Publicaciones
Justicia Climática y Derechos Humanos: Estándares y Herramientas Jurídicas de la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El 3 de julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su Opinión Consultiva OC-32/25 sobre la Emergencia Climática y Derechos Humanos (Opinión Consultiva), marcando un hito histórico a nivel jurídico y político en la lucha global por la justicia climática. Se trata de la primera opinión consultiva emitida por un tribunal internacional que concluye que tanto los Estados como los actores no estatales –por ejemplo, las empresas– tienen obligaciones, derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, de abordar las causas y consecuencias de la emergencia climática.En la Opinión Consultiva, la Corte articula obligaciones claras, vinculantes y urgentes para proteger el sistema climático global, prevenir las violaciones de derechos humanos derivadas de su alteración y garantizar reparaciones climáticas. Esta Opinión Consultiva marcará la pauta para los litigios climáticos en tribunales locales, regionales y nacionales, y sentará las bases para la formulación de políticas climáticas, facilitando el anclaje de la legislación local y las negociaciones globales en obligaciones legales vinculantes, y no meros compromisos voluntarios. Asimismo, servirá como testimonio vivo de las experiencias y el conocimiento profundo de quienes están en primera línea frente a los efectos del cambio climático y lideran la lucha por la justicia climática. Inequívocamente, esta opinión afirma tanto los peligros que el cambio climático representa para los derechos humanos, como el potencial transformador que la acción climática, y reparación de daños, con un enfoque de derechos humanos, puede tener.La OC-32/25 no es un evento aislado. Forma parte de un movimiento global sin precedentes por la justicia climática y converge con las recientes opiniones consultivas sobre el clima emitidas por Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Igualmente, precede a la potencial opinión consultiva en materia climática de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte ADHP). En conjunto, estos procesos consultivos marcan un momento decisivo en la consolidación de un marco jurídico más integral, y con un enfoque de derechos humanos, para afrontar la emergencia climática, considerada por la Corte IDH como una amenaza excepcional, que pone en peligro la vida en el planeta y socava gravemente el disfrute de los derechos humanos. Además, estas opiniones consultivas pueden ayudar a superar la inercia política que ha frenado durante mucho tiempo el progreso de las negociaciones internacionales sobre el clima, y la formulación de políticas nacionales en esta materia. Esta publicación recopila catorce escritos temáticos elaborados por una coalición de expertos y organizaciones ambientales, de derechos humanos y académicas que han participado activamente en el proceso consultivo desde su inicio. Los temas reflejan las principales áreas temáticas articuladas por la Corte en la Opinión Consultiva y se organizan en cuatro secciones: (i) Conocimiento y Derechos Esenciales; (ii) Obligaciones Estatales y Corporativas; (iii) Derechos de los Pueblos y Grupos Afectados; y (iv) Democracia Ambiental y Reparaciones.Cada escrito fue elaborado por una organización líder y sometido a una rigurosa revisión por pares para garantizar su precisión y coherencia. En conjunto, ofrecen un análisis exhaustivo de las principales contribuciones de la Opinión Consultiva, sus implicaciones jurídicas y prácticas, así como las lagunas y oportunidades que esta decisión histórica presenta en las áreas temáticas seleccionadas. Los escritos también proporcionan argumentos, estándares y recomendaciones prácticas para fortalecer las estrategias de litigio e incidencia climática.La publicación, concebida como un recurso para redes jurídicas y de incidencia, pretende mejorar la comprensión sobre el alcance de la decisión de la Corte así como fomentar la acción jurídica y política para impulsar los cambios estructurales necesarios para que las comunidades y los ecosistemas alcancen la justicia climática.Lee y descarga la publicación
Leer más
Litigio climático en el sector de hidrocarburos: Perspectivas desde América Latina y el Caribe
Los efectos de la crisis climática amenazan una gran variedad de derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, la alimentación, la vivienda, la salud y el acceso a un medio ambiente sano (IACHR, 2021). A medida que el fenómeno se intensifica, agrava las desigualdades existentes, afectando desproporcionadamente a las personas más vulnerables (Benesch et al., 2024). Las políticas climáticas globales han sido insuficientes para responder a esta crisis, impulsada en gran medida por la dependencia de los combustibles fósiles. Se estima que, para 2030, los países podrían tener una producción de combustibles fósiles aproximadamente un 110% superior a lo que sería compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, y un 69% por encima de lo alineado con un límite de 2 ºC (SEI et al., 2023).En este escenario surge el litigio climático como herramienta para abordar la crisis climática, generando cambios sociales e institucionales que van más allá de los efectos particulares de un caso específico (Ezer & Patel, 2018). En el contexto de América Latina y el Caribe, la justicia climática es esencial para abordar los impactos desproporcionados que enfrentan los grupos vulnerables debido a los desequilibrios sistémicos de poder (Tigre, Urzola, et al., 2023).En consecuencia, el litigio climático en la región se ha fundamentado principalmente en un enfoque de derechos humanos, donde el constitucionalismo ambiental desempeña un papel central (Beckhauser, 2024; Tigre, Urzola, et al., 2023). Recientemente, las obligaciones del Acuerdo de París se han incorporado cada vez más en las acciones judiciales, reflejando un compromiso con la protección constitucional de los derechos humanos (de Carvalho & da Rosa, 2024; Peel & Lin, 2019).El Informe Global sobre Litigio Climático de 2023, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), destacó que en la región se han presentado varios casos impugnando los esfuerzos de los gobiernos por desregular o flexibilizar las regulaciones climáticas (UNEP, 2023). Los sectores del petróleo y del gas son fuente principal de litigios por violaciones de derechos humanos en América Latina y el Caribe (Business & Human Rights, 2022). En este contexto, el litigio climático es crucial para el desarrollo de políticas públicas que apoyen la transición energética justa en la región. La definición de transición energética justa puede variar según el contexto. Esta se refiere a la necesidad de considerar y mitigar la distribución de los impactos ambientales, económicos y sociales, tanto positivos como negativos, que conlleva la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la descarbonización de las economías. Asimismo, implica garantizar un diálogo amplio, democrático e inclusivo para orientar estos procesos. Este informe analiza el impacto del litigio climático en los sectores de petróleo y gas en América Latina y el Caribe, con énfasis en su influencia sobre las políticas de transición energética y en la prevención y reparación de violaciones a los derechos humanos y colectivos asociadas a la producción, exploración y explotación de combustibles fósiles. Asimismo, examina similitudes y diferencias entre el litigio climático en el norte global y en el sur global —en particular en América Latina— con el fin de aportar insumos para su desarrollo futuro en la región. El análisis de litigios climáticos abarcó tanto América Latina como el Caribe, dado que se revisaron casos de toda la región en las bases de datos consultadas. Sin embargo, solo se identificó un caso de litigio climático en el Caribe (Thomas & De Freitas v. Guyana, 2021), ocurrido en Guyana, un país que, si bien geográficamente se encuentra en América del Sur, está integrado regionalmente al Caribe. Este caso ha sido considerado el primer litigio climático en el Caribe (Kaminski, 2021).A nivel regional, muchos análisis responden a dinámicas sociales y económicas compartidas en América Latina y el Caribe. No obstante, es fundamental reconocer las diferencias en las tradiciones jurídicas de la región para comprender mejor las particularidades del litigio climático en cada jurisdicción. En los países angloparlantes del Caribe, el sistema legal predominante es el common law, resultado de la colonización británica, mientras que en los países francófonos e hispanohablantes del Caribe predomina la tradición del civil law, influenciado por las colonizaciones francesa y española (Bermúdez-Abreu & Villaroel, 2021; Karst, 1968). Algunos países cuentan con sistemas jurídicos híbridos; por ejemplo, Guyana combina elementos del common law británico con aspectos heredados del civil law neerlandés. En América Latina continental, la tradición del civil law domina, con excepción de Guyana y Belice (UC Berkeley Law, s. f.).Este informe está dirigido a una amplia gama de audiencias, incluyendo profesionales del derecho, integrantes del poder judicial, responsables de políticas públicas, activistas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y comunidades académicas de diversas disciplinas. Para esta última audiencia, el informe propone visibilizar los vacíos de información existentes y destacar cómo la incorporación del conocimiento científico puede fortalecer las estrategias legales y los argumentos utilizados en los litigios climáticos.Lee y descarga el informe
Leer más
Transición energética justa en México: Análisis independiente de la NDC 2022 y de su implementación
La crisis climática es uno de los desafíos más urgentes y complejos que enfrenta la humanidad en estos tiempos, afectando en mayor medida a las personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad o con inequidades preexistentes como mujeres, niñas y niños, pueblos indígenas, afrodescendientes y poblaciones campesinas y rurales, entre otros.Con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales, el Acuerdo de París obliga a los Estados Parte a emprender y comunicar las acciones y medidas que realizarán para reducir sus emisiones a través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (Nationally Determined Contributions o NDC por sus siglas en inglés). Estas medidas se deben basar en la mejor información científica disponible e incorporar un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.El Balance Global (Global Stocktake o GST por sus siglas en inglés) —mecanismo de evaluación periódica que determina el avance del cumplimiento del objetivo del Acuerdo de París— indicó que la trayectoria de las emisiones mundiales no es coherente con la limitación del aumento de la temperatura global a 1,5 °C. En consecuencia, subraya la urgencia de implementar reducciones profundas, rápidas y sostenidas de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), e insta a las Partes a integrar esta meta en sus NDC.En la misma línea, el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que los países aún están lejos de cumplir los compromisos mínimos de mitigación para 2030, por lo que reconoce que es necesario adoptar y aplicar políticas adicionales y más estrictas en todo el mundo. En este contexto, resulta fundamental no solo aumentar la ambición climática, sino también mejorar sustancialmente la implementación de las políticas adoptadas. Como señala el PNUMA: "la ambición no sirve de nada si no se acompaña de actos". La revisión de las NDC constituye, por tanto, una nueva oportunidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo compatible con los límites planetarios, y transformar, al mismo tiempo, los modelos de desarrollo de los países.En América Latina y el Caribe —donde persisten altos niveles de desigualdad, pobreza energética e informalidad laboral— las NDC deben incorporar medidas adicionales a sus metas de mitigación y adaptación que garanticen que su implementación contribuya a una transición energética justa. Esto implica compatibilizar los objetivos de descarbonización con el cuidado del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos, la inclusión social y el bienestar de las comunidades.En este marco, el presente informe tiene como objetivo evaluar las medidas y el estado de implementación de la NDC presentada por el Estado mexicano en 2022, en relación con la transición energética justa. Busca, además, ser una herramienta para:informar sobre los avances, brechas y desafíos de la NDC actual.contribuir a una mayor ambición climática en la próxima actualización de la NDC, integrando también un enfoque de transición energética justa. Lee y descarga el informe
Leer más
Pequenos investimentos com grandes impactos. Soluções climáticas dos territórios com justiça de gênero
Desde 2016, a Aliança Global para Ação Verde e de Gênero (GAGGA, por sua sigla em inglês), em articulação com diversos atores, tem promovido iniciativas voltadas à inclusão da perspectiva de gênero no financiamento climático, com ênfase nos projetos e fluxos financeiros do Fundo Verde para o Clima (FVC).O FVC foi o primeiro fundo internacional de financiamento climático a incorporar a perspectiva de gênero como eixo central de suas operações, consolidando-se como um marco essencial para a promoção da equidade no acesso, uso e alocação de recursos climáticos em escala global.No entanto, o financiamento climático internacional que chega aos países muitas vezes está desconectado das reais necessidades das comunidades locais que pretende beneficiar, especialmente das mulheres. Essa desconexão representa um problema que exige atenção urgente: por um lado, essas comunidades têm o direito de participar das decisões que impactam suas vidas; por outro, perde-se a oportunidade de integrar conhecimentos locais às soluções, o que poderia tornálas mais relevantes e eficazes no enfrentamento da crise climática. Em seu relatório especial Mudanças Climáticas e Terra, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2022) destaca, por exemplo, que a incorporação do conhecimento das mulheres sobre a gestão da terra contribui para mitigar sua degradação e facilita a adoção de medidas integradas de adaptação e mitigação.O financiamento climático com perspectiva de gênero não se limita à alocação de recursos para mulheres ou à promoção da igualdade de gênero; exige repensar a forma como as soluções de financiamento climático são concebidas e implementadas. Isso implica reconhecer a diversidade das mulheres, remover barreiras ao acesso a recursos, retirar financiamento das chamadas “falsas soluções” e apoiar iniciativas que enfrentem as causas estruturais das mudanças climáticas.Nesse sentido, na América Latina e no Caribe, há múltiplas iniciativas locais de enfrentamento das mudanças climáticas que ainda fogem ao conhecimento dos tomadores de decisão. Essa invisibilidade dificulta que recebam apoio, sejam replicadas ou sirvam de referência para outras ações voltadas às mesmas comunidades. Diante disso, esta publicação apresenta cinco estudos de caso de soluções climáticas bem-sucedidas, com perspectiva de gênero e justiça climática, desenvolvidas localmente na região. Seu objetivo é fortalecer a colaboração entre os atores responsáveis pelo financiamento e pela implementação dos recursos do FVC e as organizações da sociedade civil.Os estudos de caso demonstram o potencial de eficiência alcançado quando os recursos são proporcionados diretamente às organizações da sociedade civil e às comunidades. Todos os projetos foram implementados com orçamentos inferiores a USD 50.000 e resultaram em contribuições significativas para a transformação de aspectos estruturais que aumentam a vulnerabilidade dos territórios, mulheres e outros grupos marginalizados diante da crise climática. Leia e baixe a publicação
Leer másPequeñas inversiones con grandes impactos. Soluciones climáticas desde los territorios con justicia de género
Desde el 2016, la Alianza Global para la Acción Verde y de Género (GAGGA, por sus siglas en inglés), en conjunto con otros actores, promueve una serie de iniciativas para fortalecer la inclusión de la perspectiva de género en el financiamiento climático, en particular en los proyectos y flujos financieros del Fondo Verde para el Clima (FVC).El FVC es el primer fondo internacional de financiamiento climático que incorpora la perspectiva de género como un eje central en su funcionamiento, convirtiéndose en un marco clave para avanzar hacia la equidad en el acceso, uso y destino de los recursos climáticos a nivel global.Sin embargo, el financiamiento climático internacional que llega a los países a menudo está desconectado de las necesidades reales de las comunidades locales a las que debería beneficiar, especialmente de las mujeres. Esto representa un problema que requiere atención urgente, ya que, por un lado, las comunidades tienen el derecho de participar en las decisiones que las afectan. Por otro, se pierde la oportunidad de incorporar el conocimiento local en las soluciones, lo que las haría más pertinentes y efectivas para enfrentar la crisis climática. En su informe especial sobre cambio climático y tierra, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (por sus siglas en inglés, IPCC, 2022) destaca, por ejemplo, que incorporar los conocimientos de las mujeres sobre gestión de la tierra contribuye a mitigar la su degradación y facilita la adopción de medidas integradas de adaptación y mitigación.El financiamiento climático con enfoque de género no se limita a destinar recursos a las mujeres y a promover la igualdad de género, sino que exige repensar cómo se diseñan e implementan las soluciones financieras y climáticas. Esto implica reconocer la diversidad de las mujeres, eliminar barreras de acceso a los recursos, desfinanciar las llamadas "falsas soluciones" y apoyar iniciativas que aborden las causas estructurales del cambio climático.En ese sentido, en América Latina y el Caribe existen múltiples iniciativas locales de soluciones al cambio climático que no son conocidas por quienes toman las decisiones. Esto dificulta que reciban apoyo, se repliquen o sirvan como aprendizaje para otras iniciativas en beneficio de las mismas comunidades. Por ello, esta publicación presenta cinco estudios de caso de soluciones climáticas exitosas con enfoque de género y justicia climática, desarrolladas a nivel local en la región. Su objetivo es fortalecer la colaboración entre los actores responsables de la provisión e implementación de los recursos del FVC y las organizaciones de la sociedad civil.Los estudios de caso demuestran el potencial de eficiencia que se puede alcanzar cuando los recursos llegan directamente a las organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades. Todos los proyectos se ejecutaron con presupuestos inferiores a 50 mil dólares y generaron contribuciones significativas para transformar aspectos estructurales que incrementan la vulnerabilidad de los territorios, las mujeres y otros grupos marginados frente a la crisis climática. Lee y descarga la publicación
Leer más
Reimaginar la economía circular desde los territorios de extracción. Propuestas desde América Latina
Entre los diversos compromisos mundiales para enfrentar la crisis climática actual, organismos de gobernanza internacional, como las Naciones Unidas, han posicionado la necesidad de duplicar la producción de energías renovables y electromovilidad para descarbonizar la matriz energética global, llamando a este proceso "transición energética". Sin embargo, esto implica intensificar la extracción de minerales que posibiliten el desarrollo de estas tecnologías. Cada región del mundo cumple un rol diferenciado dentro de las cadenas de suministros de minerales que serán utilizados en procesos de descarbonización. América Latina ha sido identificada como una de las regiones con vastas reservas de minerales que alimentarían esta propuesta de transición. Sin embargo, en este contexto de interés minero, existe la tendencia a invisibilizar a las poblaciones que habitan en estos territorios y a los sistemas hidrogeológicos de importancia local, regional y mundial que allí existen.Uno de los minerales que ha aumentado sensiblemente su interés comercial para el avance de la descarbonización energética es el litio. En la región del Gran Atacama —ubicada en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— se encuentran las mayores reservas a nivel mundial. No obstante, para que el litio esté disponible, se requiere atravesar una compleja cadena de suministros transnacional, particularmente compleja que incluye la extracción de minerales, su refinamiento, la producción de electrodos para baterías, la producción de baterías y, finalmente, la de vehículos eléctricos. Esta situación, de incremento de la demanda de minerales en cadenas complejas de suministros mundiales, genera alertas para la región sobre el riesgo de reproducir un nuevo ciclo de extractivismo si no se diseñan e implementan políticas públicas que integren, de manera efectiva, estándares ambientales, sociales y de desarrollo territorial.La economía circular, estrechamente vinculada al proceso de transición energética, se presenta como una estrategia clave para superar la lógica lineal del sistema económico tradicional (extraer – producir – utilizar – desechar). Su objetivo es reducir la presión sobre los territorios y bienes comunes, incorporando criterios de sustentabilidad a las cadenas de suministros y promoviendo una gestión más racional de los recursos minerales que se extraen.Sin embargo, esta forma de entender la economía circular, vinculada a minerales para la transición energética, también se sustenta en la ampliación del extractivismo, sobre todo en el sur global. Esto se debe a que las opciones de descarbonización requieren grandes cantidades de minerales para el almacenaje de energía, los cuales son extraídos con altos impactos ambientales y sociales, amenazando la resiliencia de los ecosistemas de donde se extraen y poniendo en riesgo a las poblaciones que los habitan.Considerando estas limitaciones, una propuesta de economía circular, desde la perspectiva de las zonas de extracción latinoamericanas y aplicada a los minerales para la transición, debe garantizar que los cambios de matriz energética hacia tecnologías con menos emisiones de gases de efecto invernadero (conocida ampliamente como transición energética), sean verdaderamente justos en todas las etapas. Esto implica evitar la creación, expansión y/o profundización de zonas de sacrificio; asegurar la restauración ambiental y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, así como la reparación de aquellos derechos que han sido vulnerados. Requiere además cuidar los límites biofísicos y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. Lee y descarga
Leer más
Incendios Forestales en América Latina
Los incendios forestales son consecuencia de la crisis climática y, al mismo tiempo, la exacerban. Amplifican riesgos de sequías y otros eventos extremos, así como de cambios en la precipitación. En América Latina, están aumentando en intensidad y frecuencia, causando impactos ambientales graves, afectando la salud y otros derechos humanos fundamentales. En 2022, Naciones Unidas advirtió que, a nivel mundial, se esperaba un aumento del 14% en la superficie de bosques incendiados para 2023 y del 30% para 2050. En América Latina, del total de cobertura arbórea perdida (4579,5 Kha) en 2023, el 21% fue a causa de incendios (967 Kha). En países como Bolivia, esta cifra representó hasta el 45%. Descarga la hoja informativa
Leer más
Cetáceos y salmonicultura: Desafíos para la protección de la biodiversidad marina en la Patagonia chilena
La industria salmonera en Chile ha experimentado un rápido desarrollo en las últimas tres décadas, convirtiendo al país en el segundo mayor productor mundial de salmón después de Noruega. Según el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), a finales de 2022, Chile cosechó más de 1 millón de toneladas de salmónidos. Este rápido crecimiento ha generado una serie de impactos en los ecosistemas marinos, revelando importantes deficiencias sanitarias, sociales y ambientales. Entre los impactos ambientales destacan el escape masivo de especies exóticas, un fenómeno que ha afectado la biodiversidad local; la diseminación de parásitos y enfermedades que impactan a las especies nativas; y la anaerobia y anoxia, o falta de oxígeno en el agua, asociada a la industria, que también ha tenido efectos negativos en los ecosistemas marinos. Estos problemas resaltan la necesidad de abordar de manera integral los desafíos sanitarios, sociales y ambientales asociados al crecimiento de la salmonicultura en Chile.Asimismo, las interacciones negativas entre la salmonicultura y los mamíferos marinos son una preocupación creciente. Estos animales se ven afectados por la pérdida y degradación de sus hábitats, por disparos con armas de fuego para disuadir su acercamiento (principalmente de lobos marinos), así como por el enmalle accidental en redes loberas, cabos de fondeo y otras redes. En el caso particular de los cetáceos, existe una creciente preocupación por los niveles de mortalidad accidental en las granjas de cultivo. Además, el alto tráfico de embarcaciones que circula por la Patagonia chilena, la mayoría de las cuales presta servicios a la salmonicultura, representa otro problema para los cetáceos. Conocer las amenazas que enfrentan los cetáceos en dicha región es fundamental para promover estrategias para su conservación, ya sea mediante estudios dirigidos a dilucidar problemáticas específicas o buscando herramientas legales para protegerlos.En este informe —encargado por AIDA a un equipo multidisciplinario de expertas, en alianza con ONG FIMA y Greenpeace— se describe a los cetáceos presentes en la Patagonia chilena y se revisan los potenciales impactos de la salmonicultura en estos animales, haciendo hincapié en los vacíos de conocimiento al respecto. Asimismo, se analiza la legislación nacional e internacional para la protección de los cetáceos con el fin de entregar recomendaciones que contribuyan a su conservación en la Patagonia. Lee y descarga el informe completoLee y descarga el resumen ejecutivo
Leer más
El Cierre y la Salida Responsable
Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina Ningún proyecto de extracción de recursos naturales (materia o energía) dura para siempre. Su vida útil está sujeta a muchas variables, que incluyen factores endógenos —como la cantidad de reservas de los recursos o la tasa de extracción— y factores exógenos —como las decisiones para atender la crisis climática, la disminución en la demanda, los problemas financieros, etc.— que condicionan el momento en que el proyecto debe cerrar o el momento en el cual un actor de su cadena de valor y de suministro debe salir. Sin importar la duración de la vida útil del proyecto o como pueda verse afectada, se debe contemplar un proceso de cierre responsable con el entorno natural y la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todos los actores involucrados.Este asunto es aún más relevante en el contexto de crisis climática que estamos viviendo, que hace urgente la puesta en marcha de medidas para gestionarla en el corto, mediano y largo plazo. Muchas de las acciones requeridas para cumplir con las metas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) están relacionadas con la transición energética, la cual implica, en términos generales, al menos dos cosas: 1) la sustitución de los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles y 2) la promoción de energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran una gran importancia.Tanto en los proyectos de extracción como en los de generación, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que hacen parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, aseguradoras, distribuidores y compradores, entre otros.En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. En estas fases, principios en materia ambiental como el de prevención y el de precaución, además de derechos como la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado, y los derechos de acceso, han tenido un rol crucial en la determinación de la viabilidad y el avance de los proyectos, así como en la protección y garantía de los derechos de las comunidades de la región. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas. En efecto, la falta de un proceso de cierre, así como de claridad sobre las obligaciones alrededor de los procesos de transición social y superación de las condiciones de dependencia económica, son obstáculos complejos que pueden agudizar los impactos ambientales y sociales. Este informe surge con la idea de proponer enfoques basados en el derecho y la ciencia para abordar el cierre y la salida responsable de los proyectos. Con ese propósito, en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en el período 2022-2024, entrevistamos a diversos actores1 y sistematizamos 12 casos que ejemplifican la problemática situación de múltiples proyectos de extracción de combustibles fósiles, de minerales y de generación de energía, que se encuentran en fase de cierre o en procesos de salida en diferentes países de la región. Estos casos evidencian los actuales desafíos y vacíos legales, técnicos y administrativos sobre el cierre y la salida en contextos específicos.Con la publicación, buscamos dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué se entiende por cierre y salida de un proyecto?, ¿cuáles son los fundamentos de las obligaciones de cierre y salida desde el derecho internacional?, ¿cómo deben ser el cierre y la salida?, ¿quiénes deben participar en estos procesos? y ¿cómo se deben atender los desafíos e impactos en materia social, ambiental, económica y de derechos humanos que se derivan de ellos? Lee y descarga el informe
Leer más
Declaración para la protección de los páramos y el bosque montano de los Andes Tropicales
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, reunidas en el marco de la décimo sexta Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Cali, Colombia: 1. INSTAMOS a que los Estados parte del CDB adopten regulación interna y asuman compromisos internacionales para:reconocer el papel crucial de los páramos y del bosque montano que lo protege en la regulación hídrica global, la mitigación y adaptación a la crisis climática, así como en la conservación de la diversidad biocultural;proteger los derechos humanos, los conocimientos tradicionales y las prácticas sostenibles de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales que habitan los páramos y el bosque montano; yprohibir en páramos y bosques montanos la minería a gran escala o prácticas semejantes en cuanto a sus impactos socioambientales, de acuerdo con los principios de precaución y prevención. 2. SOLICITAMOS a los Estados que incluyan en sus estrategias y planes nacionales de acción en materia de biodiversidad indicadores y mecanismos de monitoreo ante el CDB que permitan medir y reportar adecuadamente el cumplimiento de los compromisos que asuman para avanzar en la conservación de estos ecosistemas en los términos de esta declaración, así como en garantizar los derechos de los pueblos y comunidades que los habitan. 3. REQUERIMOS a los Estados y a las instituciones financieras multilaterales movilizar recursos y capacidades técnicas suficientes para garantizar la conservación de estos ecosistemas, así como la protección de los pueblos indígenas, y comunidades campesinas y tradicionales que los habitan. Elevamos estas solicitudes ante los Estados parte de la CDB: Teniendo en cuenta que existe un consenso científico del poder regulatorio hídrico de los ecosistemas de páramo y del bosque montano[1] pues no solo albergan flora endémica que captura agua dulce de la lluvia y la niebla, suministrándola a las ciudades andinas situadas aguas abajo; sino también suelos, sistemas lacustres y de turberas que tienen una alta concentración de materia orgánica y una enorme capacidad para retener el líquido. Además, los humedales de los páramos son humedales altoandinos[2] amparados por la Convención de Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional.Reconociendo que los páramos y sus bosques montanos son fundamentales en el ciclo del carbono; que debido a las bajas temperaturas y al ritmo lento de descomposición de la materia orgánica presente en ellos, sus suelos, vegetación y humedales capturan y retienen dióxido de carbono (CO2)[3], contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático y reduciendo el impacto de los fenómenos meteorológicos; y que estos ecosistemas son sumideros de carbono en los términos del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).Recordando que, debido a sus características biológicas y climáticas, estos ecosistemas prestan servicios esenciales para la población y contienen biodiversidad que es objeto de especial protección[4] y que son hogar de especies endémicas y nativas de flora y fauna como los frailejones, los pajonales, las epífitas, el colibrí chivito, el cóndor andino y el oso andino, entre otras.Considerando que los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales de la región gestionan y protegen los páramos y los bosques montanos, velan por la preservación de los bienes comunes en sus territorios y son custodios de conocimientos ancestrales determinantes para la conservación de la biodiversidad; que la integridad del páramo resulta fundamental para conservar estas prácticas ancestrales[5]; y que los páramos y los bosques montanos son reservas de diversidad biocultural en el marco del CDB.Reiterando que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)[6] alertó del impacto de la crisis climática en los páramos; y que estos enfrentan otras presiones antropogénicas como los incendios, los monocultivos, la ganadería y las especies invasoras[7].Advirtiendo que pese a ser ecosistemas estratégicos y sensibles, merecedores de la mayor protección, sobre algunos de ellos recaen actualmente fuertes presiones para desarrollar proyectos de minería a gran escala, mientras que otros están bajo el riesgo de ser objeto de concesión minera por el inclumplimiento de normativa y políticas públicas que los protegen o por la falta de estas.Teniendo presente que los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales han rechazado estos proyectos mineros en sus territorios, ganando incluso por mayoría “consultas populares” con las que han logrado defender el uso del suelo para las actividades tradicionales de sus municipios.Insistiendo que la remoción de la cobertura vegetal y la fragmentación de los ecosistemas que genera la minería a gran escala puede afectar el equilibrio ecológico, la diversidad biocultural y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la vida; acidificar y reducir la cantidad de agua dulce disponible para los sistemas de vida; y romper la interconectividad ecológica y espiritual con otros biomas y ecosistemas, acabando con su capacidad de secuestrar carbono[8] y provocando impactos a perpetuidad.Atendiendo a las advertencias realizadas por diversos relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas sobre los impactos negativos de la minería en el ambiente y en los derechos humanos[9].Alertando sobre ciertas dinámicas que han empleado recientemente algunas empresas mineras en los países de la región, particularmente multinacionales —como el fraccionamiento de grandes títulos mineros, el cambio de método de explotación, de minería superficial a subterránea, así como la formalización de pequeños mineros de la zona para tercerizar sus actividades mediante la solicitud de múltiples áreas menores—, las cuales amenazan con disfrazar procesos de minería a gran escala con impactos ambientales acumulativos y sinérgicos en los ecosistemas de páramo y en los bosques montanos que pueden ser iguales o más graves que los de una concesión de gran minería.Recordando que en virtud del CDB los Estados deben: (i) monitorear las actividades que tienen o pueden tener efectos perjudiciales significativos en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica[10], como la minería; (ii) establecer áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad[11] a partir del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y tradicionales[12]; y (iii) adoptar medidas de emergencia cuando existan riesgos graves e inminentes para la diversidad biológica por acontecimientos naturales o de otra índole[13], como el riesgo por actividades extractivas. FirmanCentro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra (Colombia)Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca COSAJUCA (Colombia)Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (Colombia)Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Gonawindua CTC (Colombia)Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila (Colombia)Movimiento Socioambiental Kumanday (Colombia)Natural Seeds Alliance (Colombia)Proyecto Dulcepamba (Ecuador)Acción Ecológica (Ecuador)Latinoamérica Sustentable (Ecuador)Unión de Defensores del Agua - UNAGUA (Ecuador)Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay - FOA (Ecuador)Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador (Ecuador)Instituto de Defensa Legal - IDL (Perú)Red Muqui (Perú)Red Internacional de Forestería Análoga - RIFA (Costa Rica)Mining Watch Canadá (Canadá)Both ENDS (Holanda)Redes del Agua Latinoamérica (Regional)Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - AIDA (Regional)[1]Buytaert W. et al. Hidrología del páramo andino: propiedades, importancia y vulnerabilidad. Lovaina, U. de Lovaina, s.f.,, p. 10, 11, 23.[2] COP del Convenio de Ramsar, Resolución VIII.39. Los humedales altoandinos como sistemas estratégicos. Valencia, 2002.[3] Robert Hofstede et al. “Los páramos del Ecuador: Pasado, presente y futuro”, capítulo 12, págs 328 – 330, 2023[4] Robert Hofstede et al. págs 158 – 163, 2023.[5] IPBES (2018). The IPBES Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for the Americas. Recuperado de: https://www.ipbes.net/assessment-reports/americas[6] IPCC (2013). Panel Intergubernamental de Cambio Climático, Quinto Informe de Evaluación, Recuperado de: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml[7] Ochoa-Tocachi et al., 2016, Tomado de IPBES (2018).[8] Madriñán, S., Cortés, A. J., & Richardson, J. E. (2013). Páramo is the world's fastest evolving and coolest biodiversity hotspot. Frontiers in genetics, 192.[9] Asamble General de la ONU, (i) Relatoría Especial sobre derechos humanos y sustancias y desechos peligrosos. Asamblea General de la ONU. A/HRC/51/35, 8 de julio de 2022, (ii) Relatoría Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. A/79/270, 2 de agosto de 2024, (iii) Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales. Asamblea General de la ONU. A/78/155, 11 de julio de 2023.[10] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Art. 7.C.[11] Ibid. Art. 8.C. CDB.[12] Ibid. Art. 8.J CDB.[13] Ibid. Art. 14.E. CDB.
Leer más