Derechos Humanos

Vista panorámica de la ciudad de La Oroya, Perú.
Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Minería

Fallo de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya sienta precedente clave para la protección del ambiente sano

El tribunal estableció la responsabilidad del Estado peruano en la violación de derechos de residentes de La Oroya, afectados por décadas de contaminación tóxica. Le ordenó adoptar medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas. San José, Costa Rica. La sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en el caso "Comunidad de La Oroya Vs. Perú" por décadas de contaminación tóxica proveniente de un complejo metalúrgico constituye un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en la región y para la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados. El fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya.Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional y en representación de las víctimas, una coalición internacional de organizaciones presentó la denuncia contra el Estado peruano ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006. En octubre de 2021, la Comisión estableció la responsabilidad del gobierno peruano y remitió el caso a la Corte Interamericana. En octubre de 2022, más de 16 años después de iniciada la demanda internacional, las víctimas presentaron el caso ante la Corte, representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), con el apoyo de Earthjustice."Esta sentencia es un avance muy importante y un precedente clave para la justicia ambiental en América Latina al ser el primer caso en el que la Corte reconoce la responsabilidad de un Estado por la violación de derecho al ambiente sano y las implicaciones que este tiene en la garantía de otros múltiples derechos", dijo Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. "La Corte se refirió además a la dimensión colectiva e individual de ese derecho, reconociendo afectaciones diferenciadas de su violación en niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores, así como el rol importante de las personas defensoras ambientales".En su fallo, hecho público el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional determinó la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos al ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y a la protección judicial de las 80 personas del caso; por la violación a los derechos de la niñez de 57 víctimas y por la violación del derecho a la vida de dos víctimas. La Corte concluyó también que el Estado es responsable por violar la obligación de desarrollo progresivo debido a la adopción de medidas regresivas en la protección del ambiente."La decisión constituye un precedente fundamental en la jurisprudencia internacional que fija los parámetros de la obligación estatal de regular, fiscalizar y remediar los efectos de la contaminación ambiental; así como las obligaciones derivadas del derecho al ambiente sano como un derecho autónomo y de su interdependencia e indivisibilidad con otros derechos fundamentales para la existencia humana como la salud, la vida y la integridad personal", expresó Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de APRODEH. "Es además una gran satisfacción por la gran lucha de dos décadas de parte de las víctimas".Por más de 20 años, residentes de La Oroya han buscado justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación por metales pesados del Complejo Metalúrgico de La Oroya, operado por la empresa Doe Run Perú entre 1997 y 2009, y la falta de medidas adecuadas por parte del Estado. La ciudad ha sido catalogada como uno de los lugares más contaminados del planeta."Hace 20 años, cuando inició esta lucha, yo iba con mi pancarta que decía que la salud de los niños vale más que el oro", recuerda don Pablo, residente de La Oroya. "Nunca desistimos, ahora estoy muy alegre con la decisión de la Corte".En la sentencia, la Corte ordenó al Estado de Perú la adopción de medidas de reparación integral de los daños causados en la población de La Oroya que incluyen: identificar, juzgar y —en su caso— sancionar a las personas responsables de hostigar a las víctimas; determinar el estado de la contaminación del aire, el agua y el suelo, así como elaborar un plan de remediación ambiental; brindar atención médica gratuita a las víctimas y garantizar atención especializada a residentes con síntomas y enfermedades relacionadas con la contaminación proveniente de la actividad minero metalúrgica; compatibilizar la normativa que regula los estándares de calidad del aire para garantizar la protección del ambiente y de la salud humana; garantizar la efectividad del sistema de alerta de la ciudad y desarrollar un sistema de monitoreo de la calidad del aire, el agua y el suelo; garantizar que las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya cumplan estándares ambientales internacionales, previniendo y mitigando daños al ambiente y a la salud humana; indemnizar monetariamente a las víctimas por daño material e inmaterial."Lo que esperamos ahora es que se implemente la sentencia, que el Estado cumpla por primera vez con sus obligaciones y que garantice nuestros derechos como personas defensoras ambientales", dijo Yolanda Zurita, residente de La Oroya y peticionaria en el caso. "El cumplimiento de esta sentencia es lo mínimo que esperamos de un Estado comprometido con la garantía de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas".Desde 1999, el gobierno de Perú sabe que todos/as los niños/as que viven cerca del complejo sufren envenenamiento por plomo, pero no les ha brindado atención médica adecuada. Durante décadas, la población de La Oroya estuvo expuesta a niveles extremos de plomo y otros contaminantes nocivos, como arsénico, cadmio y dióxido de azufre. La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros."Esta sentencia es un llamado urgente a los Estados de todo el continente a no quedarse de brazos cruzados mientras las empresas multinacionales envenenan a las comunidades locales", afirmó Jacob Kopas, abogado sénior de Earthjustice. "A partir de ahora, las empresas sabrán que exponer a las familias a niveles insalubres de contaminación industrial es una violación del derecho internacional y que los Estados deben hacer responsables a quienes contaminan". RecursosComunicado de la Corte acerca de la sentencia, disponible aquí.Resumen oficial de la sentencia, disponible aquí.Texto íntegro de la sentencia, disponible aquí.Más información del caso, disponible aquí.Carpeta con fotografías, disponible aquí.Contacto de prensaVíctor Quintanilla-Sangüeza (México), AIDA, [email protected], +521 70522107 

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Río San Juan, Nicaragua
Cambio Climático, Derechos Humanos

Comunidades en Nicaragua logran salida del Fondo Verde del Clima de proyecto que vulneraba sus derechos

En una decisión sin precedentes, que resuelve una queja presentada en 2021, el Fondo Verde del Clima dio por terminado un proyecto forestal debido a que los desarrolladores incumplieron las políticas y procesos de la entidad en materia de salvaguardas socioambientales. Dicho incumplimiento vulneraba los derechos humanos de comunidades indígenas y afrodescendientes. El Fondo Verde del Clima, la principal entidad multilateral de financiamiento climático a nivel mundial, decidió dar por terminado el financiamiento comprometido para un proyecto de conservación forestal en Nicaragua debido a que los desarrolladores incumplieron las políticas y procedimientos de la institución en cuanto a salvaguardas socioambientales. El incumplimiento vulneraba derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes pues el proyecto amenazaba con agravar la situación de violencia que ya sufren. El Fondo no había realizado desembolsos para el proyecto y la implementación del mismo no había comenzado.La decisión, primera de este tipo en la historia del Fondo, es la respuesta a una queja presentada en junio de 2021 por representantes de las comunidades afectadas —con el apoyo de organizaciones locales e internacionales— ante el Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo, instancia que se ocupa de los reclamos de personas que se ven o pueden verse afectadas por proyectos o programas financiados por la entidad."Esta decisión es un reconocimiento a los esfuerzos incansables de las comunidades detrás del caso, que lograron demostrar la difícil situación que enfrentan, así como un recordatorio de la importancia de incluir a las comunidades locales en todas las etapas de un proyecto, desde su concepción", dijo Florencia Ortúzar, abogada sénior de AIDA, una de las organizaciones que acompañó y apoyó legalmente el proceso de la queja.En la queja las comunidades argumentaron que la ejecución del proyecto —denominado Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas BOSAWÁS y Río San Juan— implicaría afectaciones graves ya que:No hubo divulgación adecuada de información, consulta indígena, ni consentimiento libre, previo e informado.El proyecto causaría degradación ambiental y aumentaría la violencia que sufren las comunidades en sus territorios indígenas por la colonización de tierras.Se estaban incumpliendo las condiciones que la Junta Directiva del Fondo impuso para la aprobación del proyecto (entre ellas la supervisión independiente de la  implementación del proyecto y la garantía de la legítima participación de los pueblos indígenas).Existía falta de confianza en el Banco Centroamericano de Integración Económica, entidad acreditada para canalizar los fondos, respecto del cumplimiento de las políticas del Fondo.Existía falta de confianza acerca de la capacidad del gobierno de Nicaragua, como entidad implementadora, para cumplir con sus obligaciones al ejecutar el proyecto. El objetivo del proyecto, para el cual el Fondo comprometió 64 millones de dólares en 2020, era restaurar paisajes forestales degradados en la región más biodiversa de Nicaragua (hogar del 80% de sus bosques y de la mayoría de sus pueblos indígenas) y canalizar inversiones hacia la gestión sostenible del uso de la tierra y bosques.Sin embargo, el proyecto fue diseñado sin las consultas adecuadas, con absoluta falta de transparencia por parte del banco promotor e ignorando el difícil contexto de violencia y desprotección de derechos humanos que todavía sufren las comunidades indígenas en Nicaragua, particularmente en la zona del proyecto.En las últimas décadas, la dura situación local solo ha empeorado producto del crimen organizado, el narcotráfico, la expansión de la agricultura y la ganadería, así como por la promoción de políticas extractivistas en general y la falta de protección por parte del Estado.La investigación abierta por el Mecanismo Independiente de Reparación, que incluyó trabajo en terreno, entrevistas presenciales y virtuales con todas las partes interesadas, confirmó algunas acusaciones de la queja, incluyendo la falta de procesos adecuados de consulta y del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas. Así consta en el informe final de la investigación.En julio de 2023, la Junta Directiva del Fondo, llamada a decidir el futuro del proyecto en base al informe de la investigación, traspasó la tarea a la Secretaría de la entidad. Con esto, ni el Mecanismo Independiente de Reparación ni los reclamantes tuvieron más voz en el asunto.Finalmente, el 7 de marzo de este año, la Secretaría dio a conocer su decisión: dar por terminado el acuerdo de financiamiento con el proyecto, reconociendo que los desarrolladores incumplieron las políticas del Fondo, tal como alegaron las comunidades en la queja.“La decisión representa una lección valiosa para el Fondo Verde del Clima, cuyas políticas y salvaguardas existen para prevenir estas lamentables situaciones y deben aplicarse con rigor y coherencia desde la concepción misma de los proyectos que buscan financiamiento”, afirmó Ortúzar. Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107 

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Minería

A defesa da Volta Grande do rio Xingu na Amazônia brasileira

"Certas vidas só existem na Volta Grande do Xingu, a minha é uma delas. E também a dos povos indígenas e ribeirinhos. Essas vidas podem ser destruídas?”. A pergunta de Sara Rodrigues Lima - ribeirinha, pescadora e pesquisadora local - destaca o paradoxo de como uma das regiões com maior biodiversidade e importância ambiental, climática e cultural do mundo é também uma das mais afetadas pelos impactos socioambientais. A Volta Grande do rio Xingu, localizada no coração da Amazônia brasileira, abriga um ecossistema único e é uma região-chave para a conservação da biodiversidade global. Durante séculos, tem sido o espaço de vida de povos indígenas e ribeirinhos que têm uma relação de pertencimento com o rio e a floresta amazônica, fonte de alimento, água, identidade, cultura e mobilidade, entre outras coisas. Essa conexão se traduziu em sistemas de vida baseados no cuidado e na defesa do território e de sua própria existência, que agora está seriamente afetada. Desde 2015, a região vem sofrendo os impactos de projetos extrativistas de grande escala que ameaçam os meios de subsistência e a sobrevivência física e cultural de povos e comunidades tradicionais. Isso também envolveu violência contra as pessoas que defendem esse território amazônico. Para enfrentar a situação, os povos afetados e a sociedade civil uniram forças em uma rede que uniu e fortaleceu seus esforços. A Aliança pela Volta Grande do Xingu, formada por movimentos e organizações sociais, incluindo a AIDA, apoia e coordena ações em defesa da região como um território vivo e saudável. A coalizão levou o caso às Nações Unidas.   Os impactos cumulativos de dois megaprojetos Um desses projetos é a usina de Belo Monte, cuja construção causou impactos ambientais irreparáveis e violações de direitos humanos para diferentes gerações. A seca imposta pelo desvio do rio para a geração de eletricidade, bem como a ineficácia das medidas de mitigação implementadas, levaram ao colapso ambiental e humanitário em Volta Grande. Atualmente, milhares de famílias tradicionais estão sofrendo com a mortandade de peixes, a extinção da pesca, a falta de segurança alimentar, o empobrecimento e doenças físicas e mentais. Outra grande ameaça à região e a seus habitantes históricos vem do projeto Volta Grande, com o qual a empresa canadense Belo Sun pretende construir a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. A coexistência dos dois projetos implica o risco de sobreposição de áreas de impacto direto. Nesse cenário, os possíveis danos ao meio ambiente e aos povos indígenas e ribeirinhos serão irreversíveis. A construção do projeto Belo Sun está planejada a menos de 10 quilômetros da barragem de Belo Monte, nas margens do rio Xingu, em meio a terras indígenas, unidades de conservação e comunidades tradicionais. A magnitude dos impactos sinérgicos e cumulativos da mina e da usina hidrelétrica não foi avaliada. Também foram ignoradas as análises técnicas que indicavam graves impactos decorrentes do uso de cianeto, da contaminação do rio e dos riscos de rompimento da barragem de rejeitos que, se ocorresse, inundaria 41 km ao longo do rio, atingindo terras indígenas próximas. Além disso, o Estado excluiu os povos indígenas e as comunidades ribeirinhas e camponesas do processo de autorização ambiental do projeto de mineração. Por viverem fora das terras indígenas demarcadas ou estarem a mais de 10 quilômetros de distância do projeto, algumas dessas comunidades não foram consideradas afetadas ou consultadas sobre a implementação do projeto. A falta de consulta e participação pública desses povos levou os tribunais brasileiros a ordenar a suspensão da licença que autorizava a empresa de mineração a operar.   Violência e ameaças contra defensores de direitos humanos A chegada da Belo Sun ao território é uma intervenção grave no ambiente sociocultural da Volta Grande do Xingu. A sobreposição do projeto de mineração em um polígono territorial habitado por povos tradicionais, grupos rurais beneficiários da reforma agrária e mineradores artesanais levou à divisão da comunidade e à violência contra aqueles que se opõem à mina. Na fase do desenvolvimento do projeto, houve relatos de contratos ilegais de compra e venda de terras para despejar famílias rurais, ameaças aos habitantes da área por empresas de segurança privada e violência contra camponeses que reivindicam terras de reforma agrária adquiridas pela empresa de mineração e que são objeto de processos judiciais. As ameaças de violência contra defensores do meio ambiente e dos direitos humanos também aumentaram em intensidade e gravidade. Alguns deles tiveram que deixar o território para tentar proteger suas vidas e os que permanecem no território estão sujeitos a riscos e ameaças constantes.   Em defesa da Volta Grande e de seus habitantes na ONU Uma das ações mais significativas da Aliança pela Volta Grande do Xingu está relacionada com a Revisão Periódica Universal (RPU), um processo especial de revisão periódica do histórico de direitos humanos dos 193 estados membros da ONU.  Em agosto de 2023, no âmbito do quarto ciclo da RPU do Canadá, em Genebra/Suíça, mais de 50 organizações da sociedade civil e comunidades afetadas por atividades empresariais canadenses apresentaram um relatório apontando violações de direitos humanos causadas por 37 projetos em nove países da América Latina e do Caribe, incluindo o projeto Volta Grande da Belo Sun. O documento contém recomendações para que os Estados cumpram com uma vigilância ambiental efetiva que exija a devida atenção aos direitos humanos por parte das empresas que se instalam em seus territórios. Um dos defensores da região fez parte da delegação em Genebra. Além de denunciar os abusos sofridos, ele relatou os riscos dos impactos socioambientais do projeto Belo Sun. Mais de 20 países, além de 13 missões permanentes e agências da ONU, tomaram conhecimento da situação na região. O resultado do quarto ciclo da RPU do Canadá, divulgado no mês passado, inclui 34 recomendações diretamente relacionadas com o relatório elaborado pela Aliança. O Canadá ainda não adotou essas recomendações, mas pode fazê-lo até a próxima sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que termina em 5 de abril. Complementando a incidência na RPU, a aliança enviou relatórios sobre os impactos do projeto Belo Sun aos Relatores Especiais da ONU. Um deles, enviado à Relatoria sobre Defensores de Direitos Humanos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aponta a situação de risco e criminalização dos defensores de direitos humanos. Da mesma forma, a Aliança apresentou um relatório ao Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU evidenciando as violações de direitos humanos cometidas pelo Brasil nos casos de Belo Monte e Belo Sun, bem como a falta de medidas eficazes para cobrar a devida atenção aos direitos humanos das empresas responsáveis por esses projetos. O trabalho em rede nesses espaços internacionais tem sido uma das estratégias de resistência e denúncia da Aliança para expor um padrão de impactos ambientais e violações de direitos humanos dos projetos econômicos extrativistas nos territórios amazônicos. A mineração em larga escala planejada por Belo Sun é incompatível com a conservação da Amazônia e a proteção de seus povos.   Os Estados são obrigados a cumprir com a prevenção de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente e às populações. Com o caso Belo Sun ainda em fase de análise, o Brasil tem a oportunidade de evitar repetir a tragédia ambiental de Belo Monte e de declarar definitivamente que o projeto de mineração é inviável do ponto de vista socioambiental.  O caminho para exigir e alcançar esse objetivo é repleto de desafios e lutas. Mas a coragem e a resistência são condições inerentes àqueles que vivem e defendem a Amazônia. A defesa da Volta Grande do Xingu como um território livre, vivo, saudável e seguro para seus povos e seus defensores é um apelo urgente para a mobilização social em prol da proteção socioambiental de um ecossistema fundamental para o mundo.  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Minería

La defensa de la Volta Grande del río Xingú en la Amazonía brasileña

"Ciertas vidas solo existen en la Volta Grande do Xingú, la mía es una de ellas. Y también la de los pueblos indígenas y ribereños. ¿Pueden estas vidas ser destruidas?". La pregunta de Sara Rodrigues Lima —ribereña, pescadora e investigadora local— pone de relieve la paradoja de cómo una de las regiones con mayor biodiversidad e importancia ambiental, climática y cultural del mundo es también una de las más afectadas por impactos socioambientales. La Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú, ubicada en el corazón de la Amazonía brasileña, alberga un ecosistema único y es una región clave para la conservación de la biodiversidad mundial. Por siglos, ha sido el espacio vital de pueblos indígenas y ribereños que tienen una relación de copropiedad con el río y con la selva amazónica, fuentes de alimento, agua, identidad, cultura y movilidad, entre otras cosas. Esta conexión se ha traducido en sistemas de vida que se basan en el cuidado y en la defensa del territorio y de su propia existencia, hoy gravemente afectada. Desde 2015, esta región es objeto de grandes proyectos extractivos que amenazan los medios de subsistencia y la supervivencia física y cultural de los pueblos y comunidades tradicionales. Esto ha implicado además violencia contra las personas que defienden este territorio amazónico. Para enfrentar la situación, los pueblos afectados y la sociedad civil se han articulado en una red que ha sumado y fortalecido esfuerzos. La Alianza por la Volta Grande del Xingú, formada por movimientos sociales y organizaciones —entre ellas AIDA—, apoya y coordina acciones en defensa de la región como territorio vivo y saludable. La coalición ha llevado el caso ante Naciones Unidas.   Los impactos acumulativos de dos megaproyectos Uno de estos proyectos es la represa Belo Monte, cuya construcción ha causado impactos ambientales irreparables y violaciones de derechos humanos a diferentes generaciones. La sequía impuesta por el desvío del río para generar energía eléctrica, así como la ineficacia de las medidas de mitigación implementadas, han provocado un colapso ambiental y humanitario en la Volta Grande. Actualmente, miles de familias tradicionales sufren con la muerte de peces, la extinción de la pesca, la falta de seguridad alimentaria, el empobrecimiento, enfermedades físicas y mentales. Otra gran amenaza para la región y sus históricos habitantes es la que viene del proyecto Volta Grande, con el que la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. La coexistencia de los dos proyectos conlleva el riesgo de superposición de áreas de impacto directo. En este escenario, los daños potenciales al ambiente y a los pueblos indígenas y ribereños serán irreversibles. La construcción del proyecto de Belo Sun está prevista a menos de 10 kilómetros de la represa Belo Monte, a orillas del río Xingú; en medio de tierras indígenas, unidades de conservación y comunidades tradicionales. La magnitud de los impactos sinérgicos y acumulativos de la mina y la central hidroeléctrica no fue evaluada. También se ignoraron los análisis técnicos que indican los impactos graves por el uso de cianuro, la contaminación del río y los riesgos de rompimiento de la presa de relaves que, de ocurrir, inundaría 41 km a lo largo del río, alcanzando a las tierras indígenas cercanas. Además, el Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto minero. Por vivir fuera de las tierras indígenas demarcadas o estar a más de 10 kilómetros del proyecto, algunos pueblos indígenas no fueron considerados como afectados ni consultados acerca de la ejecución del proyecto. La falta de consulta y participación pública de los pueblos indígenas y ribereños llevó a que tribunales brasileños ordenen la suspensión de la licencia que autorizaba a la empresa minera a instalarse.   Violencia y amenazas contra personas defensoras La llegada de Belo Sun al territorio es una grave intervención al entorno sociocultural de la Volta Grande del Xingú. La superposición del proyecto minero en un polígono territorial habitado por pueblos tradicionales, grupos rurales beneficiarios de la reforma agraria y mineros artesanales ha generado la división de la comunidad y la violencia contra quienes se oponen a la mina. En el contexto del desarrollo del proyecto, se ha denunciado la existencia de contratos ilegales de compraventa de tierras para desalojar a las familias rurales, de amenazas a las y los habitantes de la zona por parte de empresas de seguridad privada y de violencia contra personas campesinas que reclaman tierras de la reforma agraria adquiridas por la empresa minera y que son objeto de procesos judiciales. Asimismo, las amenazas de violencia contra las personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos han aumentado en intensidad y en gravedad. Algunas de ellas han tenido que abandonar el territorio para tratar de resguardar sus vidas y quienes permanecen en él están sometidos a riesgos y amenazas constantes.   En defensa de la Volta Grande y de sus habitantes ante la ONU Una de las acciones más significativas de la Alianza por la Volta Grande del Xingú tiene que ver con el trabajo de incidencia en el Examen Periódico Universal (EPU), un proceso especial de revisión periódica del historial de derechos humanos de los 193 Estados miembro de la ONU.   En agosto de 2023, en el marco del cuarto ciclo del EPU de Canadá, en Ginebra, más de 50 organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas por actividades empresariales canadienses presentaron un informe que demuestra las violaciones de derechos humanos debido a 37 proyectos en nueve países de América Latina y el Caribe, incluyendo el proyecto Volta Grande de Belo Sun. El documento contiene recomendaciones orientadas a que los Estados cumplan con una vigilancia ambiental efectiva que exija la debida diligencia en relación con los derechos humanos por parte de las empresas que se instalen en sus territorios. Uno de los defensores de la Volta Grande fue parte de la delegación que estuvo en Ginebra. Además de denunciar los abusos sufridos, informó de los riesgos por los impactos socioambientales del proyecto de Belo Sun. Más de 20 países, así como 13 misiones permanentes y agencias de la ONU, tomaron nota de la situación en la región. Los resultados del cuarto ciclo del EPU de Canadá, publicados el mes pasado, incluyen 34 recomendaciones relacionadas directamente con el informe de la alianza. Canadá aún no ha adoptado estas recomendaciones, pero puede hacerlo en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que termina el 5 de abril. Como seguimiento a la incidencia en el EPU, la alianza presentó informes acerca de los impactos del proyecto de Belo Sun ante Relatores Especiales de la ONU. En uno de ellos, enviado a la Relatoría de las Defensoras y Defensores de Derechos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está centrado en la situación de riesgo y criminalización de las personas defensoras. Del mismo modo, la alianza presentó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU un informe que resalta las violaciones de derechos humanos cometidas por Brasil en los casos de Belo Monte y Belo Sun, así como la falta de adopción de medidas efectivas para exigir a las empresas a cargo de esos proyectos la debida diligencia en materia de derechos humanos. El trabajo en red en estos espacios internacionales ha sido una de las estrategias de resistencia y denuncia de la alianza para exponer el patrón de impactos ambientales y violaciones de derechos humanos de los proyectos extractivo-económicos en los territorios amazónicos. La minería a gran escala prevista por Belo Sun es incompatible con la conservación de la Amazonía y con la protección de sus pueblos.   Los Estados están obligados a cumplir con la prevención y precaución de daños graves e irreversibles al ambiente y a las poblaciones. Con el caso de Belo Sun en fase de análisis, Brasil tiene la oportunidad de no repetir la tragedia ambiental de Belo Monte y declarar de manera definitiva que el proyecto minero es inviable desde el punto de vista socioambiental.  El camino para exigir y conseguir esto está plagado de retos y luchas. Pero el coraje y la resistencia son condiciones inherentes de quienes habitan y defienden la Amazonía. La defensa de la Volta Grande del Xingú como territorio libre, vivo, saludable y seguro para sus pueblos y sus defensores/as es un llamado urgente a la movilización social en favor de la protección socioambiental de un ecosistema clave para el mundo.  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

El rol del Grupo BID en la transición energética justa en América Latina y el Caribe

En este seminario web lanzaremos y reflexionaremos en torno al informe Los compromisos climáticos del Grupo BID: Aspectos clave para fortalecer su rol en la transición energética justa en América Latina y el Caribe. Con esta publicación, AIDA busca contribuir al cumplimiento de dichas obligaciones y con ello a un financiamiento que promueva la democratización y descentralización de la producción y el acceso a una energía basada en fuentes limpias, accesibles, confiables y asequibles.En el informe se hace un análisis de la cartera de inversiones del Grupo BID en el sector energía desde la adopción del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID y de la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest —instrumentos que contienen la lista de exclusión a efectos ambientales y sociales— hasta noviembre de 2023. Adicionalmente, se analiza el proceso reciente del Enfoque de Implementación para la Alineación con el Acuerdo de París (PAIA por sus siglas en inglés). PanelistasJavier Dávalos,  coordinador del Programa de Clima, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Presentación del informe.Carolina Juaneda, Coordinadora del Programa de América Latina, Bank Information Center; y Mara Bocaletti, Directora Regional, Plataforma Internacional contra la Impunidad: Comentarios y reflexiones.​Moderó: Camila Bartelega, economista, Programa de Clima, AIDA. Grabación Presentaciones1. Javier Dávalos, AIDA: Más informaciónConsulta y descarga el informe aquí. 

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Paisaje de la Amazonía
Cambio Climático, Derechos Humanos, Transparencia y Rendición de Cuentas

Los compromisos climáticos del Grupo BID

El Grupo BID es la principal institución financiera regional y la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, tiene la oportunidad y la responsabilidad de ser un actor esencial en hacer frente a los retos de la crisis climática y en promover la sostenibilidad ambiental y el respeto a los derechos humanos en todo el continente. Así, el Banco debe frenar definitivamente el financiamiento de actividades incompatibles con sus compromisos climáticos, ambientales y con aquellos adquiridos en esos ámbitos por los Estados que lo conforman.Este informe busca contribuir al cumplimiento de esas obligaciones, destacando los avances logrados en los últimos años por el Grupo BID con la adopción y aplicación de nuevas políticas, así como presentando recomendaciones de mejora para la implementación de dichos instrumentos. Con esto buscamos aportar a un financiamiento que promueva la democratización y descentralización de la producción y el acceso a una energía basada en fuentes limpias, accesibles, confiables y asequibles.En el informe se hace un análisis de la cartera de inversiones del Grupo BID en el sector energía desde la adopción del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID y de la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest —instrumentos que contienen la lista de exclusión a efectos ambientales y sociales— hasta noviembre de 2023. Adicionalmente, se analiza el proceso reciente del Enfoque de Implementación para la Alineación con el Acuerdo de París (PAIA por sus siglas en inglés).Las conclusiones más relevantes que surgen de ambos análisis son los siguientes:Aún existen operaciones financiadas por el Grupo BID relacionadas con combustibles fósiles y grandes proyectos hidroeléctricos.Existen proyectos de cooperación técnica relacionados con minería que pueden afectar los compromisos del BID.Es urgente la construcción de políticas de remediación, compensación y salida responsable en proyectos financiados por el Grupo BID.   Lee y descarga el informe 

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Lagunas de Siecha, Parque Nacional Natural Chingaza, Colombia.
Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

Incendios forestales: ¿Cómo contribuir a prevenirlos?

El gran incendio ocurrido hace poco en la región de Valparaíso, Chile, fue calificado como la mayor catástrofe del país desde el terremoto de 2010. Pero este año —así como en los anteriores— los incendios forestales y sus consecuencias letales no han sido un fenómeno aislado en América Latina. En Colombia, fue necesaria una declaratoria gubernamental de desastre nacional y la sociedad civil hizo un llamado urgente a proteger integralmente los bosques y páramos colombianos tras los incendios. El fuego también llegó a parte de la región patagónica de Argentina. El 90% de los incendios forestales son provocados por los seres humanos, especialmente por actividades como la tala y la quema para la expansión de la agroindustria. La crisis climática contribuye a que sean más intensos y frecuentes, profundizando los riesgos para bosques, especies y comunidades. Además, los incendios forestales impactan en la calidad del aire y, en consecuencia, en la salud de las personas. Si esta situación es el resultado de nuestras acciones, evitarla también está en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer para prevenir los incendios? A continuación, detallamos algunas acciones que diferentes actores de la sociedad pueden realizar para contribuir a esta importante tarea.   ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Diseñar e implementar leyes para garantizar la seguridad de los bosques y asegurar el cumplimiento de las que ya existen. Desarrollar campañas de educación para sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de los bosques y de cómo cuidarlos. Fortalecer la infraestructura de prevención y respuesta a incendios, incluyendo aviones de aspersión, barreras de contención y tecnologías para monitorear constantemente el estado de los bosques.   ¿Qué pueden hacer las empresas? Disminuir las emisiones de gases que calientan la atmósfera y aumentan el riesgo de incendios forestales, transitando al uso de fuentes de energía limpias. En caso de generar residuos inflamables, implementar políticas para desecharlos responsablemente. Capacitar a sus equipos de trabajo para responder ante este tipo de desastres. Promover buenas prácticas que contribuyan al cuidado del ambiente.   ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Organizar grupos de recolección de basura y evitar hacer fogatas y/o realizar actividades de ganadería y agricultura en los bosques. Obtener y difundir información de calidad acerca de la importancia de estos ecosistemas para la vida en el planeta. Seguir las indicaciones de seguridad, por ejemplo, usando tapabocas y/o evacuando las zonas contaminadas por el humo. Ser vigilantes y asegurarnos de saber cómo reportar los incendios y de conocer los planes de acción que hay para proteger nuestros bosques cercanos.   Es clave que gobiernos, empresas y ciudadanía actúen en equipo para proteger los bosques y promover una cultura comprometida con el cuidado del ambiente y de la vida.  

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Pilhas de sal no Salar de Uyuni, Bolívia
Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Lítio: O que é, de onde vem e quais as consequências de sua extração?

Um paradoxo da transição energética é a substituição do uso de combustíveis fósseis por recursos minerais cuja extração e refinamento podem impactar negativamente os ecossistemas, as espécies e as comunidades. É o que acontece com o lítio, um mineral que era tradicionalmente utilizado no vidro e na cerâmica por proporcionar maior aderência e dureza. Atualmente, ele é utilizado principalmente na fabricação das baterias usadas pelas tecnologias que evitam ou reduzem o uso de combustíveis fósseis. E isso tem aumentado a sua procura, mascarando ou minimizando os graves impactos sociais e ambientais que a sua extração implica.   O QUE FAZ O LÍTIO ESPECIAL? O lítio é um mineral muito procurado por suas propriedades únicas: É um metal leve com grande capacidade eletroquímica. Possui grande capacidade de armazenamento de energia. É maleável, podendo ser adaptado a diferentes tamanhos, formas e designs.   Essas qualidades fazem dele um material fundamental na fabricação de baterias de celulares, computadores e, principalmente, de veículos elétricos. Por servir para armazenar energias renováveis ​​não convencionais, como a eólica e a fotovoltaica, o lítio é considerado fundamental para a transição energética.   ONDE ESTÁ?: O CHAMADO “TRIÂNGULO DE LÍTIO” As principais fontes de lítio são os salares, zonas úmidas cobertas por uma crosta salina e contendo salmouras, que são corpos de água nos quais muitos sais e elementos estão dissolvidos, incluindo o lítio. Os salares são atraentes para a indústria de mineração devido à relativa facilidade técnica de exploração, baixos custos operacionais e pouca demanda de energia para extrair o lítio em comparação com outras fontes. Em todo o mundo, os salares da Argentina, Bolívia e Chile concentram 54% dos recursos de lítio (potencial de exploração). Além disso, Argentina e Chile possuem 46% das reservas (parcela de recursos conhecidos e comprovados, cuja exploração se mostrou economicamente viável) de lítio no mundo. A indústria mineira chamou a região que concentra o mineral de “triângulo do lítio” – porque é a única coisa que lá se vê – e abrange o nordeste da Argentina, o norte do Chile e o sul da Bolívia. No entanto, naquela região há muito mais do que lítio. Existem também comunidades, ecossistemas e espécies que dependem desses salares. Os que vivem na região dedicam-se à pecuária de pequeno porte e à agricultura de subsistência, atividades que necessitam de água - um bem escasso nessas latitudes.   COMO É EXPLORADO O LÍTIO DOS SALARES? O procedimento é o seguinte: O salar é perfurado. A salmoura é despejada em enormes piscinas ou pias. Espera-se que a água evapore para que a concentração de lítio aumente. Quando a concentração é suficiente, a salmoura é enviada para uma planta industrial. A salmoura é submetida a um tratamento químico para obtenção do carbonato de lítio, que é comercializado para a fabricação de baterias.   A extração de lítio, particularmente por esse método, envolve um enorme consumo e perda de água porque: A água é perdida durante o bombeamento da salmoura. A evaporação em piscinas requer dois milhões de litros de água para cada tonelada de lítio produzida. Os processos finais para obter carbonato de lítio e separá-lo do restante do composto também requerem água.   A extração de lítio é uma ameaça aos salares da América do Sul – que são áreas úmidas andinas—, compromete a disponibilidade local de água e coloca em risco a sobrevivência das comunidades e espécies que vivem no entorno desses frágeis ecossistemas. A transição energética é urgente, mas deve ser justa e não feita à custa da extração de outros recursos naturais que colocam em risco as pessoas e o ambiente.   FONTES -Maritza Tapia, "Chaves do lítio: o metal mais leve e com maior potencial eletroquímico", Universidade do Chile. -Heinrich Böll Stiftung Colômbia, "Lítio: os custos sociais e ambientais da transição energética global". -Florencia Ballarino, "O que é lítio, para que serve e de onde é extraído na Argentina?", Conferiu. -Wetlands International, "O impacto da mineração de lítio nas zonas úmidas dos Altos Andes". -Rodolfo Chisleanchi, "‘Triângulo de Lítio’: a ameaça às salinas da Bolívia, Chile e Argentina", Mongabay Latam. -NÓS. Pesquisa Geológica, Resumos de Commodities Minerais, janeiro de 2023, "Lítio".  

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Montones de sal en el salar de Uyuni, Bolivia
Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Litio: ¿Qué es, de dónde se obtiene y qué implica su extracción?

Una paradoja de la transición energética es sustituir el uso de combustibles fósiles por recursos minerales cuya extracción y refinamiento pueden impactar negativamente en ecosistemas, especies y comunidades. Eso está pasando con el litio, un mineral que tradicionalmente se usaba en vidrios y cerámicas porque otorgaba mayor adhesión y dureza, pero que hoy es utilizado principalmente para elaborar las baterías que requieren las tecnologías para evitar o reducir el uso de combustibles fósiles. Ello ha incrementado su demanda, invisibilizando o minimizando los graves impactos sociales y ambientales que su extracción implica.   ¿Qué hace especial al litio? El litio es un mineral altamente demandado por sus propiedades únicas: Es el metal más liviano y con mayor potencial electroquímico. Tiene gran capacidad de almacenaje de energía. Es maleable por lo que puede ser adaptado a diferentes tamaños, formas y diseños.   Estas cualidades lo hacen un material clave en la fabricación de baterías de celulares, computadoras y principalmente de vehículos eléctricos. Al servir para el almacenamiento de energías renovables no convencionales, como la eólica y la fotovoltaica, el litio es considerado clave para la transición energética.   ¿Dónde está?: El llamado “triángulo del litio” Las principales fuentes de litio son los salares, humedales cubiertos de una costra salina y que en su interior guardan salmueras, que son cuerpos de agua en los que están disueltas muchas sales y elementos, entre ellos litio. Los salares son atractivos para la industria minera por la relativa facilidad técnica para su explotación, los bajos costos operativos y la baja demanda de energía para extraer litio de ellos en comparación con otras fuentes. A nivel mundial, los salares de Argentina, Bolivia y Chile concentran el 54% de los recursos (material potencialmente explotable) de litio. Además, Argentina y Chile poseen el 46% de las reservas (porción de los recursos conocidos con un alto valor de certidumbre y cuya explotación se ha probado como económicamente viable) de litio en el mundo. La industria minera ha llamado a la región que concentra el mineral “el triángulo del litio” —pues es lo único que ven allí—, que abarca el noreste argentino, el norte chileno y el sur boliviano. Pero en esa región hay mucho más que litio. También hay comunidades, ecosistemas y especies que dependen de estos salares. Quienes habitan la zona se dedican a la ganadería a pequeña escala y a la agricultura de subsistencia, actividades que requieren agua, un bien ya escaso en esas latitudes.   ¿Cómo se explota litio de los salares? El procedimiento es el siguiente: Se perfora el salar. La salmuera se vuelca en enormes piscinas o piletas. Se espera a que el agua se evapore para que la concentración de litio aumente. Cuando la concentración es suficiente, la salmuera es enviada a una planta industrial. La salmuera es sometida a un tratamiento químico para obtener carbonato de litio, que es lo que se comercializa para la fabricación de baterías.   La extracción de litio, particularmente por este método, implica un enorme consumo y pérdida de agua debido a que: Se pierde agua durante el bombeo de la salmuera. La evaporación en piletas requiere dos millones de litros de agua por cada tonelada de litio producida. Los procesos finales para obtener carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto también requieren agua.   La extracción de litio es una amenaza para los salares en Sudamérica —que son humedales andinos—, compromete la disponibilidad local de agua y pone en riesgo la supervivencia de las comunidades y especies que habitan en torno a esos frágiles ecosistemas. La transición energética es urgente, pero debe ser justa y no hacerse a costa de la extracción de otros recursos naturales que ponen en riesgo a las personas y al ambiente.   Fuentes -Maritza Tapia, “Claves del litio: el metal más liviano y con mayor potencial electroquímico”, Universidad de Chile. -Heinrich Böll Stiftung Colombia, “Litio: los costos sociales y ambientales de la transición energética global”. -Florencia Ballarino, “¿Qué es el litio, para qué sirve y de dónde se extrae en la Argentina?”, Chequeado. -Wetlands International, “El impacto de la minería de litio en los Humedales Altoandinos”. -Rodolfo Chisleanchi, “‘Triángulo de litio’: la amenaza a los salares de Bolivia, Chile y Argentina”, Mongabay Latam. -U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2023, “Lithium”.  

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Plenaria de cierre de la la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) en Dubai.
Cambio Climático, Derechos Humanos

Después de la COP28 en Dubái: El complejo camino hacia Bakú y Belém

Por Javier Dávalos, Claudia Velarde y Marcella Ribeiro*   La vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, fue la más grande de toda la historia en cuanto a número de participantes. Las y los representantes de los Estados parte del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París llevaron adelante intensas discusiones bajo la mirada de actores de diversos sectores. Los resultados finales carecen de la claridad y ambición necesarias para definir la próxima ronda de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Sin embargo, el hecho de que por primera vez en casi 30 años se haya mencionado a todos los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) en la decisión principal del encuentro representa un antes y un después en las negociaciones climáticas. Este hecho marca también el camino hacia las próximas conferencias: la COP29 en Bakú (Azerbaiyán) y la COP30 en Belém do Pará (Brasil). Hacemos a continuación un balance de la COP28 y analizamos sus implicaciones para el futuro de la acción climática en América Latina y el Caribe.   Los avances de la COP28 Por primera vez se mencionó en el documento final la necesidad de una transición que abandone los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica. El texto del Balance Global del estado de implementación del Acuerdo de París también estableció con claridad las metas de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Se ratificó la meta de Glasgow respecto de la reducción de las emisiones de metano para el 2030, así como la salida de los subsidios ineficientes a los fósiles. Se definieron algunos de los elementos clave del programa de trabajo para la transición justa, tales como su alcance, objetivos, resultados y arreglos institucionales.   Lo que faltó en la COP28 En cuanto a la transición energética, hizo falta mayor determinación para cerrar la vía a las falsas soluciones climáticas. Por un lado, se hizo un llamado a acelerar la energía nuclear y las tecnologías de reducción y eliminación (captura, utilización y almacenamiento de carbono) y, por otro, se estableció que los “combustibles de transición” pueden facilitar ese proceso y garantizar al mismo tiempo la seguridad energética, dando una implícita vía libre al gas fósil. En materia de adaptación, no hubo avances reales para un marco de acción climática basada en la protección del océano, humedales y bosques; ni un refuerzo a las sinergias operativas entre los procesos políticos clave que rigen los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos a nivel mundial. Si bien se dio el primer paso para hacer operativo el Fondo para Pérdidas y Daños, la decisión no incluyó una referencia a los derechos humanos en sus objetivos y misión. Además, limitó la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en la Junta del Fondo bajo la categoría de observadores invitados. Tampoco se mencionó el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo que significa que el fondo sería nutrido únicamente por donaciones. Además, se designó al Banco Mundial como administrador del fondo, poniendo en riesgo que las comunidades más afectadas por los impactos de la crisis climática accedan de modo ágil, directo y sin endeudamiento a los recursos de la reparación. En cuanto a la transición justa, no se reconoció que la transición energética presiona de forma diferente a los territorios de donde se obtienen materias primas o minerales críticos como el litio, el cobre y el cobalto, entre otros. Esto afecta de forma especial a América Latina. Por ello, hubo un gran desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo acerca de mantener la transición en el ámbito nacional o internacional. Se evitó entonces plantear la transición como un proceso de transformación integral y plural que implique crear condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para el disfrute del derecho a la energía. Los países no llegaron a un acuerdo respecto de los elementos sustanciales de la nueva meta cuantificada de financiamiento. Los avances se limitaron a definiciones acerca del proceso y los procedimientos para definirla. En 2024, habrá al menos tres diálogos técnicos para discutir los elementos de la meta tales como montos, plazos, metas de financiamiento por área y cómo se medirá el progreso.    Lo que sigue: Rumbo a la COP29 y la COP30 Las siguientes conferencias del clima deberán sortear contextos complejos, marcados por la larga crisis del multilateralismo, la injusta distribución de las cargas para la transición energética —en particular en cuanto a la explotación de minerales críticos— y la creciente cooptación de las negociaciones por intereses corporativos de las empresas relacionadas con los fósiles. En este marco, el desempeño de los países de América Latina en la COP28 es un indicio de cómo se irán construyendo sus posturas para la COP29 y la COP30: Brasil buscó posicionarse como un “climate champion”, pero no pudo ocultar su agenda fuerte de extracción de fósiles. Este país, que será la sede de la COP30, trató de explicar sin éxito el anuncio de su adhesión a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo ampliada (OPEP+). Además, días después de la COP28, licitó 613 bloques petroleros en la Amazonía con miras a ser el cuarto productor de petróleo del mundo para 2030. Pese a ello, Brasil creó un nuevo programa de trabajo acerca de la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, que llevará como bandera a la COP30, junto con la protección de la naturaleza y la lucha contra la deforestación. Colombia, por su parte, fue el líder más vocal respecto de la necesidad urgente de la transición, anunciando su adhesión al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y manteniendo intervenciones claras acerca de la salida de los fósiles en sus paneles e intervenciones públicas, lo cual lo posiciona como un líder regional para las próximas conferencias.  Ecuador desperdició la oportunidad de obtener financiamiento y apoyo de la comunidad internacional para implementar la decisión del pueblo ecuatoriano de cerrar el campo petrolero ITT en el Parque Yasuní. Esta omisión podría ser subsanada en la COP29 pues, más allá del delicado contexto interno, el país sudamericano tiene poco menos de un año para cumplir la obligación legal de implementar esta decisión y la comunidad internacional puede y debe ser una aliada para ello.  En otro ámbito, y en el marco del proceso de la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática, AIDA —junto con otras organizaciones—, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos referirse a la decisión adoptada en la COP28 acerca del Fondo para Pérdidas y Daños, pues no cumple ni satisface las obligaciones de los Estados bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Se espera que la Corte reconozca el derecho a la reparación climática y aclare que el establecimiento, implementación y funcionamiento de este fondo no excluye la posibilidad de realizar demandas de reparación por pérdidas y daños ni bloquea a otros procesos, medidas o mecanismos judiciales o administrativos para el acceso a la justicia y a la reparación integral de las personas afectadas por los impactos climáticos.   *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Marcella Ribeiro es abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.  

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