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Propuesta de lineamientos para una regulación regional por el aire limpio, la salud pública y la justicia climática
Actores de diferentes sectores nos reunimos para iniciar un camino hacia un proceso sin precedentes: construir un marco regulatorio regional para la gobernanza de la calidad del aire, la salud pública y la acción climática en América Latina y el Caribe. Este proceso inició con una conversación para identificar los elementos indispensables para afrontar como región los retos que implica la intersección entre la contaminación atmosférica, la crisis climática y su impacto en la salud pública. Este diálogo intersectorial visibilizó la necesidad de aunar esfuerzos gubernamentales e intergubernamentales para implementar acciones bajo un marco común en la región, sin desconocer la responsabilidad que tenemos los diversos actores que conformamos la sociedad. Asimismo, este diálogo permitió evidenciar que este marco debe desarrollarse bajo los enfoques de gobernanza, derechos humanos e interseccionalidad, reconociendo las diferentes vulnerabilidades y responsabilidades que tenemos de cara a este asunto. El propósito de diseñar un marco común para la región nos invitó a conversar sobre la necesidad de primero reconocer que: tenemos un contexto social, ambiental y fuentes de contaminación particulares de América Latina y el Caribe, especialmente en la forma cómo nos relacionamos con la energía y bienes comunes; falta aún investigación y evaluación de las fuentes de la contaminación del aire y sus puntos de interacción con la crisis del clima y la salud pública, desde la perspectiva regional; y que existe una brecha de asistencia técnica y financiera de y para los gobiernos, en relación con el desarrollo y ejecución de sus programas de gestión de la contaminación del aire, de la acción climática y de la salud pública. Tomamos como base las recomendaciones (1) establecidas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el ambiente, relacionadas con el derecho a respirar aire puro, y la evidencia científica aportada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en sus informes sobre la profundización de la crisis climática. Así, con el ánimo de enfrentar los retos que implican la interacción entre clima, aire y salud para las presentes y futuras generaciones de la región de América Latina y el Caribe, proponemos los siguientes lineamientos para la elaboración de un marco regulatorio regional: Afrontar la contaminación atmosférica y la crisis climática de manera conjunta, por medio de instrumentos de gestión efectivos que tengan en cuenta sus cobeneficios en la salud pública. Establecer y adoptar progresivamente medidas y metas ambiciosas, acordes a los estándares de calidad del aire alineados con las guías de la OMS (2). Desarrollar índices de calidad del aire y salud (3) en los países de América Latina y el Caribe. Articular sistemas de monitoreo de calidad del aire de bajo costo y/o ciudadanos (4) que complementen los sistemas de monitoreo institucionales. Incrementar la cooperación internacional a través de la adopción de compromisos de reducción de emisiones e impactos transfronterizos, ligados a causas como incendios forestales, desde una perspectiva de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Garantizar los derechos humanos de participación, acceso a la información y a la justicia en el ejercicio de la gobernanza de la calidad del aire, garantizando el principio de transparencia y el acceso a datos abiertos y estandarizados. Facilitar información al público sobre la calidad del aire, fomentar la educación ambiental y acciones de comunicación a los actores clave, especialmente a la ciudadanía y tomadores de decisiones, para acercar los temas de calidad del aire, clima y salud a la población. Estos lineamientos deberán convertirse en acciones que reflejen los principios en los cuales se fundamentan. Estos principios son: la justicia social, las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, la progresividad y no regresión, la precaución y prevención, la acción climática efectiva para una transición energética justa y salida progresiva de los combustibles fósiles; y la promoción, respeto y garantía del derecho a respirar aire puro, que es uno de los elementos vitales del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta apuesta, que recoge debates previamente dados por la Red Nacional Ciudadana de Calidad del Aire de Colombia y la Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio (ALAire), sigue en construcción. Por esto, el camino que iniciamos el 21 de marzo de 2023 continuará abierto a recibir aportes de todos los sectores. Esperamos que escale diversos escenarios de decisión, territoriales, nacionales y regionales para lograr que la calidad del aire sea un medio que nos acerque a las transiciones que como sociedades latinoamericanas necesitamos. Lee y descarga la propuesta de lineamientos Haz aportes a la propuesta (1) Vigilar la calidad del aire y de sus efectos sobre la salud; evaluar las fuentes de contaminación atmosférica; informar al público sobre la calidad del aire; establecer, aplicar y evaluar la legislación y los planes de acción sobre la calidad del aire, y; proteger a las y los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. A/HRC/40/55 (2) Las Directrices Mundiales de la OMS sobre la Calidad del Aire ofrecen orientaciones a escala mundial sobre los umbrales y límites de los principales contaminantes atmosféricos que entrañan riesgos para la salud. En América Latina, los estándares no están alineados con estas directrices y adoptar los estándares de la OMS para los 6 contaminantes criterio es fundamental para asegurar una protección a los derechos de las personas expuestas a la contaminación atmosférica. (3) Los índices de aire y salud son herramientas de comunicación del riesgo construidas a partir de datos epidemiológicos, que informan sobre el posible impacto que la calidad del aire actual representa para la salud, lo que a su vez permite dar una serie de recomendaciones a personas vulnerables y no vulnerables y favorecer la toma de decisiones en salud pública. Para garantizar la protección de los derechos de la población y brindar una correcta información, estos índices deben ser iguales en toda la región y cumplir con los mayores estándares para su construcción y uso. (4) Las acciones de monitoreo ciudadano con sensores de bajo costo permiten recolectar más y mejor información a nivel local sobre la exposición de las personas a la contaminación atmosférica, adicionando información a los sistemas de monitoreo de las autoridades públicas. Contar con esta información permite tomar medidas de descontaminación más precisa, planear el desarrollo territorial y proteger los derechos de la población. Estos sistemas de monitoreo ciudadano permiten el ejercicio de una gestión y control de la calidad del aire desde la sociedad civil. En el caso de municipios que no cuentan con una red institucional, el apoyo debe priorizar el desarrollo de redes ciudadanas.
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5 mensajes para fortalecer la Conferencia del Agua 2023
Por Rosa Peña, Claudia Velarde y Yeny Rodríguez* La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023 —la cual llevaba más de 50 años sin celebrarse— tendrá lugar del 22 al 24 de marzo próximos en la ciudad de Nueva York. Bajo la visión de un "mundo unido por el agua", se espera adoptar en la Conferencia la Agenda de Acción por el Agua con los compromisos que harán los gobiernos y otras partes interesadas para alcanzar los objetivos y metas mundiales en el tema de agua y saneamiento. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, el encuentro "debe dar lugar a una agenda audaz de acción por el agua que otorgue a este elemento vital de nuestro planeta el compromiso que se merece". América Latina y el Caribe es la región con más agua dulce del mundo. Tiene cerca de un tercio del agua del mundo y la mayor dotación de agua per cápita, casi el cuádruple del promedio mundial. Pese a esto, alrededor de un cuarto de la población de la región (unos 150 millones de personas) viven en zonas donde el agua es escasa y más de 400 millones carecen de servicios de saneamiento seguros. La Conferencia representa un momento histórico y un llamado de gran parte de la humanidad que no puede quedar sin respuesta. AIDA participará del encuentro para poner en la mesa las necesidades, preocupaciones y propuestas de la región que en muchas ocasiones pasan desapercibidas en espacios internacionales de esta envergadura. Estos son algunos de los mensajes principales que promoveremos en la Conferencia Mundial del Agua: 1. La crisis del agua y la crisis climática están interconectadas La crisis del agua y la crisis climática están estrechamente vinculadas. Son las dos caras de una misma moneda. Los impactos de la crisis del clima se traducen en un aumento de la frecuencia y del impacto de desastres por las complejas precipitaciones, inundaciones, derretimiento de los nevados y glaciares, aumento del nivel del mar, estrés hídrico e intensificación de las sequías. A su vez, la destrucción y contaminación de los ecosistemas estratégicos para el ciclo del agua agravan la crisis climática por ser éstos valiosos sumideros de carbono. Por tanto, las políticas de gestión integrada del agua deben enfocarse en prevenir el deterioro de las fuentes de agua por medio de una gestión y ordenamiento que permitan aumentar la resiliencia frente al cambio climático y mitigar el riesgo de desastres. 2. El agua es esencial para la vida y un derecho que garantiza otros derechos El agua es el elemento más importante para la vida en la Tierra. Tiene diversos valores culturales, sociales, espirituales y naturales que promueven el bienestar común y el cuidado de la naturaleza. El agua y sus fuentes son bienes comunes. El derecho al agua es necesario para la garantía de otros derechos como el ambiente sano, la vida, la salud, la alimentación y los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros. En la región, las poblaciones más vulnerables y empobrecidas son las principales afectadas por la crisis del agua. Sin embargo, siguen siendo relegadas de la toma de decisiones ambientales. La gobernanza del agua debe ser justa, inclusiva y plural, así como promover la gestión comunitaria y colectiva. El conocimiento situado de la población campesina y los saberes del agua de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes son necesarios e importantes para la elaboración de políticas de gestión del agua. 3. La colaboración entre Estados es necesaria para proteger el agua como bien común La colaboración transfronteriza entre Estados para la gestión de cuencas, humedales, acuíferos y fuentes de agua debe garantizar una gestión sostenible y socialmente justa del agua, así como la protección y conectividad de los ecosistemas. Ante la actual crisis del agua, es necesario también un acuerdo vinculante entre Estados para la protección de este bien común como derecho humano universal. Asimismo, los Estados deben priorizar la protección y restauración de ecosistemas que son fundamentales para el ciclo del agua (bosques, páramos, glaciares, ríos, humedales, aguas subterráneas y otros) con una adecuada gestión territorial, participativa y comunitaria; además de priorizar el uso para satisfacer las necesidades de la población por encima de los usos industriales. 4. Es urgente atender las causas que contaminan el agua y obstaculizan su acceso Las actuales crisis de calidad, seguridad, disponibilidad, acceso y distribución del agua están profundamente relacionadas con las inversiones, actividades empresariales y proyectos de desarrollo no sostenibles, los extractivismos, los modelos económicos desiguales y la crisis climática. Afrontar la crisis del agua en el continente requiere un cambio en el paradigma de desarrollo mundial e implica dejar atrás un modelo que no prioriza el cuidado del agua ni considera a las generaciones futuras. El respeto y garantía del derecho al agua en América Latina y el Caribe presenta hoy desafíos estructurales vinculados a las disputas por el uso del agua generadas por las ambiciones de transiciones energéticas apresuradas que desconocen derechos humanos, la privatización de los servicios públicos del agua, las brechas en los derechos de acceso y la falta de garantías para la vida de las personas defensoras del agua. A su vez, quienes invierten en proyectos de desarrollo (de infraestructura, agricultura o minero-energéticos, por ejemplo, los financian o ejecutan deben tener en cuenta la gestión justa del agua como eje estructural de sus operaciones. 5. Las mujeres son las protagonistas de la protección del agua Las mujeres son quienes habitualmente lideran las luchas en defensa del agua, especialmente en poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Para ellas, defender el agua es defender la vida misma. Por eso, están más expuestas a riesgos y amenazas. Pese a lo anterior, no son convocadas a los espacios de toma de decisiones ambientales, donde se definen asuntos que las pueden afectar directamente, como la instalación de industrias contaminantes que inciden negativamente en la disponibilidad y calidad del agua en sus territorios. Los daños a fuentes de agua afectan especialmente y de forma diferenciada a las mujeres. Estas afectaciones se pueden traducir en un aumento en la carga de las tareas de cuidado; un mayor esfuerzo en los desplazamientos y exposición a riesgos para lograr el acceso; una mayor dificultad para la siembra, la cosecha de alimentos y la crianza de animales, lo que afecta el derecho a la alimentación; impactos a la realización de oficios y actividades productivas ancestrales como la pesca o el barequeo; y un aumento de las enfermedades relacionadas con la salubridad y la salud reproductiva, entre otros. Estos mensajes, entre otros, se han reflejado en el Pacto Transformador del Agua: un marco innovador para la gobernanza justa del agua desarrollado por más de 40 personas defensoras de la justicia ambiental, organizaciones de la sociedad civil y la academia, especialmente del sur global. Este instrumento, del cual AIDA es coautor, es una hoja de ruta orientada al diálogo y a los compromisos colaborativos entre todos los actores involucrados en la gestión del agua. Y será presentado en la Conferencia Mundial del Agua. *Rosa Peña es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Yeny Rodríguez es abogada del Programa de Ecosistemas.
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Una oportunidad para ordenar la política de bosques en Colombia
Texto publicado originalmente en La Silla Vacía Las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) son una herramienta clave para la protección de la biodiversidad. Según la ley 2 de 1959, fueron creadas con el fin de garantizar el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. No obstante, pese a su importancia ambiental, esta figura de ordenamiento forestal no ha cumplido su finalidad en todos los casos. Los bosques en Colombia no se han salvado del avance de la deforestación y del extractivismo. Esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que, desde la expedición del decreto ley 2811 de 1974, en Colombia está permitido sustraer áreas de las reservas forestales "por razones de utilidad pública e interés social" con el fin de destinarlas a otras actividades económicas que impliquen remoción de los bosques o cambios en el uso del suelo. Con este argumento, se han sustraído miles de hectáreas de bosques en el país para desarrollar actividades como la explotación minera. Esto ha reducido la figura de protección. Hoy se calcula que de las 48.275.517 hectáreas que integran las siete ZRF, 14.741.237 hectáreas ya han sido sustraídas. La segunda razón es que no existe a nivel nacional una política clara en materia de bosques. Por décadas, los gobiernos han ideado diversos programas, estrategias y planes para atender al fenómeno de la deforestación. Ejemplo de ello son los programas del gobierno Rem Visión Amazonía, que busca frenar la deforestación en este macroterritorio; o la estrategia Sin Fuego, Cero Incendios para prevenir y atender los incendios en la Amazonía. Son iniciativas muy valiosas, sin duda, pero no responden a un país que desborda de realidad. Así, a la fecha, las ZRF no se articulan, a nivel nacional y regional, a planes de ordenación forestal que garanticen un aprovechamiento sostenible de los bosques. Tampoco existe un marco jurídico actualizado y claro que permita al Estado brindar soluciones eficaces al control territorial que se sabe está detrás de la deforestación, a la construcción de infraestructura que la sucede y al espacio que una zona deforestada con carreteras y aeropuertos va dejando para que la minería ilegal, la agroindustria y la ganadería extensiva avancen llevándose todo a su paso, incluidas las personas. La normativa que existe no responde a las graves dinámicas de apropiación y acaparamiento de baldíos y de despojo de comunidades étnicas y campesinas, ni a los retos que plantea para la ordenación forestal la dispersión de múltiples actores armados con poder e intereses en estos territorios. Tampoco contempla aún la reglamentación de las "concesiones para la gestión forestal y de la biodiversidad" de las que habla el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. Estas se implementarán con pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Par. 2 Art. 41 del PND), para las que el gobierno acaba de recibir una cuantiosa financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este último es un escenario difícil donde comunidades rurales vulnerables entran a negociar con el Estado, en condiciones de desigualdad, un acuerdo sobre cómo manejar el bosque que cuidan y habitan, del que dependen para vivir. Para añadir leña al fuego, al inicio del año pasado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) expidió la Resolución 110 de 2022 con la que flexibilizó los requisitos y trámite para sustraer reservas forestales. Además, eximió a ciertos sectores y actividades del procedimiento administrativo de sustracción. Con ello, entre otras cosas, abrió paso a la exploración minera en zonas donde no se necesite remover bosque, lo cual incluye zonas que hayan sufrido procesos previos de deforestación. Ante esta peligrosa reforma, en agosto de 2022, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió una alerta internacional acerca de los riesgos que la regulación suponía para los bosques y humedales en Colombia, así como para la población campesina y comunidades étnicas que dependen de ellos, quienes no fueron consultados para este cambio de regulación. En la alerta, instó al gobierno a revocarla y a remplazarla por una nueva que responda a las obligaciones internacionales del país en materia de ambiente, clima y derechos humanos. Gracias a la presión de la sociedad civil, hace unas semanas MinAmbiente abrió a consulta el proyecto de resolución con el que revocaría la cuestionada resolución y adoptaría los términos de referencia para las solicitudes de sustracción de reservas forestales del orden nacional y regional. Respecto del proyecto de resolución hay tres cosas por decir. 1. Si bien el proyecto deroga la resolución, también establece un régimen de transición que beneficia a las empresas que alcanzaron a recibir autorización de MinAmbiente para avanzar con actividades de exploración minera que no necesitan tala de árboles. Con este régimen, el gobierno acepta indirectamente la exploración minera en áreas deforestadas, torpedeando su recuperación, y asume equivocadamente que el único impacto a generar en esta etapa es la remoción de cobertura boscosa. ¡Y esto es una falacia! La construcción de caminos, la liberación de materiales particulados y contaminantes (como polvo y gases de combustión) y la producción de ruido que aleja a las especies son solo algunos de los posibles impactos socioambientales que se pueden generar. Incluso con fines exploratorios, se pueden emplear métodos disruptivos en el ecosistema, como perforaciones para cuantificar la magnitud del depósito, con el riesgo de perforar acuíferos y disminuir la cantidad de agua disponible para servicios ecosistémicos. Además, existe peligro de degradar la calidad del agua al mezclar las aguas superficiales con las subterráneas. 2. MinAmbiente deja viva la disposición tal vez más cuestionada de la Resolución 110, a pesar de estar viciada de inconstitucionalidad pues, para su expedición, las comunidades étnicas cuyos territorios se traslapan con las reservas forestales —del Pacífico, Amazonas y Sierra Nevada de Santa Marta— no fueron consultadas previamente. 3. Este proyecto de resolución le abre al gobierno actual una ventana de oportunidad para hacer las cosas bien desde el inicio y avanzar en la actualización de una regulación que se ajuste a las complejas dinámicas territoriales. Ello debe traducirse en una normativa descentralizada e intercultural que sea consultada previamente y que entienda a las reservas forestales como territorios vivos habitados, que no ponga a competir a la población campesina con las empresas por la tierra y que dialogue armónicamente con los modelos de gobierno propios de los pueblos indígenas que han habitado ancestralmente estos territorios. Una normativa que prefiera flexibilizar la figura de las ZRF para permitir la adjudicación de baldíos a personas vulnerables, y no para abrir paso a la minería. Somos el tercer país de Sudamérica con mayor área en bosques y el segundo en el mundo por biodiversidad. Este puesto nos lo dan los 60 millones de hectáreas de bosque que tenemos, que representan el 50% del territorio nacional. Si bien la regulación del trámite de sustracción de ZRF es solo un eslabón de la cadena, definitivamente es uno determinante para lograr una política de bosques que permita al Estado cumplir con sus obligaciones internacionales ambientales y climáticas.
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Ações e motivos para preservar a Amazônia
A Amazônia, um território compartilhado por oito países, é a maior floresta tropical do mundo. É o lar de 10% da biodiversidade conhecida do planeta. E é um estabilizador climático global, armazenando entre 90 e 140 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), um dos gases de efeito estufa mais nocivos que, se liberado, aceleraria a crise climática. E para mais de 470 povos indígenas e tradicionais, a Amazônia tem sido um lugar ancestral de vida, a partir do qual eles desenvolveram suas formas de estar no mundo. Entretanto, a floresta tropical amazônica está sob várias ameaças - incluindo colonização, desmatamento e atividades extrativistas - que aumentam sua vulnerabilidade e afetam os direitos humanos daqueles que a habitam e a protegem. Essas pressões resultaram em algumas áreas da Amazônia que atualmente emitem mais dióxido de carbono do que absorvem. Essa situação impõe o desafio de implementar estratégias para a proteção legal dos territórios amazônicos que se articulem com as lutas dos povos afetados. Na AIDA, fortalecemos essas estratégias e apoiamos processos comunitários destinados a combater os danos causados pela mineração e exploração de petróleo em territórios amazônicos em três países. Embora atualmente haja esperança no novo governo de Lula da Silva no Brasil, que anunciou seu objetivo de reduzir o desmatamento na Amazônia a zero até 2030, a preservação desse ecossistema - além da vontade política - requer fortes ações conjuntas, coordenadas e transfronteiriças. Nesse sentido, a Colômbia propôs uma frente comum para defender a floresta. FORTALECENDO A DEFESA LEGAL O trabalho da AIDA fortaleceu as capacidades de organizações nacionais no Brasil, Equador e Peru para a defesa jurídica da Amazônia, assim como trabalhos de comunicação e conscientização. Brasil: Ao expor falhas no estudo de impacto ambiental, ajudamos a garantir que as comunidades afetadas pelo projeto de mineração Volta Grande da empresa canadense Belo Sun sejam incluídas no processo de autorização ambiental e que o Estado seja obrigado a consultá-las para obter seu consentimento. Também produzimos um relatório para agências da ONU no qual identificamos medidas para garantir a segurança dos defensores do meio ambiente na Amazônia. Equador: Fortalecemos as estratégias de litigância para deter um decreto pelo qual o governo busca expandir a mineração no país com sérios impactos para a região. E expandimos o entendimento a respeito das ferramentas necessárias para desenvolver o litígio estratégico e melhorar as capacidades de comunicação dos povos indígenas. Peru: Apoiamos a aceleração de um litígio que visava garantir o reparo e a manutenção do oleoduto Norperuano, cuja operação tem gerado graves impactos ambientais e violações dos direitos humanos para os povos indígenas afetados por derramamentos de petróleo. Em todos os três países fomos capazes de avançar para uma compreensão mais precisa das necessidades de proteção legal da Amazônia e dos contextos em que tais estratégias deveriam ser desenvolvidas. Isso foi possível graças ao trabalho em parceria com organizações nacionais e locais e com os povos indígenas. ARGUMENTOS PARA PROTEGER O ECOSSISTEMA Há muitas razões para preservar a Amazônia, cuja importância é regional e global. A fim de fortalecer os esforços de comunicação ligados à proteção legal do ecossistema, a AIDA desenvolveu dois infográficos que apresentam de forma esquemática e didática os argumentos para defender os territórios amazônicos, assim como seus habitantes, em juízo. O foco do primeiro é a vasta biodiversidade contida na Amazônia. Alguns números mostram os altos níveis de riqueza que ela abriga: 40.000 espécies de plantas; 16.000 espécies de árvores; 3.000 espécies de peixes; 1.300 espécies de aves; mais de 430 espécies de mamíferos; mais de 1.000 espécies de anfíbios; e mais de 400 espécies de répteis. Portanto, qualquer intervenção na floresta tropical amazônica deve partir de um entendimento dela como um território altamente diversificado, complexo e interligado. A riqueza da Amazônia também é cultural, representada nos povos indígenas e tradicionais que habitam o ecossistema desde os tempos antigos, cuja diversidade está presente em 86 idiomas e 650 dialetos. A outra infografia ilustra a capacidade da Amazônia de regular a umidade e o clima do continente. Além de armazenar grandes quantidades de dióxido de carbono, o ecossistema absorve metade da energia solar que recebe através da evaporação da água de sua folhagem. A maior parte da energia retida é liberada quando o vapor se condensa para formar nuvens e chuva. Entre outras coisas, a Amazônia recicla entre 50% e 70% da precipitação anual, bombeando cerca de sete bilhões de toneladas de água por ano para a atmosfera através da evapotranspiração. A Amazônia e seus cuidados são emblemáticos da relação intrínseca e do equilíbrio que deve existir entre um ambiente saudável e a existência humana. "A floresta, toda a água e o ar estão onde existem os espíritos que nos dão vida. Todos nós temos uma correlação", diz Humberto, membro de uma comunidade na Amazônia equatoriana. "Essa existência é o que chamamos de vida, nossa própria casa, a farmácia, a natureza ou o que podemos chamar em geral de existência do homem e da natureza", conclui. VERSÃO EM ESPANHOL
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Acciones y razones para preservar la Amazonía
La Amazonía, territorio compartido por ocho países, es el mayor bosque tropical del mundo. Alberga 10% de la biodiversidad conocida del planeta. Y es un estabilizador climático global pues almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero más nocivos que —de ser liberado— aceleraría la crisis climática. Y, para más de 470 pueblos indígenas y tradicionales, la Amazonía ha sido un lugar ancestral de vida, a partir del cual han desarrollado sus formas de estar en el mundo. Sin embargo, la selva amazónica está bajo diversas amenazas —entre ellas la colonización, la deforestación y actividades extractivas— que aumentan su vulnerabilidad y afectan los derechos humanos de quienes la habitan y protegen. Estas presiones han hecho que, actualmente, algunas áreas de la Amazonía emitan más dióxido de carbono del que absorben. La situación plantea el desafío de implementar estrategias de protección legal de los territorios amazónicos que se articulen con las luchas de los pueblos afectados. En AIDA hemos fortalecido dichas estrategias y hemos apoyado procesos comunitarios dirigidos a combatir los daños de la minería y de la explotación petrolera en territorios amazónicos de tres países. Aunque en estos días la esperanza está puesta en el gobierno entrante de Lula da Silva en Brasil, quien anunció su objetivo de reducir a cero la deforestación de la Amazonía para 2030, la preservación de este ecosistema —además de voluntad política— exige acciones contundentes conjuntas, coordinadas y transfronterizas. En ese sentido, Colombia planteó un frente común para defender la selva amazónica. Fortaleciendo la defensa legal El trabajo de AIDA logró fortalecer las capacidades de organizaciones nacionales en Brasil, Ecuador y Perú para la defensa legal de la Amazonía y para tareas de comunicación relacionadas. Brasil: Al evidenciar las falencias del estudio de impacto ambiental, contribuimos a que las comunidades afectadas por el proyecto minero Volta Grande, de la empresa canadiense Belo Sun, sean incluidas en el proceso de autorización ambiental y a que el Estado esté obligado a consultarles para obtener su consentimiento. También elaboramos un informe dirigido a organismos de la ONU en el que identificamos medidas para garantizar la seguridad de las personas defensoras del ambiente en la Amazonía. Ecuador: Fortalecimos las estrategias de litigio para frenar la vigencia de un decreto con el cual el gobierno busca ampliar la explotación minera en el país, con graves impactos para la Amazonía. Y generamos mayor entendimiento de las herramientas necesarias para desarrollar un litigio estratégico y mejorar las capacidades de comunicación de los pueblos indígenas. Perú: Apoyamos la aceleración de un litigio encaminado a garantizar la reparación y mantenimiento del oleoducto Norperuano, cuya operación ha generado graves impactos ambientales y violaciones a derechos humanos para pueblos indígenas afectados por derrames petroleros. En los tres países, pudimos avanzar hacia una comprensión más precisa de las necesidades de protección legal de la Amazonía y de los contextos en que dichas estrategias deben desarrollarse. Esto fue posible gracias al trabajo en alianza con organizaciones nacionales, locales y pueblos indígenas. Argumentos para proteger el ecosistema Son muchas las razones para preservar la Amazonía, cuya importancia es regional y mundial. A fin de fortalecer los esfuerzos de comunicación ligados a la protección legal del ecosistema, en AIDA elaboramos dos infografías que presentan de forma esquemática y didáctica los argumentos para defender los territorios amazónicos, así como a sus habitantes, ante los tribunales. El foco de una de las infografías es la vasta biodiversidad contenida en la Amazonía. Algunas cifras evidencian los altos niveles de riqueza que alberga: 40.000 especies de plantas; 16.000 de árboles; 3.000 de peces; 1.300 de aves; más de 430 de mamíferos; más de 1.000 de anfibios; y más de 400 especies de reptiles. Por tanto, cualquier intervención en la selva amazónica debe partir del conocimiento de ella como un territorio altamente diverso, complejo e interconectado. La riqueza de la Amazonía también es cultural, representada en los pueblos indígenas y tradicionales que habitan el ecosistema desde tiempos ancestrales, cuya diversidad está presente en 86 lenguas y 650 dialectos. La Amazonía: Una región megadiversa La otra infografía ilustra la capacidad de la Amazonía para regular la humedad y el clima del continente. Además de almacenar grandes cantidades de dióxido de carbono, el ecosistema absorbe la mitad de la energía solar que recibe mediante la evaporación del agua de su follaje. La mayor parte de la energía atrapada se libera cuando el vapor se condensa para formar nubes y lluvia. Entre otras cosas, la Amazonía recicla entre 50% y 70% de las precipitaciones anuales, bombeando unos siete billones de toneladas de agua al año a la atmósfera a través de la evapotranspiración. La Amazonía: Un estabilizador climático global La Amazonía y su cuidado son una muestra emblemática de la relación intrínseca y del equilibrio que debe existir entre el ambiente sano y la existencia humana. “La selva, toda el agua y el aire son donde existen los espíritus que nos dan la vida. Todos tenemos una correlación", dice Humberto, miembro de una comunidad de la Amazonía ecuatoriana. "Esa existencia es lo que denominamos vida, casa propia, la farmacia, la naturaleza o lo que podemos llamar en general la existencia del hombre y la naturaleza”. VERSIÓN EN PORTUGUÉS
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Degradação do Pantanal: alerta urgente sobre as ameaças aos direitos humanos
O Pantanal é o maior pântano de água doce do mundo. Seus quase 18 milhões de hectares de superfície se estendem pelo Brasil, Bolívia e Paraguai, e abrigam milhares de espécies, algumas delas ameaçadas de extinção. É também onde estão localizados seis Sítios Ramsar, zonas úmidas de importância internacional que foram designados pela UNESCO como Reservas da Biosfera e Patrimônio Mundial. Além disso, o Pantanal fornece recursos e o sustento de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Mais de 270 comunidades - incluindo povos indígenas, pecuaristas e comunidades ribeirinhas - dependem direta ou indiretamente da zona úmida, embora sua relevância ultrapasse a região e seja fundamental para o bem-estar de mais de 10 milhões de pessoas. Entretanto, o Pantanal está em risco de colapso: apenas 5% de sua área é protegida. Nos últimos anos, incêndios florestais, seca e desmatamento - associados à expansão do agronegócio e à construção de barragens e hidrelétricas - têm destruído milhões de hectares do pântano. Esse dano viola os direitos das pessoas e comunidades locais. DANOS AO ECOSSISTEMA E VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS A intensificação das atividades extrativistas nos últimos anos, principalmente da pecuária e do agronegócio, levaram a secas e incêndios sem precedentes na região. Durante 2020, os incêndios devastaram mais de 4 milhões e 500 mil hectares da zona úmida, cerca de um terço de sua superfície. Até 2022, mais de 123.000 hectares foram consumidos pelos incêndios, 26% a mais do que em 2021, o que consequentemente aumentou as secas. Um dos casos mais graves é o do povo Guató da Baía dos Guató, no Brasil, que perdeu quase 90 por cento de seu território para o fogo. "Os incêndios destruíram colheitas, queimaram casas e consumiram grande parte do nosso território, acabando com muitas árvores, animais e aves. Destruíram nossas plantas e segurança alimentar, porque nossas colheitas foram arruinadas”, disse um dos aldeões. "Tudo está chegando ao fim”, acrescentou. Os incêndios no Pantanal provocaram a perda de florestas e da biodiversidade, agravando a crise climática. Isso também têm impacto sobre a saúde e a subsistência das comunidades próximas, destruindo suas casas e territórios, tornando-os mais suscetíveis a problemas de saúde, especialmente problemas respiratórios. Os incêndios resultaram na perda de sementes e na morte de animais. A seca compromete especialmente as comunidades que dependem da pesca para obter alimentos e renda (cerca de 70% dos habitantes do Pantanal dependem da pesca como seu principal meio de subsistência). As mulheres envolvidas na coleta artesanal de iscas para a pesca esportiva têm sido particularmente afetadas. As comunidades tradicionais da região também foram severamente atingidas, pois o incêndio atingiu todos os seus territórios, destruindo quase metade deles. Isso tem repercussões no desenvolvimento de suas práticas culturais, pois para muitas comunidades pantaneiras a conexão com a terra representa um papel essencial. Eles obtêm da natureza as plantas para seus medicamentos tradicionais e matérias-primas para construir suas casas, utensílios e artesanato. Para a comunidade Yshir, por exemplo, a destruição do Pantanal ameaça seu sistema de crenças e cosmologia (onde a floresta, os rios e a vida selvagem são centrais), impedindo-os de manter suas cerimônias tradicionais baseadas nessas crenças. UM CHAMADO DE ALERTA A Associação Interamericana de Defesa do Meio Ambiente (AIDA) e a Ecologia e Ação (ECOA) elaboraram um alerta urgente aos Relatores de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) para relatar a situação crítica do Pantanal e solicitaram que se façam recomendações aos três países onde o pantanal está localizado, a fim de evitar a recorrência de incêndios, assegurar a restauração dos ecossistemas e garantir os direitos das populações locais. Também foi pedido que se faça uma visita ao local para conhecer melhor a situação e fortalecer as recomendações com sentido de urgência. A riqueza biológica do Pantanal é incalculável. A área fornece vários serviços de ecossistema, como: regulação do fluxo de cheias, regulação climática, controle da fertilidade do solo, controle biológico, manutenção da biodiversidade e é uma fonte de água, alimentos e matérias-primas para a população. A importância ambiental e social do Pantanal exige ações urgentes, coordenadas, transfronteiriças e eficazes para garantir sua restauração e proteção. É hora de unir forças e cuidar da enorme riqueza natural e cultural deste bioma que é tão importante para a vida. VERSÃO EM ESPANHOL
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Alerta urgente ante amenazas a derechos humanos por degradación del Pantanal
El Pantanal es el humedal de agua dulce más grande del mundo. Sus casi 18 millones de hectáreas de superficie se extienden por Brasil, Bolivia y Paraguay, siendo hogar de miles de especies, algunas de ellas en peligro de extinción. También alberga seis sitios Ramsar, humedales de importancia internacional, y ha sido designado Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial por la UNESCO. Además, el Pantanal provee de recursos y sostiene los modos de vida de alrededor de un millón y medio de personas. Más de 270 comunidades —entre ellas pueblos indígenas, ganaderos y ribereños— dependen directa o indirectamente del humedal, aunque su relevancia trasciende la región y es fundamental para el bienestar de más de 10 millones de personas. Sin embargo, el Pantanal está en riesgo de colapso. Solo el 5% de su superficie está protegido. En los últimos años, los incendios forestales, la sequía y la deforestación —asociados a la expansión de la agroindustria y la construcción de presas e hidroeléctricas— han destruido millones de hectáreas de este humedal. Estos daños vulneran los derechos de las personas y comunidades locales. DAÑOS AL ECOSISTEMA Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS La intensificación de actividades extractivas en años recientes, principalmente la ganadería y la agroindustria, ha generado sequías e incendios sin precedentes en el Pantanal. Durante 2020, los incendios devastaron más de 4 millones 500 mil hectáreas del humedal, cerca de una tercera parte de su superficie. Y en lo que va de 2022, más de 123,000 hectáreas han sido consumidas por incendios, 26% más que en el mismo periodo de 2021. A la par, las sequías han aumentado. Uno de los casos más graves es el del pueblo Guató, de Baía dos Guató, Brasil, que ha perdido casi 90 por ciento de su territorio a causa del fuego. “Los incendios destruyeron cultivos, quemaron casas. El fuego destruyó gran parte de nuestro territorio, destruyendo muchos árboles, animales, pájaros, dañando a nuestros animales y plantas y nuestra seguridad alimentaria, porque destruyó nuestros cultivos”, declaró uno de sus integrantes. “Todo se está acabando”. Los incendios en el Pantanal han causado la pérdida de bosques y biodiversidad, agravando a su vez la crisis climática. También impactan en la salud y formas de vida de las comunidades cercanas al destruir sus hogares y territorios, haciéndolas más susceptibles a problemas de salud, especialmente respiratorios. Los incendios han provocado la pérdida de semillas y la muerte de animales. La sequía impacta especialmente a las comunidades que dependen de la pesca para alimentarse y obtener ingresos (alrededor del 70 por ciento de los pobladores del Pantanal dependen de la pesca como su principal sustento). Las mujeres que se dedican a la recolección artesanal de carnadas para la pesca deportiva han sido particularmente afectadas. También las comunidades tradicionales de la región han sido gravemente impactadas pues el fuego ha alcanzado todos sus territorios, destruyendo casi la mitad de ellos. Esto repercute en el desarrollo de sus prácticas culturales, pues para muchas comunidades del Pantanal la conexión con la tierra tiene un papel esencial. Obtienen de la naturaleza las plantas para sus medicinas tradicionales y materias primas para construir sus casas, utensilios y artesanías. Para los Yshir, por ejemplo, la destrucción del Pantanal amenaza su sistema de creencias y cosmología (donde el bosque, los ríos y la vida silvestre son centrales), impidiéndoles mantener sus ceremonias tradicionales basadas en estas creencias. UN LLAMADO DE ALERTA La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Ecologia e Ação (ECOA) elaboramos una alerta urgente dirigida a Relatores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para informar de la crítica situación del Pantanal y solicitar que emitan recomendaciones a los tres países donde se ubica el humedal a fin de prevenir la repetición de incendios, asegurar la restauración de ecosistemas y garantizar los derechos de las poblaciones locales. También les pedimos realizar una visita al sitio para que conozcan su situación de primera mano y para que sus recomendaciones tengan mayor fuerza y sentido de urgencia. La riqueza biológica del Pantanal es incalculable. El sitio proporciona varios servicios ecosistémicos: la regulación del caudal de las crecidas, la regulación del clima, el control de la fertilidad del suelo, el control biológico, el mantenimiento de la biodiversidad y es fuente de agua, alimentos y materias primas para la población. La importancia ambiental y social del Pantanal requiere acciones urgentes, coordinadas, transfronterizas y efectivas que garanticen su restauración y protección. Es hora de sumar esfuerzos y cuidar de la enorme riqueza natural y cultural de este bioma tan importante para la vida. VERSIÓN EN PORTUGUÉS
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10 buenas noticias en 2022 para un futuro sostenible
Este año vimos avances importantes que están sentando precedentes para la justicia ambiental en América Latina y en el mundo. En 2022, celebramos decisiones a nivel nacional y local, así como acuerdos internacionales, que nos encaminan hacia un futuro más justo y sostenible para todas las personas. Escogimos 10 de estos avances, que representan buenas noticias para la protección de los ecosistemas y, en general, de la biodiversidad; para el respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano; para el reconocimiento y salvaguarda de los pueblos indígenas y tradicionales; para el financiamiento responsable; para el fortalecimiento del litigio climático como herramienta para que gobiernos, empresas y otros actores rindan cuentas; y para una transición energética justa. 1. ecuador amplió la reserva marina de las islas Galápagos Iniciando 2022, Ecuador —mediante un decreto— sumó 60.000 kilómetros cuadrados a las islas Galápagos, el primer sitio que la UNESCO declaró Patrimonio Natural de la Humanidad. La nueva área, llamada Reserva Hermandad, crea un corredor marino entre las islas Galápagos y la isla del Coco —en Costa Rica— que servirá de vía de paso seguro para las decenas de especies protegidas que se trasladan en esta zona, como tiburones, ballenas, tortugas, delfines y otras. Con la ampliación, casi 200.000 mil kilómetros cuadrados tienen diferentes grados de protección. Ecuador y Costa Rica llamaron a Panamá y a Colombia a sumar áreas protegidas a la Reserva Hermandad. 2. Honduras declaró su territorio libre de minería a cielo abierto En febrero, el nuevo gobierno de Honduras declaró libre de minería a cielo abierto a todo el territorio del país centroamericano. Según un comunicado de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas, la decisión se tomó siguiendo los principios de justicia climática y con miras a respetar y proteger los recursos naturales. En ese sentido, el gobierno emitió otras tres disposiciones: cancelar la aprobación de permisos de explotación extractiva; aprobar una moratoria minera por la que se revisarán licencias ambientales, permisos y concesiones para la exploración y explotación metálica y no metálica; e intervenir de forma inmediata las áreas naturales de alto valor ecológico para su conservación. 3. Suprema Corte de México decidió proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano Habitantes del costero estado de Veracruz, en México, ganaron un amparo presentado junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ante la corte suprema del país para proteger el arrecife más grande del Golfo de México, el Sistema Arrecifal Veracruzano. La Corte reconoció por unanimidad que las autoridades violaron el derecho a un ambiente sano de la comunidad al avalar la ampliación del Puerto de Veracruz. AIDA y Earthjustice presentaron evidencias para el reconocimiento de los derechos humanos al ambiente sano y al acceso a la justicia, consagrados en el derecho internacional. Estos derechos obligan al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos sean amenazados por la degradación ambiental, pueda lograr justicia sin importar que su conexión con el ecosistema amenazado sea indirecta o remota. Esta victoria fue un esfuerzo colectivo de organizaciones con la comunidad y es un precedente para la justicia ambiental de la región pues el fallo señala las obligaciones internacionales de México, entre ellas las adquiridas bajo el Acuerdo de Escazú. 4. Chile dio pasos importantes hacia la transición energética En junio fue publicada la Ley Marco de Cambio Climático de Chile, la primera en su historia, que asigna responsabilidades en temas de mitigación de emisiones y adaptación al cambio climático. La ley es la primera en la región en establecer una meta de carbono neutral para el 2050, que debe ser revisada cada cinco años. De otro lado, ante una ola de intoxicaciones derivadas de la contaminación, el presidente anunció el cierre de la Fundición Ventanas, en Valparaíso, decisión adoptada por el Directorio de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), a cargo de la fundición. Actualmente el Congreso trata un proyecto de ley para aprobar el cierre de Ventanas, que será progresivo. Tanto la empresa como el gobierno se comprometieron a no dejar a las y los trabajadores sin su fuente laboral, a hacerse cargo de la remediación ambiental y a continuar procesando los minerales de la pequeña minería. Asimismo, la empresa Enel cerró su última central a carbón en Coronel, una región con un historial de conflictos ambientales por las afectaciones a la salud, ecosistema y modos de vida de la comunidad. Los casos de Enel y de Ventanas nos recuerdan que las decisiones hacia la transición energética deben hacerse respetando los derechos de las personas, tanto de la comunidad como de las y los trabajadores. 5. El ambiente sano es, por fin, un derecho universal En julio, en una resolución histórica, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció como derecho humano universal el ambiente seguro, sano, limpio y sostenible. Dado que este derecho no se incluyó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la decisión marca un hito para el derecho internacional, en particular, para el área de los derechos humanos. "Esta resolución transmite el mensaje de que nadie puede quitarnos la naturaleza, ni el aire limpio ni el agua limpia, ni privarnos de un clima estable. Al menos no sin luchar por ello", declaró Inger Andersen, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esta noticia fue motivo de gran festejo en AIDA pues el derecho humano a un ambiente sano ha sido el eje de nuestro trabajo desde nuestra fundación. Destacamos que Costa Rica fue uno de los países que lideró la propuesta y que detrás de este hito hay décadas de trabajo de organizaciones, movimientos y comunidades. 6. Por primera vez, el BID elaboró plan de salida responsable tras desinversión En Guatemala, comunidades mayas presentaron una queja por los daños que dos proyectos hidroeléctricos causaron en su territorio, modos de vida y tejido social. Los proyectos habían recibido financiamiento del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Luego de que la oficina de rendición de cuentas de la entidad concluyó que el BID Invest incumplió sus políticas operativas y salvaguardas, el banco decidió retirar su financiamiento de los proyectos. Además de la desinversión, el Grupo BID —como resultado de la queja— elaboró por primera vez un plan de salida responsable. Con ello se estableció un precedente histórico para todas las comunidades afectadas por las inversiones de instituciones financieras internacionales. Aunque existen desafíos para la implementación del plan de salida, el caso es una gran oportunidad para que el BID fortalezca sus políticas así como el seguimiento y supervisión a los proyectos que apoya a fin de evitar incumplimientos a sus lineamientos. 7. Creció el reconocimiento a los pueblos indígenas en la región Pese a que los pueblos indígenas y tradicionales sufren constantes violaciones a sus derechos humanos –muchas veces por preservar su territorio—, este año sus aportaciones, conocimiento y trabajo fueron reconocidos. Por ejemplo, el sistema ancestral de conocimientos de los pueblos indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En Brasil, Sonia Guajajara y Célia Xakriabá, mujeres indígenas con causas ambientalistas y sociales, fueron elegidas diputadas federales en los comicios generales de octubre. Y, por primera vez en Ecuador, organizaciones indígenas amazónicas recibieron 2.5 millones de dólares para el financiamiento de proyectos de conservación y reducción de la deforestación. 8. Se creó un fondo para pérdidas y daños por el cambio climático Uno de los reclamos más fuertes del sur global en las cumbres climáticas había sido la creación de un fondo para pérdidas y daños destinado a los países más vulnerables a la crisis climática. Este año, en la vigésimo séptima Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), se creó finalmente un mecanismo de financiamiento para ese propósito. Con dicho mecanismo se buscará movilizar recursos que complementen los ya existentes y los países más ricos tendrán que aportar más. La decisión adoptada en la COP27 también hizo un llamado al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para aportar “soluciones de financiación”. Los detalles para el funcionamiento del fondo, y para la inclusión de un enfoque de derechos humanos, son una tarea para la siguiente conferencia. 9. Tribunal de Brasil resolvió el primer litigio climático de su historia En 2020, cuatro partidos políticos y dos organizaciones de la sociedad civil interpusieron un litigio por la omisión del gobierno brasileño de otorgar recursos al Fondo del Clima federal. El caso fue resuelto en julio de este año, convirtiéndose en el primer litigio climático del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la corte más alta del país. El tribunal determinó que el gobierno tiene el deber constitucional de asignar los recursos económicos necesarios para el funcionamiento del Fondo del Clima, que había estado paralizado en los últimos años. En sus conclusiones, el tribunal equipara el Acuerdo de París con un tratado de derechos humanos, lo que puede dar paso a que tribunales y jueces de otros países de América Latina hagan el mismo reconocimiento. Este caso evidencia que el litigio climático estratégico es una forma efectiva y necesaria para exigir que gobiernos y empresas del continente cumplan con sus compromisos climáticos. 10. Se logra un acuerdo histórico para proteger la biodiversidad mundial En diciembre, y en una maratónica cumbre mundial, unos 200 países miembros del Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptaron un acuerdo histórico que busca revertir décadas de degradación ambiental y sus consecuentes riesgos para las especies y a los ecosistemas del planeta. Reunidos en la décimo quinta Conferencia de Biodiversidad de Naciones Unidas (COP15) en Montreal, Canadá, los delegados de los países llegaron a un acuerdo cuya parte más sobresaliente es el compromiso de proteger al menos 30 % de las áreas terrestres y marítimas del mundo para 2030. Además, acordaron proveer “al menos 20.000 millones de dólares” en ayuda internacional anual para la biodiversidad para 2025 y “al menos 30.000 millones para 2030”. ¿Quieres más buenas noticias? Conoce los cuatro logros más importantes de AIDA en 2022
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Hacia la justicia ambiental: 4 logros para AIDA en 2022
Las historias de éxito son resultado de procesos que toman tiempo, de la perseverancia y de las acciones conjuntas. Ante los desafíos de la degradación ambiental y de la crisis climática, estos preceptos tienen más relevancia que nunca. Son un recordatorio de que la defensa del ambiente es colectiva y de largo plazo Para AIDA, 2022 fue un año de logros importantes en nuestros esfuerzos para contribuir a la justicia ambiental y climática en América Latina. Estos avances evidencian la importancia del trabajo conjunto y de ser persistentes. Son a su vez precedentes de litigio, de incidencia y de construcción de alianzas en favor del movimiento regional más amplio del que somos parte. 1. VÍCTIMAS DE CONTAMINACIÓN EN LA OROYA SON ESCUCHADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA Personas afectadas por la contaminación tóxica de una planta de fundición en la ciudad de La Oroya, Perú, presentaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras más de 20 años de haber asumido el caso, AIDA logró que la comunidad afectada lleve su lucha al tribunal internacional, así como evidenciar la responsabilidad del gobierno peruano en la violación de sus derechos. La eventual sentencia es una oportunidad histórica para establecer un precedente clave para el ambiente sano en América Latina. CONOCE MÁS 2. UNA PLATAFORMA FORTALECE EL LITIGIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA El litigio climático tiene el poder de acelerar la rendición de cuentas de empresas y gobiernos frente a la crisis climática, así como la adopción de medidas para proteger a comunidades y ecosistemas. Con miras a fortalecer este creciente movimiento, creamos la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, que contiene más de 50 casos legales en los que se usan argumentos climáticos. Es nuestro aporte para facilitar el intercambio de estrategias y argumentos entre quienes recurren a los tribunales para defender al planeta. CONOCE MÁS 3. UN ACUERDO INTERNACIONAL CONTRIBUYE A LA RESILIENCIA DEL OCÉANO AIDA fue parte de los esfuerzos de organizaciones, gobiernos, academia y sector privado que lograron un acuerdo vinculante en la Organización Mundial del Comercio para frenar subsidios pesqueros perjudiciales; entre ellos los que incentivan la pesca ilegal, de poblaciones sobreexplotadas y la no regulada en alta mar. Esto ayudará a reducir las amenazas al océano, un aliado clave para afrontar la crisis climática por su capacidad de absorber el exceso de calor del planeta y las emisiones de dióxido de carbono. CONOCE MÁS 4. ALIANZA POTENCIA LA VOZ DEL MOVIMIENTO POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA Ante la necesidad de cambiar la narrativa sobre la crisis climática y fortalecer la voz del movimiento por una transición energética justa en la región, nació Presentes, una alianza coordinada por AIDA que reúne a organizaciones, comunidades y personas defensoras del ambiente. Nos unimos para comunicarnos de forma más estratégica y llegar a más personas de la mano del intercambio de conocimientos y experiencias, la pedagogía, el uso de herramientas digitales y el fortalecimiento interno de capacidades. CONOCE MÁS Te invitamos a conocer más de estos logros y del trabajo de AIDA durante el año en nuestro informe Anual 2022
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Balance de la COP27: Un fondo para pérdidas y daños, nada en transición energética justa
Por Javier Dávalos, Liliana Ávila y Verónica Méndez* Las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) son, en términos generales, espacios de pocos avances. Llegar a consensos es siempre difícil ante tantos intereses en juego y tantas expectativas. Aunque las deudas serán siempre más grandes que los logros, estos no dejan de ser importantes. Frente a la cada vez más evidente crisis climática, los países se ven en la necesidad de mostrar un mayor progreso en las negociaciones. AIDA participó en la vigésimo séptima conferencia (COP27) en Sharm El-Sheikh, Egipto. Después de dos semanas de negociaciones, la COP27 finalizó con la adopción del Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh, texto final de la conferencia que refleja sus resultados. A continuación, reseñamos los avances, asuntos pendientes y perspectivas a futuro tras la COP27. Avances Fondo de pérdidas y daños El debate sobre pérdidas y daños llegó para quedarse. Ha sido por décadas el principal reclamo del sur global. El reto ha sido incorporar el tema en la agenda y lograr compromisos de los Estados. En esta COP, la discusión cobró el protagonismo aplazado y se logró establecer un mecanismo de financiamiento bajo el compromiso de “movilizar recursos nuevos y adicionales” que complementen los ya existentes”, siendo los países desarrollados los que más tienen que aportar. El reto por delante es la implementación del fondo, que incluye las tareas de hacerlo operativo y de lograr que el financiamiento incorpore el enfoque de derechos humanos. Se necesitan reglas claras de operación y mecanismos de rendición de cuentas, que consideren las necesidades de los países en desarrollo. Incorporación del derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible En el Plan de Implementación de Sharm el-Sheik se reafirma el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible, reconocido este año por la Asamblea General de la ONU. Esta primera referencia explícita en el texto final de una COP marca el camino para que las próximas conferencias se guíen por el enfoque de derechos humanos. Es un avance importante porque incorpora un lenguaje de derechos a discusiones muchas veces limitadas a temas técnicos. El plan también hace referencia a otros derechos humanos que los países deberían respetar y promover al adoptar medidas para afrontar la crisis climática, considerando sus respectivas obligaciones en la materia. Se trata del derecho a la salud; los derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales, personas migrantes, niños y niñas, personas con discapacidad y aquellas en situación de vulnerabilidad; el derecho al desarrollo; así como obligaciones en materia de igualdad de género, empoderamiento de la mujer y equidad intergeneracional. Reconocimiento del rol del océano en la acción climática En el acuerdo final de la COP27 se reconoce el papel del océano en la acción climática y se alienta a los Estados a incluir acciones basada en el océano en sus compromisos climáticos, entre otros, en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés). El océano es el principal regulador del clima del planeta y su gobernanza debe involucrar a los derechos humanos porque los ecosistemas marinos son indispensables para la vida de miles de comunidades costeras en todo el mundo. En el Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh se fortalece el mandato para el Diálogo Anual sobre el Océano y el Cambio Climático, indicando que —a partir de 2023— los diálogos tendrán dos cofacilitadores seleccionados por las Partes cada dos años. Su rol incluye decidir los temas y conducir el diálogo en consulta con las Partes y con los observadores, así como elaborar un informe resumido informal que se presentará en la siguiente sesión de la COP. Las deudas ¿Qué pasó con la transición energética justa? La transición energética justa es el imperativo más importante para enfrentar la crisis climática. En la COP26, hubo algunos avances en cuanto a la descarbonización y se esperaba que fueran reforzados en Egipto, pero no fue así. Si bien el Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh hace referencia a la importancia de “potenciar un mix de energías limpias, incluidas las renovables y de bajas emisiones, a todos los niveles, como parte de la diversificación de las combinaciones y los sistemas energéticos”, no hubo avance alguno en reconocer la necesidad de eliminar todos los combustibles fósiles, tal como lo ha venido demandando la sociedad civil, sobre todo del sur global. La decisión final de la COP27 solamente mantuvo el llamado del Pacto Climático de Glasgow para reducir gradualmente la energía del carbón y eliminar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, pero no amplió el lenguaje para hablar de petróleo y de gas. El Artículo 6 del Acuerdo de París En la COP27 no se avanzó con decisión en la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París, finalizado en la conferencia previa. El artículo establece para los países el uso de mecanismos de cooperación voluntaria para aumentar la ambición climática, entre ellos los mercados de emisiones de CO2. Se discutió la confidencialidad de la información que los países deberían reportar al implementar Opciones de Transferencia Internacional de Mitigación (ITMO). Sin embargo, el texto final permite que las partes, de forma unilateral, categoricen cualquier información como confidencial, lo cual puede atentar contra el criterio de transparencia que debe guiar el mecanismo. Si bien se propone que las partes justifiquen su categorización, el lenguaje es laxo al emplear la palabra “debería”, que da pie a que los países omitan tal justificación. Lo que sigue Las conferencias de la ONU sobre el cambio climático son, pese a todo, los espacios oficiales de discusión más importantes para la acción climática global. Son una oportunidad única para reunir en un solo espacio a gobiernos y organizaciones de todo el mundo en torno a la discusión de un asunto tan vital para el futuro del planeta. La presión de intereses privados siempre será un gran impedimento para avances más ambiciosos. Sin embargo, con cada COP, los países del sur global adquieren más capacidad de negociación y la voz de los movimientos sociales es cada vez más relevante. Así, gracias a la fuerza de algunos países del sur global, de las organizaciones de sociedad civil y de los movimientos sociales, que cada vez son más activos en este escenario internacional —como el de jóvenes y el de pueblos indígenas— ocurrieron los avances descritos que nos impulsan a seguir demandando justicia climática y trabajando en su favor. *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Liliana Ávila es coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la organización, y Verónica Méndez es abogada del Programa de Clima.
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