Derechos Humanos

May 06 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos

Santa Marta y el fin de los combustibles fósiles: Del "sí" al "cómo"

Terminó la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, Colombia. Y todo apunta a que esta iniciativa llegó para quedarse. Muchos aspectos merecen atención en este proceso abierto por Colombia y los Países Bajos. ¿Estamos ante la primera piedra de una nueva era? Mientras el mundo aún no termina de digerir lo ocurrido, y espera el reporte oficial de los países coanfitriones en los próximos meses, hacemos un análisis temprano. Los orígenesLa conferencia de Santa Marta fue la respuesta a la frustración de tres décadas sin que las negociaciones climáticas internacionales —en las sucesivas Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC)— abordaran de frente la causa principal e indiscutida de la crisis climática: los combustibles fósiles. Y ya era hora. Desde 1992, la comunidad internacional ha negociado emisiones, metas y mecanismos de mercado, sin lograr mirar de frente al elefante en la sala. Las palabras "petróleo", "carbón" y "combustibles" no aparecen en el Acuerdo de París. Recién en 2021, en la COP de Glasgow se reconoció por primera vez que los combustibles fósiles causan el cambio climático, pero solo se pidió una reducción gradual del carbón. En 2023, en Dubai, se logró el mayor avance: la frase "transitioning away from fossil fuels". Y en 2025, en Belém, ni eso pudo mantenerse. Pero al menos esa frustración sirvió para detonar la conferencia de Santa Marta, que fue precisamente lo contrario: 57 países representando un tercio del PIB global sentados para hablar de cómo dejar los fósiles, no de si hacerlo o no. Si no llega a ser nada más, esta conferencia por lo menos fue un alivio, una señal de cordura en un mundo que a veces realmente no se entiende.Y no solo se habló del qué, sino del cómo, que incluye la justicia. El documento oficial de resumen que circularon los países anfitriones habla de planes territoriales de transición justa, reconversión laboral con participación de personas trabajadoras y comunidades, acceso directo a financiamiento para pueblos indígenas, y prevención explícita de "nuevas formas de dependencia extractiva". Se mencionan los sistemas de energía descentralizada y comunitaria como ejemplos concretos de producción sostenible.Desde AIDA, creemos que esta es una condición fundamental: sin justicia, no hay transición viable. No es un imperativo ético o jurídico, es también práctico. Cuando la transición se hace sin las comunidades, sin el resguardo de las personas y los territorios, sin una justa distribución de cargas y beneficios, genera resistencia que puede frenar los propios proyectos. La evidencia en América Latina habla por sí sola.En tiempos en que la humanidad atraviesa tanta oscuridad, cuesta ser optimista. Quizás en este caso hay razones para serlo. Una guerra que, paradójicamente, muestra el caminoLa guerra en Medio Oriente como telón de fondo le dio a la conferencia de Santa Marta una urgencia sin precedentes: la disrupción en el suministro de petróleo y gas que ha generado nos pone en una situación única. De un plumazo, se interrumpió entre el 20 y 25% del flujo de petróleo y gas en el mundo, generando estragos a lo largo y ancho del planeta: costos de vida disparados, apagones, economías tambaleándose. Un conflicto en un punto específico del planeta está afectando a casi todas las economías del mundo. Y eso cambió el tono de la conversación. La transición no se enmarca solo como una necesidad climática o ambiental, sino como un asunto de seguridad y soberanía. La guerra demostró que depender de los fósiles nos hace tremendamente vulnerables. Es tiempo de asumir que la urgencia climática y estabilidad económica están del mismo lado, no se contraponen.Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, declaró desde Santa Marta que la guerra "rompió los mercados fósiles sin posibilidad de reparación", refiriéndose a la metáfora del jarrón roto. No es solo una posición ambientalista, es un diagnóstico global. La renovación de Santa MartaAdemás de su contenido, la forma en que se desarrolló la conferencia de Santa Marta también sorprendió y podría considerarse una innovación para la diplomacia climática. El lobby de los combustibles fósiles fue explícitamente excluidos. Los países que históricamente han bloqueado cualquier progreso no fueron invitados. Y el formato del segmento de alto nivel rompió con las dinámicas tradicionales: en lugar de las declaraciones leídas desde un computador que caracterizan las COP, los ministros y delegados se sentaron en círculos pequeños bajo las reglas de Chatham House, sin pantallas, y junto a representantes de sociedad civil y pueblos indígenas en las mismas condiciones. No pasó al final, cuando ya nadie escucha, sino marcando la pauta desde el inicio.Tzeporah Berman, presidenta de la iniciativa para crear el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, describió la experiencia como "ver una represa ceder: "toda esa experiencia, esos conocimientos y esa pasión acumulados se traducen de repente en medidas concretas para eliminar gradualmente los combustibles contaminantes". La ciencia al volanteEntre los resultados concretos, destaca el lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés). En los primeros años de las negociaciones climáticas, la ciencia iba por delante: las COP abrían con una actualización del conocimiento científico más reciente y las decisiones se construían sobre esa base. Con el tiempo, eso se fue erosionando. Países con intereses fósiles fueron diluyendo las advertencias científicas e introduciendo lo que en la conferencia de Santa Marta se llamó abiertamente "falsas soluciones" —como la captura de carbono y los offsets— para justificar la continuidad de la extracción. La conferencia se propuso poner a la ciencia de regreso al volante.El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sigue produciendo informes fundamentales, pero tiene limitaciones que el SPGET puede subsanar. Publica informes cada siete años, un proceso lento para una crisis que se acelera. Sus resúmenes para personas tomadoras de decisiones —que en la práctica leen los gobiernos— son negociados línea por línea con representantes gubernamentales, incluyendo países con intereses fósiles, lo que atenúa conclusiones. Y el IPCC no está facultado para dar recomendaciones de política a los países. Carlos Nobre, uno de los fundadores del SPGET, contó que una vez quiso incluir información sobre los riesgos que enfrenta la Amazonía en un resumen del IPCC y que un representante de su propio país lo rechazó. El SPGET es totalmente independiente. Ningún gobierno puede vetar lo que dice y producirá actualizaciones anuales con recomendaciones concretas de política, apoyando a los países en el desarrollo de hojas de ruta alineadas con la meta de los 1.5°C. En cuanto a su estructura, está copresidido por una economista camerunesa (Vera Songwe), un economista alemán (Ottmar Edenhofer) y un ingeniero energético brasileño (Gilberto Jannuzzi). Si funciona como promete, podría convertirse en el brazo científico que la transición necesita. Continuidad y estructura. La promesa hacia el futuroLa conferencia de Santa Marta no fue un evento aislado, sino el inicio de un proceso estructurado. Para empezar, ya se confirmó una segunda versión para 2027, coorganizada por Tuvalu e Irlanda, sellando el compromiso de colaboración norte-sur. Con miras a eso, se crearon tres líneas de trabajo permanentes que operarán hasta Tuvalu. La primera línea de trabajo apoyará a los países en la elaboración de hojas de ruta nacionales de transición, conectadas con sus compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París. Hay ejemplos concretos: Francia llegó con la suya, una hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles de su matriz energética para 2050, la primera propuesta de este tipo presentada por un país desarrollado. Pero el plan ha sido criticado por la sociedad civil. No aborda la remediación de territorios dañados por décadas de extracción ni da cuenta de las nuevas presiones que su modelo de electrificación podría ejercer en el sur global, de donde provienen la gran mayoría de los minerales necesarios para baterías, redes y energías renovables. Colombia, por su parte, presentó la suya en la preconferencia académica, con datos que muestran que la transición resultaría económicamente rentable a partir de 2040. Estas hojas de ruta, a diferencia de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), abordan la producción de combustibles fósiles. Las NDC se refieren a la reducción de emisiones, pero no comprometen el cierre de minas o plantas de carbón ni el fin de las licitaciones para extraer fósiles. Ahora, las NDC también tienen algo que las hojas de ruta no tienen: anclaje jurídico, al ser parte del Acuerdo de París. Entonces, la promesa está en que las hojas de ruta se integren en las NDC, lo que dejaría con compromisos concretos y vinculantes de transición. Pero, como muestra el caso francés, si las hojas de ruta no incorporan la remediación de territorios afectados ni las cadenas de suministro que la electrificación demanda, hay riesgo de terminar con compromisos vinculantes que consolidan una transición desigual en lugar de corregirla.La segunda línea de trabajo permanente abordará las barreras financieras —deuda, subsidios fósiles y acceso a capital— con apoyo del IISD, un centro de investigación especializado en políticas de subsidios y finanzas climáticas. Y la tercera buscará formas de descarbonizar el comercio internacional, conectando a países productores y consumidores de combustibles fósiles para que trabajen juntos en la transición, con apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).A eso se suma el panel científico (SPGET), que dará base técnica a todo el proceso, y un grupo de coordinación permanente entre los coanfitriones actuales (Colombia y Países Bajos) y los futuros (Tuvalu e Irlanda), que asegurará continuidad. Todo lo que salga de estas líneas de trabajo alimentará las negociaciones climáticas oficiales de la ONU, incluyendo la COP31, prevista para noviembre de este año en Turquía.Aunque no hay acuerdos vinculantes que mostrar, sí contamos ya con mecanismos concretos de trabajo entre los países que sí quieren avanzar, con instituciones de apoyo, mandatos claros, una segunda conferencia para recibir los avances y la promesa de permear las negociaciones oficiales de la ONU. Es un buen comienzo que tiene estructura para sostenerse. Lo que queda por resolverHay una deuda que atraviesa todo lo anterior: los plazos y la urgencia. Recién empezamos a hablar de crear hojas de ruta para eliminar los combustibles fósiles, pero su implementación debió iniciar hace 40 años. Ese desfase debería marcar el tono de todo lo que viene.Un tema en el que la conferencia de Santa Marta se quedó particularmente corta es el financiamiento. El tema —deuda, espacio fiscal, subsidios, arquitectura financiera internacional—se discutió extensamente, pero no se logró traducir esto en señales claras. Para un proceso que aspira a coordinar la salida global de los combustibles fósiles, la ausencia de una hoja de ruta financiera es una limitación seria.No es algo nuevo ni se trata de caridad. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, consagrado en la propia CMNUCC, establece que los países que más contribuyeron a la crisis climática deben apoyar a los que menos lo hicieron y más sufren. Con esta base se han construido las metas de financiamiento climático que hoy ascienden a USD 300.000 millones anuales para 2035, según se acordó en la COP29. Pero la mayoría de ese financiamiento llega en forma de préstamos, lo que significa que los países del sur se endeudan para resolver un problema que no crearon. La deuda climática del norte con el sur se convierte, paradójicamente, en deuda financiera del sur con el norte. Así, no hay transición justa posible. Y la conferencia de Santa Marta no logró avances al respecto. Otra barrera estructural que sí llegó a Santa Marta, pero que aún requiere trabajo es el mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a corporaciones fósiles demandar a los Estados por adoptar medidas climáticas. Al menos USD 100.000 millones en compensaciones han sido otorgados a empresas a través de tribunales internacionales de arbitraje. El ISDS quedó en el resumen oficial de la conferencia de Santa Marta, pero con un lenguaje tibio. Mientras los gobiernos puedan ser demandados por miles de millones por cerrar una mina de carbón, la transición no avanzará, y no por falta de voluntad, sino por miedo a las demandas.Tampoco se resolvió el debate sobre el gas natural como combustible "de transición". El documento oficial reconoce que "hubo diferentes perspectivas respecto al rol de combustibles de transición y tecnologías”, un avance logrado gracias a la presión de la sociedad civil, considerando el número de países que promueven abiertamente el gas como solución. Pero el gas es un combustible fósil cuyas fugas de metano agravan el calentamiento. Presentarlo como "de transición" es profundizar la dependencia y postergar la transición. Finalmente, un análisis desde América Latina muestra una importante incoherencia práctica: la brecha entre lo que los países dicen y hacen. El gobierno de México participó activamente en la conferencia, pero al mismo tiempo instaló un comité para evaluar la viabilidad del fracking “sustentable”. El gobierno de Brasil, guardián de la Amazonía, sigue licitando pozos petroleros. Y Colombia, anfitrión de la conferencia, anunció que busca ampliar la frontera extractiva en el mar Caribe. Pareciera que diferentes ramas de un mismo gobierno actúan con objetivos totalmente contradictorios. El problema es que esto daña la credibilidad del proceso, que es crucial para una coalición como la que se pretende. Dicho todo esto, quizás era mucho esperar que la primera conferencia de este tipo, que buscó y logró sentar las bases de un proceso nuevo, llegara con todas las respuestas a la crisis de nuestros tiempos. La conferencia de Santa Marta sirvió para mapear los problemas, crear las líneas de trabajo y construir confianza. El siguiente paso no puede esperar mucho tiempo. Para la conferencia de 2027 en Tuvalu, no deberían quedar temas pendientes, sobre todo el financiamiento. Un plan sin financiamiento, por muy bueno y atinado que sea, no tiene como despegar. De un puerto carbonero a una isla que se hunde Terminó la conferencia en Santa Marta, un importante puerto carbonífero en Colombia, y la siguiente parada es Tuvalu, una pequeña nación insular del Pacífico, amenazada existencialmente por el aumento del nivel del mar. La ruta es simbólica: desde un país que exporta carbón a uno que desaparece por el calentamiento que la quema de ese carbón genera. Que estas dos naciones estén hoy construyendo juntas las bases para cambiar el rumbo es precisamente lo que necesitamos: reconocer el pasado y mirar al futuro con solidaridad. La Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles podría pasar a la historia como la primera piedra de una nueva era. Sigamos construyendo.

Inundación de islas en el río Xingú para la operación de la represa Belo Monte

May 05 2026 Derechos Humanos, Grandes Represas

Dez anos de Belo Monte: O tempo da justiça chegou

Marco de uma década da operação da usina reacende debate sobre responsabilização e resposta institucional.Ao completar dez anos de funcionamento, a Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, no Pará, retorna ao centro das atenções do debate público, desta vez sob o crivo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Mais do que um balanço sobre o marco temporal do empreendimento, a data impõe urgência de uma resposta institucional efetiva e evidencia que a justiça não pode ser mais adiada. O caso, que atualmente tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), reúne um conjunto consistente de evidências de violações de direitos humanos associadas à UHE Belo Monte. Apresentada por uma coalizão de organizações da sociedade civil, como a Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), a Justiça Global, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), o Movimento Xingu Vivo para Sempre (MXVPS) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), a petição consolida alegações de violações aos direitos à vida, à saúde, à consulta prévia e ao meio ambiente saudável. O caso está em estágio avançado de análise e tem potencial para ser encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos.Uma década após sua inauguração, os impactos socioambientais permanecem significativos e, em grande medida, não mitigados. A Volta Grande do Xingu, trecho de aproximadamente 130 km diretamente afetado pela redução artificial da vazão do rio, representa o principal passivo do empreendimento. A alteração do regime hidrológico, intensificada por eventos extremos associados às mudanças climáticas, comprometeu ecossistemas locais, afetou o ciclo reprodutivo de espécies, a navegabilidade e a segurança alimentar e hídrica das populações que dependem diretamente do rio.Nesse contexto, comunidades indígenas, ribeirinhas e pescadores artesanais enfrentam a deterioração de seus modos de vida, especialmente pela redução da disponibilidade de peixes e seus impactos na segurança alimentar. Outros efeitos são a proliferação de enfermidades associadas a mosquitos, a realocação de famílias ribeirinhas a assentamentos longe do rio, o estopim de relatos de depressão e suicídio entre jovens, e os impactos nas práticas culturais e modos de vida das comunidades locais. Diferentemente das discussões que marcaram a fase de implementação do projeto, o debate atual é intensificado pela emergência climática e por novos parâmetros normativos internacionais. O Parecer Consultivo 32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos traz diretrizes claras sobre as obrigações dos Estados na proteção de direitos humanos frente à crise climática, reconhecendo o direito a um meio ambiente saudável como elemento estruturante. Nesse cenário, o caso da UHE Belo Monte é um exemplo significativo dos desafios de conciliar o desenvolvimento energético, a preservação ambiental e a garantia de direitos da população.As organizações que acompanham o caso apontam o descumprimento de medidas cautelares outorgadas pela Comissão, o que reforça a necessidade de avanço para a próxima etapa no âmbito da Corte. A sustentabilidade legal do processo, somada à relevância internacional do tema, posiciona o caso como apto para julgamento."Mais de uma década de operação da UHE Belo Monte, os impactos no Xingu se comprovaram e seguem uma tendência de agravamento diante da pressão de novos empreendimentos na região e ante os efeitos da crise climática. As comunidades seguem mobilizadas por justiça e confiantes na atuação da Comissão Interamericana para que o caso seja levado à Corte - o passo final para assegurar a reparação integral e a proteção do território e de seus modos de vida", afirma Marcella Torres, coordenadora jurídica do Programa de Direitos Humanos da AIDA.De acordo com Melisanda Trentin, coordenadora de Justiça Socioambiental e Climática da Justiça Global, o projeto minerário Belo Sun avança sobre a Volta Grande do Xingu com falhas consultivas idênticas às de Belo Monte. “O que está em jogo na região é a sobreposição de danos e violações de direitos humanos e ambientais. Um rio com vazão reduzida, comunidades com insegurança alimentar e modos de vida alterados, e agora um novo projeto que repete as mesmas violações já denunciadas no Sistema Interamericano há mais de 10 anos”, aponta ela. Para as organizações signatárias, o marco temporal de uma década representa uma janela crítica para a efetivação da justiça. O caso Belo Monte deixa de ser um episódio isolado e se projeta como referência para a aplicação concreta da justiça ambiental na Amazônia, em um contexto de crescente pressão climática e de demanda por responsabilização estatal.SOBRE - Belo Monte é a quarta maior usina hidrelétrica do mundo, construída no rio Xingu, no estado do Pará, no coração da Amazônia. Com capacidade instalada de 11.233 MW, foi inaugurada em 5 de maio de 2016. Sua operação desvia 80% do fluxo do rio Xingu por um canal de 500 metros de largura e 75 km de comprimento. A área inundada entre o canal e o reservatório é de 516 km², maior que a cidade de Chicago, dos quais 400 km² eram de floresta nativa.#JustiçaNoXinguVeja a carta aberta dos peticionários do caso Belo Monte no CIDH Leia o que dizem as organizações peticionárias e aliadas do caso:Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)"Não há segurança jurídica sem o respeito aos direitos originários dos povos indígenas. Na Amazônia, essa defesa ultrapassa o campo jurídico: é um compromisso com a vida, com a integridade dos territórios e com o equilíbrio climático do planeta. Os prejuízos que a implantação da Usina de Belo Monte trouxe às populações indígenas e ao meio ambiente tornaram-se reais e são irreversíveis. A Assessoria Jurídica da COIAB atua para assegurar que a Constituição, os tratados internacionais e a autodeterminação dos povos indígenas sejam efetivamente respeitados em todas as instâncias de decisão", afirma Gabriele Baré, coordenadora da Assessoria Jurídica da COIAB.Conselho Indigenista Missionário (CIMI)"O que hoje se apresenta como tragédia anunciada nunca foi desconhecido. Desde os anos 1980, os Povos Indígenas da região do Xingu denunciaram, com clareza e insistência, o que significaria a imposição da Usina Hidrelétrica de Belo Monte: destruição de modos de vida, ruptura territorial, violência social e colapso das condições mínimas de existência. Nada disso foi ouvido! O que se seguiu não foi erro técnico nem falha de previsão. Foi uma decisão política consciente. Foi a escolha deliberada de sacrificar povos, territórios e vidas em nome de um projeto imposto, sustentado por uma lógica desenvolvimentista que trata corpos e rios como obstáculos descartáveis. Nesse sentido, para o Cimi, à luz do princípio da reparação integral, a posição é inequívoca: a concessão deve ser cancelada, o funcionamento da usina interrompido e iniciado um processo progressivo e estruturado de desmantelamento da infraestrutura, acompanhado de medidas de justiça, reparação geracional, restituição territorial aos Povos Indígenas e reparações sociais e econômicas a todas as vítimas."Movimento Xingu Vivo para Sempre"Belo Monte arrancou as pessoas do beiradão e dispersou o povo do Xingu por aí, longe do rio, da comunidade, da lida diária que era familiar e querida. O ribeirinho deixou de ser, a pescadora deixou de ser, viraram um nada, muitos vagando pelas periferias das cidades. Essas pessoas perderam a identidade e, com isso, a sua alma. Ficou só vazio e solidão. O impacto da perda da existência não pode ser compensado, mas tem que ser reconhecido para que haja algum tipo de reparação", afirma Ana Laide Barbosa, educadora do Movimento Xingu Vivo para Sempre.Observatório dos Povos Indígenas Isolados (OPI)"A instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte agravou ameaças e pressões aos povos indígenas da região do Médio Xingu de uma maneira similar ao que ocorreu durante o período ditatorial com a abertura da rodovia Transamazônica na mesma região. Povos de recente contato como os Parakanã e os Arara sofreram com índices alarmantes de invasões e desmatamento ilegal em suas terras e o refúgio de grupos indígenas em isolamento da Ituna Itatá chegou a ser um dos mais desmatados do Brasil. Ao mesmo tempo, o desvio das águas do Xingu promove danos ecocidas aos indígenas da Volta Grande; e políticas danosas de compensação de impactos tiveram efeitos desagregadores e etnocidas sobre quase todos os povos. Por tudo isso, a hidrelétrica se tornou mais um exemplo da relação colonial estabelecida pelo estado brasileiro com os povos amazônicos e uma dívida de reparação que precisa ser reconhecida e sanada", diz Helena Palmquist, coordenadora adjunta do Observatório dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI).

May 05 2026 Derechos Humanos, Grandes Represas

Diez años de Belo Monte: Llegó el momento de la justicia

El décimo aniversario de la operación de la hidroeléctrica reaviva el debate sobre la rendición de cuentas y la respuesta institucional.Brasilia. Al cumplirse diez años de su inauguración, la Central Hidroeléctrica Belo Monte, en el estado de Pará, vuelve al centro del debate público, esta vez bajo el escrutinio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Más que un balance, la fecha refuerza la urgencia de una respuesta institucional efectiva y deja claro que la justicia no puede seguir postergándose.El caso, que actualmente está en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reúne un conjunto de pruebas de violaciones de derechos humanos asociadas a la hidroeléctrica Belo Monte. La petición presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil —como la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), Justiça Global, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS) y el Consejo Indígena Misionero (CIMI)— consolida denuncias de violaciones de los derechos a la vida, la salud, la consulta previa y un ambiente sano. El caso se encuentra en una etapa avanzada de análisis y podría ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Una década después de su inauguración, los impactos socioambientales siguen siendo significativos y, en gran medida, no se han mitigado. La Volta Grande do Xingú, un tramo de aproximadamente 130 km directamente afectado por la reducción artificial del caudal del río, concentra el principal riesgo del proyecto. La alteración del régimen hidrológico, agravada por eventos extremos asociados al cambio climático, ha comprometido los ecosistemas locales y afectado el ciclo reproductivo de las especies, la navegabilidad y la seguridad alimentaria e hídrica de las poblaciones que dependen directamente del río.En este contexto, las comunidades indígenas, ribereñas y pesqueras artesanales enfrentan un deterioro sostenido de sus modos de vida, con una menor disponibilidad de pescado y repercusiones en la actividad pesquera. A ello se suman reasentamientos inadecuados, aumento de la violencia, problemas de salud mental y repercusiones en el mantenimiento de sus prácticas culturales.A diferencia de los debates que marcaron la fase de implementación del proyecto, el debate actual se intensifica debido a la emergencia climática y a los nuevos parámetros normativos internacionales. La Opinión Consultiva OC-32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proporciona directrices claras sobre las obligaciones de los Estados en la protección de los derechos humanos frente a la crisis climática, reconociendo el derecho a un ambiente sano como un elemento estructurante. En este escenario, el caso de la Central Hidroeléctrica Belo Monte es un ejemplo significativo de los desafíos que implica conciliar el desarrollo energético, la preservación del ambiente y la garantía de los derechos de la población.Las organizaciones que monitorean el caso señalan el incumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión, lo que refuerza la necesidad de avanzar a la siguiente etapa ante la Corte. La sostenibilidad jurídica del proceso, junto con la relevancia internacional del tema, sitúan el caso como listo para juicio."Más de una década después del inicio de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte, los impactos en el río Xingú persisten y se agravan, amplificados por la presión de nuevos proyectos y la crisis climática. Las comunidades siguen movilizadas en busca de justicia y confían en las acciones de la CIDH para llevar el caso ante la Corte, paso clave para garantizar la reparación integral y la protección del territorio y sus formas de vida", afirma Marcella Torres, coordinadora legal del Programa de Derechos Humanos de AIDA.Según Melisanda Trentin, coordinadora de Justicia Socioambiental y Climática de Justicia Global, el proyecto minero Belo Sun avanza en la Volta Grande del Xingú con fallas en el proceso de consulta idénticas a las de Belo Monte. "Lo que está en juego en la región es la acumulación de daños y violaciones de los derechos humanos y ambientales. Un río con caudal reducido, comunidades con inseguridad alimentaria y modos de vida alterados, y ahora un nuevo proyecto que repite las mismas violaciones ya denunciadas en el Sistema Interamericano hace más de 10 años", señala.Para las organizaciones firmantes, el décimo aniversario representa una oportunidad crucial para avanzar en la administración efectiva de justicia. El caso de Belo Monte deja de ser un episodio aislado y se proyecta como un referente para la aplicación concreta de la justicia ambiental en la Amazonía, en un contexto de creciente presión climática y demanda de rendición de cuentas por parte del Estado.ACERCA DE BELO MONTE: Es la cuarta central hidroeléctrica más grande del mundo, construida sobre el río Xingú, en el estado de Pará, en el corazón de la Amazonía brasileña. Cuenta con una capacidad instalada de 11.233 MW y fue inaugurada el 5 de mayo de 2016. Su funcionamiento desvía el 80% del caudal del río Xingú a través de un canal de 500 metros de ancho y 75 km de largo. La zona inundada entre el canal y el embalse abarca 516 km², una superficie mayor que la de la ciudad de Chicago, de los cuales 400 km² corresponden a bosque nativo.#JusticiaEnElXinguLee la carta abierta de los demandantes del caso de Belo Monte ante la CIDH Conoce lo que dicen las organizaciones demandantes del caso:Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB)"No hay seguridad jurídica sin el respeto a los derechos originarios de los pueblos indígenas. En la Amazonía, esta defensa va más allá del ámbito jurídico, es un compromiso con la vida, con la integridad de los territorios y con el equilibrio climático del planeta. Los daños que la construcción de la central de Belo Monte ha causado a las poblaciones indígenas y al medio ambiente se han hecho realidad y son irreversibles. La Asesoría Jurídica de COIAB trabaja para garantizar que la Constitución, los tratados internacionales y la autodeterminación de los pueblos indígenas sean respetados efectivamente en todas las instancias de decisión", afirma Gabriele Baré, coordinadora de la Asesoría Jurídica de COIAB.Movimiento Xingú Vivo para Siempre"Belo Monte arrancó a la gente de la ribera y dispersó a los habitantes del Xingu por todas partes, lejos del río, de la comunidad, de la vida cotidiana que les era familiar y querida. El ribereño dejó de serlo, la pescadora dejó de serlo, se convirtieron en una nada, muchos de ellos vagando por las periferias de las ciudades. Estas personas perdieron su identidad y, con ello, su alma. Solo quedó vacío y soledad. El impacto de la pérdida de la existencia no puede compensarse, pero debe reconocerse para que haya algún tipo de reparación", afirma Ana Laide Barbosa, educadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre.Observatorio de los Pueblos Indígenas Aislados (OPI)"La construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte ha agravado las amenazas y presiones sobre los pueblos indígenas de la región del Medio Xingú, de manera similar a lo que ocurrió durante el periodo dictatorial con la apertura de la carretera Transamazónica en la misma región. Los pueblos de contacto reciente, como los parakanã y los arara, han sufrido índices alarmantes de invasiones y deforestación ilegal en sus tierras, y el refugio de los grupos indígenas aislados de Ituna Itatá llegó a ser uno de los más deforestados de Brasil. Al mismo tiempo, el desvío de las aguas del Xingú provoca daños ecocidas a los indígenas de la Volta Grande; y las políticas perjudiciales de compensación de impactos tuvieron efectos desintegradores y etnocidas sobre casi todos los pueblos. Por todo ello, la hidroeléctrica se ha convertido en un ejemplo más de la relación colonial establecida por el Estado brasileño con los pueblos amazónicos y en una deuda de reparación que debe ser reconocida y subsanada", afirma Helena Palmquist, coordinadora adjunta del Observatorio de Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente (OPI).

May 05 2026 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Belo Monte: Expediente de fatos do caso

Atualização de abril de 2026 Belo Monte é a quarta maior usina hidrelétrica do mundo e a maior usina 100% brasileira, construída em um dos ecossistemas mais importantes do planeta: a floresta amazônica. Tem capacidade instalada de 11.233 MW e foi construída no rio Xingu, no estado do Pará, norte do Brasil. Em 5 de maio de 2016, a usina foi inaugurada, desviando até 80% do rio Xingu por um canal de 500 metros de largura e 75 km de extensão. Entre o canal e o reservatório, 516 km² de terra foram inundados, área maior que a cidade de Chicago, dos quais 400 km² eram de floresta nativa. Desde novembro de 2019, opera com as 18 turbinas da casa de força principal. É operada pela Norte Energia S.A. e foi financiada pelo BNDES com R$ 25,4 bilhões, o maior investimento da história do banco.Belo Monte causou e continua causando mudanças dramáticas no rio Xingu e nas terras que o rodeiam. Dez anos após a inauguração, a geração efetiva permanece altamente dependente do regime hidrológico, revelando forte vulnerabilidade às secas cada vez mais frequentes na Amazônia. Em 2024, no pico da seca entre setembro e novembro, a usina gerou em média apenas 145 MW/dia, pouco mais de 1% de sua capacidade, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O desempenho reflete a seca mais severa registrada no Brasil desde o início das séries históricas, em 1950, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA).Belo Monte não foi precedida de um estudo de impacto ambiental adequado. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) permaneceu incompleto quanto aos impactos cumulativos e sinérgicos do empreendimento, especialmente sobre a Volta Grande do Xingu, comunidades indígenas, ribeirinhas e urbanas, e as medidas de mitigação necessárias. Dez anos depois, Belo Monte consolidou-se como empreendimento plenamente em operação, mas marcado por falhas estruturais permanentes, impactos socioambientais não mitigados e crescente questionamento quanto à sua viabilidade ambiental, social e climática.Houve violação ao direito à consulta e ao consentimento livre, prévio e informado das comunidades indígenas e tradicionais. Ainda que o Governo brasileiro tenha realizado reuniões com algumas comunidades indígenas e que o Supremo Tribunal Federal, em acórdão transitado em julgado em setembro de 2024 (RE 1.379.751), tenha reconhecido expressamente a violação do direito à consulta prévia dos povos indígenas afetados, Belo Monte não cumpriu as normas internacionais para a realização de consultas e para obter o consentimento livre, prévio e informado das comunidades atingidas. As comunidades ribeirinhas e pescadores artesanais, por sua vez, foram desconsideradas como sujeitos de direito à consulta, e permanecem sem reconhecimento formal como povo tradicional nos termos da Convenção 169 da OIT. Ações internacionaisComissão Interamericana de Direitos Humanos (MC-382/2010). Em 2010, o Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS), a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), a Diocese do Xingu, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), a Justiça Global e a AIDA solicitaram medidas cautelares à CIDH. Em 1º de abril de 2011, a Comissão outorgou a MC-382/2010 e pediu ao Brasil a suspensão do licenciamento. O Brasil adotou uma postura hostil e sem precedentes contra estas medidas e contra a CIDH e a OEA, tomando uma série de medidas para deslegitimar a Comissão, tais como a retirada de candidatura a comissionado da CIDH, a retirada de seu embaixador junto à OEA e a retenção das quotas anuais de US$ 6 milhões. Em 3 de agosto de 2011, a CIDH modificou as medidas cautelares, estabelecendo três condições substantivas: (i) proteção dos povos em isolamento voluntário; (ii) proteção da saúde das comunidades indígenas afetadas; e (iii) regularização e proteção das terras ancestrais. A medida cautelar segue vigente em 2026. O único avanço relevante foi a desintrusão da TI Ituna/Itatá, concluída em 2023, embora a demarcação formal permaneça pendente.Caso 13.338. Comunidades tradicionais da bacia do rio Xingu v. Brasil. A petição inicial foi formalizada em 16 de junho de 2011 por oito organizações peticionárias. Em outubro de 2017, a CIDH comunicou que decidiria sobre admissibilidade e mérito de forma conjunta. Em abril de 2018, as peticionárias entregaram as observações adicionais sobre admissibilidade e mérito. Desde então, nove relatórios de atualização foram apresentados à Comissão. Passados 15 anos da formalização da petição, o caso segue aguardando o relatório de admissibilidade e mérito da Comissão.Opinião Consultiva OC-32/25 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 2025, a Corte Interamericana emitiu a OC-32, que reforça os deveres estatais em contextos de emergência climática e impactos ambientais, consolidando a obrigação de consulta, prevenção e reparação integral. A opinião representa nova âncora jurídica para o Caso 13.338 e para os deveres do Brasil em relação à Volta Grande do Xingu.Sistema ONU. Em 2015, o Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU visitou Altamira e publicou relatório alertando sobre a falta de participação, consulta e devida diligência por parte da Norte Energia. Em março de 2016, a Relatora Especial sobre os Direitos dos Povos Indígenas expressou preocupação com a gravidade da situação em Altamira, mencionando o caso de etnocídio apresentado pelo MPF em 2015. Mais de dez anos depois, nenhuma das recomendações foi integralmente implementada pelo governo brasileiro. Consulta o documento completo

Comunidad ribereña en el río Xingú, Amazonía brasileña

May 03 2026 Derechos Humanos, Grandes Represas

Carta abierta: A diez años de Belo Monte

BELO MONTE: DIEZ AÑOS DE FUNCIONAMIENTO, MÁS DE UNA DÉCADA DE DAÑOS SIN REPARACIÓN El 5 de mayo de 2016, la primera turbina de Belo Monte entró en funcionamiento en el río Xingú. Diez años después, las comunidades indígenas, ribereñas y de pescadores artesanales de todo el curso medio del río Xingú, a las que nunca se consultó adecuadamente, siguen sufriendo violaciones sistemáticas de sus derechos. El balance de esta década no es de desarrollo, es de daños documentados y reparación denegada.Los impactos son concretos y persistentes. Más de cien kilómetros de la Volta Grande del Xingú han perdido su caudal natural. El hidrograma operativo impuesto por la central no garantiza las condiciones ecológicas mínimas para la reproducción de la vida acuática, lo que provoca el colapso de la pesca artesanal y una grave inseguridad alimentaria para las poblaciones que dependen del río como fuente principal de alimento e ingresos. La pérdida del acceso al río supone, al mismo tiempo, una pérdida de cultura, territorio y derechos.Los pueblos indígenas aislados y de contacto reciente presentes en la región enfrentan riesgos agravados, pues su supervivencia depende directamente de la integridad ambiental y territorial del río Xingú. Este contexto impone al Estado un deber reforzado de protección, conforme a parámetros constitucionales e internacionales.La crisis climática agrava cada una de estas violaciones. Las sequías extremas que asolaron la Amazonía en 2016, 2019, 2020, 2023 y 2024 agravaron los impactos ya existentes y pusieron de manifiesto la fragilidad estructural del proyecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Opinión Consultiva 32/25, reconoció que ecosistemas como la Amazonía son críticos para la estabilidad climática y que los Estados tienen la obligación de actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir daños graves e irreversibles a esos territorios y a las comunidades que de ellos dependen.Desde 2011, el caso se encuentra tramitándose ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y está a la espera de un informe de admisibilidad y fondo. El expediente probatorio está completo. Las violaciones están documentadas, son continuas y no han sido reparadas. El paso del tiempo es implacable: cada piracema perdida (el ciclo estacional de desove del que dependen las comunidades pesqueras), cada familia desalojada del río, cada nueva amenaza a la región contribuye a un costo humano que es real, creciente e imperdonable.Por su parte, las comunidades ribereñas e indígenas de la región, tanto en la Volta Grande del Xingú como en los bordes, no se han quedado de brazos cruzados. Al tiempo que luchan por una reparación integral, trabajan por la constitución del territorio ribereño y la expulsión de intrusos de las tierras indígenas, organizan el monitoreo ambiental y territorial del río, documentan los impactos y resisten a cada nueva amenaza en su territorio. Esa documentación forma parte del expediente probatorio del caso y demuestra, de manera inequívoca, la continuidad de las violaciones.Son diez años de funcionamiento y más de quince años de violaciones documentadas. Esperamos que el caso sea admitido por la Comisión y sometido a la Corte IDH sin demora y que, en un acto de justicia, reconozca la responsabilidad del Estado brasileño y exija la adopción de un hidrograma ecológico que garantice las condiciones mínimas para la reproducción de la vida en la Volta Grande del Xingú; el establecimiento del territorio ribereño; la reparación integral de las comunidades afectadas; la suspensión de nuevos proyectos de alto impacto en la región mientras no se reparen los daños existentes; y ordene medidas efectivas de no repetición. Las comunidades de la Volta Grande del Xingú han esperado demasiado tiempo.Firman los peticionarios: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Consejo Indigenista Misionero (CIMI); Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB); Diócesis de Altamira; Justicia Global; Movimiento Xingú Vivo Para Siempre; Observatorio de Pueblos Indígenas Aislados (OPI) y la Sociedad de Pará para la Defensa de los Derechos Humanos (SDDH). Descarga la carta

Vista aérea del Puerto de Veracruz en México

May 04 2026 Derechos Humanos, Océanos

Misión civil sobre el Arrecife Veracruzano identifica riesgos ambientales y retos en el cumplimiento del fallo de la Suprema Corte

Veracruz, México. En el contexto del cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la protección del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), una misión internacional de la Convención Ramsar visitó tierras veracruzanas para brindar asesoría al gobierno mexicano, así como para emitir observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de ampliación portuaria y sus efectos sobre el sitio Ramsar 1346.Sin embargo, contrario a los estándares y mejores prácticas en materia de participación necesarias para este tipo de mecanismos, y desoyendo la petición de varias organizaciones de abrir el espacio al diálogo, tanto el gobierno mexicano como la Misión Ramsar de Asesoramiento omitieron la garantía de participación amplia, libre e inclusiva de la sociedad veracruzana y de los sectores interesados en el tema.Ante la falta de inclusión de todas las voces relevantes en dicho proceso, organizaciones de la sociedad civil y especialistas llevaron a cabo la Misión Civil por la Defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano (MIDE-SAV), un ejercicio independiente de observación y documentación científica encaminado a visibilizar ante la sociedad las afectaciones y consecuencias de la ampliación del puerto de Veracruz en el PNSAV, las cuales inciden en el derecho de las y los habitantes de la zona conurbada a un medio ambiente sano. La MIDE-SAV, realizada del 2 al 4 de mayo e integrada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), tuvo como objetivo recabar información en campo y generar un espacio amplio de diálogo con actores que no fueron invitados a participar en la Misión Ramsar de Asesoramiento que tuvo lugar en marzo pasado. A través de conversatorios con usuarios del PNSAV, colectivos, el sector académico y organizaciones de la sociedad civil —y mediante recorridos de observación directa en zonas potencialmente afectadas—, se documentaron las condiciones actuales del ecosistema y los posibles impactos asociados a la ampliación del puerto de Veracruz.Uno de los principales hallazgos es la existencia de riesgos significativos para el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), un humedal de importancia internacional designado como Sitio Ramsar. Este sistema, que constituye el complejo coralino más grande del Golfo de México, alberga una alta biodiversidad (incluyendo corales, manglares y diversas especies marinas) y sostiene actividades económicas y medios de vida de comunidades locales.La información recabada señala que la ampliación portuaria podría comprometer la integridad ecológica del sistema, particularmente debido a la ausencia de una evaluación integral de impactos que considere de manera adecuada los efectos acumulativos, sinérgicos y residuales del proyecto.Asimismo, la misión analizó el estado de cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que el derecho a un medio ambiente sano fue vulnerado como consecuencia de una evaluación ambiental fragmentada. A cuatro años de dicha resolución, se identifican desafíos relevantes en su implementación.En particular, la autorización de impacto ambiental otorgada en 2022 presenta elementos que requieren revisión, tales como la omisión de generar nuevos estudios, la exclusión de ecosistemas clave, el uso de metodologías que pueden resultar inadecuadas o limitadas, la falta de un análisis integral de los impactos del proyecto y la no consideración del cambio climático. Estos aspectos evidencian la necesidad de fortalecer la alineación con lo establecido por la SCJN.Adicionalmente, se observa la importancia de consolidar procesos de participación pública más amplios, incluyentes y transparentes, que garanticen la incorporación efectiva de diversas perspectivas en la toma de decisiones. En la sentencia de la Corte, la palabra “participación” se usa hasta 18 ocasiones y México es parte del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, en el proceso de cumplimiento de la sentencia, no se ha aperturado un solo espacio para que las personas y comunidades afectadas o beneficiadas puedan dialogar sobre el proyecto de ampliación portuaria.Como resultado de la misión civil de observación, se elaborará un informe sombra que sistematizará los hallazgos, preocupaciones y recomendaciones, el cual será compartido con instancias nacionales e internacionales, incluida la Convención Ramsar.Dentro de los hallazgos más destacados, se encontraron:Impactos no tenidos en cuenta sobre el Archipiélago de Lagunas Interdunarias, humedal de importancia internacional, Sitio Ramsar 1450.Impactos asociados con sitios de extracción de roca para la construcción de escolleras, no considerados en la evaluación ambiental. Desde la perspectiva técnico y social, el desbalance en los sedimentos de los ecosistemas asociados y la pérdida de espacios playa en comunidades al sur del SAV. Desplazamiento de actividades en espacios públicos, como actividades deportivas y de turismo. En este marco, las organizaciones firmantes llamamos a las autoridades a:Cumplir de manera integral la sentencia de la SCJN.Alinear el desarrollo del proyecto portuario con las obligaciones internacionales en materia de protección de humedales.Garantizar mecanismos de participación pública efectivos, incluyentes y transparentes.Proteger de manera integral el SAV.Ampliar la Misión Ramsar de Asesoramiento con el objetivo de garantizar la participación efectiva de todas las voces relevantes, particularmente de comunidades locales y otros actores clave que deben ser considerados en la toma de decisiones. La protección del Sistema Arrecifal Veracruzano es fundamental para asegurar la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad de los medios de vida locales y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano.Contacto de prensaTerritorios Diversos para la Vida (TerraVida) | 55 8462 5917 | [email protected]

May 03 2026 Derechos Humanos, Grandes Represas

Carta aberta: Dez anos de Belo Monte

BELO MONTE: DEZ ANOS DE OPERAÇÃO, MAIS DE UMA DÉCADA DE DANOS SEM REPARAÇÃO Em 5 de maio de 2016, a primeira turbina de Belo Monte entrou em operação no rio Xingu. Dez anos depois, as comunidades indígenas, ribeirinhas e pescadoras artesanais de todo o médio curso do rio Xingu, que jamais foram adequadamente consultadas, seguem sofrendo violações sistemáticas a seus direitos. O balanço desta década não é de desenvolvimento: é de danos documentados e reparação negada.Os impactos são concretos e persistentes. Mais de cem quilômetros da Volta Grande do Xingu perderam seu fluxo hídrico natural. O hidrograma operacional imposto pela usina não assegura as condições ecológicas mínimas para a reprodução da vida aquática, resultando em colapso da pesca artesanal e insegurança alimentar severa para populações que dependem do rio como fonte primária de alimento e renda. A perda do acesso ao rio é, ao mesmo tempo, perda de cultura, território e direitos.Os povos indígenas isolados e de recente contato presentes na região enfrentam riscos agravados, pois sua sobrevivência depende diretamente da integridade ambiental e territorial do rio Xingu. Esse contexto impõe ao Estado um dever reforçado de proteção, conforme parâmetros constitucionais e internacionais.A crise climática agrava cada uma dessas violações. As secas extremas que assolaram a Amazônia em 2016, 2019, 2020, 2023 e 2024 aprofundaram os impactos já existentes e evidenciaram a fragilidade estrutural do empreendimento. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Opinião Consultiva nº 32/25, reconheceu que ecossistemas como a Amazônia são críticos para a estabilidade climática e que os Estados têm a obrigação de agir com a devida diligência reforçada para prevenir danos graves e irreversíveis a esses territórios e às comunidades que deles dependem.Desde 2011, o caso está em análise na CIDH e aguarda um relatório de admissibilidade e mérito. O acervo probatório está completo. As violações estão documentadas, são contínuas e não foram reparadas. A passagem do tempo é implacável - cada piracema perdida (o ciclo sazonal de desova do qual dependem as comunidades pesqueiras), cada família desalojada do rio, cada nova ameaça à região contribui para um custo humano que é real, crescente e imperdoável.As comunidades ribeirinhas e indígenas da região, tanto na Volta Grande do Xingu quanto nos beiradões, por sua parte, não permaneceram passivas. Ao mesmo tempo em que lutam por reparação integral, trabalham pela constituição do território ribeirinho e desintrusão das terras indígenas, organizam o monitoramento ambiental e territorial do rio, documentam os impactos e resistem a cada nova ameaça ao seu território. Essa documentação faz parte do acervo probatório deste caso e demonstra, de forma inequívoca, a continuidade das violações.São dez anos de operação e mais de quinze anos de violações documentadas. Esperamos que o caso seja admitido pela Comissão e submetido à Corte IDH prontamente, e que essa, em um ato de justiça, reconheça a responsabilidade do Estado brasileiro e exija a adoção de um hidrograma ecológico que garanta as condições mínimas de reprodução da vida na Volta Grande do Xingu; a instalação do território ribeirinho; a reparação integral das comunidades afetadas; a suspensão de novos projetos de alto impacto na região enquanto os danos existentes não forem reparados; e ordene medidas efetivas de não repetição. As comunidades da Volta Grande do Xingu já esperaram demais.Assinam, os peticionários: Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA); Conselho Indigenista Missionário (CIMI); Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB); Diocese de Altamira; Justiça Global; Movimento Xingu Vivo Para Sempre; Observatório dos Povos Indígenas Isolados (OPI); e Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH). Baixe a carta

Abril 28 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Hablemos del cierre y salida responsable de proyectos

Ningún proyecto minero, de extracción de combustibles fósiles y de generación de energía dura para siempre. Su vida útil está condicionada a factores internos, como la cantidad de reservas de los recursos, y externos, como la disminución de la demanda o problemas financieros, entre otros.Pero, sin importar la duración del proyecto o cómo esta pueda verse afectada, quienes lo promuevan —sean actores públicos o privados— deben prever un proceso de cierre y salida responsable con el entorno natural y con la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todas las personas involucradas.Este asunto es aún más relevante en el contexto de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática, relacionadas en gran parte con la transición energética, la cual implica en términos generales sustituir los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles; así como promover energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran gran importancia.En el primero, es necesario incluir en los proyectos vigentes obligaciones concretas y exigibles de cierre y salida responsable. En el segundo, estos requerimientos deben incluirse desde la etapa de planificación y la de prefactibilidad, integrándolos también las evaluaciones de impacto ambiental y en fases posteriores.En todos los proyectos, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que forman parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, financiadores, aseguradoras, proveedores, distribuidores y compradores, entre otros.Por lo señalado, la conversación en torno al cierre y salida responsable de proyectos es fundamental para abonar a la protección del ambiente y la gestión climática en América Latina.¿Qué entendemos por cierre y por salida de un proyecto?Todos los proyectos minero-energéticos tienen distintas fases a lo largo de su ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y poscierre. A su vez, tienen cadenas de suministro y de valor en las que participan —como dijimos— actores de diversos sectores.En este contexto, el cierre se refiere a la etapa de un proyecto en la cual este deja de operar y se da por finalizado. Por su parte, la salida se refiere a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro del proyecto, desde su propio rol, se desvinculan por completo de este. ¿Qué implica que un proceso de cierre y de salida sea responsable?Actualmente no existe un consenso sobre la definición y el alcance de los procesos de salida y de cierre de proyectos para que sean responsables y justos. En ocasiones, estos términos se utilizan de forma indiscriminada, lo que puede generar confusiones acerca de las responsabilidades de los actores involucrados y el alcance de los procesos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, hay elementos que permiten explicar estos conceptos con precisión:El cierre responsable y justo de un proyecto es un proceso planificado, realizado con anticipación, que debe contemplarse desde las fases iniciales del proyecto y actualizarse constantemente según su desarrollo.Por medio del cierre responsable se garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo, garantizando también el derecho a un ambiente sano.La planificación y el desarrollo de un plan de cierre deben estar enfocados en la gestión de riesgos, así como en la prevención y mitigación de impactos. Ello asegura un cierre responsable en el que las áreas afectadas puedan readecuarse y ser seguras tanto para la naturaleza como para las comunidades, permitiendo además que los ecosistemas recuperen sus funciones.La obligación general del promotor del proyecto es identificar en debida forma los impactos que este puede causar y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las medidas aprobadas por el Estado en sus instrumentos de gestión ambiental.La principal obligación del Estado (además de su deber general de regulación) es supervisar y fiscalizar el proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones del promotor, previniendo que se generen daños ambientales y/o sociales.El rol de los demás actores de la cadena de valor y de suministro es actuar con debida diligencia, utilizando su influencia para incentivar que el promotor del proyecto cumpla con sus obligaciones y, en caso de notar incumplimientos, tomar medidas desde su papel y capacidad de influencia para que se adopten las acciones correctivas necesarias.La salida responsable y justa se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor y de suministro cuando deciden desvincularse por completo de un proyecto, atendiendo las responsabilidades propias de su rol, que implican cumplir sus obligaciones en materia de respeto y debida diligencia en derechos humanos. En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas.Para conocer más del tema, consulta nuestro informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina En el siguiente video, explicamos los principales hallazgos del informe, que documenta y analiza casos en varios países del continente:

Abril 08 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos

El Cierre y la Salida Responsable

Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina Ningún proyecto de extracción de recursos naturales (materia o energía) dura para siempre. Su vida útil está sujeta a muchas variables, que incluyen factores endógenos —como la cantidad de reservas de los recursos o la tasa de extracción— y factores exógenos —como las decisiones para atender la crisis climática, la disminución en la demanda, los problemas financieros, etc.— que condicionan el momento en que el proyecto debe cerrar o el momento en el cual un actor de su cadena de valor y de suministro debe salir. Sin importar la duración de la vida útil del proyecto o como pueda verse afectada, se debe contemplar un proceso de cierre responsable con el entorno natural y la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todos los actores involucrados.Este asunto es aún más relevante en el contexto de crisis climática que estamos viviendo, que hace urgente la puesta en marcha de medidas para gestionarla en el corto, mediano y largo plazo. Muchas de las acciones requeridas para cumplir con las metas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) están relacionadas con la transición energética, la cual implica, en términos generales, al menos dos cosas: 1) la sustitución de los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles y 2) la promoción de energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran una gran importancia.Tanto en los proyectos de extracción como en los de generación, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que hacen parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, aseguradoras, distribuidores y compradores, entre otros.En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. En estas fases, principios en materia ambiental como el de prevención y el de precaución, además de derechos como la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado, y los derechos de acceso, han tenido un rol crucial en la determinación de la viabilidad y el avance de los proyectos, así como en la protección y garantía de los derechos de las comunidades de la región. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas. En efecto, la falta de un proceso de cierre, así como de claridad sobre las obligaciones alrededor de los procesos de transición social y superación de las condiciones de dependencia económica, son obstáculos complejos que pueden agudizar los impactos ambientales y sociales. Este informe surge con la idea de proponer enfoques basados en el derecho y la ciencia para abordar el cierre y la salida responsable de los proyectos. Con ese propósito, en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en el período 2022-2024, entrevistamos a diversos actores y sistematizamos 12 casos que ejemplifican la problemática situación de múltiples proyectos de extracción de combustibles fósiles, de minerales y de generación de energía, que se encuentran en fase de cierre o en procesos de salida en diferentes países de la región. Estos casos evidencian los actuales desafíos y vacíos legales, técnicos y administrativos sobre el cierre y la salida en contextos específicos.Con la publicación, buscamos dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué se entiende por cierre y salida de un proyecto?, ¿cuáles son los fundamentos de las obligaciones de cierre y salida desde el derecho internacional?, ¿cómo deben ser el cierre y la salida?, ¿quiénes deben participar en estos procesos? y ¿cómo se deben atender los desafíos e impactos en materia social, ambiental, económica y de derechos humanos que se derivan de ellos? Lee y descarga el informe

Audiencia ante la CIDH sobre impactos en DDHH por extracción de combustibles fósiles

Marzo 26 2026 Derechos Humanos

Cuando la defensa ambiental en América Latina llega a foros internacionales clave

Por Víctor Quintanilla y Mayela Sánchez García* Las voces de los territorios de América Latina y el Caribe son poderosas, más cuando demandan la protección del ambiente frente a múltiples y crecientes amenazas.Con frecuencia, esta exigencia no encuentra eco en quienes administran justicia a nivel nacional o local.Esta tendencia hace necesario recurrir a vías complementarias de justicia en el plano internacional.Una de ellas es la que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano internacional con un mandato importante: la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.Como organización movida por la misión de garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina y el Caribe, la CIDH es un espacio clave en el cual visibilizar problemáticas ambientales que afectan derechos humanos en la región.Lo hacemos de la mano de comunidades y de organizaciones aliadas.Así las voces de los territorios resuenan ante un órgano internacional capaz de instar a que los gobiernos del continente cambien sus prácticas y fortalezcan sus estándares de protección de poblaciones afectadas por la degradación ambiental. Testimonios por una salida responsable de los combustibles fósilesLlevar las voces de las comunidades ante la CIDH es también una oportunidad de visibilizar patrones regionales de riesgo y violaciones de derechos humanos.Así ocurrió el pasado 10 de marzo, cuando representantes de comunidades de Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana expusieron ante la Comisión cómo décadas de extracción y uso de combustibles fósiles han vulnerado gravemente derechos humanos como el derecho a un ambiente sano, a la salud y al acceso a la información y participación en asuntos ambientales."Nuestra región no necesita únicamente descarbonizar su matriz energética, también necesita descarbonizar la injusticia histórica que han soportado nuestros pueblos", expresó Yaneth Ortiz, representante del pueblo indígena Wayuu de La Guajira, un territorio al norte de Colombia gravemente impactado por la operación del proyecto minero Carbones del Cerrejón.Sus mensajes fueron escuchados por la CIDH durante una audiencia pública denominada "Situación de los derechos humanos por la extracción de combustibles fósiles", en el marco de su 195° Período de Sesiones.Las y los representantes de las comunidades también hablaron de cómo en el contexto actual de transición energética, estas violaciones y riesgos se han profundizado."Nuestros niños se están enfermando en sus propias escuelas. A pesar de todo esto, no hay responsables claros ni soluciones estructurales… Para nosotros este proceso de descarbonización [en Chile] ha sido insuficiente y poco transparente", expresó Katta Alonso, en representación de la organización chilena Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia.Las experiencias locales compartidas evidenciaron la urgencia de llevar a cabo transiciones justas, lo que implica cierres responsables de proyectos de energía fósil en toda la región.Mientras que Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), planteó: "No nos han hecho consulta previa, libre e informada para realizar explotación petrolera en nuestro territorio, tampoco para la conformación del área protegida. Ahora exigimos que se respeten nuestros derechos en el proceso de cierre de la actividad petrolera y la reparación ambiental y social".AIDA solicitó la audiencia junto con las comunidades y con organizaciones aliadas."Expusimos el riesgo y las violaciones a derechos humanos que experimentan distintos territorios en contextos de cierre y salida irresponsable de proyectos de extracción y quema de carbón, gas y petróleo", detalla Rosa Peña, abogada de AIDA.Para la Comisión, el propósito de estas audiencias es recibir información sobre temáticas o asuntos de derechos humanos en países específicos o regionales para emitir recomendaciones a los gobiernos orientadas al respeto y goce de los derechos humanos.Antes de cada período de sesiones, recibe un número gigante de solicitudes para que aborde en las audiencias las diferentes problemáticas de derechos humanos del continente, no solo relacionadas con el ambiente o el clima."Así llegamos aquí, después de convencer a la Comisión de la importancia de ver este tema con un enfoque de derechos humanos y de que escuche a las comunidades", cuenta Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.Con los años, AIDA ha desarrollado amplia experiencia y liderazgo en recurrir exitosamente a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos —los dos pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mecanismo de la Organización de Estados Americanos— para lograr impacto regional en la protección del ambiente sano, de la mano de los territorios. Voces frente a los daños de la minería ilegalTambién durante el 195° Período de Sesiones de la CIDH, participamos en la audiencia de oficio "Impactos de la minería ilegal en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales", convocada por la propia Comisión.Nuestra intervención se sumó a otras voces para evidenciar por qué esta actividad es hoy uno de los fenómenos más preocupantes en el continente debido a sus graves afectaciones en los ecosistemas y los derechos humanos.En los territorios de América Latina, la minería de oro desencadena extracción ilícita que vulnera múltiples derechos, principalmente de pueblos indígenas y comunidades tradicionales.En la audiencia, propusimos ante la Comisión elementos relevantes para abordar la problemática desde una perspectiva regional.En AIDA buscamos amplificar la fuerza de los territorios y de su gente, llevando su sabiduría a espacios de toma de decisiones con potencial impacto de cambiar realidades en favor de un mejor futuro en el continente. *Víctor Quintanilla-Sangüeza es el Coordinador de Contenido de AIDA y Mayela Sánchez García es la especialista en comunidad digital de la organización.