Contaminación Tóxica


Seminario virtual "Por un aire limpio: el problema de la contaminación y la lucha ciudadana"

La contaminación del aire exterior es el principal riesgo para el ambiente y para la salud en el continente, siendo la causa de aproximadamente 60 mil muertes prematuras por año, principalmente entre niños, niñas, ancianos y ancianas. Es un enemigo silencioso que se hace más evidente en las ciudades, donde vive el 80% de los habitantes de América Latina. Combatir este problema, desde todos los frentes, implica una lucha por la vida de las generaciones presentes y futuras, así como una oportunidad para reducir los daños del cambio climático. En este seminario, el primero de una serie de tres, abordamos los aspectos generales del problema, sus daños a la salud y los derechos humanos, la relación entre la contaminación del aire y el cambio climático, y la experiencia ciudadana en busca de un aire más limpio.   Panelistas Claudia Fuentes Pereira, Encargada del Proyecto de Descarbonización de la Matriz Eléctrica en Chile de la Fundación Chile Sustentable: Introducción: Panorama general de la calidad del aire en las ciudades de América Latina y del problema de las termoeléctricas:  Daniela García Aguirre, Coordinadora de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes y miembro de la Mesa Técnica Ciudadana por la Calidad del Aire de Bogotá: Impacto de la contaminación del aire en la salud y los derechos humanos.  Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Relación entre calidad del aire y cambio climático. Areli Carreón, activista ambiental y miembro fundadora de Bicitekas A. C.: Hacia un aire más limpio, la experiencia de Ciudad de México. Daniel Bernal, activista ambiental, miembro de la fundación Humedales Bogotá, grupo Sapiens Colombia y del proyecto CanAirlO.Hacia un aire más limpio, la experiencia de Bogotá. Moderó: Laura Yaniz, AIDA.   GRABACIÓN   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Claudia Fuentes Pereira:   3. Presentación de Astrid Puentes Riaño:   4. Presentación de Daniel Bernal:  

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Aire limpio y justicia climática: el mejor regalo para los niños y niñas

Hoy México celebra el Día del Niño. El mejor regalo que millones de niños y niñas podrían, y deberían, recibir, es aire limpio y justicia climática. Es lo único que quisiera regalarles a mis hijos y que tristemente no podré, al menos no este año, puesto que Ciudad de México ha tenido mala calidad de aire 112 de los 120 días de 2019 (hasta hoy). Quienes vivimos en esta ciudad hemos sufrido la contaminación, particularmente en el último mes, en el que por siete días en total se declararon tres contingencias ambientales por ozono.   En los últimos años, las contingencias ocurren durante la “temporada de ozono”, del 15 de febrero al 15 de junio, período en el que el ozono troposférico (el ozono presente en el aire que respiramos) supera los niveles máximos que la Norma Oficial Mexicana permite. Este gas, presente durante todo el año, se eleva porque a la quema de combustibles fósiles por vehículos e industrias se suma el cambio de condiciones meteorológicas: menos lluvia y vientos, y más radiación solar. Esto impide que la contaminación del aire que producimos constantemente se disperse de la ciudad hacia zonas aledañas. El aumento de ozono en el aire es grave debido a los daños que causa al ambiente y a la salud de las personas, en especial a la de los niños y niñas. Según la Organización Panamericana de la Salud, el ozono en el aire puede, entre otras cosas, afectar la función pulmonar, dificultando la respiración. Así, el grupo vulnerable a la contaminación incluye también a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y atletas. Por ello las autoridades recomiendan a la población, sobre todo a los grupos vulnerables, abstenerse de realizar actividades al aire libre durante las contingencias, en particular entre las 13 y las 19 horas. Otras medidas incluyen aumentar la restricción vehicular y reducir el consumo de gas licuado de petróleo. Por todo lo anterior, la “temporada de ozono” no es un fenómeno nuevo, sorpresivo ni normal. No es normal que los padres nos resignemos a su presencia cada año y que nuestros hijos no puedan celebrar su cumpleaños al aire libre o salir con sus amigos al parque. Entiendo la imposibilidad de controlar las lluvias, el sol y el viento, pero el ozono es otra historia. De hecho, existen medidas que se podrían y deberían estar implementando hace años para evitar que la temporada de ozono sea inevitable en Ciudad de México. Algunas de ellas, plenamente identificadas, incluyen la mejora de la calidad de las gasolinas y de la tecnología vehicular y de fuentes fijas; asegurar infraestructura segura y adecuada de transporte público y de bicicletas; y controlar efectivamente la flota vehicular del transporte privado y público, y las fuentes fijas. Pero hasta ahora las acciones han sido incompletas, ineficientes y están estancadas para solucionar el problema de fondo. La mejora de la calidad de aire durante el desabasto de gasolina en la ciudad, demostró que dichas soluciones son posibles. De otra parte, las acciones destinadas a disminuir la contaminación del aire podrían tener un doble beneficio. El ozono troposférico es un gas de efecto invernadero que agrava el cambio climático. Es un contaminante climático de vida corta pues se queda en la atmósfera algunas semanas. Esto implica que las acciones para controlarlo tienen un efecto casi inmediato en la salud humana, de los ecosistemas y en el clima. México tiene entonces la oportunidad de cumplir sus obligaciones internacionales contra el cambio climático, además de mejorar la salud de millones de personas que vivimos en ciudades. Por tanto, la temporada de ozono requiere un cambio estructural y urgente de políticas públicas, de leyes y de su aplicación. Urge incluir una perspectiva de derechos humanos que priorice el interés público y la salud de niños, niñas y demás personas, por encima de la movilidad vehicular. No son medidas sencillas de elaborar e implementar, pero es esencial dar los primeros pasos si queremos alcanzar resultados algún día. Los esfuerzos gubernamentales requieren del apoyo de toda la sociedad. Las empresas deben contribuir a la implementación de soluciones, actuando con debida diligencia. La academia, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y demás sectores debemos aportar nuestro conocimiento y participación para asegurar que los planes y programas sean ambiciosos y efectivos, y promuevan una transición justa. Cada residente de la ciudad tiene el deber de contribuir. Precisamente el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Ambiente, Profesor David Boyd, publicó hace unas semanas un informe reiterando la obligación de los Estados de garantizar el derecho a un aire limpio y el deber de las empresas en contribuir. Su informe tiene recomendaciones relacionadas con el ozono troposférico que podrían ser muy útiles para las autoridades mexicanas. Disfrutar de un aire limpio es un derecho pendiente. Hoy en Ciudad de México viven casi dos millones de niños y niñas (de 0 a 14 años), incluyendo los míos. Ellos y gran parte de los más de 35 millones de niños y niñas de todo el país podrían gozar de un aire limpio, pues la mayoría vive en ciudades y poblaciones con problemas de calidad del aire. Según el comercio organizado, la celebración del Día del Niño en México implica un gasto de 17 mil millones de pesos (900 millones de dólares) en regalos, monto que podría destinarse a que autoridades, empresas y particulares implementen acciones para que los niños y niñas del país tengan algo más valioso: respirar un aire que no ponga en peligro su salud. Ello estaría alineado con el objetivo de quienes instituyeron la celebración del Día del Niño en México desde 1924 y con la intención de Naciones Unidas de establecer un día al año para honrar la importancia de los derechos de la infancia. La contaminación atmosférica es, lamentablemente, un problema regional y mundial. Perú y Colombia celebran también a sus niños y niñas este mes. Estando sus ciudades entre las más contaminadas, lo reflexionado aquí puede aplicarse también a esos países y al continente. El regalo para mis hijos este año será continuar trabajando para una mejor calidad del aire en Ciudad de México, para construir junto con otros el camino hacia un futuro, espero cercano, con justicia climática.  

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¿Cómo las fugas de metano del fracking agravan el cambio climático?

Las he visto más veces de las que puedo recordar, pero nunca dejan de impactarme: llamas de más de tres metros de altura, quemando gas en la planta de procesamiento de BP en Whiting, Indiana, Estados Unidos. La instalación está cerca de donde crecí, así que por mucho tiempo me han asombrado esas antorchas. Cuando era pequeña, mi hermana pensaba que eran volcanes y en mi familia ha sido usual llamarlas así.   Convertir residuos de metano en dióxido de carbono (CO2) mediante la quema es una práctica habitual en la producción de gas y petróleo. Ello hace que los “volcanes” sean un rasgo común de la perforación y fractura hidráulica o fracking para extraer hidrocarburos. Ver columnas de CO2 siendo escupidas directamente al aire impacta, pero también enfurece: es la metáfora visual de un mundo que funciona con energía sucia. Aun así, cuando se trata de fracking, los volcanes y sus emisiones de carbono no son el mayor problema. Lo más peligroso es con frecuencia difícil de ver, incluso invisible. La contaminación atmosférica causada por el fracking, la más grave, se debe a fugas de metano. El metano es un gas de efecto invernadero cuyo potencial de generar calentamiento global es 86 veces más grande que el del dióxido de carbono en un periodo de 20 años, de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Se filtra sigilosamente a nuestra atmósfera en cada punto de la cadena de suministro de gas, algo indetectable sin equipos sofisticados y pruebas constantes. De acuerdo con la NASA, la industria del gas y el petróleo es responsable por el incremento mundial de las emisiones de metano, superando incluso a los vertederos y a la producción de lácteos. Muchas de estas emisiones vienen de gasoductos con fugas de pozos de fracking. Aunque muchos de los daños del fracking —la contaminación de aguas subterráneas y un incremento en los sismos de origen humano, entre otros— están bien documentados, la contaminación atmosférica que causa implica una batalla más difícil de librar porque no hay imágenes que muestren convenientemente ese impacto. Pero el hecho de que no podamos ver cómo el metano se fuga al aire no implica que el daño sea menor: las partículas tóxicas se aferran a la garganta como manos invisibles; el metano causa hemorragias nasales y asma; las fugas de gas presionan el cerebro produciendo convulsiones y dolores de cabeza; los aditivos tóxicos hacen que los bebés nazcan prematuramente, con bajo peso y con defectos que ponen en riesgo su vida. Las fugas de metano son especialmente preocupantes en términos del cambio climático. Con la fuga a la atmósfera de menos del 2 por ciento del metano transportado por una tubería, el gas deja de ser supuestamente más “limpio” que incluso el carbón. Estudios recientes muestran que los campos de fracking en Estados Unidos registran fugas en niveles tremendamente desiguales, algunas de hasta el 12 por ciento.  En otras palabras, sólo unos cuantos pozos son responsables por una cantidad extrema de contaminación. Pero ello significa también que parte de la solución está en nuestras manos: reparar las fugas en esos campos altamente contaminantes sería de gran ayuda para la regulación del clima. Detener y reparar las fugas requiere una supervisión constante y cuidadosa, pero es una tarea rentable que a menudo se paga sola. Las compañías de gas pueden patrullar sus propias líneas de distribución, buscando y reparando fugas. Los reguladores neumáticos pueden ser reemplazados con otros mejores. Sin embargo, este cuidado extra es precisamente contra el que luchan los impulsores del fracking: la industria gasífera en Estados Unidos ha negado y minimizado por mucho tiempo la gravedad de las fugas en sus tuberías. Al igual que la contaminación por gases de efecto invernadero que lo causa, el cambio climático es un desastre de paso lento. Es una emergencia difusa y larga que, en un mundo que vive el instante, no es lo suficientemente dramática para decisiones a corto plazo. Por lo general se habla de ella cuando ya es demasiado tarde. Alternativas al fracking Pero los tiempos están cambiando. Y la solución al calentamiento global no está únicamente en la reparación de fugas. No podemos solamente mitigar un problema que amenaza nuestra vida, tenemos que ponerle fin. En lugar de perpetuar nuestra dependencia del gas, debemos invertir en una transición justa y movernos hacia fuentes de energía económicamente sostenibles, como la solar y la eólica. Los sistemas de distribución de gas, y su mantenimiento, son tan costosos como tóxicos, y pronto se volverán obsoletos. Debemos pelear por una mejor regulación de nuestro sistema energético mientras construimos alternativas para un mejor mañana. Eso es especialmente importante en partes del mundo que recién le están abriendo las puertas al fracking. Mientras en el Norte global es algo omnipresente, en América Latina el fracking apenas comienza, con la perforación de cerca de 5,000 pozos en los últimos años. Comunidades y defensores/as de derechos humanos de todo el continente han luchado mucho para conseguir prohibiciones o restricciones al fracking. Piden que sus países no caigan en la trampa: los daños serían mayores debido a una débil regulación y agravarían el cambio climático. En octubre del año pasado, testificaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los daños que el fracking ha causado en toda América Latina. Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA, explicó que la contaminación causada por el fracking vulnera derechos humanos básicos y que los defensores y defensoras ambientales enfrentan violencia cuando protegen sus territorios de la industria del gas. Parte de la batalla por una transición global y justa hacia una economía equitativa y sostenible implica reconocer los daños que son más difíciles de ver, incluidos aquellos que al principio son invisibles. Son los daños silenciosos, que ocurren en periodos largos de tiempo, los que ahora nos están alcanzando.  

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Presas de desechos mineros: Una historia de fallas

Nuevamente la tragedia se cierne sobre Brasil. El viernes pasado y por segunda ocasión en menos de cuatro años, una presa de desperdicios mineros se rompió en el estado brasileño de Minas Gerais —esta vez en el municipio de Brumadinho—, dejando un saldo catastrófico, humano y ambiental. Otra vez las pérdidas son incalculables. Otra vez lamentamos desapariciones y muertes; y vemos nuevamente con desconcierto imágenes similares: personas, las que sobrevivieron y las que no, siendo evacuadas en helicóptero; árboles, animales, casas y ríos cubiertos por lodo tóxico. Una vez más, la naturaleza y la sociedad terminan dañadas, desgarradas. Como si de un bucle interminable se tratara, la tragedia se repite en Minas Gerais. Cinco incidentes similares al de Brumadinhho, al menos de los que se tiene constancia, ocurrieron en 1986, 2001, 2007, 2014 y 2015[1]. La tragedia de 2015, ocurrida en noviembre de ese año cerca de la ciudad de Mariana, es considerada el desastre ambiental más grave en la historia de Brasil. Destruyó el pueblo de Bento Rodrigues y contaminó la cuenca del río Doce y el océano Atlántico. UN TRÁGICO CICLO Lejos de ser eventos aislados, las fallas de presas de relaves mineros se han convertido en sucesos comunes y las estadísticas sugieren que ocurrirán muchas más en el futuro. Como toda obra de infraestructura, una presa tiene cierta vida útil, un periodo de funcionamiento adecuado que tiene un inicio y un final. Ese periodo depende de que su diseño, ejecución y mantenimiento sean adecuados, algo que muchas veces no ocurre. Gracias al Proyecto Uranium del Servicio Mundial de Información sobre Energía (WISE, por sus siglas en inglés), sabemos que en los últimos 30 años, entre 1988 y 2018, se han registrado 73 accidentes o incidentes en presas de desechos mineros (relaves) en todo el mundo. La lista de países afectados la lidera Estados Unidos, con 17; seguido por China, con 8; y Filipinas, con 7. La base de datos del proyecto da cuenta de los principales accidentes e incidentes, incluyendo rompimientos, sobrepasos, colapsos y fallos parciales, ruptura de geomembranas, etc. Estas cifras nos deben llevar a reflexionar sobre la gran minería a cielo abierto, en particular la de metales, que requiere de este tipo de presas y depósitos. En vez de seguir construyendo minas, ¿no es mejor concentrar nuestros esfuerzos en recuperar y reutilizar los metales que desechamos? ¿Cuándo vamos a transitar a una economía circular que evite estas catástrofes? ¿Cuántos desastres más podrán nuestros ecosistemas y nuestras poblaciones soportar? Con frecuencias, las comunidades en donde se implementan proyectos mineros no tienen información objetiva y suficiente sobre sus beneficios y perjuicios. Romper con esa brecha es urgente. En AIDA contribuimos a esa tarea brindando información útil sobre los daños potenciales de la minería, y usándola para fortalecer las acciones legales emprendidas para proteger a personas y entornos naturales. Es urgente que tanto el sector gubernamental como el no gubernamental y el privado hagan lo necesario para evitar más tragedias, para anteponer el valor de las personas y de la naturaleza al rédito económico. Para más información, consulta la base de datos de accidentes de presas de relaves (en inglés): http://www.wise-uranium.org/mdaf.html   [1] Itabirito (1986), Sebastião das Águas Claras (junio 22 de 2001), Miraí (enero 10 de 2007), Herculano (septiembre 10 de 2014), Mariana (noviembre 5 de 2015).  

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Arco Minero amenaza entornos majestuosos de Venezuela

Desde hace décadas se viene desarrollando en Venezuela una de las mayores tragedias socioecológicas de América Latina. En ese país, al sur del río Orinoco, está una de las zonas más biodiversas del continente, que alberga cataratas majestuosas e impresionantes tepuyes (mesetas gigantescas con paredes verticales y cimas planas) y que es hogar de comunidades indígenas. Allí y como ha ocurrido en otros países, la minería de oro de pequeña escala está causando daños ambientales irreversibles. Esa actividad ha avanzado silenciosamente en los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar. Hasta hace pocos años, no muchos investigadores le prestaban atención. Dicha situación cambió en 2011, cuando el entonces presidente Hugo Chávez anunció la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, proyecto que se concretó cinco años después, en febrero de 2016, mediante un decreto de su sucesor en el cargo. Foto: Bram Ebus / Infoamazonía.   Daños a gran escala de la minería El proyecto del Arco Minero implica habilitar 111,843 kilómetros cuadrados —un área más grande que Guatemala o Cuba y de casi el doble de tamaño de la Faja Petrolífera del Orinoco— para la realización de proyectos mineros aún no definidos. Su implementación ha legitimado y exacerbado los daños causados por la pequeña minería, entre ellos la contaminación del agua, la deforestación y la destrucción de suelos fértiles. El proyecto apunta además al desarrollo de gran minería en esta región megadiversa. Ahora, investigadores independientes como Carlos Eduardo Pacheco y otros de organizaciones como la Sociedad Venezolana de Ecología y Provita advierten de esos daños y de otros mayores por la falta de regulación ambiental en el país. Gracias a sus estudios, investigaciones y análisis de imágenes satelitales, sabemos que en el área del Arco Minero y sus alrededores existen al menos 5 o 6 grandes focos de deforestación asociada a la minería y cientos de menor tamaño, que los ríos Caroní e Ikabarú y sus cuencas están siendo destrozados por la actividad y que se han provocado daños en los Parques Nacionales Caura y Canaima, así como en los territorios de las comunidades indígenas Pemón, Yekuana, Akawayo y Yanomami, entre otras. Las consecuencias, alertan los investigadores, no son sólo ecológicas, sino también sociales. Una de ellas es el éxodo de miles de personas, desde las ciudades principales hacia la Orinoquía, escapando de la pobreza y en busca de oportunidades económicas en la minería. Foto: Bram Ebus / Infoamazonía.   Además, en torno a la actividad minera, existen múltiples denuncias de trata de personas, prostitución, tráfico de drogas, extorsiones, masacres, presencia de grupos paramilitares e incluso de guerrillas procedentes de Colombia, así como daños a la salud de los mineros informales y sus familias debido al uso de mercurio. Estadísticas del Ministerio del Poder Popular para la Salud dan cuenta de un fuerte incremento en la mortalidad de mínimo 500% y de hasta 700% entre 2002 y 2013 en municipios como Sifontes, El Callao, Cedeño y Roscio. Muchos de los proyectos mineros de la zona están bajo el control de una mafia conocida como “Pranato Minero” de cuyos líderes poco se sabe. Por otro lado, la gran minería transnacional no ha quedado al margen del proyecto. Incluso empresas canadienses que hace poco demandaron internacionalmente a Venezuela por controversias relacionadas con sus inversiones, han vuelto como socias del país en la explotación minera en la Orinoquía. Alertando del problema en la Orinoquía ¿Dónde queda la responsabilidad social y ambiental? Parece no haber lugar para ella en un país con instituciones inexistentes y normas inaplicables. Nos queda entonces preguntarnos qué podemos hacer desde las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil ante esta nueva crónica de una muerte anunciada, la del sur del Orinoco por deforestación y por mercurio. En AIDA brindamos apoyo técnico y científico a las organizaciones que estudian esta problemática en Venezuela. Contribuimos a visibilizarla y a construir las redes necesarias para que la misma adquiera la relevancia que merece en la agenda pública —como uno de los atentados ecológicos y sociales más graves de la región y probablemente del mundo— y para que sea atendida con urgencia.    

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Leydy Pech, la guardiana de las abejas

“Son parte de mi ser”, dice Leydy Araceli Pech Martin de sus abejas. Las alimenta con dulce de calabaza y se identifica con ellas. Verlas cómo se organizan y trabajan en la colmena para producir miel, reafirma su confianza en la acción colectiva. En su pueblo natal, Ich Eq —nombre que en maya significa “Ojo de Estrella”—, municipio de Hopelchén, en el estado mexicano de Campeche, las familias viven de esa forma: unidas y apoyándose entre sí. De todos los objetivos que Leydy comparte con su comunidad, quizás el más vital sea la defensa de su territorio y sus modos de vida tradicionales, amenazados por la creciente deforestación y por la contaminación tóxica proveniente de la agricultura industrial. La expansión del cultivo de soya en Hopelchén está terminando con grandes extensiones de selva tropical y esparciendo de manera indiscriminada pesticidas nocivos para la salud humana y para el ambiente, en especial para aquellos ecosistemas de los que dependen las abejas, así como las y los apicultores de la zona. Derribando obstáculos De mirada dulce y voz suave, Leydy es una mujer muy ágil. Puede hacer muchas cosas al día. Distribuye su tiempo entre cuidar a sus abejas, realizar labores domésticas, atender a su mamá y a su tío, y estar pendiente de su hijo, Diego Alberto, de 17 años. También atiende el pequeño negocio de Koolel-Kab (“mujeres que trabajan con abejas”), una organización que ella y otras mujeres de Hopelchén fundaron en 1995. Con ellas comparte la crianza y preservación de la abeja melipona beecheii, una especie silvestre sin aguijón que ha sido domesticada por los pueblos mayas de México desde hace cientos de años. De esta abeja se obtienen varios productos —miel, jabones y cremas— que se venden en la tienda de la organización. Pero dedicarse a la apicultura, actividad que su abuelo le enseñó y que en la zona es realizada mayormente por hombres, no le ha sido fácil. Al comienzo, Leydy y sus compañeras fueron subestimadas. “Nos decían que no íbamos a lograr nada, poco a poco fuimos demostrando nuestras capacidades; los señores vieron resultados y reconocieron públicamente que la organización era un ejemplo de lucha”, cuenta. Las mujeres de Koolel-Kab trabajan también por el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de la zona. Leydy recuerda que esa lucha comenzó cuando se dio cuenta que otras personas estaban decidiendo sobre el territorio y los recursos naturales de su pueblo, sobre las oportunidades de trabajo y de una mejor calidad de vida para los más jóvenes.  Menonitas y empresarios agroindustriales están cultivando soya genéticamente modificada en Hopelchén, deforestando selva y poniendo en riesgo la salud de las personas. El gobierno mexicano autorizó el cultivo sin consultar a las comunidades afectadas. Y, aunque la justicia reconoció esta vulneración de derechos humanos, la siembra ilegal de ese tipo de soya no ha cesado y la siembra de soya tradicional se ha expandido. Un problema relacionado es la fumigación aérea de los cultivos con una mezcla de químicos que no se queda en los campos, sino que llega a casas, fuentes de agua y flores. “No me puedo quedar de brazos cruzados cuando sé lo que está pasando, se ha vuelto una responsabilidad, no hacer nada sería como traicionar mi propia identidad”, dice Leydy con la firmeza que la caracteriza. La búsqueda de justicia es lo que la mueve. Pero también en esa lucha ha tenido que derribar barreras. “Vivimos en un mundo donde solo los hombres pueden hablar, tomar decisiones. Yo he roto con eso y me han cuestionado”. La organización de mujeres mayas forma parte del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, que ha presentado acciones legales nacionales e internacionales para frenar los daños de la agroindustria. AIDA, junto con organizaciones aliadas, apoya esos esfuerzos y ha llevado el caso, en representación de las comunidades, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La fuerza de la unión La fortaleza del Colectivo está en su unidad. De eso Leydy está convencida. Quienes lo conforman trabajan por las necesidades de sus propias comunidades, pero también están en proceso de verse como uno solo, algo que no solo aplica a los pueblos de Campeche sino a los de los estados cercanos de Yucatán y Quintana Roo. “Los mayas somos muchos, cada cosa que hemos logrado no es para una sola persona, es para todos”. Leydy contagia su liderazgo y su capacidad de trabajar en equipo. Su hijo, Diego Alberto, es parte de ese esfuerzo conjunto. “Él se siente contento, sabe mucho de abejas y tiene sus propias iniciativas”. Como Diego Alberto, otros miembros jóvenes de la familia de Leydy se dedican ahora a la apicultura. “Eso me dice que estoy haciendo bien las cosas”, dice orgullosa.  

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Seminario virtual "El verdadero costo de la minería: Uso del cianuro en minería de oro"

En este seminario virtual se habló del cianuro en la minería: el objetivo de su uso, su toxicidad y riesgos, impactos directos e indirectos, alternativas, así como de algunos incidentes ocurridos por el uso de este químico en el sector extractivo. PANELISTA Dr. Glenn C. Miller: Profesor emérito de Recursos Naturales y Ciencias Ambientales, Universidad de Nevada-Reno; PhD. Química Ambiental y Agrícola, Universidad de California-Davis. Moderación y traducción: Andrés Ángel, asesor científico de AIDA, y Emilia Carrara, Asistente Ejeutiva de AIDA.   Grabación   0:00 - 5:29 Presentación del seminario / Greetings and Introduction (A. Ángel). 5:30 - 1:06:41 Seminario virtual "Uso del cianuro en minería" / "Use of cyanide in the mining sector" webinar (G. Miller). 1:06:42 - 1:47:55 Sesión de preguntas y respuestas / Q&A Section (A. Ángel, G. Miller y E. Carrara). 1:47:56 - 1:50:50 Comentarios finales y despedida / Final comments and closure ( A. Ángel, G. Miller y E. Carrara).   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación del Profesor Glenn C. Miller, PhD:  

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Seminario virtual "El verdadero costo de la minería: Fallas de presas de desechos mineros"

A diferencia de las presas de generación hidroeléctrica -que generan ingresos para las empresas- las presas de relaves o desechos mineros son en sí mismas costos de operación para las compañías mineras. Esta es una de las razones por las cuales el diseño y construcción de las primeras es robusto y el de las segundas suele serlo menos. Por ello las tasas de falla de las presas de desechos mineros son entre 10 y 100 veces mayores que las de las hidroeléctricas. En este seminario se habló de las presas de desechos mineros: sus mecanismos de falla, requerimientos de diseño, riesgos y medidas de mitigación y de las condiciones mínimas para su construcción. Y se analizó además el caso de estudio de la mina Mirador, en Ecuador.   Panelista Dr. Steven H. Emerman: Fue profesor de la Universidad de Utah Valley y actualmente es consultor independiente con Malach Consulting. Es especialista en hidrología. Moderó: Andrés Ángel, asesor científico de AIDA.   Grabación   0:00 - 6:08 Introducción (Andrés Ángel). 6:40 - 18:35 Conceptos básicos y casos de falla (Steven Emerman). 18:38 - 21:25 Propiedades de los relaves mineros (Steven Emerman). 21:25 - 30:18 Técnicas de construcción de presas de relaves (Steven Emerman). 30:19 - 35:34 Causas de fallas de presas de relaves (Steven Emerman). 35:35 - 44:13 ¿Cómo prevenir las fallas de presas de relaves? (Steven Emerman) 44:15 - 51:42 Caso de estudio de la presa de relaves propuesta para la mina Mirador (en construcción), en Ecuador (Steven Emerman). 51:42 - 56:12 Resumen de los temas tratados (Andrés Ángel). 56:12 - 1:28:56 Sesión de preguntas (Andrés Ángel y Steven Emerman). 1:28:56 - 1:31:45 Comentarios finales (Andrés Ángel y Steven Emerman).     Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación del Dr. Steven Emerman:  

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Océanos, Contaminación Tóxica

Mandan alerta internacional para frenar los daños de la industria salmonera en la Patagonia chilena

AIDA envió una alerta urgente a las autoridades a cargo del cumplimiento de seis tratados internacionales orientados a la protección ambiental y ratificados por Chile. En ella se solicitan visitas a la región de Magallanes y apoyo en la investigación de los daños que la salmonicultura está causando, instando al gobierno chileno a proteger la zona. Santiago, Chile. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió una alerta urgente a las autoridades responsables del cumplimiento de seis convenios internacionales ratificados por el Estado chileno. En ella les solicita que realicen visitas de asesoramiento a la región de Magallanes, donde la expansión de la industria salmonera está causando graves daños ambientales, y que exhorten al gobierno a la adopción de medidas adecuadas para frenar esos daños. “Son tratados que fueron suscritos y ratificados por Chile para proteger su riqueza natural, incluidas las especies endémicas que Magallanes alberga”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Al no disponer las medidas necesarias para evitar que la producción industrial de salmón dañe los entornos marinos del país, el gobierno está vulnerando estos convenios”. La alerta fue enviada a las autoridades a cargo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, la Comisión Ballenera Internacional, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Tratado Antártico. También se informó de la situación a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La región de Magallanes es hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras. Además, es una zona remota y prístina, escasamente estudiada, por lo que no es posible saber las consecuencias de los daños actuales y potenciales que se están infringiendo. En el documento se detallan los principales daños causados por las granjas de salmón instaladas en Magallanes. Entre ellos están la contaminación del fondo marino con grandes cantidades de desechos provenientes de las heces de los peces y de los químicos usados en su cultivo y la saturación de las aguas con más peces de los que pueden soportar, lo que genera zonas sin oxígeno, donde la vida marina no puede prosperar. “Más de la mitad de las granjas que operan en Magallanes están causando la falta total o parcial de oxígeno”, señaló Ortúzar. “Ello evidencia que las concesiones de salmonicultura se están otorgando sin el respaldo científico que garantice que no causarán daños ambientales”. Otro gran problema planteado en la alerta es el excesivo uso de antibióticos en el cultivo de salmón en Chile, más alto que en cualquier otro país productor de salmón. Dicho uso desmedido provoca resistencia antimicrobiana, problema que ha sido reconocido por la OMS como una amenaza grave para la salud pública mundial. En la alerta, AIDA solicita que las autoridades internacionales, entre otras acciones, brinden apoyo al Estado chileno para investigar los impactos reales y potenciales de la industria salmonera en la Patagonia, le recuerden sus obligaciones bajo los tratados, investiguen los daños descritos y, cuando corresponda, requieran la aplicación de sanciones y la suspensión o cancelación de concesiones de salmonicultura en Magallanes. Consulte la alerta urgente (en inglés). Encuentra aquí más información sobre el caso. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Todos merecemos respirar aire limpio

Nací y crecí en Bogotá, la capital de Colombia. Desde niña, me acostumbré al caos formado por miles de carros y buses que lanzaban humo negro y cuyas bocinas no dejaban de sonar. Ver fábricas con grandes chimeneas y sentir malos olores era algo normal. Pensaba que todas las ciudades debían ser así, que la naturaleza y el aire limpio estaban lejos de donde vivía. También me acostumbré a tener malestares: dolor de cabeza, irritación en la piel, los ojos y la garganta, así como tos y rinitis. No me preguntaba de dónde venían esas molestias, llamadas entonces “alergias al ambiente”, que mis hermanas y yo sentíamos todo el tiempo. La contaminación me impedía realizar muchas actividades al aire libre. Caminar o moverme en bicicleta, por ejemplo, no eran buena opción porque mis pulmones eran presa de todo el hollín que buses y carros expulsaban. Había días en los que tenía que salir a la calle con tapabocas y en los que no era recomendable realizar actividades físicas afuera por el alto grado de contaminación en el aire. Un enemigo silencioso Al crecer, me di cuenta que las alergias al ambiente no eran normales y que, al contrario, son la consecuencia de respirar constantemente carbono negro, ozono, dióxido de azufre y otros elementos contaminantes que fábricas, buses y autos emiten diariamente a la atmósfera. Supe que el aire contaminando provoca múltiples daños a la calidad de vida y a la salud de las personas, siendo los más vulnerables los niños y niñas, y las personas de la tercera edad.   Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas mueren cada año debido a enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica. En América Latina, la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud, y causa más de 150 mil muertes prematuras por año. Ciudades como Monterrey (México), Ciudad de México, Cochabamba (Bolivia), Santiago de Chile, Lima (Perú), Medellín (Colombia), San Salvador (El Salvador) y Bogotá, tienen los niveles más altos de contaminación en la región.  En un escenario donde las ciudades crecen sin control, así como la población y el número de automóviles y fábricas, me preocupa el futuro de mi familia. No quiero que el aire que nos rodea termine afectando nuestra salud. Mi esposo, que no es de Bogotá, se mudó para estar conmigo. Un año después, comenzó a sufrir de asma. Y mi hija, cuando tenía dos meses de vida, tuvo una enfermedad respiratoria que la mantuvo en cuidados intensivos por varios días. La causa de ambas enfermedades: la mala calidad del aire en la ciudad.   Frenando la contaminación Las ciudades son los ecosistemas donde la mayoría de las personas vive. Aunque no son bosques prístinos llenos de árboles y agua, deberían brindar a las personas las condiciones mínimas para una vida digna y con buena salud. Por eso AIDA trabaja para mejorar la calidad del aire en países de América Latina, abogando por la protección de niños, niñas y otras poblaciones especialmente vulnerables a la contaminación atmosférica. Estamos generando conciencia entre los responsables de políticas públicas sobre la importancia de controlar la emisión de contaminantes climáticos de vida corta, llamados así porque permanecen en la atmósfera un tiempo relativamente corto, desde unos pocos días hasta unas cuantas décadas, a diferencia del dióxido de carbono, que puede permanecer siglos. Entre ellos están el hollín (carbono negro) y el gas metano. Estos contaminantes contribuyen de gran manera al cambio climático, degradan la calidad del aire y tienen impactos graves en la seguridad alimentaria y en la salud humana. Su mitigación efectiva podría generar un avance significativo en la lucha a corto plazo para combatir el cambio climático y generar un aire más limpio. Buscaremos además apoyar, desde nuestra experiencia en derecho internacional, a que exista una mejor regulación de estos contaminantes en América Latina. Respirar aire limpio es la necesidad más básica para sobrevivir y no debería ser un lujo.   

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