Contaminación Tóxica

Vista panorámica de La Oroya, Perú, en 2024.
Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Minería

Alertan aumento de la contaminación en La Oroya y avance lento del Estado para cumplir fallo de la Corte Interamericana

El avance del Estado en la implementación de la sentencia del tribunal internacional ha sido lento e insuficiente. Mientras, se registró recientemente una elevada presencia de dióxido de azufre en la ciudad andina debido a la reactivación parcial del complejo metalúrgico y a la falta de medidas de prevención, alerta, supervisión y fiscalización por parte del Estado. A dos meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera a conocer la sentencia en el caso "Comunidad de La Oroya vs. Perú", la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) —organizaciones que representan legalmente a las víctimas— alertaron en conferencia de prensa que el Estado peruano avanza de forma lenta e insuficiente en el cumplimiento efectivo del fallo. La sentencia, hecha pública el 22 de marzo pasado y considerada un hito jurídico internacional, establece la responsabilidad del Estado peruano en la violación de derechos de residentes de La Oroya, afectados por décadas de contaminación tóxica.El tribunal internacional ordenó adoptar medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas. Aumento de la contaminación en La OroyaLas organizaciones denunciaron además que el lento accionar estatal ocurre en medio de un incremento en la presencia de contaminación tóxica en la zona debido a la reactivación parcial del Complejo Metalúrgico de La Oroya y a la falta de medidas de prevención, alerta, supervisión y fiscalización por parte del Estado.De acuerdo con información del sistema de vigilancia ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se registró recientemente una elevada presencia de dióxido de azufre en La Oroya, lo que hace imperativo que el Estado adopte medidas urgentes en base a su responsabilidad internacional.Una de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana consiste en garantizar que las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya cumplan con estándares ambientales internacionales, previniendo y mitigando daños al ambiente y a la salud humana. Desafíos en la implementación de la sentenciaDurante la conferencia de prensa, Rosa Peña, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, señaló: "La sentencia es una gran oportunidad para que el Estado de Perú prevenga y gestione de mejor manera los impactos ambientales derivados de las actividades minero metalúrgicas, así como para que mejore la atención en salud de las personas expuestas a la contaminación. La Corte IDH ya identificó los aspectos clave, ahora es tarea del Estado en su conjunto generar una buena implementación que sirva de ejemplo para otros casos a nivel nacional e internacional".De su lado, Christian Huaylinos, coordinador del área legal de APRODEH, destacó la necesidad de un trabajo multisectorial articulado: "Se necesita un esfuerzo coordinado de los tres niveles del Estado —local, regional y nacional— para avanzar en el cumplimiento efectivo de la sentencia. Además, deben establecerse mecanismos claros para garantizar la participación efectiva de las víctimas en la implementación de las órdenes dadas por la Corte". Exigencias de la comunidadYolanda Zurita, peticionaria del caso, enfatizó la frustración de la comunidad ante la falta de acciones prontas y efectivas: "Nosotros como población necesitamos sentir y evidenciar que se está cumpliendo. No es posible que después de 20 años de proceso, y de que se hizo pública la sentencia de la Corte IDH, haya funcionarios que digan desconocer la sentencia".La sentencia de la Corte Interamericana no solo se centra en la reparación a las víctimas directas, sino que también incluye medidas de restitución y garantías de no repetición en favor de toda la población de La Oroya y del país. Define parámetros para la correcta actividad empresarial minera y metalúrgica en Perú, en defensa del medio ambiente y la salud.El fallo constituye un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados.AIDA y APRODEH hacen un llamado urgente al Estado peruano para que cumpla con las medidas ordenadas por la Corte IDH y tome acciones inmediatas para proteger el ambiente y la salud de la comunidad de La Oroya.Contacto de prensaVíctor Quintanilla-Sangüeza (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107 

Leer más
Vista del complejo metalúrgico de La Oroya, Perú, en 2016
Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

El caso de La Oroya: Avances para proteger el derecho al ambiente sano

El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su respuesta a más de 20 años de búsqueda de justicia de la comunidad de La Oroya, Perú, afectada por la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y por la falta de medidas oportunas y efectivas por parte del Estado peruano. En un fallo sin precedentes, el tribunal internacional estableció la responsabilidad del Estado en la violación de derechos de residentes de La Oroya y le ordenó adoptar medidas de reparación integral.En este seminario web, reflexionamos en torno a los avances de la sentencia de la Corte Interamericana para la protección del derecho al ambiente sano en Perú y en América Latina. Lo hicimos de la mano de miembros de la comunidad, así como de expertos y expertas que apoyaron y acompañaron su búsqueda de justicia y reparación. PanelLiliana Carhuaz, peticionaria del caso y habitante de La Oroya.Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).Fernando Serrano, profesor adjunto en la Washington University (St. Louis, Missouri) y perito del caso.María Mercedes Lu, Científica Sénior de ELAW y testigo experta del caso.Marisol Yáñez de la Cruz, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, perita del caso.Pablo Fabián Martínez, peticionario del caso y habitante de La Oroya.Moderó: Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Grabación 

Leer más
Vista panorámica de La Oorya, Perú, en 2016
Minería, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Comunidad de La Oroya logra fallo histórico para frenar daños ambientales en América Latina

Tras más de 20 años, residentes de la ciudad de La Oroya, en los Andes peruanos encontraron justicia, abriendo además un gran y nuevo camino para la protección del ambiente sano en todo el continente. En una decisión sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado peruano culpable de violar sus derechos humanos al no haber actuado oportuna y efectivamente para protegerlos de niveles extremos de contaminación provenientes de un complejo metalúrgico que ha operado en su comunidad por casi 90 años. "Cuando inició esta lucha, hace 20 años, yo iba con mi pancarta que decía que la salud de los niños vale más que el oro", recuerda don Pablo, residente de La Oroya. “Nunca desistimos, ahora estoy muy alegre con la decisión de la Corte”. La Oroya está ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. En 1992, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló allí el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales. El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando pasó a manos de la empresa Doe Run Perú, responsable de sus operaciones hasta 2009.     Por generaciones, habitantes de La Oroya han respirado múltiples sustancias tóxicas que generan riesgos graves para la salud humana. La contaminación con metales pesados ha invadido su sistema respiratorio, recorrido su torrente sanguíneo y se ha depositado de forma imperceptible en varios de sus órganos vitales. La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y —en algunos casos— niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros. En 1997, AIDA se involucró en la defensa de los derechos de la comunidad de La Oroya. Nuestra publicación La Oroya No Espera, de 2002, ayudó a visibilizar la gravedad de la situación a nivel internacional. En 2006, ante la falta de respuestas efectivas en Perú, presentamos —junto con una coalición internacional de organizaciones— una denuncia contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2021, la Comisión estableció la responsabilidad del Estado peruano y remitió el caso a la Corte Interamericana. En octubre de 2022, más de 16 años después de iniciada la demanda, las víctimas presentaron su caso al tribunal internacional, representadas por AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos, con el apoyo de Earthjustice. Desde 2009, cuando el complejo metalúrgico suspendió sus operaciones —debido a la crisis financiera de Doe Run Perú—, los niveles de contaminación con metales pesados no bajaron a límites adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Aunque el Estado peruano está al tanto desde 2009 que todos/as los niños/as que viven cerca del complejo sufren envenenamiento por plomo, no les ha dado atención médica adecuada.  Pero no hay plazo que no se cumpla. El 22 de marzo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su respuesta contundente a más de dos décadas de búsqueda de justicia. Dictaminó que el Estado peruano es culpable de violar los derechos al ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y a la protección judicial de las 80 personas del caso; de violar los derechos de la niñez de 57 víctimas y de violar el derecho a la vida de otras dos. "Es la primera sentencia en reconocer la responsabilidad internacional de un Estado por la violación del derecho a un ambiente sano y otros derechos relacionados a este", resalta Rosa Peña, abogada sénior de AIDA.           Ver esta publicación en Instagram                           Además, la Corte ordenó al Estado adoptar medidas de reparación integral de los daños causados en la población de La Oroya. Estas incluyen juzgar y sancionar a quienes hostigaron a residentes por su labor de defensa ambiental, elaborar un plan de remediación ante la contaminación del aire, el suelo y el agua; brindar atención médica gratuita y especializada a las víctimas, así como a otros residentes con síntomas y enfermedades relacionadas con las actividades minero-metalúrgicas; actualizar la regulación de la calidad del aire para garantizar la protección del ambiente y de la salud humana; indemnizar monetariamente a las víctimas y desarrollar un sistema de monitoreo de la calidad del aire, el agua y el suelo. También ordenó garantizar que las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya —que fue cedido a los trabajadores de Doe Run Perú como parte de la liquidación de la empresa— cumplan estándares ambientales internacionales, previniendo y mitigando daños al ambiente y a la salud humana. La decisión de la Corte no solo es una oportunidad única para restituir la dignidad de las personas afectadas en La Oroya y restablecer sus derechos. Su alcance supera el contexto peruano y la convierte en un precedente clave en América Latina para la protección del derecho a un ambiente sano y para la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados. Entre otras cosas, la Corte estableció las obligaciones de los Estados de regular, vigilar y controlar la calidad del aire y del agua; identificar las fuentes de contaminación; y ejecutar planes para hacer cumplir las normas de calidad del aire y del agua. Determinó que, para probar la responsabilidad del Estado por daños ambientales, basta con demostrar que este —pese a conocer la existencia de niveles de altos contaminación— omite adoptar medidas adecuadas, permitiendo así que estos continúen, poniendo en riesgo significativo la salud humana. A la luz de la sentencia, los Estados deben evitar violaciones a derechos humanos producidas por empresas públicas y privadas. Las empresas, de su lado, deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar violaciones a derechos humanos, así como adoptar medidas para remediar dichas violaciones. La defensa del derecho a un ambiente sano ha formado parte de la historia de AIDA desde sus inicios y ha sido siempre un trabajo colectivo. Así, celebramos y reconocemos a todas las personas que desde diferentes ámbitos, roles y capacidades hicieron posible el resultado histórico del caso de La Oroya. Con una fuerza renovada, trabajaremos hacia la implementación adecuada de la sentencia y para el establecimiento de nuevos precedentes clave que garanticen, en la práctica, el derecho universal a un ambiente sano en la región.  

Leer más
La chimenea del Complejo Metalúrgico de La Oroya, en Perú, vista desde un campo deportivo
Minería, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

5 hitos de la sentencia del caso “Habitantes de La Oroya vs. Perú”

Nuestra victoria ante la Corte Interamericana, perseguida por mucho tiempo, sienta importantes precedentes para todas las comunidades que buscan justicia ambiental en el continente americano.    La historia de la comunidad de La Oroya, Perú, por conseguir justicia y reparación se cuenta por décadas. La templanza de las y los residentes de esta ciudad andina ha dado frutos para toda la región pues lograron una victoria que sienta precedentes importantes para todas las comunidades que buscan justicia ambiental en el continente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a la comunidad de La Oroya y declaró al Estado peruano responsable violar el derecho al ambiente sano y otros derechos relacionados, como la salud y a la vida, de sus habitantes por la falta de medidas oportunas y efectivas para protegerlos de niveles extremos de contaminación provenientes de un complejo metalúrgico. AIDA ha estado involucrada con el caso desde el comienzo de su historia, llevando la lucha de La Oroya ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y representando legalmente a las víctimas ante la Corte. ¿Por qué la decisión del tribunal internacional en el caso “Habitantes de La Oroya vs. Perú” nos alegra y nos abre puertas? A continuación, te explicamos.   1. Da respuesta al primer caso de su tipo ante la Corte Interamericana Es la primera vez que la Corte Interamericana resuelve un caso de contaminación tóxica en el aire y en el ambiente de un municipio urbano. En su fallo, el tribunal reconoció el impacto diferenciado en mujeres, niños y niñas, y otras poblaciones vulnerables. Además, abordó la importancia de los derechos de acceso a la información y a la participación.   2. Reconoce y valora la importancia del ambiente sano como derecho humano La Corte reconoció este derecho como una norma ius cogens (de cumplimiento obligado) y aclaró las obligaciones de los Estados para garantizar el ambiente sano a todas las personas. Un punto clave de la sentencia establece que los Estados deben evitar, prevenir y controlar los daños ambientales y sus efectos en la salud de las personas haciendo uso de todos los medios a su alcance.   3. Abre las puertas a la rendición de cuentas El fallo establece precedentes para que Estados y empresas se hagan responsables de tomar las acciones necesarias para evitar impactos de por vida en la salud de las personas y el ambiente. El Estado peruano deberá indemnizar monetariamente a las personas afectadas en La Oroya y brindarles atención médica gratuita y especializada, adoptar medidas de no repetición, así como monitorear la calidad del aire y el agua en lugares con actividad minera.   4. Establece la responsabilidad del Estado en un caso de contaminación Además de establecer que las empresas deben actuar con debida diligencia y respeto a los derechos humanos, la Corte concluyó en su fallo que el Estado peruano debió actuar para proteger y garantizar los derechos de las personas expuestas a contaminación utilizando, entre otras herramientas, el principio de precaución.   5. Sienta precedentes para toda la región La sentencia supera el contexto peruano pues es vinculante para los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, sentando un precedente clave en América Latina para la protección del derecho a un ambiente sano y para la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados.  

Leer más
Vista panorámica de la ciudad de La Oroya, Perú.
Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Minería

Fallo de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya sienta precedente clave para la protección del ambiente sano

El tribunal estableció la responsabilidad del Estado peruano en la violación de derechos de residentes de La Oroya, afectados por décadas de contaminación tóxica. Le ordenó adoptar medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas. San José, Costa Rica. La sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en el caso "Comunidad de La Oroya Vs. Perú" por décadas de contaminación tóxica proveniente de un complejo metalúrgico constituye un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en la región y para la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados. El fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya.Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional y en representación de las víctimas, una coalición internacional de organizaciones presentó la denuncia contra el Estado peruano ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006. En octubre de 2021, la Comisión estableció la responsabilidad del gobierno peruano y remitió el caso a la Corte Interamericana. En octubre de 2022, más de 16 años después de iniciada la demanda internacional, las víctimas presentaron el caso ante la Corte, representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), con el apoyo de Earthjustice."Esta sentencia es un avance muy importante y un precedente clave para la justicia ambiental en América Latina al ser el primer caso en el que la Corte reconoce la responsabilidad de un Estado por la violación de derecho al ambiente sano y las implicaciones que este tiene en la garantía de otros múltiples derechos", dijo Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. "La Corte se refirió además a la dimensión colectiva e individual de ese derecho, reconociendo afectaciones diferenciadas de su violación en niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores, así como el rol importante de las personas defensoras ambientales".En su fallo, hecho público el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional determinó la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos al ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y a la protección judicial de las 80 personas del caso; por la violación a los derechos de la niñez de 57 víctimas y por la violación del derecho a la vida de dos víctimas. La Corte concluyó también que el Estado es responsable por violar la obligación de desarrollo progresivo debido a la adopción de medidas regresivas en la protección del ambiente."La decisión constituye un precedente fundamental en la jurisprudencia internacional que fija los parámetros de la obligación estatal de regular, fiscalizar y remediar los efectos de la contaminación ambiental; así como las obligaciones derivadas del derecho al ambiente sano como un derecho autónomo y de su interdependencia e indivisibilidad con otros derechos fundamentales para la existencia humana como la salud, la vida y la integridad personal", expresó Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de APRODEH. "Es además una gran satisfacción por la gran lucha de dos décadas de parte de las víctimas".Por más de 20 años, residentes de La Oroya han buscado justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación por metales pesados del Complejo Metalúrgico de La Oroya, operado por la empresa Doe Run Perú entre 1997 y 2009, y la falta de medidas adecuadas por parte del Estado. La ciudad ha sido catalogada como uno de los lugares más contaminados del planeta."Hace 20 años, cuando inició esta lucha, yo iba con mi pancarta que decía que la salud de los niños vale más que el oro", recuerda don Pablo, residente de La Oroya. "Nunca desistimos, ahora estoy muy alegre con la decisión de la Corte".En la sentencia, la Corte ordenó al Estado de Perú la adopción de medidas de reparación integral de los daños causados en la población de La Oroya que incluyen: identificar, juzgar y —en su caso— sancionar a las personas responsables de hostigar a las víctimas; determinar el estado de la contaminación del aire, el agua y el suelo, así como elaborar un plan de remediación ambiental; brindar atención médica gratuita a las víctimas y garantizar atención especializada a residentes con síntomas y enfermedades relacionadas con la contaminación proveniente de la actividad minero metalúrgica; compatibilizar la normativa que regula los estándares de calidad del aire para garantizar la protección del ambiente y de la salud humana; garantizar la efectividad del sistema de alerta de la ciudad y desarrollar un sistema de monitoreo de la calidad del aire, el agua y el suelo; garantizar que las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya cumplan estándares ambientales internacionales, previniendo y mitigando daños al ambiente y a la salud humana; indemnizar monetariamente a las víctimas por daño material e inmaterial."Lo que esperamos ahora es que se implemente la sentencia, que el Estado cumpla por primera vez con sus obligaciones y que garantice nuestros derechos como personas defensoras ambientales", dijo Yolanda Zurita, residente de La Oroya y peticionaria en el caso. "El cumplimiento de esta sentencia es lo mínimo que esperamos de un Estado comprometido con la garantía de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas".Desde 1999, el gobierno de Perú sabe que todos/as los niños/as que viven cerca del complejo sufren envenenamiento por plomo, pero no les ha brindado atención médica adecuada. Durante décadas, la población de La Oroya estuvo expuesta a niveles extremos de plomo y otros contaminantes nocivos, como arsénico, cadmio y dióxido de azufre. La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros."Esta sentencia es un llamado urgente a los Estados de todo el continente a no quedarse de brazos cruzados mientras las empresas multinacionales envenenan a las comunidades locales", afirmó Jacob Kopas, abogado sénior de Earthjustice. "A partir de ahora, las empresas sabrán que exponer a las familias a niveles insalubres de contaminación industrial es una violación del derecho internacional y que los Estados deben hacer responsables a quienes contaminan". RecursosComunicado de la Corte acerca de la sentencia, disponible aquí.Resumen oficial de la sentencia, disponible aquí.Texto íntegro de la sentencia, disponible aquí.Más información del caso, disponible aquí.Carpeta con fotografías, disponible aquí.Contacto de prensaVíctor Quintanilla-Sangüeza (México), AIDA, [email protected], +521 70522107 

Leer más
Vista de la costa del océano Pacífico, al norte de Tocopilla, Chile.
Contaminación Tóxica

Pobladores de Tocopilla y ONG ambientales presentan recurso de protección para detener la quema de 94.000 t de carbón

El Coordinador Eléctrico Nacional autorizó a AES Andes la quema de 94.000 toneladas de carbón sin justificación legal ni ambiental y sin haberse evaluado potenciales perjuicios para terceros y para el equilibrio del mercado. Esto significa, además, el incumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental de las unidades Norgener 1 y 2. La quema viene ocurriendo desde el 18 de febrero.   Habitantes de Tocopilla —acompañados por las organizaciones ambientales Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)— presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando que se ordene el cese inmediato de la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de las unidades Norgener 1 y 2 de la empresa AES Andes SA, que ascienden a 94.000 toneladas. La quema en Tocopilla comenzó el 18 de febrero y fue autorizada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CNE). AES argumenta que es la única alternativa viable para cumplir con sus obligaciones ambientales luego de confirmarse el cierre anticipado de sus unidades Norgener 1 y 2. En el recurso de protección se solicita también que se revoque la autorización otorgada a la empresa, que se respete el orden de despacho económico que rige el sistema eléctrico nacional y que se ordene a la empresa cumplir con su obligación de elaborar los Planes de Abandono correspondientes para sus unidades Norgener 1 y 2 en retiro. "La quema intensiva de 94.000 t de carbón en Tocopilla genera impactos en su población y en el ambiente de los que ni la empresa ni el Coordinador Eléctrico se harán cargo", dijo Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "La autorización de la quema responde a la necesidad comercial de AES de deshacerse rápido de su carbón y no es aceptable que las personas y el ambiente tengan que cargar con las consecuencias". La autorización recién se conoció públicamente el 26 de febrero, fecha en la que Sara Larraín, representante de la Fundación Chile Sustentable, envió una carta a los ministros de Energía y Medio Ambiente para solicitar el cese inmediato de la operación. La alarma levantada no fue suficiente para terminar con la quema ni con la desproporcionada carga ambiental que ya pesa sobre Tocopilla, declarada zona saturada de contaminación y reconocida públicamente como zona de sacrificio ambiental. Entre los argumentos que sostienen el recurso de protección destacan la omisión de AES de tramitar los permisos ambientales pertinentes para ejecutar la gestión de sus excedentes de carbón. En las comunicaciones dirigidas al CNE, la empresa admite expresamente no haberse comunicado con la autoridad ambiental para buscar alternativas a la quema ni haber evaluado los potenciales perjuicios a terceros ni al equilibrio de mercado. Esta omisión implica un incumplimiento de las obligaciones ambientales de AES contenidas en las autorizaciones ambientales para la operación de sus unidades Norgener 1 y 2. Las resoluciones de calificación ambiental, que constituyen la licencia ambiental de la termoeléctrica, imponen la obligación de elaborar un Plan de Abandono para cada unidad antes de su retiro, lo que no ha ocurrido. En la acción de protección también se denuncia el actuar ilegal del CNE por haber autorizado la quema de los excedentes de carbón sin fundamentos legales ni ambientales, pasando por encima de su obligación de seguir el orden económico de despacho en el sistema eléctrico nacional, por la cual debe priorizar siempre la energía más económica, que es también la más limpia. Además de ser una vulneración a los derechos humanos y ambientales de los habitantes de Tocopilla, lo sucedido afecta injustamente a las generadoras de energía renovable y limpia, que quedan desplazadas y deben verter su energía. Todos estos hechos deben ser reconocidos en el contexto actual de Tocopilla, zona saturada de contaminación y cuyo Plan de Descontaminación vigente no ha logrado revertir la situación. Diversos estudios evidencian las desproporcionadas tasas de morbilidad que afectan a sus habitantes. Su población ya estaba vulnerada incluso antes de autorizarse la quema. "Estamos ante una gravísima situación de vulneración de derechos fundamentales, en la que se está ahogando a una población que ya ha sufrido demasiado", dijo Florencia Ortúzar, abogada sénior de la AIDA. "Haremos todo lo necesario para detener la quema indiscriminada de ese carbón, exigiendo que se respete la regulación vigente". Lo que se espera con la presentación de la acción es una actuación rápida de la Corte, que ponga cese inmediato al acto violatorio, asegurando el respeto y la protección de los derechos fundamentales a la vida, la salud y a un medio ambiente libre de contaminación para las y los habitantes de Tocopilla. Contacto de prensa Víctor Quintanilla-Sangüeza (México), [email protected], +521 5570522107  

Leer más
Lagunas de Siecha, Parque Nacional Natural Chingaza, Colombia.
Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

Incendios forestales: ¿Cómo contribuir a prevenirlos?

El gran incendio ocurrido hace poco en la región de Valparaíso, Chile, fue calificado como la mayor catástrofe del país desde el terremoto de 2010. Pero este año —así como en los anteriores— los incendios forestales y sus consecuencias letales no han sido un fenómeno aislado en América Latina. En Colombia, fue necesaria una declaratoria gubernamental de desastre nacional y la sociedad civil hizo un llamado urgente a proteger integralmente los bosques y páramos colombianos tras los incendios. El fuego también llegó a parte de la región patagónica de Argentina. El 90% de los incendios forestales son provocados por los seres humanos, especialmente por actividades como la tala y la quema para la expansión de la agroindustria. La crisis climática contribuye a que sean más intensos y frecuentes, profundizando los riesgos para bosques, especies y comunidades. Además, los incendios forestales impactan en la calidad del aire y, en consecuencia, en la salud de las personas. Si esta situación es el resultado de nuestras acciones, evitarla también está en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer para prevenir los incendios? A continuación, detallamos algunas acciones que diferentes actores de la sociedad pueden realizar para contribuir a esta importante tarea.   ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Diseñar e implementar leyes para garantizar la seguridad de los bosques y asegurar el cumplimiento de las que ya existen. Desarrollar campañas de educación para sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de los bosques y de cómo cuidarlos. Fortalecer la infraestructura de prevención y respuesta a incendios, incluyendo aviones de aspersión, barreras de contención y tecnologías para monitorear constantemente el estado de los bosques.   ¿Qué pueden hacer las empresas? Disminuir las emisiones de gases que calientan la atmósfera y aumentan el riesgo de incendios forestales, transitando al uso de fuentes de energía limpias. En caso de generar residuos inflamables, implementar políticas para desecharlos responsablemente. Capacitar a sus equipos de trabajo para responder ante este tipo de desastres. Promover buenas prácticas que contribuyan al cuidado del ambiente.   ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Organizar grupos de recolección de basura y evitar hacer fogatas y/o realizar actividades de ganadería y agricultura en los bosques. Obtener y difundir información de calidad acerca de la importancia de estos ecosistemas para la vida en el planeta. Seguir las indicaciones de seguridad, por ejemplo, usando tapabocas y/o evacuando las zonas contaminadas por el humo. Ser vigilantes y asegurarnos de saber cómo reportar los incendios y de conocer los planes de acción que hay para proteger nuestros bosques cercanos.   Es clave que gobiernos, empresas y ciudadanía actúen en equipo para proteger los bosques y promover una cultura comprometida con el cuidado del ambiente y de la vida.  

Leer más
Selva amazónica
Arrecifes de coral, Océanos, Fuentes de Agua Dulce

La triple crisis planetaria: Qué es y qué soluciones existen

Quizás has escuchado que la humanidad enfrenta “una triple crisis planetaria”. En palabras del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, esta crisis “amenaza el bienestar y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo”. Pero, ¿a qué se refiere? La triple crisis planetaria se refiere a tres problemas interrelacionados: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Cada uno de estos problemas es una crisis en sí misma con sus propias causas y efectos, pero las tres convergen y se retroalimentan. Las tres afectan los derechos humanos y, de forma más intensa, para personas en condición de vulnerabilidad.   La crisis climática Naciones Unidas considera la alteración del clima como el problema más urgente de la humanidad y la mayor amenaza a los derechos humanos. El cambio climático, es decir, los cambios a largo plazo en las temperaturas y patrones climáticos del planeta, puede alterar por completo los ecosistemas. Aunque existe un cambio climático que ocurre por el comportamiento natural del planeta, el que estamos enfrentando es causado por las actividades humanas: desde la Revolución Industrial se ha visto un cambio acelerado en el comportamiento promedio del planeta. Una de las causas principales es la explotación y uso de combustibles fósiles. Por ello, la crisis climática se refiere a las consecuencias del cambio climático producido por actividades humanas, que son, entre otras: el aumento de la intensidad y gravedad de eventos naturales como sequías, incendios, tormentas, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los polos, cambios en los ciclos hidrológicos y climáticos que afectan la biodiversidad que depende de ellos, e impactos al disfrute de los derechos humanos.   La crisis por contaminación y residuos El sistema económico dominante, dependiente del consumo, implica la generación de altos niveles de contaminación y desechos que tienen un gran impacto en la salud humana y en la de los ecosistemas. En particular, la contaminación del aire es la principal causa de enfermedades y muertes prematuras a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año 7 millones de personas mueren prematuramente a causa de la mala calidad del aire. La degradación del aire es causada por las emisiones de fábricas, del transporte y de incendios forestales. También respiran aire contaminado en sus hogares quienes carecen de acceso a tecnologías menos dañinas para cocinar o mantener el calor. La contaminación del aire está relacionada con el cambio climático, pues muchas de las emisiones también calientan el planeta. La contaminación por plásticos y microplásticos es otra preocupación mundial pues afecta a la biodiversidad, tarda siglos en descomponerse y es un derivado del petróleo, un combustible fósil. Cada vez más estudios encuentran que los plásticos están afectando la salud de las personas y de otros seres vivos. No podemos dejar de lado la contaminación provocada por las actividades extractivas que, además de generar emisiones de gases efecto invernadero y dejar a su paso químicos tóxicos para la salud, degradan fuentes de agua dulce y grandes extensiones de territorio.   La crisis por pérdida de biodiversidad La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución y a la desaparición de la diversidad biológica: flora, fauna y ecosistemas. Esta crisis tiene a las dos anteriores como causa, a lo que se suma la explotación excesiva de los recursos y el cambio de uso de tierras —que se traducen en sobrepesca, venta y caza ilegal, así como deforestación— y la introducción de especies no nativas e invasoras. Esta pérdida implica también el declive de muchas especies de las que dependemos. Sus impactos se extienden hasta la afectación del suministro de alimentos y del acceso al agua. Un ejemplo es la Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo y un estabilizador climático global. Alberga 10% de la biodiversidad conocida del planeta y es el lugar ancestral de vida de más de 470 pueblos indígenas y tradicionales. Pero está en peligro por diversas amenazas como la colonización, la deforestación y las actividades extractivas. Tal es así que el punto de no retorno de la Amazonía, en el que los niveles de deforestación anulen su capacidad de regeneración, ya no es un escenario futuro.   Acciones ante la triple crisis planetaria La triple crisis planetaria es un problema multifactorial, con diversos actores y cuyo abordaje correcto necesita propuestas y soluciones desde todas las especialidades. Aunque las acciones locales y los cambios individuales en nuestro estilo de vida ayudan, muchos de los cambios necesarios requieren decisiones a escala global y cambios profundos de los sistemas de producción, económicos, políticos y sociales. De acuerdo a Naciones Unidas, algunas de las acciones que ayudarían a enfrentar la triple crisis planetaria y que requieren participación global son: Limitar el aumento de la temperatura mundial a 1.5 grados: esto significa que las emisiones mundiales deberían reducirse un 45 % para 2030 con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Acelerar la expansión de energías renovables limpias: para lograr el punto anterior, se requiere una reducción drástica del uso de combustibles fósiles para dar paso a sistemas energéticos basados en fuentes renovables, sostenibles en el tiempo y respetuosos del ambiente y de las personas. Además de combatir el cambio climático, esto reduciría la contaminación del aire. Invertir en adaptación y resiliencia: esto significa considerar a quienes ya sufren los impactos de la crisis climática en las soluciones, con énfasis en las naciones, personas y comunidades en situación de vulnerabilidad y que menos responsabilidad tienen en estas crisis. Conservar y proteger el 30% del planeta: esto aplica particularmente a las áreas de importancia para la biodiversidad, incluyendo el océano. Implica también acciones para mitigar el cambio climático. Mejorar el sistema alimentario: esto incluye cambios en la forma de riego y el manejo de suelo, así como la producción de alimentos más saludables y la reducción del desperdicio de alimentos. No dejar a nadie atrás: las medidas descritas deben llevarse a cabo de manera simultánea y con un enfoque de protección de los derechos humanos pues representan una oportunidad para reducir las desigualdades que son causa y consecuencia de las crisis.   Avances ante la triple crisis planetaria Estas crisis amenazan no solo nuestras fuentes básicas de sustento, sino incluso nuestra salud mental. Y, aunque hay mucho por hacer, se han logrado avances que muestran la necesaria cooperación mundial. Estos son algunos de los más recientes: El Tratado de Alta Mar, concebido para proteger dos terceras partes del océano, fue adoptado en junio de 2023, y debe ser ratificado por 60 países para entrar en vigor. Naciones Unidas reconoció el derecho a un ambiente sano, limpio y saludable como derecho universal. 175 naciones acordaron crear un instrumento global para abordar la contaminación por plásticos.   Nuestras decisiones de consumo individuales y el activismo ayudan a no ser indiferentes y aportan a nuestra comunidad directamente. Pero también es importante exigir, como ciudadanas y ciudadanos, que nuestros representantes en instancias de toma de decisiones garanticen mayor participación y compromiso en la adopción de acciones clave.    

Leer más
Cambio Climático, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Litigio climático y transición energética en Chile: El caso de Quintero-Puchuncaví

La historia de las localidades de Quintero y Puchuncaví en Chile evidencia la relevancia del litigio climático y ambiental como herramienta para obtener justicia, así como la importancia de acompañar los procesos de transición energética que inevitablemente se están dando en el mundo para asegurar que sean justos.En Quintero-Puchuncaví, reconocida como una zona de sacrificio, operan más de 30 empresas diferentes, muchas altamente contaminantes, lo que ha resultado en graves vulneraciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, la transición energética y las demandas por justicia ambiental están generando cambios, incluido el cierre de dos de las cuatro termoeléctricas a carbón que operaban en la zona y de una fundición de cobre. Pero la situación no está siendo abordada correctamente, para asegurar una transición en efecto justa.De estos temas conversamos en este seminario web, junto con representantes de las comunidades y de las organizaciones que han estado en la primera línea, apoyado los juicios en curso y trabajando para abordar los desafíos asociados con la transición energética en una zona que merece reparación y justicia. PanelistasNinón Zalaquett, abogada de la Defensoría Ambiental.Katta Alonso, vocera del movimiento territorial MUZOSARE (Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia).Matías Asun, director de Greenpeace cono-sur.Marcos Emilfork, relator de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe (PLC), Jurisdicción Chile, y abogado de ONG FIMA. Moderó: Cristina Lux, abogada del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación 

Leer más
Minería, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Voces buscando justicia para la comunidad de La Oroya

La situación de la comunidad de La Oroya en Perú, afectada por décadas de contaminación tóxica y por la falta de medidas eficaces para combatirla por parte del Estado, no es una excepción en América Latina. Lamentablemente, hay en el continente muchas zonas de sacrificio ambiental y social en las que se desarrollan actividades altamente contaminantes —como la del complejo metalúrgico de La Oroya— y pobremente supervisadas por las autoridades llamadas a garantizar la vida, la salud, la integridad personal y otros derechos humanos. La importancia del caso responde precisamente a estas realidades y trasciende el contexto peruano para representar la oportunidad histórica de sentar un precedente clave para todo el continente. A ello apuntan las miradas puestas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene pendiente emitir un fallo respecto de la responsabilidad del Estado peruano y las medidas de reparación para las personas afectadas. A la espera de la decisión, escucha los testimonios de quienes han sido parte de la búsqueda de justicia para La Oroya. Son voces que demuestran la gravedad de los daños causados, que dan cuenta que el camino en busca de reparación ha sido largo, pero fructífero. Son voces que expresan la urgencia de garantizar un futuro mejor para residentes de La Oroya y, en últimas, el goce efectivo del derecho a un ambiente sano en el continente.   1. Yolanda Zurita, peticionaria en el caso "Comunidad de La Oroya vs. Perú" ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 2. Anna Cederstav, directora ejecutiva adjunta y directora financiera de AIDA: 3. Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA:  

Leer más