Contaminación Tóxica

Octubre 19 2021 Minería, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Víctimas de contaminación ambiental en La Oroya, Perú, aplauden presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La decisión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una oportunidad importante para reestablecer los derechos de las personas afectadas. Es la primera vez que un caso de contaminación del aire causado por actividades empresariales en un contexto urbano es llevado a la Corte. La Oroya, Perú. Las personas afectadas por contaminación ambiental en la ciudad de La Oroya, y las organizaciones que las representan legalmente, celebran que —luego de más de 15 años de iniciado el proceso— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya presentado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la afectación y violación de los derechos a la vida, la integridad, la salud y al ambiente sano de las víctimas. “Mis hermanas y yo sufrimos la exposición a metales pesados desde niñas, teniendo que migrar junto con nuestros padres a una zona alejada de la contaminación. Estamos muy sorprendidas de haber dado un paso más en este proceso tan largo en la cual estamos todos. Estamos muy contentas y con esperanza por una lucecita más que se prende en el camino. Tenemos la seguridad de que esto va a llegar a su fin para el bienestar de nuestra salud y para decir ‘Sí se pudo’ a pesar de tantas caídas”, dijo una de las víctimas, que mantienen su identidad en reserva por el riesgo a represalias por su rol como personas defensoras ambientales. El caso tuvo su origen en una petición presentada en 2005 por un grupo de habitantes de La Oroya que, ante la ausencia de respuestas a nivel nacional, acudió a la Comisión para solicitar medidas cautelares y posteriormente denunciar la violación de sus derechos derivada de la exposición crónica a metales pesados (plomo, cadmio y arsénico) provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. Estas personas recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque a pesar de que el Tribunal Constitucional peruano dispuso en 2006 medidas urgentes para la protección de sus derechos, el Estado no las acató. En un comunicado oficial sobre su decisión, adoptada el 30 de septiembre pasado, la Comisión resaltó que “el Estado no cumplió con la debida diligencia sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el comportamiento de las empresas respecto de los derechos que pudieran afectar, ni con su deber de prevenir vulneraciones a los mismos”. “Estamos felices por la noticia, tantos años de espera, de frustración y temor. Por fin estamos en lo último. Es una alegría para todos los que están presentes y para quienes se han ido. Agradecemos también al grupo de peticionarios y peticionarias que han seguido a pesar de todo”, dijo una madre de familia cuyos padres y hermanos también fueron afectados por la contaminación. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), representantes de las personas afectadas en el caso, saludan la decisión de la Comisión pues pone fin a varios años de espera y constituye una gran oportunidad para restablecer los derechos de las personas afectadas. “Es un hito para el Sistema Interamericano porque es el primer caso que documenta una situación de contaminación ambiental, particularmente de contaminación del aire, causada por operaciones empresariales en un contexto urbano”, afirmó Liliana Avila, Abogada Sénior del Programa de Derechos Humanos de AIDA. Para Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de APRODEH, “este caso también permitiría a la Corte avanzar el contenido de las obligaciones estatales respecto a la especial protección de poblaciones que puedan estar en particular situación de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad; y abordar la responsabilidad estatal, las obligaciones derivadas del derecho al ambiente sano como derecho autónomo, y su interdependencia con otros derechos fundamentales para la existencia humana como la salud, la vida y la integridad personal, así como derechos de acceso como la información, la asociación y el acceso a la justicia”. La contaminación que han sufrido los y las habitantes de La Oroya —muchos de ellos/as menores de edad—, particularmente quienes acudieron a la Comisión, generó graves efectos negativos en su salud con secuelas que se mantienen al día de hoy. Si bien el complejo metalúrgico ha contado con instrumentos de gestión ambiental, dados los requerimientos legales a nivel nacional destinados a la mitigación y remediación de la contaminación causada, el Estado ha concedido prórrogas para su implementación sin que Doe Run Perú cumpla a cabalidad sus obligaciones. “A mí me afectó mucho perder a mis seres queridos por no tener una atención adecuada en salud que no permita que las enfermedades avancen hasta que llegue la muerte. Hemos perdido a muchos. Queremos que cuando vayamos al médico nos atiendan bien. He perdido a mis hermanas y a mi padre por la contaminación. Todos estamos afectados. Me acuerdo que de niña me salían manchas por el arsénico”, dijo una de las pobladoras de La Oroya, afectada desde que era menor de edad y que tuvo que migrar a Lima junto a su madre. Solicita a la Corte que, al conocer el caso y las afectaciones, se enfoque en el sistema de salud de Perú. En todos estos años, el Estado de Perú no cumplió con fiscalizar, regular y remediar los daños causados por el complejo metalúrgico. Sus acciones y omisiones comtinúan vulnerando los derechos humanos, en perjuicio de las familias de la Oroya. Los miembros de la comunidad de La Oroya que defendieron su derecho a un ambiente sano han sido objeto además de hostigamientos y señalamientos. Al respecto, la CIDH concluyó que el Estado no realizó “investigaciones serias y efectivas de carácter penal o administrativo que garantizaran el acceso a la justicia a las víctimas que fueron objeto de amenazas, hostigamientos o represalias por parte de trabajadores de la empresa Doe Run Perú, a raíz de las denuncias realizadas a causa de la contaminación”. AIDA y APRODEH expresan su satisfacción por la presentación del caso ante la Corte y reiteran su compromiso con las víctimas de La Oroya y con la defensa de los derechos humanos y del derecho a un ambiente sano. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107 Christian Huaylinos Camacuari (Perú), APRODEH, [email protected], +51959789232

Septiembre 15 2021 Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Se consolida asistencia técnica internacional para recuperar los lagos Uru Uru y Poopó

Ante el pedido de organizaciones y comunidades, expertos y expertas de la Secretaría de la Convención Ramsar evaluarán la degradación de los lagos para luego emitir un informe con recomendaciones técnicas para la recuperación de los ecosistemas. Oruro, Bolivia. Del 11 al 15 de octubre, un equipo de expertos y expertas de la Secretaría de la Convención Ramsar visitará los lagos Uru Uru y Poopó, ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, para realizar un análisis técnico de su degradación con miras a realizar un informe con recomendaciones concretas al Estado boliviano para la recuperación de los ecosistemas. En julio de 2019 —en el marco de la campaña #LagoPoopóEsVida—, comunidades locales y organizaciones ambientales, sociales y de mujeres enviaron a la Secretaría de Ramsar información sobre el estado de los lagos y solicitaron asistencia técnica para evaluar su salud. El gobierno boliviano hizo luego la solicitud formal para viabilizar la visita. “Reconocemos la voluntad política de autoridades nacionales para obtener apoyo internacional ante la crisis ambiental por la que atraviesan los lagos, de cuya preservación dependen los modos de vida y medios de subsistencia de poblaciones campesinas e indígenas”, dijo Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Las misiones de Asesoramiento Ramsar son una herramienta eficaz para tener asesoramiento especializado e independiente orientado a la preservación de los humedales”. El Poopó es el segundo lago más grande de Bolivia. En 2002, a fin de preservar su biodiversidad —que incluye aves endémicas, migratorias y la mayor cantidad de flamencos en Sudamérica—, fue declarado Humedal de Importancia Internacional junto con el lago Uru Uru bajo la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la protección de esos entornos naturales. “Los lagos Uru Uru y Poopó garantizan la recarga hídrica de pozos y fuentes de agua, regulan el clima, son hábitat para la avifauna, permiten la seguridad y soberanía alimentaria de las poblaciones aledañas y son el cobijo de culturas milenarias”, manifestó Limbert Sánchez, del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA). Sin embargo, varios factores han llevado al lago Poopó a la situación catastrófica en la que se encuentra actualmente. Entre ellos están las actividades mineras —que no han parado durante la pandemia y que generan permanentemente aguas ácidas y toneladas de desechos mineros—, el desvío de sus afluentes como el río Mauri, el hecho de que el TDSP (Sistema Hídrico Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar) no esté garantizando agua para toda la cuenca y la crisis climática. Todo ello ha dañado el lago al punto de poner en riesgo los sistemas de vida que dependen de él. “En diciembre de 2015, los niveles de agua del lago Poopó se redujeron por completo, una de las mayores catástrofes ambientales del país. Actualmente, lo que queda del espejo de agua es prácticamente mínimo en comparación con los registros históricos”, corroboró Yasin Peredo, del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). Además de un grave daño ambiental, lo que pasa con los lagos Poopó y Uru Uru es una seria vulneración del derecho al agua, a la salud, al territorio, a la alimentación y al trabajo de las comunidades aledañas. “Con tristeza vemos como está desapareciendo el lago Poopó y el riesgo que corre nuestro lago Uru Uru”, expresó Margarita Aquino, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra (RENAMAT). “La contaminación minera nos está despojando de las fuentes de agua y está vulnerando los derechos de las mujeres y de las comunidades”. De la salud de estos ecosistemas dependen comunidades indígenas aymaras y quechuas, así como los Uru Murato, una de las naciones originarias más antiguas de Bolivia. Los miembros de ese pueblo milenario solían vivir de la pesca, pero la contaminación del Poopó y su casi incipiente cantidad de agua los ha forzado a migrar y a rebuscar formas para sobrevivir con otras actividades. Don Pablo Flores, autoridad originaria de la comunidad Uru de Puñaca manifiesta: “En agosto, han llegado autoridades y con ellos hemos ido al lago y hemos constatado que ya no hay agua, el sector de la isla de Panza también está seco. Como Urus, ¿cómo estamos viviendo? Antes se iba por parihuanas, ahora no. En febrero ponían huevos, cambiaban de plumas. Este año no hay. Los flamencos están muertos. El lago no existe ahora. Las tres comunidades Urus estamos sufriendo, vivíamos de la caza y pesca. Pedimos a las autoridades municipales, departamentales y nacionales mayor atención porque hasta ahora prácticamente no se hizo nada para salvar, proteger y recuperar nuestro lago Poopó”. Al incluir a los lagos Uru Uru y Poopó como sitio Ramsar, el Estado boliviano se comprometió a conservar las características ecológicas de estos humedales. En ese sentido, la visita de la misión de expertos y expertas es una oportunidad clave para obtener recomendaciones objetivas y especializadas orientadas al cumplimiento de ese compromiso. “Las organizaciones ambientales, las comunidades y la población en general estamos pendientes de la visita de la Misión Ramsar. Consideramos que debe tomarse en cuenta la situación actual del ecosistema, pero también los factores que siguen influyendo en su degradación porque mientras no se adopten estrategias para combatir el cambio climático, no se ponga un alto a la contaminación minera y no se garantice la cantidad de agua necesaria para todo el TDPS, la situación crítica de nuestros lagos Uru Uru y Poopó no podrá ser revertida”, señaló Ángela Cuenca, coordinadora del Colectivo CASA. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107 Angela Cuenca (Bolivia), Colectivo CASA, [email protected], +59172485221 Limbert Sanchez (Bolivia), CEPA, [email protected], +59172476802 Sergio Vasquez Rojas (Bolivia), CENDA, [email protected], +59172734594

Abril 20 2021 Océanos, Contaminación Tóxica

Sushi con salmón, daños por montón

Por Claudia Arancibia y Florencia Ortúzar, abogada de AIDA El consumo de sushi se ha masificado tanto en occidente que es posible disfrutarlo casi en todas partes. Uno de los ingredientes favoritos es el vanagloriado salmón. Pero… ¿qué hay detrás del salmón que consumes? El salmón chileno no se desarrolla de forma natural, como muchos otros peces que las costas del país ofrecen. La mayoría se cultiva en hacinamiento, en balsas-jaulas flotando en los mares de la Patagonia. Allí poco pueden moverse, sufren los embates de parásitos y enfermedades contagiosas y reciben altas dosis de químicos, colorantes y antibióticos. La industria salmonera en Chile ha tenido un rápido pero descontrolado crecimiento. Se trata hoy de la segunda industria principal del país, posicionándolo como el segundo principal productor de salmón a nivel mundial. Pero en su camino ha vulnerado normas de protección ambiental y sanitaria, dañando ecosistemas en varias regiones. La región más amenazada es la Patagonia, reconocida mundialmente por su asombrosa belleza y exuberante biodiversidad. Sus milenarios bosques albergan flora y fauna endémica. Sus mares y costas son hogar de ballenas, delfines y orcas, entre muchas otras especies. Con frecuencia, los efectos adversos de la salmonicultura son invisibles a los ojos. Al ocurrir bajo el mar y en zonas remotas, los daños a la vida marina se manifiestan cuando son prácticamente irreparables. Por eso es importante saber qué es lo que realmente implica ese salmón que adorna tu sushi. Ballenas en peligro Hace poco circuló en redes sociales un video escalofriante que graficaba el intento desesperado de una ballena azul por abrirse paso entre cientos de buques. El video se basó en un estudio científico, publicado en febrero de 2020, que confirmó que el 83% de todos los barcos involucrados correspondía a la industria acuícola. Según la investigación, la ballena azul, el mamífero más grande del mundo y especie en peligro de extinción, debe enfrentarse hasta a 900 embarcaciones al día en las aguas de la Patagonia chilena, una de sus principales zonas de alimentación. En esa área, donde ballenas y salmonicultura conviven, existen registros de colisiones con resultado de muerte para ballenas en los años 2009, 2014 y 2017. Mares asfixiados Pero las ballenas no son las únicas especies que sufren la invasión salmonera. El cultivo intensivo de salmón implica la descarga excesiva de materia orgánica al mar debido a la acumulación de alimentos no consumidos y heces, el mal manejo de la muerte de peces y, en suma, la cantidad de peces cultivados por metro cuadrado. Lo anterior, sumado a otros factores relacionados con el clima y con los lugares donde están los centros (que por lo general registran bajo recambio de aguas), lleva a que se generen condiciones anaeróbicas, traducidas en la disminución y pérdida del oxígeno disuelto en el agua, necesario para que la vida prospere. Según los registros de las autoridades encargadas de regular y fiscalizar a la industria, en los últimos años, alrededor de la mitad de los centros de cultivo evaluados en Magallanes operan en condiciones anaeróbicas. Esto significa que en aquellos lugares hay menos oxígeno que el requerido para un ambiente sano. La descarga excesiva de nutrientes también es un factor que incide (entre otros) en la aparición de las temidas mareas rojas o cafés, donde las floraciones algales nocivas (FAN) agotan severamente el oxígeno disuelto. Así hemos visto episodios de varazones masivas de moluscos, peces e incluso ballenas que cubren kilómetros de playas, dejando un panorama desolador. El pasado 1 de abril, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura comenzó a informar de una serie de mortalidades masivas afectando a varios centros de cultivo de salmones en las regiones de Los Lagos y Aysén. Al 12 de abril, la mortalidad acumulada superaba las 5.500 toneladas. Hasta ahora poco se ha dicho de las consecuencias de este desastre para los ecosistemas. Lo que sabemos es que varias áreas protegidas han sido afectadas, incluyendo el Área Marina Costera Protegida Fiordo Comau-San Ignacio de Huinay (Los Lagos), las aguas del Parque Nacional Isla Magdalena, el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Pitipalena-Añihue, la Reserva Forestal Las Guaitecas y el Santuario de la Naturaleza Estero de Quitralco (Aysén). La científica Vreni Haussermann manifestó gran preocupación por el fiordo Comau, conocido por sus inusuales y frágiles bancos de corales, que podrían sufrir graves daños e incluso morir por las disminuciones de oxígeno o hipoxia generadas por las FAN. Depredadores exóticos sueltos Otro impacto que frecuentemente protagoniza la industria viene de los escapes masivos de salmones. Al ser una especie carnívora, el salmón en libertad depreda a las especies nativas y compite por su hábitat. No existe por el momento información suficiente sobre los impactos a los ecosistemas de estos escapes. Entre 2010 y 2018, según datos oficiales, hubo 87 eventos de escapes, con un promedio de casi 10 escapes por año. Se estima que entre 2010 y 2017 se liberaron al océano un promedio anual de 410.000 especies. En junio de 2020, hubo una fuga masiva de aproximadamente 900.000 salmones de un centro salmonero en la región de Los Lagos. Una investigación finalizada en 2019 concluyó que las poblaciones de la especie nativa de Puye Grande, presente en la zona sur del país, disminuyeron en casi 99% durante el último siglo debido a la introducción de truchas y salmones. Lo anterior significa una pérdida del 10 al 20% de la diversidad genética de la zona. Las empresas siempre se excusan en el clima, a veces extremo, de los lugares donde operan. Antibióticos Los daños de la salmonicultura no se restringen a la esfera ambiental. En Chile, el uso de antibióticos en esa industria es mayor que en cualquier otro país. Según la ONG Oceana, Chile utilizó 1.386 veces más antibióticos que Noruega en 2017 para la misma producción de salmón y, en 2018, hubo empresas que produjeron aproximadamente 30.000 toneladas de salmón utilizando más de 20.000 kilogramos de antibióticos, con un índice de consumo de antibióticos de 799,39 gramos por tonelada de salmón. El abuso de antibióticos lleva a la resistencia bacteriana, es decir que las enfermedades se tornan resistentes a los antibióticos. Lo anterior ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales amenazas a la salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Comer sushi con salmón es, en otras palabras, consumir un coctel de antibióticos. Y el precio no lo pagas únicamente tú en dinero, sino que también corre por cuenta de la salud de los ecosistemas y especies de la Patagonia chilena. Con todo esto, ¿seguirías considerando que el salmón que consumes es natural, sano y nutritivo? Quizás no. Pero no te desanimes, que no es necesario dejar el exquisito legado de los japoneses, ya que siempre puedes decir “quiero sushi, ¡pero sin salmón!”

Marzo 19 2021 Derechos Indígenas, Océanos, Contaminación Tóxica

Resistencia legal frente a los daños de la salmonicultura en Chile

Por Claudia Arancibia (AIDA), Victoria Belemmi (FIMA) y Estefanía González (Greenpeace Chile) Las comunidades indígenas Kawésqar, Atap, As Wal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Residentes Río Primero e Inés Caro sostienen actualmente una lucha contra los daños ambientales de la expansión de la industria salmonera a la Región de Magallanes, la más prístina del país. La presencia de este pueblo en los fiordos y canales patagónicos se remonta a 6.000 años atrás. En febrero pasado, las comunidades Kawésqar y las organizaciones que apoyan la defensa de sus tierras y mares obtuvieron una importante victoria legal. Después de que en 2018 el Tercer Tribunal Ambiental rechazara los reclamos de la comunidad Kawésqar As wal Lajep en contra de la autorización de una salmonera en el Lago Balmaceda, Magallanes, la Corte Suprema de Justicia dio vuelta la sentencia y anuló el permiso ambiental, puesto que la evaluación ambiental del proyecto no consideró las observaciones de las comunidades locales. El precedente es sumamente importante ya que el máximo tribunal del país reconoció el valor de la participación indígena en la evaluación ambiental de proyectos susceptibles de afectar territorios ancestrales. Reafirmó también la obligación del Estado de respetar el proceso de consulta indígena y de cumplir con lo dispuesto en la legislación ambiental nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile. El fallo de la Corte Suprema es un paso adelante en el entendimiento de que la participación de las comunidades indígenas, locales y tradicionales —además de ser un derecho— es un insumo valioso para la toma de decisiones sobre el desarrollo. En noviembre de 2020, en otro avance legal importante, el Tercer Tribunal Ambiental reconoció que la falta de oxígeno en aguas de la Patagonia chilena se relaciona con la operación de centros salmoneros. La situación había sido denunciada ante la Superintendencia del Medio Ambiente, pero dicha entidad desconoció la relación de causalidad entre la salmonicultura y esos daños ambientales, argumentando que muchas veces, la disminución de oxígeno se debía a causas naturales como las corrientes marinas, la geografía de la zona y el cambio climático. La sentencia emitida por el Tribunal Ambiental, tras conocer el caso, constituye un precedente clave, pues asocia la producción industrial de salmón con el peligroso porcentaje de zonas con bajos niveles de oxígeno en los mares de la Patagonia chilena. Estas condiciones, conocidas como anaerobismo, se deben a la gran cantidad de materia orgánica (alimento no consumido y heces) que la industria salmonera descarga en el mar, al manejo inadecuado de los peces muertos y a la cantidad de peces cultivados por metro cuadrado, que supera la capacidad de carga de las aguas. ¿Y las sanciones? Pese a los avances descritos, las autoridades chilenas todavía enfrentan problemas graves para fiscalizar adecuadamente la salmonicultura y para evitar los daños que su expansión está causando. Un problema es que las sanciones impuestas a las empresas infractoras no han sido suficientemente ejemplificadoras ni disuasivas. A pesar de múltiples procedimientos sancionatorios en contra de varias empresas, no se observan esfuerzos por mejorar estándares sanitarios y ambientales, antecedentes que no han sido considerados por las autoridades ambientales a la hora de otorgarles permisos para operar. Un ejemplo es el escándalo protagonizado por la empresa Nova Austral S.A., conocido como “Salmon Leaks”. En 2019, una investigación periodística destapó que la empresa escondía la información real de la cantidad de peces que moría diariamente en las granjas ubicadas en el Parque Nacional Alberto de Agostini, en Magallanes. Posteriormente, un segundo reportaje reveló que además la empresa adulteraba con maquinaria pesada el fondo marino —prácticamente muerto— para esconder su condición anaeróbica y obtener permiso para seguir cultivando salmones en espacios marinos biológicamente deteriorados. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas sancionó estos hechos con la multa máxima y con la suspensión de un ciclo productivo. Posteriormente, en 2020, el Consejo de Defensa del Estado demandó a la empresa por posible fraude debido a que cobraba beneficios tributarios de la Ley Navarino incumpliendo su obligación de “efectuar un uso racional de los recursos naturales de la región de Magallanes, preservando la naturaleza y el medioambiente”. Producto de ello, la Tesorería General de la República retuvo cuatro pagos que cubren hasta cuatro meses de subsidios de la ley. Pese a los múltiples escándalos y sanciones impuestas, la empresa sigue publicitando la “sustentabilidad” de su salmón como el rasgo principal de su producción. El futuro de la Reserva Kawésqar Previa aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental, Nova Austral ahora busca relocalizar cuatro de sus concesiones acuícolas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, mientras que otros seis proyectos están actualmente en evaluación ambiental para lo mismo. Lo más grave es que esta reserva no cuenta aún con un Plan de Manejo que salvaguarde sus objetivos de protección, lo que la deja expuesta a impactos graves tanto a su riqueza ecosistémica como a los derechos ancestrales de las comunidades indígenas Kawésqar. Es urgente que la incompatibilidad de la salmonicultura con los objetivos de creación de la reserva quede expresada de manera clara en el plan de manejo con la prohibición de esta actividad. Tenemos mucho que aprender de las comunidades Kawésqar, que reafirman la protección de los mares del archipiélago patagónico como la base para proteger su cosmovisión, su identidad cultural y sus modos de vida. ¿Qué necesita el resto del país para defender con el mismo énfasis una zona vital no sólo para Chile, sino para el mundo?

Marzo 03 2021 Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

México: Organizaciones de la sociedad civil denuncian graves consecuencias de la “Ley Combustóleo”

El "madruguete" en el Senado para aprobar por mayoría los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica viola derechos humanos y traerá graves daños a la salud, al ambiente y el incumplimiento de acuerdos internacionales. Ciudad de México. Las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) advirtieron que el madruguete realizado este martes por la mayoría del Senado de la República para aprobar los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), conocida como la “Ley Combustóleo” (por la preferencia de uso de este combustible que implica dicha modificación) no sólo implica violaciones al procedimiento legislativo, sino también a derechos humanos como el derecho de acceso a la participación conforme al recién ratificado Acuerdo de Escazú, a la salud y al medio ambiente sano, sobre todo de los sectores más vulnerables como las niñas, niños y jóvenes, además de retrasar aún más el cumplimiento de México a los acuerdos internacionales en combate al cambio climático. La Ley Combustóleo que aprobaron las y los Senadores en una sesión convocada de última hora este martes, se caracterizó por la ausencia de diálogo con expertos, jóvenes y sociedad civil, pues no se convocó al ejercicio de Parlamento Abierto. La Ley llevará a México a un mayor consumo de energías fósiles, como el carbón, el gas natural y el combustóleo para generar electricidad, que dañan de manera severa la salud de la población, el medio ambiente y compromete el futuro de la niñez en México, haciendo a un lado la transición energética justa y con enfoque de derechos humanos por la que nuestro país debería avanzar. En términos de salud y sólo a manera de ejemplo, de acuerdo con el informe “Modelado de impactos transcuenca en escenarios de cambio de combustible para la generación de energía. Estudio de caso Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos” elaborado por Adolfo Hernández-Moreno de la UAM, la contaminación por combustóleo, sólo de la termoeléctrica de Tula, sería responsable de 14 mil muertes prematuras en la ZMVM. La termoeléctrica de Tula funciona con combustóleo y ese es precisamente uno de los combustibles fósiles que se alienta a partir de la reforma aprobada vía “fast track” por mayoría en el Senado, en tanto que se estigmatiza a las energías renovables, bajo el argumento de que han sido usadas por empresas particulares para defraudar al Estado. Al respecto, en el OCCA coincidimos en el hecho de que el sector eléctrico es prioritario y estratégico para el desarrollo social. Por ese motivo, CFE podría y debería asumir un rol protagónico en la transición energética justa, renovable y con enfoque de derechos humanos que el país necesita y apuntalar hacia la soberanía energética desde un modelo que garantice el derecho a un medio ambiente sano a las generaciones futuras. Sin embargo, estas medidas lejos de fortalecer a la empresa paraestatal, la anclan a la dependencia de combustibles fósiles extranjeros como el gas y a tecnologías obsoletas como el combustóleo y el carbón, relegando tecnologías renovables bajo argumentos técnicos equivocados y señalamientos de corrupción que sin duda deben ser investigados y sancionados, pero no deben ser motivo para limitar la participación de las energías renovables en la matriz energética, porque esto implica graves daños a la salud y al medio ambiente. El daño aún puede ser revertido. Es momento de priorizar nuestra salud, la niñez, la juventud y la agenda social. La única forma es garantizar el derecho a un medio ambiente sano y evitar la catástrofe climática, evitando una mayor penetración de fuentes contaminantes, como el combustóleo y el carbón. Para asegurar nuestro consumo energético y depender menos de la importación de combustibles, México debe incrementar sustantivamente la participación de las energías renovables, y el gobierno debe asumir esa responsabilidad de manera integral y sustentable, tal y como lo establece el artículo 25 de nuestra Constitución. CONTACTOS DE PRENSA Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz Esparza Ortega, CEMDA, [email protected], 5559644162

Febrero 25 2021 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Ciencia ciudadana, derechos humanos y calidad del aire: Experiencias internacionales de monitoreo e incidencia

En este seminario web, el último de una serie de tres, se dio a conocer distintas iniciativas para mejorar la calidad del aire en América Latina.El objetivo fue compartir experiencias ciudadanas, retos comunes y lecciones aprendidas sobre redes de monitoreo de bajo costo, implementadas como sistemas complementarios a estaciones de monitoreo oficiales, y acerca de procesos de incidencia en temas de calidad del aire ante gobiernos locales de países de la región. PanelistasRudy Gabriel Sicha, Universidad de La Molina (Perú).Soledad Represa, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina).Stephan Brodziak, Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA, México).Julián Gomez Tibaquira, Mesa Técnica Ciudadana por la Calidad del Aire de Bogotá (MECAB, Colombia).Isis Diniz, Instituto de Energía y Medio Ambiente (IEMA, Brasil).Moderó: Daniela García, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación

Febrero 24 2021 Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

El aumento del uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica eleva el riesgo social, ambiental y en derechos humanos: ONG

El consumo de combustóleo y carbón daña la salud de la gente, agrava la pobreza energética y agrava significativamente la crisis climática. El calentamiento global incrementará fenómenos como la reciente y atípica tormenta de nieve en el sur de Estados Unidos y el norte de México, con severas consecuencias sociales e impactos en derechos humanos. Los apagones ocurridos en días pasados en el país, causados por un frente frío atípico que congeló infraestructura de las plantas productoras de gas en Texas (desde donde se importa el gas a México), es un claro ejemplo de dos problemáticas que resultan muy graves en nuestro país. Por un lado, muestran la fragilidad del sistema eléctrico y la gravedad de depender de combustibles fósiles para satisfacer nuestra demanda eléctrica. Por el otro, evidencian nuevamente que el cambio climático es real, que nos afecta fuertemente y que amenaza una amplia gama de derechos, entre ellos el derecho a la vida, vivienda, salud y al ambiente sano, y que México es un país altamente vulnerable a sus efectos. Estos dos problemas están conectados y resultan relevantes porque la quema de combustibles fósiles para uso energético (como el carbón, el combustible y el gas) son los principales responsables de las emisiones de gases efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta, causantes del cambio climático. La respuesta que ha dado el gobierno federal no resuelve la necesidad de contar con un suministro confiable y sustentable de energía. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que paradójicamente anunció nuevas plantas de gas con ciclo combinado, busca suplir la falta de gas con el uso de carbón y combustóleo, fuentes fósiles que contribuyen al problema que ocasionó el congelamiento de la infraestructura en primer lugar. Con estas decisiones, alimenta el círculo vicioso que da origen al cambio climático y que dejó a millones de personas sin electricidad y a miles más expuestas a los contaminantes de las termoeléctricas, además de contribuir a las muy graves afectaciones que el calentamiento global implica en términos de salud, pérdidas y daños sociales y deterioro ambiental. Nuestra propuesta como sociedad civil incluye la diversificación de la matriz energética, para incrementar la penetración de las energías renovables en distintas escalas, dándole prioridad a la generación distribuida, que ayuda a la democratización de la energía, al alivio de la pobreza energética, además de abonar a la seguridad en el abastecimiento de electricidad de la población de una manera respetuosa con los derechos de las comunidades. Ha quedado demostrado que las fuentes fósiles no garantizan el despacho de energía eléctrica ni la seguridad energética y que al ser importadas, como en el caso del gas, no contribuyen a fortalecer la soberanía energética que el gobierno busca, además de ser altamente contaminantes y muy costosas. Al contrario, está demostrado que la introducción de fuentes renovables en distintas escalas en la matriz energética y con procesos participativos y de inclusión social fortalece la seguridad energética porque no requiere de importación de combustibles y no compromete la salud de las personas y el ambiente, ayuda a enfrentar la crisis climática y puede ayudar a combatir la pobreza energética que aqueja a más del 43% de los hogares del país (1). Asimismo, es indispensable el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional para que sea resiliente ante los embates del cambio climático pues actualmente es sumamente frágil, como lo ha dejado ver el apagón. Basta recordar que la estrategia nacional de cambio climático 2013 indica que más del 40% de la infraestructura petrolera estratégica y alrededor de 30% de las redes de transmisión eléctricas del país son altamente vulnerables al cambio climático (2) así como a las fallas derivadas de la cadena de producción de electricidad. Esto requiere la diversificación de la matriz, la modernización de las redes e inversiones estratégicas. Proponemos, por tanto, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovable con respeto a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, para reducir la importación de combustibles fósiles, mitigar las emisiones contaminantes del sector y como parte fundamental para una transición energética justa. Es conveniente mantener las medidas de ahorro energético y es apremiante detener cuanto antes el aumento de los combustibles fósiles que dañan la salud, el ambiente y que comprometen el bienestar social de México. (1) Beatriz Olivera Villa. (2020). El camino de México hacia la justicia energética. México: Greenpeace México. Disponible en: https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2021/02/d252044e-el-camino-de-mexico-hacia-la-justicia-energetica.pdf (2) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (2013). Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40. México: INECC. Disponible en: https://www.gob.mx/inecc/documentos/estrategia-nacional-de-cambio-climatico-vision-10-20-40 Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), El Poder del Consumidor A.C., FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México A.C., International Council on Clean Transportation (ICCT), Iniciativa Climática de México (ICM), Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México), Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Redspira, Transita Seguro, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA). CONTACTOS DE PRENSA Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz Esparza Ortega, CEMDA, [email protected], 5559644162

Febrero 16 2021 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Ciencia ciudadana, derechos humanos y calidad del aire: Demandando justicia

En este seminario, el segundo de una serie de tres, se expusieron los retos que implica probar ante los tribunales la violación de derechos humanos a causa de la contaminación atmosférica.En ese sentido, expertos y expertas en el tema discutieron la relación entre datos de calidad del aire, pruebas judiciales y protección de los derechos humanos. Además, a partir de casos específicos que han llegado a demandas judiciales en países de América Latina, se habló de lecciones aprendidas en la búsqueda de justicia ambiental ante la contaminación del aire. PanelistasValeria Berros, Universidad Nacional del Litoral (Argentina).Mario Peña, Universidad de Costa Rica.Gisselle García, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).Laura Santacoloma, Dejusticia (Colombia).Moderó: Mauricio Madrigal, Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP), Universidad de los Andes (Colombia). Grabación

Enero 26 2021 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Serie de seminarios web "Minería de oro en la cuenca andino-amazónica"

La minería de oro en la cuenca andino-amazónica es un problema complejo y en expansión. Aunque ha habido esfuerzos muy importantes para lidiar con ella, su gravedad hace que todavía quede espacio para una mayor articulación de esfuerzos.Se necesita más trabajo colectivo, traducido en acciones internacionales coordinadas entre Estados y organizaciones de la sociedad civil.Pese a que los desafíos de la minería en esta zona parecen abrumadores, existen medidas necesarias y posibles de implementar.Hay temas que inciden profundamente en la situación actual de la minería aurífera, que no se abordan de forma suficiente y coordinada. Para atender y resolver el problema, es importante profundizar en la identificación de tendencias, brechas regulatorias y de información, lecciones aprendidas, oportunidades de incidencia y opciones de articulación.Con el fin de aportar a las soluciones, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) organizó el “Seminario taller sobre minería de oro en la cuenca andino-amazónica”. Este encuentro tuve el objetivo de fomentar la colaboración y el intercambio de información entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y nacionales e instituciones de investigación que trabajan en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil para prevenir, mitigar y/o remediar los impactos de la minería de oro en la cuenca andino-amazónica.AgendaMartes 26 de enero: Influencia de las infraestructuras en la expansión del extractivismo en el Amazonas. Mercedes Lu, Asesora Técnica Ambiental, ELAW- Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental). Jueves 28 de enero: Impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas.Gregorio Mirabal, Coordinador General, COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica).Lunes 1 de febrero: Comunicación estratégica y narrativas sobre la minería de oro en el Amazonas.Miriam Jemio, comunicadora; periodista ambiental y de investigación.Bram Ebus, periodista de investigación y criminólogo.Miércoles 3 de febrero: Estrategias de judicialización de la minería criminal de oro en el Amazonas.Carlos Guillermo Castro, profesor de derecho penal, Universidad del Rosario; exintegrante de la Comisión Asesora de Política Criminal en Colombia. Grabaciones1. Influencia de las infraestructuras en la expansión del extractivismo en el Amazonas: 2. Impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas: 3. Comunicación estratégica y narrativas sobre la minería de oro en el Amazonas: 4. Estrategias de judicialización de la minería criminal de oro en el Amazonas: Más información Ver los seminarios introductoriosNuestra introducción al tema incluye trés charlas sobre: Aspectos generales, impactos y perspectiva de las comunidades; La circulación del mercurio en el ambiente; y ¿A dónde va el oro? El flujo de oro en los mercados. Ver nuestros Recursos para el estudio del extractivismoA fin de ayudar a organizaciones e individuos a obtener información acerca de la minería, AIDA ha creado una página de fuentes de información sobre el tema. Para ello, hemos reunido y sintetizado una lista de referencias y recursos que pueden ser útiles para quienes busquen conocer más acerca de la industria minera y de sus impactos ambientales, económicos y sociales.

Enero 19 2021 Derechos Indígenas, Minería, Contaminación Tóxica

Denunciamos ante la OCDE daños causados por Cerrejón, empresas aliadas y empresas accionistas en La Guajira

La organización irlandesa Global Legal Action Network (GLAN), apoyada por la agencia internacional de desarrollo Christian Aid, la organización regional AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente) y las organizaciones nacionales de derechos humanos CINEP/PPP y CAJAR presentamos de manera simultánea tres quejas ante los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE* en Irlanda, Reino Unido, Suiza y Australia. En ellas denunciamos los múltiples impactos de la mina operada por la empresa Carbones del Cerrejón en detrimento de la vida y los derechos humanos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas de La Guajira, así como la falta de debida diligencia y el incumplimiento de los lineamientos de la OCDE. La primera queja fue presentada contra ESB (Electricity Supply Board), una empresa estatal irlandesa que compra carbón de Cerrejón; la segunda contra CMC (Coal Marketing Company) de Cerrejón, con sede en Dublín, Irlanda. Paralelamente, presentamos una tercera queja en contra de las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón: BHP, Angloamerican y Glencore. Estas quejas se enmarcan en una estrategia integral de defensa de los derechos humanos a la salud y al ambiente sano emprendida por organizaciones que por años hemos acompañado los procesos de defensa territorial y de denuncias lideradas por comunidades Wayúu y afrodescendientes impactadas por décadas de operación carbonífera en su territorio. La exigencia de la responsabilidad empresarial es apremiante ante los recientes anuncios de las sociedades matrices de poner en venta sus acciones sin que se tenga claridad de sus históricas deudas, compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos en el país. Jenny Paola Ortiz, del CINEP, considera que: “En La Guajira, las comunidades Wayúu y afrodescendientes se están disputando el derecho a la vida frente al etnocidio y ecocidio que están viviendo resultado de la actividad minera. En diversas investigaciones y fallos judiciales, se ha demostrado la sistemática violación de derechos: más de 25 comunidades han sido desplazadas, confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales, se han contaminado y desviado más de 17 arroyos tributarios del Ranchería —único río del departamento— y existen abusos de poder y asimetrías entre la empresa y las comunidades”. La operación minera desarrollada por la empresa Carbones del Cerrejón en La Guajira se ha dado de manera continua en detrimento de los derechos de las comunidades étnicas, desconociendo los estándares internacionales ambientales aplicables a este tipo de operaciones y en sistemático incumplimiento de las sentencias judiciales que han reconocido la responsabilidad de la empresa y el Estado ante los alegatos de violaciones a derechos hechas por las comunidades. Para Rosa María Mateus, del CAJAR: “Si no se logró cuestionar los impactos de la imposición de esta mina, es necesario que se haga una evaluación tanto de la conducta empresarial como de los pasivos ambientales y sociales que han dejado estas empresas antes de su salida del país para evitar que se consoliden escenarios de impunidad corporativa”. Dichas operaciones también han profundizado la vulnerabilidad del territorio ante la actual crisis climática dada su contribución al mercado y quema de carbón, uno de los minerales con mayor incidencia en el calentamiento global. Por su parte Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA, señaló que “este tipo de reclamaciones evidencian la importancia de considerar los impactos climáticos que conlleva la minería de carbón en Colombia, tanto a nivel territorial como en su contribución a las emisiones globales.” Con estas quejas buscamos que las empresas domiciliadas en Irlanda suspendan sus relaciones comerciales con la empresa Carbones del Cerrejón dada su responsabilidad en violaciones a derechos humanos; que las casas matrices de Cerrejón reconozcan su corresponsabilidad en el marco de los hechos denunciados; y que todas las empresas involucradas, según su grado de responsabilidad, emprendan acciones de remediación y de restauración ambiental en el marco de la debida diligencia y de la obligación de respeto de los derechos humanos. Adicionalmente, estas quejas buscan visibilizar la situación de las comunidades afectadas por las operaciones de la empresa Cerrejón y, sobre todo, generar las condiciones necesarias para que cese la violación de los derechos de las comunidades en La Guajira y así promover el avance hacia una transición justa, participativa y progresiva en el territorio. Firman: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo (Censat – Agua Viva) *La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional que cuenta con Líneas Directrices para Empresas Multinacionales, las cuales son recomendaciones voluntarias dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales para una conducta empresarial responsable dentro del contexto global. Esta organización cuenta con Puntos Nacionales de Contacto, que son organismos constituidos por los gobiernos de los países adherentes con el fin de promover e implementar las Directrices. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107