Blog
Cambio climático: ¿eres parte del problema o de la solución?
Hace unos días, el IPCC publicó la primera parte de la sexta evaluación del estado global del cambio climático (AR6), correspondiente a la información científica. La existencia y listado de los daños en el planeta no es información del todo nueva para quienes llevamos décadas trabajando en esto. Lo que sí es novedoso es el nivel de certidumbre científica, la magnitud y escala de los impactos climáticos, así como las proyecciones a futuro. En síntesis, hoy la situación global es peor de lo que se pensaba. Como abogada que trabaja por la justicia climática, la noticia es muy preocupante, incluso frustrante. Como mamá, el informe fue devastador. Quiero lo mejor para mis hijes. Aun así, a pesar de no tener responsabilidad en el desastre climático, su futuro estará determinado por este y por los impactos que mi generación, y anteriores, les dejamos. Esta realidad la comparten todos los niños y niñas, así como millones de personas y comunidades en mayor situación de vulnerabilidad, que sufren las peores consecuencias de la crisis climática sin ser responsables de haberla causado. Ante el escenario desolador, podemos sucumbir ante el miedo y la depresión, ser indiferentes o actuar. Yo decido actuar. Decidí escribir esta última columna como codirectora ejecutiva de AIDA, donde tuve el honor de trabajar por 18 años. Resaltaré las conclusiones más importantes del IPCC y la importancia de diferenciar la responsabilidad en la crisis climática para avanzar hacia soluciones efectivas. Considero esenciales estos elementos para tener un panorama completo de solución climática. Invito a renunciar a la indiferencia y al (comprensible) sentimiento de impotencia derrota o frustración para reemplazarlo por acción colectiva y efectiva. Las palabras importan, también en la ciencia. El informe del IPCC es contundente al concluir por primera vez que es "inequívoco" que la atmósfera, el océano y la tierra han sido afectados por influencia humana. Así lo establecieron cientos de científicos y científicas del mundo. Inequívoco significa que no hay duda, que algo es incontrovertible, que no es ambiguo. Aunque suene obvio, es relevante enfatizarlo pues, hace muy poco, escuché a presidentes de países responsables de las mayores emisiones negar la existencia o gravedad de la crisis climática. Este negacionismo nos ha costado décadas de avances. El IPCC concluyó también que la temperatura del planeta ha aumentado, que "cada una de las últimas cuatro décadas ha sido sucesivamente más caliente que cualquier década que le haya precedido desde 1850" y que los impactos negativos en nuestro planeta son reales, actuales y serán cada vez más intensos en la medida en que continúen aumentando la temperatura y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). América Latina y el Caribe ha sufrido impactos que nos han costado miles de vidas humanas, millones en pérdidas y varios miles de personas desplazadas, cuya vulnerabilidad aumenta. A pesar de ello, la región continúa dependiendo más de combustibles fósiles, la deforestación sigue descontrolada y las ciudades, donde vive el 80% de la población, crecen sin planeación y con grave contaminación del aire. El IPCC identificó el problema en las ciudades como de atención fundamental porque la disminución de gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) podría ayudar tanto a la solución climática como a mejorar la calidad del aire y, por ende, la salud de las personas. Responsabilidad y acción hacia las soluciones climáticas Soluciones existen, pero para implementarlas es esencial conocer la causa y la magnitud de la crisis climática. Este es el rol del IPCC y su importancia. De otro lado, hay que entender la fuente de las emisiones así como sus responsables pues no todas las personas, entidades y países son responsables en la misma medida de esta crisis. Precisamente la falta de responsabilidad climática es hoy uno de los mayores retos para lograr soluciones. De un lado están los gobiernos, que a pesar de los compromisos internacionales, incluyendo el Acuerdo de París, aun no los concretan en acciones ambiciosas y efectivas. Por ejemplo, las metas gubernamentales de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) están muy lejos del nivel de compromiso necesario. De hecho, ningún país de América Latina tiene una NDC del nivel de ambición y efectividad requerido. Por otro lado, está la irresponsabilidad de las empresas para abordar la porción que les corresponde y la incapacidad de los gobiernos y de la comunidad internacional para exigírselos. Esto es esencial no solo por temas éticos, sino de facto. Según investigaciones científicas, solo 90 entidades empresariales son responsables del 63% de las emisiones globales de CO2 y de metano desde 1751 hasta 2010. De otro, está la responsabilidad individual. Según Naciones Unidas, el 1% más rico de la población genera más del doble de las emisiones que el 50% de la población más pobre. La desigualdad es evidente: quienes menos responsabilidad tienen en la crisis climática son quienes más están viviendo sus impactos, como ha concluido la ONU en múltiples informes. La falta de resultados y de asumir responsabilidades por parte de los actores clave mencionados ha llevado a comunidades, personas afectadas y organizaciones a buscar soluciones a través del litigio estratégico. Así, con la intervención de las cortes, se han dado algunas decisiones históricas como las de Holanda, Colombia y Pakistán, entre otras. De eso se trata concebir la justicia climática como un punto de partida para resolver la crisis del clima. La justicia climática implica ver más allá de la reducción de toneladas de CO2 y de otros GEI y de la conservación de millones de hectáreas. La justicia climática es la búsqueda de soluciones integrales; incorporando la perspectiva de los derechos humanos y de la naturaleza; poniendo a las personas y a las comunidades en el centro, con procesos participativos e inclusivos, con perspectiva de género; buscando que quienes han causado esta crisis, emitiendo por décadas, asuman su responsabilidad histórica y que quienes más están sufriendo los impactos, sean compensados. Esta es la columna vertebral de nuestro trabajo en AIDA, que impulsamos junto con docenas de comunidades y organizaciones en América Latina, en coordinación con colegas del Sur y del Norte Global. Hoy, la evidencia científica y el nivel de urgencia reclaman que finalmente, cambiemos de rumbo para evitar una mayor debacle. Será nuestra decisión continuar las acciones de siempre, ignorar al IPCC o finalmente prestar atención y actuar integralmente hacia la justicia climática que el planeta nos pide. Tenemos la información, las herramientas y el llamado de urgencia. Confío en hacerlo realidad y hacia allá seguiremos trabajando. Cada persona, empresa y Estado puede sumarse y decidir también ser parte de la solución. De lo contrario, seguirá siendo parte del problema.
Leer más
Nuestra responsabilidad en la conservación de los recursos pesqueros
Cada vez es más frecuente escuchar a personas decir que se identifican como flexitarianas o semivegetarianas. El flexitarianismo se basa en una dieta vegetariana, pero que de manera ocasional incluye el consumo de algunos productos de origen animal: carnes, aves, mariscos y pescados. También están las personas pesco-vegetarianas o pescetarianas, que solo consumen distintas variedades de pescado y mariscos. Como cualquier hábito de consumo, es importante preguntarnos por sus impactos en el entorno. Si bien el actual modelo de consumo de carne no es sostenible, en gran parte debido a sus impactos en el clima, la situación del consumo de pescado no es más alentadora. Según el informe bienal presentado por la FAO, durante más de 60 años, el consumo mundial de pescado se ha incrementado a un ritmo considerablemente mayor al del crecimiento de la población mundial. Además, se estima que más del 30% de las poblaciones de peces en el mundo se encuentran sobreexplotadas y que un 60% están explotadas al máximo. El aumento continuo de la pesca excesiva tiene consecuencias no solo a nivel de biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas, sino que a su vez disminuye e impacta la producción pesquera, lo que conlleva repercusiones negativas a nivel económico y social. Una nueva tendencia Las razones que impulsan a las personas a cambiar sus hábitos alimentarios son numerosas. Con frecuencia son motivos ligados a su salud, su peso y a consideraciones éticas que reflejan una ideología de respeto animal y una de sostenibilidad ambiental relacionada con la disminución del consumo de carnes rojas. En los últimos años, se ha promocionado con mucha fuerza la alimentación rica en pescado, fundamentalmente por sus beneficios nutricionales. El contenido nutricional del pescado varía en función de factores como la especie, la edad, el medio en el que vive, la alimentación o incluso la época de captura. Sin embargo, en términos generales, los pescados se caracterizan por ser fuentes de vitaminas y de proteínas con alto valor biológico. Los pescados azules o grasos —entre ellos el salmón, la sardina y el atún— suelen ser excepcionalmente ricos en Omega-3 y en minerales como potasio, magnesio y fósforo. A nivel nutricional, se aconseja consumirlos de dos a tres veces por semana dado que un consumo racional conlleva beneficios como la regulación de la presión arterial, así como la disminución del riesgo coronario y de los niveles de triglicéridos. Si bien es necesario alimentarse de manera saludable y balanceada para tener una vida plena, también es crucial tomar en cuenta el origen de los alimentos que consumimos y cuestionarnos ¿de dónde provienen?, ¿cuál es su cadena de suministro?, ¿en qué condiciones fueron elaborados o capturados? Un ejemplo de la relevancia de responder a estas preguntas es el caso del salmón, cuyo valor nutricional está en las especies salvajes y no así en las cultivadas en granjas, alimentadas con una excesiva cantidad de antibióticos. Sobrepesca, incentivos y consecuencias De acuerdo con la FAO, alrededor del 90% de las poblaciones de peces marinos a nivel mundial están totalmente explotadas, sobreexplotadas o agotadas. Y los subsidios negativos a la pesca representan gran parte del problema. Esos subsidios, al incrementar las capacidades de pesca, brindan beneficios a corto plazo, pero amenazan la sustentabilidad de ecosistemas y comunidades en el largo plazo. En todo el mundo, los subsidios negativos representan 22 mil millones de dólares cada año. Los más utilizados son aquellos destinados a la compra de combustible y a la modernización de barcos para el incremento de capturas. A nivel ecológico, estos incentivos reducen el acervo de peces y dificultan su recuperación. Destruyen hábitats marinos y exacerban la sobreexplotación. Dado que cerca de 60 millones de personas trabajan directamente en las pesquerías del mundo, es primordial permitir que las poblaciones de peces se regeneren adecuadamente, asegurando el sustento de las comunidades pesqueras. Debemos reconocer la importancia del uso responsable de los recursos pesqueros y acuícolas como una prioridad para la seguridad alimentaria y la nutrición mundial, y para las oportunidades de desarrollo local. Es necesario promover prácticas responsables que vayan desde la captura hasta el consumo. Ello requiere un esfuerzo conjunto donde los consumidores cumplimos un papel fundamental. Consumo responsable Una pesca sostenible permite que las poblaciones de peces se reproduzcan de manera adecuada y continua, manteniéndose saludables y productivas. Si bien esta tarea requiere el involucramiento activo del sector pesquero y de autoridades gubernamentales, como consumidores tenemos la gran responsabilidad de contribuir a la conservación de los recursos pesqueros y de fomentar la sostenibilidad a través de nuestras decisiones de compra. Algunos consejos sencillos que podemos implementar son: Verificar la procedencia y tamaño del pescado o marisco: Conocer aspectos como la procedencia y método de captura, además del tamaño de la pieza, que determina si alcanzó la madurez suficiente. Diversificar nuestros hábitos de consumo: Consumir pescado y marisco de acuerdo con la estacionalidad. La estacionalidad es un fenómeno relacionado con las épocas de reproducción y desplazamiento de las especies, que dependen mucho de características como la temperatura de las aguas. Consumir pescados y mariscos de temporada permite una reproducción y recuperación adecuada de las especies, asegurando un mayor equilibrio y ayudando a evitar la sobrepesca. Comprar en sitios autorizados: Conocer si el lugar de expendio cumple realmente con criterios de sostenibilidad y trazabilidad de los productos que comercializa. La trazabilidad es el conjunto de medidas y procedimientos que permiten seguir el rastro de un producto pesquero desde su captura hasta su venta final. Revisar las etiquetas: Donde sea posible, elegir productos con certificación de prácticas de pesca y comercialización sostenible, como el sello de MSC (Marine Stewardship Council) o el Estándar de Responsabilidad Ambiental para la Comercialización del Pescado, otorgado por Marviva en Costa Rica, Panamá y Colombia. Si permitimos la recuperación paulatina de nuestro océano, estaremos contribuyendo positivamente a la seguridad alimentaria, a la economía y al bienestar de las comunidades costeras y de las futuras generaciones.
Leer más
La gran oportunidad del BID para apoyar la protección del ambiente y los derechos humanos
Texto publicado originalmente en Animal Político El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) se encuentra en una posición única no solo para apoyar los esfuerzos de recuperación de América Latina y el Caribe, región duramente golpeada por la pandemia, sino también para hacerlo respetado a las personas y al ambiente. El Grupo BID —compuesto por el BID, que trabaja con gobiernos; el BID Invest, que colabora con el sector privado, y el BID Lab o laboratorio de innovación del BID— es la entidad de financiamiento del desarrollo más importante del continente. En 2020, aprobó una cifra récord de 21.600 millones de dólares para sus 26 países miembros en la región. Además del reto de liderar la recuperación de las finanzas públicas, la actual crisis económica y social representa una oportunidad para que el Grupo BID afronte con éxito otro gran desafío, uno fundamental para el papel que desempeña en el continente y que adquiere mayor relevancia en el contexto actual: la adopción de políticas operativas que cumplan con estándares internacionales en materia ambiental y de derechos humanos, así como de mejores procesos de rendición de cuentas. Respecto a la rendición de cuentas y a la evaluación de sus políticas actuales, es importante considerar que cuatro proyectos hidroeléctricos financiados por el Grupo BID están o han estado bajo escrutinio ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) de la entidad debido a los impactos ocasionados por su implementación en comunidades indígenas y rurales de Guatemala, Chile y Colombia. Estos proyectos, financiados por el BID Invest, han afectado los modos de vida de quienes viven a su sombra. Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —junto con la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza— hemos apoyado a miembros de comunidades mayas de la microrregión de Ixquisis, en Guatemala, ante la destrucción causada por dos de estos proyectos: las represas San Mateo y San Andrés. En lo personal, he visto de primera mano los daños ocasionados a la población indígena. He escuchado el miedo y la incertidumbre en las voces de las mujeres de la zona mientras explicaban cómo sus ríos estaban contaminados, sus hijos enfermos y sus vidas afectadas gravemente. “Un día nos quedaremos sin agua y no podremos vivir”, me dijo una líder indígena de Ixquisis. “Nuestros hijos sufrirán”. Las mujeres de Ixquisis han tenido un rol central en la queja presentada por las comunidades afectadas ante el MICI, ya que una de las principales cuestiones en juego se centra en que el financiamiento de las represas vulneró la política operativa de la entidad en materia de género, que reconoce que los proyectos de desarrollo suelen tener impactos diferenciados en las mujeres. Para las mujeres, los ríos son un elemento vital pues posibilitan el acceso al agua y a la alimentación, siendo también un espacio de intercambio entre ellas. En la queja, las comunidades denuncian además el incumplimiento de las políticas operativas del Banco en materia de derechos indígenas y ambiente, así como los daños resultantes. Argumentan que la empresa a cargo de los proyectos hidroeléctricos actuó sin la debida diligencia y violó el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. De hecho, la implementación de los proyectos ignoró los resultados de una consulta de buena fe, llevada a cabo en 2009, en la que la mayoría de la población local decidió no dar su consentimiento a la construcción de las represas en su territorio. Lo que es evidente es que la capacidad del Grupo BID para supervisar los proyectos que financia es limitada y, a pesar de cumplir normas mínimas, sus políticas operativas son a menudo ineficaces. Además, los espacios en los que verifica el cumplimiento son reducidos y las consecuencias del incumplimiento, inciertas. A principios de 2020, el MICI publicó un informe sobre el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, en Chile, en el que constata que la represa vulneró varias políticas operativas del Banco, incluida la de género. Sin embargo, ese informe ha sido cuestionado por no ofrecer medidas de restitución por los daños que aún sufren las comunidades afectadas. En los próximos meses, este mecanismo publicará el informe final sobre el caso Ixquisis. Las comunidades afectadas esperan que las recomendaciones que contenga reflejen la realidad de su territorio y estén orientadas a la adopción de medidas de remediación, incluida la desinversión inmediata del financiamiento otorgado para las represas. Con este caso, el Banco tiene una oportunidad clave para demostrar su compromiso con la rendición de cuentas, así como su apertura para evaluar el cumplimiento de sus propias políticas operativas y remediar los daños que su incumplimiento ha causado a comunidades vulnerables. También es una oportunidad para que la entidad tome medidas preventivas y siente las bases para cambiar sus prácticas. Cuando fue electo presidente de la institución, Mauricio Claver-Carone prometió “actuar en los temas prioritarios de la región”. Esto incluye una evaluación de cualquier contexto global que afecte al propio desarrollo que el Grupo BID pretende promover. En estos días, esto tiene que ver no solo con la actual crisis sanitaria, sino también con la crisis climática mundial, la grave situación de riesgo por la que atraviesan las personas defensoras del ambiente y la resolución de una serie de deudas pendientes con la equidad de género y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Las acciones que el Grupo BID emprenda a partir del caso de Ixquisis pueden ser el primer paso para el establecimiento de un precedente fundamental para la protección de los derechos humanos y el ambiente entre las instituciones financieras internacionales, una contribución sin duda tan o más valiosa que la económica.
Leer más
Litigios para promover (y acelerar) la acción climática
En 1990, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas realizó su primer informe de evaluación. Fue la primera vez que la comunidad científica internacional evidenció oficialmente y de manera certera que las emisiones de gases de efecto invernadero, producidas por actividades humanas, implicarían un calentamiento adicional de la superficie del planeta con consecuencias globales. Tras más de dos décadas de negociaciones climáticas internacionales y acuerdos entre países para reducir drásticamente las emisiones, los avances han sido lentos. Ante ese rezago, los litigios climáticos se han convertido en una herramienta cada vez más usada por organizaciones y comunidades para que gobiernos y empresas asuman su responsabilidad por la crisis climática ante los tribunales y adopten medidas concretas y ambiciosas para frenar sus emisiones y mitigar los impactos de la crisis climática en los derechos humanos. La reciente sentencia histórica de un tribunal holandés, que ordena a la petrolera multinacional Shell reducir sus emisiones de CO2 en un 45% en menos de 10 años, marca un precedente y una victoria ambiental a nivel mundial. “Este juicio ha sido de gran trascendencia porque es en contra de una de las empresas que más contribuye al cambio climático”, dice Verónica Méndez, abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA. El equipo legal y científico de AIDA apoya con escritos legales e información técnica a organizaciones y comunidades que inician litigios climáticos contra gobiernos y empresas en América Latina. Para sumar esfuerzos, AIDA trabajó en la construcción de una plataforma de litigio climático, la cual tiene información sistematizada y en español sobre todos los casos desarrollados en la región. El mapeo de datos se realiza de manera colaborativa con otras organizaciones y permitirá fortalecer las estrategias de litigio en forma conjunta. Un breve recuento Los litigios climáticos son casos que plantean cuestiones relacionadas con las obligaciones legales que los Estados y empresas tienen en relación con la crisis climática. Son presentados ante organismos judiciales para buscar —entre otras cosas— el cumplimiento de leyes climáticas existentes; la ampliación del alcance de otras leyes para que aborden el cambio climático, el reconocimiento de la relación entre los derechos humanos fundamentales y los impactos de la crisis climática, y la compensación por las pérdidas y los daños. Así lo establece un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en colaboración con el Sabine Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia (Nueva York), que evalúa la situación mundial de este tipo de litigios. Según el informe, al 1 de julio de 2020, se han registrado al menos 1.550 litigios climáticos en 38 países, casi el doble del número de casos registrados en 2017, que fueron 884 en 24 países. Estados Unidos lidera la lista donde más litigios se han presentado: 1.200. Le siguen Australia (97), Reino Unido (58) y la Unión Europea (55). Las demandas climáticas también están en auge en América Latina. Al momento, AIDA ha sistematizado alrededor de 50 casos que formarán parte de la plataforma de litigio climático de la región. Los países donde más demandas se han presentado son México, Brasil, Colombia y Chile. Estos datos evidencian el rápido crecimiento de los litigios climáticos a nivel mundial. Grandes desafíos y oportunidades Si bien los litigios climáticos buscan lograr justicia para las comunidades afectadas por los impactos de la crisis climática, uno de sus grandes desafíos es la implementación de los fallos. En 2018, en Colombia se produjo la sentencia de un litigio contra el Estado. En ese caso, 25 jóvenes colombianos demandaron al gobierno por la deforestación en la Amazonía y su vinculación directa con la vulneración del derecho al ambiente sano para las generaciones futuras. Esta demanda es considerada un litigio climático por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la deforestación. La Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como entidad sujeta de derechos y ordenó la creación de un plan de acción para reducir la deforestación y la adopción de un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. Fue un logro histórico en la región. Sin embargo, las conclusiones de los informes de seguimiento al caso indican que a la fecha no ha existido un cumplimiento cabal del fallo. “Un juicio no se acaba con la sentencia, hay que hacerle un seguimiento para que se cumpla”, explica Méndez. Demostrar que las corporaciones y gobiernos tienen una enorme responsabilidad en la lucha contra la crisis climática no solo requiere de contar con información científica que pruebe que las emisiones generadas o permitidas contribuyen al cambio climático. Es necesario relacionar los hechos con los derechos humanos para otorgar más razones para que las Cortes actúen y emitan un fallo favorable. “Un litigio de cambio climático meramente científico tiene menos posibilidades de éxito”, enfatiza Méndez. “Por eso se lo vincula con afectaciones directas a los derechos humanos de las personas que van a resentir desproporcionadamente todos los efectos”. Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el panorama para las demandas climáticas en América Latina es alentador porque los gobiernos están asumiendo más compromisos de acción climática y, además, la ciencia del clima está estableciendo vínculos directos entre los eventos climáticos extremos y el cambio climático. Más que nunca, la unión de comunidades y organizaciones ambientales se hace crucial para acelerar políticas y acciones contundentes que generen una transformación sostenible, justa y en favor de las personas y el ambiente. Visita la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe
Leer más
Reflexiones para una Bolivia libre de fracking
Texto escrito en el marco de la serie #TRANSFORMAR LA CRISIS, Tomo II. Crisis Ecológica, extractivismo y poblaciones vulnerables de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Bolivia, que se publicará próximamente. Todo comenzó con un estudio, publicado en 2011 por la Administración de Información Energética de Estados Unidos, que daba cuenta de la existencia de grandes cantidades de hidrocarburos no convencionales en Bolivia. El estudio generó gran expectativa y, dado que los yacimientos de petróleo y gas convencionales se están agotando gradualmente, el fracking se convirtió desde entonces en una amenaza latente para el país. El fracking es una técnica riesgosa, contaminante y costosa. En América Latina, existen cerca de 7.000 pozos de fracking. Su avance en la región —así como las políticas públicas, la normativa y la oposición social al respecto— presenta pocas diferencias y muchos rasgos comunes, siendo uno de ellos la afectación a poblaciones urbanas, rurales, indígenas e incluso áreas protegidas. Bolivia aún está libre de esta técnica. Sin embargo, sin una decisión política para evitarla y sin una población mejor informada sobre sus efectos, el fracking puede volverse una realidad en el país. Un riesgo potencial Bolivia es un país altamente dependiente de los combustibles fósiles. En este contexto, la implementación del fracking es una amenaza latente. En 2013, la empresa estatal YPFB suscribió un acuerdo de cooperación con YPF Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales. Asimismo, solicitó a las empresas operadoras extraer muestras de la formación geológica Los Monos, en la región del Chaco, para realizar estudios posteriores. Ese mismo año, YPFB Chaco (subsidiaria de YPFB) realizó con el apoyo de Halliburton una “minifractura” en el pozo Ingre X-2, en la formación Tupambi, Chuquisaca. Esta operación habría permitido descubrir petróleo de arenas compactas. Con base en este descubrimiento, YPFB Chaco planteó realizar una fractura completa del reservorio en 2014. Se desconoce si ello ocurrió porque en los años siguientes YPFB dejó de generar información pública sobre el proyecto. En 2018, la empresa canadiense CanCambria Energy Corp. firmó con YPFB un convenio de estudio, la antesala a un contrato de exploración/explotación, para determinar el potencial de gas no convencional en Miraflores, también en Chuquisaca. Los datos preliminares de CanCambria señalan la posible existencia de un megayacimiento en la zona, cuyos recursos potenciales de gas serían comparables a los de Vaca Muerta en Argentina. La firma canadiense elaboró una propuesta para extraer gas mediante la perforación de 800 pozos sobre 202 km2 en el área de Miraflores, en el municipio Macharetí. Miraflores se encuentra en el Área Protegida Municipal Héroes del Chaco y es parte del Sistema Acuífero Yrenda Toba Tarijeño, que Bolivia comparte con Paraguay y Argentina. Además, la población que vive en Macharetí, incluidas las comunidades indígenas guaraní, recibieron con asombro la noticia del proyecto. La alarma despertada por la posibilidad de fracking en este territorio llevó a sus habitantes a informarse de las consecuencias de esta técnica; sobre todo con relación al uso y contaminación de inmensas cantidades de agua. Por ello, Macharetí incluyó en su estatuto autonómico la prohibición del fracking en su territorio, agudizando la controversia sobre el desarrollo de la técnica en el área. Entre la energía extrema y la transición energética Estamos así frente a dos caminos: el primero de profundización del modelo extractivista y de generación de una energía altamente contaminante, con impactos negativos graves e irreversibles en la Madre Tierra y en la población; el otro de una transición energética justa y democrática, que implica un cambio en la matriz energética, la desmercantilización de la energía y un cambio de paradigma de desarrollo. América Latina y Bolivia necesitan transformaciones profundas en materia energética, con una visión de largo plazo, respeto de los derechos humanos y resguardo de la naturaleza. El desarrollo del fracking, lejos de iniciar cualquier transición, va en contravía de esa tendencia porque sigue promoviendo un sistema energético contaminante, riesgoso y costoso; basado en la dependencia de fuentes no renovables de energía con impactos negativos en los territorios, inequidad y falta de participación ciudadana en la construcción de políticas energéticas. Bolivia debe apostar por una transición energética socialmente justa, económicamente viable y ecológicamente sustentable. “Bolivia no debe avanzar hacia la implementación del fracking en su territorio pues representa uno de los mayores riesgos para sus ecosistemas, recursos y poblaciones”, opina Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). “Es urgente la generación de políticas sólidas que declaren una moratoria o prohibición indefinida a esta técnica a lo largo y ancho del país”. La experiencia de países latinoamericanos que han desarrollado el fracking demuestra claramente los riesgos e impactos económicos, ambientales y sociales de apostar por esta técnica. En este contexto, muchas organizaciones, comunidades y pueblos se han organizado para hacer frente a la amenaza. La pandemia obliga a reflexionar sobre el futuro de los combustibles fósiles y de la transición energética. En lugar de considerar al fracking como una salida fácil para generar empleos en tiempos difíciles, es necesario enfrentar en conjunto las crisis sanitaria, económica y climática. Necesitamos pensar en una recuperación resiliente y, por tanto, en un sistema energético que no esté basado en el fracking. Una idea usualmente asociada a la transición es el cambio de la matriz energética. Pero, aunque necesaria, la desfosilización rápida y eficaz de esa matriz no es suficiente. La transición energética debe ser integral e incorporar las dimensiones ambientales, económicas y sociales para apuntar a una transición que sea también justa y democrática. Es importante entonces abordar la cuestión con un enfoque sistémico.
Leer más
Las personas contra Shell: Un paso adelante hacia la justicia climática
El pasado 26 de mayo, el Tribunal del Distrito de La Haya, Países Bajos, emitió un fallo histórico. Ordenó que para 2030 la petrolera angloholandesa Shell —una de las principales productoras y proveedoras de combustibles fósiles a nivel mundial— reduzca sus emisiones de CO2 un 45%, en comparación con los niveles de 2019. La decisión es una respuesta a la demanda presentada en 2019 por Amigos de la Tierra, junto a otras seis organizaciones y más de 17.000 ciudadanos y ciudadanas de Holanda. Aunque en 2020 Shell se comprometió públicamente a la neutralidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, el tribunal holandés consideró que no era suficiente. Según el veredicto, la multinacional es responsable de sus propias emisiones de CO2 y de las de sus proveedores y clientes, que en conjunto amenazan el frágil equilibrio planetario y los derechos humanos. El fallo determina, por primera vez, que una empresa y sus subsidiarias deben alinear sus políticas con las metas globales de reducción de las emisiones de CO2. Fundamenta esta obligación en los objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo de París, adoptado en 2015. Así, quienes litigaron contra Shell cumplieron su objetivo principal, que no era obtener compensación financiera por los daños causados, sino obligar a la petrolera a reducir sus emisiones en conformidad con la meta del Acuerdo de París de limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y de continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. El grupo Shell es consciente, desde hace unos 60 años, de los riesgos del cambio climático, como lo demuestra un documental producido por la misma empresa y filmado en los años noventa. Sin embargo, la multinacional responsable de nueve veces más emisiones que toda Holanda nunca frenó sus inversiones en combustibles fósiles, privilegiando intencionalmente sus intereses económicos a costa del ambiente, el clima y las personas. Revisa aquí la grabación del conversatorio que mantuvimos con Niels Hazekamp, Asesor Principal de Políticas en Both Ends, una de las organizaciones que demandó a Shell, donde nos cuenta detalles del litigio. Un precedente mundial El fallo es un gran paso en el uso de los sistemas judiciales como herramientas para avanzar en la justicia climática y evidencia que la sociedad entera está más determinada que nunca a frenar los impactos negativos de las poderosas multinacionales en el ambiente, el clima y el goce de los derechos humanos fundamentales. Además, a pesar de haberse litigado en suelo europeo, el caso representa un paso significativo hacia la justicia climática global, ofreciendo una oportunidad interesante de réplica en América Latina y en el mundo. El caso no solo abrió la discusión sobre la responsabilidad climática de las empresas, sino que también fue pionero en incorporar en ella la utilización de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. El uso de estos instrumentos, que regulan a las empresas multinacionales exigiéndoles respetar los derechos humanos, muestra su fuerte potencial en favor de la justicia climática a nivel mundial. El lenguaje del veredicto se basa principalmente en el respeto de los derechos humanos, abriendo así la posibilidad de aplicar el mismo razonamiento contra otras empresas contaminadoras, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los instrumentos mencionados. Más sobre la sentencia En virtud del fallo, Shell debe reducir las emisiones netas de tipo 1, es decir las generadas por sus actividades y las de sus subsidiarias, y hacer un esfuerzo significativo para reducir las emisiones netas de tipo 2 y 3, que son aquellas generadas por los usuarios del petróleo y gas producido por la multinacional. Para contabilizar la reducción neta de sus emisiones, la petrolera no puede recurrir a ninguna de las herramientas de captura o compensación de carbono establecidas bajo el Acuerdo de París, que consisten en capturar las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de carbón y gas, y de la industria pesada, para su almacenamiento subterráneo profundo o su reutilización. Cabe resaltar que, aunque no hay certeza sobre la naturaleza exacta de los impactos climáticos causados por Shell, las y los jueces resaltaron los riesgos universalmente reconocidos para comunidades y ecosistemas relacionados con la contaminación industrial y con las prioridades financieras de la empresa para fundamentar su sentencia. Las principales dudas y preocupaciones Las principales dudas tienen que ver con la implementación del fallo. Si bien el tribunal estableció que Shell no puede utilizar sistemas de compensación o de absorción de sus emisiones, no le obliga a terminar con la exploración, extracción y explotación de combustibles fósiles. Asimismo, la subjetividad de la sentencia no permite identificar exactamente el tipo de esfuerzo que podría considerarse significativo para la reducción de emisiones de los clientes de la petrolera. Tampoco existe claridad respecto de la responsabilidad del grupo Shell por la venta de sus refinerías a otras empresas públicas en el Sur Global, lo que permitiría a la multinacional cumplir con parte de la reducción de sus emisiones, mientras estas continúan en los sitios más vulnerables del planeta. Además de la utilización del Acuerdo de París, cuyos elementos asistieron a las y los jueces para fallar en favor del clima en este caso, se abre la puerta al uso de instrumentos existentes de soft law como los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos u otros que se espera sean jurídicamente vinculantes para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Del mismo modo, considerando la dificultad y posible manipulación en el conteo de emisiones, se abren nuevos caminos para establecer obligaciones específicas a los actores que contaminan. Como recomendaron varias organizaciones de la sociedad civil, fundamentar la reducción de emisiones de las empresas en la medición de barriles de petróleo, metros cúbicos de gas y toneladas de carbono sería más fácil y útil para la implementación de sentencias exitosas como esta. Finalmente, preocupan los derechos de las y los trabajadores de Shell, que podrían verse negativamente afectados con la sentencia. La drástica reducción que tendrá que aplicar Shell a sus actividades basadas en petróleo y gas debe enmarcarse en un proceso de transición justo e inclusivo, que incluye respetar los derechos laborales y transformar sus actividades haciéndolas más sostenibles. El caso Las Personas vs. Shell deja valiosas herramientas para avanzar hacia la justicia climática y la rendición de cuentas de las empresas por sus daños al ambiente y a los derechos humanos. A quienes litigamos por el clima, el caso nos muestra la necesidad de fortalecer las capacidades de nuestros equipos, la importancia de la creatividad y del uso de la ciencia y de asegurar que contamos con el tiempo y con los recursos necesarios para llevar adelante casos emblemáticos y, por último, la relevancia de establecer alianzas que permitan aprovechar el momentum del que goza actualmente el movimiento mundial por la justicia climática.
Leer más
“Las personas defensoras evitan que entremos en situaciones de no retorno”
Si buscas reducir los niveles de polución del aire en tu ciudad o tratas de impedir el avance de un proyecto que implica riesgos para el ambiente y para las personas de tu comunidad, eres un defensor o una defensora ambiental, aunque probablemente no lo hayas visto de esa manera. Las personas defensoras están en la primera línea de batalla en la protección del ambiente y los derechos humanos, desafiando intereses públicos y privados. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan grandes dificultades para hacerlo, sufriendo violaciones graves a sus derechos, como persecuciones, amenazas, uso de la fuerza pública, sanciones legales e incluso asesinatos. Según el informe más reciente de la organización Global Witness, en el año 2019 se registraron 212 asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio. La región más afectada fue América Latina, siendo Colombia el país que lidera la lista con 64 asesinatos. Pese a que los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos de quienes defienden el ambiente, la violencia en su contra se agudiza. El pasado 22 de abril —en el Día de la Tierra— entró en vigor el Acuerdo de Escazú: el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que pone en valor el trabajo de las personas defensoras del ambiente y obliga a los Estados a protegerlas y a castigar las acciones que vulneren sus derechos. En una entrevista con Marcella Ribeiro, abogada brasileña del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, hablamos sobre la realidad que viven quienes defienden el ambiente en América Latina y el rol preponderante que los Estados deben tener para su protección. ¿Cuál es la situación actual de las personas defensoras ambientales a nivel mundial y particularmente en América Latina? Estamos pasando por un momento de vulnerabilidad extra. Al iniciar la pandemia —y principalmente en los países que albergan a la Amazonía— los medios de comunicación se enfocaron solo en cubrir noticias relacionadas a la COVID-19. En ese contexto, las personas defensoras fueron cada vez más amenazadas y algunas incluso asesinadas sin que hubiera repercusión pública. ¿En qué sentido exacerbó la pandemia su vulnerabilidad? Voy a hablar desde la perspectiva de Brasil, donde estoy. Las y los defensores de derechos humanos ambientales —con quienes trabajamos en AIDA— tienen que defenderse tanto del Estado como de las empresas, que buscan entrar a sus territorios e implementar una visión de desarrollo que no está en consonancia con la de las comunidades. ¿Por qué es importante proteger a las personas que defienden el ambiente? Porque son la primera fuerza que hay para la defensa del territorio, de la naturaleza y de los derechos humanos, no desde una perspectiva individual, sino colectiva. Lo que hacen es protegernos a todos y a todas, nuestros derechos, nuestro aire y nuestra agua, incluso nuestra seguridad alimentaria. Las personas defensoras evitan que entremos en situaciones de no retorno: una vez que la selva esté demasiado deforestada o una vez que el río esté contaminado, no habrá forma de recuperar esos ecosistemas. Con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, ¿cómo cambia la situación de estas personas y cómo pueden tener garantizado el acceso a la justicia? El Acuerdo de Escazú es el primer marco jurídico internacional centrado completamente en las personas defensoras y busca que la justicia garantice sus derechos, pero no todos los países de América Latina lo han ratificado. Este acuerdo complementa y apoya, pero para que sea efectivo necesitamos que los países integren realmente esas responsabilidades dentro de sus sistemas internos para que las y los defensores puedan usarlo a su favor. La voluntad política es vital para proteger a quienes defienden el ambiente, ¿cómo evalúas los avances en ese sentido? Es cada vez más evidente que las personas defensoras de América Latina son las que han sido más amenazadas, incluso asesinadas. Los informes sobre este tema han ganado visibilidad y creo que ahí vemos un cambio y una preocupación de los Estados, aunque no sea totalmente genuina. Es difícil creer en la voluntad política, autónoma y altruista de los países latinoamericanos, pero creo que la visibilidad que han logrado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Naciones Unidas y las ONG que trabajan en documentar y vincular las lógicas específicas detrás de estos asesinatos, nos da cada vez más fuerza. Los megaproyectos deben ser pensados bajo un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos, pero ¿qué ocurre cuando un Estado se opone a la voluntad de rechazo de personas o comunidades? Desafortunadamente, en América Latina los Estados llegan con la decisión de que un proyecto va a ser implementado sin importar la resistencia ni los riesgos en relación al ambiente. Y eso no está conectado con el desarrollo, sino con la corrupción. Insistir con proyectos que sabes que van a poner en riesgo miles de vidas tiene una conexión directa con acuerdos de corrupción. Necesitamos que quienes trabajan con personas defensoras y en temas de derechos humanos y ambiente estén muy conectados con quienes investigan la corrupción para intentar quebrar esas lógicas antes de que sean implementadas. Teniendo en cuenta que su labor es fundamental para el cuidado del bien común de toda la humanidad y la violencia creciente que enfrentan, en AIDA elaboramos una guía que recopila y explica las obligaciones de los Estados relativas a la protección de las personas defensoras del ambiente. ¡Consúltala aquí!
Leer más
Presión internacional para frenar el avance del fracking en Colombia
Gran parte de los gobiernos latinoamericanos continúa promoviendo actividades extractivas, entre ellas, la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de fracturación hidráulica o fracking, como medida de reactivación económica ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Esta tendencia contradice los compromisos internacionales adoptados por estos países para la reducción de emisiones y la mitigación de la crisis climática global. Se espera que un informe de Naciones Unidas, que será publicado este mes, establezca que la reducción de emisiones de metano será fundamental para evitar los efectos más extremos del calentamiento del planeta. El informe se basa en datos recientes según los cuales los niveles de dióxido de carbono y de metano en la atmósfera registraron máximos históricos el año pasado pese a que la pandemia detuvo gran parte de la economía mundial. Esta información complementa la evidencia científica que demuestra que las emisiones de metano provenientes de la producción de gas y petróleo —una de sus mayores fuentes relacionadas con la actividad humana— pueden ser mayores que estimaciones previas. Este incremento ha sido asociado con la fuga y quema de metano en operaciones de fracking. Aunque el metano es un gas de efecto invernadero extremadamente potente, tiene una vida relativamente corta en la atmósfera, lo que implica que reducir sus emisiones podría ayudar al mundo a cumplir sus objetivos climáticos más rápidamente. Colombia es un ejemplo de cómo el impulso al fracking contradice la urgente necesidad de combatir la crisis climática y sus daños. Pese a que no es legal realizar operaciones de fracking en el país debido a que su reglamentación está suspendida temporalmente, el gobierno no ha detenido el desarrollo de proyectos piloto de esta técnica y continúa anclando su política energética en los hidrocarburos. Sin embargo, existe también un impulso nacional e internacional para detener el avance del fracking en ese país. Mientras el Consejo de Estado toma una decisión definitiva sobre la regulación, están en curso dos iniciativas legislativas, una que busca prohibir la implementación de la técnica del fracking en toda la nación y la otra prohibir la exploración y/o explotación de hidrocarburos no convencionales mediante cualquier técnica. En el marco del tratamiento parlamentario de ambos proyectos de ley, que se espera sean unificados, autoridades de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participaron de audiencias públicas en las que llamaron al Congreso a aprobar la ley para que Colombia avance hacia una transición energética justa y baja en emisiones. Argumentos para proteger el clima y a las personas En su intervención, David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, se refirió a la crisis climática como “grave y sin precedentes”, resaltando que sus impactos en los derechos humanos afectan “desproporcionadamente a las personas pobres, vulnerables y marginadas”. En esa misma línea, Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, expresó su preocupación por “la intención del Estado de Colombia de considerar la financiación y apoyo al fracking de combustibles fósiles”, considerando su potencial impacto en los derechos humanos y la sostenibilidad. Enfatizó que las "nuevas inversiones en fracking son incompatibles con la protección de los derechos humanos". De su lado, Renato Zerbini, presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —un órgano compuesto por 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus Estados partes— resaltó que la fracturación hidráulica “tiene estrecha relación con múltiples y seguidas violaciones a los derechos humanos, ya que ocasiona impactos ambientales irreversibles y severas afectaciones sociales”. De ese modo, el uso de la técnica vulnera los derechos garantizados por el Pacto, del cual Colombia es parte, puntualizó Zerbini. En general, la industria extractiva, “aumenta el riesgo sobre defensoras y defensores del ambiente, la ocupación territorial y las afectaciones a los derechos de las comunidades aledañas a los proyectos”, manifestó Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH. En suma, los representantes de organismos internacionales dieron cuenta de la inviabilidad del fracking en términos climáticos, sociales e incluso económicos: “Cuando se toman en cuenta los costos reales del fracking, queda en evidencia que estos superan largamente las pretendidas ganancias económicas”, enfatizó Orellana. Hicieron referencia a las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y cambio climático, contenidas en diversos instrumentos. Entre ellos citaron la Opinión Consultiva 23/17 sobre derechos humanos y ambiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Observación General 36 sobre el derecho a la vida, contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como la Declaración Conjunta sobre Derechos Humanos y Cambio Climático que cinco órganos de derechos humanos emitieron en 2019. En la declaración se expresa que “la falta de adopción de medidas para prevenir los daños previsibles a los derechos humanos causados por el cambio climático, o de regular las actividades que contribuyen a tales daños, podría constituir una violación de las obligaciones de derechos humanos de los Estados”. La recomendación común: prohibir el fracking Al concluir sus intervenciones, las autoridades internacionales expresaron su apoyo a una ley que prohíba el fracking en todo el territorio nacional colombiano: David Boyd alegó que “para hacer frente a la crisis climática, Colombia debe buscar urgentemente un futuro bajo en carbono y resistente al clima, sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables a la luz de sus obligaciones en virtud del derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho al medioambiente sano”. Concluyó que “el gobierno de Colombia debe aprobar una ley para prohibir el fracking”. Marcos Orellana señaló que “el Congreso de la República de Colombia tiene la oportunidad de elevar su mirada hacia el futuro y preservar el legado de su megabiodiversidad”. En ese sentido, puntualizó: “la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de tóxicos inspira mi respetuoso llamado a que el Congreso adopte una ley que prohíba el fracking”. Soledad Muñoz dijo que “la aprobación de un proyecto de ley cuyo propósito sería acabar con la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales, prohibiendo prácticas como el fracking, supondría una valiosa medida de protección ambiental, reducción de conflictos socioambientales y de cumplimiento de los compromisos que emanan del Acuerdo de París y del propio Sistema Interamericano (de Derechos Humanos)”. Continuar basando las economías locales en la industria extractiva e impulsar el fracking sólo incrementa la dependencia de nuestras sociedades en los combustibles fósiles, y profundiza las causas de la crisis climática y sus daños en las personas más vulnerables.
Leer más
Sushi con salmón, daños por montón
Por Claudia Arancibia y Florencia Ortúzar, abogada de AIDA El consumo de sushi se ha masificado tanto en occidente que es posible disfrutarlo casi en todas partes. Uno de los ingredientes favoritos es el vanagloriado salmón. Pero… ¿qué hay detrás del salmón que consumes? El salmón chileno no se desarrolla de forma natural, como muchos otros peces que las costas del país ofrecen. La mayoría se cultiva en hacinamiento, en balsas-jaulas flotando en los mares de la Patagonia. Allí poco pueden moverse, sufren los embates de parásitos y enfermedades contagiosas y reciben altas dosis de químicos, colorantes y antibióticos. La industria salmonera en Chile ha tenido un rápido pero descontrolado crecimiento. Se trata hoy de la segunda industria principal del país, posicionándolo como el segundo principal productor de salmón a nivel mundial. Pero en su camino ha vulnerado normas de protección ambiental y sanitaria, dañando ecosistemas en varias regiones. La región más amenazada es la Patagonia, reconocida mundialmente por su asombrosa belleza y exuberante biodiversidad. Sus milenarios bosques albergan flora y fauna endémica. Sus mares y costas son hogar de ballenas, delfines y orcas, entre muchas otras especies. Con frecuencia, los efectos adversos de la salmonicultura son invisibles a los ojos. Al ocurrir bajo el mar y en zonas remotas, los daños a la vida marina se manifiestan cuando son prácticamente irreparables. Por eso es importante saber qué es lo que realmente implica ese salmón que adorna tu sushi. Ballenas en peligro Hace poco circuló en redes sociales un video escalofriante que graficaba el intento desesperado de una ballena azul por abrirse paso entre cientos de buques. El video se basó en un estudio científico, publicado en febrero de 2020, que confirmó que el 83% de todos los barcos involucrados correspondía a la industria acuícola. Según la investigación, la ballena azul, el mamífero más grande del mundo y especie en peligro de extinción, debe enfrentarse hasta a 900 embarcaciones al día en las aguas de la Patagonia chilena, una de sus principales zonas de alimentación. En esa área, donde ballenas y salmonicultura conviven, existen registros de colisiones con resultado de muerte para ballenas en los años 2009, 2014 y 2017. Mares asfixiados Pero las ballenas no son las únicas especies que sufren la invasión salmonera. El cultivo intensivo de salmón implica la descarga excesiva de materia orgánica al mar debido a la acumulación de alimentos no consumidos y heces, el mal manejo de la muerte de peces y, en suma, la cantidad de peces cultivados por metro cuadrado. Lo anterior, sumado a otros factores relacionados con el clima y con los lugares donde están los centros (que por lo general registran bajo recambio de aguas), lleva a que se generen condiciones anaeróbicas, traducidas en la disminución y pérdida del oxígeno disuelto en el agua, necesario para que la vida prospere. Según los registros de las autoridades encargadas de regular y fiscalizar a la industria, en los últimos años, alrededor de la mitad de los centros de cultivo evaluados en Magallanes operan en condiciones anaeróbicas. Esto significa que en aquellos lugares hay menos oxígeno que el requerido para un ambiente sano. La descarga excesiva de nutrientes también es un factor que incide (entre otros) en la aparición de las temidas mareas rojas o cafés, donde las floraciones algales nocivas (FAN) agotan severamente el oxígeno disuelto. Así hemos visto episodios de varazones masivas de moluscos, peces e incluso ballenas que cubren kilómetros de playas, dejando un panorama desolador. El pasado 1 de abril, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura comenzó a informar de una serie de mortalidades masivas afectando a varios centros de cultivo de salmones en las regiones de Los Lagos y Aysén. Al 12 de abril, la mortalidad acumulada superaba las 5.500 toneladas. Hasta ahora poco se ha dicho de las consecuencias de este desastre para los ecosistemas. Lo que sabemos es que varias áreas protegidas han sido afectadas, incluyendo el Área Marina Costera Protegida Fiordo Comau-San Ignacio de Huinay (Los Lagos), las aguas del Parque Nacional Isla Magdalena, el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Pitipalena-Añihue, la Reserva Forestal Las Guaitecas y el Santuario de la Naturaleza Estero de Quitralco (Aysén). La científica Vreni Haussermann manifestó gran preocupación por el fiordo Comau, conocido por sus inusuales y frágiles bancos de corales, que podrían sufrir graves daños e incluso morir por las disminuciones de oxígeno o hipoxia generadas por las FAN. Depredadores exóticos sueltos Otro impacto que frecuentemente protagoniza la industria viene de los escapes masivos de salmones. Al ser una especie carnívora, el salmón en libertad depreda a las especies nativas y compite por su hábitat. No existe por el momento información suficiente sobre los impactos a los ecosistemas de estos escapes. Entre 2010 y 2018, según datos oficiales, hubo 87 eventos de escapes, con un promedio de casi 10 escapes por año. Se estima que entre 2010 y 2017 se liberaron al océano un promedio anual de 410.000 especies. En junio de 2020, hubo una fuga masiva de aproximadamente 900.000 salmones de un centro salmonero en la región de Los Lagos. Una investigación finalizada en 2019 concluyó que las poblaciones de la especie nativa de Puye Grande, presente en la zona sur del país, disminuyeron en casi 99% durante el último siglo debido a la introducción de truchas y salmones. Lo anterior significa una pérdida del 10 al 20% de la diversidad genética de la zona. Las empresas siempre se excusan en el clima, a veces extremo, de los lugares donde operan. Antibióticos Los daños de la salmonicultura no se restringen a la esfera ambiental. En Chile, el uso de antibióticos en esa industria es mayor que en cualquier otro país. Según la ONG Oceana, Chile utilizó 1.386 veces más antibióticos que Noruega en 2017 para la misma producción de salmón y, en 2018, hubo empresas que produjeron aproximadamente 30.000 toneladas de salmón utilizando más de 20.000 kilogramos de antibióticos, con un índice de consumo de antibióticos de 799,39 gramos por tonelada de salmón. El abuso de antibióticos lleva a la resistencia bacteriana, es decir que las enfermedades se tornan resistentes a los antibióticos. Lo anterior ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales amenazas a la salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Comer sushi con salmón es, en otras palabras, consumir un coctel de antibióticos. Y el precio no lo pagas únicamente tú en dinero, sino que también corre por cuenta de la salud de los ecosistemas y especies de la Patagonia chilena. Con todo esto, ¿seguirías considerando que el salmón que consumes es natural, sano y nutritivo? Quizás no. Pero no te desanimes, que no es necesario dejar el exquisito legado de los japoneses, ya que siempre puedes decir “quiero sushi, ¡pero sin salmón!”
Leer más
Consejo de Derechos Humanos aborda la crisis del agua y la protección de las personas defensoras del ambiente
La 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es la primera que se celebra íntegramente en línea, debido a la pandemia de COVID-19. Comenzó en febrero y concluye el 23 de marzo. El formato virtual de esta sesión permitió que AIDA participara por primera vez del Consejo y que se uniera a las discusiones sobre dos de los temas que están en el centro de su trabajo en materia de derechos humanos: el derecho a un ambiente sano y la protección de las personas defensoras ambientales. El 3 de marzo, el Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, David Boyd, presentó al Consejo su informe “Derechos Humanos y la Crisis Global del Agua”, en el cual resalta los graves impactos que la contaminación del agua, su escasez y los desastres relacionados con ese recurso tienen en el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, al desarrollo y a un ambiente sano. Boyd enfatizó que el cambio climático es un multiplicador de riesgos, exacerbando los problemas de derechos humanos relacionados con el agua. El Relator Especial exhortó a los Estados a incorporar un enfoque basado en derechos tanto en sus estrategias climáticas como en sus planes en materia de agua. Finalmente, reiteró su llamado para que el Consejo de Derechos Humanos apoye la iniciativa de una resolución que reconozca el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. En el Diálogo Interactivo que siguió a la presentación de Boyd, Rosa Peña, abogada de AIDA, denunció los impactos negativos de las megarepresas, la minería de carbón y el fracking en los derechos humanos y en el acceso al agua en América Latina. Señaló que estos proyectos no sólo amenazan los derechos humanos de las comunidades locales, sino que también agravan la crisis climática. Llamó la atención del Relator Especial sobre las comunidades afectadas por la megarepresa Belo Monte en la Amazonía brasileña. Actualmente, la implementación del llamado hidrograma de consenso en el río Xingú amenaza la vida de las comunidades locales, contamina el agua, seca el río y provoca inseguridad alimentaria y una pérdida grave de biodiversidad. El 4 de marzo, fue la Relatora Especial sobre la situación de los/las defensores/as de derechos humanos, May Lawlor, quien entabló un Diálogo Interactivo sobre la “Advertencia Final: amenazas de muerte y asesinatos de defensores/as de derechos humanos”. Lawlor concluyó que la falta de voluntad política es una de las razones por la que varios Estados incumplen su obligación moral y legal de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, por lo que pidió medidas más efectivas para frenar las amenazas contra ellas. En representación de AIDA, Marcella Ribeiro, abogada de AIDA, resaltó que América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden los derechos humanos ambientales e instó a los Estados a protegerlas de manera efectiva. Ella puso el foco en la situación de las personas defensoras del ambiente en Brasil, Guatemala y Colombia, países donde la invasión de tierras indígenas, las megarepresas y el fracking están relacionados estrechamente con el aumento de la violencia contra las y los defensores. Concluyó su intervención recordando a los Estados que la protección de las personas defensoras del ambiente debe promover el reconocimiento del derecho a un ambiente sano y brindar garantías para que todas las personas sean libres de ejercer su derecho a defender los derechos humanos. Vea los videos completos de los aportes de AIDA en los Diálogos Interactivos (en inglés):
Leer más