Derechos Humanos


Bosque amazónico en Alta Floresta, Brasil

Carta abierta al Grupo BID: Ni un paso atrás con los compromisos climáticos

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes nos oponemos firmemente a cualquier medida que implique un retroceso en los compromisos climáticos asumidos por el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID). Le solicitamos al Grupo BID que mantenga su meta de financiamiento climático. Retroceder ahora dejaría a una de las regiones más vulnerables del mundo con menos apoyo justo cuando más lo necesita.Según información publicada por Devex, el Grupo BID estaría considerando reducir o eliminar su meta de financiamiento climático. Nos preocupa profundamente esta posibilidad. Una decisión así significaría abandonar compromisos climáticos que el propio Grupo BID asumió públicamente, y con los que se consolidó como uno de los bancos líderes en la materia y que han sido centrales para cumplir su mandato como Banco de Desarrollo regional que busca "mejorar vidas".Consideramos que eliminar la meta de financiamiento climático sería contraria a los compromisos asumidos en: a) la EstrategiaBID+ 2024–2030 y su Marco de Impacto, que establecen el cambio climático como uno de los tres objetivos centrales del Grupo BID. Asimismo incluye una meta de financiamiento climático y verde, el apoyo a las cero emisiones netas para 2050, la alineación con el Acuerdo de París y la eliminación de los subsidios regresivos y contaminantes a los combustibles fósiles; b) el Plan de Acción en Materia de Cambio Climático 2021-2025, que fijó el rumbo de la institución en esta materia; c) el anuncio del Grupo BID en la COP29, por el cual se comprometía a un mínimo de 50 por ciento de financiamiento verde y climático en el BID y un 60 por ciento en BID Invest para 2030.Reducir la meta de financiamiento climático también sería inconsistente con los principios de no regresión y de progresividad reconocidos en el Acuerdo de Escazú, y con el principio de progresión del Acuerdo de París, así como con la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos. La gran mayoría de los Estados miembros del Grupo BID asumieron estas obligaciones y compromisos, y el Grupo BID debería apoyarlos en su cumplimiento. Esto es especialmente grave porque, en palabras del propio Grupo BID, América Latina y el Caribe "es una de las regiones más vulnerables al cambio climático" del mundo.Una reducción de la meta de financiamiento climático podría debilitar la contribución colectiva de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) a la implementación de la Nueva Meta Colectiva Cuantificada de Financiamiento Climático (NCQG por sus siglas en inglés), adoptada en la COP29. La NCQG establece una meta de al menos USD 300 mil millones anuales para los países en desarrollo para 2035, y otra meta aspiracional de alcanzar USD 1.3 billones integrando todas las fuentes. La decisión reconoce expresamente que los flujos de financiamiento climático movilizados por los BMD pueden contribuir a su cumplimiento, mismo a lo que se comprometieron en acuerdo con sus accionistas. Reducir metas institucionales podría debilitar la movilización de financiamiento que la región necesita, tanto para adaptación, como para la transición energética justa, y sobre todo para las pérdidas y daños que van en incremento. Además, el Grupo BID quedaría, en esta materia, por detrás de otros bancos multilaterales y regionales, como el Nuevo Banco de Desarrollo (con una meta del 40%), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (con una meta de 50% para 2030); y el Banco Asiático de Desarrollo (75% para 2030).Por otra parte, deseamos expresar nuestros cuestionamientos al recientemente publicado Marco Temático de Energía 2026-2030, el cual carece de la ambición climática necesaria y no está alineado con los compromisos establecidos en la Estrategia Institucional.La crisis climática se agrava y sus efectos en América Latina y el Caribe son cada vez más severos, como lo vemos ahora con los impactos de El Niño. En este contexto, el Grupo BID debe reforzar, y no debilitar, su ambición climática. Una transición energética justa y sostenible es aquella que sitúa a las comunidades en el centro y ofrece financiamiento no reembolsable y a tasas concesionales. También es aquella que evita repetir el patrón extractivo: no puede medirse sólo en términos de emisiones, sino también en términos de sus impactos ambientales y sociales.Nos oponemos firmemente a cualquier medida que implique un retroceso en los compromisos climáticos asumidos por el Grupo BID. Pedimos al Presidente y al Directorio Ejecutivo:Mantener la meta de financiamiento climático y verde asumida en la Estrategia BID+ y anunciada en la COP29, para apoyar a los Estados miembros con las obligaciones climáticas, incluidas las establecidas por la Corte IDH en la OC-32/25 así como respetar y garantizar los principios de no regresión y progresividad del Acuerdo de Escazú.Fortalecer la implementación de los compromisos climáticos y establecer la eliminación progresiva del financiamiento al gas fósil.Clarificar las contribuciones que el BID hará a la Nueva Meta Colectiva Cuantificada de Financiamiento Climático, especialmente hacia los 300 mil millones comprometidos de manera anual para 2035, y cómo se contribuirá con la triplicación del financiamiento para la adaptación, acordado en la COP30.Priorizar el financiamiento no reembolsable y concesional, para apoyar a los países miembros que más lo necesitan a cumplir con las metas del Acuerdo de París y adaptarse a los impactos del cambio climático.Promover modelos energéticos que respeten los derechos humanos y prioricen el acceso y asequibilidad de la energía, la sostenibilidad ambiental y social, y el uso de los bienes comunes dentro de los límites planetarios. Descarga la carta Organizaciones firmantesAbibiNsroma Foundation, GhanaAid Life Learn Environment (ALLEN), República Democrática del CongoArgentina 1.5, ArgentinaAsociación Ambiente y Sociedad (AAS), ColombiaAsociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), RegionalAsociación Unión de Talleres 11 de Septiembre, BoliviaBank Climate Advocates, Estados Unidos/InternacionalBank Information Center, Estados UnidosBig Shift Global, GlobalClínica Jurídica Espeletia - Universidad Externado de ColombiaCohesión Comunitaria e Innovación Social, MéxicoColectivo Voces Diversas, El SalvadorConectas Human Rights, BrasilDerecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), PerúECCO think tank, ItaliaEqual Right, ColombiaFundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ArgentinaFundación Acue, ChileFundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista, ArgentinaFundación para la Conservación y Uso Sustentable de los Humedales, ArgentinaFundación Tierra, BoliviaFundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), ArgentinaGermanwatch e.V, AlemaniaGlobal Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), GlobalGlobal Policy Forum Europe, EuropaGrupo de Cambio Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), MéxicoGrupo de Trabajo sobre BID, RegionalGrupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental, BrasilInisiasi Masyarakat Adat (IMA), IndonesiaLatinoamérica Sustentable, RegionalMenafem Movement, EgiptoObservatorio Ambiental Ciudadano, AOAC, ColombiaOyu Tolgoi Watch, MongoliaPlataforma Internacional contra la Impunidad, InternacionalPolen Transiciones Justas, ColombiaRecourse, Reino UnidoRed de Comunidades Impactadas por IFIs, RegionalRed Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática (LATINDADD), RegionalRivers without Boundaries, MongoliaSustentarse, ChileThe Climate Reality Project América Latina, RegionalThe Climate Reality Project, Estados UnidosThe Common Initiative, InternacionalUrgewald, Alemania   

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Barco que transporta carga en el mar

El futuro del transporte marítimo está en juego: ¿Qué se negocia en la OMI?

El transporte marítimo mueve buena parte de los productos que usamos a diario. Pero también genera cerca del 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). Junto con el transporte aéreo, es un sector en donde reducir las emisiones puede resultar difícil pues se requiere un acuerdo global. En una publicación anterior, contamos cómo la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de las Naciones Unidas que regula el transporte marítimo, negociaba medidas para descarbonizar el sector. Desde entonces, hubo avances y obstáculos. Hoy, esa discusión está en un momento decisivo. Un acuerdo histórico sin precedentesEn 2023, los países miembros de la OMI acordaron una estrategia para reducir las emisiones del transporte marítimo y llegar a emisiones netas cero cerca de 2050 con el compromiso de promover una transición equitativa y justa. También fijaron como metas de reducción intermedias, tomando como base las emisiones de 2008, una reducción de al menos un 20% para 2030 y de 70% para 2040.Para convertir esos objetivos en reglas concretas, en abril de 2025, durante la reunión 83 del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI (MEPC 83), se aprobó el texto del Marco Cero Neto (Net-Zero Framework, NZF). Su diseño combinaba dos herramientas:Una medida técnica para exigir que los combustibles utilizados por los buques sean progresivamente menos contaminantes, promoviendo el uso de alternativas de cero o casi cero emisiones y estableciendo metas de reducción de emisiones anuales cada vez más estrictas. Una medida económica que dispone pagos para los buques que superen ciertos límites de emisiones. Con esto se propuso la creación del Fondo Cero Neto para que los recursos recaudados sean utilizados en incentivar tecnologías más limpias y apoyar medidas para una transición justa y equitativa. El acuerdo significó un avance sin precedentes que aumentaría el costo de usar combustibles marítimos tradicionales, como el HFO (fuel oil pesado), incentivando el uso de combustibles menos contaminantes, y permitiendo apoyar a los países menos aventajados en la transición con los recursos recaudados.Sin embargo, en octubre de 2025, durante el MEPC 83, cuando correspondía adoptar formalmente el acuerdo, fuertes presiones políticas en torno a la ambición climática del Marco Cero Neto y su implementación aplazaron la discusión por un año. El NZF quedó sin adopción definitiva en medio de diferencias sobre sus costos, su aplicación y su componente económico.¿Qué ha pasado en 2026?En abril de 2026, durante las sesiones del MEPC 84, los Estados acordaron abrir un nuevo espacio para discutir las preocupaciones pendientes y buscar un consenso más amplio. Para ello se programaron dos reuniones del Grupo de Trabajo Intersesiones sobre la Reducción de los Gases de Efecto Invernadero de la OMI, conocido como ISWG-GHG.La primera se celebró del 1 al 4 de septiembre (ISWG-GHG 22) y la segunda será realizada en noviembre, junto con el MEPC 85. Aunque en la primera reunión hubo disposición al diálogo y coincidencias en algunos aspectos técnicos, hubo fuertes diferencias entre los diferentes grupos de países y no se acordó una nueva versión del NZF. Algunos países buscan flexibilizar y hacer menos exigentes las metas de reducción de emisiones, además de limitar o eliminar todo tipo de pagos e incentivos para cumplir con el mecanismo, disminuyendo sensiblemente la posibilidad de una transición justa y equitativa en el transporte marítimo. Lo discutido en el ISWG GHG 22 permite identificar con mediana claridad dos enfoques: uno que busca mantener la estructura del acuerdo del MEPC 83 y garantizar que la regulación logre de forma efectiva acelerar el cambio hacia combustibles con menores emisiones y cumplir las metas climáticas definidas por la OMI; y otro que busca incorporar en la estrategia de descarbonización el ritmo del mercado de los combustibles actuales —en base a su disponibilidad, escalabilidad y precio—, permitiendo extender el uso de combustibles fósiles, como el gas natural licuado, como combustibles de transición del sector marítimo. Dos son los principales debates en las negociaciones: a. Determinar cuánto y a qué ritmo deben bajar las emisiones de GEI de los buquesEl NZF propone un estándar global que limita progresivamente la cantidad de GEI generados por cada unidad de energía utilizada por los buques. Para calcularlo, considera las emisiones del combustible durante todo su ciclo de vida, desde su producción hasta su utilización a bordo (well-to-wake). Esto evita presentar como limpia una alternativa que contamina a lo largo de su cadena de valor antes de llegar al barco.Algunas propuestas de países buscan flexibilizar las metas iniciales o vincular su exigencia a la disponibilidad, asequibilidad y escalabilidad de los combustibles. Quienes las defienden advierten que el cambio requiere inversiones, infraestructura y tecnologías que todavía no están disponibles de manera suficiente en todas las regiones. Si bien estas dificultades son reales e inherentes al proceso, debilitar las metas no parece ser la solución más adecuada. Esto sería contraproducente pues retrasará aún más las inversiones en nuevas tecnologías, además de prolongar el uso de combustibles fósiles y hacer más difícil cumplir con los objetivos climáticos. La solución debe permitir una implementación viable sin perder de vista que el objetivo es reducir efectivamente las emisiones de la flota internacional. b. Determinar quiénes pagan por contaminar y quiénes reciben apoyoEl segundo debate gira en torno al mecanismo económico del NZF. En su versión aprobada en 2025, los buques que no alcancen ciertos niveles de desempeño deben realizar contribuciones económicas. Estos recursos alimentarían el Fondo Cero Neto de la OMI, pensado para apoyar el uso de combustibles menos contaminantes y financiar medidas para una transición justa y equitativa en países vulnerables.Específicamente la llamada Regulación 41, establece que parte de los ingresos recaudados financien medidas de apoyo a una transición justa y equitativa, propiciando la protección ambiental y climática, así como la adaptación y resiliencia, con foco en las necesidades de los países en vías de desarrollo.En esta regulación se considera también el financiamiento de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de infraestructura marítima y portuaria, la transferencia de tecnologías, el desarrollo de capacidades y la cooperación técnica entre países. Además, contempla el apoyo a personas trabajadoras del sector marítimo y a la gente de mar; la implementación de planes de acción nacionales, incluyendo modernización y renovación de flotas; y la atención de los impactos negativos desproporcionados que las nuevas medidas puedan generar, por ejemplo, en la seguridad alimentaria.Aunque muchos países defienden este esquema de recaudación, otros buscan eliminar los pagos obligatorios y el Fondo Cero Neto. Liberia y Panamá proponen reemplazarlos por un sistema de intercambio de créditos de emisiones entre buques, donde las transacciones económicas quedarían principalmente dentro de la industria marítima. Por su parte, Japón propone que las navieras, en lugar de aportar a un fondo común, cumplan sus obligaciones mediante contribuciones directas a proyectos que seleccionen ellas mismas, sujetos a aprobación de la OMI. Brasil plantea una alternativa intermedia: mantener la recaudación y redistribución de recursos mediante una entidad financiera más flexible (Facility). Lo contradictorio es que, sin una fuente de financiamiento estable, predecible y que envíe las señales adecuadas, es mucho más difícil disminuir las emisiones de CO2 y apoyar a los países con menos recursos para adaptarse. Los incentivos para las empresas o una transición más flexible y paulatina no garantizan por sí solos el cumplimiento de las metas de descarbonización ni que los beneficios de la transición lleguen también a los países y comunidades que más los necesitan. Si actualmente se estima que el NZF recaudaría entre 11.000 y 12.000 millones de dólares anuales para incentivar la descarbonización y financiar una transición justa, las alternativas que eliminan la recaudación centralizada concentrarían los beneficios económicos en las propias empresas, sin garantizar recursos para apoyar a los países más vulnerables. Lo que está en juego para los países de América Latina y el CaribePara la región, estas decisiones no son lejanas y requieren pasos decididos para que la descarbonización entregue resultados climáticos y no solo costos económicos. Muchos países dependen del transporte marítimo para importar alimentos, medicamentos y energía o para exportar sus productos. Además, la región es productora de combustibles fósiles y requiere estímulos económicos para adaptar sus sistemas energéticos a las nuevas demandas del transporte marítimo, especialmente en los puertos, así como para que los países se mantengan competitivos y cumplan las regulaciones de la OMI. También se debe considerar la necesidad de adaptación de los puertos regionales a los riesgos asociados a la crisis climática. Debilitar el acuerdo no hará que la región se integre justa y equitativamente al proceso de descarbonización de la OMI. La transición energética y de combustibles ya está ocurriendo, con mayor o menor rapidez, y los países más desarrollados están invirtiendo en infraestructura y capacidades técnicas, al tiempo que pavimentan el camino para asegurar su participación en el futuro del sector y en los beneficios y oportunidades del proceso. Sin embargo, la participación de América Latina y el Caribe en la transición está en juego. Sin un acuerdo que establezca un marco claro para el apoyo a la transición de países en desarrollo y menos desarrollados, como lo determinado en la Regulación 41, existe el riesgo real de que la región quede al margen del proceso y sus Estados enfrenten los costos de la transición. Esto es así porque muchos países tienen limitaciones para emprender inversiones energéticas en el sector marítimo y podría tomar años para que se conviertan en proveedores de combustibles limpios. Lograr un acuerdo robusto, justo y equitativo en la OMI no solo acelerará la reducción de emisiones contaminantes, sino que permitirá que la transición sea posible para todos los países del mundo sin dejar a ninguno atrás. Un acuerdo justo debería responder tanto a los desafíos climáticos como a las necesidades de los países en el proceso de transición. En particular, necesita:Metas claras y ambiciosas que permitan reducir las emisiones contaminantes del sector, con la urgencia requerida y sin postergar indefinidamente el cambio tecnológico.Financiamiento suficiente para que los países con menos recursos puedan enfrentar los impactos desproporcionados de la regulación e invertir en nuevas tecnologías, capacidades técnicas e infraestructura portuaria.Brindar protección a las personas y al ambiente para que la producción de nuevos combustibles y la transformación de los puertos respeten los derechos de personas trabajadoras, comunidades costeras y pueblos indígenas. La región tiene, por tanto, un papel activo que jugar. Sus gobiernos pueden impulsar posiciones que combinen ambición climática, protección ambiental, cooperación internacional y garantías para una transición justa y equitativa, en lugar de aceptar que se tenga que elegir entre proteger la economía y proteger el clima. Un cierre de año decisivoEn los próximos meses, las negociaciones en la OMI tendrán un periodo muy importante que podría definir el futuro del acuerdo y determinar si la discusión se seguirá posponiendo o habrá un texto definitivo. Del 23 al 27 de noviembre, se celebrarán las reuniones del ISWG-GHG 23; del 30 de noviembre al 3 de diciembre, tendrá lugar el MEPC 85; y el 4 de diciembre podría reanudarse la sesión extraordinaria (MEPC ES.2) aplazada en 2025, si el Comité lo confirma. Alcanzar un acuerdo global con reglas comunes permitirá tener mayor claridad sobre el futuro del sector y evitar que cada país o región avance por separado. Pero no basta con aprobar cualquier acuerdo. Su éxito dependerá de que logre efectivamente reducir emisiones contaminantes, acelere la salida de los combustibles fósiles y reúna recursos suficientes para apoyar a los países que enfrentan mayores dificultades.Desde AIDA seguiremos de cerca estas negociaciones, promoviendo que las delegaciones de América Latina y el Caribe tengan una voz activa, basada en sus intereses legítimos y el mejor conocimiento técnico disponible, no en presiones políticas. El desafío es lograr que la transformación del transporte marítimo sea, al mismo tiempo, una respuesta efectiva a la crisis climática y una oportunidad para avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para los países de la región. 

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Arbol en selva amazónica de Brasil

Resumen de la 46ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Octubre de 2026Traducción al español del resumen elaborado por el Climate Finance Advisory Service (CFAS), liderado por GermanwatchDel 26 al 29 de octubre de 2026, la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima (FVC) celebró su 46.ª reunión en Songdo, Corea del Sur. La agenda de la reunión se centró en los preparativos para la tercera reposición formal de recursos del FVC, incluida la actualización de la política de contribuciones y la elaboración de una política para las contribuciones provenientes de otras fuentes.La Junta también abordó cuestiones relacionadas con un Marco Armonizado de Gestión de Resultados, la eficacia de la Junta y la falta de recepción de contribuciones en virtud de acuerdos firmados. Asimismo, consideró la aprobación de 21 propuestas de financiamiento (que solicitaron un total de USD 1.970 millones en recursos del FVC) y la acreditación de 16 nuevas entidades. Consulta y descarga el resumenResumen en portugués 

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Complejo Metalúrgico de La Oroya en Perú

Carta de víctimas de contaminación de La Oroya al papa León XIV

Con un fraterno saludo y deseándole a su vez, una pronta y óptima recuperación en su salud, nos dirigimos cordialmente a usted. Somos hombres y mujeres de La Oroya que hemos sufrido las consecuencias de la contaminación provocada por un complejo metalúrgico que opera desde hace más de cien años. Sus emisiones y la falta de medidas adecuadas de protección por parte del Estado peruano han degradado nuestro aire, agua y suelo causando graves daños a nuestra salud. Formamos parte de un grupo de personas que, después de años de buscar justicia sin obtener respuesta en nuestro país, fuimos reconocidas como víctimas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia histórica que declaró la responsabilidad del Estado peruano en el caso Habitantes de La Oroya vs. Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Le escribimos porque, después de más de veinte años de lucha, seguimos esperando que la justicia llegue a nuestras vidas y que el Estado cumpla cabalmente con la sentencia de la Corte. Durante generaciones, nuestras familias han respirado y tocado plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre. Hemos visto sus efectos en nuestros cuerpos y en los de nuestros hijos e hijas. Algunas personas incluso han tenido que abandonar la ciudad para protegerse de estos daños.Aun así, La Oroya es nuestro hogar. Allí nacimos, crecimos y formamos nuestras familias. Queremos que vivir y trabajar en La Oroya no cueste nuestra salud y que nuestra tierra sea recordada no solo por su contaminación.La Iglesia ha caminado a nuestro lado, hoy necesitamos que esa compañía continúe.Durante muchos años, la Iglesia de Huancayo y la parroquia de La Oroya estuvieron cerca de nuestra comunidad y ayudaron a que el país conociera lo que vivíamos.Recordamos con gratitud al Cardenal Pedro Barreto Jimeno, quien, como Arzobispo de Huancayo, defendió públicamente nuestra salud, nuestra dignidad y nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, y acompañó nuestro proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su testimonio afirmó: "Yo pude ser testigo de familias con graves afectaciones a la salud, derivados de la contaminación ambiental de La Oroya, familias que perdieron seres queridos: víctimas de tumores y víctimas también de cáncer en pulmón".  Para nosotras y nosotros, la Iglesia ha sido una presencia cercana que ha escuchado nuestro dolor y nos ha ayudado a alzar la voz. Hoy le pedimos, Santo Padre, que esa cercanía continúe y nos acompañe en uno de nuestros mayores desafíos: lograr que la justicia se haga realidad.Contamos con una sentencia que reconoce la violación de nuestros derechos, pero que aún no se cumple.La sentencia de la Corte fue una luz después de tantos años de lucha. Pero esa luz todavía no ha llegado a nuestras casas. Entre las medidas ordenadas que siguen sin cumplirse se encuentran brindar una atención integral en salud, contar con un plan de acción para remediar los daños ambientales en La Oroya, o compatibilizar la legislación nacional con los estándares de calidad del aire para la protección del ambiente y la salud de las personas. Mientras tanto, la contaminación y el riesgo continúan. En nuestra búsqueda de justicia, ya han muerto siete personas en espera de una atención médica adecuada y de la reparación esperada. Lo ocurrido en La Oroya es también la historia de muchas comunidades de Perú, de América Latina y del mundo, donde la contaminación amenaza la salud y la vida. Como nos recordó el Papa Francisco en Laudato si', debemos escuchar tanto "el clamor de la tierra y el clamor de los pobres". En la Oroya ambos clamores siguen en busca de justicia. El cuidado de la casa común también ha sido una preocupación para usted : "Parece que aún no se tiene conciencia de que destruir la naturaleza no perjudica a todos del mismo modo: pisotear la justicia y la paz significa afectar sobre todo a los más pobres, a los marginados, a los excluidos.”Santo Padre, usted conoce al pueblo peruano, caminó junto a él como misionero y pastor. Por eso confiamos en que su visita puede ayudar a que nuestra voz no se apague. Le pedimos, con respeto y esperanza, que La Oroya tenga un lugar en su visita, en sus oraciones, en su palabra y en el acompañamiento de la Iglesia, para que el llamado de quienes hemos sufrido durante generaciones la contaminación sea escuchado y nuestros derechos por fin sean garantizados.Por eso, Santo Padre, le pedimos con humildad:Que La Oroya esté presente en su palabra durante su visita a Perú, como signo de cercanía con las comunidades que sufren la contaminación y de esperanza en que sus derechos sean garantizados.Que escuche nuestros testimonios, recibiendo, si su agenda lo permite, a una pequeña delegación de víctimas durante su visita a Lima, o acogiendo nuestros testimonios por medio de un representante de la Iglesia o a través del Cardenal Barreto.Que la Iglesia siga acompañándonos después de su visita, con el apoyo de la Conferencia Episcopal Peruana y del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, para que el cuidado de la vida y la salud de nuestra comunidad sea, por fin, una realidad. Creemos que su voz puede ayudar a que nuestra historia no se olvide y a que todos, autoridades, empresas y sociedad, recordemos que cuidar la vida de las personas más vulnerables y la salud de nuestro planeta es un deber que no puede esperar.Agradecemos de corazón la atención que Su Santidad pueda brindar a nuestra petición. Esperamos que su visita a nuestra tierra sea también una oportunidad para escuchar a quienes más han sufrido y renovar nuestra esperanza de que la justicia llegue, por fin, a nuestras vidas.  Lee y descarga la carta 

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Paisaje de Antalya, Turquía, sede de la COP31 de la ONU sobre Cambio Climático.

COP31: La urgencia de debates clave y condiciones para acelerar la transformación global

Por Florencia Ortúzar Greene y Karla Maass* En un escenario internacional de creciente fragmentación política, conflictos geopolíticos y debilitamiento de la cooperación internacional, la 31.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31) —a celebrarse del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía— representa una oportunidad para fortalecer el multilateralismo y avanzar colectivamente hacia transformaciones estructurales basadas en la justicia, los derechos humanos y la protección de los ecosistemas.En América Latina y el Caribe, el contexto que rodea a la COP31 se expresa en la expansión del extractivismo, el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y riesgos crecientes en torno al control de los recursos naturales. A ello se suman conflictos socioambientales y amenazas a personas defensoras del ambiente. Al mismo tiempo, la dependencia de los combustibles fósiles continúa exponiendo a los países a tensiones geopolíticas, volatilidad de los mercados energéticos y riesgos para sus economías y la seguridad de sus poblaciones.Frente a este panorama, la COP31 debe contribuir a reconstruir la confianza en el multilateralismo mediante decisiones capaces de acelerar la acción climática, superar las barreras para su implementación y responder a las necesidades de los países del sur global.Desde AIDA identificamos cuatro procesos fundamentales para avanzar en esta dirección. Consulta Nuestras Propuestas. 1. Hacer realidad un mecanismo de transición justaUno de los principales desafíos de la COP31 será definir cómo poner en funcionamiento el Mecanismo de Transición Justa (BAM, por sus siglas en inglés), acordado en la COP30. Su potencial transformador dependerá de que trascienda los espacios de diálogo y, por tanto, establezca una gobernanza multiactor inclusiva enfocada en superar las desigualdades estructurales que condicionan la transición, especialmente en los países del sur global.AIDA propone:Gobernanza: Garantizar la representación efectiva de los titulares de derechos en los órganos de gobernanza y en las instancias técnicas del mecanismo. Esto mediante un sistema inspirado en la representación del público del Acuerdo de Escazú, que asegure la participación formal y permanente de representantes de cada uno de los grupos de interés reconocidos en la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC).Modalidades de trabajo: Establecer un proceso permanente de recopilación, sistematización y análisis de información que permita incorporar la mejor evidencia científica disponible y los resultados de otros procesos internacionales para orientar las prioridades y acciones del mecanismo. Asimismo, proponemos una articulación con el Comité Permanente de Finanzas para incluir un análisis específico de los recursos destinados a la transición justa en el primer informe bienal de seguimiento del nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) de financiamiento climático, previsto para 2028.Funciones: Impulsar una transición energética justa que acelere el abandono de los combustibles fósiles mediante zonas libres de explotación, concebidas como territorios de vida, y el fortalecimiento de alternativas energéticas renovables y comunitarias. También proponemos establecer salvaguardas socioambientales para la extracción de minerales “críticos”, basadas en los derechos humanos, la integridad de los ecosistemas y criterios estrictos de necesidad, trazabilidad y uso responsable, evitando que la transición energética reproduzca nuevas formas de extractivismo. 2. Pasar de las promesas de financiamiento a medidas concretasEl financiamiento climático continúa siendo uno de los principales puntos de tensión de las negociaciones internacionales. La COP31 deberá avanzar en la puesta en marcha del Programa de Trabajo sobre Financiamiento Climático, situando en el centro las obligaciones de los países desarrollados de proveer recursos a los países en desarrollo, conforme al artículo 9.1 del Acuerdo de París.AIDA propone:Alcance: Asegurar que el programa contribuya a la implementación del NCQG, particularmente de la meta de al menos 300 mil millones de dólares anuales para 2035, mediante una hoja de ruta que fortalezca la provisión de financiamiento público por parte de los países desarrollados. Asimismo, consideramos fundamental establecer un mandato específico para evaluar el financiamiento público proyectado para el cumplimiento de esta meta, aprovechando las comunicaciones y los procesos establecidos en virtud del artículo 9.5 del Acuerdo de París; así como formular recomendaciones y medidas concretas para la COP32.Modalidades de trabajo: Impulsar espacios innovadores de intercambio técnico y político que trasciendan los diálogos tradicionales y permitan identificar soluciones frente a barreras estructurales como el endeudamiento, el elevado costo del capital y las dificultades de acceso directo para el financiamiento a pueblos indígenas y comunidades locales. También planteamos fortalecer la articulación con el Diálogo de Veredas para aprovechar sus hallazgos sobre la reorientación de los flujos financieros internacionales, sin sustituir las obligaciones de provisión de financiamiento de los países desarrollados. 3. Un Balance Mundial que permita identificar las transformaciones necesariasLa COP31 marcará el inicio del segundo Balance Mundial del Acuerdo de París (GST2, por sus siglas en inglés), un proceso que evaluará los avances colectivos de la acción climática y contribuirá a orientar las decisiones internacionales de los próximos años.AIDA propone:Establecer medidas específicas para facilitar la recopilación y sistematización de información de actores tradicionalmente subrepresentados, especialmente pueblos indígenas y comunidades locales, brindando el apoyo necesario para asegurar que sus conocimientos, experiencias y soluciones territoriales contribuyan a una evaluación más representativa. Establecer un mecanismo abierto e inclusivo de retroalimentación sobre los informes de síntesis que resulten de la fase de recopilación de información. Este debe permitir presentar observaciones, identificar vacíos de información y conocer cómo se incorporan las contribuciones recibidas. Asegurar un GST2 se sustente en la mejor ciencia disponible, incluida la incorporación oportuna de los resultados del Séptimo Informe de Evaluación del IPCC (AR7), y tome los compromisos del primer Balance Mundial como punto de partida para evaluar su implementación, asegurando la justicia climática, los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas como ejes transversales. 4. Acelerar la transición hacia el abandono de los combustibles fósilesA casi tres años del compromiso adoptado en la COP28 de Dubái, su implementación continúa enfrentando importantes obstáculos, mientras persisten los planes de expansión de la producción de combustibles fósiles. La COP31 representa una oportunidad para superar este estancamiento y dar continuidad a las iniciativas internacionales que buscan acelerar una transición justa, ordenada y equitativa.Para ello, será clave un respaldo político explícito de las presidencias de la COP31 a la hoja de ruta impulsada por la presidencia brasileña de la COP30 y al proceso iniciado en Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles (Santa Marta), fortaleciendo su reconocimiento y relevancia en la agenda climática internacional.AIDA propone:Formalizar y asegurar la continuidad institucional de la hoja de ruta brasileña mediante su incorporación al paquete político de Antalya (Antalya Political Package), así como incorporar los resultados de ambos procesos al segundo Balance Mundial (GST2) para evaluar los avances y las brechas en la implementación del compromiso de abandonar los combustibles fósiles. Destacamos la necesidad de que el compromiso de electrificación 35x35 contribuya efectivamente a reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante el impulso de energías renovables, sistemas descentralizados y modelos de gobernanza democrática y comunitaria, con salvaguardas socioambientales y una distribución equitativa de los beneficios. Consulta Nuestras Propuestas.Una COP31 orientada a la justicia climáticaLa crisis climática exige mucho más que nuevos compromisos. Requiere transformar los modelos de desarrollo, las relaciones económicas internacionales y los mecanismos de cooperación y financiamiento que determinan las posibilidades reales de acción de los países y sus territorios.La COP31 ofrece una oportunidad para avanzar en esa dirección. Su relevancia dependerá de la capacidad de los gobiernos para adoptar decisiones concretas, fortalecer la cooperación internacional y asegurar que las transformaciones necesarias se construyan con la participación efectiva de quienes habitan, defienden y protegen los territorios.En nuestro documento de propuestas para la COP31, hacemos planteamientos específicos para los cuatro procesos de negociación con el propósito de contribuir a una acción climática más ambiciosa, equitativa y centrada en los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas. Consulta Nuestras Propuestas. *Florencia Ortúzar Greene es la directora del Programa de Clima de AIDA y Karla Maass es consultora externa de la organización. 

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Audiencia de la CIDH sobre los impactos de la extracción de minerales "críticos"

Ante la CIDH, comunidades y organizaciones alertaron sobre las desigualdades que profundiza la minería para la transición energética

En una audiencia pública regional, comunidades indígenas y organizaciones de América Latina expusieron los impactos de la extracción de minerales “críticos” y reclamaron mayores garantías para la protección de los territorios y los derechos humanos.En el marco del 197.º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Panamá, comunidades indígenas y organizaciones de América Latina participaron de la audiencia pública "Impactos de la extracción de minerales críticos para la transición energética", realizada el 27 de octubre. El encuentro fue convocado de oficio por la propia comisión para abordar las consecuencias ambientales, sociales y territoriales de la creciente demanda de minerales estratégicos, así como los desafíos que plantea para la protección de los derechos humanos en la región."La iniciativa de la CIDH de elaborar un informe sobre minería para la transición y derechos humanos reviste gran relevancia. Ante las intensas presiones geopolíticas y las regresiones ambientales, resulta urgente consolidar estándares interamericanos que protejan ecosistemas clave para el agua y garanticen los derechos humanos en el marco de la transición energética", señaló Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).La audiencia puso en discusión una de las principales contradicciones de la transición energética: mientras se presenta como una respuesta urgente a la crisis climática, los proyectos extractivos que avanzan en su nombre reproducen y profundizan desigualdades históricas. Los beneficios económicos y tecnológicos se concentran en determinados sectores y regiones, mientras los impactos en el agua, los ecosistemas y las formas de vida recaen principalmente en las comunidades que habitan los territorios de extracción.Desde la Alianza por los Humedales Andinos, AIDA, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Asamblea Pucará participamos de este espacio para visibilizar las preocupaciones de las comunidades frente al avance de la minería de litio en los humedales andinos y las dificultades para acceder a la información, participar en las decisiones y obtener protección judicial efectiva. En un contexto de creciente presión sobre estos ecosistemas, la audiencia abrió una oportunidad para cuestionar las desigualdades que atraviesan la transición energética y proponer estándares para enfrentar los vacíos de protección frente a la minería para la transición en la región del Gran Atacama.  Las voces de las comunidades y organizaciones ante la CIDH  Proteger los ecosistemas y reducir la presión extractivaYeny Rodríguez Junco, abogada sénior del Programa de Territorios de AIDA, planteó que la transición energética necesita discutir no solo cómo se extraen los minerales, sino también para qué se utilizan y qué niveles de consumo sostienen su demanda."Los actuales patrones de producción y consumo son insostenibles”, señaló durante su intervención, en la que propuso limitar la nueva minería a lo esencial, reducir la demanda de minerales y fortalecer la protección de ecosistemas sensibles, especialmente aquellos fundamentales para el agua.Desde AIDA se solicitó avanzar hacia estándares regionales que hagan frente a las regresiones en materia ambiental y prioricen la protección de las fuentes de agua, los territorios indígenas y los ecosistemas estratégicos frente a la expansión de la frontera extractiva.Acceso a la justicia y participación de las comunidades indígenasMarcia Guitián, integrante de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, compartió la experiencia de su comunidad en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, Argentina, donde la expansión de la minería de litio plantea crecientes preocupaciones sobre la disponibilidad de agua y el futuro del territorio.Durante su intervención, denunció las barreras que enfrentan las comunidades para acceder a información técnica, participar de las evaluaciones ambientales y lograr que sus observaciones sean consideradas por la Justicia."Sin información accesible ni tiempo para prepararnos, la participación se vuelve una formalidad”, señaló Guitián, quien reclamó audiencias públicas judiciales, visitas de jueces y juezas a los territorios y una valoración rigurosa de los informes técnicos independientes.También advirtió sobre las presiones denunciadas por la comunidad en el marco de evaluaciones mineras privadas, como IRMA, y la necesidad de que estos mecanismos no sustituyan las responsabilidades estatales. "Participar en una evaluación privada no significa otorgar nuestro consentimiento", afirmó.Las disputas por los minerales y la protección de las inversionesPía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta y directora del Área de Política Ambiental de FARN, abordó las tensiones entre el sistema internacional de protección de inversiones y las obligaciones de los Estados en materia ambiental y de derechos humanos.En un escenario de creciente disputa geopolítica por los minerales estratégicos, advirtió que los tratados de inversión y los mecanismos de arbitraje internacional pueden limitar la capacidad de los Estados para adoptar medidas de protección ambiental, especialmente cuando las empresas pueden reclamar indemnizaciones frente a nuevas regulaciones."Las obligaciones interamericanas exigen que los Estados preserven su espacio regulatorio y negocien instrumentos de inversión que sean coherentes con dichas obligaciones, además de reconocer expresamente el efecto disuasorio de las elevadas indemnizaciones. Mientras no se reformen o rescindan los tratados vigentes, esas mismas obligaciones interamericanas deben guiar su interpretación", sostuvo Marchegiani.Desde FARN se planteó la necesidad de revisar los tratados de inversión existentes y garantizar que los regímenes destinados a atraer capitales no condicionen las políticas públicas ni debiliten las obligaciones de protección ambiental, consulta y participación de las comunidades.Un compromiso para avanzar en la protección de los derechos humanosLa audiencia concluyó con el reconocimiento de las preocupaciones planteadas por las comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Desde la CIDH se destacó la importancia de profundizar el análisis de estas problemáticas y se reafirmó el compromiso del organismo de dar continuidad a los aportes recibidos, ampliando su tratamiento en futuros informes y recomendaciones sobre minería, transición energética y derechos humanos.La comisionada Gloria Monique de Mees, quien presidió la audiencia, agradeció las intervenciones de la sociedad civil y destacó que una transición justa no puede medirse únicamente por la reducción de emisiones, sino también por el lugar que ocupan las voces de las comunidades indígenas, afrodescendientes y las juventudes en las decisiones que afectan sus territorios y su futuro.Desde la Alianza por los Humedales Andinos, regresamos a nuestros territorios para continuar el trabajo cotidiano junto a las comunidades, acompañando sus demandas, fortaleciendo la defensa de los humedales, salares y bofedales, y exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Los espacios regionales e internacionales nos permiten amplificar sus voces, pero la protección del agua se sostiene día a día junto a quienes habitan y cuidan estos lugares que sostienen la vida. 

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Presentación de un informe sobre la CAF en la XI Semana de la Energía, en Panamá

XI Semana de la Energía: Un balance del rumbo de la transición energética en América Latina

Por Verónica Méndez, Geraldine Izaguirre y Jordan Cruz*  Cada año, la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) organiza la Semana de la Energía, un encuentro que reúne a ministros, ministras y máximas autoridades del sector energético de sus 27 países miembros en sesiones de alto nivel.Las decisiones ministeriales adoptadas ahí marcan la pauta de políticas públicas y regulaciones energéticas. Este 2026, la cita fue del 5 al 9 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana.A diferencia de 2025, cuando la agenda estuvo enfocada en la narrativa del gas como combustible de transición y el respaldo a las energías renovables, este año la mayoría de las conversaciones giró en torno a la seguridad, confiabilidad y resiliencia de los sistemas eléctricos, con el almacenamiento como una de las respuestas centrales. Sin embargo, el gas no desapareció del todo y la crisis climática estuvo ausente.AIDA estuvo en el encuentro para actualizarse sobre las tecnologías energéticas que se están impulsando y para dar seguimiento a las propuestas y declaraciones de los gobiernos. Participamos además en eventos paralelos organizados por la sociedad civil acerca de la salida responsable de los combustibles fósiles y la autogeneración de energía. A continuación, nuestro balance del evento. Lo que destacamosLa voz de las juventudes. En 2025, organizaciones juveniles lograron un espacio propio, reconocido por la OLACDE, como antesala de la agenda principal. Este año, el espacio continuó y algunos representantes de las organizaciones pudieron participar e intervenir en reuniones ministeriales. La Decisión LVI/D/588 institucionalizó esa participación al crear el Consejo Regional de Juventudes en Energía de la OLACDE, espacio permanente de diálogo con autoridades.Seguridad energética más allá de los fósiles. Se reconoció que la transición está en marcha y que las renovables enfrentan retos como la gestión del reciclaje y la confiabilidad y resiliencia de los sistemas eléctricos. Más que revivir la narrativa de las centrales fósiles como única solución, los debates se centraron en dos alternativas: los sistemas de almacenamiento para fortalecer la red y la eficiencia energética para optimizar la gestión de la demanda.La inteligencia artificial y los centros de datos. Un panel sirvió para reflexionar acerca del gran consumo energético de los centros de datos. Esto requiere que su inserción sea planificada y regulada con ética humanista, que se alimenten de energía renovable y con altos estándares de eficiencia energética, impulsando el desarrollo económico local. La Decisión LVI/D/586 reconoció los desafíos de la inteligencia artificial, instando a los Estados miembros a promover principios de humanismo, equidad y responsabilidad ambiental. Electrificación. La electrificación puede ayudar a descarbonizar sectores de alta demanda energética como el transporte y la industria, aún dependientes de fuentes fósiles que muchas veces se importan. Así, la Decisión LVI/D/587 encargó a la Secretaría de la OLACDE un diagnóstico regional del avance de la electrificación de los consumos finales y de los retos pendientes, además de apoyar a los Estados en la implementación de marcos regulatorios habilitantes.Economía circular. Por primera vez en la agenda energética regional, se planteó el desafío de gestionar los residuos del crecimiento de la energía renovable y de los sistemas de almacenamiento a gran escala. Con las primeras centrales renovables cumpliendo sus ciclos operativos, la Decisión LVI/D/589 dio un primer paso hacia una estrategia regional de economía circular en el sector energético, encargando a la Secretaría de la OLACDE un diagnóstico regional al respecto. Metano. La industria gasífera admitió que la mitigación del metano es una necesidad urgente, dando un impulso a la Cumbre del Metano y al Observatorio de Emisiones de Metano de América Latina.   Lo que faltóLa crisis climática como contexto. No se habló de las metas climáticas de mitigación y adaptación de los Estados en el marco del Acuerdo de París y las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas, que han recordado la necesidad de salir de las fuentes fósiles e ingresar a la energía limpia. Aunque se habló del fenómeno de El Niño como amenaza a la seguridad energética, no se mencionó que el cambio climático potencia sus impactos. Y el gas fue presentado nuevamente como “combustible de transición”. En una sesión, CAF y el Banco Mundial expresaron su intención de seguir financiando su ingreso y expansión, sometiendo a los países al riesgo de profundizar su dependencia  con infraestructura pensada para operar durante décadas (lock-in). Ninguna decisión ministerial abordó esta cuestión.La mirada socioambiental. No se habló de los estándares de derechos humanos y protección de ecosistemas que deben cumplir los proyectos renovables a gran escala y las tecnologías complementarias como el almacenamiento. Tampoco se abordó la eficiencia energética, la gestión de demanda, el cierre y salida de centrales térmicas ni las reconversiones que vienen registrándose.La autogeneración de energía. El tema sigue al margen de las discusiones sobre cómo transicionar. No se planteó que la transición, para ser justa, debe en muchos casos transformar la relación de las comunidades con la energía, lo que puede lograrse mediante proyectos de autogeneración energética. Sin embargo, la Decisión LVI/D/581, sobre Transición Energética Justa con las Comunidades Cercanas a Proyectos de Energía, abrió una oportunidad frente a esta omisión.La participación efectiva de la sociedad civil. Si bien la sociedad civil ha ido ganando espacio en la Semana de la Energía, este aún es reducido y, fuera de las juventudes, no existen mecanismos permanentes de participación. Lo que sigueLo que la OLACDE dejó fuera es justamente lo que marca el camino hacia adelante. Desde AIDA invitamos a las organizaciones que dan seguimiento a la transición energética a:Supervisar la implementación de las decisiones ministeriales adoptadas, en especial las referidas a comunidades, electrificación, economía circular, almacenamiento, juventudes e inteligencia artificial; y usar la Decisión LVI/D/581 para incluir la autogeneración en las discusiones.Conectar la agenda abordada con los compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la COP31 para que la OLACDE reconozca la crisis climática y los acuerdos de los países como contexto y brújula de sus decisiones sobre energía, lo que nos lleva en particular a frenar la narrativa del gas como combustible de transición. Exigir salvaguardas socioambientales para los proyectos renovables de gran escala y el almacenamiento, y poner atención a los procesos de cierre y reconversión de centrales térmicas para que se hagan responsablemente.Impulsar metas claras de reducción de metano, sin que esto se lea como aceptación del gas como combustible de transición y aprovechando la próxima Cumbre Regional de Metano de la OLACDE, un espacio clave para incidir por metas claras y mecanismos de seguimiento.Fortalecer la participación de la sociedad civil, consolidando el espacio de las juventudes y abriendo mecanismos permanentes para el resto de la sociedad civil. La Semana de la Energía mostró que la transición en la región avanza en tecnologías, pero con poca presencia de las comunidades. Para que la transición sea justa y se sostenga en el tiempo, es fundamental escuchar las voces de los territorios donde esta se materializa y no solo al sector privado. La creciente presencia de la sociedad civil, con las juventudes ya institucionalizadas en un consejo, es un primer paso. Esperamos que en las próximas ediciones ese espacio se fortalezca. *Verónica Méndez es coordinadora de la Línea de Energía Limpia de AIDA, Geraldine Izaguirre es abogada sénior del Programa de Clima y Jordan Cruz es científico becario.  

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Paisaje de Cauca en Colombia

Hablemos de los compromisos climáticos de CAF

En este seminario web, lanzamos Narrativa verde, financiamiento fósil: CAF frente a sus compromisos climáticos, informe elaborado por AIDA, y abrimos un debate sobre el papel del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el financiamiento de la transición energética en el continente.A partir de los hallazgos del informe, y de la mano de personas expertas, examinamos las tensiones entre el posicionamiento de CAF como banco verde y su apoyo a proyectos de combustibles fósiles, en particular de gas. Reflexionamos así en torno a su potencial para desempeñar un rol más ambicioso y coherente en la promoción de una transición energética justa y alineada con los compromisos climáticos de la región. PanelIvahanna Larrosa, Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.Ariel Slipak, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).Moderó: Santiago Cané, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Grabación Más informaciónConsulta el informe en español y portugués. 

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Paisaje tropical en México.

Narrativa verde, financiamento fóssil: A CAF diante de seus compromissos climáticos

O Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) destaca-se por seu potencial como peça-chave para impulsionar a transição energética na região. A instituição manifestou um firme compromisso de se tornar o banco verde do continente, aspirando a liderar o financiamento de projetos que promovam um desenvolvimento sustentável e resiliente, alinhado às metas climáticas globais. Dada sua capacidade de mobilizar recursos e sua influência nos mercados regionais, a CAF tem o potencial de desempenhar um papel estratégico na transformação rumo a economias de baixo carbono.Esse papel adquire uma urgência especial no contexto energético de 2026. A guerra no Oriente Médio, iniciada em 28 de fevereiro, e a forte interrupção do tráfego no Estreito de Ormuz expuseram novamente a vulnerabilidade dos mercados energéticos diante de choques geopolíticos e de abastecimento. Nesse contexto, as decisões das instituições multilaterais de desenvolvimento podem contribuir para diversificar a matriz energética regional ou aprofundar a dependência de novas infraestruturas baseadas em combustíveis fósseis.No entanto, o posicionamento verde da CAF coexiste com tensões significativas em sua prática institucional. Sua lista de exclusão não inclui restrições ao carvão, ao petróleo ou ao gás por motivos climáticos, ao contrário de outras instituições financeiras de desenvolvimento que o fizeram. No caso do gás, a CAF vai além de simplesmente não excluí-lo, promovendo-o ativamente dentro de sua agenda de transição energética, classificando-o como "recurso renovável" e continuando a financiar infraestrutura de gás. Tal classificação tem sido amplamente questionada pelas evidências científicas, que mostram que as emissões de metano — principal componente do gás — ao longo de toda a cadeia apresentam um potencial de aquecimento global significativamente superior ao do dióxido de carbono em horizontes de curto prazo; por isso, devem ser incorporadas a qualquer avaliação de compatibilidade com as trajetórias climáticas. Essa avaliação deve considerar também os riscos de lock-in.   A essas tensões soma-se uma dimensão institucional. A disponibilidade limitada de informações sistematizadas sobre as operações da CAF, particularmente no setor privado, dificulta a avaliação integral dos impactos sociais, ambientais e climáticos dos projetos financiados. Em comparação com outras instituições financeiras de desenvolvimento (IFD), persistem lacunas em matéria de transparência e prestação de contas, o que afeta seu posicionamento como banco de desenvolvimento alinhado à sustentabilidade.Nesse contexto, o presente relatório tem como objetivo analisar a coerência entre a narrativa institucional da CAF como banco verde e suas decisões de financiamento no setor energético. Para isso, são examinados seus investimentos em gás fóssil, os impactos associados e o marco internacional aplicável em matéria de mudanças climáticas e financiamento sustentável. A partir dessa análise, identificam-se lacunas e propõem-se elementos que permitam fortalecer seu papel em uma transição energética justa, coerente com os compromissos climáticos internacionais. Leia e baixe o relatório 

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Flamencos en una laguna altonadina en Bolivia

¿Quién paga por la transición energética? Voces por justicia desde Argentina, Bolivia y Chile

Semana Alternativa de las Materias Primas 2026 La expansión de la minería del litio y la extracción de otros minerales considerados "críticos" para la transición energética —impulsada por el norte global, incluida la Unión Europea— ya afecta, o amenaza con afectar, a territorios complejos y a vidas enteras en América Latina. En el centro de este problema se encuentra la región del Gran Atacama, un complejo de ecosistemas milenario situado en la frontera entre Argentina, Chile y Bolivia, rico en vida natural y cultural, reducido por la industria minera a la etiqueta de "Triángulo del Litio".Los impactos de esta minería no son fortuitos. Son el resultado de decisiones económicas y políticas tomadas desde fuera por gobiernos, empresas e instituciones financieras. Quienes viven en el Gran Atacama no solo asumen los costos de un modelo de transición energética que no han elegido, sino que sus puntos de vista rara vez se tienen en cuenta.En este seminario web, AIDA presentó "Territorios bajo amenaza: vidas afectadas por la fiebre del litio en Argentina, Bolivia y Chile", una página web multimedia e interactiva que amplifica las voces de las comunidades que defienden sus hogares, su cultura, sus conocimientos y sus formas de vida frente a esta nueva ola de extractivismo. El sitio web incluye imágenes, testimonios, relatos y diversos elementos visuales para reforzar una narrativa que prioriza la vida y sirve como herramienta para la defensa territorial. La presentación del sitio web estuvo acompañada de intervenciones de representantes de organizaciones que defienden los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en la región del Gran Atacama. PanelYeny Rodríguez, AIDA: Bienvenida e introducción.Víctor Quintanilla, AIDA: Presentación del sitio web "Territorios bajo Amenaza".Verónica Gostissa, Asamblea Pucará: Protección de derechos en Argentina. Vivian Lagrava, Colectivo de Derechos Humanos Empodérate: Protección de derechos en Bolivia.Antonio Pulgar, ONG FIMA: Protección de derechos en Chile.  Grabación 

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