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Pequenos investimentos com grandes impactos. Soluções climáticas dos territórios com justiça de gênero
Desde 2016, a Aliança Global para Ação Verde e de Gênero (GAGGA, por sua sigla em inglês), em articulação com diversos atores, tem promovido iniciativas voltadas à inclusão da perspectiva de gênero no financiamento climático, com ênfase nos projetos e fluxos financeiros do Fundo Verde para o Clima (FVC).O FVC foi o primeiro fundo internacional de financiamento climático a incorporar a perspectiva de gênero como eixo central de suas operações, consolidando-se como um marco essencial para a promoção da equidade no acesso, uso e alocação de recursos climáticos em escala global.No entanto, o financiamento climático internacional que chega aos países muitas vezes está desconectado das reais necessidades das comunidades locais que pretende beneficiar, especialmente das mulheres. Essa desconexão representa um problema que exige atenção urgente: por um lado, essas comunidades têm o direito de participar das decisões que impactam suas vidas; por outro, perde-se a oportunidade de integrar conhecimentos locais às soluções, o que poderia tornálas mais relevantes e eficazes no enfrentamento da crise climática. Em seu relatório especial Mudanças Climáticas e Terra, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2022) destaca, por exemplo, que a incorporação do conhecimento das mulheres sobre a gestão da terra contribui para mitigar sua degradação e facilita a adoção de medidas integradas de adaptação e mitigação.O financiamento climático com perspectiva de gênero não se limita à alocação de recursos para mulheres ou à promoção da igualdade de gênero; exige repensar a forma como as soluções de financiamento climático são concebidas e implementadas. Isso implica reconhecer a diversidade das mulheres, remover barreiras ao acesso a recursos, retirar financiamento das chamadas “falsas soluções” e apoiar iniciativas que enfrentem as causas estruturais das mudanças climáticas.Nesse sentido, na América Latina e no Caribe, há múltiplas iniciativas locais de enfrentamento das mudanças climáticas que ainda fogem ao conhecimento dos tomadores de decisão. Essa invisibilidade dificulta que recebam apoio, sejam replicadas ou sirvam de referência para outras ações voltadas às mesmas comunidades. Diante disso, esta publicação apresenta cinco estudos de caso de soluções climáticas bem-sucedidas, com perspectiva de gênero e justiça climática, desenvolvidas localmente na região. Seu objetivo é fortalecer a colaboração entre os atores responsáveis pelo financiamento e pela implementação dos recursos do FVC e as organizações da sociedade civil.Os estudos de caso demonstram o potencial de eficiência alcançado quando os recursos são proporcionados diretamente às organizações da sociedade civil e às comunidades. Todos os projetos foram implementados com orçamentos inferiores a USD 50.000 e resultaram em contribuições significativas para a transformação de aspectos estruturais que aumentam a vulnerabilidade dos territórios, mulheres e outros grupos marginalizados diante da crise climática. Leia e baixe a publicação
Leer másPequeñas inversiones con grandes impactos. Soluciones climáticas desde los territorios con justicia de género
Desde el 2016, la Alianza Global para la Acción Verde y de Género (GAGGA, por sus siglas en inglés), en conjunto con otros actores, promueve una serie de iniciativas para fortalecer la inclusión de la perspectiva de género en el financiamiento climático, en particular en los proyectos y flujos financieros del Fondo Verde para el Clima (FVC).El FVC es el primer fondo internacional de financiamiento climático que incorpora la perspectiva de género como un eje central en su funcionamiento, convirtiéndose en un marco clave para avanzar hacia la equidad en el acceso, uso y destino de los recursos climáticos a nivel global.Sin embargo, el financiamiento climático internacional que llega a los países a menudo está desconectado de las necesidades reales de las comunidades locales a las que debería beneficiar, especialmente de las mujeres. Esto representa un problema que requiere atención urgente, ya que, por un lado, las comunidades tienen el derecho de participar en las decisiones que las afectan. Por otro, se pierde la oportunidad de incorporar el conocimiento local en las soluciones, lo que las haría más pertinentes y efectivas para enfrentar la crisis climática. En su informe especial sobre cambio climático y tierra, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (por sus siglas en inglés, IPCC, 2022) destaca, por ejemplo, que incorporar los conocimientos de las mujeres sobre gestión de la tierra contribuye a mitigar la su degradación y facilita la adopción de medidas integradas de adaptación y mitigación.El financiamiento climático con enfoque de género no se limita a destinar recursos a las mujeres y a promover la igualdad de género, sino que exige repensar cómo se diseñan e implementan las soluciones financieras y climáticas. Esto implica reconocer la diversidad de las mujeres, eliminar barreras de acceso a los recursos, desfinanciar las llamadas "falsas soluciones" y apoyar iniciativas que aborden las causas estructurales del cambio climático.En ese sentido, en América Latina y el Caribe existen múltiples iniciativas locales de soluciones al cambio climático que no son conocidas por quienes toman las decisiones. Esto dificulta que reciban apoyo, se repliquen o sirvan como aprendizaje para otras iniciativas en beneficio de las mismas comunidades. Por ello, esta publicación presenta cinco estudios de caso de soluciones climáticas exitosas con enfoque de género y justicia climática, desarrolladas a nivel local en la región. Su objetivo es fortalecer la colaboración entre los actores responsables de la provisión e implementación de los recursos del FVC y las organizaciones de la sociedad civil.Los estudios de caso demuestran el potencial de eficiencia que se puede alcanzar cuando los recursos llegan directamente a las organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades. Todos los proyectos se ejecutaron con presupuestos inferiores a 50 mil dólares y generaron contribuciones significativas para transformar aspectos estructurales que incrementan la vulnerabilidad de los territorios, las mujeres y otros grupos marginados frente a la crisis climática. Lee y descarga la publicación
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Incendios Forestales en América Latina
Los incendios forestales son consecuencia de la crisis climática y, al mismo tiempo, la exacerban. Amplifican riesgos de sequías y otros eventos extremos, así como de cambios en la precipitación. En América Latina, están aumentando en intensidad y frecuencia, causando impactos ambientales graves, afectando la salud y otros derechos humanos fundamentales. En 2022, Naciones Unidas advirtió que, a nivel mundial, se esperaba un aumento del 14% en la superficie de bosques incendiados para 2023 y del 30% para 2050. En América Latina, del total de cobertura arbórea perdida (4579,5 Kha) en 2023, el 21% fue a causa de incendios (967 Kha). En países como Bolivia, esta cifra representó hasta el 45%. Descarga la hoja informativa
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Cetáceos y salmonicultura: Desafíos para la protección de la biodiversidad marina en la Patagonia chilena
La industria salmonera en Chile ha experimentado un rápido desarrollo en las últimas tres décadas, convirtiendo al país en el segundo mayor productor mundial de salmón después de Noruega. Según el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), a finales de 2022, Chile cosechó más de 1 millón de toneladas de salmónidos. Este rápido crecimiento ha generado una serie de impactos en los ecosistemas marinos, revelando importantes deficiencias sanitarias, sociales y ambientales. Entre los impactos ambientales destacan el escape masivo de especies exóticas, un fenómeno que ha afectado la biodiversidad local; la diseminación de parásitos y enfermedades que impactan a las especies nativas; y la anaerobia y anoxia, o falta de oxígeno en el agua, asociada a la industria, que también ha tenido efectos negativos en los ecosistemas marinos. Estos problemas resaltan la necesidad de abordar de manera integral los desafíos sanitarios, sociales y ambientales asociados al crecimiento de la salmonicultura en Chile.Asimismo, las interacciones negativas entre la salmonicultura y los mamíferos marinos son una preocupación creciente. Estos animales se ven afectados por la pérdida y degradación de sus hábitats, por disparos con armas de fuego para disuadir su acercamiento (principalmente de lobos marinos), así como por el enmalle accidental en redes loberas, cabos de fondeo y otras redes. En el caso particular de los cetáceos, existe una creciente preocupación por los niveles de mortalidad accidental en las granjas de cultivo. Además, el alto tráfico de embarcaciones que circula por la Patagonia chilena, la mayoría de las cuales presta servicios a la salmonicultura, representa otro problema para los cetáceos. Conocer las amenazas que enfrentan los cetáceos en dicha región es fundamental para promover estrategias para su conservación, ya sea mediante estudios dirigidos a dilucidar problemáticas específicas o buscando herramientas legales para protegerlos.En este informe —encargado por AIDA a un equipo multidisciplinario de expertas, en alianza con ONG FIMA y Greenpeace— se describe a los cetáceos presentes en la Patagonia chilena y se revisan los potenciales impactos de la salmonicultura en estos animales, haciendo hincapié en los vacíos de conocimiento al respecto. Asimismo, se analiza la legislación nacional e internacional para la protección de los cetáceos con el fin de entregar recomendaciones que contribuyan a su conservación en la Patagonia. Lee y descarga el informe completoLee y descarga el resumen ejecutivo
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El Cierre y la Salida Responsable
Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina Ningún proyecto de extracción de recursos naturales (materia o energía) dura para siempre. Su vida útil está sujeta a muchas variables, que incluyen factores endógenos —como la cantidad de reservas de los recursos o la tasa de extracción— y factores exógenos —como las decisiones para atender la crisis climática, la disminución en la demanda, los problemas financieros, etc.— que condicionan el momento en que el proyecto debe cerrar o el momento en el cual un actor de su cadena de valor y de suministro debe salir. Sin importar la duración de la vida útil del proyecto o como pueda verse afectada, se debe contemplar un proceso de cierre responsable con el entorno natural y la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todos los actores involucrados.Este asunto es aún más relevante en el contexto de crisis climática que estamos viviendo, que hace urgente la puesta en marcha de medidas para gestionarla en el corto, mediano y largo plazo. Muchas de las acciones requeridas para cumplir con las metas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) están relacionadas con la transición energética, la cual implica, en términos generales, al menos dos cosas: 1) la sustitución de los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles y 2) la promoción de energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran una gran importancia.Tanto en los proyectos de extracción como en los de generación, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que hacen parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, aseguradoras, distribuidores y compradores, entre otros.En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. En estas fases, principios en materia ambiental como el de prevención y el de precaución, además de derechos como la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado, y los derechos de acceso, han tenido un rol crucial en la determinación de la viabilidad y el avance de los proyectos, así como en la protección y garantía de los derechos de las comunidades de la región. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas. En efecto, la falta de un proceso de cierre, así como de claridad sobre las obligaciones alrededor de los procesos de transición social y superación de las condiciones de dependencia económica, son obstáculos complejos que pueden agudizar los impactos ambientales y sociales. Este informe surge con la idea de proponer enfoques basados en el derecho y la ciencia para abordar el cierre y la salida responsable de los proyectos. Con ese propósito, en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en el período 2022-2024, entrevistamos a diversos actores1 y sistematizamos 12 casos que ejemplifican la problemática situación de múltiples proyectos de extracción de combustibles fósiles, de minerales y de generación de energía, que se encuentran en fase de cierre o en procesos de salida en diferentes países de la región. Estos casos evidencian los actuales desafíos y vacíos legales, técnicos y administrativos sobre el cierre y la salida en contextos específicos.Con la publicación, buscamos dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué se entiende por cierre y salida de un proyecto?, ¿cuáles son los fundamentos de las obligaciones de cierre y salida desde el derecho internacional?, ¿cómo deben ser el cierre y la salida?, ¿quiénes deben participar en estos procesos? y ¿cómo se deben atender los desafíos e impactos en materia social, ambiental, económica y de derechos humanos que se derivan de ellos? Lee y descarga el informe
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Declaración para la protección de los páramos y el bosque montano de los Andes Tropicales
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, reunidas en el marco de la décimo sexta Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Cali, Colombia: 1. INSTAMOS a que los Estados parte del CDB adopten regulación interna y asuman compromisos internacionales para:reconocer el papel crucial de los páramos y del bosque montano que lo protege en la regulación hídrica global, la mitigación y adaptación a la crisis climática, así como en la conservación de la diversidad biocultural;proteger los derechos humanos, los conocimientos tradicionales y las prácticas sostenibles de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales que habitan los páramos y el bosque montano; yprohibir en páramos y bosques montanos la minería a gran escala o prácticas semejantes en cuanto a sus impactos socioambientales, de acuerdo con los principios de precaución y prevención. 2. SOLICITAMOS a los Estados que incluyan en sus estrategias y planes nacionales de acción en materia de biodiversidad indicadores y mecanismos de monitoreo ante el CDB que permitan medir y reportar adecuadamente el cumplimiento de los compromisos que asuman para avanzar en la conservación de estos ecosistemas en los términos de esta declaración, así como en garantizar los derechos de los pueblos y comunidades que los habitan. 3. REQUERIMOS a los Estados y a las instituciones financieras multilaterales movilizar recursos y capacidades técnicas suficientes para garantizar la conservación de estos ecosistemas, así como la protección de los pueblos indígenas, y comunidades campesinas y tradicionales que los habitan. Elevamos estas solicitudes ante los Estados parte de la CDB: Teniendo en cuenta que existe un consenso científico del poder regulatorio hídrico de los ecosistemas de páramo y del bosque montano[1] pues no solo albergan flora endémica que captura agua dulce de la lluvia y la niebla, suministrándola a las ciudades andinas situadas aguas abajo; sino también suelos, sistemas lacustres y de turberas que tienen una alta concentración de materia orgánica y una enorme capacidad para retener el líquido. Además, los humedales de los páramos son humedales altoandinos[2] amparados por la Convención de Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional.Reconociendo que los páramos y sus bosques montanos son fundamentales en el ciclo del carbono; que debido a las bajas temperaturas y al ritmo lento de descomposición de la materia orgánica presente en ellos, sus suelos, vegetación y humedales capturan y retienen dióxido de carbono (CO2)[3], contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático y reduciendo el impacto de los fenómenos meteorológicos; y que estos ecosistemas son sumideros de carbono en los términos del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).Recordando que, debido a sus características biológicas y climáticas, estos ecosistemas prestan servicios esenciales para la población y contienen biodiversidad que es objeto de especial protección[4] y que son hogar de especies endémicas y nativas de flora y fauna como los frailejones, los pajonales, las epífitas, el colibrí chivito, el cóndor andino y el oso andino, entre otras.Considerando que los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales de la región gestionan y protegen los páramos y los bosques montanos, velan por la preservación de los bienes comunes en sus territorios y son custodios de conocimientos ancestrales determinantes para la conservación de la biodiversidad; que la integridad del páramo resulta fundamental para conservar estas prácticas ancestrales[5]; y que los páramos y los bosques montanos son reservas de diversidad biocultural en el marco del CDB.Reiterando que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)[6] alertó del impacto de la crisis climática en los páramos; y que estos enfrentan otras presiones antropogénicas como los incendios, los monocultivos, la ganadería y las especies invasoras[7].Advirtiendo que pese a ser ecosistemas estratégicos y sensibles, merecedores de la mayor protección, sobre algunos de ellos recaen actualmente fuertes presiones para desarrollar proyectos de minería a gran escala, mientras que otros están bajo el riesgo de ser objeto de concesión minera por el inclumplimiento de normativa y políticas públicas que los protegen o por la falta de estas.Teniendo presente que los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales han rechazado estos proyectos mineros en sus territorios, ganando incluso por mayoría “consultas populares” con las que han logrado defender el uso del suelo para las actividades tradicionales de sus municipios.Insistiendo que la remoción de la cobertura vegetal y la fragmentación de los ecosistemas que genera la minería a gran escala puede afectar el equilibrio ecológico, la diversidad biocultural y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la vida; acidificar y reducir la cantidad de agua dulce disponible para los sistemas de vida; y romper la interconectividad ecológica y espiritual con otros biomas y ecosistemas, acabando con su capacidad de secuestrar carbono[8] y provocando impactos a perpetuidad.Atendiendo a las advertencias realizadas por diversos relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas sobre los impactos negativos de la minería en el ambiente y en los derechos humanos[9].Alertando sobre ciertas dinámicas que han empleado recientemente algunas empresas mineras en los países de la región, particularmente multinacionales —como el fraccionamiento de grandes títulos mineros, el cambio de método de explotación, de minería superficial a subterránea, así como la formalización de pequeños mineros de la zona para tercerizar sus actividades mediante la solicitud de múltiples áreas menores—, las cuales amenazan con disfrazar procesos de minería a gran escala con impactos ambientales acumulativos y sinérgicos en los ecosistemas de páramo y en los bosques montanos que pueden ser iguales o más graves que los de una concesión de gran minería.Recordando que en virtud del CDB los Estados deben: (i) monitorear las actividades que tienen o pueden tener efectos perjudiciales significativos en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica[10], como la minería; (ii) establecer áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad[11] a partir del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y tradicionales[12]; y (iii) adoptar medidas de emergencia cuando existan riesgos graves e inminentes para la diversidad biológica por acontecimientos naturales o de otra índole[13], como el riesgo por actividades extractivas. FirmanCentro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra (Colombia)Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca COSAJUCA (Colombia)Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (Colombia)Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Gonawindua CTC (Colombia)Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila (Colombia)Movimiento Socioambiental Kumanday (Colombia)Natural Seeds Alliance (Colombia)Proyecto Dulcepamba (Ecuador)Acción Ecológica (Ecuador)Latinoamérica Sustentable (Ecuador)Unión de Defensores del Agua - UNAGUA (Ecuador)Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay - FOA (Ecuador)Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador (Ecuador)Instituto de Defensa Legal - IDL (Perú)Red Muqui (Perú)Red Internacional de Forestería Análoga - RIFA (Costa Rica)Mining Watch Canadá (Canadá)Both ENDS (Holanda)Redes del Agua Latinoamérica (Regional)Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - AIDA (Regional)[1]Buytaert W. et al. Hidrología del páramo andino: propiedades, importancia y vulnerabilidad. Lovaina, U. de Lovaina, s.f.,, p. 10, 11, 23.[2] COP del Convenio de Ramsar, Resolución VIII.39. Los humedales altoandinos como sistemas estratégicos. Valencia, 2002.[3] Robert Hofstede et al. “Los páramos del Ecuador: Pasado, presente y futuro”, capítulo 12, págs 328 – 330, 2023[4] Robert Hofstede et al. págs 158 – 163, 2023.[5] IPBES (2018). The IPBES Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for the Americas. Recuperado de: https://www.ipbes.net/assessment-reports/americas[6] IPCC (2013). Panel Intergubernamental de Cambio Climático, Quinto Informe de Evaluación, Recuperado de: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml[7] Ochoa-Tocachi et al., 2016, Tomado de IPBES (2018).[8] Madriñán, S., Cortés, A. J., & Richardson, J. E. (2013). Páramo is the world's fastest evolving and coolest biodiversity hotspot. Frontiers in genetics, 192.[9] Asamble General de la ONU, (i) Relatoría Especial sobre derechos humanos y sustancias y desechos peligrosos. Asamblea General de la ONU. A/HRC/51/35, 8 de julio de 2022, (ii) Relatoría Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. A/79/270, 2 de agosto de 2024, (iii) Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales. Asamblea General de la ONU. A/78/155, 11 de julio de 2023.[10] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Art. 7.C.[11] Ibid. Art. 8.C. CDB.[12] Ibid. Art. 8.J CDB.[13] Ibid. Art. 14.E. CDB.
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Defender la biodiversidad del océano es defender el bienestar humano
Declaración de organizaciones de la sociedad civil en la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) El océano es una de las principales reservas de biodiversidad del mundo, además de ser fuente de alimento, de energías renovables y nuestro principal aliado para combatir la crisis climática global. Las poblaciones humanas, además de tener en él su medio de vida, mantienen en torno al océano conexiones culturales que definen su pasado, presente y futuro. Sin embargo, esta inmensa fuente de vida continúa sufriendo daños e impactos cada vez más significativos, mientras que los esfuerzos por protegerlo y restaurarlo no aumentan en la misma proporción.La conexión intrínseca entre océano y clima acoge en sí misma el equilibrio del planeta. Por un lado, el océano regula los patrones climáticos y, por otro, sus características se ven seriamente alteradas por la crisis climática. Los principales indicadores de estos cambios son el aumento de la temperatura y del nivel del mar, la acidificación, la desoxigenación, las modificaciones en las corrientes marinas y una mayor intensidad de huracanes y eventos meteorológicos. Esto afecta el comportamiento de la biodiversidad marina, provocando la pérdida de especies particularmente vulnerables y la fragmentación de hábitats. El blanqueamiento de corales asociado a los cambios en el clima, por ejemplo, altera la dinámica de muchas otras especies que dependen de estos, generando consecuencias en el turismo, la pesca, la resiliencia climática y la biodiversidad, al mismo tiempo que impactos socioeconómicos y culturales.La sobrepesca pone en riesgo a las especies comerciales objetivo y a los ecosistemas marinos-costeros en general. Algunas de las prácticas pesqueras de mayor preocupación son la extracción de especies vulnerables o en peligro de extinción; el incumplimiento o inexistencia de vedas, de la demarcación de zonas de pesca, de las tallas y volúmenes permitidos; así como el abandono de aparejos de pesca que abona a la problemática de la basura marina y causa la muerte de muchos animales que quedan atrapados en ellos. La acuicultura intensiva, como la salmonicultura, destruye directamente el ecosistema marino a través de la contaminación por la constante incorporación de nutrientes y el elevado uso de antibióticos, produciendo anoxia y florecimiento de algas nocivas.La contaminación marina desde fuentes terrestres sigue siendo un factor de estrés importante para el medio marino e implica problemas especialmente serios en los países en desarrollo, donde la gestión integral de desechos es sumamente deficiente. Esto ha resultado en la introducción de sustancias y materiales contaminantes al océano (aguas residuales sin tratamiento previo, desechos sólidos —incluyendo plásticos— y escorrentía agrícola), que provocan cambios en las condiciones de calidad de la columna de agua y de los sedimentos, muchas veces fatales para la biodiversidad marina y que también afectan la salud de las personas.Asimismo, las fuentes marítimas de contaminantes requieren atención prioritaria, siendo el océano el principal medio de transporte de mercancías a nivel global. El tráfico marítimo implica el transporte de sustancias perjudiciales para el medio marino —como hidrocarburos, productos químicos tóxicos, aguas residuales, aguas de lastre, basura y otras sustancias peligrosas— que son descargadas al mar en tareas operacionales rutinarias y en incidentes marítimos. Los hidrocarburos plantean una problemática particularmente compleja porque no solo son transportados como carga, sino que también son utilizados para la propulsión de buques, representando así un escenario de riesgo latente con impactos en la calidad del aire por emisiones atmosféricas de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y metano, principalmente en buques que utilizan gas natural licuado (GNL) para su propulsión. Además, no puede descartarse el impacto negativo en la fauna marina de las colisiones con embarcaciones y del ruido submarino proveniente de diversas fuentes, factores que todavía carecen de políticas públicas y regulaciones suficientes y efectivas.Adicionalmente, los derrames de hidrocarburos en el medio marino provocan asfixia e intoxicación de especies marinas, bioacumulación de sustancias perjudiciales e incluso la destrucción funcional de hábitats de importancia. Estos impactos afectan a su vez actividades sociales y económicas relevantes —como la navegación, la pesca, el turismo y las actividades portuarias—, además de poner en riesgo la salud y el derecho a un ambiente sano de las comunidades costeras. Los derrames provenientes de la exploración y explotación de gas y petróleo offshore no son debidamente controlados ni regulados por los gobiernos, siendo actividades autorizadas en cercanía de áreas vulnerables como arrecifes de coral. Estas operaciones enfrentan serias limitaciones para prevenir y dar respuesta oportuna a estos episodios con acciones de mitigación, restauración y compensación por los daños ocasionados, trayendo además impactos ambientales poco evaluados como los relacionados con la exploración sísmica, el desmantelamiento de infraestructuras submarinas y plataformas, y el tráfico marítimo asociado.Finalmente, aunque no existen todavía esfuerzos de explotación, la minería submarina representa riesgos imposibles de evaluar en su magnitud, incluyendo la destrucción de hábitats, que podría ser irreversible, y la extinción de especies. Esto es especialmente preocupante considerando lo poco que se conoce sobre las dinámicas ecológicas y fisicoquímicas en los ecosistemas de aguas profundas y en los fondos marinos. El desarrollo de estas actividades intrusivas —sin contar con la información técnica y científica de base que permita identificar de manera objetiva los impactos potenciales, así como la posibilidad o no de la prevención, mitigación o restauración de daños— supondría la alteración de un ecosistema altamente sensible y complejo.En consideración a lo antes expuesto —en nuestro rol de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por la protección y uso sostenible del océano y por la defensa del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible—, HACEMOS UN LLAMADO URGENTE A LOS ESTADOS PARTE DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA QUE: Incorporen el enfoque ecosistémico —que señala la interdependencia entre la atmósfera, la tierra y el océano— en sus políticas, estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, que señala que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) se ajustan a la definición de contaminación marina de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Utilicen herramientas de evaluación de impactos ambientales e impactos acumulativos para favorecer la transparencia y la participación ciudadana con enfoque de género y con énfasis en los procesos de consulta y de consentimiento de los grupos en situaciones de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y las comunidades locales, de manera que el conocimiento tradicional y cultural que proviene de los territorios sea incluido y valorado para promover la implementación de proyectos y actividades de desarrollo humano de forma responsable y justa, ponderando el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible por encima de los beneficios económicos de corto plazo. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) para estos derechos, y establezcan mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en cualquier procedimiento ambiental. Apliquen el principio precautorio ante la falta de certeza o de información científica y reconozcan al conocimiento técnico, a la ciencia y a la sabiduría local como fundamentos de los procesos de toma de decisión enfocados en la protección del ambiente y de la biodiversidad. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad fuera de jurisdicción nacional (Acuerdo BBNJ), instrumento que permitirá avanzar en la protección de al menos 2/3 partes de nuestro planeta. Esto permitirá: la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos marinos; el uso de mecanismos de gestión basados en áreas, incluyendo la designación de áreas marinas protegidas; el desarrollo de evaluaciones de impacto ambiental previo a la realización de actividades en altamar; así como el fortalecimiento de capacidades y la transferencia de tecnología marina en beneficio del océano. Continúen aplicando moratorias a las actividades de minería submarina bajo el fundamento de la falta de información técnica y científica suficiente para prever, prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos en la diversidad biológica de los ecosistemas desconocidos que están en aguas profundas y en los fondos marinos. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto (Acuerdo MERP) —para prevenir, disuadir y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada—, así como el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, a fin de promover prácticas pesqueras que reconozcan la relevancia de la sostenibilidad del océano. Fortalezcan y armonicen las regulaciones sobre pesca y acuicultura, avanzando también en su correcta fiscalización, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de estas actividades; evitando la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; minimizando los impactos negativos en los ecosistemas marinos y en las especies vulnerables. Implementen las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE) a fin de: reconocer la contribución a la economía pesquera de los hombres y las mujeres que trabajan en todas las actividades de la cadena de valor de la pesca; garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación; contribuir al desarrollo de las comunidades que se dedican a este tipo de pesca; lograr la sostenibilidad de los recursos pesqueros; así como fomentar la cultura y los conocimientos ancestrales y tradicionales en torno a la pesca. Avancen rápida y efectivamente en el proceso de negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos a través de la aplicación del modelo de economía circular y el manejo responsable en todo el ciclo de estos productos. Planifiquen acciones de mitigación y adaptación a corto y mediano plazo para abordar los efectos de la crisis climática en el océano y proteger sus sumideros de carbono mediante estrategias y políticas que contemplen la transición energética justa y equitativa en los sectores dependientes del océano, además de la conservación y restauración de ecosistemas clave como los bosques de manglar, los pastos marinos y los arrecifes de coral con un enfoque holístico y socioecológico. La obligación de los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de presentar Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) actualizadas para 2025 es una oportunidad para incluir, como compromisos climáticos, medidas orientadas a mitigar los impactos en el océano y su restauración. Estas medidas no deben limitarse a la creación de mercados de bonos de emisiones en el océano, sino más bien asegurar la protección integral de los ecosistemas marinos y costeros, considerando sobre todo su rol fundamental en la regulación del clima. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (Convenio de Cartagena); prioricen la generación y aplicación de normativas nacionales sobre estándares y umbrales permitidos de descarga de sustancias contaminantes en el mar, armonizadas con el derecho internacional, además de basadas en programas de seguimiento y monitoreo que respondan a las dinámicas de cada país. Adopten las medidas pertinentes de orden interno para disminuir las presiones antropogénicas que actualmente afectan a los arrecifes de coral, frenando los procesos que están causando su degradación y permitiendo mantener la cobertura coralina en mínimos que garanticen su permanencia y conectividad. Estas medidas incluyen:Regular los estudios de impacto ambiental y planes de manejo de las actividades extractivas y prospectivas de hidrocarburos costa afuera (offshore) y de otras actividades que se llevan a cabo cerca de arrecifes coralinos y de áreas sensibles a blanqueamiento coralino.Evitar autorizar actividades exploratorias y de explotación de hidrocarburos costa afuera en cercanías de arrecifes coralinos.Regular el tránsito de buques cerca de áreas marinas protegidas y zonas marinas especialmente sensibles en cuanto a contaminación por aguas de lastre y a otras tecnologías contaminantes para el medio marino que puedan afectar el estado de los arrecifes coralinos. Esto permitirá también reducir la posibilidad de accidentes y encallamientos. Garanticen los derechos y atiendan las necesidades de las comunidades costeras e insulares, que viven de la pesca —especialmente de la pesca artesanal— y del turismo local y que están siendo afectadas por la crisis climática y por problemas ambientales, buscando su protección frente a la degradación de la diversidad biológica marino-costera. Aumenten sus esfuerzos para crear e implementar programas y actividades de creación de capacidades y transferencia de tecnología marina a fin de reducir las brechas entre países en desarrollo y países desarrollados. Esto permitirá que la protección del océano sea asumida globalmente como un camino hacia la justicia climática y ambiental. Garanticen el financiamiento de las políticas, programas, planes, estudios y regulaciones, asegurando las partidas presupuestales necesarias para salvaguardar y gestionar los ecosistemas marinos-costeros. Para esto deberán apuntar al uso de todos los medios disponibles dentro de los países, así como a fondos internacionales de financiamiento climático, a proyectos de cooperación e instrumentos multilaterales dedicados al abordaje de la crisis climática y a los mecanismos que se han acordado en el marco de la CMNUCC y del Acuerdo de París, entre ellos el Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés), así como los recursos disponibles del sector privado. De igual manera, se deben priorizar mecanismos de financiamiento azul que beneficien a grupos en situación de vulnerabilidad y que tengan un impacto positivo en la salud del océano. La protección efectiva de nuestro océano no es posible sin el compromiso de los Estados parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Por eso, exhortamos a la acción y a la definición de intervenciones nacionales e internacionales urgentes que refuercen la gobernanza del océano.Los riesgos de ignorar la aceleración de los impactos son demasiado grandes. Es momento de priorizar la salud del océano y con ello nuestra propia salud. Organizaciones firmantes:Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)Centro para la Justicia MarinaFondo para el Arrecife Mesoamericano (Fondo SAM)Fundación CethusFundación MarVivaIniciativa para Arrecifes Saludables (HRI)Coral Reef AllianceFundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)Alianza por Altamar (HSA, por sus siglas en inglés)
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Encuentro Latinoamericano sobre Litigio Climático y Transición Energética Justa: Resumen de memorias
Ante la gran amenaza que representa el cambio climático para el planeta y los derechos humanos, el litigio climático estratégico se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para exigir ante órganos jurisdiccionales que los Estados, las empresas y otros actores asuman su responsabilidad en torno a la crisis climática.Se trata de un instrumento complementario al trabajo por la defensa del ambiente, el territorio y la protección de los derechos humanos de pueblos y comunidades que en los últimos años ha demostrado ser clave para buscar justicia climática.En este contexto, los días 7 y 8 de septiembre de 2023 tuvo lugar en Bogotá (Colombia) el Encuentro Latinoamericano sobre Litigio Climático y Transición Energética Justa, un espacio para potenciar el litigio estratégico climático en la región y reflexionar sobre sus retos y aprendizajes. En este evento se reunieron 80 participantes representando a una diversidad de actores del mundo del litigio climático, incluidos abogados/as, activistas, defensores/as científicos/as y comunicadores/as.El encuentro tuvo tres ejes temáticos: 1) La transición energética justa y sus dilemas; 2) Pérdidas y daños; 3) Aire, derechos humanos y clima, los cuales se desarrollaron a través de talleres y mesas de discusión sobre:La Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe (PLC), y las posibilidades para potenciar su utilidad en el ámbito regional.Los avances de la energía comunitaria y la incidencia en la política pública en este tema.El caso del carbón en Colombia y el cumplimiento de obligaciones climáticas.Pérdidas y daños, y las estrategias de monitoreo comunitario al respecto.Aire y clima integrados desde el litigio y la comunicación.El fortalecimiento de la comunidad de práctica de litigio climático en la región.Presentación e intercambio alrededor de casos emblemáticos de litigio climático en la región (mediante la exposición de 20 pósteres de casos). Lee y descarga la publicación
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Declaração de Manaus sobre Direitos Humanos na Emergência Climática
Os povos indígenas, comunidades locais, afrodescendentes, povos tribais e rurais, crianças e adolescentes, as mulheres, pessoas da comunidade LGBTI+, as organizações não governamentais, as plataformas, as instituições e os indivíduos subscritos instamos a adoção dos seguintes padrões mínimos para a proteção dos direitos humanos no contexto da emergência climática, coletados durante o período de audiências públicas do Parecer Consultivo, particularmente a realizada em Manaus (Brasil), onde comunidades, povos e a sociedade civil da região reuniu-se num cenário judicial sem precedentes.Advertimos que o balanço geral, após mais de 30 anos de discussões internacionais ante à emergência climática é lamentável, uma vez que não há evidências de um compromisso efetivo dos Estados em evitarem emissões de gases de efeito estufa (GEE), compensar aqueles que tenham sofrido danos causados pelas mudanças climáticas e concretizar que as mudanças em suas políticas internas, bem como sua regulamentação econômica sejam compatíveis com os objetivos de limite de temperatura média global estabelecidos no Acordo de Paris.Destacando que vários tribunais internacionais, incluindo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, têm a oportunidade histórica de esclarecer formalmente as obrigações dos Estados em matéria de direitos humanos no contexto da emergência climática através da sua função consultiva, e, nesse sentido, estabelecer normas sólidas para a proteção dos direitos com base nas regras internacionais vigentes para salvaguardar os grupos e populações que foram historicamente excluídos e discriminados e são significativamente mais vulneráveis à emergência climática. Leia e baixe a declaração
Leer másDeclaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática
Los pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes, tribales y rurales, niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas LGBTIQ+, las organizaciones no gubernamentales, las plataformas, las instituciones y los individuos firmantes hacemos un llamado urgente a la adopción de estándares mínimos de protección de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática, recogidos durante el periodo de audiencias públicas de la Opinión Consultiva, particularmente la celebrada en Manaos (Brasil), donde comunidades, pueblos y sociedad civil de la región se reunieron en un escenario judicial sin precedentes.Advertimos que el balance general, tras más de 30 años de discusiones internacionales frente a la emergencia climática, es lamentable, por cuanto no se evidencia un compromiso efectivo de los Estados para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), reparar a quienes han sufrido daños climáticos y concretar que los cambios en su política interna y de regulación económica sean compatibles con el límite de temperatura global promedio fijado en el Acuerdo de París.Destacamos que varias cortes internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene la oportunidad histórica de clarificar formalmente las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática a través de su función consultiva, y en ese sentido, fijar estándares robustos de protección de los derechos con base en las normas internacionales vigentes para salvaguardar a aquellos grupos poblacionales excluidos y discriminados históricamente y significativamente más vulnerables ante la emergencia climática. Leer y descargar la declaración
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