Blog
Mensajes clave para la COP28 en Dubái
Por Javier Dávalos, Claudia Velarde y Marcella Ribeiro* El contexto global de la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), que tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), está marcado por graves conflictos armados y por un año de impactos de la crisis climática en todos los continentes. Por ello, en esta conferencia, cuya sede es una de las más grandes potencias petroleras, se debe abordar de forma directa la salida urgente de los combustibles fósiles, así como concretar un Fondo de Pérdidas y Daños que permita atender los costos de fenómenos extremos cada vez más intensos y frecuentes a causa de la crisis climática. En este marco, el movimiento por el clima se suma una vez más como actor clave para exigir una mayor ambición en la acción climática de los países. AIDA participará en la COP28 como organización observadora acreditada junto con aliados de diversas redes para usar el derecho internacional, abogar por avances contundentes en la acción climática y exigir que las perspectivas de derechos humanos y de género —enmarcadas en la meta de lograr justicia climática y una transición energética justa en la región— estén presentes en las negociaciones. Estos son los mensajes principales a los que se debe prestar mayor atención en la COP28: 1. Salida progresiva y equitativa de los combustibles fósiles En la COP28, los países deben comprometerse a eliminar de forma progresiva, equitativa, con el financiamiento adecuado y con un enfoque de derechos humanos la extracción y uso de los combustibles fósiles. También deben comprometerse a tomar medidas progresivas para disminuir la demanda de energía, promover un cambio en el sistema energético e incentivar la justicia climática como parte de un paquete integral de transición energética justa y popular. Del mismo modo, deben adoptar compromisos para evitar nuevas prospecciones; así como para transformar los subsidios destinados a esos combustibles en apoyos a la protección del ambiente y las personas. AIDA respaldará las posiciones orientadas a esas metas. 2. Un Fondo de Pérdidas y Daños con perspectivas de derechos humanos y de género En la COP27, los países acordaron establecer un Fondo de Pérdidas y Daños, en particular para las naciones con mayor vulnerabilidad ante la crisis climática. Pero la propuesta para su funcionamiento no incluye una perspectiva de derechos humanos. En la COP 28, AIDA abogará para que este fondo ayude a transformar la infraestructura de financiación climática y responda a las obligaciones de los Estados de afrontar las pérdidas y daños soportados por las comunidades vulnerables. Esto implica que el fondo tenga capacidad legal para funcionar de manera independiente y autónoma e incluya en sus principios rectores las perspectivas de derechos humanos y de género. Para diseñar eficazmente los acuerdos institucionales, modalidades, estructura y gobernanza del fondo, es fundamental garantizar la participación de la sociedad civil y de los grupos más vulnerables en todos sus niveles y etapas, incluida una adecuada representatividad de esos sectores en su Junta Directiva. Además, el fondo debe responder a las obligaciones de los Estados de compensar y reparar a las comunidades afectadas. Por tanto, no debe generar más deudas. Debe contar con salvaguardas sociales y ambientales más estrictas que las del Banco Mundial (donde se propone sea alojado en sus primeros cuatro años de funcionamiento) y con mecanismos de acceso directo a recursos adecuados. 3. Acción climática basada en la protección del océano, humedales y bosques AIDA promoverá la inclusión de esos ecosistemas en los compromisos que se adopten respecto a mitigación, adaptación y medios de implementación a través de: Trabajo con la High Seas Alliance acerca de temas clave como el tratado de altamar, la minería submarina, los derrames de petróleo en el mar y las subvenciones pesqueras perjudiciales. Apoyo a la iniciativa de moratoria petrolera en la Amazonía como estrategia regional para impulsar la salida responsable del uso de combustibles fósiles, así como la protección de este ecosistema y de sus habitantes. Seguimiento a la agenda de conservación y restauración de ecosistemas de agua dulce, apoyando con aliados casos específicos: minería en páramos (Colombia), Pantanal (Bolivia, Brasil y Paraguay) y extracción de litio en humedales andinos (Bolivia, Argentina y Chile). 4. Acción climática basada en los derechos humanos en los puntos de negociación Balance Global. En la COP28 se debe concluir el primer Balance Mundial para evaluar el progreso colectivo hacia los objetivos del Acuerdo de París. En este punto, es urgente conseguir un resultado que potencie los esfuerzos de los países para la eliminación progresiva, plena y equitativa de todos los combustibles fósiles; el respeto, protección y cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos; la adopción de enfoques intersectoriales en la planificación, el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC); la garantía de una participación pública, significativa y efectiva de la sociedad en las políticas, compromisos y procesos relacionados con la aplicación del Acuerdo de París; y para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en el contexto de la acción por el clima. Programa de trabajo de transición justa. En la COP27, los países establecieron este programa reconociendo que la transición justa ofrece oportunidades y retos para alcanzar la justicia social, ambiental y climática. Crearon así una vía de negociación para debatir las repercusiones sociales y económicas de la acción climática, así como la importancia de no dejar a nadie atrás en el camino a sociedades con bajas emisiones de carbono. En la COP28 deben definirse los elementos clave del programa —incluyendo su alcance, objetivos, resultados y arreglos institucionales— para plantear la transición como un proceso de transformación integral y plural que implique crear condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para el disfrute del derecho a la energía. Adaptación basada en ecosistemas y meta global de adaptación. La crisis climática y la de pérdida de biodiversidad deben abordarse de manera simultánea e integrada. En la COP28 se debe adoptar un marco para ello, reforzando las sinergias operativas entre los procesos políticos clave que rigen los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos a nivel mundial. Es importante establecer y fortalecer conexiones apropiadas entre los instrumentos y mecanismos clave de estos procesos; por ejemplo, entre las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad del Convenio sobre la Diversidad Biológica y las NDC del Acuerdo de París. Nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento. La financiación de la lucha contra la crisis climática ha sido insuficiente. Los recursos necesarios para la mitigación y la adaptación son significativamente mayores a los 100.000 millones de dólares prometidos hace más de una década. En la COP28 se empezará a tratar la nueva meta cuantificada colectiva, a ser adoptada en la COP29, que deberá tener en cuenta la cantidad y la calidad del financiamiento. Operacionalización de los mecanismos de mercado de carbono. Los mercados de carbono y los sistemas de compensación no resolverán la crisis climática ni brindarán la financiación necesaria. Sin embargo, ya que en la COP28 los países trabajarán para hacer más operativos estos mercados, deben hacerlo de forma que se garantice la integridad ambiental, la transparencia y el respeto por los derechos humanos, entre ellos los de pueblos indígenas y comunidades locales. AIDA promoverá el establecimiento de reglas adecuadas de transparencia, participación y consulta con estos actores, además de la creación de un mecanismo independiente de denuncia y reparación. Mecanismos desvinculados de mercados de carbono. Finalmente, se prevé que en la COP28 se abra la puerta a nuevas iniciativas globales que permitan apoyar a comunidades indígenas y locales en acciones de restauración y gestión integral de ecosistemas para fortalecer sus economías y medios de vida ante la crisis climática. Así, los países trabajarán para establecer un programa oficial de Naciones Unidas orientado a la preparación y fortalecimiento de dichas acciones para lograr ejemplos que sirvan de base para un trabajo más amplio bajo este nuevo mecanismo. *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Marcella Ribeiro es abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.
Leer más
“El agua vale más que el litio”: Resistencia a una transición energética injusta
“El agua vale más que el litio” es la consigna con la que las organizaciones sociales, sindicales y pueblos indígenas expresan desde hace meses su resistencia a la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, ubicada en el extremo norte de Argentina. Denuncian que la reforma, impulsada por el gobernador Gerardo Morales, no respeta la legislación internacional en materia de derechos indígenas, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos acerca de proyectos a desarrollarse en sus territorios ancestrales. En este sentido, dicha reforma habría sido aprobada, el 16 de junio pasado, mediante un proceso breve que no permitió una amplia participación y deliberación pública y en el que no hubo la debida consulta a los pueblos indígenas. Además, el texto constitucional presenta retrocesos significativos en temas ambientales y de derechos humanos; abre las puertas a la megaminería —incluida la de litio— bajo el amparo de la transición energética, criminaliza la protesta y permite la privatización tanto del agua como de las tierras indígenas. Los pueblos originarios han denunciado que el avance indiscriminado de proyectos de minería de litio en la provincia profundizará la crisis hídrica que allí se vive. Ante la creciente demanda internacional de litio —posicionado como un recurso estratégico debido a su capacidad de almacenamiento de energía (útil a las industrias de las baterías y de los vehículos eléctricos)— en años recientes, se ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra más del 53% de las reservas probadas globales. El litio puede estar contenido en salmueras, pegmatitas y rocas sedimentarias, siendo más fácil de extraer en las primeras. Pero es un proceso que demanda altas cantidades de agua y que se lleva a cabo en ecosistemas frágiles, con deficiencia hídrica y fuertemente golpeados por los efectos de la crisis climática, como son los salares. La resistencia social a la reforma constitucional en Jujuy es también la resistencia a una tendencia mundial que busca la permanencia de modelos extractivistas que vulneran derechos humanos en nombre de una transición energética que dista mucho de ser justa. Vulneración de derechos humanos en Jujuy AIDA —junto con otras siete organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en la defensa del ambiente y de los derechos humanos— fue parte de una misión internacional que visitó Jujuy del 21 al 25 de agosto para conocer de primera mano las posibles vulneraciones a los derechos a la protesta y a la participación en el marco de la reforma constitucional. La misión estuvo en los principales focos de protesta y documentó testimonios de personas de pueblos y comunidades indígenas, de asociaciones campesinas, de sindicatos y de organismos de derechos humanos; así como de referentes sociales, docentes, abogados/as y de autoridades de la provincia. Las conclusiones preliminares apuntan a que: Aunque los pueblos indígenas y sus comunidades solicitaron participar en la reforma constitucional, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. Existen preocupaciones respecto de la incompatibilidad de la reforma con los derechos humanos y los derechos ambientales. Pese al contexto de crisis climática y escasez hídrica, la reforma no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas ni la preservación de ecosistemas. La reforma parece favorecer el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos; así como abrir las puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas, dañando los ciclos ecosistémicos y desprotegiendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala, vitales para la existencia de las comunidades originarias. Hay una preocupación reiterada y manifiesta de las comunidades indígenas por los impactos negativos de la minería, en particular de los proyectos de extracción de litio. Testimonios dan cuenta de casos de represión de la protesta social, detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas por parte de la policía contra personas involucradas en la resistencia; así como de un uso desproporcionado de la fuerza. La misión está en proceso de sistematizar la información recabada para elaborar recomendaciones orientadas a visibilizar la compleja situación en la provincia de Jujuy y a contribuir a un diálogo que permita la mejor resolución de la conflictividad social y el respeto de los derechos humanos. ¿Hacia qué tipo de transición apunta la reforma constitucional en Jujuy? Abordar esta interrogante es importante para comprender que una transición energética justa es incompatible con un contexto donde los intereses económicos privados prevalecen sobre las consideraciones sociales y ambientales y donde las acciones gubernamentales desconocen los impactos de la extracción de litio y el reclamo justo de las comunidades locales en relación con la gestión de su agua y su territorio. Jujuy es hogar de más de 12 pueblos indígenas y de unas 400 comunidades, cuyos integrantes se han dedicado milenariamente a la extracción de sal de Salinas Grandes, el cuarto salar más grande de Sudamérica. Su vínculo con el agua es sagrado y ancestral. Representa una conexión cultural amenazada por la explotación de litio, que compromete la disponibilidad de un recurso de por sí escaso. “Para producir una tonelada de litio (a través del método de evaporación), se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”, señala Ingrid Garcés, docente del Departamento de Ingeniería Química y Procesos de Minerales de la Universidad de Antofagasta, en Chile. Esto “es rentable para la industria porque significa un proceso sin costo de energía, pero lamentablemente tiene el costo de la pérdida de agua de un sistema que no es renovable, más es una región desértica” (como es la de los salares). La reforma constitucional en Jujuy no estipula un orden de prioridad para los usos de agua, sino que pone al mismo nivel el consumo humano y el industrial. El acceso limitado al agua es una preocupación central en la provincia debido a que hay pocos acuíferos para satisfacer la demanda de uso humano y doméstico, además de la producción agrícola y ganadera a pequeña escala. Un cambio de rumbo urgente La crisis hídrica es una de las crisis más apremiantes en todo el mundo y está intrínsecamente ligada a la crisis climática y a la necesidad de transitar hacia la generación de otras energías. Los patrones climáticos extremos —como las sequías prolongadas, inundaciones y las tormentas más intensas— afectan directamente la disponibilidad y distribución de agua en diferentes regiones del mundo con una consecuente disminución de los recursos hídricos. En este escenario, la competencia por el uso del agua se intensifica y se requiere una gestión social del agua que beneficie a las comunidades. Solo así es posible abordar la situación en términos de sostenibilidad y de justicia ambiental. La extracción de litio para satisfacer intereses corporativos ejemplifica la paradoja de afrontar la crisis climática a expensas de las comunidades y los ecosistemas. La falta de una distribución justa y equitativa de los beneficios y la externalización de los costos ambientales y sociales subrayan la urgencia de repensar y transformar radicalmente la relación que tenemos con los bienes naturales y la forma en que abordamos la crisis climática.
Leer más
¿Qué significa que un litigio sea climático?
De acuerdo con un informe publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los litigios climáticos se han duplicado en los últimos años a nivel mundial, consolidándose como una herramienta clave, cada vez más recurrida, para combatir la crisis climática. Más aún, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), declaró, en su sexto informe, que actualmente hay “un acuerdo académico cada vez mayor en el sentido de que el litigio climático se ha convertido en una fuerza poderosa en la gobernanza climática". Es que realmente el litigio climático ha venido para quedarse en la caja de herramientas usada por activistas para promover la acción climática. Y son los niños, niñas, jóvenes, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y las comunidades locales quienes han asumido el liderazgo en la presentación de estas acciones judiciales. El litigio climático es por esencia un litigio estratégico, lo que significa que busca cambios amplios en la sociedad, que van más allá de un caso particular. Por lo general, esto se logra promoviendo la protección de derechos o cambios en las políticas públicas. Así, estos litigios han servido para responsabilizar a gobiernos, autoridades, empresas y a otros actores no estatales por la crisis climática ante los tribunales, obligándolos —entre otras cosas— a la adopción, implementación y aumento progresivo de medidas concretas para frenar sus emisiones y a mitigar los impactos de la crisis climática. Hace poco más de un año, AIDA lanzó la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, un sitio web de consulta que reúne muchos de los casos de litigio climático en la región. El objetivo detrás de esta iniciativa es promover el intercambio de experiencias diversas para fortalecer los casos en favor de los cambios estructurales que se necesitan. La Plataforma contiene información sistematizada y actualizada de acciones de litigio interpuestas ante cualquier autoridad jurisdiccional (judicial, administrativa, internacional o autónoma). Incluye los argumentos que sustentan los casos, relativos a las obligaciones legales de los Estados y otros actores frente a la crisis climática. Pero la Plataforma alberga también casos que, si bien no se refieren directamente a la crisis climática, contribuyen a la búsqueda de justicia climática en el continente. Y es ahí donde surge la confusión y se gesta la pregunta: ¿Qué hace que un litigio sea considerado como climático? La verdad es que no existe una definición aceptada que permita identificar qué litigios son climáticos y cuáles no. Es un nicho relativamente nuevo en el campo del derecho ambiental y, como muchas cosas en la vida, tiene bordes difusos. Y es que hoy en día nuestro planeta sufre de múltiples crisis, todas interconectadas y muy vinculadas a la degradación ambiental. En este sentido, es posible casi siempre ligar los litigios ambientales, de alguna forma u otra, con el clima cambiante. De todos modos, y con el objetivo de proponer una discusión al respecto, nos atrevemos aquí a reflexionar sobre posibles definiciones que nos den luces y nos permitan delinear este concepto que tanta relevancia está cobrando. Un acercamiento al concepto de litigio climático y a sus elementos Una manera de abordar el asunto acerca de lo que hace que un litigio sea climático pasa por decir que el litigio climático es todo aquel que contiene argumentos relacionados con la crisis climática en su demanda o en la sentencia que lo resuelve. Otro abordaje está relacionado con el objetivo del litigio, pudiendo decir que el litigio climático es todo aquel que tiene un objetivo relacionado con la acción climática. Esto implica una alta complejidad y una variedad importante de casos, muchos entrecruzados. Así, bajo esta definición, entrarían por ejemplo casos que: buscan la mitigación de las emisiones contaminantes que están causando el calentamiento global; demandan el cumplimiento (o aumento) de parte de los Estados de sus compromisos climáticos internacionales; promueven medidas de adaptación a los efectos inevitables de la crisis climática; demandan la reparación de daños generados por la crisis climática; tienen como objetivo hacer que las empresas se responsabilicen por su participación en el problema; persiguen cambios regulatorios o en políticas en favor de la acción climática; exigen la transparencia o rendición de cuentas de acciones gubernamentales o corporativas relacionadas con la crisis climática; piden que instituciones financieras eleven sus estándares para que en sus decisiones consideren el clima y el ambiente; buscan detener algún proyecto que pueda ser nocivo para el clima; tienen como finalidad proteger ecosistemas, sobre todo aquellos que funcionan como sumideros naturales de carbono; en algunas ocasiones, buscan aumentar la toma pública de conciencia respecto de los problemas relacionados con la crisis climática. Una herramienta viva y en crecimiento constante Como se ve, la variedad de casos que pueden llevar la etiqueta de litigio climático es enorme, casi tan amplia como la creatividad de las personas que están poniendo la herramienta en uso. Algo interesante es que, a pesar de ser un concepto más o menos nuevo, el litigio climático se construye sobre sí mismo. Mientras más lo usemos, mientras más pongamos a los tribunales a examinar las obligaciones de empresas y Estados en favor de la acción climática, iremos generando más jurisprudencia, capacidades y experiencias útiles para seguir avanzando. El derecho nacional e internacional se fortalece mediante el uso del litigio climático y es importante mantenerlo vivo y en constante crecimiento, así como vincularlo con la responsabilidad que tienen Estados y empresas de hacerse cargo de la crisis climática, fundada en el derecho humano y universal a un ambiente sano. Es importante aclarar que el litigio estratégico —sea climático o ambiental— es difícil, complejo y oneroso. Requiere de tiempo, recursos, capacidad y dedicación. Iniciar un litigio climático no es una decisión fácil que pueda tomarse a la ligera. Muchas veces no es la mejor opción para lograr un objetivo. Pero sí podemos decir, con toda seguridad, que es una herramienta clave en la acción climática, que ha permitido llevar las voces de personas y grupos en situación de alta vulnerabilidad, con frecuencia invisibilizados, a los foros donde se toman decisiones, donde se hace justicia. Es, además, la última instancia de juego en el campo de lo institucional y lo legal. Visita la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe
Leer más
Yasuní: Crece la ambición climática gracias al pueblo de Ecuador
La decisión del pueblo ecuatoriano de dejar el petróleo en el subsuelo en una parte del Parque Nacional Yasuní, en plena Amazonía, es una respuesta a la historia de contaminación de la tierra, el agua y el aire de las comunidades amazónicas tras 50 años de explotación petrolera. Es además una muestra de ambición climática esperanzadora que debe ser reconocida y respaldada a nivel regional y global. El 20 de agosto pasado, en una consulta popular nacional, el pueblo ecuatoriano optó por detener la extracción petrolera en el bloque 43 ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), uno de los tres en producción dentro del parque. Con esta decisión, la población de Ecuador dio un paso importante hacia la transición ordenada para dejar una parte del petróleo bajo tierra. Implementarla es una obligación legal para el gobierno ecuatoriano. De hacerlo de manera adecuada, respetando los principios de transición justa y salida responsable, Ecuador será el primer país en cumplir con las demandas que el Secretario General de la ONU y los organismos científicos y energéticos —como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Agencia Internacional de la Energía— vienen haciendo a los actores nacionales acerca de un abandono progresivo de la explotación de combustibles fósiles. Resulta clave ahora que la sociedad civil regional y global acompañe la salida responsable de las operaciones petroleras en el bloque 43 del Yasuní, en el término establecido (18 meses calendario), aplicando veedurías independientes y apoyando alternativas de transición justa para el territorio y sus habitantes. ¿Cómo se llegó a este resultado? Este avance importante para la protección del Yasuní, un ecosistema clave para la adaptación y mitigación de la crisis climática mundial, es fruto de diversos factores, previos a la decisión del 60% del pueblo ecuatoriano el pasado 20 de agosto. Entre ellos están: La lucha histórica de los movimientos indígenas por la defensa territorial y el acompañamiento de varios sectores de la sociedad civil que dieron origen a la Iniciativa Yasuní ITT, que trató de conseguir una compensación económica de la comunidad internacional, que entregaría fondos equivalentes a una parte de las ganancias de la comercialización, a cambio de dejar el crudo bajo tierra. La creación del colectivo social Yasunidos en el año 2013, a raíz del cese de la Iniciativa Yasuní ITT, para oponerse a la declaración de interés nacional de la explotación petrolera del Yasuní, realizada por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador. La lucha incansable de este y otros colectivos, que demostró el fraude realizado por el Consejo Nacional Electoral ante su pedido de consulta popular en 2014, antes del inicio de la explotación petrolera. La decisión de la Corte Constitucional de dar paso a la consulta y el reconocimiento de la violación de los derechos de participación de los miles de personas que firmaron el pedido de consulta en 2014. ¿Qué implica la decisión? Esta histórica decisión tiene implicaciones nacionales, regionales y mundiales, como se detalla a continuación. A nivel nacional, el resultado de la consulta implica —según el dictamen de la Corte Constitucional—, adoptar las siguientes medidas: i) suspender las actividades de extracción; ii) no iniciar actividades nuevas ni firmar nuevos contratos; iii) tomar medidas para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario; iv) tomar medidas de reparación a la naturaleza; v) otras acciones. Todas ellas son oportunidades para generar un espacio de transición justa en la zona. La decisión implica el reconocimiento y reparación de los derechos humanos a la participación de miles de ecuatorianos/as que pudieron decidir con su voto el destino de esta zona, además de la protección de los derechos humanos relacionados con la vida y protección los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan el Parque Yasuní. Se trata de un paso que promueve la conservación del Parque Nacional Yasuní y de su enorme biodiversidad al ser parte de la Amazonía, un ecosistema regulador del clima y clave para la adaptación a la crisis climática a nivel mundial. Con la adecuada implementación de esta decisión, Ecuador dejará de emitir alrededor de 400 millones de toneladas de CO2, asociadas a la explotación petrolera de alrededor de 58 mil barriles diarios, que ahora debe ser suspendida. El resultado de la consulta contempla un plazo de 18 meses calendario para suspender la explotación petrolera y dejar el crudo bajo tierra de forma indefinida. Con ello se asoma el gran reto de implementar una medida que puede ser ejemplar para el mundo: el cierre y abandono responsable de un campo petrolero en la Amazonía. Los retos para la implementación Para ser exitoso, el proceso de salida responsable en el bloque 43 debe garantizar: i) la protección del territorio para evitar la deforestación ilegal y ii) el cuidado de las comunidades con el fin de brindarles alternativas económicas (investigación, bioconocimiento, bioeconomía y turismo sostenible, entre otras). Además, su implementación requiere espacios de veeduría y observatorios ciudadanos locales, así como el respaldo de la comunidad internacional y regional a través de mecanismos financieros y de capacitación técnica. Esa es la promesa de los programas de trabajo de Transición Justa y de Mitigación generados en las negociaciones climáticas. Ante el llamado urgente a que los mayores emisores de carbono del mundo dejen rápidamente de quemar combustibles fósiles, el pueblo de Ecuador ha respondido con un avance importante hacia la transición, uno que comienza desde abajo, en una geografía determinada de la Amazonía. Por ello, su decisión debe ser reconocida en la plataforma para la Acción Climática Mundial (NAZCA por sus siglas en inglés) de la ONU, que recoge la acción climática de actores no estatales. También es fundamental que el próximo gobierno ecuatoriano selle este compromiso climático incluyéndolo en la actualización de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Implementar la decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta popular para proteger el Parque Nacional Yasuní es una obligación legal a nivel local y un precedente exitoso que puede impulsar la necesaria transición energética a nivel mundial.
Leer más
Ampliar la minería de carbón en Colombia contradice una transición energética justa
Colombia enfrenta hoy numerosos desafíos relacionados con la necesaria transición energética justa. Al ser el principal exportador de carbón térmico de América Latina, uno de sus retos prioritarios es definir el futuro del mineral en las matrices económicas y energéticas del país, así como la manera de alinear ese sector con sus obligaciones en materia de gestión de la crisis climática global. Sin duda, las medidas que se adopten para avanzar hacia la transición energética justa y el cumplimiento de los compromisos climáticos deben respetar y garantizar los derechos humanos. El Estado debe hacerlo con una perspectiva diferenciada respecto a los grupos más vulnerables de la sociedad, los mayormente afectados por los efectos de la crisis climática y por los procesos de transición. El gobierno actual, como parte de su plan para modificar la estrategia de transición energética, ha propuesto la construcción de una hoja de ruta enfocada en promover proyectos de energías renovables de fuentes no convencionales, entre otras iniciativas. La propuesta tiene cuatro principios: equidad, participación social y vinculante, gradualidad soberana con confiabilidad y un principio de conocimiento. Aunque la estrategia planteada puede considerarse un avance hacia la transición energética y al cumplimiento de compromisos y estándares internacionales, tiene vacíos preocupantes: no se enfoca lo suficiente en la sustitución de combustibles fósiles y evade el rol e impactos generados por el sector carbón en todas sus fases. Dejar fuera las causas estructurales de la crisis climática obstaculiza la consolidación de un proceso de transición energética que es hoy un escenario en disputa con diversas reivindicaciones e intereses en juego. Un claro ejemplo es lo que ocurre en el departamento de La Guajira, al norte del país, donde confluyen un alto potencial para las energías renovables y la extracción del 35% del carbón que se exporta, actividad que profundiza la crisis climática. Ello ha incrementado la de por sí alta vulnerabilidad climática de la región y agravado la vulneración de derechos humanos en ese territorio. El impacto ha sido tal —sobre todo en términos de estrés hídrico, desertificación y disminución de precipitaciones— que el gobierno decretó Estado de Emergencia Económica, Social y Ambiental en La Guajira, donde se prevé la llegada del fenómeno de El Niño con una intensidad y duración más altas que en años anteriores. El rol del sector carbón en el proceso de transición Combatir y gestionar la crisis climática implica mínimamente avanzar en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, además de frenar la expansión de su extracción y explotación, con la consecuencia evidente de restringir al máximo su uso. Los impactos en derechos humanos y en el clima global del sector carbón, así como los conflictos socioambientales que ha generado, han hecho que el mundo replantee el uso y comercialización del mineral. Así, en los países del sur global con alta dependencia de la extracción y comercialización de combustibles fósiles, se han iniciado discusiones acerca de si avanzar y de qué manera en el proceso de sustitución. En el caso colombiano, si el país quiere avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones climáticas y en el proceso de transición energética justa, es necesario dejar de autorizar nuevos proyectos de minería de carbón térmico, evitar la ampliación de los ya existentes y empezar procesos de salida responsable para un cierre minero progresivo y donde se garanticen derechos. La hoja de ruta del proceso de transición energética debe centrarse en evitar al máximo los impactos en los derechos humanos (territoriales, de subsistencia y ambientales) de las comunidades más vulnerables a los efectos de la crisis climática. De lo que se trata es de evitar nuevas violaciones de derechos humanos y una desprotección de los territorios atravesados por la cadena productiva del sector carbón. El debate en torno a la transición energética y los conflictos socioambientales asociados al carbón se ejemplifica plenamente en el caso del arroyo Bruno, en La Guajira, con un proceso jurídico vigente. Está en manos de la Corte Constitucional decidir entre la protección de un arroyo vital para una zona de alto estrés hídrico y la explotación de su cauce para expandir la mina de la empresa Carbones del Cerrejón (propiedad de la multinacional Glencore). Lo que está en juego es la garantía de los derechos de acceso al agua, a la salud y a la vida de las comunidades Wayúu. Lo que la transición justa sí necesita Tras analizar el rol del carbón en el proceso de la transición energética justa en Colombia, es posible concluir que el país no está cumpliendo sus compromisos climáticos porque no ha establecido medidas y acciones específicas para el sector carbón en su política de cambio climático. Si Colombia quiere avanzar en la sustitución de combustibles fósiles, la política de cambio climático y el proceso de transición energética no pueden desligarse del seguimiento y toma de decisiones que las autoridades competentes adopten respecto de proyectos específicos del sector carbón. La gestión del cambio climático y el proceso de transición energética deben reconocer las reivindicaciones de justicia, reparación y no repetición, exigidas por las comunidades afectadas por años de extracción de carbón, como las ubicadas en el departamento de La Guajira. En un escenario de transición energética justa deben garantizarse —junto con las comunidades afectadas—procesos de cierre minero progresivos, participativos e inclusivos, encaminados a generar escenarios de diversificación y reconversión en las regiones con alta dependencia del sector carbón. Actuar bajo ese marco es deseable y posible.
Leer más
Voces buscando justicia para la comunidad de La Oroya
La situación de la comunidad de La Oroya en Perú, afectada por décadas de contaminación tóxica y por la falta de medidas eficaces para combatirla por parte del Estado, no es una excepción en América Latina. Lamentablemente, hay en el continente muchas zonas de sacrificio ambiental y social en las que se desarrollan actividades altamente contaminantes —como la del complejo metalúrgico de La Oroya— y pobremente supervisadas por las autoridades llamadas a garantizar la vida, la salud, la integridad personal y otros derechos humanos. La importancia del caso responde precisamente a estas realidades y trasciende el contexto peruano para representar la oportunidad histórica de sentar un precedente clave para todo el continente. A ello apuntan las miradas puestas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene pendiente emitir un fallo respecto de la responsabilidad del Estado peruano y las medidas de reparación para las personas afectadas. A la espera de la decisión, escucha los testimonios de quienes han sido parte de la búsqueda de justicia para La Oroya. Son voces que demuestran la gravedad de los daños causados, que dan cuenta que el camino en busca de reparación ha sido largo, pero fructífero. Son voces que expresan la urgencia de garantizar un futuro mejor para residentes de La Oroya y, en últimas, el goce efectivo del derecho a un ambiente sano en el continente. 1. Yolanda Zurita, peticionaria en el caso "Comunidad de La Oroya vs. Perú" ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 2. Anna Cederstav, directora ejecutiva adjunta y directora financiera de AIDA: 3. Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA:
Leer más
Financiamiento climático y perspectiva de género: dos conceptos que deben ir entrelazados
Por Camila Bartelega, Florencia Ortúzar y Francisco Pinilla* Las mujeres y niñas sufren desproporcionadamente los embates de la crisis climática. Esto se debe a que —generalmente— son las encargadas de buscar agua, comida y de velar por los/as niños/as, personas ancianas y enfermas. Estas labores de cuidado no remuneradas son mucho más difíciles con el cambio climático. También está comprobado que las mujeres y niñas sufren más riesgos ante desastres naturales. Se estima que en esos casos experimentan tasas de mortalidad 14 veces más altas que los hombres. Esto puede ser porque cargan con personas vulnerables a su cuidado, porque muchas veces no se les enseña a nadar o a trepar árboles o porque visten ropas no adecuadas para reaccionar, entre otras razones. Por otro lado, dado que la crisis climática genera caos y aumenta la violencia, quedan más expuestas a sufrir asaltos sexuales e incluso a violencia en sus propios hogares, alimentada por la frustración creciente de un mundo donde los recursos son más escasos y complejos de adquirir. Queda claro entonces por qué es importante incluir la perspectiva de género al hablar de la mejor forma de afrontar la crisis climática. Pero hacerlo es importante no solo para “nivelar el campo” para las mujeres, históricamente en desventaja, sino también porque ellas tienen muchos conocimientos que aportar y la carga adicional que llevan afecta su capacidad para contribuir a las mejores soluciones. Así, incorporar un enfoque de género en la acción climática es justo y también deseable para obtener resultados más eficaces y beneficiosos. Cuando se las excluye, pierden las mujeres y perdemos todos. Para Maite Smet, directora ejecutiva de la Red Internacional de Forestería Análoga, al hablar de un enfoque de género, o hasta de uno feminista, estamos hablando de temas de poder. "Trabajar desde la justicia de género y climática es querer transformar los sistemas de poder que históricamente han oprimido y excluido socialmente a las personas. Se abre la oportunidad de incluir a personas que no han sido parte de las conversaciones y decisiones importantes sobre el clima", comenta. Veamos ahora la relación entre la perspectiva de género y el financiamiento climático, elemento vital en la ardua batalla por mantener un planeta habitable. Género y financiamiento para el clima Enfrentar la crisis climática mundial requiere transformar nuestra forma de existir en el planeta, incluyendo la producción de energía y de alimentos, la infraestructura y el transporte, entre otros. Esto requiere cuantiosos recursos financieros. El Acuerdo de París establece que los países desarrollados deben prestar asistencia financiera a los países menos desarrollados y más vulnerables. Lo anterior nos lleva al mundo del financiamiento climático, a la provisión de fondos para implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Siendo que los impactos de la crisis climática afectan desproporcionadamente a las mujeres y niñas, todo financiamiento climático debe tener una perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Implica un financiamiento que entiende estos impactos diferenciados y que los aborda intencionalmente. Significa decidir el financiamiento con participación de las mujeres, reconociendo que tienen conocimientos valiosos sobre sus territorios y que por ende son portadoras de valiosas soluciones. Finalmente, se traduce en un financiamiento que esté disponible y accesible para las mujeres. Según Natalia Daza, monitora de género del Fondo Verde del Clima para América Latina y el Caribe e integrante de Women Environment and Development Organization, el enfoque de género en el financiamiento climático tiene mucho que ver con entender que la desigualdad moldea la forma en que se dan las relaciones sociales. "Las mujeres se ven impactadas de forma diferenciada, usualmente de forma más negativa, por los efectos del cambio climático. Por eso la sociedad civil tiene un papel muy importante: asegurar que las acciones climáticas incluyan las voces de mujeres, organizaciones LGBTIQ+ y organizaciones feministas desde el diseño hasta la implementación", explica. El enfoque de género en el Fondo Verde del Clima En AIDA, cuando hacemos seguimiento al financiamiento climático que llega a la región, nos concentramos en el Fondo Verde del Clima (FVC), el principal fondo climático del mundo, que rinde cuentas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aunque está lejos de ser perfecto (entre otras razones, porque lo escrito no necesariamente se cumple), es quizás el fondo más progresista en temas de género. La política de género del FVC reconoce que el cambio climático afecta de manera diferente a mujeres y hombres, además de enfatizar la importancia de la participación y del liderazgo de las mujeres en los procesos de toma de decisiones relacionados con el financiamiento. Es considerada progresista, en comparación con otros fondos, porque tiene un enfoque transversal que busca integrar las consideraciones de género en todos los aspectos del financiamiento. De acuerdo con Seblewongel Deneke, especialista en género del FVC, cualquier política o estrategia que surja dentro del fondo debe tener en cuenta la perspectiva de género. "Está claro que tanto las mujeres como los hombres contribuyen por igual y deberían tener las mismas oportunidades. Pero debemos reconocer que existen retos diferenciados para hombres y mujeres, que ambos son parte de la solución". La política incluye el desarrollo de capacidades, de herramientas y de materiales. "El debate sobre el clima no es sólo acerca de la agenda climática, sino que pone en la mesa otros elementos de la desigualdad. Tenemos que cambiar el acceso a la educación, a la salud y garantizar los derechos básicos que se supone cada individuo debe tener, incluidas las mujeres", afirma Seblewongel. ¿Qué hace falta? No podemos negar que hemos avanzado. La importancia de la perspectiva de género, en la acción climática y en el financiamiento climático, se discute y se reconoce. Existen políticas para asegurarla, instituciones encargadas de implementarla y a veces incluso personal y presupuestos destinados a este objetivo. Pero no es una misión cumplida. El acceso a financiamiento climático para las mujeres aún es menor y ellas gozan de menos posiciones de poder. Y muchas veces los proyectos de mitigación y adaptación no consideran los efectos desproporcionados del cambio climático en las mujeres. Está claro que no es fácil cambiar las cosas cuando se mueven con la inercia de lo que siempre ha sido. Pero no debemos bajar los brazos. En AIDA hemos incluido la perspectiva de género de forma transversal en todo nuestro trabajo. Con ello hemos abierto camino en muchos frentes y mejorado nuestros resultados, en beneficio no solo de las mujeres. Como nodo regional del GCF Watch, un observatorio internacional que da seguimiento al Fondo Verde del Clima, AIDA es puente entre la toma de decisiones a nivel de la Junta Directiva y los territorios que reciben los proyectos financiados. Florencia Ortúzar, abogada senior de AIDA, comenta que no basta tener fondos, sino también inversiones adecuadas. "El seguimiento de la sociedad civil es clave para asegurar que las inversiones en nombre del clima se hagan con respeto a los derechos humanos y con enfoque de género, alcanzando el máximo potencial posible de los fondos destinados a este tipo de proyectos y programas". Ese fue el tema de un evento presencial realizado en junio en Río de Janeiro. Apoyado por la Alianza Global para la Acción Verde y de Género (GAGGA por sus siglas en inglés) —y organizado por el Fondo Socioambiental CASA, AIDA y Both Ends—, el evento buscó capacitar y motivar a organizaciones regionales con bases feministas para que estén mejor preparadas para dar seguimiento al Fondo Verde del Clima. Lola Gutiérrez, directora del Fondo de Mujeres Bolivia, quien participó en el evento, resalta la importancia de conocer más del fondo, de las experiencias de otros países y de cómo acceder a estos recursos. "A las mujeres, el extractivismo y el cambio climático nos afectan de forma diferenciada y somos actoras fundamentales de la solución. Es fundamental estar presentes y problematizar lo que está pasando". Una de las conclusiones del evento fue que, con los avances en políticas y con una narrativa mucho más receptiva al género, podemos dejar de ser porteras que evitan el paso de malos proyectos para ser goleadoras que proponen los proyectos a ser implementados para frenar la crisis climática. Ahí está la esperanza, en que pronto sean estas organizaciones de base las que accedan a los fondos y propongan soluciones. Solo entonces celebraremos y descansaremos. * Camila Bartelega es becaria del Programa de Clima de AIDA, Florencia Ortúzar es abogada sénior y Francisco Pinilla es estratega de comunicación digital.
Leer más
Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe: El camino recorrido
Cuando el mundo atravesaba por una crisis de salud y la COVID-19 nos hacía alejarnos de todo y de todos/as, me topé con la Comunidad de Práctica de Litigio Climático en América Latina. Por esos días de 2020, era colaboradora externa de Greenpeace México y tuve la fortuna de coincidir con Javier, Florencia y Verónica, anfitriones/as de esta naciente comunidad desde su trabajo en AIDA. La comunidad propició diversos encuentros virtuales para intercambiar ideas en torno al litigio climático con personas de toda la región preocupadas por el ambiente, la crisis climática, la salud del planeta y de los seres vivos. Confirmamos preocupaciones compartidas y evidenciamos cómo, desde cada trinchera, hacíamos frente a las crisis ambientales y sociales a través de litigios climáticos estratégicos. Mientras algunas personas litigaban contra la deforestación, las minas de carbón y las termoeléctricas, o para la inclusión de variables de cambio climático en los estudios de impacto ambiental; otras buscaban frenar políticas encaminadas al uso de combustibles fósiles o la mejora y cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales. Fue interesante ver la amplitud y versatilidad con la que se desplegaba la herramienta del litigio para potenciar la acción climática. AIDA nos invitó después a participar en una serie de encuentros para conversar con las y los protagonistas de algunos de los casos de litigio estratégico más emblemáticos a nivel mundial. La experiencia de interactuar de cerca y en espacios de confianza con estas personas fue inigualable. Sin duda aumentó mi convicción de que la lucha que se estaba librando era muy importante, así como la necesidad de conocer más de los litigios climáticos. Luego llegó otra invitación de AIDA, esta vez para colaborar en el comité asesor para la construcción de una plataforma que contuviera, en un solo lugar, los casos de litigio climático de nuestra región y en nuestro idioma, como testimonios de una resistencia que proviene desde diversos frentes. El objetivo era agrupar y visibilizar los esfuerzos de América Latina y el Caribe frente a los conflictos climáticos en un sitio web donde las y los usuarios accedieran a información, argumentos para apoyar luchas, estrategias y a la posibilidad de establecer contacto con abogados/as y científicos/as. El Instituto Alana de Brasil, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, la Defensoría Ambiental de Chile y Greenpeace México respondimos al llamado para participar en el diseño de la herramienta. Los esfuerzos conjuntos dieron fruto y, en febrero de 2022, la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe nació oficialmente con el objetivo de fortalecer el litigio climático en la región y con ello su poder para promover los cambios estructurales que se necesitan. El principal reto estaba en cómo recopilar, sistematizar y mantener actualizados los datos. La solución fue conformar un equipo de relatores/as. Así, personas voluntarias —abogados/as o estudiantes de derecho de distintos países con interés en trabajar por el ambiente, el clima y el respeto a los derechos humanos— empezaron a colaborar de manera virtual en el mantenimiento y actualización de la plataforma e informando de casos nuevos en sus jurisdicciones. La plataforma fue lanzada con 49 casos y actualmente alberga 61 casos de ocho países. Otros 30 están en proceso de ser incluidos. Los casos están identificados y categorizados de forma amigable e intuitiva. El equipo de relatores/as está integrado por 24 personas que cubren 12 países. La plataforma no sería posible sin su trabajo y entusiasmo incansables. A un año y medio del lanzamiento de la plataforma, y mucho más tiempo desde que fue gestada, mis recuerdos apuntan al entusiasmo, la dedicación y el compromiso de mucha gente por defender nuestro hogar común, por luchar contra la devastación y la posibilidad de heredar a las futuras generaciones un planeta más verde y azul. Tenemos la obligación de rendir cuentas a las generaciones venideras. Debemos brindar herramientas, iniciar y continuar acciones que den luz a futuras acciones legales para proteger y cuidar el ambiente. Comparto mi certeza de que los objetivos marcados por la comunidad de práctica en esas primeras reuniones de 2020 se están cumpliendo y que este proyecto seguirá adelante a pasos agigantados. El reto se mantiene: seguir difundiendo los casos de éxito, las valiosas lecciones de cuando las cosas no resultan como esperamos, las experiencias regionales e internacionales exitosas; y seguir trabajando para hacer efectivas las sentencias que le dan la razón al planeta. Desde AIDA, te invitamos a conocer y a usar la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe para adentrarte en el mundo de los litigios climáticos, que representan una gran oportunidad en la lucha por la justicia climática y la protección de los derechos humanos en la región y en el mundo. Visita la plataforma
Leer más
Cúpula da Amazônia: 6 propostas para preservar a floresta por meio da cooperação regional
A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, um ecossistema megadiverso e um estabilizador climático global que desempenha um papel fundamental no ciclo da água na América do Sul. Além disso, a região abriga centenas de povos indígenas, ribeirinhos e comunidades locais. Apesar de sua riqueza e importância cultural, a Amazônia está ameaçada pela colonização e apropriação de terras, desmatamento, incêndios e atividades extrativistas, entre outras coisas. Como a região é compartilhada por oito países - Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela - e pela Guiana Francesa (território ultramarino francês), sua preservação exige esforços regionais. O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), assinado em 1978 pelos oito países amazônicos, promove o desenvolvimento sustentável dos territórios amazônicos com foco na cooperação e na pesquisa científica. Em 1998, com uma emenda ao tratado, os países criaram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) para fortalecer e aprimorar o processo de cooperação. A OTCA é hoje o único bloco socioambiental da América Latina e a arena mais importante para estabelecer uma forte coordenação regional para preservar o bioma amazônico. Entretanto, essa organização intergovernamental ainda não atingiu seu potencial. Ela tem enfrentado obstáculos de financiamento, dependendo de fontes internacionais em várias ocasiões. Por outro lado, não permitiu a participação efetiva da sociedade civil. Nos dias 8 e 9 de agosto, a cidade de Belém do Pará, no Brasil, sedia a Cúpula da Amazônia 2023 - a quarta reunião dos presidentes dos Estados que compõem o TCA. Diante da oportunidade que essa reunião representa para revitalizar a OTCA em prol dos territórios amazônicos, apresentamos 6 propostas para preservar esse ecossistema por meio da cooperação regional. 1. Reformar os órgãos da OTCA para permitir a participação pública É urgente atualizar o TCA e restaurar a OTCA para garantir a ampla participação da sociedade civil, incluindo as reuniões dos órgãos de governança da OTCA e a criação de sua Agenda Estratégica para a Cooperação Amazônica. As atas dessas reuniões devem ser tornadas públicas. Essas e outras medidas são essenciais para que os estados amazônicos cumpram suas obrigações nos termos do Acordo de Escazú, um tratado regional que reconhece o direito do público de acessar informações sobre questões ambientais. 2. Promover a inclusão, o diálogo e a coordenação com os habitantes da região Os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas e as comunidades locais que vivem na Amazônia têm desempenhado um papel fundamental na sua proteção. Ao longo dos séculos, seus conhecimentos têm possibilitado a conservação da floresta. Portanto, os esforços para preservar esse ecossistema devem começar pelo reconhecimento, valorização e proteção dessa rede de conhecimento ancestral, promovendo sua participação na tomada de decisões e garantindo seus direitos, de acordo com os tratados internacionais para a proteção dos direitos humanos. 3. Proteção dos defensores ambientais Quatro dos países amazônicos - Brasil, Colômbia, Equador e Peru - estão entre os países com os maiores riscos para os defensores ambientais e territoriais, especialmente os defensores indígenas e ribeirinhos. Apesar disso, a OTCA não tem uma estratégia para lidar com essa grave situação. A Organização deve garantir aos defensores ambientais um ambiente seguro e favorável para seu trabalho, tarefa que também deve incluir um programa para a proteção das mulheres defensoras na Amazônia. 4. Combate efetivo ao uso de mercúrio na mineração de ouro O uso de mercúrio na mineração de ouro em pequena escala é devastador para as comunidades e os ecossistemas da Amazônia. Em nível regional, a OTCA deve adotar uma resolução ou um programa para tratar diretamente dessa questão. E, em nível internacional, os Estados membros devem agir como um bloco para pressionar por emendas à Convenção de Minamata sobre Mercúrio, de modo que o tratado proíba a comercialização do metal pesado e seu uso na mineração de ouro em pequena escala. 5. Providenciar a execução dos acordos ambientais internacionais Com base em uma estratégia regional de reconhecimento do direito ambiental internacional para a proteção da Amazônia e de seus habitantes, a OTCA deve assessorar os Estados Partes para o cumprimento de tratados ambientais, como a Convenção sobre Diversidade Biológica. Também deve apoiar os Estados na inclusão de localidades, sistemas de conhecimento, tradições e expressões culturais de comunidades ribeirinhas e povos indígenas que estejam ameaçados e em listas de atenção e apoio internacional prioritário, como as Reservas da Biosfera e o Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, bem como as Zonas Úmidas de Importância Internacional da Convenção de Ramsar. 6. Promover uma visão diferente de desenvolvimento para a região amazônica A OTCA deve promover uma visão de desenvolvimento que leve em conta as comunidades e inclua os problemas de desmatamento, queimadas e a expansão da fronteira extrativista por meio da integração internacional. Também é necessário articular esforços regionais para deter a expansão da fronteira petrolífera e defender o estabelecimento de uma moratória para a extração de combustíveis fósseis na Amazônia. Além disso, deve promover reformas legais que desencorajem a expansão da mineração ilegal e seus impactos. Olhando para o futuro A floresta amazônica e o potencial de cooperação regional para preservá-la estão em um momento crítico. O ponto de não retorno para a Amazônia - o ponto em que os níveis de desmatamento superam sua capacidade de regeneração - não é mais um cenário futuro. Entretanto, após vários anos de pouca ação dentro da OTCA, a Cúpula Amazônica deste ano e a reativação do Parlamento Amazônico em 2022 renovam a esperança de cooperação regional para preservar a floresta. Na mesma linha, os presidentes do Brasil e da Colômbia anunciaram recentemente suas metas para conter o desmatamento ilegal nos territórios amazônicos até 2030. Considerando as ameaças atuais à Amazônia e a obrigação da OTCA de promover a cooperação regional, seus Estados membros deveriam aproveitar esse momento para providenciar à organização um financiamento mais regular e permanente. Isso é necessário para implementar programas eficazes de longo prazo e, especialmente, para implementar essas seis propostas. A sociedade civil também deve aproveitar ao máximo as oportunidades de advocacy com a OTCA e seus órgãos, incluindo a participação nos Diálogos Amazônicos, que serão realizados de 4 a 6 de agosto como um prelúdio da Cúpula. Os esforços conjuntos regionais e transfronteiriços são suficientemente poderosos para salvar um ecossistema vital para a região e para o mundo. VERSÃO EM ESPANHOL
Leer más
Cumbre Amazónica: 6 propuestas para preservar la Amazonía desde la cooperación regional
La Amazonía es el mayor bosque tropical del mundo, un ecosistema megadiverso y un estabilizador climático global, que tiene un rol clave para el ciclo del agua en Sudamérica. Además, la región alberga cientos de pueblos indígenas, comunidades campesinas y comunidades locales. Pese a su riqueza e importancia cultural, la Amazonía está en peligro, entre otras cosas, por la colonización y acaparamiento de tierras, la deforestación, los incendios y las actividades extractivas. Dado que la región amazónica es compartida por ocho países —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— y por Guayana Francesa, un departamento francés de ultramar, su preservación requiere esfuerzos regionales. A ello responde el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), firmado en 1978 por los ocho países amazónicos, que promueve el desarrollo sostenible de los territorios amazónicos con un enfoque en la cooperación y la investigación científica. En 1998, con una enmienda al tratado, los países crearon la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para fortalecer y mejorar el proceso de cooperación. La OTCA es hoy el único bloque socioambiental de América Latina y el escenario más importante para establecer una coordinación regional sólida para preservar el bioma amazónico. Sin embargo, esta organización intergubernamental aún no ha logrado alcanzar su potencial. Ha encontrado obstáculos para generar financiamiento, dependiendo en varias ocasiones de fuentes internacionales. Por otro lado, no ha permitido la participación efectiva de la sociedad civil. El 8 y 9 de agosto, la ciudad de Belém do Pará en Brasil será la sede de la Cumbre de la Amazonía 2023, la cuarta reunión de presidentes de los Estados parte del TCA. Ante la oportunidad que esta cita representa para revitalizar la OTCA en favor de los territorios amazónicos, presentamos a continuación seis propuestas para preservar este ecosistema desde la cooperación regional. 1. Reformar las instancias de la OTCA para permitir la participación pública Es urgente actualizar el TCA y restaurar la OTCA para garantizar la participación amplia de la sociedad civil, incluyendo las reuniones de los organismos de gobernanza de la OTCA y la creación de su Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica. Las actas de dichas reuniones deben ser públicas. Estas y otras medidas son esenciales para que los Estados amazónicos cumplan sus obligaciones bajo el Acuerdo de Escazú, tratado regional que reconoce el derecho del público de acceder a información en asuntos ambientales. 2. Avanzar en la inclusión, diálogo y coordinación con quienes habitan la Amazonía Los pueblos indígenas, comunidades campesinas y comunidades locales que habitan la Amazonía han tenido un rol fundamental en su resguardo. Durante milenios, sus saberes han permitido su conservación. Por lo tanto, los esfuerzos para preservar este ecosistema deben partir por reconocer, valorar y proteger estos sistemas de conocimiento ancestrales, promover su participación en la toma de decisiones y garantizar sus derechos conforme al marco internacional de protección de los derechos humanos. 3. Proteger a las personas defensoras del ambiente en la Amazonía Cuatro de los países amazónicos —Brasil, Colombia, Ecuador y Perú— están entre los países con mayores riesgos para las personas defensoras del ambiente y el territorio, en especial para las defensoras mujeres indígenas y campesinas. Pese a esto, la OTCA no cuenta actualmente con una estrategia que aborde esta grave situación. La organización debe garantizar a las y los defensores ambientales un entorno seguro y propicio para su labor, tarea que debe incluir un programa para la protección de defensoras de la Amazonía. 4. Combatir efectivamente el uso del mercurio en la minería de oro El uso del mercurio en la extracción de oro en pequeña escala es devastador para las comunidades y ecosistemas de la Amazonía. A nivel regional, la OTCA debe adoptar una resolución o programa para abordar directamente esta problemática. Y, a nivel internacional, los Estados miembro deben actuar en bloque para impulsar enmiendas al Convenio Minamata sobre el Mercurio para que el tratado prohíba la comercialización del metal pesado y su uso en la pequeña minería de oro. 5. Impulsar el cumplimiento de convenios ambientales internacionales A partir de una estrategia regional de reconocimiento del derecho internacional ambiental para la protección de la Amazonía y de quienes la habitan, la OTCA debe asesorar a los Estados parte en el cumplimiento de tratados ambientales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Asimismo, debe respaldar a los Estados en la inclusión de sitios, sistemas de conocimiento, tradiciones y expresiones culturales de comunidades campesinas y pueblos indígenas que estén bajo amenaza en listas de atención y apoyo prioritario internacional, tales como la de Reservas de la Biosfera y la de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, así como la de Humedales de Importancia Internacional de la Convención Ramsar sobre Humedales. 6. Promover una visión distinta del desarrollo para la Amazonía La OTCA debe promover una visión del desarrollo que tome en cuenta a las comunidades y aborde las problemáticas de la deforestación, los incendios, y de la expansión de la frontera extractiva desde la integración internacional. Es necesario también que articule esfuerzos regionales para frenar la expansión de la frontera petrolera y abogar por el establecimiento en el continente de una moratoria a la extracción de combustibles fósiles en la Amazonía. Además, debe promover reformas legales que desincentiven la expansión de la minería ilegal y sus impactos. Mirando hacia el futuro La selva amazónica, así como el potencial de la cooperación regional para preservarla, están en una coyuntura crítica. El punto de no retorno de la Amazonía, aquel en el que los niveles de deforestación anulen su capacidad de regeneración, ya no es un escenario futuro. Pero, al mismo tiempo, después de varios años de poca acción dentro de la OTCA, la Cumbre Amazónica de este año y la reactivación del Parlamento Amazónico en 2022 están renovando la esperanza en la cooperación regional para preservar la Amazonía. En la misma línea, los presidentes de Brasil y Colombia anunciaron recientemente sus metas para frenar la deforestación ilegal en los territorios amazónicos en 2030. Dadas las amenazas que recaen actualmente sobre la Amazonía y el mandato de la OTCA para fomentar la cooperación regional, sus Estados miembros deben aprovechar este momento para proporcionar a la organización un financiamiento más regular y permanente. Esta medida es necesaria para implementar programas efectivos a largo plazo y especialmente para implementar las seis propuestas. Asimismo, la sociedad civil debe aprovechar al máximo las oportunidades de incidencia ante la OTCA y sus organismos, incluyendo la participación en los Diálogos Amazónicos que se realizarán entre el 4 y 6 de agosto como una antesala de la Cumbre. Los esfuerzos conjuntos, regionales y transfronterizos tienen la fuerza suficiente para salvar un ecosistema vital para la región y para el mundo. Versión en portugués
Leer más