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Conoce más sobre las negociaciones para reducir la contaminación del transporte marítimo
Descarbonizar las actividades productivas y económicas es fundamental y urgente para enfrentar la triple crisis —climática, de contaminación y de pérdida de biodiversidad— que enfrenta el mundo. En el transporte marítimo —que mueve cada año 10.000 millones de toneladas de carga y genera el 2.9 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), entre ellos dióxido de carbono (CO2)—, la necesidad mundial de reducir y, en el largo plazo, eliminar estas emisiones es abordada por la Organización Marítima Internacional (OMI), agencia especializada de la ONU a cargo de generar normas para un transporte marítimo seguro, eficiente y libre de contaminación.Avanzar hacia la descarbonización es fundamental pues de no haber cambios sustanciales, las emisiones del transporte marítimo podrían crecer hasta un 50% en 2050.La OMI tiene una Estrategia Revisada de Reducción de Emisiones, acordada en 2023 por los 175 países que integran el organismo. Con ella se espera reducir las emisiones del sector hasta en 30% a 2030, en 80% a 2040 y alcanzar el cero neto alrededor del año 2050. La implementación de la estrategia es actualmente objeto de negociaciones internacionales.AIDA participa en estas negociaciones como parte de la Clean Shipping Coalition, una coalición internacional de organizaciones. Además, coordina esfuerzos con Ocean Conservancy y Organización Cethus para generar incidencia con países latinoamericanos y colaborar con información técnica actualizada sobre el avance de las negociaciones y sus implicaciones para la región.La descarbonización del transporte marítimo mundial y sus impactos económicos es una discusión muy importante para América Latina y el Caribe. Es necesario que todos los países y sectores de la economía se alineen con metas claras y que se evalúe de forma igualitaria y justa todos los impactos que se generen, así como las formas en que los países pueden mitigarlos.Aquí te contamos más de este importante proceso. ¿Qué medidas están en discusión para reducir la contaminación del transporte marítimo?Lo que se está negociando a nivel internacional es la elección del paquete de medidas necesarias para lograr las metas acordadas en 2023 para la reducción de emisiones de GEI en el transporte marítimo. Este paquete incluye medidas técnicas y económicas. Su estructura final será decidida en abril de este año en Londres, sede de la OMI, marcando un hito mundial en la lucha mundial contra la crisis climática.Las medidas técnicas incluyen un estándar global de combustibles, la captura de carbono en los barcos, mediciones de eficiencia energética de los combustibles utilizados y la reducción de velocidad de los barcos, entre otras. Todas ellas buscan que la operación del transporte marítimo sea lo más eficiente posible respecto de los combustibles usados, además de desincentivar gradualmente el uso de los combustibles más contaminantes. Esto implica utilizar la menor cantidad de energía, emitir la menor cantidad de CO2 y mantener en funcionamiento al sector.Como complemento a las medidas técnicas, se plantean medidas económicas orientadas a poner precio a las emisiones de CO2 del transporte marítimo. Se espera así que el incremento en la eficiencia de los barcos tenga no solo un componente tecnológico, sino también un estímulo de mercado. Esta combinación es fundamental para lograr las metas de reducción de emisiones pues permitirá que los sectores público y privado:Cuenten con los recursos económicos para las inversiones en nuevas tecnologías, en nuevos combustibles y otras que la transición energética del sector requiere. Tengan un estímulo económico para cerrar la actual brecha de costos entre los combustibles fósiles y las tecnologías limpias cercanas a las cero emisiones. Para definir la asignación de un precio a las emisiones de CO2, hay dos grandes propuestas:La primera tiene una estructura flexible frente a las emisiones. En su versión más básica, considera las diferencias en las emisiones para la implementación de la medida. Para ello se contempla un "límite permitido” de emisiones de CO2, clasificando a los barcos en aquellos que están debajo de este y aquellos que están por encima. Los primeros podrían recibir una recompensa económica y los segundos pagarían una tarifa por el CO2 emitido en el marco de un sistema de cupos de emisiones. En esta medida, aunque existe un mecanismo para regular las emisiones debajo del límite establecido, la tolerancia a estas limita la posibilidad de una reducción acelerada, lo que podría demorar la transición energética que la crisis climática requiere. La segunda tiene una estructura universal, lo que se traduce en poner un precio fijo a todas las emisiones de CO2 generadas por la operación de la flota marítima. Con ello se busca crear un estímulo de mercado que aumente la demanda de nuevas tecnologías de bajas emisiones (nuevos barcos y combustibles), promoviendo que los operadores marítimos las adquieran para evitar el pago de una tarifa. Con esta medida se espera tener un seguimiento más preciso de las emisiones totales de los barcos, motivar una transición energética más rápida y pronunciada, así como recolectar y luego redistribuir entre operadores marítimos y países una cantidad considerable de recursos económicos para mitigar los costos e impactos negativos desproporcionados que el proceso de descarbonización genere. ¿Qué implica la descarbonización del transporte marítimo para América Latina y el Caribe?Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a los desastres asociados al cambio climático por lo que las acciones orientadas a lograr metas de descarbonización en distintos sectores de la economía regional son fundamentales para hacerle frente a la crisis climática.Por otro lado, las acciones destinadas específicamente a la descarbonización del transporte marítimo tendrán impactos diferenciados a corto, mediano y largo plazo en cada uno de los países del continente. Por ejemplo, la elección de una u otra propuesta para el pago de una tarifa por las emisiones de CO2 del sector —la modalidad flexible o el precio fijo— tendrán impactos distintos en cada país. Lo que es común en todos los escenarios es que la región será fuertemente afectada por el proceso de descarbonización del transporte marítimo.En este sentido, es importante que los países identifiquen cuáles son los escenarios que les permiten un mayor rango de acción frente a estos impactos para compensarlos y para que la transición sea equitativa y justa, sin dejar a ningún país atrás.En términos económicos, la implementación de un precio universal para las emisiones de CO2 posibilitaría que los Estados reciban una parte de los recursos económicos obtenidos para compensar y mitigar los impactos de la descarbonización. Las cantidades y formas de este traspaso de recursos serán consensuadas en la OMI. Se espera que la combinación de medidas más ambiciosas (técnicas y económicas) recolecte hasta 120.000 millones de dólares anuales en los próximos años. La propuesta flexible para el pago por emisiones no incluye mecanismos de redistribución de recursos pues estos irían directamente a los operadores del transporte marítimo y a los productores de combustibles. Así, los países tendrían que mitigar los impactos de la descarbonización con recursos propios.Desde una perspectiva ambiental, sin el estímulo previsto por un precio universal, existe el riesgo de que el esquema flexible promueva indirectamente la continuidad del uso de combustibles que generan emisiones de CO2, sobre todo en regiones con recursos económicos limitados para invertir en la tecnología de punta menos contaminante. Esto causaría una demora en el logro de las metas de reducción de emisiones de la flota marítima mundial, alejando a los países del cumplimiento de sus compromisos climáticos en la OMI.En general, los costos de la reducción de emisiones de CO2 del transporte marítimo y de otros sectores, causantes de la crisis climática actual, son una realidad para todos los países, aunque con impactos diferenciados por región. La participación activa de América Latina y el Caribe en las discusiones internacionales al respecto, a lo largo de 2025, es fundamental para garantizar que la transición energética y la reducción de la contaminación del transporte marítimo sea justa y equitativa. Es importante que los países del continente tomen una posición que les permita proteger económica y ambientalmente sus intereses frente a los impactos económicos de este proceso.Si la estrategia de descarbonización de la OMI no cumple sus ambiciones, tendremos un transporte marítimo que agrave la crisis climática y sus efectos. El éxito de esta estrategia será un logro de consenso mundial con consideraciones ambientales. Pero ello, la equidad y la justicia de la transición debe ser uno de los elementos principales. El reconocimiento de los impactos diferenciados de las medidas de descarbonización marítima y su compensación, sobre todo en los países más afectados, asegurará un triunfo que descanse sobre criterios de justicia y equidad ambiental.
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¡Feliz Día Mundial de las Ballenas! Garanticemos su protección y tranquilidad
Nací y crecí en Chile. Aquí pasé todos mis veranos disfrutando de las playas de este largo país costero.Ya de adulta, y habiendo dedicado mi vida profesional al cuidado del ambiente, me ha llamado la atención la poca información que me dieron en el colegio acerca de la abismante riqueza natural de mi lindo país, en particular respecto a las ballenas. Nunca supe, de niña, que Chile era un país de ballenas. Y sí que lo es: de las 94 especies de cetáceos en el mundo, 43 habitan nuestras aguas y 26 de ellas (un 28% del total global) se encuentran en la Patagonia. Estamos hablando de que casi la mitad de las ballenas pasan por Chile y de que casi un tercio están en la Patagonia.Sin embargo, el país, y sobre todo la Patagonia, es también un epicentro de la salmonicultura, industria que ha crecido rápidamente, amenazando los ecosistemas marinos. Chile es hoy el segundo productor mundial de salmón, solo superado por Noruega, donde, a diferencia de lo que ocurre aquí, el salmón es una especie nativa.Al hablar con mis pares, me he dado cuenta que muchos sienten lo mismo. En Chile, al menos en los años que yo crecí, no se hablaba mucho sobre los cetáceos de los que nuestros mares y costas son guardianes.¿Por qué en el colegio no nos enseñaron sobre estos majestuosos seres que habitan nuestras aguas? ¿Cuántas oportunidades de concientización y protección se habrán perdido con ese silencio que dejó de inspirar a tantos/as niños/as como yo? Y en consecuencia, ¿habrá tenido esta carencia algún efecto en la escasez de información disponible sobre las amenazas que enfrentan los cetáceos en Chile?Hagamos algo al respecto. Hoy, en el Día Mundial de las Ballenas, ellas merecen ser el centro de atención. Y con eso en mente, AIDA —junto a Greenpeace y ONG FIMA, aliadas históricas en la resistencia de la expansión de la salmonicultura en las aguas de la Patagonia chilena— lanzó un informe científico acerca de los impactos de esta industria en los cetáceos que habitan el extremo sur del país.El informe, elaborado por un equipo multidisciplinario de científicas, reveló datos alarmantes: las ballenas de la Patagonia están sometidas a múltiples amenazas causadas por la salmonicultura, pero no hay suficiente investigación ni monitoreo para medir su impacto real. Este vacío de información impide tomar medidas de conservación adecuadas y refuerza la necesidad de estudios sistemáticos y mayor fiscalización.Necesitamos visibilizar lo que está ocurriendo. Hablemos de las recientes muertes de ballenas en nuestras aguas protegidas o del estudio científico publicado en la revista Marine Policy, que explica que Chile tiene la mayor tasa de mortalidad de ballenas por colisiones con embarcaciones a nivel mundial desde 2013. Esto confirma el riesgo que habíamos identificado, aún falten datos precisos y regulaciones efectivas para mitigarlo.Propongo que hoy nos tomemos un momento para hablar de estos gentiles gigantes que transitan por las aguas del mundo y que pasan tan seguido por este rincón del mundo.Ojalá podamos contarles a los niños y niñas acerca de ellas, incluso llevarles a visitarlas en los diversos puntos de avistamiento que ofrece nuestro país y nuestra región. Que esta información llegue a quienes educan, para que las nuevas generaciones crezcan con el conocimiento y orgullo de ser guardianas de estas especies.Desde AIDA, junto con muchas otras organizaciones, seguiremos aportando con información, litigio e incidencia para garantizarles la protección y tranquilidad que merecen, por el solo hecho de existir.Consulta nuestro informe Cetáceos y Salmonicultura: Desafíos para la protección de la biodiversidad marina en la Patagonia chilena
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Corredor Biocultural: Esperança de um futuro melhor para o Pantanal
Por Jorge Lu Palencia e Andrea Islas López*O Pantanal é uma zona úmida única e rica. Reúne elementos da floresta semiárida amazônica, da Mata Atlântica (floresta úmida), do Cerrado (savana tropical), da floresta seca chiquitana e da savana estépica do Chaco. Com uma área de quase 18 milhões de hectares, abrange as fronteiras da Bolívia, Brasil e Paraguai. Sua biodiversidade é fundamental para a proteção da água, produção de alimentos, regulação do clima, bem como para a vida e a cultura de milhões de pessoas: camponeses, comunidades tradicionais, comunidades quilombolas e povos indígenas. No entanto, o Pantanal corre o risco de desaparecer por causa das devastadoras temporadas de incêndios florestais e das outras ameaças causadas pela deficiência estrutural na gestão institucional do ecossistema.Em 2022, as organizações da sociedade civil solicitaram à Convenção de Ramsar aplicar ao Pantanal as medidas de proteção para áreas úmidas de importância internacional, alertando que o número de focos de incêndio subiu cinco vezes a média histórica. Já em 2024, foi denunciado que a temporada de incêndios ultrapassou mais uma vez a média histórica.Poucas semanas após os incêndios, em novembro de 2024, os Comitês Populares da Água e do Clima – formados por pequenos agricultores da bacia do rio Paraguai – se reuniram para celebrar a natureza e reafirmar seu compromisso com a proteção da água por meio da validação do Corredor Biocultural do Rio Paraguai/Pantanal.Esses comitês atuam há mais de 25 anos para enfrentar as ameaças socioambientais da mineração, de projetos como hidrovias e hidrelétricas, bem como das monoculturas de soja e cana-de-açúcar.Representam um modelo alternativo de gestão de ecossistemas onde as comunidades se organizam para proteger o seu território e promover práticas sustentáveis. O que significa a validação do corredor biocultural?Na prática ambiental, o termo “corredor” é aplicado aos corredores ecológicos, cuja principal função é a conectividade, ou seja, a movimentação de espécies da fauna para abrigo, alimentação e reprodução, bem como a dispersão de plantas.Acrescentar o elemento “biocultural” aos corredores é pensar que o ser humano faz parte do ecossistema, que a conservação da natureza não exclui o objetivo de tornar possível a vida plena dos grupos humanos e que a cultura – materializada nas diversas visões de mundo, conhecimentos ancestrais, práticas tradicionais e formas próprias de organização – é um elemento fundamental para proteger a natureza de forma eficiente.A validação dos comitês populares do Pantanal é um marco que nos lembra que a proteção da natureza não depende apenas da ação dos governos, mas é possível por meio da consciência popular e da iniciativa das comunidades e povos. Demonstra que o exercício dos direitos de participação pública é inalienável e fundamental para políticas públicas que viabilizem a vida e a justiça socioambiental.Os corredores bioculturais permitem a integração da conservação da natureza e das atividades econômicas e culturais com práticas ecológicas, promovendo assim um futuro mais sustentável para as comunidades e para a região do Pantanal.Também significa o nascimento de uma iniciativa de conservação mais legítima e eficaz, de gestão com governança participativa e de um sistema organizacional onde as decisões e políticas florescem de baixo para cima. Um modelo alternativo diante da má gestão institucional No contexto da crise climática e de um sistema político-econômico que agrava as ameaças, as intensas temporadas de incêndios no Pantanal expõem os problemas da mudança no uso da terra, do uso irresponsável do fogo para atividades agrícolas e pecuárias, da má gestão de recursos para prevenir e combater incêndios, além da ausência de coordenação e cooperação transfronteiriça.As deficiências estruturais na gestão institucional resultaram em políticas públicas insuficientes, que promoveram a perda de habitat por meio de incentivos às monoculturas e à pecuária extensiva; afetou o volume hídrico devido ao uso dos cursos de água para transporte; e aprisiona a água em barragens, o que compromete os serviços ecossistêmicos, a subsistência e a cultura das comunidades locais e dos povos indígenas.Diante deste panorama, a validação do corredor biocultural surge como um modelo alternativo de gestão territorial, promovido pelo povo como resposta à falta de políticas públicas eficazes.Com esse modelo, as comunidades incentivam a educação popular consciente para proteger a água e adotar práticas agrícolas ecológicas, em vez de dependerem de um sistema que favorece uma economia de degradação à custa da destruição do habitat. Razões para ter esperança na preservação do PantanalA validação do corredor biocultural nos permite ser otimistas devido aos seguintes fatores:A resiliência dos pantaneiros, que lhes permite superar a devastação e abrir um caminho alternativo para a conservação do ecossistema com a iniciativa e participação dos agricultores populares.Consciência e ação emancipatória, que colocam a vida no centro com base nos direitos da natureza, no respeito aos direitos humanos e na justiça social e ambiental.Uma organização que resiste e se constrói democraticamente, baseada na identidade pantaneira, no misticismo, nos saberes ancestrais e nas práticas tradicionais sustentáveis.Um modelo de gestão popular e participativo que harmoniza os propósitos de conservação e desenvolvimento integral, que constrói pontes com outras comunidades e povos indígenas e que tem potencial para se expandir como um sistema de governança socioambiental transfronteiriço com abordagem ecossistêmica.Graças aos comitês populares o Pantanal vive e tem possibilidades de um futuro mais sustentável. A criação do corredor biocultural é um claro sinal de esperança para esse vasto e rico território.Esse modelo, baseado na gestão popular e no respeito à natureza, oferece uma alternativa viável às ameaças que a região enfrenta e é fonte de inspiração para outros territórios em crise no continente.* Jorge Lu Palencia é advogado do Programa de Ecossistemas da AIDA; Andrea Islas López é advogada e estagiária na AIDA.
Leer másCorredor Biocultural: Esperanza de un futuro mejor para el Pantanal
Por Jorge Lu Palencia y Andrea Islas López*El Pantanal es un humedal único y de gran riqueza. Integra elementos de la selva amazónica semiárida, la Mata Atlántica (bosque húmedo), El Cerrado (sabana tropical), el bosque seco chiquitano y la sabana esteparia del Chaco. Con una extensión de casi 18 millones de hectáreas, trasciende las fronteras de Bolivia, Brasil y Paraguay. Su biodiversidad es fundamental para la protección del agua, la producción de alimentos, la regulación del clima, así como para la vida y cultura de millones de personas: campesinas, comunidades tradicionales, comunidades quilombolas y pueblos indígenas. Sin embargo, el Pantanal está en riesgo de desaparecer por las devastadoras temporadas de incendios forestales y otras amenazas originadas en las deficiencias estructurales de la gestión institucional del ecosistema.En 2022, organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Convención Ramsar aplicar al Pantanal los mecanismos de protección para humedales de importancia internacional, advirtiendo que el número de focos de incendios se había elevado a cifras cinco veces mayores que el promedio histórico. Y, en 2024, denunciaron que la temporada de incendios superó nuevamente las condiciones históricas promedio.Unas semanas después de los incendios, en noviembre de 2024, los Comités Populares del Agua y el Clima —conformados por pequeños agricultores de la cuenca del Río Paraguay— se reunieron para celebrar a la naturaleza y reafirmar su compromiso con la protección del agua mediante la autoafirmación del Corredor Biocultural del Río Paraguay / Pantanal.Estos comités han estado activos por más de 25 años para hacer frente a las amenazas socioambientales de la minería, de proyectos como hidrovías y presas hidroeléctricas, así como de los monocultivos de soja y caña de azúcar.Representan un modelo alternativo de gestión del ecosistema donde las comunidades se organizan para proteger su territorio y promover prácticas sostenibles. ¿Qué significa la autoafirmación del corredor biocultural?En la práctica ambiental, el término “corredor” se aplica a los corredores ecológicos, cuya función principal es la conectividad, es decir, el movimiento de las especies de fauna para refugio, alimentación y reproducción, así como la dispersión de las plantas.Sumar a los corredores el elemento “biocultural” es pensar en que los seres humanos somos parte del ecosistema, que la conservación de la naturaleza no excluye la finalidad de hacer posible la vida plena de los grupos humanos y que la cultura —materializada en las diversas cosmovisiones, conocimientos ancestrales, prácticas tradicionales y formas propias de organización— es un elemento fundamental para proteger efectivamente la naturaleza.La autoafirmación hecha por los comités populares del Pantanal es un hito que nos recuerda que la protección de la naturaleza no depende solo de la acción de los gobiernos, sino que es posible por la conciencia e iniciativa popular de las comunidades y los pueblos. Da cuenta que el ejercicio de los derechos de participación pública es irrenunciable y fundamental para políticas públicas que posibiliten la vida y la justicia socioambiental.Los corredores bioculturales permiten integrar la conservación de la naturaleza y las actividades económicas y culturales con prácticas ecológicas, propiciando así un futuro más sostenible para las comunidades y la región del Pantanal.Significan el nacimiento de una iniciativa de conservación más legítima y eficaz, de una gestión con gobernanza participativa y de un sistema de organización donde las decisiones y las políticas florecen de abajo hacia arriba. Un modelo alternativo a la deficiente gestión institucional En el contexto de la crisis climática y de un sistema político económico que exacerba las amenazas, las devastadoras temporadas de incendios en el Pantanal exhiben los problemas de cambio de uso del suelo, el uso irresponsable del fuego para las actividades agrícolas y ganaderas, una gestión inadecuada de recursos para prevenir y combatir los incendios, además de la ausencia de coordinación y cooperación transfronteriza.Las deficiencias estructurales de la gestión institucional se han traducido en políticas públicas insuficientes o que incluso han causado la pérdida del hábitat a través de incentivos a los monocultivos y a la ganadería extensiva, afectado la regulación hídrica por el uso de hidrovías y atrapado en represas al agua que permite los servicios ecosistémicos, la subsistencia y la cultura de las comunidades locales y pueblos indígenas.Frente a este panorama, la autoafirmación del corredor biocultural surge como modelo alternativo de gestión del territorio, impulsado por el pueblo como respuesta a la falta de políticas públicas efectivas.Con este modelo, las comunidades impulsan la educación popular consciente para proteger el agua y adoptar prácticas de agricultura ecológica, en lugar de depender de un sistema que favorece una economía de degradación a costa de la destrucción del hábitat. Razones para tener esperanza en la preservación del PantanalLa autoafirmación del corredor biocultural nos permite ser optimistas debido a:La resiliencia de las y los pantaneros, que les permite sobreponerse a la devastación y abrir un camino alterno para la conservación del ecosistema con la iniciativa y participación campesina popular.La conciencia y acción emancipatorias, que colocan en el centro a la vida con base en los derechos de la naturaleza, el respeto a los derechos humanos, la justicia social y ambiental.Una organización que resiste y se construye democráticamente, basada en la identidad pantanera, la mística, los conocimientos ancestrales y las prácticas tradicionales sostenibles.Un modelo de gestión popular y participativo, que armoniza los fines de conservación y de desarrollo integral, que tiende puentes con otras comunidades y pueblos indígenas, y que tiene el potencial de expandirse como sistema de gobernanza socioambiental transfronterizo con enfoque ecosistémico.Gracias a los comités populares, el Pantanal vive y tiene posibilidades de un futuro más sostenible. La creación del corredor biocultural es una clara señal de esperanza para este vasto y rico territorio de humedales.Este modelo, basado en la gestión popular y el respeto por la naturaleza, ofrece una alternativa viable frente a las amenazas que enfrenta el Pantanal y es una fuente de inspiración para otros territorios en crisis del continente.* Jorge Lu Palencia es abogado del Programa de Ecosistemas de AIDA; Andrea Islas López es abogada y pasante en AIDA.
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Hablemos del cierre y salida responsable de proyectos
Ningún proyecto minero, de extracción de combustibles fósiles y de generación de energía dura para siempre. Su vida útil está condicionada a factores internos, como la cantidad de reservas de los recursos, y externos, como la disminución de la demanda o problemas financieros, entre otros.Pero, sin importar la duración del proyecto o cómo esta pueda verse afectada, quienes lo promuevan —sean actores públicos o privados— deben prever un proceso de cierre y salida responsable con el entorno natural y con la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todas las personas involucradas.Este asunto es aún más relevante en el contexto de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática, relacionadas en gran parte con la transición energética, la cual implica en términos generales sustituir los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles; así como promover energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran gran importancia.En el primero, es necesario incluir en los proyectos vigentes obligaciones concretas y exigibles de cierre y salida responsable. En el segundo, estos requerimientos deben incluirse desde la etapa de planificación y la de prefactibilidad, integrándolos también las evaluaciones de impacto ambiental y en fases posteriores.En todos los proyectos, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que forman parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, financiadores, aseguradoras, proveedores, distribuidores y compradores, entre otros.Por lo señalado, la conversación en torno al cierre y salida responsable de proyectos es fundamental para abonar a la protección del ambiente y la gestión climática en América Latina.¿Qué entendemos por cierre y por salida de un proyecto?Todos los proyectos minero-energéticos tienen distintas fases a lo largo de su ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y poscierre. A su vez, tienen cadenas de suministro y de valor en las que participan —como dijimos— actores de diversos sectores.En este contexto, el cierre se refiere a la etapa de un proyecto en la cual este deja de operar y se da por finalizado. Por su parte, la salida se refiere a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro del proyecto, desde su propio rol, se desvinculan por completo de este. ¿Qué implica que un proceso de cierre y de salida sea responsable?Actualmente no existe un consenso sobre la definición y el alcance de los procesos de salida y de cierre de proyectos para que sean responsables y justos. En ocasiones, estos términos se utilizan de forma indiscriminada, lo que puede generar confusiones acerca de las responsabilidades de los actores involucrados y el alcance de los procesos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, hay elementos que permiten explicar estos conceptos con precisión:El cierre responsable y justo de un proyecto es un proceso planificado, realizado con anticipación, que debe contemplarse desde las fases iniciales del proyecto y actualizarse constantemente según su desarrollo. Por medio del cierre responsable se garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo, garantizando también el derecho a un ambiente sano. La planificación y el desarrollo de un plan de cierre deben estar enfocados en la gestión de riesgos, así como en la prevención y mitigación de impactos. Ello asegura un cierre responsable en el que las áreas afectadas puedan readecuarse y ser seguras tanto para la naturaleza como para las comunidades, permitiendo además que los ecosistemas recuperen sus funciones.La obligación general del promotor del proyecto es identificar en debida forma los impactos que este puede causar y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las medidas aprobadas por el Estado en sus instrumentos de gestión ambiental.La principal obligación del Estado (además de su deber general de regulación) es supervisar y fiscalizar el proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones del promotor, previniendo que se generen daños ambientales y/o sociales.El rol de los demás actores de la cadena de valor y de suministro es actuar con debida diligencia, utilizando su influencia para incentivar que el promotor del proyecto cumpla con sus obligaciones y, en caso de notar incumplimientos, tomar medidas desde su papel y capacidad de influencia para que se adopten las acciones correctivas necesarias.La salida responsable y justa se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor y de suministro cuando deciden desvincularse por completo de un proyecto, atendiendo las responsabilidades propias de su rol, que implican cumplir sus obligaciones en materia de respeto y debida diligencia en derechos humanos.En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas.Para conocer más del tema, consulta el informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina
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La búsqueda internacional de justicia de las comunidades mapuches en Mendoza, Argentina
En un contexto de crisis climática mundial que ha profundizado las desigualdades existentes en América Latina, las comunidades del pueblo mapuche en Mendoza, Argentina, enfrentan múltiples amenazas que incrementan su vulnerabilidad climática y lesionan sus derechos.Una de estas actividades es la fractura hidráulica o fracking, un método de extracción de hidrocarburos ampliamente relacionado con impactos socioambientales. En Argentina, es empleado de forma extendida en el megaproyecto Vaca Muerta, emplazado en un territorio de aproximadamente 30,000 km², considerado la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencionales.Una porción significativa de Vaca Muerta se encuentra en territorio mendocino, donde el megaproyecto abarca 8,700 km². En esta provincia, las comunidades mapuches enfrentan además un complejo entorno político que pone en riesgo sus derechos territoriales e incluso su identidad. A esto se suman políticas públicas a nivel nacional que van en detrimento de los derechos indígenas en el país. Lo anterior responde a la intención de despojar a las comunidades de sus tierras para facilitar el avance del fracking y de otras actividades extractivas.Ante este panorama, el pueblo mapuche no está dispuesto a ceder en la defensa de sus derechos, sus modos de vida y su integridad territorial.La Organización Identidad Territorial Malalweche —que representa a más de 20 comunidades del pueblo mapuche en la provincia de Mendoza— ha recurrido a diferentes organismos internacionales para denunciar y visibilizar la crítica situación, así como buscar justicia. Este proceso de denuncia internacional incluye comunicaciones a la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos, así como la presentación de un escrito legal (amicus curiae) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Las múltiples afectaciones del frackingLa extracción de petróleo y gas mediante fracking en Vaca Muerta se realiza sobre territorios ancestrales del pueblo mapuche. El fracking es una técnica extrema de extracción que implica mayores impactos al ambiente, incluyendo mayores emisiones de gases de efecto invernadero. En las provincias de Neuquén y Río Negro, donde la explotación de Vaca Muerta se encuentra más extendida, los daños graves al ambiente y la población se están produciendo hace más de 10 años y continúan en aumento.Para las comunidades mapuches, los impactos del fracking van más allá de los daños físicos al entorno. Las actividades extractivas en sus territorios erosionan su capacidad de autodeterminación y afectan profundamente su bienestar psicológico y espiritual porque su relación con la tierra es fundamental para su identidad y cultura.Si bien el fracking en territorio mendocino está en una etapa inicial, con pocos pozos activos, las empresas y la provincia tienen planes de incrementarlo, a lo que se suma el crecimiento sostenido de la actividad en toda Vaca Muerta. Para ello necesitan mayores extensiones de terreno y disponibilidad de grandes cantidades de agua. En el contexto descrito, prácticas tradicionales como la trashumancia —un tipo de migración estacional en la que los pastores trasladan sus animales entre zonas de pastoreo en diferentes épocas del año— están gravemente amenazadas.El crecimiento de estas actividades, en el contexto actual de crisis hídrica y climática que atraviesa la región, aumenta la vulnerabilidad de estas comunidades y compromete su capacidad de seguir viviendo de manera sostenible en su entorno natural. Menores garantías para los derechos humanosComo estrategia para expandir la ocupación de territorios mapuches con actividades extractivas como el fracking, se han adoptado medidas regresivas que degradan el marco de protección de los derechos indígenas en Mendoza y en todo el país.Una de ellas es la declaración aprobada en marzo de 2023 por la Cámara de Diputados de Mendoza que cuestiona el estatus de los mapuches como pueblos originarios argentinos. Esto ha generado preocupación sobre las posibilidades de reconocimiento de sus derechos territoriales y el aumento de los desalojos que ya sufren.Además, a nivel nacional, se impulsan medidas complementarias que facilitan el desarrollo de actividades extractivistas por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entre ellas está el cierre por decreto del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, cuya misión era la promoción de políticas y medidas orientadas a una sociedad libre de discriminación. Esta medida implica un debilitamiento de la protección institucional de los derechos humanos.De manera similar, el gobierno anunció el cierre del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dedicado a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque la medida no se ha concretado, se eliminó su autonomía funcional y se eliminaron las áreas destinadas al reconocimiento de las comunidades y regularización de sus territorios. En la práctica, estas medidas impiden que estos pueblos ejerzan el derecho constitucional a sus tierras ancestrales.Aunado a ello, se derogó la Ley 26160, que suspendía los desalojos de pueblos indígenas mientras tramitaran su regularización territorial. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, argumentó que no pueden existir leyes perpetuas que impidan los desalojos, pues "no puede haber derecho a usurpar". Los desalojos violentos contra comunidades originarias ya comenzaron. Acciones internacionales de defensaEn respuesta, las comunidades mapuches de Mendoza han mostrado una enorme capacidad de organización y resistencia. Han accedido a instancias internacionales para exponer su situación y exigir medidas concretas de autoridades locales y nacionales. Un ejemplo clave son las comunicaciones enviadas a las Relatorías de la ONU sobre los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos para denunciar la persecución política y violaciones a sus derechos territoriales, enfatizando la complacencia de las autoridades con los intereses extractivistas. Estas denuncias se han centrado en la defensa de sus derechos frente al avance del fracking y otras actividades extractivas.Adicionalmente, las comunidades fueron parte del proceso de la opinión consultiva mediante la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos esclarecerá las obligaciones de los Estados del continente para proteger los derechos humanos ante la crisis climática.La Organización Malalweche presentó un escrito legal (amicus curiae) y su representante dio testimonio en una audiencia pública ante el tribunal internacional para evidenciar que la extracción de hidrocarburos mediante fracking y la minería metalífera que se realiza en sus territorios limita sus capacidades de resiliencia frente a la crisis climática y profundiza la grave situación de escasez hídrica en la zona, poniendo en riesgo su supervivencia.Las comunidades Mapuche de Mendoza también dieron propuestas concretas de acción. Demandaron su inclusión en todos los procesos de consulta y toma de decisiones que afecten sus territorios, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Destacaron la importancia de incorporar su sabiduría tradicional en el desarrollo de políticas públicas para beneficiar a las comunidades indígenas y contribuir a soluciones más efectivas y sostenibles frente a los desafíos ambientales globales.Además, solicitaron la intervención de organismos multilaterales para exigir al Estado argentino garantizar la consulta previa, libre e informada y fortalecer los organismos nacionales encargados de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Estas acciones de resistencia, respaldadas por organizaciones que defienden los derechos humanos y el ambiente, buscan garantizar no solo la protección de los territorios ancestrales del pueblo mapuche, sino también su derecho a vivir en paz, con dignidad y en armonía con su entorno natural. Su fin último es asegurar la autodeterminación de los pueblos indígenas, permitiéndoles gestionar sus tierras y recursos según sus cosmovisiones, profundamente conectadas con la conservación.El reconocimiento de los derechos de las comunidades mapuches, que incluye el cese en sus territorios de actividades extractivas como el fracking, es esencial para proteger su cultura, salud y subsistencia. Con su sabiduría ancestral, ofrecen un camino hacia el combate efectivo de la crisis climática, hacia un futuro más justo y sostenible.
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10 buenas noticias legales para la justicia y la lucha climática en 2024
Si algo hemos visto este año en el mundo es el avance de los litigios climáticos y la publicación de nuevas guías y mejores prácticas pensando en las futuras generaciones. Sabemos que la lucha climática muchas veces puede parecer agotadora, pero hoy te invitamos a tomar un respiro y celebrar los avances, las buenas noticias y las victorias que nos acercan a la justicia climática. 1. La emergencia climática llega a la Corte InteramericanaEste año llegó una pregunta muy importante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH): ¿qué obligaciones tienen los Estados para proteger a las personas, en especial a quienes están en situación de vulnerabilidad, frente a los impactos de la crisis climática?Colombia y Chile solicitaron una opinión consultiva a la Corte para responder esta pregunta. Y, para ello, la Corte llamó a audiencias públicas que tuvo una participación sin precedentes. AIDA participó como expositores y ayudamos con 15 escritos a comunidades, organizaciones y alianzas de la sociedad civil. Esperamos su pronunciamiento en el primer semestre de 2025.Conoce más de las voces del territorio que llegaron a la Corte. 2. El clima, en el fallo histórico por el ambiente sano por la Corte InteramericanaEn marzo, la CorteIDH encontró al Estado peruano culpable de violar los derechos al ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y a la protección judicial de habitantes de la ciudad de La Oroya, además del derecho a la niñez. Fue una decisión sin precedentes, por no haber actuado oportuna y efectivamente para proteger a las y los habitantes de niveles extremos de contaminación provenientes de un complejo metalúrgico que ha operado en su comunidad por casi 90 años. En el fallo el tribunal resaltó la relación entre la protección de la niñez y las acciones contra la emergencia climática, señalando que proteger a los niños y niñas implica adoptar acciones efectivas para prevenir y mitigar los riesgos a su salud producidos por la emisión de gases contaminantes que contribuyen al cambio climático.Conoce más de los aportes jurídicos. 3. El mayor juicio por impactos climáticos en BrasilEn julio, un ganadero fue condenado a pagar más de 50 millones de dólares por destruir parte de la selva amazónica brasileña, además se le ordenó restaurar la zona afectada. La decisión se considera un hito en la lucha contra la deforestación ilegal en el país y sienta un precedente para futuras acciones legales. Se trata de la mayor demanda presentada hasta la fecha por daños a la selva solicitada por la fiscalía general de Brasil. Fue presentado por el Instituto Brasileño del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y busca compensar el daño al clima causado por la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de vegetación y la pérdida de sumideros de carbono, por la tala. La corte destacó la importancia de hacer responsables a los infractores y restaurar el ecosistema de la Amazonía.Conoce más: The Guardian y Climate Case Chart. 4. Victoria histórica para países insulares en el Tribunal Internacional del Derecho del MarLas pequeñas naciones insulares obtuvieron una contundente victoria en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (ITLOS). El fallo, emitido de forma unánime, establece que las 169 naciones firmantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar tienen la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al considerarlas contaminación marina. Esta decisión fortalece la lucha de los Estados insulares, que, pese a ser los menos responsables de la crisis climática, enfrentan sus peores consecuencias. El fallo marca un precedente global al subrayar que cumplir con el Acuerdo de París no es suficiente, y exige medidas concretas y rendición de cuentas por parte de las grandes potencias.Conoce más: Grist, EuroNews y Alto Comisionado de Derechos Humanos. 5. Un fallo impulsa la regulación de bonos de carbono en territorios indígenasLa Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo que resalta la importancia de proteger los derechos de las comunidades indígenas en los proyectos de bonos de carbono, en un caso relacionado con el territorio indígena Pirá Paraná. La sentencia, que defiende la autodeterminación de las comunidades, subraya la necesidad de una regulación más clara y con un enfoque que garantice su participación y el respeto en estos proyectos. La decisión fue recibida como un paso positivo tanto por las comunidades indígenas como por los actores del mercado de carbono, quienes consideran que este fallo proporciona mayor seguridad jurídica y fortalece la sostenibilidad de los proyectos de conservación ambiental.Conoce más: La Silla Vacía y Corte Constitucional. 6. México reconoce primeros desplazados climáticos y ordena reubicación En un hecho sin precedentes en México, las primeras familias desplazadas por el cambio climático han sido realojadas en nuevas viviendas en Tabasco. Los habitantes de El Bosque, una comunidad pesquera afectada por la erosión marina, recibieron 51 casas del Gobierno federal, marcando el inicio de un reconocimiento oficial al impacto climático en la región. Tras años de incertidumbre, estas familias, que vieron cómo el mar engullía su hogar, describen su reubicación como “un sueño cumplido”. Aunque queda trabajo por hacer para censar a todos los afectados, este paso representa un avance crucial hacia la justicia climática y la protección de las comunidades vulnerables.Fuentes: Nuestro Futuro, Greenpeace y El País. 7. Un compromiso global para alejarse de los combustibles fósilesLa Asamblea General de la ONU aprobó el Pacto para el Futuro, un acuerdo que reafirma el compromiso de miembros para avanzar en la transición hacia energías renovables. Este pacto, resultado de años de negociación, establece objetivos claros como triplicar la capacidad global de energía renovable y duplicar la eficiencia energética antes de 2030. Además, se compromete a un “desmantelamiento justo” de los combustibles fósiles, reconociendo la necesidad de un cambio global hacia un sistema energético más limpio y sostenible. Aunque aún queda por ver cómo se implementarán estos objetivos, el acuerdo marca un avance significativo para reducir el uso de combustible fósiles.Conoce más: Pacto por el Futuro y EuroNews. 8. Corea del Sur reconoce la crisis climática una cuestión constitucional En una sentencia histórica, el Tribunal Constitucional de Corea declaró inconstitucionales algunas partes de la Ley de Neutralidad de Carbono debido a que la norma no establece objetivos de reducción de gases de efecto invernadero más allá de 2030, trasladando así el peso de la acción climática a las generaciones futuras. Se trata de un avance significativo para el litigio climático a nivel mundial porque es la primera vez que la crisis climática es reconocida como una cuestión de derechos constitucionales en el país y que se reconocen los derechos de las generaciones futuras.Conoce más en la Plataforma de Litigio Climático. 9. ONU lanza principios para priorizar la justicia en la transición energética El Panel de las Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió recomendaciones clave para garantizar una gestión justa, equitativa y sostenible de estos minerales esenciales para la transición hacia energías renovables. En su informe, subraya la importancia de priorizar los derechos humanos y la justicia social, especialmente en regiones como América Latina, donde se encuentran grandes reservas de estos minerales. La propuesta incluye siete principios rectores, que abarcan desde la protección ambiental hasta la cooperación internacional, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y la equidad en los países en desarrollo.Conoce más: AIDA y Principios de la ONU. 10. La crisis climática llega a la Corte Internacional Cerramos el año con audiencias en la Corte Internacional acerca de las obligaciones legales de los gobiernos para proteger el ambiente y frenar el cambio climático. Impulsado por un grupo de estudiantes de derecho de Vanuatu, este caso podría establecer precedentes legales clave para la acción global contra el cambio climático. Se espera que la CIJ emita una opinión consultiva en 2025, la cual podría fortalecer la cooperación internacional y la asistencia a países vulnerables, promoviendo un enfoque más efectivo para enfrentar los desafíos climáticos y proteger los derechos humanos.Fuente: The Conversation. BONUS: La Plataforma de Litigio Climático sigue creciendo Con tantos avances en el mundo que pueden servir de inspiración y ejemplo, la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe sigue creciendo en información, integrantes y buscando más casos. Este proyecto, fruto de trabajo colaborativo de organizaciones y especialistas, es un esfuerzo para seguir impulsando el litigio climático y apoyar a quien lo necesite conocer más y trabajar por la justicia ambiental.
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De la mano de los territorios: 6 logros para el ambiente sano en 2024
Los conocimientos, experiencias y vivencias que vienen de los territorios, de pueblos y comunidades, son una vía importante para afrontar las crisis mundiales de clima, contaminación y pérdida de biodiversidad.En 2024, gracias a la construcción de puentes entre comunidades afectadas por degradación ambiental y espacios de decisión de alto nivel, en AIDA contribuimos al establecimiento de precedentes clave para la protección del ambiente sano en América Latina y el Caribe.Son logros que demuestran que las victorias para el ambiente y los derechos humanos en el continente pasan por incluir la voz de quienes cuidan de la naturaleza y viven en equilibrio con ella. 1. Fallo de la Corte Interamericana sienta precedente histórico para lograr justicia ante la contaminación industrialEl pasado 22 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso de residentes de la ciudad peruana de La Oroya, afectados por niveles extremos de contaminación provenientes de un complejo metalúrgico. Responsabilizó al Estado por violar sus derechos y le ordenó adoptar de medidas de reparación integral. La sentencia es la respuesta a más de 20 años de búsqueda de justicia y reparación, además de ser, hoy en día, el precedente más importante a nivel regional y mundial para la fiscalización de las actividades empresariales por parte de los Estados en materia de derechos humanos y ambiente. AIDA apoyó el caso desde 1997 y representó a las víctimas ante la corte. El resultado refleja nuestra historia de esfuerzos por garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina.Conoce Más 2. Voces del continente llegan a tribunal internacional para fortalecer la acción climáticaEn un hecho histórico y emblemático, comunidades, organizaciones y alianzas de la sociedad civil del continente llevaron sus voces al proceso de elaboración del pronunciamiento en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aclarará por primera vez las obligaciones de los Estados del continente para proteger a las personas ante la crisis climática. AIDA apoyó la inclusión de estas voces mediante la presentación de 15 escritos legales (amicus curiae) al tribunal internacional y los testiomios de representantes de comunidades en audiencias públicas. Presentamos además un escrito propio para evidenciar la existencia del derecho al “clima estable y seguro” como parte del derecho universal a un ambiente sano, así como las obligaciones de los gobiernos para garantizarlo.Conoce Más 3. El Fondo Verde del Clima cancela financiamiento a proyecto tras evidenciarse violaciones a derechos humanosEn un hecho sin precedentes, el Fordo Verde del Clima —principal entidad multilateral de financiamiento climático a nivel mundial— cenceló el desembolso de 64 millones de dólares para un proyecto forestal tras evidenciarse vulneraciones a derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. La decisión resultó de una queja, apoyada por AIDA y por organizaciones aliadas, que las comunidades presentaron al Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo Verde, instancia que inició una investigación y concluyó que el proyecto incumplía las políticas y procesos de la entidad en materia de salvaguardas socioambientales. La propuesta con la que se pidió el financiamiento ignoró el contexto de violencia y desprotección de derechos humanos que aún hoy sufren las comunidades indígenas en Nicaragua. Conoce Más 4. Alto tribunal de Colombia reafirma el derecho a la consulta previa, libre e informadaComo respuesta a dos acciones legales respaldadas por AIDA, la Corte Constitucional de Colombia, tras constatar la afectación directa al territorio de la comunidad afrodescendiente Afrowilches, determinó la violación de su derecho a la consulta previa, libre e informada en el trámite de autorización ambiental de dos proyectos piloto para extraer hidrocarburos no convencionales mediante fracking. Se trata de un hito regional en el que el alto tribunal reconoció que los procesos y regulaciones referentes a la transición energética deben ser justos y garantizar los derechos de las comunidades que puedan verse afectadas.Conoce Más 5. CIDH escucha de los impactos a derechos humanos de la minería para la transición energéticaEn audiencia pública, junto con comunidades y organizaciones aliadas, AIDA llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidencia de las violaciones a derechos humanos asociadas a la extracción de litio, cobre y otros minerales empleados para la transición energética. Estas afectaciones ya están ocurriendo en territorios altamente biodiversos y vulnerables a las presiones de la minería, como el Gran Atacama —región ubicada en la Puna transfronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— y la Amazonía. En la audiencia, solicitamos que la CIDH exhorte a los gobiernos del continente a la adopción de acciones concretas para proteger los derechos humanos en los procesos de transición energética.Conoce Más 6. Sociedad civil allana el camino para la ratificación del Tratado de Alta MarEl equipo de AIDA se unió a representantes de gobiernos de América Latina y personas expertas en una serie de reuniones informativas para esclarecer dudas acerca del Tratado de Alta Mar —orientado a proteger la vida en la zona del océano situada más allá de las aguas nacionales— y resaltar la importancia de su ratificación, además transferir conocimientos y experiencias entre países. Se abordaron temas como el mecanismo de reparto equitativo de beneficios, el fortalecimiento de capacidades y el papel de la sociedad civil en la implementación del tratado, con énfasis en las realidades de cada nación. Con este antecedente, en octubre, Panamá ratificó el acuerdo. Para que entre en vigor, el tratado debe ser ratificado por 60 países.Conoce MásEn nuestro Informe Anual 2024 encontrarás más información de estos logros y nuestro balance del año.
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COP29: La meta climática desilusiona e invita a buscar esperanza en otro lado
La vigésimo novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), celebrada en Bakú, Azerbaiyán, fue llamada “la COP del financiamiento” ya que la decisión más esperada era el establecimiento de la Nueva Meta Colectiva y Cuantificable (NCQG, por sus siglas en inglés) de financiamiento climático global, el monto al que se comprometerían los países desarrollados para financiar la acción climática en los países en desarrollo. El tema acaparó toda la atención, dejando en sombras todo lo demás. Además, la reciente reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, acompañada por su amenaza de abandonar el Acuerdo de París y revertir la acción climática del país, marcó el tono de las negociaciones.Las negociaciones, previstas del 11 al 22 de noviembre, fueron intensas y finalizaron recién en la madrugada del domingo 24, casi dos días después del cierre planeado, con la aprobación de un texto que generó gran desilusión. Aun así, la invitación es a no dejarnos enceguecer por la decepción. Por mucho que lo queramos, demandemos y esperemos, las negociaciones climáticas internacionales no entregan lo que tan desesperadamente necesitamos. Busquemos la esperanza en lo que sí sucede y funciona, como los proyectos locales, liderados por comunidades, y el trabajo de la sociedad civil, que no se rinde.A continuación, un balance de la COP29 basado en lo acordado respecto del financiamiento climático y otros temas relevantes. Nueva meta de financiamiento climáticoEl mandato era claro: la nueva meta debía superar la anterior, de 100 mil millones de dólares anuales, y responder a las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Sin embargo, mientras estos pedían 1.3 trillons (millón de millones) anuales, la oferta fue de apenas 300 mil millones (menos de un tercio y apenas el 12% del presupuesto militar mundial en 2023) para 2035. “Is this a joke?” (¿es una broma?) exclamó al respecto el jefe de la delegación boliviana en una rueda de prensa.Los países en desarrollo también demandaban que el financiamiento fuera adecuado, es decir, basado principalmente en fondos públicos, bajo la forma de donaciones e instrumentos altamente concesionales que no agravaran las pesadas deudas que ya soportan. Además, pedían una inclusión explícita de las pérdidas y daños como uno de los objetivos del financiamiento (junto con la mitigación y adaptación), así como una meta específica para la adaptación.Pero nada de eso se consiguió. La meta quedó abierta al financiamiento privado, diluyendo aún más la responsabilidad de los países desarrollados. Tampoco se estableció una meta específica para adaptación ni se incluyó mención alguna a las pérdidas y los daños. Por si quedaba alguna duda, toda referencia a los derechos humanos fue eliminada del texto final.Cómo único alivio, se hizo un llamado a movilizar 1.3 trillons de dólares anuales en financiamiento climático de una amplia base de fuentes, a través del denominado Roadmap Bakú-Belem (Hoja de Ruta Bakú-Belém), con miras a alcanzar este objetivo para 2035. Sin embargo, se trata de un “llamado” y no de un compromiso vinculante, cuyos resultados concretos dependen de la voluntad política en los próximos años. Balance Global y temas de géneroNo se logró ningún avance significativo en cuanto a los resultados del Balance Global del estado de implementación del Acuerdo de París, presentados el año pasado, particularmente en cuanto a la transición de los combustibles fósiles. El tema fue postergado para la COP30, que tendrá lugar el próximo año en la ciudad brasileña de Belém do Pará.Aunque los temas de género tampoco prosperaron lo suficiente, deben reconocerse ciertos avances, como la extensión por 10 años del Programa de Trabajo de Lima, que sienta las bases para el desarrollo de un Plan de Acción de Género y ofrece la oportunidad de seguir profundizando la integración de la equidad de género en la acción climática, particularmente mientras los países elaboran las actualizaciones de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés).Además, el texto del NCQG reconoce a las mujeres como beneficiarias de los fondos, pero no se asegura el abordaje de las circunstancias específicas y las discriminaciones interseccionales que enfrentan muchas mujeres. Mercados de carbonoLo que sí vio la luz fueron los mercados de carbono, con la aprobación de las reglas para un mercado global. Los mercados de carbono son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono. Cada crédito representa una tonelada de CO₂, o su equivalente en otros gases de efecto invernadero, eliminada de la atmósfera. Los créditos los generan proyectos que reducen emisiones (conservación de bosques, energía renovable o eficiencia energética, entre otros). Los compradores son empresas contaminantes que buscan compensar emisiones para permanecer en norma. El tema llevaba más de una década en conversaciones por la dificultad de garantizar la credibilidad del sistema para reducir emisiones. Aunque representa el último pendiente del Acuerdo de París, firmado hace más de 10 años, la sociedad civil no celebra. Estos mercados permiten a las empresas seguir contaminando, siempre que paguen por reducciones de carbono en otro lugar del mundo. Reducción de emisiones de metanoUn hecho prometedor fue la firma, por más de 30 países, de la Declaración sobre la reducción del metano de residuos orgánicos. Los signatarios, que representan casi la mitad de las emisiones mundiales de ese tipo, se comprometieron a establecer objetivos sectoriales específicos para la reducción de metano en sus futuras NDC, enfatizando la relevancia de la gestión de residuos orgánicos en la lucha contra el cambio climático. En conclusiónAl final, los resultados no son sorprendentes. Las COP sobre cambio climático suelen dar poco que celebrar, pero no debemos olvidar que son un espacio único donde todos los países se sientan a buscar consensos para avanzar en un objetivo común. La existencia misma de esta instancia refleja una intención de reconocer las responsabilidades históricas, en favor de la justicia y de un mundo donde podamos coexistir en armonía. Es una plataforma desde la cual empujar, por más que traiga más frustración que resultados. Por otro lado, resulta tremendamente esperanzador y motivante ver a la sociedad civil en acción. Cientos de representantes de diferentes organizaciones y movimientos dan lo mejor de sí para lograr resultados que reflejen el cumplimiento de los compromisos internacionales de los países desarrollados hacia sus pares en desarrollo, el clima y el equilibrio natural de nuestro planeta. Finalmente, los eventos paralelos que se dan en las COP son fuente de inspiración. Por los costados y sin mucho revuelo, se mueven personas de comunidades y pueblos indígenas que están implementando soluciones climáticas en sus territorios, con resultados exitosos concretos. Esas personas, como semillas que germinan silenciosamente, representan una poderosa fuente de esperanza.
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El ABC de los minerales de transición y de su rol en la producción de energía
Por Mayela Sánchez, David Cañas y Javier Oviedo* Necesitamos dejar los combustibles fósiles para afrontar la crisis climática, de eso no hay duda. Pero ¿qué implica transitar a otras fuentes de energía?Para producir una batería o un panel solar también se utilizan materias primas que provienen de la naturaleza.Algunos de esos recursos son minerales a los que, por sus características y en el contexto de transición energética, se les ha nombrado descriptivamente minerales de transición.¿Cuáles son esos minerales? ¿Dónde están? ¿Cómo se usan?A continuación respondemos las principales dudas sobre estos recursos minerales porque es crucial conocer qué bienes de la naturaleza abastecerán las nuevas fuentes de energía, así como garantizar que su extracción respete los derechos humanos y los límites planetarios para que la transición energética sea justa. ¿Qué son los minerales de transición y por qué se les llama así?Son un conjunto de minerales con alta capacidad para almacenar y conducir energía. Por esas cualidades, son utilizados en el desarrollo de tecnologías de energía renovable, como paneles solares, baterías para la movilidad eléctrica o turbinas eólicas.Se les llama así porque se les considera esenciales para el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable, como las ya mencionadas. Y en el contexto de la transición energética, las fuentes de energía que usan estos minerales son las más socorridas para reemplazar a las fuentes de energía fósil.A los minerales de transición también se les suele llamar minerales "críticos" por considerarse estratégicos para la transición energética. El término "críticos" se refiere a elementos que son vitales para la economía y la seguridad nacional, pero cuya cadena de suministro es vulnerable a interrupciones. Esto significa que los minerales de transición pueden ser minerales estratégicos, pero no críticos en términos de seguridad y economía.Sin embargo, en torno a la urgencia de la acción climática, algunos Estados y organismos internacionales han catalogado a los minerales de transición como minerales "críticos" con el fin de promover y facilitar el acceso a estas materias primas. ¿Cuáles son los principales minerales de transición?Los minerales de transición más relevantes son el cobalto, cobre, grafito, litio, níquel y las tierras "raras".Pero son al menos 19 minerales los que están siendo usados en las diferentes tecnologías de energía renovable: bauxita, cadmio, cobalto, cobre, cromo, estaño, galio, germanio, grafito, indio, litio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, silicio, telurio, titanio, zinc, y las tierras "raras". ¿Qué son las tierras “raras” y por qué se les llama así?Las tierras "raras" son los 16 elementos químicos del grupo de los lantanoides o lantánidos, más el Itrio (Y), cuyo comportamiento químico es virtualmente igual al de los lantanoides.Son el Escandio, Itrio, Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y el Lutecio.Se les llama así porque cuando fueron descubiertos, en los siglos XVIII y XIX, eran menos conocidos en comparación con otros elementos considerados similares, como la cal. Pero el nombre ya es obsoleto en la actualidad.El término "raro" tampoco hace referencia a su abundancia, pues aunque no suelen concentrarse en depósitos que puedan ser explotables (por lo que sus minas son pocas), incluso los elementos menos abundantes de este grupo son mucho más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan los minerales de transición? ¿Qué tecnologías dependen de los minerales de transición?Los usos de los minerales de transición en el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable son diversos:Tecnologías solares: bauxita, cadmio, estaño, germanio, galio, indio, selenio, silicio, telurio, zinc.Instalaciones eléctricas: cobre.Energía eólica: bauxita, cobre, cromo, manganeso, molibdeno, tierras "raras", zinc.Almacenamiento de energía: bauxita, cobalto, cobre, grafito, litio, manganeso, molibdeno, níquel, tierras "raras", titanio.Baterías: cobalto, grafito, litio, manganeso, níquel, tierras "raras". Además, se emplean en una variedad de tecnologías modernas, por ejemplo en la fabricación de pantallas, teléfonos celulares, discos duros de computadoras y luces LED, entre otros. ¿Dónde se encuentran los minerales de transición?La geografía de los minerales de transición es amplia, abarcando de China a Canadá, desde Estados Unidos hasta Australia. Pero su extracción se ha concentrado en países del sur global.Varios países de América Latina están entre los principales productores de distintos minerales de transición. Dichos materiales se encuentran en territorios complejos y ricos en diversidad biológica y cultural, como la Amazonía y los humedales andinos.Argentina: litioBrasil: aluminio, bauxita, litio, manganeso, tierras raras, titanioBolivia: litioChile: cobre, litio, molibdenoColombia: níquelMéxico: cobre, estaño, molibdeno, zincPerú: estaño, molibdeno, zinc ¿Cómo apoyan los minerales de transición a la transición energética y la descarbonización?Los minerales de transición se consideran eslabones indispensables de la transición energética que busca la descarbonización, es decir dejar atrás las fuentes de energía fósil.Pero el interés mundial por estos materiales también abre preguntas sobre los beneficios y desafíos de la minería de minerales de transición.El tema ha tomado tal relevancia que en septiembre pasado el Panel de Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió una serie de recomendaciones y principios para asegurar una gestión equitativa, justa y sostenible de estos minerales.Además, a raíz de la intensificación y expansión de su extracción en países de la región, el tema fue llevado por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de noviembre.En audiencia pública, representantes de comunidades y organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, y regionales, presentaron información y testimonios sobre los impactos ambientales y sociales de la minería de minerales de transición.Frente al actual proceso de transición energética es necesario saber de dónde provendrán los recursos que posibilitarán las tecnologías para lograrla.La extracción y uso de minerales de transición debe evitar que sus costos ambientales y sociales recaigan de forma desproporcionada en las comunidades y ecosistemas locales. *Mayela Sánchez es especialista en comunidad digital de AIDA; David Cañas y Javier Oviedo son asesores científicos.Fuentes consultadas:-Olivera, B., Tornel, C., Azamar, A., Minerales críticos para la transición energética. Conflictos y alternativas hacia una transformación socioecológica, Fundación Heinrich Böll Ciudad de México/Engenera/UAM-Unidad Xochimilco.-Science History Institute Museum & Library, "History and Future of Rare Earth Elements".-ONG FIMA, Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética: Críticas desde la justicia ambiental y territorial.-Haxel, Hedrick & Orris, "Rare Earth-Elements. Critical Resources for High Technology", 2005.-USGS 2014, "The Rare-Earth elements. Vital to modern technology and lifestyle", 2014.-Informe final para la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Minerales para la transición energética y su impacto en los derechos humanos en las Américas, 2024.
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