. AIDA fue parte de esos esfuerzos, al protegerlas en la década de los 90 de la caza —por entonces legal— en Costa Rica.Conoce más: AIDA y IUCN Red List 9. Crece la protección de ecosistemas clave en el mundo, incluidas las GalápagosLa UNESCO incorporó 26 nuevas reservas de biosfera en 21 países, la cifra más alta en 20 años, y aprobó la expansión de 60 mil kilómetros de superficie en la Reserva de Biosfera Galápagos, en Ecuador, para incorporar la Reserva Marina Hermandad. Con ello, se resguardará el espacio por donde transitan decenas de especies marinas, muchas de ellas protegidas, y que es considerado uno de los corredores oceánicos más diversos del mundo.Conoce más: LaderaSur y Cancillería de Ecuador 10. Disminuyó la deforestación en territorios afrodescendientes en América LatinaLos pueblos afrodescendientes de Brasil, Colombia, Ecuador y Surinam redujeron significativamente sus tasas de deforestación, de acuerdo con una nueva investigación de Conservation International.El estudio demostró que los pueblos afrodescendientes son fundamentales para la conservación del ambiente, ya que 56 % de sus tierras están en el 5 % con más biodiversidad en el mundo.Conoce más: Conservation International 

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Tortuga marina nada junto a un arrecife de coral

Nuestro aporte a la justicia ambiental en 2025

Uno de los pilares del trabajo de AIDA es el uso estratégico de la ley, con el respaldo de la argumentación científica y la incidencia internacional, para crear precedentes clave que protejan el ambiente y los derechos humanos en toda América Latina.Este año nuestros esfuerzos contribuyeron a fortalecer el marco legal regional y mundial para que responda de manera más efectiva a los desafíos sociales y ambientales de hoy.Así, herramientas jurídicas clave vieron la luz y con ellas grandes oportunidades para seguir defendiendo a comunidades y territorios, protegiendo la biodiversidad de la región y haciendo responsables a gobiernos y empresas.Los avances logrados en 2025 muestran el poder transformador de la ley, la ciencia y la fortaleza de las comunidades cuando se unen: 1. Dos nuevos tratados globales le devuelven la esperanza al océano y a la humanidadEste año celebramos dos logros históricos que pueden cambiar el destino del océano y el nuestro.El primero es la ratificación del Tratado de Alta Mar para su puesta en marcha en enero de 2026. Este acuerdo legalmente vinculante establece normas comunes y un sistema de gobernanza multilateral para la parte del océano que está fuera de la jurisdicción nacional: ¡casi la mitad del planeta!El segundo hito es la entrada en vigor del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio. Por primera vez, un tratado comercial multilateral pone la sostenibilidad ambiental en primer plano al prohibir las subvenciones gubernamentales que fomentan la pesca ilegal y el agotamiento de las poblaciones sobreexplotadas.AIDA tuvo un papel importante en asegurar la inclusión de las necesidades de América Latina en la construcción de ambos acuerdos, apoyando técnicamente a representantes de gobiernos de la región. Nuestra labor continúa para garantizar que los tratados se traduzcan en medidas concretas y efectivas para el continente.Conoce más 2. Comunidad maya de Guatemala logra victoria ambiental históricaEn el municipio de Chinautla, Guatemala, una comunidad del pueblo maya poqomam logró un fallo judicial sin precedentes ante la contaminación de sus ríos, que por décadas ha vulnerado sus derechos. Como respuesta al litigio que interpuso la comunidad, un tribunal ordenó al municipio desarrollar estudios, programas y planes para frenar la contaminación y garantizar la participación comunitaria en todo el proceso.Es la primera vez que una decisión judicial en el país reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. Este logro puede inspirar a los otros municipios de la cuenca del Motagua, el río más extenso de Guatemala, a donde la contaminación llega, amenazando también al Arrecife Mesoamericano.Además de brindar apoyo legal, AIDA involucró a la comunidad en la documentación de los vertederos ilegales que han dañado sus fuentes de agua, una experiencia de ciencia ciudadana que se convirtió en sustento clave del litigio y de la sentencia.Conoce más 3. Corte Interamericana marca un antes y después para la justicia climáticaEl 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos humanos hizo pública su esperada Opinión Consultiva 32 sobre derechos humanos y emergencia climática, un punto de inflexión para la justicia climática a nivel regional y mundial. Su pronunciamiento esclarece las obligaciones legales de los Estados para proteger a personas y comunidades afectadas por la crisis climática, abriendo una puerta enorme para que accedan a justicia en tribunales nacionales e internacionales, negociaciones climáticas y espacios de incidencia sobre políticas públicas.La Corte, entre otras cosas, reconoce por primera vez el derecho a un clima sano, además del deber estatal de evitar que las empresas vulneren derechos humanos en el contexto del cambio climático.En el proceso que antecedió la decisión, AIDA fue el puente para que muchas comunidades de la región dieran testimonio ante la Corte, además de presentar un aporte propio argumentando la necesidad de reconocer el derecho a un clima estable y seguro.Conoce más Descubre las historias detrás de estos logros y nuestro resumen completo del año en nuestro Informe Anual 2025. 

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Selva amazónica en Perú

Hacia la reducción del metano: Hablemos de las emisiones no contabilizadas

Cada molécula de metano, un gas de efecto invernadero (GEI) y un contaminante climático de vida corta (CCVC), calienta el planeta 80 veces más que el CO2 en periodos de 20 años, además de dañar la calidad del aire y con ello la salud humana. Estas emisiones son la causa de alrededor del 30% del aumento de la temperatura actual, siendo el sector de los combustibles fósiles el responsable de casi un tercio de ellas.Sin embargo, más allá de los datos que sí conocemos, existe una preocupación creciente por las emisiones no contabilizadas de metano en el ciclo de producción y consumo del gas, el petróleo y el carbón. Estas responden a fugas, procesos indirectos, subestimaciones, venteos intencionales y de emergencia, entre otras cosas.No medir estas emisiones impide adoptar las acciones necesarias para reducirlas. En este webinar, de la mano de personas expertas, hablamos de las emisiones no contabilizadas de metano: ¿dónde están?, ¿por qué no se cuentan?, ¿qué alternativas tenemos para incluirlas y gestionarlas adecuadamente?Fue el sexto seminario web de la serie "Extractivismos y defensa territorial desde la ciencia", que busca profundizar en los impactos que las actividades extractivas de recursos minero-energéticos generan en comunidades y ecosistemas de nuestra región. PanelPatricia Rodríguez, Earthworks.Javier Dávalos, Climate Reality Project.Moderó: Patricia Rengel, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación   

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Población de Chinautla en Guatemala

CIDH alerta sobre violaciones a derechos humanos en Guatemala por contaminación en la cuenca del río Motagua

Washington D.C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) expresa su preocupación y hace un llamado a adoptar acciones urgentes ante las conclusiones del informe de la CIDH, resultado de la visita realizada por el organismo a Guatemala en julio de 2024.Durante su visita, la CIDH constató que los ríos del municipio de Chinautla "pasaron a ser conductos contaminados de residuos y desechos que desembocan en el río Motagua". El organismo señala que dichos vertidos se realizan "sin pasar por una planta de tratamiento", lo que incrementa la presencia de sustancias contaminantes y agrava la crisis ambiental.El informe, presentado esta semana, advierte que la contaminación del agua, la inexistencia de controles ambientales y la operación irregular de empresas extractivas en la zona amenazan derechos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, la salud e integridad de las comunidades, así como los derechos territoriales del pueblo indígena poqomam.Los hallazgos sobre Chinautla se enmarcan en la degradación general de la cuenca del río Motagua, considerada la más importante de Guatemala. Según la CIDH, la cuenca enfrenta contaminación severa por aguas residuales, agroquímicos, deforestación y desechos sólidos. Además, estima que el Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial.El organismo subraya, asimismo, la urgencia de que Guatemala apruebe una Ley de Aguas que reconozca el agua como un bien común y garantice su gestión "de manera equitativa, sostenible y participativa, desde un enfoque integral de derechos humanos".AIDA se suma a este llamado al considerar que dicha normativa es esencial para garantizar el acceso al recurso hídrico, fortalecer la gestión integral de los desechos sólidos y mejorar el marco legal para el tratamiento de aguas residuales. Estas medidas son clave para avanzar en la restauración de cuencas hidrográficas estratégicas, como la del río Motagua."Las conclusiones de la CIDH deben convertirse en un punto de inflexión que reconozca la necesidad de abordar integralmente la gestión de los recursos hídricos como un bien común y un derecho humano en Guatemala y América Latina", afirma Bryslie Cifuentes, abogada de AIDA. "Esto implica además incorporar medidas de protección ambiental y de adaptación a la crisis climática, así como garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus territorios y fuentes de agua"."Si bien el informe de la CIDH evidencia la profunda crisis institucional que pone en riesgo la gobernabilidad y el Estado de Derecho, es necesario destacar que sus efectos trascienden lo político, pues impactan directamente derechos esenciales como el acceso al agua y saneamiento, la salud y un medio ambiente sano", concluye la abogada.Consulta el informe completo de la CIDH 

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Pescadores en Bahía de Banderas, México
Derechos Humanos, Océanos

Reflexiones para la recuperación de los recursos pesqueros de América Latina

Por Juan Fernando Carrascal, Gisselle García y Bryslie Cifuentes* Los recursos pesqueros de América Latina y el Caribe están hoy en un escenario de sobreexplotación y de explotación a niveles máximos sostenibles de numerosas especies de interés comercial y de consumo comunitario.La situación es agravada por la falta de información adecuada para gestionar estos recursos, además de por la alta vulnerabilidad de las pesquerías artesanales a la crisis climática y a la competencia por el espacio con la pesca industrial y los desarrollos costa afuera (offshore).La emergencia climática tiene efectos drásticos y a largo plazo en las pesquerías de la región, afectando la distribución de las especies, los medios de vida de las comunidades pesqueras y la eficacia de las estrategias de manejo.Frente a este panorama, es fundamental gestionar y reducir la presión pesquera, protegiendo y restaurando los ecosistemas marino-costeros. El uso del derecho en general, particularmente el derecho pesquero internacional y nacional, permite el ordenamiento de la actividad pesquera. Brindando las condiciones para el aprovechamiento, manejo y conservación de las pesquerías e incluso para la restauración de especies y ecosistemas.   Situación de las pesquerías en América Latina y el CaribeA nivel global, cerca del 36 % de los stocks pesqueros está por encima de los niveles biológicamente sostenibles, algo que se refleja en las estimaciones regionales, donde la tendencia general de las pesquerías se enmarca en los niveles máximos de explotación o sobreexplotación.Los medios de vida de las comunidades costeras y pesqueras artesanales dependen de los recursos locales, lo que incrementa sus niveles de vulnerabilidad frente a la disminución de las capturas y la degradación de los hábitats.Algunos datos, detallados a continuación, evidencian el agotamiento de los recursos pesqueros del continente y/o la falta de información al respecto:En el Pacífico Sudeste, la anchoveta peruana, altamente sensible a eventos climáticos como El Niño, se encuentra explotada en su máximo sostenible o sobreexplotada.Meros y pargos están en su máximo nivel sostenible o sobreexplotados en varias partes de Centroamérica.En México, 735 especies de 83 pesquerías no están evaluadas; el Pacífico Central mexicano, el Golfo de Tehuantepec y el Banco de Campeche son regiones altamente deterioradas donde la mayoría de las pesquerías están sin posibilidad de expansión, totalmente explotadas o agotadas.En Brasil, los registros de la pesca artesanal son escasos e insuficientes. Pero registros más completos muestran que entre el 50 y 60 % del recurso pesquero nacional está sobreexplotado o colapsado con regiones como el sureste y el sur con el 29 y 32 % del recurso totalmente colapsado, respectivamente.En República Dominicana, los estudios de pesquerías han sido descriptivos o ausentes. Sin embargo, especies como el caracol rosado y la langosta espinosa están sobreexplotadas en todo el país; existe además un alarmante crecimiento del 90 % en las capturas por debajo de la talla legal autorizada.En Uruguay, recursos como el mejillón azul se encuentran totalmente explotados o en riesgo inminente de sobreexplotación. Además de la sobreexplotación, la situación crítica de las pesquerías de la región responde a la degradación y contaminación de hábitats marinos y costeros, a los impactos climáticos, así como a deficiencias en la gobernanza y a la falta de información detallada para una gestión sostenible. Impactos de la crisis climática en los recursos pesquerosEl incremento de la variabilidad del clima, las anomalías de la temperatura superficial del océano, el aumento del nivel del mar y la acidificación del océano —entre otros impactos de la crisis climática— afectan las pesquerías a gran escala y en el largo plazo.Eventos cada vez más intensos y duraderos como El Niño en el Pacífico o las tormentas tropicales y huracanes en el Caribe, afectan considerablemente las pesquerías artesanales, aumentando así su vulnerabilidad, reduciendo los días de pesca y los ingresos económicos, generando desempleo y la reubicación de las aldeas pesqueras.  Un claro ejemplo de estas afectaciones es el de la anchoveta peruana, uno de los recursos pesqueros más importantes a nivel mundial. Eventos intensos de El Niño, como el registrado en 1983-1984, tienen un fuerte efecto en sistemas como la corriente de Humboldt, crucial para el surgimiento de las aguas frías y nutritivas que la anchoveta necesita. Esto afecta no solo la distribución espacial del recurso, sino además las dinámicas ecológicas y biológicas de la especie.Asimismo, eventos cálidos de El Niño causaron mortalidades masivas de almeja del surf, especie que se encuentra principalmente en Perú y el norte de Chile. Además, el desplazamiento de la corriente de Brasil hacia el sur debido al calentamiento del océano y al incremento en la intensidad de los vientos ha desplazado especies de interés comercial como la gamba roja argentina.Por otro lado, el aumento de las anomalías de la temperatura superficial del océano ha ocasionado eventos de blanqueamiento masivo de corales a nivel mundial, dañando y matando cientos de kilómetros cuadrados de hábitat esencial para las especies de peces arrecifales y para el acceso al recurso pesquero de comunidades aledañas a estos ecosistemas.  Aunque los impactos negativos de la crisis climática son claros, la sobrepesca sigue siendo la amenaza principal para la mayoría de las pesquerías. Y los problemas de gobernanza y gestión pesquera han exacerbado los impactos climáticos, agravando la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras artesanales en la región. Estrategias para recuperar las pesquerías del continenteLa recuperación de los recursos pesqueros pasa por la gestión y reducción de la presión pesquera, incluyendo la protección y restauración de los ecosistemas marinos y costeros. Entre las estrategias encaminadas a lograr estos objetivos, muchas de ellas basadas en el uso del derecho, están las siguientes:Crear áreas marinas protegidas y zonas de no captura, restaurar hábitats, proteger fases críticas del ciclo de vida de las especies (como el desove), así como reclutar e identificar áreas de crianza como manglares y praderas de pastos marinos. Un ejemplo en alta mar de zona de no captura que por años se ha implementado bajo el régimen del derecho internacional es “El Corralito”, establecida por la Comisión Interamericana del Atún Tropical para reducir la presión pesquera de túnidos tropicales y las especies acompañantes.Como complemento al punto anterior, realizar evaluaciones de impacto ambiental integrales que consideren aspectos biológicos, sociales y económicos, fortalecerá el monitoreo de capturas, especialmente en el sector de la pesca artesanal.Hacer cumplir las obligaciones de los Estados para proteger el océano, lo que incluye la conservación de los recursos marinos y pesqueros. Los países miembros de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar deben asegurar los recursos marinos a través de medidas adecuadas de conservación que tomen en cuenta los datos científicos más fidedignos disponibles. Asimismo, los Estados ribereños y las organizaciones internacionales competentes (subregionales, regionales o mundiales), deben cooperar para la conservación y administración de estos recursos.  Frenar los incentivos a la sobreexplotación. Otro instrumento que surge a nivel internacional y que implica grandes beneficios para los Estados y su ordenamiento jurídico interno es el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio, vigente desde el pasado 15 de setiembre. Su objetivo es eliminar y prohibir las subvenciones pesqueras nocivas que contribuyen al agotamiento de los recursos marinos. Los países que lo aceptaron formalmente deben garantizar su implementación y no permitir subsidios para actividades de pesca que sean ilegales, no declaradas y no reglamentadas, así como impedir subsidios para pesca en alta mar cuando no haya regulación o gobernanza adecuada.  A nivel nacional, promover la gestión adaptativa, la participación de comunidades pesqueras en las decisiones y el uso de enfoques basados en derechos. Esto debe ir acompañado de instituciones sólidas que garanticen equidad, transparencia y sostenibilidad a largo plazo. También es necesario impulsar medios de vida alternativos; favorecer embarcaciones pequeñas y polivalentes; además de masificar el uso de subsidios no perjudiciales a la pesca, la reducción de la presión pesquera, la mejora de los ecosistemas, la optimización de la recopilación de datos y la implementación de marcos de gobernanza y gestión más robustos. Habiendo reconocido el deterioro de las poblaciones de interés pesquero en América Latina y el Caribe, así como la importancia de estos recursos para nuestra seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras, es momento de evaluar la eficacia de las medidas que se han adoptado e implementar las nuevas herramientas que provee el derecho internacional. Conoce más del tema en nuestra más reciente publicación* Juan Fernando Carrascal es científico becario de AIDA, Gisselle García es abogada del Programa de Clima y Bryslie Cifuentes es abogada de Océano. 

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Flamingos in Laguna Colorada, Bolivia

Justicia para los Humedales Andinos y los Pueblos Indígenas en la Acción Climática

La creciente demanda mundial de minerales para la transición —como el litio, el cobre y el níquel— impulsada por el actual modelo de transición energética, pero también por la expansión de la economía digital, la infraestructura de datos y las industrias militar y aeroespacial, está causando daños ecológicos irreversibles y violando derechos humanos fundamentales en los territorios del sur global. América Latina es la región con mayor biodiversidad del planeta y una de las más diversas culturalmente. Es el hogar de numerosos pueblos indígenas que habitan y protegen estos territorios.Al mismo tiempo, la región cuenta con importantes yacimientos minerales, lo que la sitúa en el centro del creciente interés mundial por la extracción de minerales. Esta demanda se superpone a ecosistemas frágiles, una biodiversidad única y los territorios de comunidades tradicionales e indígenas, como la Amazonía y los humedales andinos, que son cruciales para la adaptación al clima debido a su papel en la regulación del agua y en la mitigación, ya que actúan como sumideros de carbono.La minería intensiva en estos ecosistemas exacerba la vulnerabilidad climática y fomenta los conflictos socioambientales, comprometiendo la integridad ecológica y cultural de estos ecosistemas y comunidades. El impulso para expandir la extracción contradice los marcos multilaterales de protección ambiental y los compromisos climáticos y de biodiversidad adoptados por los Estados Partes. Esta tendencia pone en peligro la posibilidad de una transición justa y equitativa, reproduciendo los mismos patrones de desigualdad y daño climático que las políticas actuales pretenden superar.En este contexto, la Alianza para los Humedales Andinos exhorta a los Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a garantizar lo siguiente: 1. ⁠Los derechos humanos y la justicia deben ocupar un lugar central en cualquier transición y en todas las estrategias de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, incluidos los derechos de las comunidades que viven en los territorios donde se encuentran los minerales para la transición.Los derechos humanos son esenciales para garantizar un proceso justo, equitativo y centrado en las personas. Los Estados deben garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, reconocidos mundialmente como guardianes de los sistemas naturales. Esto debe abarcar su derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo y a ejercer el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), así como la obligación inequívoca de los Estados de respetar sus decisiones, en particular su derecho a decir "no" a los proyectos que amenacen su integridad y la de sus territorios. Los Estados también deben garantizar la protección de las personas defensoras del ambiente y garantizar el acceso público a la información, la participación y la justicia en las decisiones sobre transiciones que puedan afectar el ambiente y los derechos humanos. Estas garantías son cruciales en el caso de los denominados minerales para la transición, como el litio y el cobre, que se encuentran en los humedales andinos, ecosistemas fundamentales para la vida, el equilibrio ecológico y climático, y los medios de subsistencia de las comunidades que los habitan. 2. Respeto de los límites planetarios y protección de la integridad de los ecosistemas, en particular aquellos que desempeñan un papel esencial en la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos.Mantener ecosistemas como los humedales andinos, que tienen un alto valor ecosistémico y cultural, libres de actividades de alto impacto es una prioridad para la justicia climática y ecológica. Dado que la extracción de litio es una actividad minera que requiere grandes cantidades de agua, agota las ya escasas fuentes hídricas y afecta gravemente a los ecosistemas circundantes, dejando daños ambientales duraderos.Para preservar los humedales andinos y sus contribuciones, de las que depende la vida en la región y en el planeta, los Estados deben respetar y cumplir plenamente el derecho ambiental internacional; adoptar y reforzar medidas de protección eficaces (incluido el establecimiento de "zonas prohibidas", áreas protegidas e ICCA); y aplicar instrumentos de planificación ambiental sólidos y basados en la ciencia que busquen prevenir el daño ambiental (es decir, evaluación estratégica y acumulativa del impacto ambiental, evaluación del impacto ambiental).Una protección ambiental adecuada también requiere conocimientos actualizados sobre la estructura, el funcionamiento y las contribuciones de los ecosistemas, desarrollados a través de procesos colectivos y democráticos, que integren los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los Estados Partes deben incorporar sistemáticamente los avances científicos y los conocimientos tradicionales en las decisiones relacionadas con el clima, incluido el diseño y la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y las hojas de ruta relacionadas, para garantizar que los compromisos reflejen las realidades de los territorios que pretenden proteger. 3. Apoyo a las transiciones socioecológicas del sur global.Los países del sur global necesitan suficiente margen fiscal y político para diseñar vías de salida de los combustibles fósiles que no reproduzcan las asimetrías y desigualdades existentes, ni fomenten el extractivismo. Esto exige transiciones socioecológicas que protejan las economías locales y, al mismo tiempo, garanticen la diversificación económica, el acceso a la energía y la suficiencia energética, el respeto a la biodiversidad y los derechos humanos.Estas vías de transición deben planificarse, implementarse y supervisarse de manera participativa, garantizando la participación interseccional, intercultural e intergeneracional. El Programa de Trabajo para una Transición Justa (JTWP) de la CMNUCC ofrece un espacio crucial para integrar estas preocupaciones en la gobernanza climática mundial. Debe garantizar que la transición hacia la descarbonización también aborde la demanda de materiales, la justicia territorial y los derechos de las comunidades afectadas. Incorporar las realidades de la extracción minera y las transiciones socioecológicas del sur global en este programa es esencial para lograr una transición verdaderamente justa. 4. ⁠Trazabilidad de las proyecciones y usos de la demanda de minerales y compromiso de los países del norte global para adoptar rápidamente políticas destinadas a reducir el consumo de minerales primarios y energía.El actual modelo de producción y consumo de los países industrializados afecta de manera desproporcionada a los territorios del sur global, ya que agrava la degradación ambiental y la violación de los derechos humanos, profundizando las desigualdades entre el norte y el sur. Para hacer frente a la triple crisis planetaria, es necesario abordar la demanda insostenible de materias primas y energía mediante objetivos vinculantes de reducción de la demanda que tengan en cuenta los límites planetarios. Las partes tienen la oportunidad de incluirlos en instrumentos políticos como las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y las estrategias a largo plazo (LTS).Estas medidas deben aplicarse mediante medidas de suficiencia y eficiencia, así como políticas globales y justas de economía circular. Para ello, se deben considerar alternativas a la movilidad más allá de los vehículos eléctricos individuales. 5. Apoyo financiero y técnico adecuado, de calidad, accesible y adicional, basado en las necesidades y prioridades, para que las transiciones energéticas y socioecológicas del sur global sean verdaderamente justas y equitativas.Dicho financiamiento debe ser sostenible en el tiempo y de calidad, es decir, no generar deuda y estar alineado con las prioridades de los países, además de ser accesible para permitir una acción climática progresiva y sostenida. También debe abordar las oportunidades y condiciones para instrumentos que fomenten transiciones justas, incluidos los mecanismos de alivio de la deuda y los canjes de deuda. Además, sigue siendo importante desalentar el uso de los regímenes comerciales (incluidos los mecanismos ISDS) como herramientas de presión contra los países del sur global cuando estos tratan de regular sus recursos minerales y establecer zonas prohibidas y otras salvaguardas para proteger los derechos humanos y la integridad ambiental.  Descarga el documento (en inglés) 

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Bosque y nevado

Resumen de la 43ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Octubre de 2025Traducción al español del resumen elaborado por el Climate Finance Advisory Service (CFAS), liderado por GermanwatchDel 27 al 30 de octubre de 2025, la Junta del Fondo Verde para el Clima (FVC) se reunió para su 43ª sesión en Songdo, Corea del Sur. La agenda de la reunión se centró en la revisión del Marco de Acreditación y las políticas relacionadas, así como en el establecimiento de la presencia regional del FVC. Además, la Junta consideró la aprobación de 24 propuestas de financiamiento (que solicitaban USD 1.399 millones en recursos del FVC) y la acreditación de cinco nuevas entidades. Consulta y descarga el resumenResumen en portugués 

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