Entre los diversos compromisos mundiales para enfrentar la crisis climática actual, organismos de gobernanza internacional, como las Naciones Unidas, han posicionado la necesidad de duplicar la producción de energías renovables y electromovilidad para descarbonizar la matriz energética global, llamando a este proceso "transición energética". Sin embargo, esto implica intensificar la extracción de minerales que posibiliten el desarrollo de estas tecnologías. Cada región del mundo cumple un rol diferenciado dentro de las cadenas de suministros de minerales que serán utilizados en procesos de descarbonización. América Latina ha sido identificada como una de las regiones con vastas reservas de minerales que alimentarían esta propuesta de transición. Sin embargo, en este contexto de interés minero, existe la tendencia a invisibilizar a las poblaciones que habitan en estos territorios y a los sistemas hidrogeológicos de importancia local, regional y mundial que allí existen.

Uno de los minerales que ha aumentado sensiblemente su interés comercial para el avance de la descarbonización energética es el litio. En la región del Gran Atacama —ubicada en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— se encuentran las mayores reservas a nivel mundial. No obstante, para que el litio esté disponible, se requiere atravesar una compleja cadena de suministros transnacional, particularmente compleja que incluye la extracción de minerales, su refinamiento, la producción de electrodos para baterías, la producción de baterías y, finalmente, la de vehículos eléctricos. 

Esta situación, de incremento de la demanda de minerales en cadenas complejas de suministros mundiales, genera alertas para la región sobre el riesgo de reproducir un nuevo ciclo de extractivismo si no se diseñan e implementan políticas públicas que integren, de manera efectiva, estándares ambientales, sociales y de desarrollo territorial.

La economía circular, estrechamente vinculada al proceso de transición energética, se presenta como una estrategia clave para superar la lógica lineal del sistema económico tradicional (extraer – producir – utilizar – desechar). Su objetivo es reducir la presión sobre los territorios y bienes comunes, incorporando criterios de sustentabilidad a las cadenas de suministros y promoviendo una gestión más racional de los recursos minerales que se extraen.

Sin embargo, esta forma de entender la economía circular, vinculada a minerales para la transición energética, también se sustenta en la ampliación del extractivismo, sobre todo en el sur global. Esto se debe a que las opciones de descarbonización requieren grandes cantidades de minerales para el almacenaje de energía, los cuales son extraídos con altos impactos ambientales y sociales, amenazando la resiliencia de los ecosistemas de donde se extraen y poniendo en riesgo a las poblaciones que los habitan.

Considerando estas limitaciones, una propuesta de economía circular, desde la perspectiva de las zonas de extracción latinoamericanas y aplicada a los minerales para la transición, debe garantizar que los cambios de matriz energética hacia tecnologías con menos emisiones de gases de efecto invernadero (conocida ampliamente como transición energética), sean verdaderamente justos en todas las etapas. Esto implica evitar la creación, expansión y/o profundización de zonas de sacrificio; asegurar la restauración ambiental y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, así como la reparación de aquellos derechos que han sido vulnerados. Requiere además cuidar los límites biofísicos y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas.

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