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El dictamen de la Corte Interamericana: 7 razones de su importancia para la justicia climática
El pasado 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su tan esperada Opinión Consultiva 32 (OC-32), en la que aclara el alcance de las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática, que implica —entre otras cosas— garantizar el derecho a un clima sano.Es la primera vez que un tribunal regional de derechos humanos se pronuncia de manera amplia y comprensiva acerca del tema.Este dictamen responde a una solicitud hecha por los Estados de Chile y Colombia en enero de 2023. Es además el resultado de un proceso sin precedentes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el que decenas de Estados, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, activistas y miembros de la academia participaron activamente mediante intervenciones orales en audiencias públicas y un número récord de observaciones escritas.Conoce a continuación algunas de las razones que hacen de esta decisión histórica, escrita en América Latina, un punto de inflexión para la justicia climática en la región y en el mundo. 1. Claridad de las obligaciones legales de los Estados ante la emergencia climáticaEn su dictamen, la corte concluye que la situación actual es la de una emergencia climática causada por diversas actividades de origen humano, producidas de manera desigual por los Estados, y que afecta de manera incremental y grave a las personas, en especial a quienes están en situación de vulnerabilidad.Ante tal panorama, los Estados tienen obligaciones legales —no sólo compromisos voluntarios— para afrontarla con “acciones urgentes y eficaces, articuladas, con perspectiva de derechos humanos, y bajo el prisma de la resiliencia”. Esto implica que, en el contexto de la emergencia climática, los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos. 2. Reconocimiento del derecho humano a un clima sanoEn esta decisión, el tribunal reconoce —por primera vez— el derecho autónomo a un clima sano, derivado del derecho a un ambiente sano. Esto implica que los Estados deben proteger la posibilidad de las generaciones presentes y futuras de desarrollarse en un sistema climático libre de interferencias peligrosas causadas por actividades humanas.La protección de este derecho, de la cual depende el ejercicio de otros derechos humanos, se traduce además en respetar el principio de equidad intergeneracional, para lo cual los Estados deben contribuir para que las generaciones actuales dejen condiciones de estabilidad ambiental que permitan a las generaciones futuras similares oportunidades de desarrollo. 3. Protección reforzada para personas en situación de vulnerabilidadLa Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana establece que los Estados deben garantizar que las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad —como mujeres, niños y niñas; pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas y de pescadores; personas mayores, con discapacidad, LGBTIQ+, y defensoras de derechos humanos, entre otros— ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones frente a los efectos de la crisis climática.El tribunal reconoce que hay territorios especialmente vulnerables a los impactos climáticos en el continente, como la Amazonía, los territorios insulares y Estados del Caribe. 4. Control de emisiones y regulación de las actividades empresarialesA la luz del dictamen, los Estados deben definir una meta de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) y mantener actualizada una estrategia de mitigación basada en derechos humanos; así como regular de manera reforzada y estricta las actividades públicas y privadas generadoras de emisiones de GEI.Los Estados deben también identificar, conforme a su estrategia de mitigación, qué proyectos o actividades requieren la aprobación de un estudio de impacto ambiental que contemple de manera adecuada el impacto climático. 5. Protección de derechos humanos en el marco de la transición energéticaLa Opinión Consultiva 32 resalta la necesidad la necesidad de que los Estados protejan los derechos humanos de violaciones que puedan producirse con ocasión de la extracción de los minerales requeridos para la transición energética.Asimismo, establece que las obligaciones estatales incluyen asegurar una distribución equitativa de las cargas derivadas de la acción climática y de los impactos climáticos, evitando imponer cargas desproporcionadas, lo que incluye la asignación de los costos de la transición energética. 6. Reconocimiento de los saberes tradicionales para la acción climáticaEl dictamen reconoce los saberes locales, tradicionales e indígenas como protegidos por los tratados interamericanos y como parte integral del concepto de mejor ciencia disponible, creando un nuevo camino para exigir su inclusión en las soluciones a la emergencia climática.De este modo, la corte reafirma que la protección del derecho a la ciencia se extiende también a los desarrollos intelectuales y prácticos que por años han mantenido y resguardado los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y locales, entre otras. 7. Impulso al movimiento mundial por la justicia climáticaLa decisión fortalece y da continuidad a dictámenes previos como el emitido en mayo de 2024 por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que aclaró las obligaciones estatales para proteger el medio marino de la crisis climática, y a otros que están en desarrollo. Uno de ellos es la opinión consultiva que pronto emitirá la Corte Internacional de Justicia para delimitar las responsabilidades de los Estados de cara a la emergencia global.Juntas, estas decisiones están fortaleciendo el movimiento mundial por la justicia climática, así como respaldando la demanda ciudadana de acciones más contundentes de los gobiernos.
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Decisión de la Corte Interamericana sobre emergencia climática: un hito para el mundo
Texto publicado originalmente en Animal Político. El próximo 3 de julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitirá su tan esperada Opinión Consultiva 32 (OC-32) sobre la emergencia climática y los derechos humanos, solicitada conjuntamente por los Estados de Chile y Colombia en enero de 2023.En su dictamen, la Corte IDH abordará cuestiones clave del derecho internacional que ambos Estados incluyeron en su solicitud, como la naturaleza y el alcance de las obligaciones estatales en contextos de emergencia climática.Adicionalmente, el tribunal se pronunciará sobre los deberes de prevención y garantía de los Estados en materia de derechos humanos frente al cambio climático, así como respecto de sus obligaciones específicas hacia grupos diferenciados, como mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas y personas defensoras del ambiente. También hará precisiones sobre la responsabilidad común pero diferenciada de los Estados en materia de derechos humanos en el contexto de la crisis climática, entre otros aspectos.La OC-32 será también el resultado de un proceso sin precedentes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el que decenas de Estados, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, activistas y miembros de la academia participaron activamente mediante intervenciones orales en audiencias públicas y observaciones escritas.Sin duda, esta decisión será un hito no solo para el continente americano, sino también para el desarrollo del derecho internacional en materia de clima y derechos humanos a nivel global. Una contribución clave al derecho internacionalLa decisión de la Corte IDH se enmarca en otros procesos de opinión consultiva muy relevantes en todo el continente. Ya en 2024 el Tribunal Internacional del Derecho del Mar hizo pública una decisión importante acerca de las obligaciones de los Estados en relación con la crisis climática y la protección del medio marino.Además, en marzo de 2023, la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó formalmente una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático, impulsada por Vanuatu y respaldada por más de 130 países. La decisión final de este proceso está aún por conocerse.La Opinión Consultiva 32 de la Corte IDH será, sin duda, de la mayor relevancia por al menos cinco razones: 1. Aportes desde el enfoque de derechos humanosSerá la primera vez que un tribunal regional de derechos humanos defina con claridad obligaciones concretas para que los Estados protejan efectivamente a las personas y comunidades afectadas por la crisis del clima. Incorporar el marco de derechos humanos a la emergencia climática es clave para enriquecer el contenido de las obligaciones estatales, complementar el régimen de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y aportar una perspectiva de justicia en la respuesta a esta problemática. 2. Continuidad del liderazgo del tribunalCon este dictamen, la Corte IDH fortalecerá la rica jurisprudencia que ha desarrollado y que ha sido muy relevante para vincular la protección del ambiente con los derechos humanos. Ya en su Opinión Consultiva 23 de 2017 estableció que los Estados tienen obligaciones tanto dentro como fuera de su territorio para prevenir daños ambientales que afecten los derechos humanos. Y en 2024, al resolver el caso “Comunidad de La Oroya vs. Perú” —el primer caso contencioso sobre contaminación ambiental en un contexto urbano—, el tribunal desarrolló las obligaciones de los Estados y ordenó medidas de reparación integral. 3. Énfasis en grupos con necesidades de protección reforzadaLa Corte IDH ha desarrollado una rica jurisprudencia para la protección de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y pueblos en aislamiento voluntario, así como en relación con mujeres, niños y niñas. Estos grupos suelen enfrentar los impactos más severos de la crisis climática, por lo cual la experiencia del tribunal será clave para delimitar en la OC-32 las obligaciones reforzadas de los Estados en su protección. 4. Debida diligencia de las empresasLa Corte IDH ha reconocido que los Estados tienen el deber de prevenir, supervisar y sancionar actividades empresariales que afecten los derechos humanos. En varios casos contenciosos, ha delimitado las obligaciones estatales respecto de las empresas y con la OC-32 puede enriquecer los estándares de debida diligencia climática en el ámbito internacional. Esta doctrina será muy valiosa para fortalecer la rendición de cuentas de actores no estatales en contextos de emergencia climática. 5. Reparación integral de las pérdidas y dañosDesde sus primeros fallos, la Corte IDH ha establecido que la reparación del daño debe ser integral, incluyendo elementos como la restitución, la indemnización, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Este enfoque, incorporado en el dictamen por venir, puede aportar elementos clave al debate internacional sobre “pérdidas y daños” (loss and damage), que cada vez cobra más fuerza, proyectándose como una exigencia legítima de comunidades y países afectados por los impactos de la emergencia climática. De esta forma, la decisión que emitirá la Corte Interamericana no solo será histórica para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su precedente llegará en un momento clave para nutrir y fortalecer el proceso de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, ofreciendo un enfoque centrado en las personas y en los derechos humanos.En un escenario global donde la acción de los Estados sigue siendo insuficiente, el derecho internacional puede y debe jugar un papel fundamental y transformador.El dictamen de la Corte IDH representa una oportunidad crucial para consolidar un marco normativo claro que haga frente a la emergencia climática como uno de los desafíos más latentes que enfrentamos actualmente como humanidad.
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Alerta: Brasil contradiz sua liderança na COP30 ao entregar a Amazônia à indústria do petróleo
Por Sebastián Abad Jara e Florencia Ortúzar* À medida que o Brasil se projeta como anfitrião e líder da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o país está avançando rapidamente na expansão de sua indústria petrolífera na Amazônia, o coração verde do planeta.Isto compromete seriamente a credibilidade das negociações climáticas e o próprio objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5°C em relação ao período pré-industrial, ao qual o governo brasileiro alinhou sua meta climática mais recente. Expansão alarmante da fronteira petrolífera na AmazôniaNo dia 17 de junho —em meio a protestos de grupos ambientais e indígenas—, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) realizou um leilão de 172 blocos para exploração de petróleo. A maioria dos lotes está em áreas ainda inexploradas, incluindo 47 em águas profundas próximas à foz do Rio Amazonas e da Bacia Amazônica, ao lado de territórios indígenas.Dessa oferta, 19 blocos foram adquiridos pela Chevron Brasil Oil, ExxonMobil Brasil, Petrobras e CNPC Brasil e ameaçam um ecossistema de importância crítica devido à sua biodiversidade única e função como sumidouro de carbono.Tudo isso está acontecendo meses antes do Brasil sediar a primeira COP realizada na Amazônia, programada para os dias 10 a 21 de novembro na cidade de Belém do Pará.A decisão do governo brasileiro representa um grave retrocesso ambiental, com consequências potencialmente irreversíveis, além de um impacto ambiental e climático devastador. De acordo com estudos recentes, queimar o petróleo existente na floresta amazônica pode liberar até 4,7 gigatoneladas de CO₂ na atmosfera, mais do que todas as emissões acumuladas do Brasil nos últimos cinco anos.A medida também é um duro golpe para a legitimidade de uma COP latino-americana, que pretende marcar uma mudança de rumos.Nessa mesma linha, organizações da sociedade civil de todo o mundo fizeram um chamado urgente para reformar as negociações climáticas da ONU. Ameaças ao meio ambiente e aos direitos humanosEm resposta à situação, o Ministério Público Federal do Brasil entrou com uma Ação Civil Pública pedindo a suspensão da expansão da produção de petróleo na Margem Equatorial, em especial na Bacia Amazônica. A ação argumenta que a ausência de avaliação do impacto climático e de consulta às comunidades afetadas constitui violação do direito humano à estabilidade climática e pode levar à responsabilização internacional do Estado brasileiro.Para facilitar o início dos trabalhos, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) aprovou [enlace] um Plano de Proteção e Atendimento à Fauna Oleada apresentado pela Petrobras para testar na prática a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo.O plano foi aprovado apesar das objeções de 29 especialistas da própria instituição, que alertaram para as graves deficiências ambientais e indígenas. Embora a autorização seja preliminar, ela abre caminho para a expansão extrativista sem as devidas salvaguardas de proteção ambiental e dos direitos humanos.Mas essa não é a única ameaça. O Projeto de Lei 2159/2021, atualmente em tramitação, compromete substancialmente os processos de avaliação de impactos ambientais, limitando seu escopo e qualidade técnica em todo o país. A lei vai permitir a concessão de licenças simplificadas sem análise técnica preliminar, isenções para setores agrícolas e de infraestrutura e a exclusão de terras indígenas e quilombolas sem titulação dos processos de consulta prévia.De acordo com o recente Comunicado dos Relatores Especiais da ONU, essa regulamentação pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente e aos direitos humanos, além de violar os compromissos internacionais do Brasil.A abertura de novos poços de petróleo em áreas sensíveis e a aprovação de leis ambientais regressivas podem levar o Brasil a violar seus compromissos com o Acordo de Paris, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Convenção de Ramsar sobre Zonas Úmidas e a Convenção sobre Diversidade Biológica, entre muitos outros instrumentos internacionais. A necessidade de coerência para uma verdadeira liderança climáticaO panorama apresentado mostra uma contradição do Brasil na liderança real e coerente ao que se espera do país tendo em vista a COP30 em Belém.Brasil promete reduzir suas emissões em até 67% até 2035, mas se continuar com essa agenda extrativista, trairá não apenas seus compromissos climáticos, mas também a esperança de milhões de pessoas que confiam que a COP para a Amazônia e a América Latina será um ponto de virada em direção a um futuro justo e sustentável.É urgente que o governo brasileiro fortaleça seu sistema jurídico ambiental, cumpra rigorosamente suas obrigações internacionais e garanta os direitos dos povos indígenas e comunidades locais, bem como a proteção dos ecossistemas amazônicos.O Brasil ainda tem tempo de mostrar a liderança que tanto necessitamos, de fazer com que a COP30 seja lembrada como a COP da Amazônia e de impedir que a maior floresta tropical do mundo, assim como ecossistema mega variedado e estabilizador climático global, seja destruído e entregue à indústria petrolífera. *Sebastian Abad Jara é advogado do Programa de Ecossistemas da AIDA, e Florencia Ortúzar é diretora do Programa Climático.
Leer másAlerta: Brasil contradice su liderazgo en la COP30 al entregar la Amazonía a la industria petrolera
Por Sebastián Abad Jara y Florencia Ortúzar* Mientras Brasil se proyecta como anfitrión y líder de la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el país avanza de manera acelerada en expandir la industria petrolera en la Amazonía, el corazón verde del planeta.Esto compromete gravemente la credibilidad de las negociaciones climáticas y el objetivo mismo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5ºC en comparación con el periodo preindustrial, al cual el gobierno brasileño alineó su meta climática más reciente. Alarmante expansión de la frontera petrolera en la AmazoníaEl 17 de junio pasado —en medio de protestas de grupos ambientales e indígenas—, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil adjudicó 19 bloques para exploración y explotación petrolera en la región de la Foz del Amazonas, un ecosistema de importancia crítica por su biodiversidad única y su función como sumidero de carbono.De los 172 bloques petrolíferos que estaban en subasta, la mayoría están ubicados en zonas sin producción actual, como 47 bloques costa afuera, cerca de la desembocadura del río Amazonas y dos situados en el interior de la Amazonía, cerca de territorios indígenas. Los 19 bloques adjudicados —que están costa afuera— fueron entregados a las empresas Chevron Brasil Óleo, ExxonMobil Brasil, Petrobras y CNPC Brasil.Esto sucede meses antes de que Brasil acoja la primera COP en celebrarse en la Amazonía, que tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre en la ciudad de Belém do Pará.La decisión del gobierno brasileño representa un grave retroceso ambiental, con consecuencias potencialmente irreversibles, además de un impacto ambiental y climático devastador. Según un estudio, la quema del petróleo existente en la Foz del Amazonas podría liberar hasta 4,7 gigatoneladas de CO₂, más que todas las emisiones acumuladas por Brasil en los últimos cinco años.También es un duro golpe a la legitimidad de una COP latinoamericana que aspira a marcar un cambio de rumbo.En esa misma línea, organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo hicieron un llamado a la reforma urgente de las negociaciones climáticas de la ONU. Amenazas para el ambiente y los derechos humanosEn respuesta a la situación, el Ministerio Público Federal presentó una Acción Civil Pública solicitando la suspensión de la expansión petrolera en la Margen Ecuatorial, particularmente en la Foz del Amazonas. La demanda argumenta la falta de evaluación del impacto climático y de consulta con los pueblos afectados, lo que constituye una violación al derecho humano a un clima estable que podría implicar responsabilidad internacional para el Estado brasileño.Para facilitar el inicio de la exploración petrolera en la Amazonía, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, aprobó el Plan de Protección y Atención para la Fauna Petrolera, presentado por Petrobras para probar en la práctica la capacidad de respuesta en el caso de accidentes de derrames de petróleo.El plan fue aprobado a pesar del cuestionamiento de 29 especialistas de la propia institución, quienes alertaron sobre serias deficiencias ambientales y en relación con los pueblos indígenas. Aunque la autorización es preliminar, abre la puerta a una expansión extractiva sin garantías debidas para la protección del ambiente y los derechos humanos.Pero esta no es la única amenaza. El proyecto de ley 2159/2021, actualmente en trámite, pone en riesgo sustancial los procesos de evaluación de impacto ambiental, limitando su alcance y calidad técnica en todo el país. La ley permitiría el otorgamiento de licencias simplificadas sin análisis técnico previo, exenciones para amplios sectores agrícolas y de infraestructura, así como exclusión de tierras indígenas y quilombolas no tituladas en los procesos de consulta previa.Según una reciente comunicación de Relatores Especiales de la ONU, esta norma podría ocasionar daños irreversibles al ambiente y los derechos humanos, además de vulnerar los compromisos internacionales de Brasil.Abrir nuevos pozos petroleros en zonas sensibles del país y aprobar medidas legislativas regresivas en materia ambiental pueden llevar Brasil a violar las obligaciones asumidas como país bajo el Acuerdo de París, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Ramsar sobre los Humedales y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre muchos otros instrumentos internacionales. La necesidad de coherencia para un liderazgo climático realEl panorama descrito evidencia la contradicción de Brasil con el liderazgo real y coherente que se espera del país con miras a la COP30 en Belém.Brasil promete reducir sus emisiones hasta en 67 % para 2035. Pero, de seguir adelante con esta agenda extractiva, traicionará no solo sus compromisos climáticos, sino también la esperanza de millones de personas que confían en que la COP de la Amazonía y de América Latina será un punto de inflexión hacia un futuro justo y sostenible.Es urgente que el gobierno brasileño refuerce su marco jurídico ambiental, cumpla de forma estricta sus obligaciones internacionales y garantice los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como la protección de los ecosistemas amazónicos. Brasil aún está a tiempo de demostrar el liderazgo que tan urgentemente necesitamos, de hacer que la COP30 sea recordada como la COP de la Amazonía y de evitar que el mayor bosque tropical del mundo, además de un ecosistema megadiverso y un estabilizador climático global, sea entregado a la industria petrolera. *Sebastian Abad Jara es abogado del Programa de Ecosistemas de AIDA y Florencia Ortúzar es directora del Programa de Clima.
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Las maravillas naturales que podríamos proteger con el Tratado de Alta Mar
Por décadas, el océano nos ha protegido de los impactos de la crisis climática, absorbiendo el 90% del exceso de calor provocado por el calentamiento global. Es fuente de alimento y de recursos genéticos con los que se producen medicamentos como aquellos que combaten el cáncer. Y, por si eso fuera poco, millones de familias dependen del turismo y otras actividades económicas relacionadas con el mar para subsistir.Pese a su importancia, gran parte del océano está desprotegida. Se trata de alta mar, las aguas internacionales que ocupan el 64% de la superficie total del océano, y que no están gobernadas por ningún país. Las medidas de gestión que sí existen por parte de ciertos organismos resultan en un mosaico de protecciones sin ningún mecanismo de coordinación.Para llenar este vacío, en junio de 2023, los países miembros de la ONU adoptaron formalmente un acuerdo para proteger la biodiversidad en alta mar, el cual necesita la ratificación de al menos 60 países para entrar en vigor.El Tratado de Alta Mar —nombre corto para el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés)— plantea, entre otros aspectos, la creación y el manejo adecuado de áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar, regiones que permitirían conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en el océano. Protección a un costo muy altoAdemás de absorber la mayor parte del exceso de calor del planeta, el océano absorbe casi el 30% de todos los gases de efecto invernadero, los cuales son responsables del cambio climático.Esta protección natural le trae graves consecuencias. Al interactuar y absorber agentes contaminantes como el dióxido de carbono, el océano sufre de acidificación —fenómeno que reduce los niveles de calcio, sustancia necesaria para las conchas y los esqueletos externos de varias especies de fauna marina— y de pérdida de oxígeno, esencial para la vida bajo el mar.Esos impactos afectan, en consecuencia, la provisión de alimentos y la generación de fuentes de empleo en rubros como el pesquero y el turístico.Frente a los impactos de la crisis climática en los ecosistemas marinos, los gobiernos deben hacer mucho más para proteger el océano, empezando por ratificar el Tratado de Alta Mar, que establece un marco jurídico y un proceso claro para mantener su salud y resiliencia. Maravillas naturales protegidasA medida que la ratificación del Tratado de Alta Mar avanza, crece el interés de gobiernos y de la sociedad civil por sentar las bases para una mayor protección de alta mar.Como parte de este impulso, se han identificado áreas de gran valor ecológico que podrían formar la primera oleada de protección una vez que el tratado entre en vigor. High Seas Alliance —una coalición de organizaciones de la que AIDA forma parte— ha resaltado 8 sitios prioritarios que podrían ser parte de esta primera generación de AMP, a los que ha llamado las Maravillas Naturales Ocultas del Mundo:Las Dorsales de Salas y Gómez y de Nazca: En las profundidades de las aguas del Pacífico suroriental, estas dos cadenas únicas de laderas y cumbres submarinas están separadas de Sudamérica por las aguas de la corriente de Humboldt y el enorme abismo de la fosa de Atacama. Son hábitats críticos y corredores migratorios para al menos 82 especies amenazadas o en peligro de extinción, junto con muchas otras de importancia ecológica y económica.El Domo Térmico: Cada año, en el Pacífico oriental tropical, los fuertes vientos estacionales empujan las aguas cálidas desde la costa hacia alta mar, donde se encuentran con aguas más frías arrastradas por las corrientes oceánicas. Esta interacción provoca un sistema único de afloramiento que hace que las aguas frías y ricas en nutrientes suban a la superficie del mar, beneficiando a muchas especies.Montes Submarinos Emperador: Ubicada en el Pacífico norte, esta cadena de más de 80 montañas submarinas se extiende por 2.000 kilómetros en el fondo marino, entre el punto más al noroeste de las islas hawaianas y la fosa de Kuril-Kamchatka (Pacífico noroccidental). Sus aguas ricas en nutrientes alimentan a una gran diversidad de especies. Y en las montañas, una gama de corales y esponjas dan refugio a innumerables especies de peces y de invertebrados.La Dorsal de Walvis: Es una cordillera de montes submarinos que se extiende por unos 3.000 kilómetros frente a la costa del sudoeste de Namibia hasta la dorsal mesoatlántica (cordillera submarina que recorre el océano Atlántico). Está compuesta de varios tipos de fondos marinos e incluye muchas características de los fondos oceánicos profundos, junto con sus llanuras abisales, montes submarinos y guyots (montañas submarinas).Mar de los Sargazos: Es el único mar en el mundo sin fronteras terrestres. Está geográficamente definido por cuatro corrientes del océano Atlántico en un área de alrededor de 1.100 kilómetros de ancho y 3.200 kilómetros de largo. Recibe el nombre de “selva dorada flotante de alta mar” por las algas de sargazo que flotan en su superficie y que son hábitat de un sinfín de especies, a la vez que absorben y almacenan carbono, y producen oxígeno.Mar de Tasmania del Sur: Ubicado entre Australia y Nueva Zelanda, es un área diversa y dinámica que brinda sustento a una abundante vida marina. Además, es una importante área de reproducción y un corredor migratorio para un gran número de especies, incluidas especies en peligro como el albatros de las Antípodas, que suelen transitar por sus aguas.La Ciudad Perdida: Se trata de un conjunto de 30 chimeneas hidrotermales situado en las laderas superiores del monte submarino macizo de Atlantis, en el océano Atlántico norte. El complejo de chimeneas se eleva 4.300 metros del fondo marino, con picos a 750 metros de profundidad. Se cree que las chimeneas de la Ciudad Perdida tienen más de 120 mil años.Saya de Malha: Ubicado en el corazón del océano Índico, a medio camino entre las islas Seychelles y Mauricio, este paisaje marino único alberga la mayor comunidad de praderas submarinas del mundo. Es un raro ejemplo de pradera submarina en alta mar y el mayor banco oceánico sumergido del mundo, con más de 40.000 kilómetros cuadrados.Preservar estas maravillas naturales mediante áreas marinas protegidas requiere la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar.Es hora de cuidar al océano como él cuida de nosotros.
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El tratado que protege la vida en alta mar: ¿Por qué los gobiernos deben ratificarlo?
El océano cubre dos tercios del planeta. Es tan inmenso e inabarcable que 64% de sus aguas están fuera de cualquier frontera, en un espacio conocido como alta mar.Es una zona que está fuera de las jurisdicciones nacionales y que representa el 40% de la superficie de la Tierra.Por la riqueza de vida marina que resguarda —incluyendo especies nuevas para la ciencia—, alta mar es una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo. Es además fuente de alimento y oxígeno, regula el clima, amortigua los impactos de la crisis climática y sostiene los modos de vida de comunidades dedicadas a la pesca y al turismo.A pesar de su importancia, apenas 1,2 % de las aguas de alta mar tiene protección internacional.Para llenar este vacío, en junio de 2023, los países miembros de la ONU adoptaron formalmente un acuerdo para proteger la biodiversidad en alta mar, el cual necesita la ratificación de al menos 60 países para entrar en vigor.Consulta cuántos y qué países han ratificado el tratado. Al ser un reservorio de bienes comunes globales, la protección y uso sostenible de alta mar es un derecho y una obligación de todos los gobiernos. ¿Qué establece el Tratado de Alta Mar?El Tratado de Alta Mar —nombre corto para el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— es universal y puede beneficiar a todos los países, incluso a los que no son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), como Colombia, El Salvador, Perú y Venezuela.El tratado contiene los siguientes elementos clave:Herramientas de manejo por zonas. El tratado establece un marco jurídico y un proceso claro para crear redes de áreas marinas protegidas, que pueden brindar una protección integral a la biodiversidad en alta mar frente a múltiples actividades, manteniendo la salud y resiliencia de esta parte del océano.Evaluaciones de impacto ambiental. Bajo el tratado, cualquier actividad nueva en alta mar está sujeta a evaluaciones de impacto ambiental detalladas y modernas que incluyan los impactos acumulativos de múltiples actividades afectando un mismo ecosistema. Los países en desarrollo recibirán apoyo para ser parte de esta tarea.Reparto justo y equitativo de los beneficios por recursos genéticos marinos. El acuerdo establece obligaciones para compartir los beneficios monetarios y no monetarios del aprovechamiento de los recursos genéticos encontrados en alta mar (material genético de cualquier animal, planta o microbio) para desarrollar nuevas medicinas, por ejemplo.Creación de capacidades y transferencia tecnológica. El tratado dispone la provisión de financiamiento y la transferencia de tecnología en condiciones justas para que países en desarrollo aumenten su capacidad científica y tecnológica marina, incluyendo intercambio de datos, desarrollo y mejora de infraestructura y respeto de conocimientos tradicionales.¿Por qué los gobiernos deben ratificar el Tratado de Alta Mar?Tener un Tratado de Alta Mar tomó más de dos décadas, incluyendo cinco años de negociaciones en la ONU. Para garantizar este avance histórico, el acuerdo debe entrar en vigor —volverse ley bajo el derecho internacional—, lo cual ocurrirá 120 días después de que lo hayan ratificado 60 países. Al momento, 28 países han ratificado el tratado.La ratificación significa que los países, además de firmarlo, dan su consentimiento formal al tratado, lo que a menudo implica garantizar que sus leyes nacionales sean coherentes con este.Hay muchas razones por las que la ratificación del acuerdo beneficiará a los países en desarrollo, particularmente a los de América Latina y el Caribe. Algunas de ellas son:El tratado nos acerca a la justicia ambiental. Beneficiará a los países históricamente excluidos del acceso a los recursos de alta mar, brindándoles nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico, científico y económico. Además, permitirá a todos los países ser actores activos de una plataforma global de toma de decisiones, coordinación y cooperación para la protección y uso sostenible de estos recursos.El tratado permite conservar ecosistemas clave. Bajo el tratado, todos los países podrán proponer áreas marinas protegidas en alta mar, incluyendo aquellos sin litoral (como Bolivia y Paraguay). Esto permitirá proteger zonas ricas en biodiversidad y especies endémicas en América Latina, como las cordilleras submarinas de Salas y Gómez & Nazca (Chile-Perú) o el Domo Térmico en el Pacífico centroamericano.El tratado beneficia modos de vida y economías locales. Al promover un alta mar saludable y resiliente, el tratado tendrá efectos positivos en las áreas costeras y en las actividades económicas que dependen de especies migratorias, como la observación de cetáceos y de tortugas, el buceo, el turismo, la pesca comercial y deportiva. Especies altamente migratorias como los calamares son vitales para las economías latinoamericanas.El tratado otorga voz en la toma de decisiones sobre alta mar. Los países que hayan firmado el tratado participarán en las reuniones de la Comisión Preparatoria y quienes lo ratifiquen podrán participar en la Conferencia de las Partes (COP) del acuerdo, cuya primera versión tendrá lugar un año después de su entrada en vigor, donde se decidirán aspectos clave para su implementación y para la puesta en marcha de sus beneficios. El llamado es entonces a que todos los países ratifiquen el Tratado de Alta Mar, protegiendo así el 64% de nuestro océano, que hoy carece de una protección efectiva.Es momento de actuar por la vida marina y por las futuras generaciones.
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Río Motagua: Una historia de contaminación y un grito por justicia
El río Motagua, el más extenso de Guatemala, está gravemente contaminado con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.Su caudal desemboca en el mar Caribe, por lo que la contaminación alcanza esas aguas, así como el Sistema Arrecifal Mesoamericano —el arrecife transfronterizo más grande el mundo— y las costas hondureñas, causando daños sociales y ambientales incuantificables.Las actividades contaminantes ocurren en toda la cuenca del río, incluyendo subcuencas y microcuencas.En términos generales, la contaminación ha deteriorado la salud, además de vulnerado el derecho al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.La contaminación del Motagua es un problema que lleva décadas y que requiere medidas urgentes de largo plazo que contribuyan al saneamiento y manejo integral de la cuenca del río. ¿Dónde está el río Motagua?El río Motagua es uno de los principales de Guatemala. Con una longitud de 486 km, atraviesa 96 municipios y 14 departamentos del país. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.Es en su desembocadura donde su caudal confluye con el Arrecife Mesoamericano, que se extiende por aproximadamente 1 000 km y abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México. Así, la contaminación que arrastra el río deteriora la salud del sistema arrecifal, donde está el segundo arrecife de barrera más largo a nivel mundial.El Arrecife Mesoamericano protege miles de kilómetros de costas contra corrientes, olas y tormentas. Además de ser lugar de crianza y alimentación para una gran diversidad de especies, es un sumidero de dióxido de carbono y un desintoxicante del agua y el aire. De su conservación depende la salud ecológica y económica de toda la zona del Atlántico Sur.Además, la contaminación del río Motagua llega a las costas de Honduras y se esparce a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala y Belice. Se trata, sin duda, de una problemática transfronteriza. ¿De dónde viene la contaminación del río Motagua?El mayor volumen de contaminación del río Motagua proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, principalmente mediante las aguas del río Las Vacas, que recibe una gran cantidad de desechos sólidos del río Chinautla, además de aguas negras que son descargadas en su afluente diariamente.Los desechos sólidos del río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, provienen a su vez de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina. Cualquier pequeño derrumbe en ese vertedero genera desechos que automáticamente son vertidos al río en cualquier época del año.La contaminación que el río Chinautla transporta consiste también en una gran cantidad de aguas negras, generadas por al menos 500 mil personas que viven en la parte norte de la ciudad de Guatemala y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.En el municipio de Chinautla hay numerosos vertederos ilegales. Además, muchos vehículos particulares y camiones recolectores descargan desechos a orillas de los ríos Chinautla y Las Vacas.Según datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se estima que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.La mayoría de los desperdicios son vertidos en quebradas y/o superficies susceptibles al arrastre, terminando en su mayoría de una u otra forma en fuentes de agua, como la cuenca del Motagua.En otras palabras, la fuente principal de la contaminación del río Motagua es el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en el país; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. ¿A quiénes afecta la contaminación del río Motagua?La contaminación del río Motagua afecta a toda la población de Guatemala. En la cuenca baja, afecta directamente a las personas dedicadas a la pesca, quienes han visto reducidas sus capturas.Y, al perjudicar el turismo en el Caribe, afecta también a las comunidades que tienen en ese rubro su modo de vida.Al ser un problema que abarca toda la cuenca, la contaminación del Motagua afecta a quienes viven en las principales subcuencas y microcuencas del río, incluidas las comunidades indígenas del pueblo maya poqomam de las ciudades de Chuarrancho y Chinautla.En Chinautla, la contaminación afecta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de más de 18 mil personas.La restauración del río Motagua es determinante para mejorar la calidad de vida de al menos el 30% de la población guatemalteca, así como de las personas afectadas en los países vecinos. Acciones para rescatar al río Motagua de la contaminaciónFrente a la grave degradación de la cuenca hidrográfica más grande de Guatemala, los daños a ecosistemas clave como el Arrecife Mesoamericano y las violaciones de derechos humanos que la contaminación genera, se requieren medidas urgentes, entre ellas: Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y municipal, así como prevenir y frenar los daños ambientales desde las fuentes mediante regulación, monitoreo, supervisión y fiscalización de las actividades que afectan los derechos de quienes habitan la cuenca del río Motagua.Fortalecer la normativa relacionada con la disposición de aguas residuales y manejo de desechos sólidos para que se implementen de manera oportuna mediante sistemas de tratamiento completos en los municipios de la cuenca.Iniciar acciones que permitan la restauración socioambiental de los ecosistemas afectados en toda la cuenca, incluyendo medidas políticas, legislativas y administrativas que fortalezcan el ordenamiento jurídico y destinen los suficientes recursos financieros para garantizar la protección de las aguas y de los territorios.
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¿Por qué la minería de litio en salares andinos es llamada también minería de agua?
Por Víctor Quintanilla, David Cañas y Javier Oviedo* Según datos oficiales, en todo el mundo, cerca de 2 200 millones de personas no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura.Pese a este panorama, las amenazas de sobreexplotación y contaminación para este bien común van en aumento. Una de ellas es la extracción acelerada de litio en países de América Latina, impulsada por actores empresariales y estatales para cubrir las necesidades de transición energética del norte global.Y es que la extracción de litio implica un enorme consumo y pérdida de agua, siendo en esencia una minería del agua.En el continente, el avance de la industria del litio amenaza particularmente a los salares y otros humedales andinos de la región del Gran Atacama —ubicada en la región ecológica de la Puna, en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— donde está más del 53% de los recursos (material potencialmente explotable) del mineral.La explotación de litio está agudizando el déficit hídrico natural de la zona, poniendo en riesgo no solo a los salares, sino también a múltiples formas de vida que allí habitan. ¿De dónde viene el agua utilizada en la minería de litio?Antes que nada, es necesario señalar que lo salares son ecosistemas hídricos ubicados en el fondo de cuencas endorreicas o cerradas, donde los ríos no desembocan en el mar sino al interior del territorio, por lo que el agua conforma lagos o lagunas acompañadas a menudo por planicies de sal debido a la evaporación.En los salares suelen coexistir, en un delicado equilibrio, cuerpos de agua dulce y cuerpos de agua salada, lo cual permite el sustento de la vida en ellos.Las regiones donde existen salares, como el Gran Atacama, son áridas o semiáridas, presentando una alta evaporación y precipitaciones escasas. Allí encontramos acuíferos de agua dulce a los pies de las montañas y acuíferos de salmuera al centro de los salares, ambos conectados y en equilibrio.La salmuera es básicamente agua con alto contenido de sales, aunque la industria minera del litio la considere un mineral para justificar su explotación y minimizar la huella hídrica de sus actividades.Las aguas de las cuencas de los salares, además de ser esenciales para la vida, son un recurso patrimonial porque son muy antiguas —pueden alcanzar las decenas de miles de años de antigüedad— y han sido el sustento de poblaciones originarias que han habitado la Puna desde hace miles de años.Cuando la industria minera se instala en un salar, amenaza el equilibrio natural, afectando de forma directa las relaciones entre el agua y el entorno social, así como las relaciones entre el agua y otras formas de vida.Para explotar litio de un salar, el procedimiento tradicional consiste en perforar el salar, verter la salmuera en grandes piscinas, esperar a que el agua se evapore para que la concentración de litio aumente, enviar el concentrado de litio a una planta industrial y someterla a un tratamiento químico para separar el litio de otras sales y finalmente obtener carbonato o hidróxido de litio: materia prima empleada principalmente para fabricar baterías.La extracción continua y en grandes cantidades de salmuera de los acuíferos salinos altera el equilibrio natural del agua subterránea. Como resultado, las zonas que antes estaban llenas de salmuera se vacían, lo que provoca que el agua dulce de los acuíferos cercanos se desplace para ocupar esos espacios, salinizándose en el proceso.Los procesos finales para obtener carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto también requieren agua, obtenida de fuentes superficiales o subterráneas, de las cuales también se abastecen las comunidades locales.Por tanto, el agua utilizada en la minería de litio proviene de:Acuíferos subterráneos de agua dulce y de salmuera.Fuentes superficiales, como ríos y vegas (terrenos donde se acumula agua). Esto hace que el riesgo inherente a la minería de litio sea la sobreexplotación de estas fuentes de agua. ¿Cuánta agua consume la minería de litio?La extracción de litio por el método descrito implica un enorme consumo y pérdida de agua, la cual no regresa al ambiente porque se consume totalmente, porque sus características cambian o porque simplemente se pierde por evaporación.Según datos científicos, las siguientes son cifras promedio del hiperconsumo de agua en la minería de litio:150 m3 de agua dulce utilizada para producir una tonelada de litio.350 m3 de salmuera por tonelada de litio.Entre 100 y 1000 m3 de agua que se evapora por cada tonelada de litio producido. Para ilustrar la pérdida del recurso hídrico en la minería de litio, es posible mencionar que el agua que se pierde por evaporación equivale al consumo total de agua de la población de Antofagasta (166 000 personas) durante dos años. Esa ciudad chilena está ubicada a 200 km del Salar de Atacama, donde está más del 90% de las reservas de litio del país.Además de la sobreexplotación de agua, la minería de litio también puede contaminar el recurso al generar aguas residuales con presencia de sustancias tóxicas. Nuestra relación vital con el aguaA diferencia de la industria minera, que ve en el agua un recurso más para explotar, las comunidades indígenas que habitan en la zona tienen un vínculo ancestral con el recurso, del cual dependen sus actividades económicas y productivas, así como sus costumbres, tradiciones y cosmovisión.Estas comunidades deben enfrentar ahora las presiones sobre el agua del avance de la minería de litio, movida por intereses ajenos.Pero lo hacen con valentía, desarrollando procesos de defensa del agua y del territorio.Aprendamos de ellas a defender un bien común sin el cual ninguna forma de vida es posible.Conoce más de los impactos de la minería de litio en los salares andinos en este StoryMapVe la grabación del webinar “Evidencias del hiperconsumo de agua en la extracción y producción de litio” *Víctor Quintanilla es el coordinador de contenido de AIDA; David Cañas y Javier Oviedo son asesores científicos.
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Conoce más sobre las negociaciones para reducir la contaminación del transporte marítimo
Descarbonizar las actividades productivas y económicas es fundamental y urgente para enfrentar la triple crisis —climática, de contaminación y de pérdida de biodiversidad— que enfrenta el mundo. En el transporte marítimo —que mueve cada año 10.000 millones de toneladas de carga y genera el 2.9 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), entre ellos dióxido de carbono (CO2)—, la necesidad mundial de reducir y, en el largo plazo, eliminar estas emisiones es abordada por la Organización Marítima Internacional (OMI), agencia especializada de la ONU a cargo de generar normas para un transporte marítimo seguro, eficiente y libre de contaminación.Avanzar hacia la descarbonización es fundamental pues de no haber cambios sustanciales, las emisiones del transporte marítimo podrían crecer hasta un 50% en 2050.La OMI tiene una Estrategia Revisada de Reducción de Emisiones, acordada en 2023 por los 175 países que integran el organismo. Con ella se espera reducir las emisiones del sector hasta en 30% a 2030, en 80% a 2040 y alcanzar el cero neto alrededor del año 2050. La implementación de la estrategia es actualmente objeto de negociaciones internacionales.AIDA participa en estas negociaciones como parte de la Clean Shipping Coalition, una coalición internacional de organizaciones. Además, coordina esfuerzos con Ocean Conservancy y Fundación Cethus para generar incidencia con países latinoamericanos y colaborar con información técnica actualizada sobre el avance de las negociaciones y sus implicaciones para la región.La descarbonización del transporte marítimo mundial y sus impactos económicos es una discusión muy importante para América Latina y el Caribe. Es necesario que todos los países y sectores de la economía se alineen con metas claras y que se evalúe de forma igualitaria y justa todos los impactos que se generen, así como las formas en que los países pueden mitigarlos.Aquí te contamos más de este importante proceso. ¿Qué medidas están en discusión para reducir la contaminación del transporte marítimo?Lo que se está negociando a nivel internacional es la elección del paquete de medidas necesarias para lograr las metas acordadas en 2023 para la reducción de emisiones de GEI en el transporte marítimo. Este paquete incluye medidas técnicas y económicas. Su estructura final será decidida en abril de este año en Londres, sede de la OMI, marcando un hito mundial en la lucha mundial contra la crisis climática.Las medidas técnicas incluyen un estándar global de combustibles, la captura de carbono en los barcos, mediciones de eficiencia energética de los combustibles utilizados y la reducción de velocidad de los barcos, entre otras. Todas ellas buscan que la operación del transporte marítimo sea lo más eficiente posible respecto de los combustibles usados, además de desincentivar gradualmente el uso de los combustibles más contaminantes. Esto implica utilizar la menor cantidad de energía, emitir la menor cantidad de CO2 y mantener en funcionamiento al sector.Como complemento a las medidas técnicas, se plantean medidas económicas orientadas a poner precio a las emisiones de CO2 del transporte marítimo. Se espera así que el incremento en la eficiencia de los barcos tenga no solo un componente tecnológico, sino también un estímulo de mercado. Esta combinación es fundamental para lograr las metas de reducción de emisiones pues permitirá que los sectores público y privado:Cuenten con los recursos económicos para las inversiones en nuevas tecnologías, en nuevos combustibles y otras que la transición energética del sector requiere.Tengan un estímulo económico para cerrar la actual brecha de costos entre los combustibles fósiles y las tecnologías limpias cercanas a las cero emisiones. Para definir la asignación de un precio a las emisiones de CO2, hay dos grandes propuestas:La primera tiene una estructura flexible frente a las emisiones. En su versión más básica, considera las diferencias en las emisiones para la implementación de la medida. Para ello se contempla un "límite permitido” de emisiones de CO2, clasificando a los barcos en aquellos que están debajo de este y aquellos que están por encima. Los primeros podrían recibir una recompensa económica y los segundos pagarían una tarifa por el CO2 emitido en el marco de un sistema de cupos de emisiones. En esta medida, aunque existe un mecanismo para regular las emisiones debajo del límite establecido, la tolerancia a estas limita la posibilidad de una reducción acelerada, lo que podría demorar la transición energética que la crisis climática requiere.La segunda tiene una estructura universal, lo que se traduce en poner un precio fijo a todas las emisiones de CO2 generadas por la operación de la flota marítima. Con ello se busca crear un estímulo de mercado que aumente la demanda de nuevas tecnologías de bajas emisiones (nuevos barcos y combustibles), promoviendo que los operadores marítimos las adquieran para evitar el pago de una tarifa. Con esta medida se espera tener un seguimiento más preciso de las emisiones totales de los barcos, motivar una transición energética más rápida y pronunciada, así como recolectar y luego redistribuir entre operadores marítimos y países una cantidad considerable de recursos económicos para mitigar los costos e impactos negativos desproporcionados que el proceso de descarbonización genere. ¿Qué implica la descarbonización del transporte marítimo para América Latina y el Caribe?Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a los desastres asociados al cambio climático por lo que las acciones orientadas a lograr metas de descarbonización en distintos sectores de la economía regional son fundamentales para hacerle frente a la crisis climática.Por otro lado, las acciones destinadas específicamente a la descarbonización del transporte marítimo tendrán impactos diferenciados a corto, mediano y largo plazo en cada uno de los países del continente. Por ejemplo, la elección de una u otra propuesta para el pago de una tarifa por las emisiones de CO2 del sector —la modalidad flexible o el precio fijo— tendrán impactos distintos en cada país. Lo que es común en todos los escenarios es que la región será fuertemente afectada por el proceso de descarbonización del transporte marítimo.En este sentido, es importante que los países identifiquen cuáles son los escenarios que les permiten un mayor rango de acción frente a estos impactos para compensarlos y para que la transición sea equitativa y justa, sin dejar a ningún país atrás.En términos económicos, la implementación de un precio universal para las emisiones de CO2 posibilitaría que los Estados reciban una parte de los recursos económicos obtenidos para compensar y mitigar los impactos de la descarbonización. Las cantidades y formas de este traspaso de recursos serán consensuadas en la OMI. Se espera que la combinación de medidas más ambiciosas (técnicas y económicas) recolecte hasta 120.000 millones de dólares anuales en los próximos años. La propuesta flexible para el pago por emisiones no incluye mecanismos de redistribución de recursos pues estos irían directamente a los operadores del transporte marítimo y a los productores de combustibles. Así, los países tendrían que mitigar los impactos de la descarbonización con recursos propios.Desde una perspectiva ambiental, sin el estímulo previsto por un precio universal, existe el riesgo de que el esquema flexible promueva indirectamente la continuidad del uso de combustibles que generan emisiones de CO2, sobre todo en regiones con recursos económicos limitados para invertir en la tecnología de punta menos contaminante. Esto causaría una demora en el logro de las metas de reducción de emisiones de la flota marítima mundial, alejando a los países del cumplimiento de sus compromisos climáticos en la OMI.En general, los costos de la reducción de emisiones de CO2 del transporte marítimo y de otros sectores, causantes de la crisis climática actual, son una realidad para todos los países, aunque con impactos diferenciados por región. La participación activa de América Latina y el Caribe en las discusiones internacionales al respecto, a lo largo de 2025, es fundamental para garantizar que la transición energética y la reducción de la contaminación del transporte marítimo sea justa y equitativa. Es importante que los países del continente tomen una posición que les permita proteger económica y ambientalmente sus intereses frente a los impactos de este proceso.Si la estrategia de descarbonización de la OMI no cumple sus ambiciones, tendremos un transporte marítimo que agrave la crisis climática y sus efectos. El éxito de esta estrategia será un logro de consenso mundial con consideraciones ambientales. Paro ello, la equidad y la justicia de la transición debe ser uno de los elementos principales. El reconocimiento de los impactos diferenciados de las medidas de descarbonización marítima y su compensación, sobre todo en los países más afectados, asegurará un triunfo que descanse sobre criterios de justicia y equidad ambiental.
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¡Feliz Día Mundial de las Ballenas! Garanticemos su protección y tranquilidad
Nací y crecí en Chile. Aquí pasé todos mis veranos disfrutando de las playas de este largo país costero.Ya de adulta, y habiendo dedicado mi vida profesional al cuidado del ambiente, me ha llamado la atención la poca información que me dieron en el colegio acerca de la abismante riqueza natural de mi lindo país, en particular respecto a las ballenas. Nunca supe, de niña, que Chile era un país de ballenas. Y sí que lo es: de las 94 especies de cetáceos en el mundo, 43 habitan nuestras aguas y 26 de ellas (un 28% del total global) se encuentran en la Patagonia. Estamos hablando de que casi la mitad de las ballenas pasan por Chile y de que casi un tercio están en la Patagonia.Sin embargo, el país, y sobre todo la Patagonia, es también un epicentro de la salmonicultura, industria que ha crecido rápidamente, amenazando los ecosistemas marinos. Chile es hoy el segundo productor mundial de salmón, solo superado por Noruega, donde, a diferencia de lo que ocurre aquí, el salmón es una especie nativa.Al hablar con mis pares, me he dado cuenta que muchos sienten lo mismo. En Chile, al menos en los años que yo crecí, no se hablaba mucho sobre los cetáceos de los que nuestros mares y costas son guardianes.¿Por qué en el colegio no nos enseñaron sobre estos majestuosos seres que habitan nuestras aguas? ¿Cuántas oportunidades de concientización y protección se habrán perdido con ese silencio que dejó de inspirar a tantos/as niños/as como yo? Y en consecuencia, ¿habrá tenido esta carencia algún efecto en la escasez de información disponible sobre las amenazas que enfrentan los cetáceos en Chile?Hagamos algo al respecto. Hoy, en el Día Mundial de las Ballenas, ellas merecen ser el centro de atención. Y con eso en mente, AIDA —junto a Greenpeace y ONG FIMA, aliadas históricas en la resistencia de la expansión de la salmonicultura en las aguas de la Patagonia chilena— lanzó un informe científico acerca de los impactos de esta industria en los cetáceos que habitan el extremo sur del país.El informe, elaborado por un equipo multidisciplinario de científicas, reveló datos alarmantes: las ballenas de la Patagonia están sometidas a múltiples amenazas causadas por la salmonicultura, pero no hay suficiente investigación ni monitoreo para medir su impacto real. Este vacío de información impide tomar medidas de conservación adecuadas y refuerza la necesidad de estudios sistemáticos y mayor fiscalización.Necesitamos visibilizar lo que está ocurriendo. Hablemos de las recientes muertes de ballenas en nuestras aguas protegidas o del estudio científico publicado en la revista Marine Policy, que explica que Chile tiene la mayor tasa de mortalidad de ballenas por colisiones con embarcaciones a nivel mundial desde 2013. Esto confirma el riesgo que habíamos identificado, aún falten datos precisos y regulaciones efectivas para mitigarlo.Propongo que hoy nos tomemos un momento para hablar de estos gentiles gigantes que transitan por las aguas del mundo y que pasan tan seguido por este rincón del mundo.Ojalá podamos contarles a los niños y niñas acerca de ellas, incluso llevarles a visitarlas en los diversos puntos de avistamiento que ofrece nuestro país y nuestra región. Que esta información llegue a quienes educan, para que las nuevas generaciones crezcan con el conocimiento y orgullo de ser guardianas de estas especies.Desde AIDA, junto con muchas otras organizaciones, seguiremos aportando con información, litigio e incidencia para garantizarles la protección y tranquilidad que merecen, por el solo hecho de existir.Consulta nuestro informe Cetáceos y Salmonicultura: Desafíos para la protección de la biodiversidad marina en la Patagonia chilena
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