Contaminación Tóxica

February 24 2025 Cambio Climático, Contaminación Tóxica, Océanos

Conoce más sobre las negociaciones para reducir la contaminación del transporte marítimo

Descarbonizar las actividades productivas y económicas es fundamental y urgente para enfrentar la triple crisis —climática, de contaminación y de pérdida de biodiversidad— que enfrenta el mundo. En el transporte marítimo —que mueve cada año 10.000 millones de toneladas de carga y genera el 2.9 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), entre ellos dióxido de carbono (CO2)—, la necesidad mundial de reducir y, en el largo plazo, eliminar estas emisiones es abordada por la Organización Marítima Internacional (OMI), agencia especializada de la ONU a cargo de generar normas para un transporte marítimo seguro, eficiente y libre de contaminación.Avanzar hacia la descarbonización es fundamental pues de no haber cambios sustanciales, las emisiones del transporte marítimo podrían crecer hasta un 50% en 2050.La OMI tiene una Estrategia Revisada de Reducción de Emisiones, acordada en 2023 por los 175 países que integran el organismo. Con ella se espera reducir las emisiones del sector hasta en 30% a 2030, en 80% a 2040 y alcanzar el cero neto alrededor del año 2050. La implementación de la estrategia es actualmente objeto de negociaciones internacionales.AIDA participa en estas negociaciones como parte de la Clean Shipping Coalition, una coalición internacional de organizaciones. Además, coordina esfuerzos con Ocean Conservancy y Fundación Cethus para generar incidencia con países latinoamericanos y colaborar con información técnica actualizada sobre el avance de las negociaciones y sus implicaciones para la región.La descarbonización del transporte marítimo mundial y sus impactos económicos es una discusión muy importante para América Latina y el Caribe. Es necesario que todos los países y sectores de la economía se alineen con metas claras y que se evalúe de forma igualitaria y justa todos los impactos que se generen, así como las formas en que los países pueden mitigarlos.Aquí te contamos más de este importante proceso. ¿Qué medidas están en discusión para reducir la contaminación del transporte marítimo?Lo que se está negociando a nivel internacional es la elección del paquete de medidas necesarias para lograr las metas acordadas en 2023 para la reducción de emisiones de GEI en el transporte marítimo. Este paquete incluye medidas técnicas y económicas. Su estructura final será decidida en abril de este año en Londres, sede de la OMI, marcando un hito mundial en la lucha mundial contra la crisis climática.Las medidas técnicas incluyen un estándar global de combustibles, la captura de carbono en los barcos, mediciones de eficiencia energética de los combustibles utilizados y la reducción de velocidad de los barcos, entre otras. Todas ellas buscan que la operación del transporte marítimo sea lo más eficiente posible respecto de los combustibles usados, además de desincentivar gradualmente el uso de los combustibles más contaminantes. Esto implica utilizar la menor cantidad de energía, emitir la menor cantidad de CO2 y mantener en funcionamiento al sector.Como complemento a las medidas técnicas, se plantean medidas económicas orientadas a poner precio a las emisiones de CO2 del transporte marítimo. Se espera así que el incremento en la eficiencia de los barcos tenga no solo un componente tecnológico, sino también un estímulo de mercado. Esta combinación es fundamental para lograr las metas de reducción de emisiones pues permitirá que los sectores público y privado:Cuenten con los recursos económicos para las inversiones en nuevas tecnologías, en nuevos combustibles y otras que la transición energética del sector requiere.Tengan un estímulo económico para cerrar la actual brecha de costos entre los combustibles fósiles y las tecnologías limpias cercanas a las cero emisiones. Para definir la asignación de un precio a las emisiones de CO2, hay dos grandes propuestas:La primera tiene una estructura flexible frente a las emisiones. En su versión más básica, considera las diferencias en las emisiones para la implementación de la medida. Para ello se contempla un "límite permitido” de emisiones de CO2, clasificando a los barcos en aquellos que están debajo de este y aquellos que están por encima. Los primeros podrían recibir una recompensa económica y los segundos pagarían una tarifa por el CO2 emitido en el marco de un sistema de cupos de emisiones. En esta medida, aunque existe un mecanismo para regular las emisiones debajo del límite establecido, la tolerancia a estas limita la posibilidad de una reducción acelerada, lo que podría demorar la transición energética que la crisis climática requiere.La segunda tiene una estructura universal, lo que se traduce en poner un precio fijo a todas las emisiones de CO2 generadas por la operación de la flota marítima. Con ello se busca crear un estímulo de mercado que aumente la demanda de nuevas tecnologías de bajas emisiones (nuevos barcos y combustibles), promoviendo que los operadores marítimos las adquieran para evitar el pago de una tarifa. Con esta medida se espera tener un seguimiento más preciso de las emisiones totales de los barcos, motivar una transición energética más rápida y pronunciada, así como recolectar y luego redistribuir entre operadores marítimos y países una cantidad considerable de recursos económicos para mitigar los costos e impactos negativos desproporcionados que el proceso de descarbonización genere. ¿Qué implica la descarbonización del transporte marítimo para América Latina y el Caribe?Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a los desastres asociados al cambio climático por lo que las acciones orientadas a lograr metas de descarbonización en distintos sectores de la economía regional son fundamentales para hacerle frente a la crisis climática.Por otro lado, las acciones destinadas específicamente a la descarbonización del transporte marítimo tendrán impactos diferenciados a corto, mediano y largo plazo en cada uno de los países del continente. Por ejemplo, la elección de una u otra propuesta para el pago de una tarifa por las emisiones de CO2 del sector —la modalidad flexible o el precio fijo— tendrán impactos distintos en cada país. Lo que es común en todos los escenarios es que la región será fuertemente afectada por el proceso de descarbonización del transporte marítimo.En este sentido, es importante que los países identifiquen cuáles son los escenarios que les permiten un mayor rango de acción frente a estos impactos para compensarlos y para que la transición sea equitativa y justa, sin dejar a ningún país atrás.En términos económicos, la implementación de un precio universal para las emisiones de CO2 posibilitaría que los Estados reciban una parte de los recursos económicos obtenidos para compensar y mitigar los impactos de la descarbonización. Las cantidades y formas de este traspaso de recursos serán consensuadas en la OMI. Se espera que la combinación de medidas más ambiciosas (técnicas y económicas) recolecte hasta 120.000 millones de dólares anuales en los próximos años. La propuesta flexible para el pago por emisiones no incluye mecanismos de redistribución de recursos pues estos irían directamente a los operadores del transporte marítimo y a los productores de combustibles. Así, los países tendrían que mitigar los impactos de la descarbonización con recursos propios.Desde una perspectiva ambiental, sin el estímulo previsto por un precio universal, existe el riesgo de que el esquema flexible promueva indirectamente la continuidad del uso de combustibles que generan emisiones de CO2, sobre todo en regiones con recursos económicos limitados para invertir en la tecnología de punta menos contaminante. Esto causaría una demora en el logro de las metas de reducción de emisiones de la flota marítima mundial, alejando a los países del cumplimiento de sus compromisos climáticos en la OMI.En general, los costos de la reducción de emisiones de CO2 del transporte marítimo y de otros sectores, causantes de la crisis climática actual, son una realidad para todos los países, aunque con impactos diferenciados por región. La participación activa de América Latina y el Caribe en las discusiones internacionales al respecto, a lo largo de 2025, es fundamental para garantizar que la transición energética y la reducción de la contaminación del transporte marítimo sea justa y equitativa. Es importante que los países del continente tomen una posición que les permita proteger económica y ambientalmente sus intereses frente a los impactos de este proceso.Si la estrategia de descarbonización de la OMI no cumple sus ambiciones, tendremos un transporte marítimo que agrave la crisis climática y sus efectos. El éxito de esta estrategia será un logro de consenso mundial con consideraciones ambientales. Paro ello, la equidad y la justicia de la transición debe ser uno de los elementos principales. El reconocimiento de los impactos diferenciados de las medidas de descarbonización marítima y su compensación, sobre todo en los países más afectados, asegurará un triunfo que descanse sobre criterios de justicia y equidad ambiental.

Ballenas jorobadas en el océano Pacífico

February 18 2025 Contaminación Tóxica, Océanos

Cetáceos y salmonicultura: Desafíos para la protección de la biodiversidad marina en la Patagonia chilena

La industria salmonera en Chile ha experimentado un rápido desarrollo en las últimas tres décadas, convirtiendo al país en el segundo mayor productor mundial de salmón después de Noruega. Según el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), a finales de 2022, Chile cosechó más de 1 millón de toneladas de salmónidos. Este rápido crecimiento ha generado una serie de impactos en los ecosistemas marinos, revelando importantes deficiencias sanitarias, sociales y ambientales. Entre los impactos ambientales destacan el escape masivo de especies exóticas, un fenómeno que ha afectado la biodiversidad local; la diseminación de parásitos y enfermedades que impactan a las especies nativas; y la anaerobia y anoxia, o falta de oxígeno en el agua, asociada a la industria, que también ha tenido efectos negativos en los ecosistemas marinos. Estos problemas resaltan la necesidad de abordar de manera integral los desafíos sanitarios, sociales y ambientales asociados al crecimiento de la salmonicultura en Chile.Asimismo, las interacciones negativas entre la salmonicultura y los mamíferos marinos son una preocupación creciente. Estos animales se ven afectados por la pérdida y degradación de sus hábitats, por disparos con armas de fuego para disuadir su acercamiento (principalmente de lobos marinos), así como por el enmalle accidental en redes loberas, cabos de fondeo y otras redes. En el caso particular de los cetáceos, existe una creciente preocupación por los niveles de mortalidad accidental en las granjas de cultivo. Además, el alto tráfico de embarcaciones que circula por la Patagonia chilena, la mayoría de las cuales presta servicios a la salmonicultura, representa otro problema para los cetáceos. Conocer las amenazas que enfrentan los cetáceos en dicha región es fundamental para promover estrategias para su conservación, ya sea mediante estudios dirigidos a dilucidar problemáticas específicas o buscando herramientas legales para protegerlos.En este informe —encargado por AIDA a un equipo multidisciplinario de expertas, en alianza con ONG FIMA y Greenpeace— se describe a los cetáceos presentes en la Patagonia chilena y se revisan los potenciales impactos de la salmonicultura en estos animales, haciendo hincapié en los vacíos de conocimiento al respecto. Asimismo, se analiza la legislación nacional e internacional para la protección de los cetáceos con el fin de entregar recomendaciones que contribuyan a su conservación en la Patagonia. Lee y descarga el informe completoLee y descarga el resumen ejecutivo

November 14 2024 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Seminario web "Minería metálica: Amenazas para los ecosistemas de montaña"

Serie de seminarios web "Extractivismos y defensa territorial desde la ciencia" En AIDA consideramos que la divulgación de las ciencias ambientales es una poderosa herramienta de defensa territorial frente al avance de las actividades extractivas en América Latina. Reconocemos la diversidad del conocimiento científico —que se extiende al conocimiento local, tradicional e indígena— y su potencial para contribuir a la comprensión holística de los impactos ambientales y sociales de los proyectos extractivos. También valoramos el vínculo entre el conocimiento científico y la defensa de un ambiente sano que comunidades y organizaciones de la sociedad civil realizan en los territorios. En esta serie de seminarios web dialogaremos —desde la ciencia— acerca de los impactos de la extracción de recursos minero energéticos en algunos de los ecosistemas más vulnerables de la región, así como en los procesos de defensa territorial. La serie tendrá tres ciclos en los abordaremos tres grandes temáticas: la minería metálica, los combustibles fósiles y las nuevas fronteras del extractivismo.Esta primera sesión, parte del ciclo sobre minería metálica, se enfocó en las características de los ecosistemas de montaña (montanos), que componen la zona alta de las cuencas hidrográficas de los Andes tropicales, así como en sus vulnerabilidades ante las amenazas de la minería metálica. También se expusieron y analizaron casos de defensa del agua y el territorio en la zona, enfatizando el rol de la ciencia.Estos ecosistemas —que incluyen páramos, bosques y humedales andinos— son claves para la regulación hídrica y, al estar interrelacionados, cualquier daño ambiental que sufran puede tener impactos amplificados. PanelDavid Cañas, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Breve panorama de la minería en los Andes tropicales.Boris Ochoa-Tocachi, ATUK Consultoría Estratégica: Ecosistemas de montaña y sus interrelaciones.Hernán Morantes Avendaño, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán: El caso del páramo de Santurbán en Colombia.Moderó: Javier Oviedo, AIDA. Grabación

October 24 2024 Arrecifes de coral, Cambio Climático, Contaminación Tóxica

Defender la biodiversidad del océano es defender el bienestar humano

Declaración de organizaciones de la sociedad civil en la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) El océano es una de las principales reservas de biodiversidad del mundo, además de ser fuente de alimento, de energías renovables y nuestro principal aliado para combatir la crisis climática global. Las poblaciones humanas, además de tener en él su medio de vida, mantienen en torno al océano conexiones culturales que definen su pasado, presente y futuro. Sin embargo, esta inmensa fuente de vida continúa sufriendo daños e impactos cada vez más significativos, mientras que los esfuerzos por protegerlo y restaurarlo no aumentan en la misma proporción.La conexión intrínseca entre océano y clima acoge en sí misma el equilibrio del planeta. Por un lado, el océano regula los patrones climáticos y, por otro, sus características se ven seriamente alteradas por la crisis climática. Los principales indicadores de estos cambios son el aumento de la temperatura y del nivel del mar, la acidificación, la desoxigenación, las modificaciones en las corrientes marinas y una mayor intensidad de huracanes y eventos meteorológicos. Esto afecta el comportamiento de la biodiversidad marina, provocando la pérdida de especies particularmente vulnerables y la fragmentación de hábitats. El blanqueamiento de corales asociado a los cambios en el clima, por ejemplo, altera la dinámica de muchas otras especies que dependen de estos, generando consecuencias en el turismo, la pesca, la resiliencia climática y la biodiversidad, al mismo tiempo que impactos socioeconómicos y culturales.La sobrepesca pone en riesgo a las especies comerciales objetivo y a los ecosistemas marinos-costeros en general. Algunas de las prácticas pesqueras de mayor preocupación son la extracción de especies vulnerables o en peligro de extinción; el incumplimiento o inexistencia de vedas, de la demarcación de zonas de pesca, de las tallas y volúmenes permitidos; así como el abandono de aparejos de pesca que abona a la problemática de la basura marina y causa la muerte de muchos animales que quedan atrapados en ellos. La acuicultura intensiva, como la salmonicultura, destruye directamente el ecosistema marino a través de la contaminación por la constante incorporación de nutrientes y el elevado uso de antibióticos, produciendo anoxia y florecimiento de algas nocivas.La contaminación marina desde fuentes terrestres sigue siendo un factor de estrés importante para el medio marino e implica problemas especialmente serios en los países en desarrollo, donde la gestión integral de desechos es sumamente deficiente. Esto ha resultado en la introducción de sustancias y materiales contaminantes al océano (aguas residuales sin tratamiento previo, desechos sólidos —incluyendo plásticos— y escorrentía agrícola), que provocan cambios en las condiciones de calidad de la columna de agua y de los sedimentos, muchas veces fatales para la biodiversidad marina y que también afectan la salud de las personas.Asimismo, las fuentes marítimas de contaminantes requieren atención prioritaria, siendo el océano el principal medio de transporte de mercancías a nivel global. El tráfico marítimo implica el transporte de sustancias perjudiciales para el medio marino —como hidrocarburos, productos químicos tóxicos, aguas residuales, aguas de lastre, basura y otras sustancias peligrosas— que son descargadas al mar en tareas operacionales rutinarias y en incidentes marítimos. Los hidrocarburos plantean una problemática particularmente compleja porque no solo son transportados como carga, sino que también son utilizados para la propulsión de buques, representando así un escenario de riesgo latente con impactos en la calidad del aire por emisiones atmosféricas de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y metano, principalmente en buques que utilizan gas natural licuado (GNL) para su propulsión. Además, no puede descartarse el impacto negativo en la fauna marina de las colisiones con embarcaciones y del ruido submarino proveniente de diversas fuentes, factores que todavía carecen de políticas públicas y regulaciones suficientes y efectivas.Adicionalmente, los derrames de hidrocarburos en el medio marino provocan asfixia e intoxicación de especies marinas, bioacumulación de sustancias perjudiciales e incluso la destrucción funcional de hábitats de importancia. Estos impactos afectan a su vez actividades sociales y económicas relevantes —como la navegación, la pesca, el turismo y las actividades portuarias—, además de poner en riesgo la salud y el derecho a un ambiente sano de las comunidades costeras. Los derrames provenientes de la exploración y explotación de gas y petróleo offshore no son debidamente controlados ni regulados por los gobiernos, siendo actividades autorizadas en cercanía de áreas vulnerables como arrecifes de coral. Estas operaciones enfrentan serias limitaciones para prevenir y dar respuesta oportuna a estos episodios con acciones de mitigación, restauración y compensación por los daños ocasionados, trayendo además impactos ambientales poco evaluados como los relacionados con la exploración sísmica, el desmantelamiento de infraestructuras submarinas y plataformas, y el tráfico marítimo asociado.Finalmente, aunque no existen todavía esfuerzos de explotación, la minería submarina representa riesgos imposibles de evaluar en su magnitud, incluyendo la destrucción de hábitats, que podría ser irreversible, y la extinción de especies. Esto es especialmente preocupante considerando lo poco que se conoce sobre las dinámicas ecológicas y fisicoquímicas en los ecosistemas de aguas profundas y en los fondos marinos. El desarrollo de estas actividades intrusivas —sin contar con la información técnica y científica de base que permita identificar de manera objetiva los impactos potenciales, así como la posibilidad o no de la prevención, mitigación o restauración de daños— supondría la alteración de un ecosistema altamente sensible y complejo.En consideración a lo antes expuesto —en nuestro rol de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por la protección y uso sostenible del océano y por la defensa del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible—, HACEMOS UN LLAMADO URGENTE A LOS ESTADOS PARTE DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA QUE: Incorporen el enfoque ecosistémico —que señala la interdependencia entre la atmósfera, la tierra y el océano— en sus políticas, estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, que señala que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) se ajustan a la definición de contaminación marina de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Utilicen herramientas de evaluación de impactos ambientales e impactos acumulativos para favorecer la transparencia y la participación ciudadana con enfoque de género y con énfasis en los procesos de consulta y de consentimiento de los grupos en situaciones de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y las comunidades locales, de manera que el conocimiento tradicional y cultural que proviene de los territorios sea incluido y valorado para promover la implementación de proyectos y actividades de desarrollo humano de forma responsable y justa, ponderando el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible por encima de los beneficios económicos de corto plazo. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) para estos derechos, y establezcan mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en cualquier procedimiento ambiental. Apliquen el principio precautorio ante la falta de certeza o de información científica y reconozcan al conocimiento técnico, a la ciencia y a la sabiduría local como fundamentos de los procesos de toma de decisión enfocados en la protección del ambiente y de la biodiversidad. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad fuera de jurisdicción nacional (Acuerdo BBNJ), instrumento que permitirá avanzar en la protección de al menos 2/3 partes de nuestro planeta. Esto permitirá: la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos marinos; el uso de mecanismos de gestión basados en áreas, incluyendo la designación de áreas marinas protegidas; el desarrollo de evaluaciones de impacto ambiental previo a la realización de actividades en altamar; así como el fortalecimiento de capacidades y la transferencia de tecnología marina en beneficio del océano. Continúen aplicando moratorias a las actividades de minería submarina bajo el fundamento de la falta de información técnica y científica suficiente para prever, prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos en la diversidad biológica de los ecosistemas desconocidos que están en aguas profundas y en los fondos marinos. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto (Acuerdo MERP) —para prevenir, disuadir y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada—, así como el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, a fin de promover prácticas pesqueras que reconozcan la relevancia de la sostenibilidad del océano. Fortalezcan y armonicen las regulaciones sobre pesca y acuicultura, avanzando también en su correcta fiscalización, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de estas actividades; evitando la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; minimizando los impactos negativos en los ecosistemas marinos y en las especies vulnerables. Implementen las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE) a fin de: reconocer la contribución a la economía pesquera de los hombres y las mujeres que trabajan en todas las actividades de la cadena de valor de la pesca; garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación; contribuir al desarrollo de las comunidades que se dedican a este tipo de pesca; lograr la sostenibilidad de los recursos pesqueros; así como fomentar la cultura y los conocimientos ancestrales y tradicionales en torno a la pesca. Avancen rápida y efectivamente en el proceso de negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos a través de la aplicación del modelo de economía circular y el manejo responsable en todo el ciclo de estos productos. Planifiquen acciones de mitigación y adaptación a corto y mediano plazo para abordar los efectos de la crisis climática en el océano y proteger sus sumideros de carbono mediante estrategias y políticas que contemplen la transición energética justa y equitativa en los sectores dependientes del océano, además de la conservación y restauración de ecosistemas clave como los bosques de manglar, los pastos marinos y los arrecifes de coral con un enfoque holístico y socioecológico. La obligación de los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de presentar Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) actualizadas para 2025 es una oportunidad para incluir, como compromisos climáticos, medidas orientadas a mitigar los impactos en el océano y su restauración. Estas medidas no deben limitarse a la creación de mercados de bonos de emisiones en el océano, sino más bien asegurar la protección integral de los ecosistemas marinos y costeros, considerando sobre todo su rol fundamental en la regulación del clima. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (Convenio de Cartagena); prioricen la generación y aplicación de normativas nacionales sobre estándares y umbrales permitidos de descarga de sustancias contaminantes en el mar, armonizadas con el derecho internacional, además de basadas en programas de seguimiento y monitoreo que respondan a las dinámicas de cada país. Adopten las medidas pertinentes de orden interno para disminuir las presiones antropogénicas que actualmente afectan a los arrecifes de coral, frenando los procesos que están causando su degradación y permitiendo mantener la cobertura coralina en mínimos que garanticen su permanencia y conectividad. Estas medidas incluyen:Regular los estudios de impacto ambiental y planes de manejo de las actividades extractivas y prospectivas de hidrocarburos costa afuera (offshore) y de otras actividades que se llevan a cabo cerca de arrecifes coralinos y de áreas sensibles a blanqueamiento coralino.Evitar autorizar actividades exploratorias y de explotación de hidrocarburos costa afuera en cercanías de arrecifes coralinos.Regular el tránsito de buques cerca de áreas marinas protegidas y zonas marinas especialmente sensibles en cuanto a contaminación por aguas de lastre y a otras tecnologías contaminantes para el medio marino que puedan afectar el estado de los arrecifes coralinos. Esto permitirá también reducir la posibilidad de accidentes y encallamientos. Garanticen los derechos y atiendan las necesidades de las comunidades costeras e insulares, que viven de la pesca —especialmente de la pesca artesanal— y del turismo local y que están siendo afectadas por la crisis climática y por problemas ambientales, buscando su protección frente a la degradación de la diversidad biológica marino-costera. Aumenten sus esfuerzos para crear e implementar programas y actividades de creación de capacidades y transferencia de tecnología marina a fin de reducir las brechas entre países en desarrollo y países desarrollados. Esto permitirá que la protección del océano sea asumida globalmente como un camino hacia la justicia climática y ambiental. Garanticen el financiamiento de las políticas, programas, planes, estudios y regulaciones, asegurando las partidas presupuestales necesarias para salvaguardar y gestionar los ecosistemas marinos-costeros. Para esto deberán apuntar al uso de todos los medios disponibles dentro de los países, así como a fondos internacionales de financiamiento climático, a proyectos de cooperación e instrumentos multilaterales dedicados al abordaje de la crisis climática y a los mecanismos que se han acordado en el marco de la CMNUCC y del Acuerdo de París, entre ellos el Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés), así como los recursos disponibles del sector privado. De igual manera, se deben priorizar mecanismos de financiamiento azul que beneficien a grupos en situación de vulnerabilidad y que tengan un impacto positivo en la salud del océano. La protección efectiva de nuestro océano no es posible sin el compromiso de los Estados parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Por eso, exhortamos a la acción y a la definición de intervenciones nacionales e internacionales urgentes que refuercen la gobernanza del océano.Los riesgos de ignorar la aceleración de los impactos son demasiado grandes. Es momento de priorizar la salud del océano y con ello nuestra propia salud. Organizaciones firmantes:Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)Centro para la Justicia MarinaFondo para el Arrecife Mesoamericano (Fondo SAM)Fundación CethusFundación MarVivaIniciativa para Arrecifes Saludables (HRI)Coral Reef AllianceFundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)Alianza por Altamar (HSA, por sus siglas en inglés)

September 24 2024 Fortalecimiento de Capacidades, Minería, Contaminación Tóxica

Seminario web "¿Qué representa el fallo histórico de la Corte Interamericana para el futuro de La Oroya?"

La sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por la violación de derechos de residentes de la ciudad de La Oroya y ordenó medidas de reparación integral es un hito jurídico internacional y un precedente para la defensa del ambiente sano en América Latina, así como para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados. A seis meses del fallo histórico, en este seminario web dialogaremos acerca de las nuevas oportunidades de vida que se esperan para la población de La Oroya con el cumplimiento efectivo de la sentencia. De estos nuevos rumbos —en ámbitos diversos como la salud, la familia o los proyectos de vida — hablaremos con residentes de La Oroya y con personas expertas en estos temas. Panelistas Ana María Fabian, víctima y beneficiaria de las medidas de reparación. Fernando Serrano, profesor adjunto en la Washington University (St. Louis, Missouri), perito del caso y experto en salud ambiental. Einer Rivera, víctima y beneficiario de las medidas de reparación. Bia Cortez, Coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana. Moderó: Rosa Peña, abogada sénior en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación

September 19 2024 Contaminación Tóxica, Fuentes de Agua Dulce, Minería

Sesión 1 de la Serie de Seminarios Web sobre Experiencias Transformadoras en Gobernanza del Agua a Nivel Mundial

Minería y agua: articulación social, incidencia y responsabilidad empresarial en torno al desastre de la presa de relaves en Brumadinho, Brasil El Pacto Transformador del Agua (TWP, por sus siglas en inglés) consolida principios clave y un marco de acción para orientar la toma de decisiones hacia un cambio en la gestión del agua. Esto se consigue mediante una visión alternativa basada en los principios de justicia ambiental, equidad y cuidado del agua.Esta serie de seminarios web buscó facilitar el diálogo entre las organizaciones coautoras del TWP y sus aliados/as, centrándose en los retos de la gobernanza del agua en los países del sur global. El objetivo fue compartir experiencias valiosas de defensa, litigio, campañas e investigación que han contribuido al avance de la protección del derecho al agua en todo el mundo.En esta primera sesión, exploramos —a través del lente del TWP— diversas estrategias de resistencia y defensa que comunidades locales y sociedad civil han desarrollado para facilitar la conservación de áreas protegidas y garantizar el acceso a justicia y verdad de las víctimas de la tragedia causada por la ruptura de la presa de relaves de una mina de hierro en Brumandinho, Brasil. PanelMurtah Shannon, Inclusive Water Governance Officer en Both ENDS.Maria Teresa Corujo Viana, miembro del Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela.Makota Cassia Kidoialê, fundadora de Kilombo Manzo.Carolina de Moura Campos, coordinadora de proyecto en el Instituto Cordilheira.Moderación: Jorge Lu Palencia, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación

Contaminación en un río de Santa Cruz Chinautla, Guatemala

July 31 2024 Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

CIDH visita Santa Cruz Chinautla, Guatemala, y alerta sobre la situación ambiental y social de la cuenca del río Motagua

En el marco de la vista in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) visitó el pasado 24 de julio el territorio del pueblo maya Poqomam —en el municipio de Santa Cruz Chinautla, al norte de la capital del país— que sufre graves impactos por la contaminación proveniente de grandes cantidades de desechos sólidos y de las aguas residuales domiciliares e industriales, que se generan en el área metropolitana y que llegan a los ríos Chinautla, Tzaljá, Las Vacas y luego al río Motagua. La contaminación afecta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de los más de 18 mil habitantes de Santa Cruz Chinautla. El problema se ve agravado por vertederos ilegales de basura domiciliar y de desechos de construcción (ripio) que ingresan al municipio diariamente en decenas de camiones. Y se intensifica a causa de la extracción de minerales de los ríos por parte de empresas areneras y de la explotación de los cerros para productos de construcción. En la visita, el relator Javier Palummo escuchó a líderes y lideresas de la autoridad ancestral, la alcaldía indígena y las comunidades de Chinautla y Quetzalito, así como a representantes de organizaciones no gubernamentales, exponer acerca de los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura en el territorio. Estas personas también informaron del abandono histórico del Estado de Guatemala, que refleja la discriminación sistemática al pueblo Poqomam, así como la tolerancia y protección para empresas que explotan y degradan el territorio. La información brindada visibilizó además la situación de las comunidades ribereñas que habitan en la cuenca del río Motagua, en especial, aquellas que viven en la desembocadura del caudal hacía la costa atlántica, donde se encuentra el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). En una conferencia de prensa, al cierre de la visita, el relator expresó su preocupación por la situación de derechos humanos de la población guatemalteca y de quienes han sido víctimas de una discriminación estructural por el manejo de los recursos hídricos, la protección de la biodiversidad y el cambio climático. También mencionó los desafíos derivados de la debilidad del marco legal hídrico y en particular de la ausencia de una ley de aguas. Las autoridades ancestrales agradecen a la CIDH y a la REDESCA la visita a su territorio. Ratifican las peticiones realizadas junto con miembros de la sociedad civil para que la CIDH haga recomendaciones dirigidas a que el Estado de Guatemala atienda la situación crítica que vive el pueblo maya Poqomam y detenga la violación de sus derechos a través de acciones en el corto y largo plazo. Dentro de estas acciones, se destaca la necesidad urgente de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, así como de prevenir y cortar los daños ambientales desde la fuente, a través de la regulación, monitoreo, supervisión y fiscalización de las actividades que afectan los derechos de quienes habitan la cuenca del río Motagua. Particularmente, se espera que: Se detenga el avance de las actividades extractivas, estableciendo un alto a la emisión de licencias mineras; Se cierren los vertederos clandestinos, brindando vigilancia para evitar su reapertura. Se fortalezca la normativa relacionada con la disposición de aguas residuales para que se implementen de manera oportuna los sistemas de tratamiento completos por parte de las municipalidades; y Se inicien las acciones que permitan la restauración socioambiental de los ecosistemas afectados en toda la cuenca del Motagua, incluyendo medidas legislativas y administrativas que fortalezcan el ordenamiento jurídico que garantice la protección de las aguas y los territorios. Firman: Autoridades ancestrales del pueblo Poqomam de Santa Cruz Chinautla

Panoramic view of the Metallurgical Complex of La Orota, Peru, in 2024.

June 20 2024 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Minería

La Oroya vs. Perú: Precedente histórico sobre los derechos humanos y el ambiente

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció un precedente importante para la fiscalización de la contaminación industrial por parte de los Estados. Por Rosa Peña y Jacob Kopas*En marzo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —tribunal regional de protección de los derechos humanos— emitió una sentencia histórica condenando al Estado peruano por no controlar efectiva y oportunamente la contaminación industrial tóxica. La sentencia sentó un precedente importante para la defensa del derecho a un ambiente sano y la supervisión estatal de las actividades empresariales en todo el continente.Esta victoria comenzó como una petición que la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice, junto con organizaciones aliadas, presentaron en 2006 en nombre de familias y personas defensoras ambientales de La Oroya, una pequeña ciudad en el corazón de los Andes peruanos. Por más de 100 años, una fundición industrial ha expuesto a La Oroya a niveles extremos de contaminación tóxica, provocando que casi todos los niños y niñas de la ciudad tengan niveles peligrosamente altos de plomo y otros metales pesados en la sangre.La sentencia vinculante de la Corte es una condena enérgica que las familias de La Oroya utilizan hoy para exigir medidas concretas al gobierno peruano. Además de indemnización monetaria, el tribunal ordenó al Estado detener cualquier nueva contaminación tóxica de la fundición, limpiar los metales tóxicos del suelo y el agua, así como brindar atención médica especializada a las víctimas y a residentes de La Oroya. En sí mismo, el fallo es también una forma de reparación para las víctimas al reconocer la legitimidad de su labor como personas defensoras del ambiente.La importancia de la sentencia va mucho más allá de los beneficios inmediatos para las y los habitantes de La Oroya y de Perú. Garantizar la calidad ambiental del agua y el aire es todavía un gran reto en todo el continente. Con el fallo, es la primera vez que la Corte Interamericana establece que la contaminación industrial puede vulnerar los derechos humanos, abriendo una vía a la justicia para las comunidades de las llamadas "zonas de sacrificio", saturadas con contaminación industrial.La histórica sentencia de la Corte Interamericana establece varios precedentes clave de gran relevancia para la jurisprudencia nacional e internacional. Medidas nuevas e innovadoras para las reparaciones colectivas.La Corte fue más allá de casos anteriores al ordenar reparaciones no sólo individuales, sino también colectivas que benefician a todas las personas que viven en La Oroya. Estas incluyen la remediación ambiental del ecosistema circundante (párr. 351), la atención médica integral y especializada para cualquier residente que presente síntomas (párr. 348) y el apoyo para reubicar a las y los habitantes que así lo deseen (párr. 355). Adicionalmente, el tribunal ordenó medidas diferenciadas para víctimas mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores. El fallo ordenó también medidas ambientales y de salud pública que mejorarán la vida de toda la población afectada por la industria minera en Perú, incluyendo la adecuación de las normas de calidad del aire a los estándares internacionales (párr. 346), la garantía de que las empresas mineras se adhieran a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU (párr. 352), así como la creación de un sistema de información que proporcione proactivamente datos actualizados de la calidad del aire y del agua en las zonas mineras (párr. 354). Prueba de causalidad: La exposición a un riesgo significativo de salud basta para demostrar una violación de derechos humanos.Uno de los obstáculos principales para el acceso a justicia de comunidades expuestas a contaminación tóxica es demostrar la causalidad, es decir, probar que la contaminación causó un problema de salud concreto. Esto suele ser difícil porque muchas comunidades carecen de acceso a una atención médica adecuada y a pruebas diagnósticas, porque algunas enfermedades como el cáncer pueden estar latentes y pasar desapercibidas por años, y porque muchos y diferentes factores conducen a una mala salud. Para tomar en cuenta esta realidad, la Corte estableció que es suficiente demostrar que la exposición a la contaminación creó un riesgo significativo para la salud, sin tener que probar que la exposición causó una afección o enfermedad específica (párr. 204). El tribunal dio un paso más allá y también señaló que, bajo el principio de precaución, la falta de certeza científica respecto de estos riesgos no puede ser una excusa para no adoptar medidas de protección de la salud pública (párr. 207). Los derechos a un aire y a un agua limpios como elementos sustantivos del derecho a un ambiente sano.En el fallo, la Corte estableció que el derecho a un ambiente sano incluye los derechos a un aire y un agua libres de contaminación que pudiera constituir un riesgo significativo para la salud. Estos derechos conllevan obligaciones específicas para los Estados, que incluyen:Establecer normas de calidad ambiental que no constituyan un riesgo para la salud y que se basen en los mejores conocimientos científicos disponibles;Monitorear la calidad del aire y del agua, así como informar a la población de posibles riesgos a la salud;Realizar planes para controlar la calidad del aire y del agua; yHacer cumplir efectivamente las normas de calidad ambiental y garantizar el manejo de los recursos hídricos de forma sostenible (párrs 120-121). Acceso a la participación pública en las decisiones ambientales.Con esta sentencia, es la primera vez que la Corte Interamericana condena a un Estado por no garantizar la participación pública efectiva en la toma de decisiones ambientales que afectan al público general (párr. 256). En casos previos, el tribunal había examinado el derecho a la participación pública solo en el contexto de la consulta a pueblos indígenas, que gozan de protección especial bajo el derecho internacional. Además, la Corte dispuso que la mera existencia de procedimientos formales de participación pública puede no ser suficiente para que los Estados cumplan satisfactoriamente sus obligaciones en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las autoridades también deben asegurar que estos procedimientos brindan una oportunidad efectiva a las personas de ser escuchadas y de participar en la toma de decisiones (párr. 260). La sentencia también consolidó avances en otras cuestiones importantes para la justicia ambiental en la región:Las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos. La Corte hizo hincapié en la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos y en su deber de supervisar y controlar a las empresas (párrs. 109-110). También afirmó que las propias empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de actuar con debida diligencia independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad o estructura (párr. 110).La contaminación ambiental viola el derecho a una vida digna. Debido a que la contaminación impactó muchas y diferentes áreas de la vida de las familias en La Oroya, también violó su derecho a una vida digna. Estos impactos incluyeron para las víctimas el no haber podido llevar a cabo un proyecto de vida en circunstancias normales, lo cual afectó su desarrollo personal, familiar, psicológico y profesional (párrs. 220-230).Los efectos de la contaminación ambiental recaen de forma desproporcionada sobre individuos, grupos y comunidades que ya sufren la carga de la pobreza, la discriminación y la marginación sistémica. La Corte reconoció que —dada su condición— las mujeres embarazadas, los niños y las niñas, los y las adolescentes y las personas adultas mayores están expuestos/as con frecuencia a un mayor riesgo de daños por la contaminación (párr. 134). Debido al principio de equidad intergeneracional, los Estados tienen la obligación particular de proteger la salud de los niños y las niñas de la contaminación ambiental y de brindar atención especializada a quienes contraen enfermedades como resultado de la exposición a ella (párr. 141).El derecho a un ambiente sano como norma ius cogens. La sentencia señaló que garantizar el interés de las generaciones presentes y futuras frente a daños ambientales graves, extensos, duraderos e irreversibles es fundamental para la supervivencia de la humanidad. Por tanto, la Corte instó a la comunidad internacional a reconocer progresivamente que tales daños ambientales violan una norma imperativa o que no admite derogación (ius cogens) del derecho internacional (párr. 129).El debilitamiento de las normas de calidad del aire viola el derecho internacional. La Corte concluyó que cuando Perú debilitó los estándares nacionales de calidad del aire para el dióxido de azufre, violó el deber de no regresividad, inherente al derecho a un ambiente sano (párrs. 182-186). El tribunal afirmó que cualquier retroceso de este tipo debe justificarse a la luz de los recursos máximos disponibles del Estado para garantizar los derechos humanos y ser consistente con el principio de precaución (párr. 186).Obligación de transparencia activa al garantizar el acceso a la información. En este caso, por primera vez, la Corte declaró responsable a un Estado de incumplir su obligación de "transparencia activa", la cual exige a los Estados no sólo responder a solicitudes de acceso a información ambiental, sino también suministrarla de oficio a la población en general (párr. 247). Esta información debe ser completa, comprensible y estar en un lenguaje accesible (párr. 255). La sentencia está encaminada a sentar un precedente jurídico importante para las numerosas comunidades expuestas a la contaminación industrial. Su impacto final dependerá de cómo la apliquen tribunales de Perú y de toda América Latina. Sólo en Perú, la Defensoría del Pueblo estimó que más de 10 millones de personas (el 31% de la población) están en riesgo de exposición a contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas relacionadas con la industria minera.Con este nuevo fallo como poderosa herramienta jurídica, ojalá que otras comunidades no tengan que esperar 100 años para respirar por fin aire limpio. Conoce más de los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya *Rosa Peña es abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Jacob Kopas es abogado sénior de Programa Internacional de Earthjustice.

June 04 2024 Cambio Climático, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Transporte marítimo: ¿Qué se está haciendo para reducir su contaminación?

El transporte marítimo es la actividad de mover mercancías de un destino a otro por mar. Es fundamental para el comercio, representando un 80 % del transporte mundial de mercancías. Sin embargo, esta industria es al mismo tiempo una fuente importante de contaminación, particularmente de gases de efecto invernadero (GEI), aquellos que calientan el planeta, y también de otros contaminantes nocivos para la salud humana. Por ello, este sector requiere descarbonizar sus actividades, es decir, reducir sus emisiones de GEI tanto en el transporte como en la carga y descarga de mercancías en los puertos alrededor del mundo. ¿Cuánto contamina el transporte marítimo internacional? Cada año se mueven 10.000 millones de toneladas de carga por vía marítima y esto provoca el 2.9 % de las emisiones globales de GEI —entre ellos dióxido de carbono (CO2)—, porcentaje cercano al que emite Japón. Esto se debe a que los barcos utilizan enormes cantidades de petróleo para desplazarse, emitiendo en conjunto cerca de 1.000 millones de toneladas de GEI. Las cifras mencionadas no incluyen las emisiones que se generan en los puertos de carga, que no están automatizados y que también utilizan fuentes de energía fósil. La principal fuente de energía de los buques que mueven mercancías en el mundo es el heavy fuel oil, un combustible fósil altamente contaminante, que produce emisiones de CO2 que aceleran el calentamiento global. En 2023, las emisiones de GEI del transporte marítimo aumentaron 20% respecto de 10 años atrás, según Naciones Unidas. Y proyecciones publicadas por la Agencia Europea de Medio Ambiente apuntan que pueden llegar a un 17% de las emisiones mundiales en 2050 si no se toman medidas para descarbonizar el sector. El calentamiento y consecuente derretimiento del Ártico —región geográfica alrededor del Polo Norte— evidencia los impactos de las emisiones del transporte marítimo en el clima mundial: Según Clean Arctic Alliance, el Ártico (uno de los principales reguladores del clima mundial) se está calentando hasta cuatro veces más rápido que el planeta en su conjunto. Lo anterior se debe en gran parte a las emisiones de carbono negro u hollín del transporte marítimo, cuyo residuo surge tras la quema de combustibles pesados en los buques. El carbono negro se libera en estado gaseoso y sólido. Como gas, contribuye al efecto invernadero en la atmósfera; y como partícula sólida, acelera el deshielo al depositarse sobre la nieve y el hielo. ¿Cómo afecta la contaminación del transporte marítimo a la salud humana? El transporte marítimo internacional genera contaminantes como el carbono negro y partículas que impactan en la salud humana. De acuerdo con el Instituto de Salud Global de Barcelona, que revisó 32 estudios sobre las emisiones del transporte marítimo, se estima que esta industria podría ser la responsable de unas 265 mil muertes prematuras en todo el mundo (2020). Esto quiere decir que el 0,5% de la mortalidad mundial estaría asociado a sus emisiones. Aunque la contaminación atmosférica del transporte marítimo es un problema universal, afecta desproporcionadamente a las poblaciones costeras, especialmente a las que viven cerca de puertos y de otras operaciones industriales. ¿Quién es responsable de prevenir la contaminación del transporte marítimo? La Organización Marítima Internacional (OMI) es la agencia especializada de Naciones Unidas responsable de generar normas para un transporte marítimo seguro, eficiente y libre de contaminación. En 2023, los 175 países que integran la OMI acordaron reducir entre un 20 % y un 30 % (respecto a 2008) las emisiones de GEI generadas por la industria al 2030 y en al menos un 70 % al 2040. El pacto se completa con una meta para conseguir un balance de emisiones cero (de modo que los gases arrojados a la atmósfera sean neutralizados o compensados por los sumideros) para "cerca del año 2050". En ese marco, en los siguientes meses y hasta abril de 2025, las reuniones en la OMI estarán enfocadas en conseguir la descarbonización del transporte marítimo a través de una transición energética justa. En este período, serán analizadas y discutidas una serie de medidas técnicas y económicas que permitan alcanzar los objetivos de la estrategia de reducción de emisiones de los barcos. Los retos principales de estos esfuerzos incluyen: Cubrir la demanda de combustibles cero emisiones del mercado en el volumen necesario para atender a toda la flota marítima mundial. Superar la brecha de costos entre combustibles fósiles y combustibles bajos en emisiones. Que los buques adapten su tecnología para realizar una transición rápida hacia el uso de combustibles menos contaminantes. El proceso de descarbonización del transporte marítimo requiere del trabajo conjunto de diversos actores: Estados, empresas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de gobernanza internacional. Se trata de un proceso complejo que abarca toda la cadena de transporte de mercancías del mundo. Para que la descarbonización del sector sea justa, se deben considerar las responsabilidades compartidas, pero también las necesidades y capacidades diferenciadas de los países frente a los costos de abandonar los combustibles fósiles en el transporte marítimo. Se deben tener en cuenta también los efectos que ya está generando el calentamiento del planeta en países vulnerables —económica y climáticamente—, como los países insulares, los países menos desarrollados y los países en vías de desarrollo. Fuentes - Organización Marítima Internacional, "Introducción a la OMI". - Natalie Mueller, "Transporte marítimo: la contaminación olvidada", Instituto de Salud Global Barcelona. - Michelle Carrere, "Acuerdos para reducir las emisiones del transporte marítimo son considerados 'débiles' por organizaciones ambientales", Mongabay. -Paula Mateu, "El transporte marítimo reducirá las emisiones un 30% en 2030 pero las oenegés lo ven insuficiente", La Vanguardia.

Vista panorámica de La Oroya, Perú, en 2024.

May 24 2024 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Minería

Alertan aumento de la contaminación en La Oroya y avance lento del Estado para cumplir fallo de la Corte Interamericana

El avance del Estado en la implementación de la sentencia del tribunal internacional ha sido lento e insuficiente. Mientras, se registró recientemente una elevada presencia de dióxido de azufre en la ciudad andina debido a la reactivación parcial del complejo metalúrgico y a la falta de medidas de prevención, alerta, supervisión y fiscalización por parte del Estado. A dos meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera a conocer la sentencia en el caso "Comunidad de La Oroya vs. Perú", la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) —organizaciones que representan legalmente a las víctimas— alertaron en conferencia de prensa que el Estado peruano avanza de forma lenta e insuficiente en el cumplimiento efectivo del fallo. La sentencia, hecha pública el 22 de marzo pasado y considerada un hito jurídico internacional, establece la responsabilidad del Estado peruano en la violación de derechos de residentes de La Oroya, afectados por décadas de contaminación tóxica.El tribunal internacional ordenó adoptar medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas. Aumento de la contaminación en La OroyaLas organizaciones denunciaron además que el lento accionar estatal ocurre en medio de un incremento en la presencia de contaminación tóxica en la zona debido a la reactivación parcial del Complejo Metalúrgico de La Oroya y a la falta de medidas de prevención, alerta, supervisión y fiscalización por parte del Estado.De acuerdo con información del sistema de vigilancia ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se registró recientemente una elevada presencia de dióxido de azufre en La Oroya, lo que hace imperativo que el Estado adopte medidas urgentes en base a su responsabilidad internacional.Una de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana consiste en garantizar que las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya cumplan con estándares ambientales internacionales, previniendo y mitigando daños al ambiente y a la salud humana. Desafíos en la implementación de la sentenciaDurante la conferencia de prensa, Rosa Peña, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, señaló: "La sentencia es una gran oportunidad para que el Estado de Perú prevenga y gestione de mejor manera los impactos ambientales derivados de las actividades minero metalúrgicas, así como para que mejore la atención en salud de las personas expuestas a la contaminación. La Corte IDH ya identificó los aspectos clave, ahora es tarea del Estado en su conjunto generar una buena implementación que sirva de ejemplo para otros casos a nivel nacional e internacional".De su lado, Christian Huaylinos, coordinador del área legal de APRODEH, destacó la necesidad de un trabajo multisectorial articulado: "Se necesita un esfuerzo coordinado de los tres niveles del Estado —local, regional y nacional— para avanzar en el cumplimiento efectivo de la sentencia. Además, deben establecerse mecanismos claros para garantizar la participación efectiva de las víctimas en la implementación de las órdenes dadas por la Corte". Exigencias de la comunidadYolanda Zurita, peticionaria del caso, enfatizó la frustración de la comunidad ante la falta de acciones prontas y efectivas: "Nosotros como población necesitamos sentir y evidenciar que se está cumpliendo. No es posible que después de 20 años de proceso, y de que se hizo pública la sentencia de la Corte IDH, haya funcionarios que digan desconocer la sentencia".La sentencia de la Corte Interamericana no solo se centra en la reparación a las víctimas directas, sino que también incluye medidas de restitución y garantías de no repetición en favor de toda la población de La Oroya y del país. Define parámetros para la correcta actividad empresarial minera y metalúrgica en Perú, en defensa del medio ambiente y la salud.El fallo constituye un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados.AIDA y APRODEH hacen un llamado urgente al Estado peruano para que cumpla con las medidas ordenadas por la Corte IDH y tome acciones inmediatas para proteger el ambiente y la salud de la comunidad de La Oroya.Contacto de prensaVíctor Quintanilla-Sangüeza (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107