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Voces por el río Motagua: Olga Vázquez, manos que moldean esperanza
Historias de coraje, dignidad y de resistencia por la vida frente a la contaminación del río más extenso de Guatemala.Por generaciones, el barro fue el corazón de Santa Cruz Chinautla. Salía de la tierra como un regalo cotidiano, se moldeaba con manos pacientes y se transformaba en vasijas, cántaros, silbatos y comales que viajaban a los mercados de la capital.Allí, entre el río y los hornos de leña, creció doña Olga Noemí Vázquez. Desde niña aprendió de su madre el arte de la alfarería. Hoy, a sus casi sesenta años, sigue trabajando con arcilla, pero el oficio ya no es el mismo. El barro escasea, el río huele a desagüe y las manos se le agrietan por los químicos que arrastra el agua contaminada.Doña Olga recuerda con cariño cómo fue su acercamiento a la cerámica. “Lo aprendí cuando tenía diez años. Mi mamá me enseñó. Yo quería hacer otras formas, otros estilos, porque a veces los turistas traían figuras distintas, y aquí uno trataba de imitarlas”, cuenta desde el pequeño taller que ha improvisado en su casa. Cada pieza que trabaja es un acto de memoria, una forma de resistir al olvido, a la pérdida del paisaje y del sustento.También recuerda que antes las y los habitantes del pueblo no salían a trabajar a la capital. “De aquí vivíamos. Se sembraban hortalizas, güisquiles, maíz. Todo se daba aquí. Y del barro hacíamos nuestra vida. Hoy ya no es así”. Foto: Mayela Sánchez García. De los drenajes a la destrucciónEl cambio fue lento, como una marea que sube sin que uno lo note. Primero llegaron los drenajes. Después, los camiones. La basura de la ciudad encontró en Chinautla su destino final. “No había dónde echarla y nos la echaron a nosotros”, dice. Así comenzó la tragedia: los ríos se volvieron canales de desechos, las márgenes se cubrieron de costras grises y los olores se volvieron insoportables, sobre todo en temporada de lluvias. “El río trae toda la basura de la zona 3. Huele fuerte. Ya no hay barro limpio, ya no lo podemos escarbar como antes”.El terremoto del 76 dejó una marca en la memoria del pueblo, pero fue el abandono sistemático lo que acabó desfigurando el paisaje. La municipalidad —cuenta— se trasladó de Santa Cruz a la zona 6, y desde entonces el pueblo quedó sin representación real. “Aquí no hay alcalde. Aquí vienen a poner su propaganda, se quedan con el cargo, pero nunca están. Nunca nos han tomado en cuenta”, lamenta. Mujeres que resistenFrente al silencio institucional, nacieron las asociaciones, los colectivos, las luchas. Entre ellas, la Asociación de Mujeres de Chinautla. “Nos organizamos porque si no lo hacíamos, nos íbamos a quedar sin nada. El barro se acababa, los areneros avanzaban, el río se lo llevaba todo. Las mujeres aquí no se van a trabajar a la capital. Hacen cerámica en su casa, cuidan a sus hijos. Si nos quedábamos sin arcilla, nos quedábamos sin vida”.En 2010, el desastre llegó con fuerza. Dos ríos, Las Vacas y Chinautla, se desbordaron por la acumulación de arena extraída sin control. El agua arrasó un puente. La comunidad se organizó y construyó otro, con sus propias manos. La municipalidad no colaboró. “Ese puente está tirado, pero lo hicimos los vecinos. Si no, seguiríamos incomunicados”.La extracción de arena se volvió el enemigo más persistente. “Los areneros nos cansan. Toneladas y toneladas de arena sacan todos los días. Nuestro barro se fue con ellos. Nos quedamos casi sin nada. Y lo poco que queda está contaminado”, dice. El daño no es solo al paisaje: la salud también se resiente. Foto: Mayela Sánchez García. El valor de la palabra y la justiciaEl avance de las empresas, la pasividad de las autoridades y el desgaste social han provocado divisiones dentro del pueblo. “La política metió ideas en la cabeza de la gente. Hay miles de habitantes, pero solo 500 apoyan. Los demás no colaboran. No entienden que esto no es por un partido, es por nuestro pueblo”, explica.En los últimos años, la asociación de mujeres se ha unido con las autoridades ancestrales del pueblo. Juntos han logrado abrir espacios de diálogo con ministerios, detener renovaciones de licencias extractivas y visibilizar el conflicto ante el Estado. La sentencia de 2025, dictada tras años de lucha legal, fue una luz en medio del abandono. Un tribunal ordenó a la municipalidad asumir su responsabilidad ambiental. Por primera vez, alguien escuchó. “Gracias a esa sentencia se paró a un empresario. No le han renovado la licencia. Antes no era así: uno llegaba a hablar y los ministros solo pensaban en ganar. Ahora al menos nos escuchan”.El futuro no es claro. El agua potable llega solo cada ocho días. Las licencias extractivas pueden renovarse en cualquier momento. El río sigue trayendo basura. Pero hay algo que doña Olga no está dispuesta a perder: la dignidad. “Aconsejo a las mujeres que participen, que se enteren. No podemos estar en la casa sin saber qué hacen los políticos, los empresarios, los ministros. Si uno se integra, se entera. Y si se entera, lucha”.Cuando le preguntan cómo era Chinautla hace 50 años, sus ojos se llenan de imágenes perdidas: niñas jugando en la calle, agua limpia corriendo entre piedras, mujeres moldeando barro al atardecer. “Era tranquilo”, dice. “Era nuestro”. Hoy, entre la contaminación y el saqueo, Chinautla resiste en las manos de mujeres como ella, que siguen moldeando su historia a punta de arcilla, memoria y coraje.
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Voces por el río Motagua: Nazario Pascual, arteria del pueblo poqomam
Historias de coraje, dignidad y de resistencia por la vida frente a la contaminación del río más extenso de Guatemala.Nazario Pascual no necesita adornos para definirse: "Soy un guerrero poqomam que utiliza la música y la poesía cantada para dejar una semillita en el pensar. Soy una arteria del pueblo poqomam".Músico, promotor cultural, productor independiente, Nazario vive en Santa Cruz Chinautla, una comunidad marcada por la contaminación del río Motagua. Desde ahí, canta en poqomam para que su lengua no desaparezca, y para que los niños que lo escuchan crezcan sabiendo que el río también tiene memoria.Su camino comenzó en las bancas de la iglesia, observando a su padre tocar. Pero fue una escena íntima la que encendió la chispa: una noche, escuchó a su papá rezar en poqomam. "Pensé: órale, Dios nos escucha en poqomam. Es tu raíz. Ahí empecé". El paisaje que se llevó la infanciaCuando Nazario habla de su niñez, describe árboles frutales, nacimientos de agua y una pila comunal donde las madres lavaban ropa mientras los niños y las niñas jugaban. Hoy, todo eso se ha ido.La expansión desordenada de la capital y el desvío de aguas pluviales hacia el basurero de la zona 3 han convertido el río en una herida abierta. A eso se suman las areneras que extraen material sin control: "Carcomieron gran parte del territorio poqomam. Acá le llamamos el oro negro".Su familia ha perdido tierra decenas de veces. Cuando llueve en la ciudad, los olores llegan hasta Chinautla aunque no caiga una gota. Las casas ceden, los suelos se agrietan, los habitantes se desplazan."El río es un monstruo que viene desde la ciudad", dice. Foto: Mayela Sánchez García. Herencia de lucha, pero también de cansancioNazario heredó de su padre la convicción de protestar. Participó en manifestaciones, organizó reuniones, levantó junto a otros un muro de contención bajo el puente rojo con apoyo comunitario. Pero también carga la fatiga de tantos años: "Al inicio éramos 17 en las protestas, luego 12, después 7, ahora apenas 4".Una tía se lo dijo sin rodeos: "No pretendas ser héroe del pueblo". La frase lo hizo reflexionar sobre los límites del compromiso… y sobre la necesidad de nuevas formas de resistencia. Semillas que cantanNazario encontró ese nuevo camino en la música. Organizó una banda con sus primos y más tarde comenzó a trabajar con niñas y niños. Juntos escriben letras sobre el río, inventan melodías y cantan en poqomam. Así nació Mamut, una de las canciones que hoy se entonan en la comunidad."Involucrar a los niños y jóvenes es ese granito de arena que intento dejar", explica. "Ellos son los que se quedan". Foto: Mayela Sánchez García. Un mensaje que resisteNazario sabe que el problema lo supera. El río Motagua arrastra basura que termina en el Caribe, afectando a comunidades enteras. Pero también cree que las luchas locales tienen poder."Se respeta salir a trabajar, porque hay que hacerlo, pero no hay que ser indiferentes a lo que pasa en el pueblo".Teme que el verdadero plan de las industrias que contaminan y extraen sea borrar del mapa al pueblo poqomam. Pero sueña con otra historia:"Imagino Chinautla con el río estabilizado, los niños creciendo en un territorio digno, sabiendo sus derechos y peleando por ellos". El pulso de una comunidadEn su voz se cruzan la herida y la esperanza. Habla de pérdidas —de su padre, de la tierra, del río— pero también de música, de lenguas vivas, de niños y niñas que corean sus canciones."Soy una arteria del pueblo poqomam", repite.Y como toda arteria, late para mantener con vida a su comunidad.
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5 claves para la acción colectiva: Lecciones del encuentro de personas defensoras ambientales del Cono Sur
¿Puede una transición energética ser justa si repite los daños del extractivismo de siempre?Esa fue una de las preguntas centrales de "Articulando Territorios: Encuentro de Personas Defensoras del Cono Sur", un encuentro realizado el 9 y 10 de junio en Santiago de Chile que reunió a personas defensoras del ambiente de Argentina, Bolivia y Chile.AIDA acompaña desde hace años a quienes defienden sus territorios frente a proyectos extractivos y energéticos en América Latina. Este encuentro fue parte de ese compromiso: un espacio para compartir experiencias, fortalecer capacidades de protección y reflexionar colectivamente sobre los impactos de las presiones de la transición energética mundial, incluido el avance del extractivismo.Estas son las cinco lecciones clave que nos llevamos: 1. Las comunidades son el centro de la resistencia por una transición energética justa y sostenibleMuchas de las actividades promovidas bajo el paradigma global de la transición energética (minería de litio, cobre y otros metales "estratégicos"; así como megaproyectos portuarios) para descarbonizar la matriz energética, continúan reproduciendo las dinámicas históricas de extracción intensiva de recursos. Las experiencias y aprendizajes compartidos en territorios como San Antonio en Chile, Salinas Grandes y Vaca Muerta en Argentina, y los salares de Bolivia señalan el camino de la justicia ambiental. En este nuevo horizonte, y en un contexto de expansión extractivista, las comunidades locales pasan de ser zonas de impacto a convertirse en aliadas estratégicas para las resistencias del Cono Sur. 2. Defender el territorio es un proyecto de vida integral e identitarioSer defensor o defensora ambiental no es un trabajo o actividad pasajera, sino un auténtico proyecto de vida. Bajo esta mirada, la defensa territorial trasciende el resguardo de un espacio físico o económico. Involucra la identidad cultural, la memoria colectiva, la espiritualidad y la relación intrínseca "cuerpo-territorio". Este marco explica por qué las afectaciones a los ecosistemas no pueden medirse solo en variables económicas: dañan directamente el tejido social mediante la fragmentación comunitaria, la migración forzada de las juventudes y la pérdida dolorosa de prácticas ancestrales. 3. La protección debe ser integral, colectiva y anticipatoriaLa protección de quienes defienden el territorio no puede depender de reacciones individuales o medidas improvisadas cuando el riesgo es inminente. Protegernos significa identificar amenazas y fortalezas, y aumentar nuestra capacidad de responder a los riesgos. Construir redes de apoyo, velar por protocolos de protección y priorizar el cuidado colectivo son la base para establecer procesos sólidos de defensa territorial y ambiental. 4. Comunicar es disputar narrativas sin revictimizarLa comunicación es una herramienta fundamental de protección política e incidencia estratégica para contrarrestar las asimetrías de poder. Las comunidades deben posicionarse como fuentes primarias de conocimiento territorial y autoras de sus propios relatos. Comunicar bien es visibilizar sus saberes, sus propuestas y su capacidad de resistencia organizada, sin reducirlas al sufrimiento ni revictimizarlas. 5. Reconocer el derecho a defender el ambiente y usar herramientas internacionales como forma de protecciónReconocer que la defensa del ambiente es un proyecto de vida integral implica reconocer y legitimar el derecho a defenderlo. Los defensores territoriales y ambientales cuidan bienes comunes que benefician a toda la sociedad. Y es necesario reconocer explícitamente la legitimidad y la dignidad de este trabajo a través de la remoción de los estigmas y criminalizaciones, y mediante la garantía de espacios seguros para el ejercicio de este derecho. En este contexto, las herramientas del derecho internacional forman parte del abanico de medios de protección, incluyendo:El litigio estratégico. El éxito y el valor transformador del litigio estratégico ambiental superan con creces la obtención de una sentencia judicial favorable. Su verdadero potencial radica en la visibilización de los conflictos silenciados, la producción de evidencia técnica independiente y la apertura de espacios políticos, todo esto cuando está bien articulado con los procesos organizativos comunitarios. Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un marco regional fundamental gracias a los tres derechos procedimentales —acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales— que garantiza y que son sus pilares. Es clave para la protección activa de las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Es necesario convertir este marco en un instrumento de defensa en manos de las comunidades, especialmente mediante demandas fundamentadas y la activación de los mecanismos previstos en el acuerdo. El encuentro reciente de personas defensoras del ambiente del Cono Sur confirma algo que AIDA observa en todo el continente: la defensa del ambiente y de los derechos humanos se construye en red. Seguiremos acompañando a las comunidades y personas defensoras ambientales de América Latina para que la transición energética no se haga a costa de sus territorios y sus vidas.
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Derecho ambiental en América Latina: Avances y retrocesos
El derecho ambiental en América Latina vive actualmente una paradoja.En el continente se han dado avances históricos recientes en el desarrollo de estándares legales vinculantes para proteger el ambiente y a quienes lo defienden. Pero estos conviven con el debilitamiento de marcos jurídicos o institucionales de protección ambiental y de los derechos de comunidades en diferentes países. A la vanguardia de la protección del ambiente, el clima y las personasEn un contexto de crisis climática, ambiental y social, América Latina ha sido cuna de importantes herramientas jurídicas para proteger territorios, ecosistemas, comunidades y el clima global.Estos avances han incluido recientemente el Acuerdo de Escazú y la Opinión Consultiva 32 (OC-32/25) sobre emergencia climática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refuerzan y reafirman estándares vinculantes para la acción climática, ambiental y de defensa de los derechos humanos.El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril de 2021, es el primer tratado regional ambiental —y el primero en el mundo— con disposiciones específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.Es un hito internacional en temas de participación, información y protección de personas defensoras ambientales, además de un ejemplo para otros continentes.En cuanto al dictamen de la Corte Interamericana, hecho público el 3 de julio de 2025, en este se reconoce el derecho al clima sano como derecho autónomo, exigible por sí mismo, con obligaciones claras para los Estados frente a la emergencia climática. El tribunal reafirma incluso la obligación estatal de mantener la temperatura promedio del planeta en 1,5 °C, reconociendo que ese límite ya está generando impactos en los derechos humanos.La corte también fija reglas de debida diligencia reforzada que se traducen, entre otros elementos, en el deber de los Estados de realizar estudios de impacto ambiental, de establecer líneas claras para las actividades que puedan dañar la salud o los ecosistemas, además de regular de manera reforzada y estricta las actividades públicas y privadas que afecten el clima.Asimismo, en el dictamen se reconoce el derecho a la ciencia y la importancia de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades tradicionales como componente fundamental de la acción climática desde una perspectiva de derechos humanos, aplicable a todos los países. Retrocesos para la protección del ambiente y los derechos humanosEjemplos recientes en diferentes países del continente muestran retrocesos peligrosos en los marcos de protección ambiental y de los derechos de las comunidades, así como en las instituciones encargadas de dicha tarea.Estas regresiones ponen en riesgo los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales y evidencian presiones extractivistas que amenazan con profundizar la degradación ambiental. Son dinámicas que se expresan en la fusión entre Ministerios de Ambiente y entidades con mandatos productivos o extractivos, así como en la flexibilización de procesos de evaluación ambiental que limitan las herramientas de las que disponen comunidades y personas defensoras para proteger ecosistemas y modos de vida. A continuación, algunos ejemplos: Chile (2025-2026). Dos acciones amenazan la integridad de la gobernanza ambiental del país: La reforma del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la tramitación de la Ley Marco de autorización de permisos sectoriales. Ambas buscan acelerar los permisos ambientales con base en declaraciones juradas, sin fiscalización previa ni ingreso de estudios o declaraciones de impacto ambiental. Incorporan además el "silencio administrativo", lo que significa que, si la autoridad administrativa no se pronuncia sobre la admisibilidad de un proyecto, la solicitud es aceptada oficialmente para trámite. Además, el gobierno impulsa una megareforma para reactivar la inversión en Chile. Entre otras cosas, la denominada “Ley Miscelánea” flexibiliza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y permite compensar a las empresas si un permiso ambiental es anulado por tribunales ambientales.Argentina (2022-2026). La expansión minera se consolidó en la provincia de Jujuy tras una reforma constitucional sin consulta indígena ni mecanismos de participación ciudadana, particularmente a partir de la extracción de litio en áreas históricamente habitadas por comunidades indígenas y campesinas.A nivel nacional, en 2023 se eliminó el Ministerio del Medio Ambiente, trasladando sus competencias al Ministerio del Interior. Y en 2024 se creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que otorga beneficios fiscales y aduaneros por hasta 30 años a megaproyectos sin exigir estudios de impacto ambiental, lo que genera una asimetría entre derechos de inversión y derechos ambientales. Sumado a lo anterior, se modificó la “ley de glaciares” generando un nuevo retroceso en materia ambiental. Bolivia (2026). Se aprobó el Reglamento Simplificado de Adecuación Minera, el cual modifica los requisitos ambientales, eximiendo a proponentes de la consulta previa y de los estudios de impacto ambiental. Esto habilita y expande la extracción de oro en áreas naturales protegidas y territorios indígenas, vulnera los derechos de los pueblos originarios y desacata las resoluciones del Tribunal Agroambiental.Y, en agosto de 2026, el presidente Rodrigo Paz eliminó el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. Con esa reforma, el Viceministerio de Medio Ambiente pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, entidad a cargo de un agroempresario. Ecuador (2025). Bajo la consigna de "eficiencia administrativa", se fusionó el Ministerio del Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas. Así nació el Ministerio de Ambiente y Energía. Personas expertas indican que esta decisión puede quitar independencia a la autoridad ambiental y, en consecuencia, debilitar los principios de debida diligencia, facilitar la aprobación de proyectos extractivos y reducir las facultades de control ambiental.Brasil (2025). La nueva Ley General de Licenciamiento Ambiental (Ley 15.190/2025) tiene como objetivo agilizar el otorgamiento de permisos ambientales. La norma generaliza la Licencia por Adhesión y Compromiso —régimen de autodeclaración, sin evaluación previa de impacto— para actividades de tamaño pequeño o mediano y potencial contaminante bajo o mediano. En materia de participación indígena, la ley restringe la manifestación obligatoria de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas a las tierras homologadas, dejando fuera de este control a por lo menos 297 territorios que están en proceso de regularización. Y en los casos donde la manifestación es exigible, esta carece de efecto vinculante, debilitando la función de garantía de la autoridad que emite las licencias. Posteriormente, la norma fue modificada por la Ley n.º 15.300/2025 para crear la Licencia Ambiental Especial, destinada a proyectos calificados como "estratégicos" por el Consejo de Gobierno, con un plazo máximo de conclusión de un año. Ambas normas están siendo cuestionadas ante el Supremo Tribunal Federal mediante cuatro acciones jurídicas. El tribunal tiene previsto, el 12 de agosto de 2026, analizar estas acciones para emitir un fallo sobre la validez de las dos normas. Los marcos jurídicos y las instituciones que integran la gobernanza ambiental no pueden entenderse como tecnicismos o burocracias, sino como herramientas para proteger el derecho a un ambiente sano. Este derecho es fundamental para garantizar el disfrute de otros derechos también fundamentales como la vida, la alimentación, el agua, entre otros. El debilitamiento de instituciones o procedimientos ambientales no solo “acorta plazos”. Vulnera y restringe derechos, reduce controles y amplía el margen para decisiones que pueden afectar territorios y ecosistemas sin información suficiente, sin participación real y sin acceso efectivo a la justicia.Los procedimientos que garantizan el derecho humano a un ambiente sano no son obstáculos. Son elementos fundamentales para garantizar la vida. Reconocer los desafíos sin perder la esperanzaEl derecho internacional se fundamenta en la dignidad humana y en la integridad inherente de la naturaleza. No se trata de declaraciones o decisiones tomadas por algún órgano, sino del reconocimiento de un orden que existe antes de todo, que antecede y pertenece a todas las personas sin distinción. Es además un mecanismo para evitar conflictos.Lo que hoy está en juego tiene un peso que supera ampliamente los intentos de desregulación coyuntural de los gobiernos de turno. Los derechos conquistados que hoy se debilitan son el resultado de años de procesos de articulación colectiva mediante los cuales se han construido pisos jurídicos, sociales y culturales que permiten proteger también a las futuras generaciones.En este contexto, el litigio estratégico y la movilización social son herramientas claves para promover la democracia ambiental, evitar retrocesos y consolidar precedentes que aseguren la vigencia efectiva de los derechos ya reconocidos. Del mismo modo, el papel de los pueblos originarios, las comunidades tradicionales y la cultura ancestral es central no solo en términos de reconocimiento de derechos, sino también para precautelar territorios, saberes ancestrales y formas de vida basadas en una relación respetuosa con la naturaleza.Nada de esto puede sostenerse sin el respaldo activo de la sociedad en su conjunto. Defender lo ya ganado requiere conciencia colectiva, organización y compromiso para que los avances alcanzados en la región no se diluyen, sino que se fortalecen. Esto depende de que sigamos exigiendo transparencia, participación, justicia y respeto por estándares que respondan a un orden natural intrínseco de las personas y del entorno.
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Fracking: ¿Un paso hacia la transición energética o la continuidad del extractivismo fósil?
Uno de los argumentos de quienes apoyan el uso del fracking como un paso hacia la transición energética es que la técnica permite ganar tiempo mientras las alternativas a los combustibles fósiles alcanzan madurez y estabilidad.Detrás de este razonamiento está la posibilidad de extraer más gas y el mito de que este es natural, cuando es fósil, y que permite generar energía de forma segura y sin contaminar tanto como el petróleo y el carbón.Pero una técnica que fomenta la continuidad de los combustibles fósiles y cuyos daños ambientales y sociales son amplios y documentados no puede ser vista como una solución ni un paso hacia una transición que no solo busca dejar atrás los combustibles fósiles, sino que implica un cambio de paradigma del sistema energético.Además, al profundizar la dependencia del petróleo y el gas, el fracking implica el recrudecimiento de la crisis climática debido a las emisiones de metano asociadas a la industria del gas, cuyo poder para calentar el planeta es mayor al del dióxido de carbono (CO₂).A continuación, desmitificamos los argumentos que defienden el uso de esta técnica como un paso hacia la transición energética. La continuidad de un sistema extractivistaLa fractura hidráulica, o fracking, es una técnica para extraer gas del subsuelo que consiste en perforar la tierra a gran profundidad para inyectar, a muy alta presión, una combinación de agua, arena y aditivos químicos (algunos tóxicos) para fracturar rocas subterráneas y extraer los hidrocarburos "atrapados" en ellas.Al igual que las industrias del petróleo y el carbón, el fracking utiliza una fuente de energía no renovable, explota de forma intensiva bienes naturales como el agua, e implica alteraciones a gran escala en los territorios donde se realiza.Y no solo repite estos patrones de la industria fósil, sino que los impactos negativos que genera son similares —e incluso más graves— a los de otras actividades de exploración, extracción y producción de combustibles fósiles. Entre ellos: contaminación del agua y del aire, sobreexplotación de bienes naturales, invasión de tierras, perturbación de ecosistemas, y devastación de fauna y flora.Esta repetición de los patrones de la industria fósil hace que el fracking no solo implique mantener la dependencia de los combustibles fósiles, sino contribuir a su ampliación y consolidación.Y es que el desarrollo de infraestructura para su operación contribuye a crear y consolidar mercados para el consumo de gas a largo plazo, ya que requiere inversiones de gran escala y por varias décadas. Esto puede generar incentivos económicos para mantener y maximizar su uso a lo largo del tiempo, y desincentivar o retrasar procesos de descarbonización. ¿Gas "natural"? Menos CO₂, pero más metanoEl gas que se obtiene mediante fracking se ha llamado "natural", una etiqueta para hacerlo parecer limpio. Pero el gas del fracking no tiene nada de natural ni de limpio.Es sucio de principio a fin: Desde los productos tóxicos que se inyectan en el suelo para extraerlo hasta los gases de efecto invernadero que se emiten al producirlo y quemarlo. Eso sin olvidar que es un combustible fósil, al igual que el petróleo o el carbón.Otro argumento para sugerir que el gas de fracking es más limpio —y por tanto promoverlo como un "combustible de transición"— es que genera menos emisiones de CO₂ que otros combustibles fósiles. Se trata de una verdad a medias, ya que omite decir que el principal componente del gas fósil es el metano, un gas de efecto invernadero cuyo potencial contaminante es mucho mayor que el del CO₂.Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), el potencial de calentamiento global del metano es aproximadamente 82,5 veces mayor que el del CO₂ en un horizonte de 20 años. Esto significa que, a pesar de emitir menos CO₂ en la combustión, el gas de fracking puede tener un impacto climático igual o incluso superior al de otros combustibles fósiles al considerar las emisiones de metano.Dichas emisiones pueden ocurrir tanto en eventos previstos como en fugas a lo largo de toda la cadena de producción y suministro.Hay estudios que estiman que las fugas de metano en explotaciones no convencionales de gas —como las de fracking— pueden alcanzar hasta un 12% a lo largo de la cadena de producción y transporte, o que calculan que las fugas a nivel mundial alcanzan hasta el 5% del gas total producido. Incompatibilidad con obligaciones climáticas y de derechos humanosComo se ha visto, el fracking significa más dependencia de los fósiles y más emisiones contaminantes. Esto no solo desmonta el argumento de que es un "combustible de transición", sino que muestra cómo esta técnica contraviene los compromisos internacionales de los países frente a la crisis climática.El Acuerdo de París, el compromiso global vinculante más importante para afrontar la crisis climática, establece que los países deben reducir sustancialmente sus emisiones de gases de efecto invernadero —entre ellos el CO₂ y el metano— a fin de limitar el aumento de la temperatura del planeta.¿Cómo podría justificar un país que usar una técnica que implica generar más emisiones contaminantes es compatible con sus compromisos para reducirlas?Implementar el fracking tampoco es conciliable con la obligación de los Estados de proteger el derecho humano a un ambiente sano, especialmente frente a los impactos de la crisis climática. Este precepto quedó establecido en la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reforzó la obligación de los Estados de adoptar medidas para la protección del sistema climático y los derechos humanos tanto de las generaciones presentes como de las futuras.En este momento, cuando distintos países de la región se están planteando realizar o ampliar actividades de fracking, es fundamental que las conversaciones no se limiten a análisis técnicos, sino que contemplen su dimensión ambiental, climática y de derechos humanos bajo la lupa de los compromisos internacionales de los países.Para que las narrativas que intentan hacer ver al fracking como un paso hacia la transición, no opaquen el hecho de que, en realidad, es un ancla a la dependencia de los combustibles fósiles. Conoce más de los impactos del fracking y de las acciones para frenar su expansión
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La evaluación ambiental con enfoque climático: Clave para proteger los derechos humanos
En un fallo importante para la justicia climática en América Latina, el pasado 16 de junio, el Tribunal Constitucional de Costa Rica ordenó al gobierno incluir el análisis de impactos climáticos en la evaluación de todo proyecto, obra o actividad que pueda afectar el ambiente.La decisión fortalece logros similares obtenidos en otros países del continente gracias al litigio climático estratégico. La sentencia en Costa Rica fue resultado de un litigio respaldado por AIDA y en el que presentamos un escrito legal con argumentos sólidos para evidenciar que incorporar una perspectiva climática en la evaluación de proyectos es una obligación basada en la legislación nacional, convenios internacionales y en la experiencia de otros países de la región. Siendo la crisis climática la amenaza ambiental y a los derechos humanos más urgente que el mundo enfrenta actualmente, es importante que tribunales respalden la necesidad de que los gobiernos analicen los riesgos e impactos relacionados con el clima antes de autorizar cualquier proyecto o actividad. El procedimiento establecido para desarrollar este análisis —conocido como evaluación de impacto ambiental (EIA)— busca justamente identificar, anticipar, analizar, mitigar y/o evitar las afectaciones ambientales de proyectos o actividades potencialmente perjudiciales.Al mismo tiempo, es una herramienta clave para prevenir que una propuesta de desarrollo vulnere los derechos de personas y comunidades, incluido el derecho universal a un ambiente sano.A continuación, detallamos las razones por las que los gobiernos deben evaluar los impactos de un proyecto en el clima antes de darle luz verde, que fueron nuestros aportes a la victoria judicial reciente en Costa Rica. Obligaciones nacionales e internacionalesExisten varias normas nacionales que sustentan la obligación de incluir criterios sobre cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos. En Costa Rica, tenemos, por ejemplo:El Decreto 42465 de 2019, según el cual las instituciones que ejecutan obras de infraestructura pública deben evaluar los riesgos climáticos, el cambio climático y otros factores naturales o provocados por el hombre en todas las fases del proyecto. Nuestro escrito refiere también a una serie de documentos que analizan el riesgo climático en Costa Rica, país que por su ubicación en el trópico centroamericano está expuesto a fenómenos meteorológicos extremos —huracanes, tormentas tropicales, sequías e inundaciones— cuya frecuencia e intensidad han aumentado debido al calentamiento global.A nivel internacional, Costa Rica, al igual que otros países del continente, es parte de tratados y otros instrumentos del derecho internacional que implican obligaciones en materia de ambiente y derechos humanos que hacen referencia a la evaluación ambiental de proyectos:Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Establece que los gobiernos deben emplear métodos apropiados, como evaluaciones de impacto de proyectos, para reducir al mínimo los efectos adversos del cambio climático en la economía, la salud pública y el ambiente.Acuerdo de París. Obliga a los gobiernos a emprender y comunicar las acciones que realizarán para reducir las emisiones de gases que dañan el clima y para adaptarse a los impactos del cambio climático, las cuales deben respetar los derechos humanos.Convenio sobre la Diversidad Biológica. Compromete a los países a llevar a cabo procedimientos apropiados para exigir la evaluación de proyectos que puedan tener efectos adversos importantes en la diversidad biológica con miras a evitarlos o reducirlos al mínimo, permitiendo cuando proceda la participación pública.Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Pide a los países elaborar, fortalecer y poner en práctica las acciones pertinentes para alinear desarrollo y crecimiento sostenible, seguridad alimentaria, salud y seguridad, variabilidad y cambio climática, gestión ambiental y reducción del riesgo de desastres.Opinión Consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dispone que la evaluación ambiental de proyectos debe considerar su impacto acumulativo, evitar daños a comunidades indígenas y pueblos tribales, incluir planes de contingencia y mitigación, y garantizar que sea objetiva e independiente y con supervisión estatal. Lecciones de otros países de América LatinaEn varios países del continente, la obligación de incorporar criterios climáticos en la evaluación ambiental ha sido establecida institucionalmente y también respaldada por fallos judiciales. Dos casos recientes lo ejemplifican:Chile. En un litigio relacionado con la central termoeléctrica de Mejillones, ubicada en la Región de Antofagasta, en 2022, la Corte Suprema ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental de Chile analizar el componente atmósfera, incluyendo aquellos elementos que han variado en el ambiente terrestre a causa del cambio climático, desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta la actualidad.Colombia. Ante una demanda contra la norma sobre permisos ambientales en el país, la Corte Constitucional declaró en 2024 que los estudios de impacto ambiental deben incluir una evaluación de los impactos en materia de cambio climático: “un fenómeno global determinado por múltiples variables biofísicas y socioeconómicas que interactúan en largos periodos de tiempo, que incide de una manera cada vez más decisiva en los procesos naturales e impacta de forma diferenciada a los territorios, las comunidades y las personas, siendo Colombia uno de los países más afectados”. Protección del ambiente sano frente a la crisis climáticaPor lo dicho antes, la inclusión de criterios de cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos es esencial para el disfrute del derecho humano al ambiente sano. Esto implica:Evaluar los impactos que el proyecto o actividad pueda generar en relación con el cambio climático. Esto incluye cuantificar y documentar las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero; identificar si y en qué medida estas aumentan o disminuyen; y analizar estrategias adecuadas de mitigación que respondan a los impactos anticipados.Considerar los efectos que la propia crisis climática (respecto de accidentes o desastres inducidos por el clima, por ejemplo) podría ejercer sobre el desarrollo, viabilidad y sostenibilidad del proyecto o actividad en el tiempo, análisis que debe contribuir a la decisión sobre su autorización. La crisis climática no es una amenaza, sino una realidad que ya afecta gravemente a la región. En este contexto, es imperativo que los proyectos de desarrollo continúen siendo sometidos a una evaluación ambiental adecuada, lo cual exige considerar de forma obligatoria y sistemática los impactos climáticos, tanto en términos de mitigación como de adaptación. A través del litigio estratégico, AIDA seguirá contribuyendo a esa tarea. Conoce más en nuestra hoja informativa "Perspectiva de cambio climático en los Estudios de Impacto Ambiental" Consulta nuestro informe "Buenas Prácticas a Nivel Mundial para los Estudios de Impacto Ambiental"
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Justicia climática al alcance de todas las personas
Cómo la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana reescribe las normas que rigen los litigios climáticos en América Latina. Este artículo fue publicado originalmente en Verfassungsblog. La Corte Interamericana de Derechos Humanos entregó a quienes llevan litigios climáticos en América Latina la herramienta más poderosa hasta ahora. La Opinión Consultiva OC-32/25, emitida en 2025, no se limita a interpretar los derechos existentes en el contexto de la crisis climática. Reestructura la arquitectura procesal de los litigios climáticos al invertir la carga de la prueba, autorizar la presunción de vínculos causales entre las emisiones de los Estados y los daños climáticos, y reconocer las imágenes satelitales como evidencia que los Estados deben hacer accesibles para las víctimas. Para las organizaciones que llevan años luchando por las comunidades más expuestas a la emergencia climática, esto no es un avance gradual. Es un momento transformador.El dictamen no surgió de la nada. A lo largo de la última década, la Corte Interamericana ha ido sentando las bases paso a paso. En 2017, la Opinión Consultiva 23 (OC-23/17) estableció el derecho a un ambiente sano como un derecho autónomo en virtud de la Convención Americana; no un derecho derivado, sino una garantía jurídica independiente con su propio estatus autónomo. Ese estándar pasó de la teoría a la práctica en el caso contencioso de La Oroya vs. Perú, en el que la corte determinó que la grave contaminación ambiental suponía un riesgo sistémico para la vida, la salud y la integridad física. La Opinión OC-32/25 es el tercer paso en esta trayectoria y, de lejos, el más ambicioso.El dictamen califica la crisis climática como un problema de derechos humanos que recae de manera desproporcionada EN quienes ya se encuentran marginados. Describe con precisión las vulnerabilidades de América Latina y el Caribe, identificando a América Central, la Amazonía, el Caribe y los Andes como zonas de riesgo existencial. Las cifras que cita la Corte dan que pensar. En 2021, la región contaba con 17,1 millones de personas desplazadas internamente por causas relacionadas con el clima. El 1% más rico de la población generó el 92 % de las emisiones de CO₂ per cápita en 2019, mientras que el 50% más pobre generó solo el 0,27%. Quienes menos emiten son quienes más sufren. En todos estos ecosistemas, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales se ven afectados de manera desproporcionada por las continuas violaciones de sus derechos relacionadas con el cambio climático. Un nuevo derecho autónomoA partir del derecho a un ambiente sano, se deriva para el tribunal un nuevo derecho autónomo: el derecho a un clima sano, definido como el derecho a vivir en un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas. El dictamen considera este derecho como una condición previa indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos humanos en el contexto de la emergencia climática. En consecuencia, los Estados están sujetos a un nivel más estricto de diligencia debida. La gobernanza climática ya no se considera únicamente una cuestión de discrecionalidad política. Los Estados deben prevenir los daños climáticos dentro y fuera de sus fronteras, exigir que las evaluaciones de impacto ambiental incluyan análisis específicos de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de autorizar proyectos, y establecer objetivos de reducción ambiciosos y progresivos, ajustados a los mejores datos científicos disponibles. El consenso científico reflejado en las evaluaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) se considera explícitamente como la norma de referencia jurídica.La corte añade una prohibición a la regresión: los niveles de protección ya alcanzados constituyen un mínimo, no un máximo. Amplía las obligaciones de debida diligencia no solo a las propias actividades de los Estados, sino también a las empresas que operan bajo su jurisdicción. Estas proposiciones no son del todo nuevas, pero el dictamen las consolida en un marco unificado y les confiere la autoridad de una interpretación interamericana definitiva. Para efectos de un litigio, el catálogo de obligaciones queda ahora ampliamente establecido. Los derechos procesales como verdadera innovaciónSi las obligaciones sustantivas son importantes, las innovaciones procesales resultan transformadoras. La contribución más significativa de la OC-32/25 al ámbito de los litigios climáticos no es la declaración del derecho a un clima sano, sino la forma en que el dictamen reestructura el marco de los derechos de acceso. De hecho, la corte desarrolla dos elementos muy valiosos: el derecho a la ciencia y los parámetros de prueba y evidencia que refuerzan los litigios climáticos. "El derecho a la ciencia comprende al acceso de todas las personas a los beneficios del progreso científico y tecnológico...j unto al conocimiento científico coexisten otras formas de conocimiento tales como los saberes locales, tradicionales e indígenas" (párr. 473 y 476). El derecho a la ciencia, fundamentado en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y leído conjuntamente con la OC-32/25, establece obligaciones exigibles para los Estados de garantizar un acceso efectivo a los conocimientos científicos sobre el clima. Los Estados ya no pueden ampararse en argumentos de incertidumbre científica o de conocimientos insuficientes: las políticas deben basarse en la mejor ciencia disponible y actualizarse a medida que la ciencia evoluciona. Las evaluaciones de impacto ambiental (párr. 362), los planes nacionales de adaptación (párr. 388) y las contribuciones determinadas a nivel nacional se consideran documentos auditables que deben basarse en evidencia científicamente creíble y ser transparentes (párrs. 510, 511 y 486). Más importante aún, los jueces pueden y deben evaluar si la base científica en la que se apoya el Estado cumple con los estándares de la Convención (párrs. 488-539). Esto amplía sustancialmente el alcance del control judicial de las políticas climáticas en el marco del Sistema Interamericano. Inversión de la carga de la pruebaDemostrar la existencia de una relación causal directa entre las emisiones de un Estado específico y un daño específico ha sido, históricamente, el mayor obstáculo en los litigios climáticos: una tarea técnicamente compleja, objeto de controversia judicial y, en la práctica, fuera del alcance de la mayoría de las comunidades afectadas. La OC-32/25 elimina ese obstáculo mediante cuatro medidas concretas.El dictamen reconoce que los litigios climáticos se caracterizan por asimetrías marcadas entre las partes en cuanto a su acceso a información técnica y científica. Por lo tanto, los tribunales nacionales deben adoptar medidas —incluida la inversión de la carga de la prueba— para garantizar una protección judicial efectiva. El lenguaje es directo: "carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información recaiga en el órgano al cual la información fue solicitada" (párr. 490). En materia de acceso a la información, la pasividad no es una opción para el Estado.En segundo lugar, el dictamen acepta la presunción del nexo causal entre las emisiones de gases de efecto invernadero de un Estado y la degradación del sistema climático global y, a su vez, el vínculo entre dicha degradación y los riesgos a los que se enfrentan las personas y los ecosistemas, siempre que ello se base en las evaluaciones del IPCC. Esto responde directamente al problema de la atribución que ha marcado los límites de los litigios climáticos durante décadas. Los tribunales ya no están obligados a resolver la cadena científica completa de causalidad en cada caso concreto.En tercer lugar, el dictamen introduce estándares alternativos de prueba. El acceso a la justicia climática no requiere demostrar la causalidad individualizada de cada daño. Basta con demostrar la generación o la tolerancia de riesgos significativos a través de la inacción del Estado, y la exposición efectiva de personas o grupos a dichos riesgos. Las comunidades no necesitan demostrar que una tonelada concreta de CO₂ procedente de un Estado específico causó una inundación concreta. Deben demostrar que estuvieron expuestas a riesgos previsibles que el Estado no abordó.En cuarto lugar, el tribunal destaca que la evidencia satelital es especialmente relevante en los casos relacionados con el clima y exige a los Estados que garanticen la cooperación y la transferencia de tecnología para que las víctimas puedan acceder a dichas pruebas en los procedimientos judiciales. Se trata de un reconocimiento práctico de que los instrumentos probatorios necesarios para los litigios climáticos suelen ser técnicamente sofisticados y económicamente inaccesibles para las comunidades que más los necesitan. ¿Qué cambia para los litigios?En conjunto, estas cuatro innovaciones transforman el panorama estratégico de los litigios climáticos en todo el continente americano. Organizaciones como AIDA pueden ahora impugnar proyectos de combustibles fósiles cuyas evaluaciones de impacto ambiental no incorporen un análisis climático adecuado, invocando directamente el derecho a la ciencia. Podemos impugnar las políticas climáticas estatales alegando insuficiencia científica u obsolescencia. Podemos interponer demandas en nombre de comunidades enteras sin necesidad de demostrar un daño individual y directo, gracias a la amplia legitimación que reconoce el Dictamen. Y podemos defender los territorios indígenas vinculando el daño climático a los derechos territoriales colectivos a través de un marco que ya no exige el criterio, casi imposible de cumplir, de la causalidad individualizada.La OC-32/25 no es un dictamen de aplicación automática. Sus estándares deberán invocarse, defenderse y desarrollarse caso por caso ante la Corte Interamericana, la Comisión y los tribunales nacionales de los Estados miembros. Es previsible que se produzca resistencia por parte de los Estados que pretenden mantener el statu quo. Pero la estructura ya está establecida: las normas aplicables han cambiado.En AIDA, llevamos años litigando en una región en la que existe una enorme brecha entre los compromisos climáticos formales de los estados y la protección real de la que disfrutan las comunidades. La OC-32/25 nos proporciona instrumentos jurídicos para reducir esa brecha. No nos pide que seamos más optimistas, sino que seamos más ambiciosos: en los casos que elegimos, en los criterios que invocamos y en los vínculos que establecemos entre el derecho internacional y las comunidades que se encuentran directamente afectadas por la crisis climática.
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Sesiones previas a la COP31 en Bonn: Un sistema climático fatigado con ventanas de esperanza
Por Florencia Ortúzar Greene y Karla Maass* Hace 30 años que el mundo negocia sobre el cambio climático. Son 30 años en los que los gobiernos se reúnen anualmente, acompañados de informes científicos cada vez más alarmantes. El proceso multilateral ha madurado, ya cuenta con las reglas de implementación y mecanismos establecidos para impulsar la acción climática a nivel global, pero esta sigue siendo limitada y discrecional. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos darle aires nuevos a este proceso global tan importante?La siguiente es nuestra reflexión tras participar en las 64° Sesiones de los Órganos Subsidiarios (SB64) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), realizadas del 8 al 18 de junio en Bonn, Alemania, para avanzar las negociaciones rumbo a la 31.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31). El estancamiento de las negociaciones climáticas internacionalesSería injusto decir que las sesiones en Bonn fueron un fracaso, más aún que la falta de resultados concretos sorprende. Lo que está pasando no es más que el reflejo de un proceso en lenta decadencia. Lo anterior se hace evidente en un momento en el que, de manera sostenida y transversal, se habla de la necesidad de "implementación" y de "cooperación" para poner en marcha el Acuerdo de París, mientras una y otra vez dos fracturas irreconciliables siguen bloqueando el avance. Poder nombrarlas tan claramente trae cierta tranquilidad.La principal tensión sigue siendo el financiamiento. Los países en desarrollo traen constantemente a las salas de negociación que el Acuerdo de París no solo establece metas de reducción de emisiones y de adaptación, sino también compromisos concretos de apoyo financiero por parte de los países desarrollados. Sin embargo, la conversación sobre la provisión de financiamiento está totalmente bloqueada. Esto sucede en un contexto en que los compromisos no solo son insuficientes, sino también inadecuados en su calidad, accesibilidad y predictibilidad. Frente a esta demanda, los países desarrollados han puesto cada vez más énfasis en la movilización de capital privado y en la creación de condiciones habilitantes para la inversión. Aunque estos flujos pueden desempeñar un papel importante, la inversión privada suele dirigirse a sectores y proyectos con retornos financieros claros. Mientras tanto, áreas críticas como la adaptación, las pérdidas y daños o el fortalecimiento de capacidades continúan dependiendo del financiamiento público concesional. A esto se suman elementos estructurales relacionados con la deuda que terminan profundizando las carencias en países ya sobrepasados. La segunda fractura está relacionada con la salida de los combustibles fósiles. La disposición para recorrer el camino que implica dejarlos no está sobre la mesa para varios de los Estados parte. Esto a pesar de que son signatarios del Acuerdo de París y de que en la COP28 de Dubái acordaron avanzar hacia una transición justa, ordenada y equitativa, lejos de los combustibles fósiles. Se habla de una transición justa, pero los planes de expansión de los combustibles fósiles son tan ciertos como concretos. El rol de la ciencia frente a la crisis climática ha sido relegado Un aspecto preocupante en las SB64 fue la intención de representantes de diversos países de restar importancia al papel de la ciencia en la toma de decisiones climáticas. Esto no es novedad. Ha venido ocurriendo durante años, de forma gradual y sostenida, quizás tan lentamente que no nos habíamos dado cuenta, sino hasta ahora. El fenómeno se hizo evidente al contrastarse con los resultados de la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, desarrollada hace poco en Santa Marta, Colombia. Allí la ciencia fue el hilo conductor, fundamento central del diálogo político. La forma en que se dio lugar a la ciencia nos recordó a como se hacía en las primeras COP, que abrían con las presentaciones de los hallazgos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Hoy eso ya no ocurre. En estos tiempos, la ciencia aparece como invitada de segundo orden, con un lugar objetado y poco claro.Esto es extremadamente importante porque, sin ciencia, el proceso pierde su sustento y se convierte en una negociación meramente política, en la que gana quien tiene más poder. Acción climática: Los nuevos aires que dan esperanzaEsta historia no termina en una depresión total. En las sesiones climáticas de Bonn pasaron cosas refrescantes y que son fruto de este proceso largo y complejo.La Presidencia de la COP30, de Brasil, se adjudicó la tarea de elaborar hojas de ruta para transicionar lejos de los combustibles fósiles, así como detener y revertir la deforestación para 2030, rescatando los dos pilares centrales de cualquier acción climática efectiva y confiable. Esto muestra a una autoridad dispuesta a desmarcarse del camino oficial para lograr avances. Además, en la COP30 se acordó implementar un mecanismo de transición justa (conocido como BAM), una decisión que respondió al llamado urgente de la sociedad civil y de las comunidades afectadas. Y en Bonn, los países lograron avanzar en el proceso de su operacionalización. Si bien aún queda mucho por hacer, el proceso sigue en pie y se definirá en la COP31, a llevarse a cabo del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía.Por otra parte, la conferencia de Santa Marta, gestada en el marco de la COP30 y con 57 países dispuestos a conversar sobre la transición energética, logró poner en marcha un proceso renovado de intercambio, que también es fuente indiscutida de esperanza que se irá robusteciendo de cara a la segunda conferencia, a cargo de Tuvalu e Irlanda. Conoce más en nuestro análisis de las SB64 *Florencia Ortúzar Greene es la directora del Programa de Clima de AIDA y Karla Maass es consultora externa de la organización.
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La próxima primavera no puede ser silenciosa
¿Hasta dónde debe llegar la ciencia cuando está en juego la vida? Hay quienes prefieren que científicos y científicas permanezcan en laboratorios y aulas, alejados de las decisiones políticas y económicas que, con frecuencia, responden a intereses ajenos al bienestar colectivo. Otros creemos que la ciencia no puede limitarse a comprender la realidad; también debe empujar las decisiones colectivas en favor del bienestar general y, en definitiva, poner la vida en el centro. Mi participación en la preconferencia académica en Santa Marta —durante la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles— reavivó esta reflexión y algunas lecciones que había estudiado en mi formación y que, revisadas hoy, cobran una urgencia distinta. El plomo y la batalla por la verdadA principios de la década de 1920, la gasolina con tetraetilo de plomo se presentaba como un símbolo de progreso industrial. Mejoraba el rendimiento de los motores y el mundo estaba ansioso por aumentar la productividad (a menudo por encima de aspectos cruciales como la salud humana). El plomo también se convirtió en un componente habitual de pinturas, maquillaje y productos cotidianos, liberando uno de los contaminantes más tóxicos de la era industrial sin advertencia a la población.Al mismo tiempo, el geoquímico Claire Patterson intentaba medir la edad de la Tierra a través del análisis isotópico de uranio y plomo en meteoritos. Determinó que nuestro planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años, pero su hallazgo más urgente fue otro: la medición del plomo.Lograrlo fue extraordinariamente difícil, ya que al parecer todo estaba contaminado de plomo, incluso el laboratorio a través de la pintura, y los gases de los autos que ingresaban desde la calle. Patterson descubrió que la actividad humana había incrementado drásticamente la exposición a este metal, poniendo en riesgo a millones de personas a daños neurológicos y otros problemas de salud pública, especialmente en niños. Empresas como Ethyl Corporation y General Motors tenían un negocio multimillonario en torno al plomo. Aunque existían indicios conocidos de la toxicidad del plomo, como el hecho de que los trabajadores de fábricas de tetraetilo de plomo sufrían alucinaciones y muerte, la industria impulsó la idea falsa de que las concentraciones ambientales eran "seguras". Gran parte de esta campaña en defensa del plomo fue a través del financiamiento de proyectos de investigación con fondos industriales. Así, Patterson fue excluido de paneles científicos, perdió financiamiento institucional y fue etiquetado como "alarmista" o "extremista político". Finalmente, estudios epidemiológicos confirmaron los efectos neurobiológicos en la niñez incluso en concentraciones muy bajas. El impulso de Patterson, la confirmación de los epidemiólogos y un naciente movimiento ambientalista en Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970, logró finalmente la regulación del plomo a través de la Environmental Protection Agency (EPA), a pesar de las resistencias de la industria que argumentaba altísimos costos económicos. Finalmente, la industria sobrevivió a la regulación y los niveles de plomo en sangre de la población disminuyeron drásticamente, obteniendo una de las victorias más importantes en salud pública impulsadas desde la ciencia. La ciencia como acto radicalCuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el dicloro difenil tricloroetano —mejor conocido como DDT— se impulsó como un éxito de la química moderna. Un plaguicida eficaz que permitía controlar vectores de enfermedades y plagas agrícolas, promovido en un ambiente de acelerada industrialización y optimismo tecnológico.Recuerdo que mi madre me contaba cómo su casa, en la costa rural del Ecuador, era fumigada con DDT. "Las tablas quedaban blancas, como si hubieran usado un extintor, y no se podía respirar durante el resto de la tarde", recuerda. Su uso era popular y amplio en toda América Latina. En 1962, la bióloga marina y escritora Rachel Carson publicó La Primavera Silenciosa, sintetizando con rigor y en leguaje sencillo la evidencia científica sobre los efectos ecológicos de pesticidas como el DDT. Carson explicaba cómo funcionan la bioacumulación y persistencia ecológica de estas sustancias, y su impacto más evidente en la disminución de poblaciones de aves. Uno de sus pasajes decía: "…las pocas aves que se veían estaban moribundas, temblaban violentamente y no podían volar. Era una primavera sin voces". Su obra se considera fundacional en la disciplina de la divulgación científica. La reacción de la industria fue coordinada y agresiva. Empresas como Velsicol y Union Carbide financiaron campañas para desacreditarla, cuestionaron su capacidad científica y la calificaron como "emocional", "alarmista" e "histérica". La industria intentó promover la idea de que restringir el uso de estos pesticidas nos haría retroceder en la lucha contra el hambre y las enfermedades. A pesar de ello, Carson había logrado colectar evidencia compleja y traducirla a un lenguaje accesible y profundamente humano; al tiempo, nuevas investigaciones confirmaban la toxicidad de estas sustancias en fauna silvestre y ecosistemas acuáticos. Junto al fortalecido movimiento ambientalista mencionado anteriormente, se logró la progresiva restricción del DDT en varios países. Aunque nunca se prohibió formalmente su uso, se impulsó un manejo integrado de plagas, por lo que no se produjo el colapso sanitario y agrícola que pronosticaban muchas empresas. Cuando la capa de ozono mostró lo innegableTambién durante el siglo XX los clorofluorocarbonos (CFC) fueron utilizados ampliamente en sistemas de refrigeración, aerosoles y procesos industriales debido a su alta estabilidad. Sin embargo, los CFC podían alcanzar la estratosfera y, debido a su estabilidad, podían permanecer décadas en la atmósfera.Los químicos Mario Molina y Sherwood Rowland demostraron que, allí arriba, los CFC liberaban átomos de cloro y estos átomos libres destruían moléculas de ozono en reacción en cadena. Debilitar la capa de ozono aumentaba la exposición a la radiación ultravioleta, incrementando el riesgo de sufrir cáncer de piel, cataratas e impactos en los ecosistemas. La reacción industrial, especialmente de DuPont, fue sembrar la duda cuestionando la solidez de los modelos atmosféricos y argumentando que eran insuficientes para imponer regulaciones estrictas. Sembrar la duda era suficiente para retrasar decisiones políticas y defender inversiones multimillonarias; no era necesario demostrar que su uso era seguro. Molina y Rowland fueron desacreditados y se intentó minimizar el problema en un contexto en el que aún se creía que difícilmente la actividad humana podía alterar procesos atmosféricos.Lo que inclinó la balanza fue que el agujero de la capa de ozono podía verse. En 1985 se midió y visualizó con claridad, y la ciudadanía comprendió rápidamente la urgencia. Una narrativa del fin del mundo, pero con una solución concreta, se difundió rápidamente y movilizó la voluntad política. Todo ello se materializó en el Protocolo de Montreal, considerado hasta ahora uno de los acuerdos ambientales más exitosos de la historia. Hoy la capa de ozono se ha recuperado y millones de casos de cáncer se han evitado. De los patrones del pasado a la urgencia del presenteEn los tres casos que refiero la reacción industrial siguió patrones similares: cuestionar la evidencia científica, exagerar los costos económicos y promover la idea de que cualquier restricción representaría una amenaza para el progreso. ¿Podemos reconocer estos patrones en las industrias extractivas actuales? Durante décadas, la industria de los combustibles fósiles ha financiado grupos anticientíficos y campañas de desinformación que siembran la duda, estrategias comunicacionales destinadas a trasladar la responsabilidad exclusivamente al individuo, lobby político y corporativo bloqueando la acción en las negociaciones climáticas internacionales.Sin embargo, la esperanza también proviene de las lecciones de quienes dedicaron su vida a defender la salud humana y los límites ecológicos del planeta. Nos han demostrado que con evidencia científica contundente, comunicación sencilla y humana, comprensión de la urgencia de la acción y una ciudadanía activa y movilizada podemos transformar la realidad.En ese sentido, la conferencia de Santa Marta y su flamante Panel Científico Asesor para la Transición Energética Global se alzan sobre estos principios y sobre algo completamente innovador: no queda espacio para la duda, hoy tenemos certeza de que los combustibles fósiles han provocado este reto de supervivencia y debemos actuar en consecuencia.La preconferencia académica consistió ya no únicamente en explicar el problema, sino en acelerar su implementación política y social. Mi participación se centró en el Grupo de trabajo de Metano fósil, donde discutimos desafíos concretos: mecanismos de monitoreo, reporte y verificación, cómo evitar quedar anclados al consumo de gas natural si es que se realizan inversiones en recuperación de gas y cómo convertir las estrategias de mitigación en políticas de Estado, más allá de los gobiernos electos. Sin duda, hay más preguntas que certezas, pero avanzar en esta discusión es más urgente que nunca.También allí discutimos el papel del metano como un "freno de emergencia" climático. Mientras los efectos positivos de reducir dióxido de carbono (CO2) pueden tardar siglos en percibirse, la reducción de metano podría generar impactos positivos en apenas décadas. Activar este freno de emergencia para ganar tiempo mediante la mitigación rápida del metano nos permitirá reducir riesgos inmediatos y enfrentar la transición más compleja de los demás gases de efecto invernadero.Pero Santa Marta también fue mucho más que discusiones técnicas. Tuve la oportunidad de conocer pescadores afectados por los puertos carboneros del Caribe colombiano, compartir con ellos pescado frito con tostones —conocidos como patacones en mi natal Ecuador— frente al mar y comprender la profundidad humana de una transición que a veces solo se discute en términos económicos o tecnológicos. También pude presenciar los esfuerzos por integrar conocimientos ancestrales y saberes comunitarios dentro de las discusiones científicas. Aunque sigue siendo una tarea pendiente, pueblos indígenas y comunidades continúan recordándonos algo que la modernidad industrial frecuentemente olvida: toda sociedad necesita reconocer límites ecológicos si aspira a perdurar en el tiempo. Sin embargo, también se evidenciaron desafíos importantes. A pesar de la diversidad de actores presentes, los diálogos entre personas científicas, jóvenes y comunidades se limitaron a instancias aisladas. Y aunque nos encontrábamos en una ciudad latinoamericana, gran parte de las conversaciones se desarrollaron exclusivamente en inglés, lo que limitó la participación plena de muchas y muchos actores del sur global y reprodujo desigualdades históricas en la producción del conocimiento. Aún así, salí de Santa Marta con una convicción fortalecida: la esperanza climática no puede ser pasiva.Dependerá de comunidades organizadas, ciencia comprometida con la justicia, liderazgos políticos capaces de priorizar la vida y ciudadanas y ciudadanos dispuestos a exigir transformaciones profundas. La conferencia de Santa Marta no resolvió el desafío climático, pero nos mostró nuestra responsabilidad histórica para que la próxima primavera no sea silenciosa, sino profundamente viva.
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O rio Xingu está sendo silenciado, mas não seu povo
Um rio é sempre um caminho, sustento e memória.Na Volta Grande do rio Xingu, no coração da Amazônia brasileira, a água não apenas fluía: ela ensinava quando plantar, quando pescar, quando celebrar.Alí, a vida seguia o ritmo do rio.Mas isso começou a mudar em 2010, quando se planejava a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E uma pergunta silenciosa começou a surgir: Quem decide o destino da água?Seis anos depois, em 5 de maio de 2016, quando a barragem foi inaugurada, quase 80% da vazão do rio Xingu foi desviada.Já em 2018, organizações e comunidades alertavam que o plano de manejo da vazão imposto ao Xingu para a operação da usina era um prenúncio de um futuro de escassez.Aquele aviso tornou-se realidade.Hoje, trechos inteiros do rio estão secos. Mais de 100 quilômetros da Volta Grande perderam seu fluxo natural. A água, que antes sustentava a biodiversidade e os modos de vida locais, não corre mais como antes.Sem água suficiente, os peixes pararam de se reproduzir. Não há desova há três anos.O silêncio do rio se transformou em fome, incerteza e devastação.A morte dos peixes não é apenas um impacto ambiental: é o colapso de um modo de vida.Comunidades indígenas, ribeirinhas e pesqueiras perderam não apenas sua principal fonte de alimento, mas também sua autonomia e sua conexão com a terra.Hoje, o legado de Belo Monte é um acúmulo progressivo de degradação ecológica, social e cultural.No entanto, essa história ainda não terminou. Tempo de justiça para o rio Xingu e a vida que ele sustentaDez anos após o início das operações da barragem de Belo Monte, os impactos relatados foram confirmados, mas algo imprevisto também se fortaleceu: a resistência.As comunidades afetadas permanecem organizadas, ativas e determinadas. Elas continuam denunciando a situação, exigindo reparações e defendendo seu direito de viver às margens do rio.Essa força é visível hoje nos protestos contra novos projetos na região.Porque para essas comunidades, a luta não é apenas contra um projeto; é pela continuidade da vida.Hoje é um momento de justiça para elasA denúncia contra o Estado brasileiro por sua responsabilidade internacional neste caso tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos desde 2011, aguardando uma decisão que poderá marcar um ponto de virada para as comunidades da bacia do Xingu.A denúncia contém os elementos legais e probatórios necessários para que a Comissão a admita, determine que ocorreram diversas violações de direitos humanos e encaminhe o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja decisão poderá estabelecer um precedente para a regulamentação estatal de megaprojetos no contexto da crise climática; a participação pública; e a proteção de povos indígenas, comunidades tradicionais e ecossistemas-chave como a Amazônia.Contudo, enquanto o processo avança lentamente, os impactos continuam a piorar a cada dia. A urgência não é legal, é humana. Cada ciclo sem resposta é mais um ciclo de seca, perda de biodiversidade e acúmulo de violações.Neste caso, a decisão não é apenas uma questão institucional; é uma questão de esperança para a vida daqueles que dependem do rio.O que aconteceu com Belo Monte tornou-se um símbolo.É um exemplo claro de como projetos vendidos como “energia limpa” podem ter impactos profundos e duradouros quando ignoram os direitos humanos.Num momento em que o mundo busca soluções energéticas para enfrentar a crise climática, não podemos repetir os antigos padrões de injustiça. Leia mais sobre o caso
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