Derechos Humanos

November 28 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

Mensajes clave para la COP28 en Dubái

Por Javier Dávalos, Claudia Velarde y Marcella Ribeiro* El contexto global de la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), que tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), está marcado por graves conflictos armados y por un año de impactos de la crisis climática en todos los continentes. Por ello, en esta conferencia, cuya sede es una de las más grandes potencias petroleras, se debe abordar de forma directa la salida urgente de los combustibles fósiles, así como concretar un Fondo de Pérdidas y Daños que permita atender los costos de fenómenos extremos cada vez más intensos y frecuentes a causa de la crisis climática. En este marco, el movimiento por el clima se suma una vez más como actor clave para exigir una mayor ambición en la acción climática de los países. AIDA participará en la COP28 como organización observadora acreditada junto con aliados de diversas redes para usar el derecho internacional, abogar por avances contundentes en la acción climática y exigir que las perspectivas de derechos humanos y de género —enmarcadas en la meta de lograr justicia climática y una transición energética justa en la región— estén presentes en las negociaciones. Estos son los mensajes principales a los que se debe prestar mayor atención en la COP28: 1. Salida progresiva y equitativa de los combustibles fósiles En la COP28, los países deben comprometerse a eliminar de forma progresiva, equitativa, con el financiamiento adecuado y con un enfoque de derechos humanos la extracción y uso de los combustibles fósiles. También deben comprometerse a tomar medidas progresivas para disminuir la demanda de energía, promover un cambio en el sistema energético e incentivar la justicia climática como parte de un paquete integral de transición energética justa y popular. Del mismo modo, deben adoptar compromisos para evitar nuevas prospecciones; así como para transformar los subsidios destinados a esos combustibles en apoyos a la protección del ambiente y las personas. AIDA respaldará las posiciones orientadas a esas metas. 2. Un Fondo de Pérdidas y Daños con perspectivas de derechos humanos y de género En la COP27, los países acordaron establecer un Fondo de Pérdidas y Daños, en particular para las naciones con mayor vulnerabilidad ante la crisis climática. Pero la propuesta para su funcionamiento no incluye una perspectiva de derechos humanos. En la COP 28, AIDA abogará para que este fondo ayude a transformar la infraestructura de financiación climática y responda a las obligaciones de los Estados de afrontar las pérdidas y daños soportados por las comunidades vulnerables. Esto implica que el fondo tenga capacidad legal para funcionar de manera independiente y autónoma e incluya en sus principios rectores las perspectivas de derechos humanos y de género. Para diseñar eficazmente los acuerdos institucionales, modalidades, estructura y gobernanza del fondo, es fundamental garantizar la participación de la sociedad civil y de los grupos más vulnerables en todos sus niveles y etapas, incluida una adecuada representatividad de esos sectores en su Junta Directiva. Además, el fondo debe responder a las obligaciones de los Estados de compensar y reparar a las comunidades afectadas. Por tanto, no debe generar más deudas. Debe contar con salvaguardas sociales y ambientales más estrictas que las del Banco Mundial (donde se propone sea alojado en sus primeros cuatro años de funcionamiento) y con mecanismos de acceso directo a recursos adecuados. 3. Acción climática basada en la protección del océano, humedales y bosques AIDA promoverá la inclusión de esos ecosistemas en los compromisos que se adopten respecto a mitigación, adaptación y medios de implementación a través de: Trabajo con la High Seas Alliance acerca de temas clave como el tratado de altamar, la minería submarina, los derrames de petróleo en el mar y las subvenciones pesqueras perjudiciales. Apoyo a la iniciativa de moratoria petrolera en la Amazonía como estrategia regional para impulsar la salida responsable del uso de combustibles fósiles, así como la protección de este ecosistema y de sus habitantes. Seguimiento a la agenda de conservación y restauración de ecosistemas de agua dulce, apoyando con aliados casos específicos: minería en páramos (Colombia), Pantanal (Bolivia, Brasil y Paraguay) y extracción de litio en humedales andinos (Bolivia, Argentina y Chile). 4. Acción climática basada en los derechos humanos en los puntos de negociación Balance Global. En la COP28 se debe concluir el primer Balance Mundial para evaluar el progreso colectivo hacia los objetivos del Acuerdo de París. En este punto, es urgente conseguir un resultado que potencie los esfuerzos de los países para la eliminación progresiva, plena y equitativa de todos los combustibles fósiles; el respeto, protección y cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos; la adopción de enfoques intersectoriales en la planificación, el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC); la garantía de una participación pública, significativa y efectiva de la sociedad en las políticas, compromisos y procesos relacionados con la aplicación del Acuerdo de París; y para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en el contexto de la acción por el clima. Programa de trabajo de transición justa. En la COP27, los países establecieron este programa reconociendo que la transición justa ofrece oportunidades y retos para alcanzar la justicia social, ambiental y climática. Crearon así una vía de negociación para debatir las repercusiones sociales y económicas de la acción climática, así como la importancia de no dejar a nadie atrás en el camino a sociedades con bajas emisiones de carbono. En la COP28 deben definirse los elementos clave del programa —incluyendo su alcance, objetivos, resultados y arreglos institucionales— para plantear la transición como un proceso de transformación integral y plural que implique crear condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para el disfrute del derecho a la energía. Adaptación basada en ecosistemas y meta global de adaptación. La crisis climática y la de pérdida de biodiversidad deben abordarse de manera simultánea e integrada. En la COP28 se debe adoptar un marco para ello, reforzando las sinergias operativas entre los procesos políticos clave que rigen los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos a nivel mundial. Es importante establecer y fortalecer conexiones apropiadas entre los instrumentos y mecanismos clave de estos procesos; por ejemplo, entre las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad del Convenio sobre la Diversidad Biológica y las NDC del Acuerdo de París. Nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento. La financiación de la lucha contra la crisis climática ha sido insuficiente. Los recursos necesarios para la mitigación y la adaptación son significativamente mayores a los 100.000 millones de dólares prometidos hace más de una década. En la COP28 se empezará a tratar la nueva meta cuantificada colectiva, a ser adoptada en la COP29, que deberá tener en cuenta la cantidad y la calidad del financiamiento. Operacionalización de los mecanismos de mercado de carbono. Los mercados de carbono y los sistemas de compensación no resolverán la crisis climática ni brindarán la financiación necesaria. Sin embargo, ya que en la COP28 los países trabajarán para hacer más operativos estos mercados, deben hacerlo de forma que se garantice la integridad ambiental, la transparencia y el respeto por los derechos humanos, entre ellos los de pueblos indígenas y comunidades locales. AIDA promoverá el establecimiento de reglas adecuadas de transparencia, participación y consulta con estos actores, además de la creación de un mecanismo independiente de denuncia y reparación. Mecanismos desvinculados de mercados de carbono. Finalmente, se prevé que en la COP28 se abra la puerta a nuevas iniciativas globales que permitan apoyar a comunidades indígenas y locales en acciones de restauración y gestión integral de ecosistemas para fortalecer sus economías y medios de vida ante la crisis climática. Así, los países trabajarán para establecer un programa oficial de Naciones Unidas orientado a la preparación y fortalecimiento de dichas acciones para lograr ejemplos que sirvan de base para un trabajo más amplio bajo este nuevo mecanismo. *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Marcella Ribeiro es abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.

November 21 2023 Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Nace la Alianza por los Humedales Andinos para promover su protección y conservación

Conformada por organizaciones socioambientales diversas, la alianza busca proteger el agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida que dependen de estos ecosistemas en América Latina, especialmente en Argentina, Bolivia y Chile. Organizaciones socioambientales diversas se unieron para conformar la Alianza por los Humedales Andinos, cuyo objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile. Del 30 de noviembre al 12 de diciembre, representantes de casi 200 países se reunirán en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) durante la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) para seguir avanzando en la implementación del Acuerdo de París, tratado internacional que busca fortalecer la respuesta mundial a la crisis climática. La protección de los humedales es crucial en esa tarea por ser ecosistemas que actúan como sumideros naturales de carbono, ayudando a mitigar la crisis. La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son reconocidos mundialmente como ecosistemas de alta significancia ambiental y social, pero también muy frágiles por sus características, cuyo elemento central es el agua, un bien común que controla el medio y la vida silvestre. Su vulnerabilidad radica también en las amenazas que afrontan, entre ellas la crisis climática y los impactos negativos de actividades extractivas como la minería de litio, de cobre y de otros minerales considerados “críticos” para la transición a nuevas formas de generar energía. En ese sentido, el incremento de la demanda de litio en el norte global ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, que albergan más del 53% de las reservas globales. Acelerar la transición energética será justamente uno de los ejes de acción de la COP28. Frente a esta tendencia global, la alianza promueve una transición socieocológica justa, participativa y popular con una visión de largo plazo, priorizando la gestión integral del agua bajo un enfoque de justicia socioambiental y climática. Así, apoya y acompaña a comunidades y organizaciones locales en el cuidado de los humedales andinos y en la construcción de alternativas socioeconómicas que vayan más allá del extractivismo minero. Asimismo, la alianza busca que se garantice la participación de las comunidades y su acceso a información completa, veraz y transparente; así como brindar información a la sociedad global —que involucra a organismos, Estados y sector privado—, resaltando el valor de los humedales andinos y las múltiples amenazas que afrontan. Para lograr su objetivo, la alianza emplea estrategias pedagógicas, legales, investigativas, de incidencia, comunicación y de movilización de forma colectiva y en diálogo con comunidades y organizaciones. Y al reconocer los impactos diferenciados de la crisis climática en las mujeres, niñas, disidencias sexuales y otros grupos vulnerables, incorpora la perspectiva de género en el desarrollo de todas sus actividades. Contactos de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107 Carlos Ulloa Fuentes, Fundación Tantí (Chile), [email protected] +569 37614815 Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538 Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609 Faviola Rivera Seifert, Empodérate (Bolivia), [email protected], +591 77129989 Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801

November 21 2023 Fortalecimiento de Capacidades, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Seminario web "Litigio climático y transición energética en Chile: El caso de Quintero-Puchuncaví"

La historia de las localidades de Quintero y Puchuncaví en Chile evidencia la relevancia del litigio climático y ambiental como herramienta para obtener justicia, así como la importancia de acompañar los procesos de transición energética que inevitablemente se están dando en el mundo para asegurar que sean justos. En Quintero-Puchuncaví, reconocida como una zona de sacrificio, operan más de 30 empresas diferentes, muchas altamente contaminantes, lo que ha resultado en graves vulneraciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, la transición energética y las demandas por justicia ambiental están generando cambios, incluido el cierre de dos de las cuatro termoeléctricas a carbón que operaban en la zona y de una fundición de cobre. Pero la situación no está siendo abordada correctamente, para asegurar una transición en efecto justa. De estos temas conversamos en este seminario web, junto con representantes de las comunidades y de las organizaciones que han estado en la primera línea, apoyado los juicios en curso y trabajando para abordar los desafíos asociados con la transición energética en una zona que merece reparación y justicia. Panelistas Ninón Zalaquett, abogada de la Defensoría Ambiental. Katta Alonso, vocera del movimiento territorial MUZOSARE (Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia). Matías Asun, director de Greenpeace cono-sur. Marcos Emilfork, relator de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe (PLC), Jurisdicción Chile, y abogado de ONG FIMA. Moderó: Cristina Lux, abogada del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación

November 20 2023 Derechos Indígenas, Minería, Derechos Humanos

Nota de apoio aos movimentos sociais, organizações e defensores de direitos vítimas de tentativa de criminalização pela empresa Belo Sun Mineração Ltda.

As organizações membros da Aliança Volta Grande do Xingu (AVGX) abaixo assinadas convocam parceiros e parceiras, organizações da sociedade civil, juristas e pesquisadores a apoiar e fortalecer as pessoas e os movimentos que, em decorrência da sua incansável defesa dos povos, da biodiversidade e da existência da Volta Grande do Xingu, estão sofrendo intimidação e tentativa de criminalização pela empresa Belo Sun Mineração Ltda. Precisamos mostrar às grandes corporações que a sociedade civil do Brasil e do exterior está unida em torno desta causa. Não vamos retroceder na proteção do meio ambiente e dos direitos humanos frente às ameaças. Assinem esta nota e juntem-se a nós na proteção da Amazônia, do rio Xingu e dos seus defensores! Mais informações abaixo: Em 17 de outubro deste ano, a mineradora Belo Sun Ltda., subsidiária brasileira da empresa canadense Belo Sun Mining Corp., entrou com uma ação penal contra mais de 30 pessoas, a maioria agricultores e agricultoras, que estão reivindicando a anulação do acordo firmado em 2021 entre a mineradora e o Incra por meio do qual o último cedeu à Belo Sun 2.428 hectares de terras públicas dentro do Projeto de Assentamento (PA) Ressaca. A cessão de terras é objeto de uma Ação Civil Pública (ACP n. 1001161-22.2022.4.01.3903) interposta em 2022 pelas Defensorias Públicas da União (DPU) e do Estado do Pará (DPE-PA), que demonstra a ilegalidade da aquisição de terras e pede a anulação do contrato. Quase dois anos depois de protocolada, essa ação ainda não teve decisão de mérito. Além das lideranças locais, também foram incluídos como acusados na queixa-crime da Belo Sun representantes de organizações da sociedade civil e pesquisadores que estão atuando em defesa das comunidades ameaçadas pelo empreendimento. Muitas destas pessoas acusadas de "esbulho possessório" pela mineradora sequer residem no país. A queixa-crime é uma clara tentativa de silenciamento das pessoas defensoras do meio ambiente e dos direitos humanos, intensificada com a presença da segurança armada da empresa no território. Trata-se também de uma tentativa de criminalização das organizações que monitoram e denunciam a destruição provocada por grandes empreendimentos na Volta Grande do Xingu. No dia 15 de novembro, um grupo de 25 movimentos e organizações locais, baseados sobretudo em Altamira, Pará, lançaram uma Carta aberta de repúdio à criminalização de agricultores, agricultoras, movimentos sociais e organizações da sociedade civil promovida pela mineradora canadense Belo Sun. É preciso que os termos dessa carta sejam fortalecidos e reverberados nacional e internacionalmente. Não é a primeira vez que a Belo Sun Mineração Ltda. intimida organizações da sociedade civil e defensores de direitos humanos. Em 2022, a empresa entrou com uma ação contra um professor universitário que havia denunciado os riscos que o Projeto Volta Grande traria para o rio Xingu e seus povos. Já em meados de 2023, a Belo Sun enviou uma notificação extrajudicial à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), numa tentativa de calar as denúncias feitas pela organização indígena acerca dos riscos que oprojeto de mineração na Volta Grande do Xingu representa. A notificação ocorreu logo após o lançamento de uma relatório sobre a Belo Sun lançado pelo jurídico da Articulação e da ação de incidência internacional na ONU em Genebra realizada pela Aliança pela Volta Grande do Xingu, coalizão da qual Apib faz parte, denunciando os abusos corporativos de empresas canadenses na Amazônia brasileira e em mais 8 países da América Latina e do Caribe. Sobre a atuação da Belo Sun na Volta Grande do Xingu A Belo Sun quer instalar um mega empreendimento de mineração de ouro sobreposto à região do PA Ressaca, nas margens do Rio Xingu, com o objetivo de operar a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. O chamado Projeto Volta Grande (PVG), caso aprovado, afetaria de forma substancial e potencialmente irreversível um território já gravemente impactado pela mega-hidrelétrica de Belo Monte, além de impactar as terras e modos de vida tradicionais de diversos povos indígenas, assentamentos rurais e comunidades ribeirinhas que vivem nessa região. Diversas ações judiciais foram protocoladas registrando as irregularidades cometidas pela Belo Sun, incluindo a ausência de consulta e consentimento livre, prévio e informado das comunidades indígenas e tradicionais afetadas; a aquisição ilegal de lotes dento do PA Ressaca; o constrangimento e violação do direito à livre circulação e acesso ao território das comunidades locais; e a falta de competência do Estado do Pará para emitir a licença ambiental do PVG. O seu licenciamento está suspenso desde 2017 por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e no dia 11 de setembro de 2023 passou para a competência do Ibama, órgão federal. Demandas Nós, cidadãos, cidadãs, organizações da sociedade civil organizada e representantes de movimentos sociais que apoiamos a presente Nota, repudiamos a criminalização promovida pela Belo Sun Mineração Ltda., manifestamos nossa solidariedade com as vítimas desse processo e reforçamos nosso entendimento de que: A intimidação e criminalização de defensores e defensoras de direitos humanos, ativistas, pesquisadores, e lideranças de movimentos sociais promovida pela Belo Sun é inaceitável, e por isso apoiamos os termos da presente petição; O Projeto de Assentamento (PA) Ressaca é um território destinado à reforma agrária e à agricultura familiar localizado em uma região já bastante fragilizada do ponto de vista socioambiental que é incompatível com a instalação de um megaprojeto de mineração de ouro a céu aberto como o Projeto Volta Grande da Belo Sun. O poder público deve tomar medidas necessárias para que as famílias, comunidades e povos da Volta Grande do Xingu estejam fortalecidos, com efetiva participação na governança e proteção do território. As organizações membros da Aliança Volta Grande do Xingu que lançam essa Nota e convocam adesões: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB Movimento Xingu Vivo - Brasil Aliança Volta Grande do Xingu Amazon Watch Associação Interamericana para Defesa do Ambiente - AIDA International Rivers Earthworks MiningWatch Canadá Junte-se a nós na proteção da Amazônia, do rio Xingu e dos seus defensores! Assine a nota de solidariedade internacional contra o assédio judicial que está sendo feito pela Belo Sun: https://forms.gle/tzUzR47v72jsdEPN8

November 13 2023 Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

“El agua vale más que el litio”: Resistencia a una transición energética injusta

“El agua vale más que el litio” es la consigna con la que las organizaciones sociales, sindicales y pueblos indígenas expresan desde hace meses su resistencia a la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, ubicada en el extremo norte de Argentina. Denuncian que la reforma, impulsada por el gobernador Gerardo Morales, no respeta la legislación internacional en materia de derechos indígenas, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos acerca de proyectos a desarrollarse en sus territorios ancestrales. En este sentido, dicha reforma habría sido aprobada, el 16 de junio pasado, mediante un proceso breve que no permitió una amplia participación y deliberación pública y en el que no hubo la debida consulta a los pueblos indígenas. Además, el texto constitucional presenta retrocesos significativos en temas ambientales y de derechos humanos; abre las puertas a la megaminería —incluida la de litio— bajo el amparo de la transición energética, criminaliza la protesta y permite la privatización tanto del agua como de las tierras indígenas. Los pueblos originarios han denunciado que el avance indiscriminado de proyectos de minería de litio en la provincia profundizará la crisis hídrica que allí se vive. Ante la creciente demanda internacional de litio —posicionado como un recurso estratégico debido a su capacidad de almacenamiento de energía (útil a las industrias de las baterías y de los vehículos eléctricos)— en años recientes, se ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra más del 53% de las reservas probadas globales. El litio puede estar contenido en salmueras, pegmatitas y rocas sedimentarias, siendo más fácil de extraer en las primeras. Pero es un proceso que demanda altas cantidades de agua y que se lleva a cabo en ecosistemas frágiles, con deficiencia hídrica y fuertemente golpeados por los efectos de la crisis climática, como son los salares. La resistencia social a la reforma constitucional en Jujuy es también la resistencia a una tendencia mundial que busca la permanencia de modelos extractivistas que vulneran derechos humanos en nombre de una transición energética que dista mucho de ser justa. Vulneración de derechos humanos en Jujuy AIDA —junto con otras siete organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en la defensa del ambiente y de los derechos humanos— fue parte de una misión internacional que visitó Jujuy del 21 al 25 de agosto para conocer de primera mano las posibles vulneraciones a los derechos a la protesta y a la participación en el marco de la reforma constitucional. La misión estuvo en los principales focos de protesta y documentó testimonios de personas de pueblos y comunidades indígenas, de asociaciones campesinas, de sindicatos y de organismos de derechos humanos; así como de referentes sociales, docentes, abogados/as y de autoridades de la provincia. Las conclusiones preliminares apuntan a que: Aunque los pueblos indígenas y sus comunidades solicitaron participar en la reforma constitucional, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. Existen preocupaciones respecto de la incompatibilidad de la reforma con los derechos humanos y los derechos ambientales. Pese al contexto de crisis climática y escasez hídrica, la reforma no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas ni la preservación de ecosistemas. La reforma parece favorecer el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos; así como abrir las puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas, dañando los ciclos ecosistémicos y desprotegiendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala, vitales para la existencia de las comunidades originarias. Hay una preocupación reiterada y manifiesta de las comunidades indígenas por los impactos negativos de la minería, en particular de los proyectos de extracción de litio. Testimonios dan cuenta de casos de represión de la protesta social, detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas por parte de la policía contra personas involucradas en la resistencia; así como de un uso desproporcionado de la fuerza. La misión está en proceso de sistematizar la información recabada para elaborar recomendaciones orientadas a visibilizar la compleja situación en la provincia de Jujuy y a contribuir a un diálogo que permita la mejor resolución de la conflictividad social y el respeto de los derechos humanos. ¿Hacia qué tipo de transición apunta la reforma constitucional en Jujuy? Abordar esta interrogante es importante para comprender que una transición energética justa es incompatible con un contexto donde los intereses económicos privados prevalecen sobre las consideraciones sociales y ambientales y donde las acciones gubernamentales desconocen los impactos de la extracción de litio y el reclamo justo de las comunidades locales en relación con la gestión de su agua y su territorio. Jujuy es hogar de más de 12 pueblos indígenas y de unas 400 comunidades, cuyos integrantes se han dedicado milenariamente a la extracción de sal de Salinas Grandes, el cuarto salar más grande de Sudamérica. Su vínculo con el agua es sagrado y ancestral. Representa una conexión cultural amenazada por la explotación de litio, que compromete la disponibilidad de un recurso de por sí escaso. “Para producir una tonelada de litio (a través del método de evaporación), se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”, señala Ingrid Garcés, docente del Departamento de Ingeniería Química y Procesos de Minerales de la Universidad de Antofagasta, en Chile. Esto “es rentable para la industria porque significa un proceso sin costo de energía, pero lamentablemente tiene el costo de la pérdida de agua de un sistema que no es renovable, más es una región desértica” (como es la de los salares). La reforma constitucional en Jujuy no estipula un orden de prioridad para los usos de agua, sino que pone al mismo nivel el consumo humano y el industrial. El acceso limitado al agua es una preocupación central en la provincia debido a que hay pocos acuíferos para satisfacer la demanda de uso humano y doméstico, además de la producción agrícola y ganadera a pequeña escala. Un cambio de rumbo urgente La crisis hídrica es una de las crisis más apremiantes en todo el mundo y está intrínsecamente ligada a la crisis climática y a la necesidad de transitar hacia la generación de otras energías. Los patrones climáticos extremos —como las sequías prolongadas, inundaciones y las tormentas más intensas— afectan directamente la disponibilidad y distribución de agua en diferentes regiones del mundo con una consecuente disminución de los recursos hídricos. En este escenario, la competencia por el uso del agua se intensifica y se requiere una gestión social del agua que beneficie a las comunidades. Solo así es posible abordar la situación en términos de sostenibilidad y de justicia ambiental. La extracción de litio para satisfacer intereses corporativos ejemplifica la paradoja de afrontar la crisis climática a expensas de las comunidades y los ecosistemas. La falta de una distribución justa y equitativa de los beneficios y la externalización de los costos ambientales y sociales subrayan la urgencia de repensar y transformar radicalmente la relación que tenemos con los bienes naturales y la forma en que abordamos la crisis climática.

November 10 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

¿Qué significa que un litigio sea climático?

De acuerdo con un informe publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los litigios climáticos se han duplicado en los últimos años a nivel mundial, consolidándose como una herramienta clave, cada vez más recurrida, para combatir la crisis climática. Más aún, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), declaró, en su sexto informe, que actualmente hay “un acuerdo académico cada vez mayor en el sentido de que el litigio climático se ha convertido en una fuerza poderosa en la gobernanza climática". Es que realmente el litigio climático ha venido para quedarse en la caja de herramientas usada por activistas para promover la acción climática. Y son los niños, niñas, jóvenes, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y las comunidades locales quienes han asumido el liderazgo en la presentación de estas acciones judiciales. El litigio climático es por esencia un litigio estratégico, lo que significa que busca cambios amplios en la sociedad, que van más allá de un caso particular. Por lo general, esto se logra promoviendo la protección de derechos o cambios en las políticas públicas. Así, estos litigios han servido para responsabilizar a gobiernos, autoridades, empresas y a otros actores no estatales por la crisis climática ante los tribunales, obligándolos —entre otras cosas— a la adopción, implementación y aumento progresivo de medidas concretas para frenar sus emisiones y a mitigar los impactos de la crisis climática. Hace poco más de un año, AIDA lanzó la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, un sitio web de consulta que reúne muchos de los casos de litigio climático en la región. El objetivo detrás de esta iniciativa es promover el intercambio de experiencias diversas para fortalecer los casos en favor de los cambios estructurales que se necesitan. La Plataforma contiene información sistematizada y actualizada de acciones de litigio interpuestas ante cualquier autoridad jurisdiccional (judicial, administrativa, internacional o autónoma). Incluye los argumentos que sustentan los casos, relativos a las obligaciones legales de los Estados y otros actores frente a la crisis climática. Pero la Plataforma alberga también casos que, si bien no se refieren directamente a la crisis climática, contribuyen a la búsqueda de justicia climática en el continente. Y es ahí donde surge la confusión y se gesta la pregunta: ¿Qué hace que un litigio sea considerado como climático? La verdad es que no existe una definición aceptada que permita identificar qué litigios son climáticos y cuáles no. Es un nicho relativamente nuevo en el campo del derecho ambiental y, como muchas cosas en la vida, tiene bordes difusos. Y es que hoy en día nuestro planeta sufre de múltiples crisis, todas interconectadas y muy vinculadas a la degradación ambiental. En este sentido, es posible casi siempre ligar los litigios ambientales, de alguna forma u otra, con el clima cambiante. De todos modos, y con el objetivo de proponer una discusión al respecto, nos atrevemos aquí a reflexionar sobre posibles definiciones que nos den luces y nos permitan delinear este concepto que tanta relevancia está cobrando. Un acercamiento al concepto de litigio climático y a sus elementos Una manera de abordar el asunto acerca de lo que hace que un litigio sea climático pasa por decir que el litigio climático es todo aquel que contiene argumentos relacionados con la crisis climática en su demanda o en la sentencia que lo resuelve. Otro abordaje está relacionado con el objetivo del litigio, pudiendo decir que el litigio climático es todo aquel que tiene un objetivo relacionado con la acción climática. Esto implica una alta complejidad y una variedad importante de casos, muchos entrecruzados. Así, bajo esta definición, entrarían por ejemplo casos que: buscan la mitigación de las emisiones contaminantes que están causando el calentamiento global; demandan el cumplimiento (o aumento) de parte de los Estados de sus compromisos climáticos internacionales; promueven medidas de adaptación a los efectos inevitables de la crisis climática; demandan la reparación de daños generados por la crisis climática; tienen como objetivo hacer que las empresas se responsabilicen por su participación en el problema; persiguen cambios regulatorios o en políticas en favor de la acción climática; exigen la transparencia o rendición de cuentas de acciones gubernamentales o corporativas relacionadas con la crisis climática; piden que instituciones financieras eleven sus estándares para que en sus decisiones consideren el clima y el ambiente; buscan detener algún proyecto que pueda ser nocivo para el clima; tienen como finalidad proteger ecosistemas, sobre todo aquellos que funcionan como sumideros naturales de carbono; en algunas ocasiones, buscan aumentar la toma pública de conciencia respecto de los problemas relacionados con la crisis climática. Una herramienta viva y en crecimiento constante Como se ve, la variedad de casos que pueden llevar la etiqueta de litigio climático es enorme, casi tan amplia como la creatividad de las personas que están poniendo la herramienta en uso. Algo interesante es que, a pesar de ser un concepto más o menos nuevo, el litigio climático se construye sobre sí mismo. Mientras más lo usemos, mientras más pongamos a los tribunales a examinar las obligaciones de empresas y Estados en favor de la acción climática, iremos generando más jurisprudencia, capacidades y experiencias útiles para seguir avanzando. El derecho nacional e internacional se fortalece mediante el uso del litigio climático y es importante mantenerlo vivo y en constante crecimiento, así como vincularlo con la responsabilidad que tienen Estados y empresas de hacerse cargo de la crisis climática, fundada en el derecho humano y universal a un ambiente sano. Es importante aclarar que el litigio estratégico —sea climático o ambiental— es difícil, complejo y oneroso. Requiere de tiempo, recursos, capacidad y dedicación. Iniciar un litigio climático no es una decisión fácil que pueda tomarse a la ligera. Muchas veces no es la mejor opción para lograr un objetivo. Pero sí podemos decir, con toda seguridad, que es una herramienta clave en la acción climática, que ha permitido llevar las voces de personas y grupos en situación de alta vulnerabilidad, con frecuencia invisibilizados, a los foros donde se toman decisiones, donde se hace justicia. Es, además, la última instancia de juego en el campo de lo institucional y lo legal. Visita la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe

Female farmers in Palacode, Tamil Nadu, India

October 11 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

Sesión 2 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2023

Luego de una actualización acerca de las decisiones más recientes de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés), la sesión se enfocó en el monitoreo de la implementación de los proyectos aprobados por el Fondo, llevado a cabo por diferentes organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. La discusión giró en torno a la presentación de casos de estudio en África, Asia y América Latina. panelistas Claire Miranda, Asian People’s Movement for Debt and Development (APMDD): Balace de la reunión más reciente de la Junta Directiva del Fondo y lo que se espera de la siguiente. Bertha Argueta, Germanwatch: Introducción al monitoreo de la implementación de proyectos aprobados por el Fondo. Casos de estudio de las experiencias de monitoreo de la implementación de proyectos en: África: Toini Amutenya, Namibia Nature Foundation. América Latina: Maite Smett, Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA), y Rosalía Soley, Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). Moderó: Bertha Argueta, Germanwatch. Grabación (en inglés)

Río Tiputini en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador

October 04 2023 Derechos Indígenas, Participación Ciudadana, Cambio Climático

Yasuní: Crece la ambición climática gracias al pueblo de Ecuador

La decisión del pueblo ecuatoriano de dejar el petróleo en el subsuelo en una parte del Parque Nacional Yasuní, en plena Amazonía, es una respuesta a la historia de contaminación de la tierra, el agua y el aire de las comunidades amazónicas tras 50 años de explotación petrolera. Es además una muestra de ambición climática esperanzadora que debe ser reconocida y respaldada a nivel regional y global. El 20 de agosto pasado, en una consulta popular nacional, el pueblo ecuatoriano optó por detener la extracción petrolera en el bloque 43 ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), uno de los tres en producción dentro del parque. Con esta decisión, la población de Ecuador dio un paso importante hacia la transición ordenada para dejar una parte del petróleo bajo tierra. Implementarla es una obligación legal para el gobierno ecuatoriano. De hacerlo de manera adecuada, respetando los principios de transición justa y salida responsable, Ecuador será el primer país en cumplir con las demandas que el Secretario General de la ONU y los organismos científicos y energéticos —como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Agencia Internacional de la Energía— vienen haciendo a los actores nacionales acerca de un abandono progresivo de la explotación de combustibles fósiles. Resulta clave ahora que la sociedad civil regional y global acompañe la salida responsable de las operaciones petroleras en el bloque 43 del Yasuní, en el término establecido (18 meses calendario), aplicando veedurías independientes y apoyando alternativas de transición justa para el territorio y sus habitantes. ¿Cómo se llegó a este resultado? Este avance importante para la protección del Yasuní, un ecosistema clave para la adaptación y mitigación de la crisis climática mundial, es fruto de diversos factores, previos a la decisión del 60% del pueblo ecuatoriano el pasado 20 de agosto. Entre ellos están: La lucha histórica de los movimientos indígenas por la defensa territorial y el acompañamiento de varios sectores de la sociedad civil que dieron origen a la Iniciativa Yasuní ITT, que trató de conseguir una compensación económica de la comunidad internacional, que entregaría fondos equivalentes a una parte de las ganancias de la comercialización, a cambio de dejar el crudo bajo tierra. La creación del colectivo social Yasunidos en el año 2013, a raíz del cese de la Iniciativa Yasuní ITT, para oponerse a la declaración de interés nacional de la explotación petrolera del Yasuní, realizada por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador. La lucha incansable de este y otros colectivos, que demostró el fraude realizado por el Consejo Nacional Electoral ante su pedido de consulta popular en 2014, antes del inicio de la explotación petrolera. La decisión de la Corte Constitucional de dar paso a la consulta y el reconocimiento de la violación de los derechos de participación de los miles de personas que firmaron el pedido de consulta en 2014. ¿Qué implica la decisión? Esta histórica decisión tiene implicaciones nacionales, regionales y mundiales, como se detalla a continuación. A nivel nacional, el resultado de la consulta implica —según el dictamen de la Corte Constitucional—, adoptar las siguientes medidas: i) suspender las actividades de extracción; ii) no iniciar actividades nuevas ni firmar nuevos contratos; iii) tomar medidas para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario; iv) tomar medidas de reparación a la naturaleza; v) otras acciones. Todas ellas son oportunidades para generar un espacio de transición justa en la zona. La decisión implica el reconocimiento y reparación de los derechos humanos a la participación de miles de ecuatorianos/as que pudieron decidir con su voto el destino de esta zona, además de la protección de los derechos humanos relacionados con la vida y protección los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan el Parque Yasuní. Se trata de un paso que promueve la conservación del Parque Nacional Yasuní y de su enorme biodiversidad al ser parte de la Amazonía, un ecosistema regulador del clima y clave para la adaptación a la crisis climática a nivel mundial. Con la adecuada implementación de esta decisión, Ecuador dejará de emitir alrededor de 400 millones de toneladas de CO2, asociadas a la explotación petrolera de alrededor de 58 mil barriles diarios, que ahora debe ser suspendida. El resultado de la consulta contempla un plazo de 18 meses calendario para suspender la explotación petrolera y dejar el crudo bajo tierra de forma indefinida. Con ello se asoma el gran reto de implementar una medida que puede ser ejemplar para el mundo: el cierre y abandono responsable de un campo petrolero en la Amazonía. Los retos para la implementación Para ser exitoso, el proceso de salida responsable en el bloque 43 debe garantizar: i) la protección del territorio para evitar la deforestación ilegal y ii) el cuidado de las comunidades con el fin de brindarles alternativas económicas (investigación, bioconocimiento, bioeconomía y turismo sostenible, entre otras). Además, su implementación requiere espacios de veeduría y observatorios ciudadanos locales, así como el respaldo de la comunidad internacional y regional a través de mecanismos financieros y de capacitación técnica. Esa es la promesa de los programas de trabajo de Transición Justa y de Mitigación generados en las negociaciones climáticas. Ante el llamado urgente a que los mayores emisores de carbono del mundo dejen rápidamente de quemar combustibles fósiles, el pueblo de Ecuador ha respondido con un avance importante hacia la transición, uno que comienza desde abajo, en una geografía determinada de la Amazonía. Por ello, su decisión debe ser reconocida en la plataforma para la Acción Climática Mundial (NAZCA por sus siglas en inglés) de la ONU, que recoge la acción climática de actores no estatales. También es fundamental que el próximo gobierno ecuatoriano selle este compromiso climático incluyéndolo en la actualización de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Implementar la decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta popular para proteger el Parque Nacional Yasuní es una obligación legal a nivel local y un precedente exitoso que puede impulsar la necesaria transición energética a nivel mundial.

September 13 2023 Fortalecimiento de Capacidades, Cambio Climático, Derechos Humanos

Sesión 1 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2023

En esta primera sesión, hicimos una breve introducción al Fondo, al Plan Estratégico Actualizado para 2024-2027 y al segundo proceso de reposición, actualmente en curso. Además, hablamos de la plataforma del GCF Watch y de las oportunidades que brinda. Y conversaremos con dos de nuestras observadoras activas ante el Fondo para comprender mejor su trabajo, en alianza con la red de observadores de la sociedad civil que hace seguimiento al Fondo. panelistas Florencia Ortúzar, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Introducción a la serie de seminarios web y moderación. Jei Edora, Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD): Introducción al Fondo, el nuevo Plan Estratégico Actualizado y el segundo proceso de reposición. Ira Guerrero, Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC): La plataforma del GCF Watch. Erika Lennon, Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), y Liane Schalatek, Fundación Heinrich Boell: Conversación con observadoras activas ante el Fondo acerca de cómo trabajamos y por qué lo hacemos. Camila Bartelega, AIDA: Actividad interactiva para aprender del público. Grabación (en inglés) próximas sesiones 11 de octubre - Sesión 2: El seguimiento liderado por las OSC de la implementación de los proyectos aprobados por el Fondo. 8 de noviembre - Sesión 3: Temas importantes en torno al Fondo.

Paisaje desértico en La Guajira, Colombia.

September 12 2023 Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Ampliar la minería de carbón en Colombia contradice una transición energética justa

Colombia enfrenta hoy numerosos desafíos relacionados con la necesaria transición energética justa. Al ser el principal exportador de carbón térmico de América Latina, uno de sus retos prioritarios es definir el futuro del mineral en las matrices económicas y energéticas del país, así como la manera de alinear ese sector con sus obligaciones en materia de gestión de la crisis climática global. Sin duda, las medidas que se adopten para avanzar hacia la transición energética justa y el cumplimiento de los compromisos climáticos deben respetar y garantizar los derechos humanos. El Estado debe hacerlo con una perspectiva diferenciada respecto a los grupos más vulnerables de la sociedad, los mayormente afectados por los efectos de la crisis climática y por los procesos de transición. El gobierno actual, como parte de su plan para modificar la estrategia de transición energética, ha propuesto la construcción de una hoja de ruta enfocada en promover proyectos de energías renovables de fuentes no convencionales, entre otras iniciativas. La propuesta tiene cuatro principios: equidad, participación social y vinculante, gradualidad soberana con confiabilidad y un principio de conocimiento. Aunque la estrategia planteada puede considerarse un avance hacia la transición energética y al cumplimiento de compromisos y estándares internacionales, tiene vacíos preocupantes: no se enfoca lo suficiente en la sustitución de combustibles fósiles y evade el rol e impactos generados por el sector carbón en todas sus fases. Dejar fuera las causas estructurales de la crisis climática obstaculiza la consolidación de un proceso de transición energética que es hoy un escenario en disputa con diversas reivindicaciones e intereses en juego. Un claro ejemplo es lo que ocurre en el departamento de La Guajira, al norte del país, donde confluyen un alto potencial para las energías renovables y la extracción del 35% del carbón que se exporta, actividad que profundiza la crisis climática. Ello ha incrementado la de por sí alta vulnerabilidad climática de la región y agravado la vulneración de derechos humanos en ese territorio. El impacto ha sido tal —sobre todo en términos de estrés hídrico, desertificación y disminución de precipitaciones— que el gobierno decretó Estado de Emergencia Económica, Social y Ambiental en La Guajira, donde se prevé la llegada del fenómeno de El Niño con una intensidad y duración más altas que en años anteriores. El rol del sector carbón en el proceso de transición Combatir y gestionar la crisis climática implica mínimamente avanzar en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, además de frenar la expansión de su extracción y explotación, con la consecuencia evidente de restringir al máximo su uso. Los impactos en derechos humanos y en el clima global del sector carbón, así como los conflictos socioambientales que ha generado, han hecho que el mundo replantee el uso y comercialización del mineral. Así, en los países del sur global con alta dependencia de la extracción y comercialización de combustibles fósiles, se han iniciado discusiones acerca de si avanzar y de qué manera en el proceso de sustitución. En el caso colombiano, si el país quiere avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones climáticas y en el proceso de transición energética justa, es necesario dejar de autorizar nuevos proyectos de minería de carbón térmico, evitar la ampliación de los ya existentes y empezar procesos de salida responsable para un cierre minero progresivo y donde se garanticen derechos. La hoja de ruta del proceso de transición energética debe centrarse en evitar al máximo los impactos en los derechos humanos (territoriales, de subsistencia y ambientales) de las comunidades más vulnerables a los efectos de la crisis climática. De lo que se trata es de evitar nuevas violaciones de derechos humanos y una desprotección de los territorios atravesados por la cadena productiva del sector carbón. El debate en torno a la transición energética y los conflictos socioambientales asociados al carbón se ejemplifica plenamente en el caso del arroyo Bruno, en La Guajira, con un proceso jurídico vigente. Está en manos de la Corte Constitucional decidir entre la protección de un arroyo vital para una zona de alto estrés hídrico y la explotación de su cauce para expandir la mina de la empresa Carbones del Cerrejón (propiedad de la multinacional Glencore). Lo que está en juego es la garantía de los derechos de acceso al agua, a la salud y a la vida de las comunidades Wayúu. Lo que la transición justa sí necesita Tras analizar el rol del carbón en el proceso de la transición energética justa en Colombia, es posible concluir que el país no está cumpliendo sus compromisos climáticos porque no ha establecido medidas y acciones específicas para el sector carbón en su política de cambio climático. Si Colombia quiere avanzar en la sustitución de combustibles fósiles, la política de cambio climático y el proceso de transición energética no pueden desligarse del seguimiento y toma de decisiones que las autoridades competentes adopten respecto de proyectos específicos del sector carbón. La gestión del cambio climático y el proceso de transición energética deben reconocer las reivindicaciones de justicia, reparación y no repetición, exigidas por las comunidades afectadas por años de extracción de carbón, como las ubicadas en el departamento de La Guajira. En un escenario de transición energética justa deben garantizarse —junto con las comunidades afectadas—procesos de cierre minero progresivos, participativos e inclusivos, encaminados a generar escenarios de diversificación y reconversión en las regiones con alta dependencia del sector carbón. Actuar bajo ese marco es deseable y posible.