Contaminación Tóxica

Fracking, Contaminación Tóxica

Organizaciones exigen que el fracking sea prohibido en América Latina

En un pronunciamiento público, integrantes de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking se dirigen a los Estados de la región para alertarles sobre los daños graves e irreversibles en la salud humana y el ambiente que el fracking puede ocasionar, y urgirles a prohibirlo. La Paz, Bolivia. Organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden a los Estados de América Latina prohibir las actividades de fracking o fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos no convencionales por los daños graves e irreversibles que éstas pueden causar en la salud humana, así como en elementos del ambiente como las aguas superficiales y subterráneas, el aire, el suelo y el clima. Lo hacen en un pronunciamiento público que será presentado este viernes 18 en el Seminario internacional “Daños y riesgos del fracking: Herramientas para prevenirlos y detenerlos”, el cual se realizará de 8:30 a 13:00 en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés. Las organizaciones afirman que el fracking está avanzando a ciegas en varios países de América Latina, sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños que puede ocasionar, ni participación de la sociedad en las decisiones sobre el uso de esta técnica. “En los países en los que se está desarrollando el fracking, las comunidades afectadas han visto vulnerados su derechos humanos fundamentales como: la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, el derecho a la participación y control social, el derecho a la información y el derecho al ambiente sano y equilibrado”, se lee en el pronunciamiento. En el continente, “el fracking ha avanzado sobre comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso Áreas Naturales Protegidas; esto ha ocasionado el desplazamiento de personas, así como de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible”, expresó Felipe Gutiérrez Ríos, investigador del Observatorio Petrolero Sur de Argentina. Paralelamente, “se multiplican las denuncias y daños ocasionados por incendios, derrames, explosiones, acaparamiento de agua, contaminación de agua, aire y tierra por desechos tóxicos, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos, así como por el mal manejo de las aguas de retorno”, se señala en el pronunciamiento. A ello se debe añadir que “la extracción de hidrocarburos no convencionales a través del fracking es contraria a los compromisos nacionales e internacionales de nuestros países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y agrava los impactos del calentamiento global”, indicó Aroa de la Fuente, miembro de la organización mexicana Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Alianza Mexicana contra el Fracking. La baja de los precios internacionales del petróleo ha puesto en evidencia otra de las aristas del fracking: no solo es altamente riesgoso, contaminante, e insostenible social y ambientalmente, sino también es inviable económicamente, manifiestan los miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. Por ello, demandan, es crucial que los gobiernos de la región asuman una política activa para detener esta técnica y destinen esfuerzos y recursos a la transición hacia una matriz energética renovable y sostenible. “El fracking ha sido prohibido o se ha declarado su moratoria en decenas de países y regiones como Francia, Bulgaria, Escocia, Holanda y en el Estado de Nueva York en Estados Unidos; también ha iniciado un vigoroso movimiento de resistencia al fracking en América Latina, lo que se ha plasmado en más de 50 municipios y comunidades que han prohibido o declarado la moratoria de la técnica en Argentina, México, Brasil y Uruguay, y en la creación de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking”, indicó Ariel Pérez Castellón, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). En el seminario que se realizará este viernes, se abordarán las experiencias en torno al fracking de Argentina, Bolivia, México, Brasil, Francia y Estados Unidos. Se presentará además el libro Principio de Precaución: Herramienta Jurídica ante los impactos del fracking, elaborado por abogadas y abogados de AIDA. La publicación contó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll México, Centroamérica y El Caribe. En ella se analiza la viabilidad de la aplicación del principio de precaución como vía institucional para prevenir, evitar o detener las operaciones de fractura hidráulica en América Latina. Lea aquí el pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking. Acceda en línea al informe Principio de Precaución: Herramienta Jurídica ante los impactos del fracking.

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Fuentes de Agua Dulce, Minería, Contaminación Tóxica

Organizaciones repudian reclamación internacional de Eco Oro contra el Estado colombiano por la protección de los páramos

La empresa canadiense pretende desarrollar la mina Angostura en el páramo de Santurbán y anuncia un posible arbitraje internacional por las medidas adoptadas en el país para proteger sus páramos, valiosas fuentes de agua y esenciales para mitigar el cambio climático. Washington/Ottawa/Bogotá/Bucaramanga/Ámsterdam. Organizaciones de la sociedad civil repudian el anuncio de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp. de iniciar una disputa de arbitraje internacional en contra del Estado colombiano. Eco Oro ha declarado su intención de demandar a Colombia a través del capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia por las medidas que el Estado andino ha asumido para proteger Santurbán y el resto de los páramos del país de actividades nocivas como la minería a gran escala. Eco Oro Minerals pretende desarrollar el proyecto minero de oro Angostura en Santurbán con inversión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La empresa argumenta haber sido afectada por la delimitación de ese ecosistema y el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que reafirma la prohibición de desarrollar minería en todos los páramos del país. Asimismo, indicó en un boletín de prensa tener la opción de remitir la disputa “a un arbitraje internacional” y de buscar “compensación monetaria por los daños”. “Desde el comienzo de Angostura era claro que la Constitución y normas aplicables protegen los páramos, que el proyecto podría afectar Santurbán y que por ende podría no ser autorizado. Los Estados no deben ser sancionados por proteger sus fuentes de agua, cumpliendo las obligaciones nacionales e internacionales”, dijo Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los páramos son fuente del 70% del agua dulce que se consume en Colombia y esenciales para mitigación del cambio climático. El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentó una queja sobre el proyecto ante la oficina del Asesor en Cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la institución del Grupo del Banco Mundial dedicada exclusivamente al sector privado. Se espera el informe de la investigación en los próximos meses. “Nos preguntamos si la CFI tendrá conocimiento que su inversión en Eco Oro podrá ser presuntamente utilizada en litigios contra Estados miembros del mismo Banco Mundial. Ya es hora de que la CFI retire su inversión de esta empresa”, manifestó Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). “En 2011, el Ministerio de Ambiente de Colombia negó la licencia ambiental a la mina Angostura, lo cual demostró ya la inviabilidad del proyecto. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia lo reafirmó, sosteniendo que el derecho al agua y la protección de los páramos prima sobre las expectativas económicas de quienes desarrollan proyectos mineros en esos ecosistemas”, sostuvo Miguel Ramos, del Comité de Santurbán. “Tal como ocurre en El Salvador, en cuyo caso el Estado está siendo demandado por US$250 millones por no haber otorgado a una empresa canadiense un permiso minero que incumplía los requisitos normativos de tal país, el sistema de arbitraje internacional creado en los acuerdos neoliberales de inversión entre países es una amenaza real a la soberanía de los Estados y de los pueblos a decidir sobre temas tan transcendentales como el agua”, afirmó Jen Moore, de MiningWatch. Las organizaciones llaman a la empresa a desistir de su amenaza de llevar al Estado colombiano al arbitraje internacional y señalan el riesgo de que otras empresas con intereses en el páramo de Santurbán sigan el ejemplo de Eco Oro. Encuentra aquí más información sobre el tema.

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Fuentes de Agua Dulce, Minería, Contaminación Tóxica

AIDA celebra la decisión de la Corte Constitucional que protege páramos de Colombia

El pasado lunes, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo que permite la minería en páramos. Bogotá, Colombia.  La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebra la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que prohíbe la minería en los páramos de ese país. El fallo, que  declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es vital para la preservación de las fuentes de agua dulce, y debe servir como ejemplo a otros países en la región. Si bien solo ocupan el 1.7  por ciento  del territorio nacional, los páramos colombianos proveen el 70 por ciento de su agua dulce. Estos ecosistemas sensibles son reservas estratégicas para la biodiversidad, y actúan como sumideros de carbono vitales para mitigar el cambio climático. AIDA y sus organizaciones asociadas presentaron un amicus curiae en respaldo a la acción judicial instaurada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. La determinación de la Corte hace justicia a los ecosistemas de agua dulce y a las comunidades que dependen de ellos en Colombia. La decisión del alto tribunal es crucial para la protección del páramo de Santurbán, del que dependen miles de personas del área metropolitana de Bucaramanga. AIDA ha trabajado de cerca con socios locales para defender ese ecosistema de proyectos extractivos y apoyar a las comunidades afectadas. AIDA insta al Ministerio de Ambiente y al Estado colombiano en su conjunto a hacer efectivo cuanto antes el fallo de la Corte, y proteger así todos los páramos de Colombia de los impactos de la minería a gran escala.

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Mi primera visita a La Oroya

“¿Qué piensas de La Oroya?”, un residente local me preguntó al conocerme. Siendo sincero, no estaba seguro qué responder. Percibiendo rápidamente mi incomodidad, él bromeó: “Es muy bonito, hay mucha biodiversidad y el cielo es tan azul…”. Aliviado, me reí con él y, desde ese momento, he estado buscando las palabras que describan este sitio. La Oroya es una ciudad de 33.000 habitantes, ubicada al margen del río Mantaro, en la región central de Perú, a casi 5.000 metros de altitud. Fue mi primera vez allí y me quedé solo dos días. Son cinco horas de viaje desde Lima por una carretera con curvas terribles y vistas impresionantes de las montañas alrededor. Una vez en La Oroya, el paisaje cambia drásticamente. La ciudad está cubierta por un manto gris, tiene poco o nada de vida natural, sus calles están llenas de camiones transportando hierro y otros metales pesados…Nada más destaca.  Lo que más quería al estar en La Oroya era conocer a las personas que representamos en nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de trabajar en él por seis meses, quería finalmente ponerle rostros a los nombres que tan bien había llegado a conocer en el papel. Nuestra reunión fue programada para el final del día, cuando los residentes estaban libres de sus compromisos laborales y familiares. Allí les presentamos a estudiantes de la Universidad de Yale, quienes están elaborando un informe importante sobre la relación entre la calidad del aire de La Oroya y la salud de sus habitantes. Aunque interesados en el estudio, y felices de oír del mismo, los residentes nos bombardearon pronto con preguntas acerca del caso. Lo  que más querían saber —algo que han estado esperando desde que presentamos nuestra petición hace siete años— era cuándo la Comisión tomaría su decisión. Nos hicieron saber los muchos comentarios ofensivos que han tenido que soportar, tanto de los trabajadores del complejo metalúrgico como de sus propios vecinos, durante su larga espera por un fallo. Ellos han sufrido amenazas de otros residentes de La Oroya, quienes erróneamente creen que el propósito del caso es cerrar el complejo, lo cual dejaría sin trabajo a muchas personas. En una ocasión especialmente preocupante, un “doctor” dijo en televisión que la contaminación por plomo no causaba ningún problema de salud. Afirmó que los habitantes de la Oroya eran la prueba de que las personas, aunque contaminadas con plomo y otros metales pesados, aún podían tener una vida normal. Nosotros les recordamos que un proceso ante un organismo internacional involucra años de espera, y que nos solidarizábamos con ellos por todo lo que habían tenido que pasar en los pasados años. Pero la verdad es que yo también sentí tal frustración. Fue la primera vez que vi, así de cerca, ese deseo personal por una decisión internacional. Entendí que una decisión en el papel podría en realidad constituir una forma de reparación. El largamente esperado informe de la Comisión mostrará al mundo que los efectos de la contaminación con metales pesados en una población constituyen de hecho una violación a su integridad personal y a su derecho a la salud. El objetivo de este caso no es cerrar el complejo metalúrgico, sino forzar la adopción de medidas para garantizar cierta calidad de vida para los residentes de La Oroya. En este caso, el informe de la Comisión será el instrumento por el cual las normas internacionales y de derechos humanos se harán reales, efectivas y transformadoras. Regresé de La Oroya hace casi una semana y aún estoy buscando las palabras para describir un lugar como ése. A decir verdad, La Oroya no se veía muy bien al principio. Pero rápidamente me di cuenta que la belleza de un lugar no proviene solo de sus atracciones naturales o aquellas hechas por el hombre; también resulta, y tal vez de una manera más importante, de la belleza de su gente. En ese sentido, nunca he visto una ciudad tan hermosa como La Oroya. Esta entrada está dedicada a todas las víctimas del caso de La Oroya. Espero que logren justicia y que, gracias a ellas, un caso como éste no se repita nunca en ningún lugar del mundo. También está dedicada a Astrid Puentes y María José, las abogadas de AIDA a cargo del caso, quienes me inspiran cada día a trabajar por un mundo más justo.

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Fracking, Contaminación Tóxica

El fracking debe ser prohibido para enfriar el planeta, exigen organizaciones

En el marco de la COP21, organizaciones de la sociedad civil de América Latina pidieron a las y los líderes mundiales reunidos en París prohibir las operaciones de fracking en sus países porque éstas, al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, van en contra del objetivo central de las negociaciones: frenar el calentamiento del planeta. París, Francia. En un pronunciamiento público dirigido a los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden que las actividades de fracking o fracturación hidráulica sean prohibidas “para enfriar el planeta” debido a que, entre otros impactos, éstas emiten gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento del planeta.  Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales extraídos vía fracking, se libera metano que, como gas de efecto invernadero, es 87 veces más activo que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, se explica en el pronunciamiento. El documento será presentado el viernes 11 de diciembre, a las 10:00 a.m. (hora local), en la Zona de Acción por el Clima, por la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Ambiente y Sociedad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Food & Water Watch, Freshwater Action Network México, la Fundación Heinrich Böll - México, Centroamérica y El Caribe, el Instituto Brasileiro de Analises Socias e Economicas (IBASE) y el Observatorio Petrolero Sur (OpSur). Las organizaciones expondrán además la situación que se vive actualmente en América Latina respecto de la fracturación hidráulica. Pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminentes, varios países de la región —entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia— han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. “El fracking está avanzando a ciegas en América Latina, sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños graves e irreversibles que puede causar en la salud de las personas y en el ambiente”, dijo Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA. “Las operaciones de este tipo en la región no han respetado derechos humanos fundamentales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la participación y control social; y el derecho a la información”, manifestó por su parte Milena Bernal, abogada de la Asociación Ambiente y Sociedad.  Según las organizaciones, el fracking se está abriendo paso en comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas. Ello ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible. De modo paralelo al inicio de estas operaciones, ha crecido el rechazo a ellas. “Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios que la han prohibido en Argentina, Brasil y Uruguay”, indicó Diego di Risio, investigador del Observatorio Petrolero Sur.  “Como parte de nuestro pronunciamiento, urgimos a los Estados parte de la Convención a la firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los gases de efecto invernadero e incorpore a los derechos humanos dentro del texto legal; a la aplicación del principio precautorio para prohibir el fracking; y al impulso de las energías renovables y el desincentivo a la extracción de combustibles fósiles”, expresaron Claudia Campero Arena, investigadora de Food & Water Watch, y Moema Miranda, directora de Ibase. Lea aquí el pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking. Evento “The fight against fracking in Latin America: experiences in Argentina, Bolivia, Colombia, Brazil and Mexico” Traducción simultánea inglés-francés Viernes 11 de diciembre, 10:00 a.m. Zona de Acción por el Clima (ZAC) Centquatre, 5 rue Curial, Paris (Métro Riquet)

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

La Oroya Aún Espera por Justicia

Juana[1] está cansada. Ella y sus vecinos llevan ocho años esperando por un fallo; por una decisión que pueda mejorar sus vidas, limpiar su aire y atender a sus hijos y familias enfermas. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia valiente y llena de esperanza se ha convertido en un compás de espera desalentador. En 2007, un grupo de residentes de La Oroya, Perú, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Comunidad de La Oroya Vs. Perú. Por casi un siglo, su ciudad ha sido contaminada por las operaciones de un complejo metalúrgico (fundición) ubicado dentro de sus confines. La fundición ha oscurecido su aire, envenenado sus cuerpos, y liberado químicos tóxicos en sus tierras y agua. La Oroya fue identificada alguna vez como una de las ciudades más contaminadas del mundo. La contaminación severa tuvo, y aún tiene, impactos graves en la salud de los habitantes de la ciudad. Las realidades de La Oroya Cuando Anna Cederstav, codirectora ejecutiva de AIDA, visitó La Oroya por primera vez, en 1997, vio a mujeres que caminaban con bufandas cubriendo sus rostros, en un intento vano de evitar el dolor que les producía respirar. Juana, por su parte, explica que desde que tiene memoria sentía un ardor constante en sus ojos y garganta por efectos de la contaminación, pero que no le prestaba atención. Como la mayoría de la población, ella pensaba que era normal. No sabía en realidad lo que era el aire limpio porque nunca lo había respirado. AIDA ha trabajado por casi dos décadas con la comunidad de La Oroya. En 2002, presentamos el informe La Oroya No Espera junto con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ese informe comenzó a revelarle a la comunidad la gravedad de la contaminación y de los riesgos a la salud que estaba enfrentando a diario. La comunidad supo que tenía que hacer algo. A decir de Juana, fue en 2003, más de 80 años después de que la fundición comenzara a operar, cuando ella se percató de la contaminación. Mediante el trabajo con su parroquia, pudo acceder a información y aprendió sobre lo que estaba ocurriendo en su ciudad. A partir de entonces, ató cabos: los problemas respiratorios en su familia eran, de hecho, resultado de la contaminación extrema de su ciudad. La búsqueda de justicia Los residentes llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que sus intentos ante la justicia en Perú no dieran resultado. En 2006, un fallo del Tribunal Constitucional peruano le ordenó al Estado adoptar medidas para proteger la salud de la comunidad, pero el Estado no hizo tal cosa. En 2007, la Comisión solicitó al Estado peruano implementar medidas cautelares a favor de 65 residentes de La Oroya consistentes en un diagnóstico médico especializado y un tratamiento para aquellos que mostraran daños irreversibles a su vida o integridad personal. Juana cuenta que recibir la noticia del otorgamiento de las medidas cautelares fue una alegría. “Sabíamos que estábamos ganando algo; al inicio todo estuvo muy bien y creíamos que todo se podía solucionar, [pero] con el pasar de los meses, los años, no hubo respuestas”. En 2009, la Comisión emitió un informe admitiendo la petición de AIDA, y declarando que las omisiones del Estado ante la contaminación podrían, de ser probadas, constituir violaciones de derechos humanos. Aún así, casi una década después de haber acudido a la Comisión, las víctimas aún esperan una decisión de fondo, las medidas cautelares aún tienen que ser implementadas plenamente y la responsabilidad del Estado por los hechos todavía no ha sido establecida. “Está tomando mucho tiempo, y no todos tienen la paciencia o el deseo de seguir esperando”, afirma Juana. El tiempo afecta a las víctimas, las desgasta hasta que comienzan a flaquear o renunciar a luchar por su derecho a la justicia. Ellas se hacen aún más vulnerables mientras se enfrentan a un ciudad que es hostil con cualquiera que lucha por sus derechos a la salud y a la vida, a un Estado que niega su responsabilidad y busca cualquier excusa para no asumirla, y a una empresa que quiere limpiar su reputación y que usa su poder económico para manipular al gobierno. ¿Dónde está la ley en estos casos? ¿Dónde está la justicia? Juana señala que dejar La Oroya sería imposible para su familia porque allí tienen trabajo. Ella mantiene su compromiso de conseguir un cambio mediante la demanda, pero eso no ocurre con todos. La Oroya alberga miles de historias de familias cuyas vidas cambiaron radicalmente por la contaminación de la ciudad y los consecuentes daños a su vida y a salud.  Están quienes tuvieron que abandonar sus hogares porque no veían un futuro en la ciudad, personas que no se han podido ir de La Oroya porque toda su vida y su familia están ahí. También están aquellos que han sufrido con dolor ataques e insultos de sus propios vecinos y de toda su comunidad, pero que siguen adelante con la firme convicción de que algún día llegará el cambio y de que La Oroya será un lugar mejor y más justo para ellos/as, sus hijos/as y nietos/as. Espero y confío que la decisión de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegue con justicia a reivindicar esos años de espera. [1] El nombre fue cambiado para proteger a la persona. Esta entrada de blog está basada en La Oroya: A Painful Wait for Justice (La Oroya: Los Años de una Dolorosa Espera por Justicia), un artículo más extenso escrito por María José y publicado como Capítulo 8 del libro de DeJusticia Human Rights in Minefields: Extractive Economies, Environmental Conflicts and Social Justice in the Global South. Lea aquí el relato completo.

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Reducir los contaminantes climáticos de vida corta: Salvavidas en tiempos de cambio climático

Están a tu alrededor: el aire acondicionado colgado en la ventana de tu vecino, el carbón alimentando tu parrilla, el humo negro saliendo del camión que pasa, e incluso las vacas disperas en los campos fuera de la ciudad. Estos aspectos de tu vida diaria son solo algunas de las fuentes de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). Al ser emitidos, los CCVC calientan la atmósfera. Pero, comparados con el dióxido de carbono, tienen una vida útil relativamente corta. En consecuencia, su mitigación efectiva podría brindar un chaleco salvavidas en las aguas turbulentas del cambio climático. Es por ello que vale la pena considerar a los CCVC cuando el mundo se mueve rápidamente hacia un nuevo acuerdo climático global, el cual será firmado en la 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). La reunión en París este diciembre será la cita más importante de las negociaciones climáticas globales desarrolladas hasta ahora, ya que el nuevo acuerdo que saldrá de ella nos podría ayudar a salir del dilema planetario en el que estamos metidos. La tarea es difícil. Llevamos 20 Conferencias y ninguna ha logrado avances sustanciales. Las emisiones contaminantes suben cada año, salvo por la radiante excepción de los años 2008 y 2009, cuando las emisiones bajaron por la crisis económica mundial (y no por voluntad humana de sobrevivencia). A veces cuesta mantener la esperanza, pero en AIDA no la perdemos. ¿Qué son los CCVC? Estos contaminantes son el carbono negro, el ozono troposférico, el metano y los hidrofluorocarbonos (HFC). Cada uno de ellos es diferente, pero comparten dos características principales: son contribuyentes importantes al calentamiento global; y, una vez emitidos, permanecen muy poco tiempo en la atmósfera. El segundo rasgo es el que nos debe llamar la atención si buscamos mitigar el cambio climático en el corto plazo. A diferencia de los CCVC, el dióxido de carbono (CO2) puede permanecer en el aire por siglos. Ello significa que incluso si hoy detuviéramos todas sus fuentes de emisión, el CO2 ya emitido seguiría calentando la atmósfera por muchísimo tiempo.    ¿De cuánto estamos hablando? El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) estima que los CCVC son responsables de más del 30% del calentamiento global. Estudios más recientes dan cuenta que ese porcentaje ronda entre el  40 y 45%. Mitigar el CO2,, responsable de la mayor parte del efecto invernadero, es esencial para mantener el equilibrio climático de la tierra en el largo plazo. Pero la oportunidad que ofrece la mitigación de los CCVC es mucho más inmediata. Ventajas de reducir los CCVC La conveniencia de reducir los CCVC es mayor si tenemos en cuenta que además de calentar la atmósfera, estos contaminantes causan otros problemas que afectan directamente a los entornos naturales y a la salud humana. El carbono negro y el ozono troposférico, por ejemplo, son la causa detrás de millones de muertes prematuras cada año, al aumentar el riesgo de males respiratorios y cardiacos. También dañan el rendimiento de los cultivos, por lo que su control ayudaría a mejorar la seguridad alimentaria a nivel mundial. ¿Y qué dice la Convención? La Convención y su Protocolo de Kioto no reconocen a los CCVC como concepto, aunque el Protocolo sí incluye al metano y a los HFC dentro de los gases de efecto invernadero que busca combatir. Pero esa falta de reconocimiento podría cambiar con el nuevo acuerdo climático que se prevé adoptar en la COP21 de París en diciembre. El acuerdo vigente incluye una lista de gases contaminantes específicos que los Estados deben reducir. Con el nuevo acuerdo, en cambio, los países decidirán libremente qué gases incluir en sus metas de mitigación. México ha dado un ejemplo notable en ese sentido al comprometerse, mediante sus Contribuciones Nacionales Previstas y Determinadas (INDCs por sus siglas en inglés), a reducir de manera no condicionada 51% del carbono negro hasta el 2030. Dicho porcentaje podría subir al 70% con ayuda internacional. Manos a la obra En AIDA trabajamos para informar a los gobiernos de las medidas que pueden tomar para reducir efectivamente los contaminantes climáticos de vida corta en sus países. Abogamos por la adopción de soluciones cuya eficiencia ya ha sido probada en varios lugares del mundo. Para ello, estamos elaborando un informe que revisará la situación actual de la regulación referente a esos contaminantes en tres países de América Latina: Brasil, Chile y México. Esperamos que ello permita avanzar hacia un mejor abordaje de los CCVC en estos países para luego continuar trabajando en toda la región. ¡Encuentra AQUÍ mayor información sobre los CCVC!

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Fracking, Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

Los 5 Principales Logros de AIDA en los Últimos 6 Meses

1.   Colombia Suspende las Fumigaciones Aéreas con Glifosato En mayo de 2015, Colombia anunció sus intenciones de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos, una mezcla que ha sido utilizada por más de 20 años para erradicar cultivos de coca y amapola. La decisión se concretó finalmente el 30 de septiembre, fecha en la que el Plan de Manejo Ambiental del programa que permitía dichas fumigaciones fue suspendido. La presión hacia el gobierno aumentó con un par de decisiones judiciales y luego de que AIDA y sus aliados en Colombia y Estados Unidos lanzáramos una petición en internet. Juntos recolectamos casi 25,000 firmas de personas que exigían al Presidente Juan Manuel Santos y al Ministro de Justicia acabar con las fumigaciones.  En Colombia, este tipo de fumigaciones han caído sobre hogares, granjas, bosques y agua en vastas áreas rurales, causando estragos en ecosistemas sensibles y dañando fuentes de agua y cultivos de alimentos en una de las naciones más biodiversas del planeta. Incluso han forzado a que familias, incluyendo algunas en comunidades indígenas, abandonen sus tierras. AIDA ha trabajado para ponerle fin a estas fumigaciones por cerca de 17 años. Cuando el Ministerio de Salud recomendó recientemente la suspensión del programa por temor a que el químico utilizado cause cáncer, AIDA convocó a medios de comunicación y organizaciones aliadas para generar y participar en un debate nacional.  2.   El Congreso Panameño Protege el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá Tras años de disputas legales, el 2 de febrero de 2015 (Día Mundial de los Humedales), Panamá promulgó una ley que brinda protección permanente a la Bahía de Panamá, sitio de gran importancia ecológica. La ley impide desarrollos turísticos que dañarían bosques de manglar esenciales para la vida silvestre, la protección costera, la industria pesquera local y la mitigación del cambio climático. La colaboración entre AIDA y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, su socio local, garantizó que esta ley sea lo suficientemente fuerte para garantizar el uso racional de los humedales de todo el país. La Bahía de Panamá es uno de los sitios de anidación más importantes del mundo para aves migratorias y es hogar de jaguares y tortugas caguama (especie en peligro de extinción). Los manglares de la bahía amortiguan las cada vez más fuertes marejadas, y capturan 50 veces más carbono que los bosques tropicales. La bahía está enlistada como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la conservación de los humedales. El trabajo de AIDA consiste en proteger todos los servicios ecosistémicos que este sitio fundamental brinda.  3.   El Gobierno de Colombia Protege el 76% del Páramo de Santurbán AIDA se unió a organizaciones locales para conseguir apoyo público para la protección de los páramos de Colombia. Los páramos son humedales de alta montaña únicos en América Latina. Nuestro trabajo logró reunir más de 20,000 firmas para una petición ciudadana y generó mucha atención mediática. El Gobierno colombiano decidió ampliar el área protegida del Páramo de Santurbán, una importante victoria para el pueblo colombiano. Santurbán abastece de agua a cerca de dos millones de personas y es hábitat de especies amenazadas. También captura grandes cantidades de carbono, mitigando así el cambio climático. Hace varios años, Colombia promulgó una ley que protege a los páramos, un importante paso debido a que la tierra en y alrededor de Santurbán contiene oro y otros minerales que empresas internacionales están ansiosas por explotar. Para implementar la ley y proteger realmente a ese páramo, Colombia tenía que establecer los límites del área protegida. Los límites propuestos inicialmente incluían sólo una pequeña fracción del páramo. Ahora, la mayor parte está protegida.  4.  Se Publican Tres Importantes Informes de Referencia Uno de los servicios clave que AIDA brinda es la producción de informes basados en investigación y análisis legal. Estos informes sirven como referencia a funcionarios de gobierno, periodistas, grupos de la sociedad civil y tomadores de decisiones de industrias que se esfuerzan por proteger nuestro ambiente. Compilamos información exhaustiva acerca de las amenzas a recursos naturales y de las mejores prácticas para la protección ambiental. Nuestros informes llenan vacíos de conocimiento entre responsables de políticas públicas y defensores ambientales en América Latina. Las publicaciones recientes de AIDA pueden ayudar a guiar los esfuerzos hacia la protección ambiental. Éstas incluyen: Guía de Buenas Prácticas de Regulación para la Protección de Arrecifes de Coral (en inglés). La Protección de los Arrecifes de Coral en México: Rescatando la Biodiversidad Marina y sus Beneficios para la Humanidad. Guía sobre Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros. 5.   Se Crea un Grupo Regional sobre Fracking: 30 Organizaciones en Siete Países Muchos países en América Latina le están abriendo sus puertas al fracking, una práctica que consiste en la inyección de agua, arena y químicos a muy alta presión para fracturar rocas y liberar gas natural del subsuelo.  Muchos gobiernos lo están haciéndo con poca o ninguna comprensión de los impactos de esta tecnología en el ambiente y la salud, y en ausencia de procesos adecuados para informar, consultar e involucrar a las comunidades afectadas.  AIDA apoyó la creación del Grupo Regional sobre Fracking para generar conciencia, debate público y prevenir los riesgos asociados al fracking. El grupo busca garantizar que los derechos a la vida, a la salud pública y a un ambiente sano sean respetados en América Latina. El grupo está formado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas principalmente de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y México, las cuales colaboran para: Identificar operaciones de fracking y comunidades afectadas en la región, y documentar los impactos; Avanzar en estrategias para detener proyectos dañinos y frenar la propagación del fracking; y Organizar seminarios y brindar material educativo acerca de los riesgos e impactos del fracking para asegurar la adopción de un enfoque de precaución.

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Un mundo sin capa de ozono

En México, cada 16 de septiembre, las personas descansan de una noche de fiesta y también lo hace el cielo. En ese país, el Día de la Independencia inicia contaminado por la excesiva pirotecnia utilizada en los festejos patrios. Lo irónico es que, mundialmente, ese día se celebra la protección de la capa de ozono. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos decidido cuidar la capa de ozono? Los 16 de septiembre,  la Ciudad de México amanece con un aire espeso y sucio. Aunque sus calles estén casi vacías, el gobierno de la capital mantiene su programa “Hoy no circula” y sancionar a los conductores distraídos que sacan automóviles cuyo número de matrícula tiene prohibido circular ese día. Digo “distraídos” porque en días de asueto, el gobierno a veces suspende la regla del “Hoy no circula”, pero ello no ocurre los 16 de septiembre. Ese día todos tienen que recuperarse de la resaca, incluido el cielo. México festeja su “noche patria” el 15 de septiembre. En todas las ciudades del país, miles de cartuchos de pirotecnia son lanzados desde plazas atestadas de gente. Y, al día siguiente, el cielo es más gris que de costumbre. Lo irónico es que el 16 de septiembre es el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. Más irónico aún es que un mexicano, Mario Molina, fue parte del grupo de científicos que descubrió lo que estaba provocando el hoyo en la capa de ozono: químicos arrojados al aire por los  seres humanos. El hallazgo fue tal que se convirtió en un parteaguas en la guerra contra los gases que dañan la atmósfera. El descubrimiento derivó en acciones diplomáticas a nivel mundial: Se firmó el Protocolo de Montreal con el objetivo concreto de proteger la capa de ozono, prohibiendo el uso de clorofluorocarbonos (CFC, comúnmente conocidos como Freon) y proyectando la eliminación de otras sustancias nocivas. “Mi primer pánico ambiental”, así califica a ese momento Florencia Ortúzar, abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA. ¿Y cómo no? Destruir la capa de ozono implica debilitar la protección contra los rayos ultravioleta que provocan cáncer en la piel y cataratas, sin mencionar que la radiación extremadamente peligrosa podría causar cambios drásticos en los ecosistemas de los que depende nuestra propia vida. A 40 años de las investigaciones científicas sobre los efectos de los químicos en la capa de ozono y 30 años de haber iniciado la acción global y política para hacerles frente, ¿sirvió de algo? Sí. El mundo que evitamos La NASA publicó una simulación en la que explica el mundo que evitamos gracias a la pronta acción para proteger la capa de ozono: En 2020, el 17% de toda el ozono habría desaparecido a nivel global. En 2040, la radiación ultravioleta habría alcanzado un índice 15 a nivel global en latitudes medias. A fin de ilustrar lo anterior, tengamos en cuenta que el índice 10 es considerado extremo y puede causar quemaduras en 10 minutos. En 2065, habríamos perdido dos terceras partes del ozono, provocando niveles de radiación ultravioleta nunca antes vistos, que podrían causar quemaduras en sólo cinco minutos. ¿Habríamos llegado a 2100? La NASA no lo dice. La esperanza: Lo que podemos hacer Richard Stolarski, científico pionero en los estudios de la capa ozono y coautor de la simulación de la NASA, expresó así su admiración por el trabajo global:   “No pensé que el Protocolo de Montreal funcionara, era muy ingenuo ante la política. Es un acuerdo internacional notable y debería ser estudiado por aquellos involucrados que buscan un acuerdo acerca del calentamiento global”. Ciertamente, lo que se logró fue esperanzador pues el mundo catastrófico no llegó. Pero, no podemos bajar la guardia. Aún hay acciones globales e individuales que pueden acelerar la recuperación de la capa de ozono. Cuando el Protocolo de Montreal prohibió los clorofluorocarbonos, la industria los reemplazó con los hidrofluorocarbonos (HFC). Al igual que los CFC, los HFC son potentes gases de efecto invernadero. Como parte de nuestro programa de Cambio Climático, en AIDA trabajamos para reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), los cuales incluyen a los hidrofluorocarbonos. Aunque esos contaminantes representan sólo un pequeño porcentaje de los gases de efecto invernadero, su producción y uso están creciendo y seguirán en aumento si no se toman medidas. Es por ello que en AIDA estamos trabajando para identificar formas de fortalecer las regulaciones que reduzcan las emisiones de CCVC. Debido a que los mismos permanecen en la atmósfera brevemente, reducir sus concentraciones puede brindar beneficios climáticos en el corto plazo, lo que nos da más tiempo para implementar programas de eficiencia energética y energía renovable que aminoren la severidad del cambio climático. ¿Estás con nosotros? 

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Cambio Climático, Derechos Humanos, Contaminación Tóxica

La indiferencia por la vida y la salud en Perú

Por María José Veramendi Villa, @MaJoVeramendi En Perú, cada año mueren alrededor de 400 niños y niñas a causa del frío. Supe de esas dramáticas cifras hace unas semanas cuando leí una columna titulada Morir de indiferencia, escrita por la congresista Verónika Mendoza. Me pregunté entonces con verdadera indignación: ¿Cómo es posible que los niños y niñas mueran de frío en un país que se vanagloria por sus riquezas mineras, su gran atractivo para la inversión extranjera, su potencial turístico y culinario, y por ser sede de eventos mundiales importantes como la Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? Además de la falta de voluntad política de nuestros gobernantes, preocupados más por lucir bien en las fotos de los grandes eventos, encontré la respuesta en una párrafo clave de la columna de Mendoza: “¿De dónde podría emanar esa voluntad política si a nadie conmueve, a nadie indigna que mueran esos niños, quizás porque suelen estar ‘lejos’, suelen ser campesinos, suelen hablar quechua o aymara?” Lamentar antes que prevenir El 18 de julio de 2015, el gobierno emitió un Decreto Supremo para declarar Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias del país debido a las heladas. El primer párrafo del decreto menciona que “todos los años y de manera recurrente, entre los meses de mayo a setiembre, se presentan en nuestro país fenómenos meteorológicos relacionados con bajas temperaturas, como son las heladas en nuestras zonas altoandinas, observándose en las últimas temporadas manifestaciones extremas de dichos fenómenos meteorológicos con temperaturas muy por debajo de los 0ºC…”. Si los fenómenos climáticos ocurren cada año, ¿por qué no prevenir sus impactos? En 2004, información del Tyndall Centre de la Universidad de Manchester dio cuenta que Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático, la causa principal de fenómenos como las heladas cada vez más intensas. Indiferencia ante la vulneración de derechos humanos La indiferencia en Perú no sólo se manifiesta en los niños y niñas que mueren de frío en comunidades alejadas, sino también La Oroya, ciudad ubicada a sólo 175 kilómetros de Lima. Allí y en un contexto de contaminación industrial extrema, la población, incluidos niños y niñas, sufre hace muchos años la violación de su derechos a la vida y a la salud. El 11 de agosto pasado, un paro organizado por los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya y el consecuente cierre de la carretera central, la vía más importante de acceso al centro del país, encendió las alarmas de la ciudad, pero no aquellas que nos deberían alertar cuando se sobrepasan los límites de contaminación, sino las de una demanda social largamente desatendida. El Complejo Metalúrgico, propiedad de la empresa Doe Run Perú, está a la venta y en proceso de liquidación. De acuerdo con información hecha pública, ningún interesado presentó una oferta económica por considerar que los estándares ambientales peruanos son muy estrictos. En respuesta, los trabajadores tomaron la carretera exigiendo al Estado flexibilizar dichos estándares para que el complejo sea vendido y ellos conserven su fuente de trabajo.  Las medidas de protesta dejaron como saldo un muerto y más de 60 heridos. Fueron levantadas tras la firma de un acuerdo de cinco puntos, el cual no hace referencia a los derechos a la vida y la salud de la población de La Oroya. En una ciudad que ha sido contaminada sin control durante más de 90 años, la empresa Doe Run Perú ha logrado prórrogas continuas para cumplir con sus obligaciones ambientales. En julio de 2015, obtuvo una nueva prórroga de 14 años para que el complejo cumpla con los estándares ambientales. Pero ¿qué pasa con la vida y la salud de las personas? El Estado no ha hecho que los estándares ambientales se cumplan en La Oroya. Tampoco ha salvaguardado plenamente la salud de sus pobladores: Los estados de alerta de calidad de aire no se activan adecuadamente. El centro de salud y los médicos a cargo de la estrategia de metales pesados son escasos y enfrentan el riesgo constante de que quedarse sin recursos para seguir trabajando. El Estado insiste en solicitar el levantamiento de las medidas de protección de la vida y la salud que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó en 2007 a favor de un grupo de pobladores de La Oroya. Alzando la voz Los niños y niñas son más vulnerables al frío como lo son a los efectos de la contaminación industrial. Sin embargo, el Estado sólo interviene en su ayuda en momentos de crisis o cuando ya es demasiado tarde. Suena a cliché, pero los niños y niñas son nuestra esperanza. ¡Hagámonos escuchar para que no mueran de frío y para que no los intoxiquen! De no hacerlo, seremos también víctimas de la enfermedad de la indiferencia.

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