Contaminación Tóxica

3 sorprendentes verdades del salmón que consumes

Tú puedes ayudar a proteger las prístinas y cristalinas aguas de la aislada costa de la Patagonia chilena. Es posible que te estés preguntando qué tiene eso que ver con el salmón. Bueno, basta con tener en cuenta que:   1. El salmón sobre tu plato probablemente viene de Chile. En países de América Latina como Colombia y México, la mayor parte del salmón que se consume viene de Chile. En ese país, durante los últimos 30 años, la industria del salmón se ha disparado, convirtiendo a Chile en el segundo productor mundial.   2. Las granjas de salmón causan graves daños ambientales.  Las jaulas usadas en la salmonicultura albergan tal cantidad de peces que agotan el oxígeno del océano, sofocando la vida en el mar. Los antibióticos y químicos con los que se alimenta a los salmones se acumulan en el fondo marino. Las granjas causan la proliferación de algas tóxicas para la vida silvestre. Y los salmones que escapan de sus jaulas son más grandes y agresivos que las especies silvestres, aventajando a los demás peces en la búsqueda de comida.   3. Chile planea cuadruplicar el número de granjas de salmón en las aguas vírgenes de la Patagonia sur. Las granjas de salmón se están mudando a las hasta ahora prístinas aguas de la costa sur de Chile. Más de 100 de ellas operan actualmente en la región, y se prevé que 342 más se instalen también ahí. La Patagonia sur alberga la mayor cantidad de áreas naturales protegidas del país, las que cobijan a ballenas, pingüinos, delfines y a muchas otras especies amenazadas.   Con tu ayuda, AIDA protegerá la frágil ecología de los mares de la Patagonia.   Hemos presentado una denuncia ante el Superintendente del Ambiente, pidiéndole que investigue los daños de la salmonicultura y sancione a las empresas responsables. También estamos generando apoyo público para la denuncia mediante una petición ciudadana. Y estamos trabajando con aliados para documentar el tema en video y educar a un público amplio sobre los daños causados por la industria del salmón en uno de los últimos rincones prístinos de Sudamérica.   ¡Gracias a un donante generoso, todas las contribuciones serán igualadas 3 a 1, lo que significa que cada dólar que dones hoy hará un total de 4 dólares para AIDA! ¿Podrías donar por favor 10 o 25  dólares, o la cantidad que desees para ayudar a proteger la vida silvestre en las aguas pristinas de la Patagonia chilena?   Y si comes salmón, ¡por favor compra solo salmón silvestre, no cultivado!  

Piden a Chile proteger la Patagonia de los riesgos de la industria del salmón

Más de la mitad de las granjas salmoneras que operan en la Región de Magallanes están provocando falta de oxígeno en aguas marinas que albergan especies únicas. Mediante una denuncia administrativa y una petición ciudadana, organizaciones de la sociedad civil solicitan al Gobierno chileno investigar y sancionar los daños, y hacer cumplir la regulación existente. Santiago de Chile. Organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente pidiendo que investigue los daños ocasionados por las granjas de salmón en la Región de Magallanes, en la Patagonia sur del país, y que sancione a las empresas responsables de dichos daños. Según información gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón en el lugar reportaron estar operando en condiciones anaeróbicas; es decir, han provocado falta de oxígeno en el ambiente, una amenaza seria a la vida marina. Las organizaciones lanzaron además una petición ciudadana en internet a fin de sumar apoyo para la solicitud hecha a la Superintendencia. “En Magallanes se han entregado concesiones de salmonicultura sin que se haya llevado a cabo una evaluación detallada de los impactos que la industria puede tener en la región”, explicó Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Los daños ya están ocurriendo: un informe de la Contraloría General de la República evidenció que entre 2013 y 2015, más de la mitad de las granjas de salmón en Magallanes operaban en condiciones anaeróbicas, lo que perjudica gravemente la vida marina”.  Chile es el segundo productor mundial de salmón. La industria, que por años se desarrolló en las costas ubicadas más al norte de Magallanes, ahora ha ingresado a esa región, la más austral del país y que por ser más virgen es también más vulnerable a las actividades humanas. Magallanes posee el mayor número de áreas naturales protegidas del país y alberga a especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras. “Las empresas salmoneras del país han excedido el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de los antibióticos y químicos que se les suministra a los salmones”, dijo Francisco Campos-Lopez, director de Real Chile. “Esos químicos, y las heces de los propios animales, provocan la falta de oxígeno, poniendo en peligro la vida en el mar”. NOTA: Más información disponible en aida-americas.org/es/granjasdesalmon Contactos de prensa: Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, +56 9 7335 3135, [email protected]    

Protegiendo los mares de la Patagonia chilena de la industria del salmón

Seminario virtual "El aire limpio y la salud en Perú peligran, conoce el porqué"

El Gobierno de Perú propuso nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el aire, aumentando los niveles permitidos de contaminación por dióxido de azufre y material particulado, sustancias que causan enfermedades graves en las personas, sobre todo en niños, niñas y adultos mayores. AIDA preparó, y luego presentó junto con APRODEH, argumentos que demuestran que la propuesta gubernamental ignora la evidencia científica sobre los daños que ambos contaminantes provocan, y las obligaciones internacionales que tienen las autoridades de brindar a su población las condiciones necesarias para una vida digna. En este seminario virtual, expertas y expertos en el tema explicaron en detalle las razones por las que ningún país debe permitir una mayor contaminación del aire.   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Anna Cederstav, Codirectora de AIDA:   Grabación  

Propuesta del Gobierno de Perú sobre estándares de calidad del aire es regresiva y afectaría la salud humana

El gobierno propone subir más de 12 veces el límite de contaminación por dióxido de azufre y duplicar el de material particulado, sustancias que causan enfermedades graves. Organizaciones consideran que la propuesta ignora evidencia científica y la obligación del gobierno de crear condiciones aptas para la vida y la salud de las personas. Lima, Perú. El Ministerio de Ambiente propone nuevos Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para aire, que afectarían a toda la población pues no previenen los riesgos de contaminantes para la salud humana y ambiental. La norma propuesta aumenta más de 12 veces el límite para las concentraciones en el aire de dióxido de azufre (SO2) y duplica el de material particulado fino. Los ECA propuestos ignoran la evidencia científica según la cual dichas sustancias pueden provocar afecciones pulmonares y otras, particularmente a población más vulnerable como personas con asma, niños, niñas y adultos mayores. “Existen pruebas científicas contundentes que concluyen que la contaminación por dióxido de azufre representa un riesgo grave para la salud, particularmente durante periodos cortos de tiempo cuando la contaminación alcanza picos elevados, algo que la propuesta no toma en cuenta”, explicó Anna Cederstav, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron comentarios sobre la propuesta. En ellos señalaron también que, a diferencia de lo que plantea el gobierno, reducir los niveles de SO2 en el aire derivaría en una menor esperanza de vida. Ello se debe a que, entre otras razones, esa sustancia también promueve la formación de PM2.5,  pequeñas partículas contaminantes causantes de problemas respiratorios agudos como bronquitis y neumonía, así como mortalidad prematura. Aún más preocupante, el gobierno propone aumentar al doble el estándar de contaminación por esas partículas. Las organizaciones resaltaron además las fallas en el proceso de consulta de la propuesta. De un lado, el gobierno publicó el proyecto de norma el sábado 8 de abril, justo antes de Semana Santa, dando solo 10 días hábiles de plazo para el envío de comentarios. Y, del otro, no hizo pública la argumentación científica y técnica de la propuesta, lo cual impide entender a fondo sus argumentos. De ese modo, el gobierno vulnera los derechos a la información y a la participación ciudadana. Asimismo, en los comentarios se resalta que la propuesta gubernamental vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales de los que Perú es parte, al no garantizar derechos humanos como la vida y la salud. Los cambios propuestos impactarían en toda la población del país. Los residentes de ciudades con contaminación más alta, como La Oroya, podrían sufrir impactos más severos. Esa ciudad es un caso emblemático por el Complejo Metalúrgico que allí opera y que está en proceso de venta. Dicho complejo ha sido un macroemisor de contaminantes por décadas, afectando la salud de las personas y el ambiente. El debilitamiento de los estándares para promover su venta, argumento que el gobierno ha mencionado públicamente, podría implicar mayores impactos en la población, que ha visto mejoras significativas en el último tiempo. Personas afectadas en La Oroya demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger sus derechos y cuentan desde hace diez años con medidas cautelares debido a los riesgos de la contaminación para su salud y su vida. Recientemente, la Comisión amplió las medidas a más personas debido a que el nivel de riesgo se mantiene. “Relajar los estándares de calidad del aire para facilitar la venta del complejo y aumentar la inversión en Perú sería un retroceso para la protección de la salud y el ambiente, lo cual podría resultar en una responsabilidad internacional del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Christian Huaylinos, de APRODEH. “Además, dichas acciones estarían violando tratados de libre comercio firmados por Perú con Estados Unidos y con la Unión Europea, por ejemplo”, puntualizó. Consulte los comentarios enviados al Ministerio de Ambiente de Perú y más información sobre el caso de La Oroya. Contactos de prensa: Rodrigo da Costa Sales, AIDA, [email protected], +51 994767961 Christian Huaylinos, APRODEH, [email protected], +51 959 789 232  

¿Por qué Colombia no debe reanudar la fumigación aérea con glifosato?

En 2015, el Gobierno de Colombia apostó por el ambiente y la salud humana cuando decidió suspender en el país la fumigación aérea de cultivos considerados ilícitos con glifosato y otros químicos. Sin embargo, existe un proceso judicial en curso ante la Corte Constitucional colombiana al cabo del cual podría haber un fallo que abra camino para una posible reanudación de ese tipo de fumigación. Dicha práctica tiene su origen en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), parte del llamado Plan Colombia, lanzado hace casi dos décadas con el apoyo de Estados Unidos. La Corte deberá decidir ahora si la fumigación respeta o no los derechos humanos. En AIDA creemos firmemente que la respuesta es no. A continuación les contaré porqué Colombia no debe retroceder en sus esfuerzos de evitar los impactos negativos de la fumigación aérea con glifosato en comunidades y ecosistemas. Según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el glifosato es una sustancia probablemente cancerígena para las personas. También se ha reconocido, a partir de información científica, que puede causar problemas dermatológicos, abortos, daño a nivel celular o enfermedades neurodegenerativas.[1] Además, de acuerdo con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la mezcla de glifosato y la forma en que se utiliza, amenaza la biodiversidad, especialmente a peces y anfibios. El Principio de Precaución “Principio 15. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” Así está definido el principio de precaución en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). Su objetivo es evitar riesgos inciertos, graves e irreversibles para las personas y el ambiente. El principio está incorporado en la legislación colombiana desde 1993 y, en el caso de la fumigación aérea con glifosato, es claramente aplicable. De hecho, con base en el mismo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales decidió, en septiembre de 2015, suspender el Plan de Manejo Ambiental del programa de fumigaciones y detenerlas. Aunque no se cuenta con estudios sobre la dimensión de los impactos de la implementación del programa, existe evidencia científica sobre los impactos graves e irreversibles del glifosato en la salud humana y el ambiente. En consecuencia y en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales, el Estado colombiano debe seguir aplicando el principio de precaución para proteger a la población y al patrimonio natural del país de los daños del glifosato y demás químicos nocivos. Ante la Corte Los argumentos mencionados arriba fueron presentados también ante la Corte Constitucional por AIDA y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, como parte del proceso judicial relacionado con el programa de fumigaciones. Le dijimos a la Corte que aún es necesario que el Estado mantenga la suspensión de las fumigaciones para evitar la consumación de los daños de su implementación durante muchos años. Hasta no contar con estudios científicos objetivos, independientes e integrales que demuestren que el programa de fumigaciones es seguro, dicha actividad no puede ser reactivada. Los estudios deberán tener en cuenta las características específicas del programa y las condiciones ambientales y sociales de los lugares afectados. Asimismo, se deberá considerar los impactos ambientales acumulativos. El proceso judicial responde a una acción legal presentada por el municipio de Nóvita, región del Chocó, contra varias entidades del gobierno por vulnerar derechos fundamentales de comunidades indígenas y afrodescendientes a raíz de la fumigación aérea con glifosato para erradicar cultivos de coca y amapola en la zona. AIDA apoyó esos esfuerzos locales con argumentos de derecho internacional, abogando por la aplicación del principio de precaución para velar por la salud y el ambiente. Quedamos ahora a la espera de la decisión de la Corte sobre un tema de trascendental importancia para el país y el continente. ¡CONSULTA el documento que AIDA y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia presentaron ante la Corte Constitucional! [1] http://www.ideaspaz.org/img/website/documents/informe-c-comision-asesora.pdf

Tárcoles: El río más contaminado de Centroamérica

El sol nace en el río Grande de Tárcoles. Guacamayas descansan en los árboles de alrededor y, en la orilla, cocodrilos se asoman imponentes. Cientos de turistas se detienen a fotografiar del paisaje cuando, dentro del cauce, la corriente arrastra un pedazo de chatarra. Esta es la dinámica en el caudal del Grande de Tárcoles, el río más contaminado no sólo de Costa Rica, sino de toda Centroamérica. Si bien el país ha logrado grandes avances para dejar atrás el uso de combustibles fósiles en la generación de energía, aún tiene mucho por hacer en cuanto a manejo de desechos. El origen de la contaminación Son dos las razones principales para la excesiva contaminación del gigantesco río: la creciente urbanización y la burocracia gubernamental. Por un lado, en su enorme caudal —aproximadamente 4,2% del territorio costarricense— desembocan todas las aguas sucias del Gran Área Metropolitana del país. En 2013, el informe del Estado de la Nación reveló que sólo un 4% del total de las aguas residuales del país eran tratadas antes de ir a los ríos. Lo que ocurre en el Grande de Tárcoles es un gran ejemplo de las consecuencias de esa deficiencia. Actualmente, el río es la “alcantarilla” de la zona urbana. Recibe un equivalente a 100 piscinas olímpicas de agua sin tratamiento proveniente de la zona urbana, según el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Sus aguas han sido también víctima de leyes anticuadas que por años favorecieron la actividad económica y el vertido de los desechos de sectores comerciales, por encima de la salud ambiental del río. También en el ámbito legal, aunque se estableció el pago de una multa por el vertido de aguas residuales y agentes contaminantes al río, la medida no fue respetada. Como resultado, la cantidad de derrames ilegales de agua sucia, basura tecnológica o chatarra al Grande de Tárcoles permaneció igual de alta. Gracias a todo esto, el laboratorio de análisis ambiental de la Universidad Nacional calcula que si no se adoptan medidas más efectivas, para el año 2040, la recuperación del río sería imposible Esto comenzó a saturar de contaminación al río hasta llegar a la actual y crítica situación actual. Riqueza ambiental en riesgo A pesar de la contaminación, la riqueza biológica en la desembocadura del río es exorbitante. Allí habita la población de cocodrilo americano más grande del país y alrededor de 50 especies de aves. Además, el río desemboca y alimenta con sus aguas al manglar de Guacalillo, hogar de una gran variedad de especies animales. En ese sitio están cuatro de las cinco especies de manglar observadas de Costa Rica. Por otro lado, este rico ecosistema aporta pesca y turismo para la subsistencia de las comunidades locales, quienes se enorgullecen de la belleza natural del lugar. Lo que se ha hecho y lo que falta Se han hecho esfuerzos por mitigar el impacto de la contaminación en el río y rescatar su gran biodiversidad. Uno de ellos es la puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas Los Tajos, que limpia un 20% de las aguas que llegan al Grande de Tárcoles. También está el aporte de campañas aisladas de limpieza. En 2007, una limpieza del río recolectó de sus aguas una cantidad aproximada de mil neumáticos. Esto favoreció la emisión de un decreto en favor de las comunidades locales y con la intención de garantizarles su derecho a un ambiente sano. El decreto reconoce la importancia biológica del río y el deterioro que ha sufrido, creando la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, cuyo objetivo es planificar vías alternas y sostenibles para proteger al río. Sin embargo, son necesarias acciones más significativas para la recuperación total del Tárcoles antes que el daño sea irreparable. La Comisión no ha sido capaz al momento de mitigar significativamente la contaminación. Requiere una mejor organización y recursos para actuar. Además, haciendo partícipes a las comunidades locales, la Comisión necesita poner manos a la obra y realizar limpiezas masivas de la cuenca del Grande de Tárcoles. Además, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados debe actuar eficientemente para tratar adecuadamente las aguas residuales, prevenir derrames ilegales y limpiarlo para restaurar la salud de este gigante enfermo. El reto es grande, pero la belleza natural del caudal hace que un esfuerzo mayor valga la pena.  

La Oroya: Una década de lucha y espera por justicia

Desde el día en que nació, Isabel* ha respirado aire tóxico. En los 13 años de su joven vida, ha tenido metales pesados en la sangre. Su ciudad natal, La Oroya, una pequeña comunidad en los Andes peruanos, fue catalogada en 2007 como uno de los lugares más contaminados del mundo. Un complejo metalúrgico ha operado ahí por cerca de un siglo, con muy poca regulación y sin brindar atención a la salud. Los niños como Isabel son los que más sufren por la contaminación tóxica. Sus cuerpos y cerebros en desarrollo son extremadamente vulnerables al plomo y otros metales pesados, los cuales inhiben el crecimiento y suelen provocar daños permanentes. Casi todas las niñas y niños de La Oroya tienen metales pesados en su sangre en niveles que superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, muchos residentes sufren enfermedades respiratorios crónicas. Los problemas de salud de la población son resultado directo de la indiferencia por el ambiente de la empresa a cargo del complejo y de quienes viven alrededor del mismo. Y la responsabilidad del Estado peruano yace en su inacción.  Es por ello que un grupo de residentes se unió para luchar por la salud de sus hijas e hijos, y por el futuro de la ciudad. El padre de Isabel, Pablo, ha sido uno de los voceros de la lucha de la comunidad contra el gobierno y la empresa estadounidense responsable de contaminar su aire, sus tierras e incluso su agua. No ve otro camino más que continuar en la lucha. "¿Qué tipo de mundo dejaremos a nuestros hijos si no defendemos nuestra tierra, si no defendemos nuestra biodiversidad?”, dijo recientemente Pablo en una entrevista.         Un grupo de 65 residentes se unieron como peticionarios en un caso que AIDA y otras organizaciones llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 10 años. Desde entonces, 14 personas más han agregado sus nombres a la queja; cuatro han muerto. Hoy, todavía esperan por justicia. En 2007, la Comisión otorgó medidas cautelares, por las cuales solicitó al Estado peruano adoptar las medidas pertinentes para diagnosticar a los beneficiarios y brindar tratamiento a quienes están en una situación de peligro de daño irreparable. Desde entonces, aunque la calidad del aire en La Oroya ha mejorado, el mismo sigue siendo contaminado y el sistema de salud solicitado aún es lamentablemente inadecuado.  Hasta ahora, la Comisión no ha presentado su informe sobre los méritos del caso (es decir si hubo o no violaciones a los derechos humanos en el caso analizado). El hallazgo de un mérito incluiría recomendaciones más enérgicas. Si el Estado continuara sin responder, AIDA llevaría el caso a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ahora, lo único que los peticionarios pueden hacer es esperar un poco más. A pesar de los años, no cesaremos en la lucha hasta que las personas de La Oroya vean justicia. Creemos que su valentía y lucha tendrán impactos más allá de su comunidad al sentar un precedente para casos futuros a lo largo del continente americano. Una victoria establecería, en el ámbito de la legislación internacional, que los daños por contaminación tóxica son violaciones a los derechos humanos. Esto significaría un futuro mejor no sólo para Isabel y La Oroya, sino también para las comunidades donde las empresas, con poca visión al futuro, tiren sus desechos tóxicos. __ * El nombre real fue cambiado por protección de privacidad.

Perú inicia diagnósticos a personas afectadas por contaminación tóxica en La Oroya

En mayo de 2016, la CIDH requirió al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por la contaminación causada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Recién la semana pasada comenzaron las evaluaciones médicas y mediciones de la concentración de metales pesados en los beneficiarios. La Oroya, Perú. El 14 y 15 de octubre pasados, comenzaron a realizarse en el centro médico de la ciudad mediciones de concentración de metales pesados en sangre y orina y evaluaciones médicas al grupo adicional de personas afectadas por la contaminación proveniente del Complejo Metalúrgico de La Oroya.  Ello ocurrió cinco meses despues de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara tales acciones al Estado peruano mediante la ampliación de la medida de protección otorgada originalmente en 2007, con la cual el número de beneficiarios subió de 65 a 79. El 3 de mayo, la Comisión pidió que el Estado adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de 14 beneficiarios adicionales[1], “realizando las valoraciones médicas necesarias para determinar los niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre, a fin de suministrar atención médica adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales aplicables a la materia.” Cinco meses después de la solicitud y ante la insistencia y reclamos de las organizaciones que representamos a los beneficiarios, finalmente se realizaron en el Centro de Salud de La Oroya las mediciones de metales pesados a siete de los nuevos beneficiarios. También se les hicieron evaluaciones médicas en las especialidades de nutrición, odontología, psicología, medicina interna, neumología y gastroenterología. Para ello, los médicos de las tres últimas especialidades llegaron a La Oroya desde Lima y Huancayo. Los resultados deberán ser procesados por el Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS) y entregados a los beneficiarios en un plazo no mayor a 45 días. El Ministerio de Salud se comprometió a gestionar que aquellos beneficiarios que, según el diagnóstico, requieran tratamiento médico, sean atendidos por médicos especialistas en Huancayo y/o Lima, pues el Centro de Salud de La Oroya no tiene el personal para hacerlo.  También comprometió una nueva fecha para la medición y evaluación médica de aquellos beneficiarios que no pudieron ser atendidos. Desde las organizaciones que representamos a las víctimas esperamos que éste sea un primer paso hacia el cumplimiento pleno de las medidas de protección solicitadas por la Comisión, el cual se exprese no solo en un diagnóstico, sino también en tratamientos médicos especializados y seguimiento adecuado al estado de salud de cada uno de los beneficiarios, aquellos de la medida inicial otorgada en 2007, cuya protección continúa vigente, y los incluidos en la ampliación otorgada este año. “Pese a que las medidas cautelares fueron emitidas originalmente por la CIDH hace casi 10 años —solicitando una serie de acciones urgentes para la protección de la salud— éstas todavía no han sido implementadas en su totalidad. Ello implica que por años los problemas de salud de los beneficiarios no han sido debidamente atendidos”, señaló Christian Huaylinos, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Asimismo, el Estado debe atender con urgencia la situación de los servicios de salud en La Oroya, cuyo centro de salud está en crisis al funcionar en un lugar que ha sido declarado inhabitable por el Instituto Nacional de Defensa Civil y tener solo cinco médicos para la población de La Oroya y la de toda la Provincia de Yauli. “En La Oroya existen problemas estructurales en materia de salud y ambiente que deben ser resueltos con urgencia. Es necesario que la CIDH emita pronto el Informe de Fondo del caso que sobre esta situación fue presentando ante dicha instancia hace casi 10 años. Son 10 años de espera para las víctimas que buscan justicia ante la violación de sus derechos humanos. Si existe un verdadero compromiso del Estado con la población de La Oroya, éste se podrá evaluar en el cumplimiento pleno de las eventuales recomendaciones que emita la CIDH en ese informe”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). [1] Uno de los nuevos beneficiarios falleció por causas ajenas al objeto de la medida de protección de la CIDH.  Contactos de prensa: María José Veramendi Villa, AIDA, [email protected], +51 954114393 Christian Huaylinos, APRODEH, [email protected], +51 959789232  

La Industria del Salmón en Chile: Sostenibilidad Imposible

Chile es el segundo mayor productor de salmón a nivel mundial. Por más de 20 años, la industria se viene desarrollando anteponiendo las ganancias económicas a la protección ambiental. Ante la falta de regulación del Estado, la producción masiva de salmón deja a su paso contaminación química, zonas de mar sin vida, daños a otras especies, y perjuicios sociales a las personas y comunidades que dependen de la industria y del mar como sustento. La situación podría empeorar pues la industria amenaza con reinstalarse en zonas nuevas de aguas prístinas. Malas prácticas La salmonicultura en Chile nunca será sostenible porque requiere mucha más proteína de la que genera. Para producir un kilo de salmón, se requiere alrededor de 5 kilos de pesca silvestre para alimentación. Ello es porque el salmón es una especie introducida y carnívora. Años de malas prácticas por parte de las empresas y la falta de control del gobierno han  resultado en graves daños ambientales, mismos que han traído consecuencias sociales graves para quienes viven de los productos del mar. En la Isla Grande de Chiloé, por ejemplo, se vive una crisis social relacionada con la catástrofe ambiental generada en gran parte por la industria del salmón, muy intensiva en la zona. En Chile, los proponentes de proyectos deben presentar declaraciones o estudios de impacto ambiental, según el potencial del proyecto de dañar la naturaleza. Pese al gran riesgo que implican para los ecosistemas, los proyectos de salmonicultura son admitidos mediante meras declaraciones juradas, y no por estudios que permitan identificar y manejar adecuadamente sus posibles impactos negativos. El resultado son miles de criaderos de salmón en funcionamiento. Cada uno consiste en balsas jaulas que, sin suficiente separación entre sí ni condiciones sanitarias adecuadas, albergan miles de salmones apretujados (el doble de lo que se permite en Europa). Aunque parezca difícil de creer y pese a que la ley dice lo contrario, en Chile no se han hecho estudios sobre la capacidad del océano, lagos y ríos de albergar la cantidad de salmones que se cultivan. Estos salmones en cautiverio son alimentados con pellets, una especie de píldoras que además de pesca silvestre transformada en harina de pescado, contienen pesticidas, colorantes, fungicidas y otros químicos que mejoran la producción. Gran parte de esas píldoras no son consumidas y caen al fondo del mar. Además, a cada salmón se le inyecta una cantidad exorbitante de antibióticos (hasta 5 mil veces más que lo que se usa en Noruega). Finalmente, los desechos generados por los peces, los cuales contienen los químicos suministrados, se acumulan también en el fondo del mar. Más de 20 años de estas prácticas han causado zonas de mar muertas donde la vida ya no es posible. Otro grave problema es que los salmones suelen escapar de sus jaulas. Según un informe de la ONG Terram, los escapes en Chile representan el 1.5% de la producción, equivalente a más de 9 mil toneladas al año. Algunos estudios dan cuenta que ese porcentaje podría llegar a 5%. Aunque por ley los centros de cultivo deben tener planes de recaptura, muchas veces éstos no tienen éxito. El salmón es una especie agresiva que, puesta en libertad, compite con los peces locales por casa y comida, y les transmite enfermedades. Crisis en el mar En mayo, las costas chilenas fueron devastadas por una marea roja más dañina que nunca. El fenómeno natural, caracterizado por el incremento excesivo de microalgas de las que se alimentan algunos animales, dejó varadas ballenas, calamares, sardinas y hasta aves (ver aquí un testimonio). Los salmones en cautiverio también fueron afectados y la industria sufrió pérdidas millonarias: miles de toneladas de cadáveres de salmón se pudrieron en las balsas jaulas. La  mortalidad fue tal que la autoridad marítima nacional autorizó arrojar 9 mil toneladas de salmón muerto al mar. Según la industria salmonera y el gobierno, la marea roja tuvo su origen en el fenómeno de El Niño, agravado por el calentamiento climático. No obstante, algunos científicos aseguran que en gran medida las salmoneras son las responsables por someter al mar a sus malas prácticas por años (ver el informe de la Fundación Crea y el de Greenpeace). ¡Patagonia sin salmoneras! La industria salmonera no solo no ha aprendido de sus errores, sino que ahora busca expandirse a aguas más puras que aún no han sido contaminadas, para continuar su negocio. Es lo que está pasando en la región patagónica de Magallanes y en Aysén, donde aproximadamente 3,100 solicitudes esperan confirmación. Algunas de ellas incluso en lugares  declarados de conservación prioritaria. En AIDA y junto con nuestros aliados, trabajamos para que ésta y otras industrias se adecúen a las normas ambientales. Pero aún más importante es lo que todos podemos hacer como ciudadanos y consumidores. Al elegir productos cuyo origen es sostenible, evitaremos que la industria del salmón siga transformando áreas de mar en zonas muertas. Es urgente que esta trágica historia no se repita en nuevas extensiones de nuestro inmenso, pero no infinito mar.