Por Javier Dávalos, Claudia Velarde y Marcella Ribeiro*
La vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, fue la más grande de toda la historia en cuanto a número de participantes. Las y los representantes de los Estados parte del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París llevaron adelante intensas discusiones bajo la mirada de actores de diversos sectores.
Los resultados finales carecen de la claridad y ambición necesarias para definir la próxima ronda de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Sin embargo, el hecho de que por primera vez en casi 30 años se haya mencionado a todos los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) en la decisión principal del encuentro representa un antes y un después en las negociaciones climáticas. Este hecho marca también el camino hacia las próximas conferencias: la COP29 en Bakú (Azerbaiyán) y la COP30 en Belém do Pará (Brasil).
Hacemos a continuación un balance de la COP28 y analizamos sus implicaciones para el futuro de la acción climática en América Latina y el Caribe.
Los avances de la COP28 Por primera vez se mencionó en el documento final la necesidad de una transición que abandone los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica. El texto del Balance Global del estado de implementación del Acuerdo de París también estableció con claridad las metas de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Se ratificó la meta de Glasgow respecto de la reducción de las emisiones de metano para el 2030, así como la salida de los subsidios ineficientes a los fósiles. Se definieron algunos de los elementos clave del programa de trabajo para la transición justa, tales como su alcance, objetivos, resultados y arreglos institucionales.
Lo que faltó en la COP28 En cuanto a la transición energética, hizo falta mayor determinación para cerrar la vía a las falsas soluciones climáticas. Por un lado, se hizo un llamado a acelerar la energía nuclear y las tecnologías de reducción y eliminación (captura, utilización y almacenamiento de carbono) y, por otro, se estableció que los “combustibles de transición” pueden facilitar ese proceso y garantizar al mismo tiempo la seguridad energética, dando una implícita vía libre al gas fósil. En materia de adaptación, no hubo avances reales para un marco de acción climática basada en la protección del océano, humedales y bosques; ni un refuerzo a las sinergias operativas entre los procesos políticos clave que rigen los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos a nivel mundial. Si bien se dio el primer paso para hacer operativo el Fondo para Pérdidas y Daños, la decisión no incluyó una referencia a los derechos humanos en sus objetivos y misión. Además, limitó la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en la Junta del Fondo bajo la categoría de observadores invitados. Tampoco se mencionó el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo que significa que el fondo sería nutrido únicamente por donaciones. Además, se designó al Banco Mundial como administrador del fondo, poniendo en riesgo que las comunidades más afectadas por los impactos de la crisis climática accedan de modo ágil, directo y sin endeudamiento a los recursos de la reparación. En cuanto a la transición justa, no se reconoció que la transición energética presiona de forma diferente a los territorios de donde se obtienen materias primas o minerales críticos como el litio, el cobre y el cobalto, entre otros. Esto afecta de forma especial a América Latina. Por ello, hubo un gran desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo acerca de mantener la transición en el ámbito nacional o internacional. Se evitó entonces plantear la transición como un proceso de transformación integral y plural que implique crear condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para el disfrute del derecho a la energía. Los países no llegaron a un acuerdo respecto de los elementos sustanciales de la nueva meta cuantificada de financiamiento. Los avances se limitaron a definiciones acerca del proceso y los procedimientos para definirla. En 2024, habrá al menos tres diálogos técnicos para discutir los elementos de la meta tales como montos, plazos, metas de financiamiento por área y cómo se medirá el progreso.
Lo que sigue: Rumbo a la COP29 y la COP30
Las siguientes conferencias del clima deberán sortear contextos complejos, marcados por la larga crisis del multilateralismo, la injusta distribución de las cargas para la transición energética —en particular en cuanto a la explotación de minerales críticos— y la creciente cooptación de las negociaciones por intereses corporativos de las empresas relacionadas con los fósiles.
En este marco, el desempeño de los países de América Latina en la COP28 es un indicio de cómo se irán construyendo sus posturas para la COP29 y la COP30: Brasil buscó posicionarse como un “climate champion”, pero no pudo ocultar su agenda fuerte de extracción de fósiles. Este país, que será la sede de la COP30, trató de explicar sin éxito el anuncio de su adhesión a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo ampliada (OPEP+). Además, días después de la COP28, licitó 613 bloques petroleros en la Amazonía con miras a ser el cuarto productor de petróleo del mundo para 2030. Pese a ello, Brasil creó un nuevo programa de trabajo acerca de la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, que llevará como bandera a la COP30, junto con la protección de la naturaleza y la lucha contra la deforestación. Colombia, por su parte, fue el líder más vocal respecto de la necesidad urgente de la transición, anunciando su adhesión al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y manteniendo intervenciones claras acerca de la salida de los fósiles en sus paneles e intervenciones públicas, lo cual lo posiciona como un líder regional para las próximas conferencias. Ecuador desperdició la oportunidad de obtener financiamiento y apoyo de la comunidad internacional para implementar la decisión del pueblo ecuatoriano de cerrar el campo petrolero ITT en el Parque Yasuní. Esta omisión podría ser subsanada en la COP29 pues, más allá del delicado contexto interno, el país sudamericano tiene poco menos de un año para cumplir la obligación legal de implementar esta decisión y la comunidad internacional puede y debe ser una aliada para ello. En otro ámbito, y en el marco del proceso de la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática, AIDA —junto con otras organizaciones—, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos referirse a la decisión adoptada en la COP28 acerca del Fondo para Pérdidas y Daños, pues no cumple ni satisface las obligaciones de los Estados bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Se espera que la Corte reconozca el derecho a la reparación climática y aclare que el establecimiento, implementación y funcionamiento de este fondo no excluye la posibilidad de realizar demandas de reparación por pérdidas y daños ni bloquea a otros procesos, medidas o mecanismos judiciales o administrativos para el acceso a la justicia y a la reparación integral de las personas afectadas por los impactos climáticos.
*Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Marcella Ribeiro es abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.
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