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Reflexiones tras la COP26: Pese al lento avance, la esperanza es preferible al derrotismo
Seamos realistas. Nunca ha habido demasiadas expectativas alrededor de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (más conocidas como COP), y la vigésimo sexta versión (COP26) no era la excepción. Impacta la gran cantidad de greenwashing expuesta a viva luz: espaciosos pabellones decorados con todo tipo de plantas exuberantes promocionando a países que no aportan. Llaman a la ambición urgente, pero siguen subsidiando combustibles fósiles o buscando explotarlos en lugares prístinos. Pese a todo, es importante permanecer positivos y construir sobre lo que sí funciona porque el fatalismo es un veneno mucho más peligroso que el negacionismo. Además, aunque disten mucho de ser suficientes, es posible apreciar algunos avances de la COP26 en Glasgow, Escocia. El solo hecho de que tantos países con intereses y poder de negociación tan abismalmente dispares se pongan de acuerdo es un logro. En las negociaciones, cada país puede vetar lo acordado por los demás pues todo se adopta por consenso. Por otro lado, está la sociedad civil y los movimientos indígenas, populares y de jóvenes, que constantemente sortean obstáculos para estar presentes y alzar sus voces. Finalmente, no conviene pensar en las decisiones y en los resultados de la COP como si fueran la última palabra. Las negociaciones se reabren cada año y con eso las posibilidades de avanzar desde donde dejamos las cosas. Es un camino largo y empinado. Estamos atrasados, pero cada paso cuenta. Resultados positivos (con algunos aspectos negativos) de la COP26 Por primera vez, el texto final de las negociaciones (“el Pacto de Glasgow”) menciona a los combustibles fósiles y al carbón. Este hecho, impensado incluso en la COP anterior, demuestra que lo que la gente pide está permeando en las decisiones. El mensaje de fondo es claro: los combustibles fósiles y el carbón tienen sus días contados. El texto originalmente hablaba de “eliminar el uso del carbón”, pero algunos países lograron a último minuto cambiar el verbo por “reducir”. En la misma línea, se propuso la necesidad de “retirar los subsidios a los combustibles fósiles”, pero el texto terminó apuntando únicamente a los “subsidios ineficientes”, lo que sea que eso signifique. La meta de no superar los 1.5 °C de temperatura media del planeta sigue viva. El Pacto de Glasgow reafirma dicho objetivo, reconoce su urgencia y el trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) como base para las acciones. Más importante aún, el texto solicita a las partes fortalecer las metas contenidas en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs por sus siglas en inglés) para fines de 2022, en lugar de a mediados de la década, como estaba estipulado. Los espacios para el negacionismo y para desestimar las conclusiones de la ciencia ya están cerrados. Los países se pusieron de acuerdo sobre el artículo 6, con lo que se cierra el libro de reglas que permitirá implementar el Acuerdo de París. El debatido artículo se refiere, entre otras cosas, a los mecanismos de mercado de carbón, que permitirían a los países transar bonos para cumplir metas climáticas. En dichos mercados radica parte importante del futuro de la economía mundial, por lo que la falta de acuerdo era preferible a un mal acuerdo. En el lado positivo, el texto final de la sección reconoció la importancia de respetar los derechos humanos, a poblaciones locales, jóvenes y mujeres, así como la integridad ambiental. Lo malo es que no se reconocieron algunas normas internacionales básicas de derechos humanos, como el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. Quedaron también muchos vacíos sobre los que habrá trabajar para evitar que estos mecanismos generen más daños que beneficios. El artículo 6 es un asunto delicado sobre el que hay que seguir trabajando. Finalmente, lo decidido en torno al complejo ítem de pérdidas y daños difícilmente puede considerarse un logro. Pero no está demás reconocer que el asunto, que no había sido considerado oficialmente en las pasadas COP, llegó a las discusiones para quedarse. El Pacto de Glasgow llamó a iniciar un diálogo sobre la problemática, pero no hubo acuerdos sobre la creación de un fondo para pagar por las pérdidas y daños, que era lo que demandaban los países más afectados (y menos responsables) por la crisis. Como sea, gracias a las demandas de los movimientos sociales del sur global y a la presión de varios países, los debates sobre el tema seguirán alimentando las discusiones y tarde o temprano tendrá que generarse un mecanismo financiero que lo atienda con la urgencia que corresponde. Herramientas adicionales Durante la COP26, surgieron algunos pactos que, sin ser parte de las negociaciones, ofrecen alternativas para avanzar. Considerando que los compromisos de reducción de emisiones contenidos en las NDC son insuficientes, estas herramientas pueden ser cruciales. Vale la pena mencionar el pacto para terminar con la deforestación, donde más de 100 líderes mundiales prometieron poner fin y revertir la deforestación para 2030. Los países signatarios abarcan alrededor del 85% de los bosques del mundo. El pacto incluye fondos y refuerza el papel de los pueblos indígenas en la protección de los bosques. En el lado negativo, el objetivo a nueve años es decepcionante y desalentador, además de que debemos reconocer que este tipo de acuerdos no han tenido éxito en el pasado. Otro compromiso congregó a más de 100 países bajo la intención de reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030 desde los niveles de 2020. El compromiso incluye a países que representan casi la mitad de las emisiones mundiales de metano. El metano, uno de los contaminantes climáticos de vida corta, es el principal gas de efecto invernadero después del dióxido de carbono, pero con una potencial de calentamiento mayor. El hecho de que tenga una corta duración en la atmósfera significa que la reducción de sus emisiones puede tener un impacto rápido en la desaceleración del cambio climático. Finalmente, cabe mencionar que China y los EEUU lanzaron su propio acuerdo, comprometiéndose a cooperar en la acción climática. Aunque la declaración no ofrece mucho en términos de acción concreta, el hecho de que los dos principales emisores de gases de efecto invernadero se unan en reconocer el desafío planetario que tenemos por delante, es un paso importante en la dirección correcta. Todavía queda un largo camino por recorrer. Estamos frente a inmensos peligros, sufrimiento e injusticia. Las industrias de los fósiles siguen incidiendo fuertemente en las negociaciones y no cesan en su búsqueda de lucro asociado con acciones contaminantes. No está demás patalear, explotar de ira y llorar de miedo. Pero estas emociones no deben llevarnos al fatalismo que nos paraliza. Es importante apreciar el hecho de que estamos llegando a acuerdos, dentro y fuera de las COP, y que las conferencias generan cada vez más respuestas en todo el mundo. Todo lo avanzado es un paso más y no el final de esta historia.
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Los cinco avances que la COP26 debe impulsar
Desde el pasado 31 de octubre y durante dos semanas, líderes de más de 190 países, organizaciones internacionales, miembros de la sociedad civil y activistas coincidirán en Glasgow, Escocia, a propósito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Al encuentro global llegará también el movimiento juvenil con sus propuestas de cambio, entusiasmo y esperanza, un aporte que con los años se ha hecho cada vez más contundente. La COP26 fue aplazada un año por la pandemia global y se realiza en medio de las crisis sociales y económicas derivadas de la contingencia sanitaria, que intensificó las brechas entre países ricos y pobres. Las grandes diferencias en el acceso a programas de vacunación han sumado dificultades a la participación de organizaciones de la sociedad civil, tarea clave para empujar las negociaciones en Glasgow. Lo cierto es que estas dos semanas son cruciales para el futuro del planeta. Según la más reciente evaluación científica de Naciones Unidas, las consecuencias del cambio climático “son irreversibles”, se están viviendo en todas partes del mundo y tienen una relación “inequívoca” con la actividad humana. La gravedad de la situación es tal que estamos cerca de cruzar puntos de inflexión que podría llevarnos a un “punto de no retorno”. No es más un problema del futuro ni solamente de las personas y países más vulnerables. Frente a ese panorama, es clave que la COP26 logre avances en al menos cinco áreas: 1. La ambición que permita mantener el calentamiento global por debajo de 1.5ºC Urge una verdadera reducción de emisiones basada en planes serios para abandonar la explotación y uso de combustibles fósiles y promover energías renovables. Los subsidios a los combustibles fósiles siguen presentes en muchas partes del mundo. Ya no hay tiempo ni espacio para las falsas soluciones, aquellas que permiten seguir contaminando (como las promesas del carbón limpio, por ejemplo). Las transformaciones necesarias son difíciles, pero también posibles, deseables y urgentes. Un mundo sin quema de combustibles fósiles es más verde y justo. Es importante que esta titánica tarea se haga respetando los derechos de las personas y comunidades en los territorios, incluyendo las diferentes voces, aprovechando y honrando el conocimiento local, con un enfoque de justicia climática y equidad de género. De otro lado, está demostrada la utilidad de incluir metas claras y medibles de mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta, que permanecen menos tiempo en la atmósfera que los gases de efecto invernadero, pero cuyas emisiones causan entre el 30 y 45 por ciento del calentamiento del planeta, además de contaminar el aire. La inclusión en las negociaciones de un abordaje integral que contemple la reducción de estos contaminantes es una oportunidad para mitigar la crisis climática y proteger la salud humana en el corto plazo. 2. el libro de reglas del Acuerdo de París El artículo 6 del Acuerdo de París propone a los países la utilización de mecanismos de cooperación voluntaria para aumentar la ambición climática, entre ellos los mercados de emisiones de CO2, cuyas normas, modalidades y procedimientos no han sido definidos. Estos mecanismos de mercado permitirían a los países vender un “excedente” de emisiones a países que no hayan alcanzado sus objetivos de mitigación o que busquen un cupo mayor, dando origen a un nuevo mercado internacional de intercambio de créditos de carbono generados en los sectores público y privado de cualquier lugar del mundo. En la COP se debe establecer el órgano que regulará este mercado. Es la única parte del libro de reglas del Acuerdo de París que toavía no se ha resuelto. Luego de la falta de consensos en la COP25 de Madrid, se espera una definición al respecto en Glasgow. Las negociaciones deben asegurar que el mercado garantice que los bonos provengan de proyectos con salvaguardas socioambientales que garanticen el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos, en especial de grupos en situación más vulnerable, como los pueblos indígenas; así como la integridad de ecosistemas y la reducción neta de emisiones. Asimismo, los mercados de carbono deben garantizar un aumento adicional del esfuerzo global de mitigación y no lo contrario, es decir, ayudar a reducir de emisiones que no hubieran sido posible disminuir sin estos mecanismos. 3. las finanzas climáticas La meta de la COP26 es atender el compromiso de los países desarrollados de movilizar 100 mil millones de dólares por año hasta 2025 para que los países menos desarrollados mitiguen y se adapten a los embates del cambio climático. También deben sentarse las bases para las negociaciones que llevarán a una meta post 2025. Pero esto es solo el inicio. Necesitamos una verdadera transformación de las finanzas internacionales, dejando atrás las inversiones que no aportan al cuidado y regeneración del planeta. Además, los y las negociadoras deben asegurar que los fondos climáticos lleguen a quienes más los necesitan: los países, sectores y poblaciones más vulnerables al cambio climático, que muchas veces tienen dificultades para acceder a financiamiento por la burocracia que implica. De otro lado, el financiamiento debe respetar estándares de derechos humanos, especialmente de comunidades étnicas y mujeres. Para ello se necesita un sistema efectivo de salvaguardas y rendición de cuentas. 4. las medidas para enfrentar las pérdidas y daños El artículo 8 del Acuerdo de París reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y daños. Este debe ser el tercer pilar de la acción climática, junto con la mitigación y la adaptación. Su inclusión en la agenda climática internacional como parte de una respuesta justa y sistemática ha sido esencialmente promovida por países vulnerables y movimientos sociales de todo el mundo. Comunidades y naciones pobres o en situación de vulnerabilidad ya están sufriendo los efectos más negativos de la crisis climática, siendo los menos responsables de ella. Las acciones de mitigación y adaptación no aplican ante escenarios de pérdidas y daños, que requieren respuestas efectivas basadas en la asignación de responsabilidades y la justicia climática. Pese a la evidencia de los daños y su contexto de injusticia, las negaciones climáticas poco han avanzado para fortalecer este pilar y promover un marco que permita dar respuestas concretas. Es urgente que la COP26 avance en este propósito. En la COP25 se creó la Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños con la idea de reunir a diversos actores y catalizar la asistencia técnica para “evitar, minimizar y hacer frente a las pérdidas y los daños a nivel local, nacional y regional”. Es urgente que en la COP26 se configure esta red, otorgándole mandatos claros para que promueva discusiones, recomendaciones y adopte acciones que respondan a demandas históricas sobre el tema. 5. la protección del océano como prioridad El océano es el principal regulador climático del planeta. Uno de los servicios más importantes que brinda es la absorción de emisiones, con la que ha retenido aproximadamente el 90% del calor atmosférico causado por el cambio climático. Pero esto no es inocuo. La gran cantidad de CO2 capturada está alterando el pH del océano, lo que conlleva un proceso de acidificación que genera un desequilibrio en los ecosistemas marinos y afecta seriamente a comunidades pesqueras y habitantes de zonas costeras en todo el mundo. Pese a su importancia y a lo frágil que se ha vuelto debido a la crisis climática, el océano no ha sido parte de las negociaciones internacionales sobre cambio climático. La COP25 dio los primeros lineamientos al respecto. Lo clave es que lo que se negocie esté orientado a proteger y conservar el océano, no a intensificar su uso como sumidero de carbono o como lugar para compensar las necesarias mitigaciones en tierra. Es indispensable que en Glasgow se den pasos decisivos para invertir en soluciones basadas en la naturaleza, asegurar la conservación del 30% del océano global a través de una red robusta de áreas marinas protegidas para 2030, detener la expansión de la exploración y producción de petróleo y gas natural en alta mar; y promover la participación de las comunidades de pescadores y comunidades costeras en la planeación, desarrollo e implementación de políticas relacionadas. Los países no deben utilizar medidas de mitigación en el océano como compensaciones de carbono para permitir más emisiones terrestres. Cabe resaltar que todos estos avances deben tener a los derechos humanos como motor y pilar fundamental. Existe una relación inseparable entre el cambio climático y los derechos humanos. Así lo reconoce el Acuerdo de París, estableciendo que —al adoptar medidas para enfrentar el cambio climático— las Partes deben respetar, promover y tener en cuenta sus obligaciones relativas a los derechos humanos; especialmente aquellas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños y niñas, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables; así como el derecho al desarrollo, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. La justicia climática debe iluminar todas las decisiones que busquen frenar la crisis climática, en las COP y en cualquier otro escenario.
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El llamado de la ciencia a la acción por el clima y el aire
Por Fabio López Alfaro y Luisa Gaona Quiroga, pasantes de AIDA La primera entrega del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —que se concluirá en 2022— dedica por primera vez un capítulo completo a los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), cuya reducción puede mitigar la crisis climática y mejorar la calidad del aire. El énfasis del IPCC en estos contaminantes reafirma la relación intrínseca entre clima y aire, así como la necesidad urgente de implementar medidas efectivas y conjuntas para su protección. Los CCVC son compuestos que absorben o reflejan la energía solar, es decir que tienen la capacidad de calentar o enfriar la Tierra en escalas de tiempo cortas (de días a años), en contraste con los gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono, cuyo impacto climático puede durar décadas, siglos o incluso más. Los CCVC más conocidos son el carbono negro (pequeñas partículas producidas por la quema de diésel, biocombustibles y biomasa), el metano (que tiene un alto efecto en el calentamiento de la Tierra y es precursor de otros contaminantes), el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC). Debido a que no permanecen en la atmósfera por largo tiempo, sus efectos en el clima son regionales y sus cambios están ligados a alteraciones en sus fuentes de emisión. Aunque algunos CCVC pueden calentar el planeta y otros enfriarlo, lo cierto es que estos contaminantes causan entre el 30 y 45 por ciento del calentamiento del planeta, además de dañar la calidad del aire y afectar el rendimiento de los cultivos. Por ello su gestión integral es decisiva para la mitigación de la crisis climática y la mejora de nuestra calidad de vida. La situación de América Latina En este ciclo de evaluación del IPCC, la disponibilidad de información permitió enfatizar el análisis regional del cambio climático, ilustrando la relevancia de los CCVC, cuyos impactos en el clima y el aire son primordialmente locales. No obstante, los hallazgos para América Latina son menores en comparación con los de Europa, Asia o Norteamérica, evidenciando un rezago en el conocimiento de la región. Cerrar esta brecha de conocimiento sobre CCVC es fundamental porque la región ocupa el tercer lugar en cuanto a la generación de calentamiento a corto plazo (10 años), superada por Asia Oriental y Norteamérica. Pese a la menor información, el IPCC logró identificar los sectores y contaminantes clave de gestionar en América Latina. En el informe se resalta que las políticas de mitigación deberían enfocarse en el material particulado y en el ozono generados en la industria, la producción energética y la quema abierta de biomasa, sectores que regionalmente son responsables de las mayores emisiones. Los impactos negativos para la salud son mayores a medida que disminuye el diámetro del material particulado. Por lo tanto, las partículas finas —el material particulado 2.5— causan los impactos más perjudiciales para el sistema respiratorio y cardiovascular de las personas. Según la OMS, el carbono negro y el carbón orgánico son una parte sustancial del material particulado en la contaminación del aire, así como una causa muy importante de morbilidad y mortalidad prematura a nivel global. Por otra parte, el metano y el carbono negro son los contaminantes de preocupación principalmente en la agricultura, los combustibles fósiles, la gestión de desechos y los motores a diésel, sectores que se proyecta aportarán en 2100 al 90 por ciento de las emisiones de carbono negro de los países no miembros de la OCDE. Llamado a la acción La evidencia científica presentada por el IPCC es también un llamado a la acción, a la lucha conjunta por el clima y el aire. El informe prueba que es vital tener políticas públicas transversales que busquen simultáneamente la mitigación de la crisis climática y de las emisiones de los CCVC. La ausencia de ese tipo de políticas, sumada a un débil control de la contaminación atmosférica, implica un calentamiento a corto plazo para América Latina, principalmente porque se estima un aumento en las emisiones de metano, ozono e hidrofluorocarburos —compuestos caracterizados por altas tasas de calentamiento—, así como contribuciones menores de los aerosoles, lo que disminuiría el efecto de enfriamiento. Sin embargo, con un control adecuado y en escenarios que combinen esfuerzos para reducir los GEI y los CCVC se prevé altos beneficios para el clima y una estabilización después de 2040. Aunque los resultados climáticos de estas medidas serán visibles en 20 o 30 años, aportarán a mejorar la calidad del aire y a proteger la salud humana en el corto plazo. Las políticas públicas que incorporen la reducción de la contaminación atmosférica pueden disminuir las tasas de mortalidad por mala calidad del aire y aportar al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellas metas relacionadas con la exposición a partículas (metas 3.9 y 11.6), con la salud humana y las ciudades sostenibles (ODS 3 y 11). También pueden contribuir al acceso a energía limpia y asequible, al consumo y producción responsables, a la acción por el clima y a la protección de la biodiversidad (ODS 7, 12, 13, 14 y 15). Finalmente, la disminución de las emisiones de CCVC ayudará a reducir las pérdidas de cultivos, aportando a lograr hambre cero (ODS 2). Ahora que conocemos los sectores y contaminantes cuya gestión será clave en los próximos años, es momento de exigir de autoridades y empresas la implementación de acciones concretas para reducir las emisiones de los CCVC y obtener cobeneficios en la lucha por el clima y por un aire limpio.
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Las razones que alejan al arbitraje de inversión de la justicia ambiental
Texto publicado originalmente en Animal Político Desde los años noventa, los Estados de América Latina han asumido obligaciones legales en tratados bilaterales de inversión y en tratados de libre comercio que buscan proteger las inversiones de las empresas extranjeras. Para exigir el cumplimiento de tales obligaciones, las compañías han interpuesto numerosas y millonarias demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución internacional —y una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial— que arbitra las controversias que surgen alrededor de inversiones. Aunque existen otras instancias, el arbitraje ante el CIADI se ha convertido en el favorito de los inversionistas extranjeros. La labor de todo tribunal o corte debe ser impartir justicia de forma coherente y uniforme. Sin embargo, la estructura y funcionamiento de los tribunales del CIADI devela graves inconsistencias que han sido objeto de críticas y que, en la práctica, han puesto en riesgo a ecosistemas de la región y a las personas que dependen de ellos. Aquí analizamos algunos rasgos del sistema de arbitraje de inversiones y recientes laudos de tribunales arbitrales que operan bajo el Convenio del CIADI para reflexionar sobre lo que aleja a este mecanismo de la impartición de justicia ambiental. 1. Las demandas impactan gravemente las finanzas de los Estados latinoamericanos Entre 1995 y 2020, se han presentado 303 demandas en contra de países de América Latina y el Caribe, siendo la segunda región más demandada del mundo. Los inversionistas han obtenido resultados favorables en un 62,6% de los casos y las demandas les han costado a los gobiernos alrededor de 32.141 millones de dólares. Según un informe reciente de la CEPAL, por ejemplo, un tribunal arbitral de inversión ordenó en 2017 que Ecuador pague 337 millones de dólares a la estadounidense Burlington. Y recientemente otro tribunal del CIADI le ordenó indemnizar a la petrolera anglo-francesa Perenco con 374,4 millones de dólares. Este alto costo deriva en la desestabilización fiscal de presupuestos nacionales y en la fuga de recursos previstos para proyectos sociales, situación compleja ante la reactivación económica de nuestros países. Además, estas decisiones pueden generar el “enfriamiento regulatorio”, fenómeno en el que los gobiernos se abstienen de implementar medidas sociales o ambientales por temor a una demanda en su contra. 2. La falsa creencia de la atracción de inversión extranjera Exceptuando a Bolivia y Venezuela, que abandonaron el Convenio del CIADI, la región andina está a favor del sistema debido a que existe la falsa creencia de que la firma de tratados que activan la jurisdicción de tribunales del CIADI se traduce en la atracción de inversión extranjera per se. Esta fue la lógica que siguió el actual gobierno de Ecuador que, tras 12 años de haber denunciado el tratado, volvió a ratificarlo hace tres meses bajo el argumento de reforzar y fortalecer sus relaciones comerciales. Pero se trata de una falacia pues hay países que demuestran todo lo contrario. Uno de ellos es Brasil, el país que recibe mayor inversión extranjera en la región y uno de los pocos que no admite el arbitraje de inversiones bajo el CIADI. 3. El respaldo al derecho legítimo de los Estados de proteger el ambiente no es una regla general La fuerte presión que este mecanismo ejerce sobre los Estados tiene el potencial de afectar el ambiente y, más específicamente, la protección del recurso hídrico. Varios casos han estado directamente vinculados con el derecho humano al agua y algunos de los más relevantes para la región, con inversiones en industrias susceptibles de dañar el ecosistema marino o degradar la calidad del agua, como la minería aurífera a cielo abierto. En el reciente caso de Infinito Gold contra Costa Rica, el tribunal eximió a ese Estado de indemnizar a la minera canadiense con 400 millones de dólares. Determinó que es legítimo y que no lesiona los derechos de la empresa que Costa Rica se declare libre de minería a cielo abierto y determine las moratorias que sean necesarias porque el Estado tiene soberanía para definir sus leyes ambientales. Algo similar ocurrió en el caso de Pacific Rim contra El Salvador. El tribunal determinó que una reglamentación de buena fe para proteger el agua y evitar su contaminación no vulnera las normas de protección de las inversiones, salvo que se hayan hecho promesas específicas en sentido contrario. Si bien en algunos países y en decisiones muy puntuales las resoluciones del CIADI han sido un verdadero espaldarazo a la capacidad regulatoria de los Estados, las reglas que han llevado a estos tribunales a promover la protección del ambiente como algo prioritario no son vinculantes para futuros arbitrajes. Por ejemplo, en el caso de Eco Oro Minerals contra Colombia, fallado parcialmente el pasado 9 de septiembre, el tribunal —aunque reconoció el derecho legítimo del Estado de proteger sus páramos (bosques y humedales de alta montaña que proveen agua a millones de personas y capturan carbono)— señaló que este debía indemnizar a la empresa canadiense por haberlo hecho. Estableció lo anterior pese a que aclaró que las medidas de protección ambiental fueron tomadas de buena fe; que aplicaban el principio de precaución y que hubo una falta de debida diligencia por parte de la empresa, la cual sabía de la presencia de páramos en su área de concesión desde el inicio. Eco Oro pretendía instalar una mina de oro en el páramo de Santurbán. Aunque es quizás la primera vez que un tribunal internacional de arbitraje reconoce la importancia de los páramos —así como sus amenazas, sus bajas posibilidades de recuperarse ante actividades mineras y la necesidad de protegerlos—, la decisión es sumamente contradictoria. El tribunal concluyó que Colombia causó un daño a la empresa porque no delimitó el páramo lo suficientemente rápido, desconociendo su obligación de dar un trato justo y equitativo a los extranjeros. De ese modo, laceró la confianza en el sistema y su legitimidad, realizando además una interpretación arbitraria para hacer prevalecer la inversión sobre el ambiente. 4. Urge una reforma estructural del sistema Como vimos, la amplitud de las cláusulas y la libertad de los árbitros en el CIADI es excesiva. La interpretación que realizan es altamente discrecional e impredecible al no existir la figura del precedente tradicionalmente entendido. Los tribunales tampoco han permitido la adecuada participación de las comunidades afectadas por la inversión extranjera en sus procedimientos. Si bien en algunos casos se ha admitido la presentación de escritos legales (Amicus), como en el citado caso de Costa Rica, la regla general es desconocer el principio de democracia ambiental y declinar la presentación de este tipo de recursos por parte de la sociedad civil, como ocurrió en el caso de Eco Oro. Esto ha hecho que las resoluciones continúen desconociendo los graves conflictos socioambientales que rodean las inversiones, así como el impacto negativo de las decisiones del CIADI en el ambiente y en las personas. Los laudos arbitrales sobre inversión extranjera directa interfieren cada vez más en el cumplimiento de las obligaciones ambientales y en la protección del agua en América Latina. La denuncia de estos tratados por los Estados es la solución más eficaz para evitar que los inversionistas sigan cuestionando las medidas que toman los países para satisfacer sus necesidades de orden ambiental y social. Sin embargo, en el corto plazo, es más urgente lograr una fuerte y sostenida integración regional que permita consolidar las capacidades necesarias para que América Latina entera exija una transformación sustantiva del sistema de arbitraje internacional sobre inversiones bajo un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de justicia ambiental. Urge además que los mismos gobiernos rindan cuentas a los órganos de control y a la ciudadanía sobre su política con relación a este delicado tema.
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¡Gracias totales!
Termino una era de 18 grandiosos años en AIDA, mi casa. Las palabras no son suficientes para describir lo agradecida, orgullosa y feliz que me siento al hacer el balance de los logros, avances y lecciones aprendidas. Atesoro la maravilla de conocer y compartir este camino con tantas personas en cada rincón de nuestras Américas y más allá; la bendición de recorrer ríos, montañas y territorios y de aprender con y de cada una de las personas y comunidades. Por todo esto, solo puede decir: ¡Gracias totales! Este ha sido el trabajo de mis sueños y el gran honor de mi vida: poder construir y liderar esta organización, con personas grandiosas, haciendo comunidad a partir de nuestro liderazgo femenino, contribuyendo a lo largo y ancho del continente a la protección de los territorios, nuestros derechos y el ambiente. Agradezco profundamente la compañía, apoyo, mentoría, inspiración, sororidad y hermandad de Anna Cederstav, con quien compartí el sueño y el liderazgo de AIDA durante este tiempo y quien continuará en la organización apoyando a la nueva dirección ejecutiva. Es imposible imaginar una mejor codirectora. Gracias infinitas también a la Junta Directiva por su confianza y por su apoyo constante. Es grandioso saber que la organización tiene su respaldo para asegurar su crecimiento y trascendencia en estos momentos de cambio. A cada una de las personas de mi equipo actual y de todos estos años, no alcanzan las palabras para expresar mi admiración y profundo agradecimiento por su invaluable compromiso, profesionalismo, amor y entrega. Los resultados alcanzados son gracias a ustedes. Es muy grato haber contribuido a importantes avances, incluyendo la visibilización y lucha por la justicia en La Oroya, Perú, y en la cuenca del río Xingú, en Brasil; ayudar a proteger los ríos San Pedro Mezquital y Papagayo en México, los páramos en Colombia, los corales y manglares en nuestras costas; conservar zonas de anidación de tortugas como Las Baulas en Costa Rica; ayudar a mejorar la Constitución en México; contribuir a incluir los derechos humanos en los acuerdos climáticos y a mejorar estándares para proteger ríos y manglares; ayudar a mejorar las salvaguardas de algunas instituciones financieras internacionales; y aportar al avance de la jurisprudencia en el Sistema Interamericano, incluyendo el reconocimiento que el cambio climático impacta los derechos humanos. Ha sido aún más gratificante haber logrado todo eso junto con personas grandiosas tanto en nuestro equipo como en diversas organizaciones, redes, comunidades y entidades nacionales e internacionales. Hoy especialmente, y ante la crisis climática y la realidad de nuestra región, es esencial seguir avanzando en el trabajo colectivo con y desde los territorios, motivando la diversidad de saberes e incluyendo en serio la perspectiva de las mujeres, de les jóvenes y de las comunidades para alcanzar las soluciones que por ahora nos son esquivas. Ha sido un gran aprendizaje, pues cada logro han sido el resultado de una coordinación cercana, del aporte diverso y complementario de múltiples visiones. Tengo la confianza que esta perspectiva continuará fortaleciéndose para seguir avanzando hacia la solución de los retos actuales. La magnitud de la crisis climática y de biodiversidad, la necesidad imperiosa de una recuperación transformadora y de una protección efectiva de las personas defensoras de los derechos humanos, el ambiente y el territorio son tres prioridades que requieren hoy más que nunca de nuestros mejores esfuerzos e impacto. Por ello es reconfortante saber que hemos ayudado a fortalecer y construir una gran comunidad regional y global con quienes compartimos el objetivo de avanzar en los resultados que las personas, las comunidades, la naturaleza y nuestras sociedades y países tanto necesitamos. Es una de mis mayores retribuciones después de tantos años de trabajo. Por todo ello y dado que lo único constante en la vida es el cambio, ha llegado el momento de dar vía libre a nuevos liderazgos. Esta decisión ha sido difícil pues ésta ha sido mi casa por tanto tiempo. La primera vez que escuché hablar de AIDA fue en julio de 1997, cuando la organización estaba aún en creación y yo, estudiando derecho y trabajando en Fundepúblico, en Colombia. Al saber de su intención de trabajar en derecho ambiental de interés público en y desde América Latina, supe de inmediato que era mi lugar. Comencé como pasante en mayo de 2003 y unos meses más tarde la Junta Directiva me contrató como abogada. No me cabía el corazón en el pecho ni las ideas paraban de rondar en mi mente. Hoy tengo la satisfacción de haber dado mi mejor esfuerzo para hacer un aporte positivo a mi región, poniendo el derecho y la ciencia al servicio de las personas, las comunidades y el ambiente. En el proceso, además, pude crecer como abogada, como líder, mientras construía mi familia y me convertía en esposa y en madre. Después de innumerables aventuras, aprendizajes, aciertos y desaciertos, es tiempo de emprender otros caminos y abrazar el cambio. Continuaré aportando al entendimiento de la crisis climática y especialmente a identificar cómo podemos avanzar hacia la justicia climática con y desde una perspectiva feminista y desde el sur, por supuesto. Continuaremos compartiendo este camino hacia la justicia climática y ambiental, que también es social. Reitero desde lo más profundo mi agradecimiento por tantos aprendizajes, oportunidades y logros. Estoy segura que AIDA está en las mejores manos y lista para dar el paso a una nueva y emocionante etapa.
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El Sexto Informe del IPCC: la cruda realidad que debemos enfrentar con agencia y esperanza
“Los adultos siguen diciendo: 'Lo que le debemos a los jóvenes es esperanza'. Pero no quiero su esperanza. No quiero que tengan esperanza. Quiero que sientan pánico. Quiero que sientan el miedo que siento cada día. Y luego quiero que actúen”. -Greta Thumberg, dirigiéndose al Foro Económico Mundial en enero de 2019. El Sexto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) llegó a confirmar lo que temíamos. Con evidencia científica más afinada que nunca, el informe alerta acerca de la situación crítica en la que estamos. El cambio climático se está intensificando, afectando todas las regiones del planeta. La responsabilidad de la humanidad en dicho desequilibrio es ahora referida como “inequívoca”. Ello implica que tampoco hay dudas de que está en nuestras manos hacernos cargo del problema. Los múltiples y agresivos eventos climáticos de los últimos meses en todo el mundo muestran que pasamos de las meras advertencias a verdaderas experiencias apocalípticas. El Panel no exagera. Inundaciones donde mueren cientos de personas en algunos de los países más ricos del planeta e incendios que arrasan miles de hectáreas en varios puntos del globo son solo algunos ejemplos. Pese a todo esto, ¡aún hay esperanza! Y la esperanza es nuestra principal aliada para cambiar el rumbo. El informe proyectó cinco escenarios según las medidas de mitigación que podría implementar la humanidad, de menos a más ambiciosas. Todos ellos, incluso el más ambicioso, resultan en superar los 1.5 °C de temperatura promedio del planeta para el 2040. A pesar de lo lapidario de esa previsión, el informe también demuestra que, de tomar medidas agresivas para reducir los gases de efecto invernadero (GEI), podríamos estabilizar el aumento en 1.4 °C para 2100. La batalla no ha terminado y menos puede considerarse perdida. Las consecuencias más importantes de este desequilibrio planetario son aún inciertas y se están jugando en la cancha. ¿Y ahora qué? Las reducciones drásticas de GEI solo serán posibles con cambios sistémicos a nivel de gobiernos y corporaciones. Necesitamos también ajustar nuestras narrativas para no caer en el derrotismo y en la desesperanza, porque no hay evidencia científica que avale la rendición. Tampoco debemos permitir que el movimiento ambiental se divida, estando alertas a las campañas de cizaña y desvío que practican nuestros opositores. La desesperanza, la sensación de derrota y la división de nuestras voces son precisamente las cartas ganadoras de quienes se resisten al cambio. Algunas acciones necesarias y urgentes incluyen: Apuntar a una transición energética rápida y justa, que respete los derechos humanos e incluya un enfoque de género; y a un nuevo tipo de desarrollo que no arrase con la naturaleza, sino que la aprecie y respete. Estos cambios no deben generar miedo. La tecnología para generar energía con mínimas emisiones e impactos ambientales existe, está probada y tiene mayor potencial de generar empleos que la industria de los combustibles fósiles. Un mundo impulsado por energía renovable y limpia es un mundo más justo y verde. Hacer que las industrias y empresas que mueven nuestra economía se hagan responsables de lo que sus actividades dejan. El subsidio de la naturaleza al desarrollo económico ya superó lo razonable. Un proyecto que impacta el ambiente, que arremete con el equilibrio de la naturaleza, ya no es viable. Tenemos de nuestro lado la institucionalidad y los principios de derecho nacional e internacional que velan por el ambiente y los derechos humanos. Debemos interpretarlos y usarlos como lo que son: fuentes de derecho vinculante y obligatorio. Velar por la protección de los sitios naturales que aún no han sido intervenidos, sobre todo los de alto valor ambiental. La naturaleza tiene la capacidad de regenerarse y sanar, pero hay que darle la oportunidad. En esto son claves los pueblos indígenas y tradicionales, guardianes de sus bosques y territorios. Abogar por el correcto uso de los fondos climáticos a nivel internacional, asegurando que el beneficio sea la justicia climática y no soluciones falsas que hacen más daño que la propia enfermedad. Las instituciones financieras nacionales e internacionales mueven enormes cantidades de dinero cada año para enfrentar el cambio climático. Los fondos destinados a mitigación y adaptación están disponibles y los proyectos a financiar deben cumplir con salvaguardas ambientales y sociales. El costo monetario de no actuar o de no actuar lo suficiente es mucho más alto que el que tiene adoptar de inmediato medidas efectivas y tajantes. Ser estratégicos y apoyarnos en la ciencia para aprovechar cada oportunidad de mitigación. Un ejemplo es la reducción de los contaminantes climáticos de vida corta, que fueron especialmente abordados en el reciente informe del IPCC. Estos contaminantes han carecido históricamente de la atención que merecen por la increíble oportunidad que su mitigación implica. Uno de ellos es el metano, cuya presencia en el ambiente se encuentra más alta que nunca. El metano —cuyas fuentes incluyen la minería de carbón, el fracking, los embalses de las grandes represas y la ganadería intensiva— tiene 67 veces más poder que el dióxido de carbono (CO2) para calentar el planeta en un periodo de 20 años, y sus emisiones provocan casi el 25% de ese calentamiento. Reducir estos contaminantes implica además mejorar la calidad del aire en muchas ciudades. Lograr resultados ambiciosos en las negociaciones internacionales y honrar los tratados que protegen el planeta, aprovechando la fuerza que tenemos cuando actuamos coordinados. Es cierto que llevamos 25 años de conferencias de la ONU sobre cambio climático sin lograr reducir emisiones, pero también es cierto que tenemos un acuerdo firmado por todos los Estados miembros que es vinculante y que ordena a cada país hacer su parte para evitar superar las barreras peligrosas del calentamiento. No desestimemos lo que se ha logrado, más bien, sigamos construyendo sobre ello. Debemos exigir estas acciones y no conformarnos con menos. Debemos estar alertas para votar a líderes y lideresas que tengan lo necesario para remar hacia ese lado. Cada pequeña victoria, cada tonelada de CO2 que se mantenga bajo tierra, cada espacio natural que se conserve nos aleja de los peores efectos de esta crisis. Es lo que nos toca. La naturaleza debe ir primero. Se lo debemos a quienes habitarán este hermoso planeta en el futuro cercano y lejano.
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Cambio climático: ¿eres parte del problema o de la solución?
Hace unos días, el IPCC publicó la primera parte de la sexta evaluación del estado global del cambio climático (AR6), correspondiente a la información científica. La existencia y listado de los daños en el planeta no es información del todo nueva para quienes llevamos décadas trabajando en esto. Lo que sí es novedoso es el nivel de certidumbre científica, la magnitud y escala de los impactos climáticos, así como las proyecciones a futuro. En síntesis, hoy la situación global es peor de lo que se pensaba. Como abogada que trabaja por la justicia climática, la noticia es muy preocupante, incluso frustrante. Como mamá, el informe fue devastador. Quiero lo mejor para mis hijes. Aun así, a pesar de no tener responsabilidad en el desastre climático, su futuro estará determinado por este y por los impactos que mi generación, y anteriores, les dejamos. Esta realidad la comparten todos los niños y niñas, así como millones de personas y comunidades en mayor situación de vulnerabilidad, que sufren las peores consecuencias de la crisis climática sin ser responsables de haberla causado. Ante el escenario desolador, podemos sucumbir ante el miedo y la depresión, ser indiferentes o actuar. Yo decido actuar. Decidí escribir esta última columna como codirectora ejecutiva de AIDA, donde tuve el honor de trabajar por 18 años. Resaltaré las conclusiones más importantes del IPCC y la importancia de diferenciar la responsabilidad en la crisis climática para avanzar hacia soluciones efectivas. Considero esenciales estos elementos para tener un panorama completo de solución climática. Invito a renunciar a la indiferencia y al (comprensible) sentimiento de impotencia derrota o frustración para reemplazarlo por acción colectiva y efectiva. Las palabras importan, también en la ciencia. El informe del IPCC es contundente al concluir por primera vez que es "inequívoco" que la atmósfera, el océano y la tierra han sido afectados por influencia humana. Así lo establecieron cientos de científicos y científicas del mundo. Inequívoco significa que no hay duda, que algo es incontrovertible, que no es ambiguo. Aunque suene obvio, es relevante enfatizarlo pues, hace muy poco, escuché a presidentes de países responsables de las mayores emisiones negar la existencia o gravedad de la crisis climática. Este negacionismo nos ha costado décadas de avances. El IPCC concluyó también que la temperatura del planeta ha aumentado, que "cada una de las últimas cuatro décadas ha sido sucesivamente más caliente que cualquier década que le haya precedido desde 1850" y que los impactos negativos en nuestro planeta son reales, actuales y serán cada vez más intensos en la medida en que continúen aumentando la temperatura y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). América Latina y el Caribe ha sufrido impactos que nos han costado miles de vidas humanas, millones en pérdidas y varios miles de personas desplazadas, cuya vulnerabilidad aumenta. A pesar de ello, la región continúa dependiendo más de combustibles fósiles, la deforestación sigue descontrolada y las ciudades, donde vive el 80% de la población, crecen sin planeación y con grave contaminación del aire. El IPCC identificó el problema en las ciudades como de atención fundamental porque la disminución de gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) podría ayudar tanto a la solución climática como a mejorar la calidad del aire y, por ende, la salud de las personas. Responsabilidad y acción hacia las soluciones climáticas Soluciones existen, pero para implementarlas es esencial conocer la causa y la magnitud de la crisis climática. Este es el rol del IPCC y su importancia. De otro lado, hay que entender la fuente de las emisiones así como sus responsables pues no todas las personas, entidades y países son responsables en la misma medida de esta crisis. Precisamente la falta de responsabilidad climática es hoy uno de los mayores retos para lograr soluciones. De un lado están los gobiernos, que a pesar de los compromisos internacionales, incluyendo el Acuerdo de París, aun no los concretan en acciones ambiciosas y efectivas. Por ejemplo, las metas gubernamentales de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) están muy lejos del nivel de compromiso necesario. De hecho, ningún país de América Latina tiene una NDC del nivel de ambición y efectividad requerido. Por otro lado, está la irresponsabilidad de las empresas para abordar la porción que les corresponde y la incapacidad de los gobiernos y de la comunidad internacional para exigírselos. Esto es esencial no solo por temas éticos, sino de facto. Según investigaciones científicas, solo 90 entidades empresariales son responsables del 63% de las emisiones globales de CO2 y de metano desde 1751 hasta 2010. De otro, está la responsabilidad individual. Según Naciones Unidas, el 1% más rico de la población genera más del doble de las emisiones que el 50% de la población más pobre. La desigualdad es evidente: quienes menos responsabilidad tienen en la crisis climática son quienes más están viviendo sus impactos, como ha concluido la ONU en múltiples informes. La falta de resultados y de asumir responsabilidades por parte de los actores clave mencionados ha llevado a comunidades, personas afectadas y organizaciones a buscar soluciones a través del litigio estratégico. Así, con la intervención de las cortes, se han dado algunas decisiones históricas como las de Holanda, Colombia y Pakistán, entre otras. De eso se trata concebir la justicia climática como un punto de partida para resolver la crisis del clima. La justicia climática implica ver más allá de la reducción de toneladas de CO2 y de otros GEI y de la conservación de millones de hectáreas. La justicia climática es la búsqueda de soluciones integrales; incorporando la perspectiva de los derechos humanos y de la naturaleza; poniendo a las personas y a las comunidades en el centro, con procesos participativos e inclusivos, con perspectiva de género; buscando que quienes han causado esta crisis, emitiendo por décadas, asuman su responsabilidad histórica y que quienes más están sufriendo los impactos, sean compensados. Esta es la columna vertebral de nuestro trabajo en AIDA, que impulsamos junto con docenas de comunidades y organizaciones en América Latina, en coordinación con colegas del Sur y del Norte Global. Hoy, la evidencia científica y el nivel de urgencia reclaman que finalmente, cambiemos de rumbo para evitar una mayor debacle. Será nuestra decisión continuar las acciones de siempre, ignorar al IPCC o finalmente prestar atención y actuar integralmente hacia la justicia climática que el planeta nos pide. Tenemos la información, las herramientas y el llamado de urgencia. Confío en hacerlo realidad y hacia allá seguiremos trabajando. Cada persona, empresa y Estado puede sumarse y decidir también ser parte de la solución. De lo contrario, seguirá siendo parte del problema.
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Nuestra responsabilidad en la conservación de los recursos pesqueros
Cada vez es más frecuente escuchar a personas decir que se identifican como flexitarianas o semivegetarianas. El flexitarianismo se basa en una dieta vegetariana, pero que de manera ocasional incluye el consumo de algunos productos de origen animal: carnes, aves, mariscos y pescados. También están las personas pesco-vegetarianas o pescetarianas, que solo consumen distintas variedades de pescado y mariscos. Como cualquier hábito de consumo, es importante preguntarnos por sus impactos en el entorno. Si bien el actual modelo de consumo de carne no es sostenible, en gran parte debido a sus impactos en el clima, la situación del consumo de pescado no es más alentadora. Según el informe bienal presentado por la FAO, durante más de 60 años, el consumo mundial de pescado se ha incrementado a un ritmo considerablemente mayor al del crecimiento de la población mundial. Además, se estima que más del 30% de las poblaciones de peces en el mundo se encuentran sobreexplotadas y que un 60% están explotadas al máximo. El aumento continuo de la pesca excesiva tiene consecuencias no solo a nivel de biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas, sino que a su vez disminuye e impacta la producción pesquera, lo que conlleva repercusiones negativas a nivel económico y social. Una nueva tendencia Las razones que impulsan a las personas a cambiar sus hábitos alimentarios son numerosas. Con frecuencia son motivos ligados a su salud, su peso y a consideraciones éticas que reflejan una ideología de respeto animal y una de sostenibilidad ambiental relacionada con la disminución del consumo de carnes rojas. En los últimos años, se ha promocionado con mucha fuerza la alimentación rica en pescado, fundamentalmente por sus beneficios nutricionales. El contenido nutricional del pescado varía en función de factores como la especie, la edad, el medio en el que vive, la alimentación o incluso la época de captura. Sin embargo, en términos generales, los pescados se caracterizan por ser fuentes de vitaminas y de proteínas con alto valor biológico. Los pescados azules o grasos —entre ellos el salmón, la sardina y el atún— suelen ser excepcionalmente ricos en Omega-3 y en minerales como potasio, magnesio y fósforo. A nivel nutricional, se aconseja consumirlos de dos a tres veces por semana dado que un consumo racional conlleva beneficios como la regulación de la presión arterial, así como la disminución del riesgo coronario y de los niveles de triglicéridos. Si bien es necesario alimentarse de manera saludable y balanceada para tener una vida plena, también es crucial tomar en cuenta el origen de los alimentos que consumimos y cuestionarnos ¿de dónde provienen?, ¿cuál es su cadena de suministro?, ¿en qué condiciones fueron elaborados o capturados? Un ejemplo de la relevancia de responder a estas preguntas es el caso del salmón, cuyo valor nutricional está en las especies salvajes y no así en las cultivadas en granjas, alimentadas con una excesiva cantidad de antibióticos. Sobrepesca, incentivos y consecuencias De acuerdo con la FAO, alrededor del 90% de las poblaciones de peces marinos a nivel mundial están totalmente explotadas, sobreexplotadas o agotadas. Y los subsidios negativos a la pesca representan gran parte del problema. Esos subsidios, al incrementar las capacidades de pesca, brindan beneficios a corto plazo, pero amenazan la sustentabilidad de ecosistemas y comunidades en el largo plazo. En todo el mundo, los subsidios negativos representan 22 mil millones de dólares cada año. Los más utilizados son aquellos destinados a la compra de combustible y a la modernización de barcos para el incremento de capturas. A nivel ecológico, estos incentivos reducen el acervo de peces y dificultan su recuperación. Destruyen hábitats marinos y exacerban la sobreexplotación. Dado que cerca de 60 millones de personas trabajan directamente en las pesquerías del mundo, es primordial permitir que las poblaciones de peces se regeneren adecuadamente, asegurando el sustento de las comunidades pesqueras. Debemos reconocer la importancia del uso responsable de los recursos pesqueros y acuícolas como una prioridad para la seguridad alimentaria y la nutrición mundial, y para las oportunidades de desarrollo local. Es necesario promover prácticas responsables que vayan desde la captura hasta el consumo. Ello requiere un esfuerzo conjunto donde los consumidores cumplimos un papel fundamental. Consumo responsable Una pesca sostenible permite que las poblaciones de peces se reproduzcan de manera adecuada y continua, manteniéndose saludables y productivas. Si bien esta tarea requiere el involucramiento activo del sector pesquero y de autoridades gubernamentales, como consumidores tenemos la gran responsabilidad de contribuir a la conservación de los recursos pesqueros y de fomentar la sostenibilidad a través de nuestras decisiones de compra. Algunos consejos sencillos que podemos implementar son: Verificar la procedencia y tamaño del pescado o marisco: Conocer aspectos como la procedencia y método de captura, además del tamaño de la pieza, que determina si alcanzó la madurez suficiente. Diversificar nuestros hábitos de consumo: Consumir pescado y marisco de acuerdo con la estacionalidad. La estacionalidad es un fenómeno relacionado con las épocas de reproducción y desplazamiento de las especies, que dependen mucho de características como la temperatura de las aguas. Consumir pescados y mariscos de temporada permite una reproducción y recuperación adecuada de las especies, asegurando un mayor equilibrio y ayudando a evitar la sobrepesca. Comprar en sitios autorizados: Conocer si el lugar de expendio cumple realmente con criterios de sostenibilidad y trazabilidad de los productos que comercializa. La trazabilidad es el conjunto de medidas y procedimientos que permiten seguir el rastro de un producto pesquero desde su captura hasta su venta final. Revisar las etiquetas: Donde sea posible, elegir productos con certificación de prácticas de pesca y comercialización sostenible, como el sello de MSC (Marine Stewardship Council) o el Estándar de Responsabilidad Ambiental para la Comercialización del Pescado, otorgado por Marviva en Costa Rica, Panamá y Colombia. Si permitimos la recuperación paulatina de nuestro océano, estaremos contribuyendo positivamente a la seguridad alimentaria, a la economía y al bienestar de las comunidades costeras y de las futuras generaciones.
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La gran oportunidad del BID para apoyar la protección del ambiente y los derechos humanos
Texto publicado originalmente en Animal Político El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) se encuentra en una posición única no solo para apoyar los esfuerzos de recuperación de América Latina y el Caribe, región duramente golpeada por la pandemia, sino también para hacerlo respetado a las personas y al ambiente. El Grupo BID —compuesto por el BID, que trabaja con gobiernos; el BID Invest, que colabora con el sector privado, y el BID Lab o laboratorio de innovación del BID— es la entidad de financiamiento del desarrollo más importante del continente. En 2020, aprobó una cifra récord de 21.600 millones de dólares para sus 26 países miembros en la región. Además del reto de liderar la recuperación de las finanzas públicas, la actual crisis económica y social representa una oportunidad para que el Grupo BID afronte con éxito otro gran desafío, uno fundamental para el papel que desempeña en el continente y que adquiere mayor relevancia en el contexto actual: la adopción de políticas operativas que cumplan con estándares internacionales en materia ambiental y de derechos humanos, así como de mejores procesos de rendición de cuentas. Respecto a la rendición de cuentas y a la evaluación de sus políticas actuales, es importante considerar que cuatro proyectos hidroeléctricos financiados por el Grupo BID están o han estado bajo escrutinio ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) de la entidad debido a los impactos ocasionados por su implementación en comunidades indígenas y rurales de Guatemala, Chile y Colombia. Estos proyectos, financiados por el BID Invest, han afectado los modos de vida de quienes viven a su sombra. Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —junto con la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza— hemos apoyado a miembros de comunidades mayas de la microrregión de Ixquisis, en Guatemala, ante la destrucción causada por dos de estos proyectos: las represas San Mateo y San Andrés. En lo personal, he visto de primera mano los daños ocasionados a la población indígena. He escuchado el miedo y la incertidumbre en las voces de las mujeres de la zona mientras explicaban cómo sus ríos estaban contaminados, sus hijos enfermos y sus vidas afectadas gravemente. “Un día nos quedaremos sin agua y no podremos vivir”, me dijo una líder indígena de Ixquisis. “Nuestros hijos sufrirán”. Las mujeres de Ixquisis han tenido un rol central en la queja presentada por las comunidades afectadas ante el MICI, ya que una de las principales cuestiones en juego se centra en que el financiamiento de las represas vulneró la política operativa de la entidad en materia de género, que reconoce que los proyectos de desarrollo suelen tener impactos diferenciados en las mujeres. Para las mujeres, los ríos son un elemento vital pues posibilitan el acceso al agua y a la alimentación, siendo también un espacio de intercambio entre ellas. En la queja, las comunidades denuncian además el incumplimiento de las políticas operativas del Banco en materia de derechos indígenas y ambiente, así como los daños resultantes. Argumentan que la empresa a cargo de los proyectos hidroeléctricos actuó sin la debida diligencia y violó el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. De hecho, la implementación de los proyectos ignoró los resultados de una consulta de buena fe, llevada a cabo en 2009, en la que la mayoría de la población local decidió no dar su consentimiento a la construcción de las represas en su territorio. Lo que es evidente es que la capacidad del Grupo BID para supervisar los proyectos que financia es limitada y, a pesar de cumplir normas mínimas, sus políticas operativas son a menudo ineficaces. Además, los espacios en los que verifica el cumplimiento son reducidos y las consecuencias del incumplimiento, inciertas. A principios de 2020, el MICI publicó un informe sobre el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, en Chile, en el que constata que la represa vulneró varias políticas operativas del Banco, incluida la de género. Sin embargo, ese informe ha sido cuestionado por no ofrecer medidas de restitución por los daños que aún sufren las comunidades afectadas. En los próximos meses, este mecanismo publicará el informe final sobre el caso Ixquisis. Las comunidades afectadas esperan que las recomendaciones que contenga reflejen la realidad de su territorio y estén orientadas a la adopción de medidas de remediación, incluida la desinversión inmediata del financiamiento otorgado para las represas. Con este caso, el Banco tiene una oportunidad clave para demostrar su compromiso con la rendición de cuentas, así como su apertura para evaluar el cumplimiento de sus propias políticas operativas y remediar los daños que su incumplimiento ha causado a comunidades vulnerables. También es una oportunidad para que la entidad tome medidas preventivas y siente las bases para cambiar sus prácticas. Cuando fue electo presidente de la institución, Mauricio Claver-Carone prometió “actuar en los temas prioritarios de la región”. Esto incluye una evaluación de cualquier contexto global que afecte al propio desarrollo que el Grupo BID pretende promover. En estos días, esto tiene que ver no solo con la actual crisis sanitaria, sino también con la crisis climática mundial, la grave situación de riesgo por la que atraviesan las personas defensoras del ambiente y la resolución de una serie de deudas pendientes con la equidad de género y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Las acciones que el Grupo BID emprenda a partir del caso de Ixquisis pueden ser el primer paso para el establecimiento de un precedente fundamental para la protección de los derechos humanos y el ambiente entre las instituciones financieras internacionales, una contribución sin duda tan o más valiosa que la económica.
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Litigios para promover (y acelerar) la acción climática
En 1990, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas realizó su primer informe de evaluación. Fue la primera vez que la comunidad científica internacional evidenció oficialmente y de manera certera que las emisiones de gases de efecto invernadero, producidas por actividades humanas, implicarían un calentamiento adicional de la superficie del planeta con consecuencias globales. Tras más de dos décadas de negociaciones climáticas internacionales y acuerdos entre países para reducir drásticamente las emisiones, los avances han sido lentos. Ante ese rezago, los litigios climáticos se han convertido en una herramienta cada vez más usada por organizaciones y comunidades para que gobiernos y empresas asuman su responsabilidad por la crisis climática ante los tribunales y adopten medidas concretas y ambiciosas para frenar sus emisiones y mitigar los impactos de la crisis climática en los derechos humanos. La reciente sentencia histórica de un tribunal holandés, que ordena a la petrolera multinacional Shell reducir sus emisiones de CO2 en un 45% en menos de 10 años, marca un precedente y una victoria ambiental a nivel mundial. “Este juicio ha sido de gran trascendencia porque es en contra de una de las empresas que más contribuye al cambio climático”, dice Verónica Méndez, abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA. El equipo legal y científico de AIDA apoya con escritos legales e información técnica a organizaciones y comunidades que inician litigios climáticos contra gobiernos y empresas en América Latina. Para sumar esfuerzos, AIDA trabajó en la construcción de una plataforma de litigio climático, la cual tiene información sistematizada y en español sobre todos los casos desarrollados en la región. El mapeo de datos se realiza de manera colaborativa con otras organizaciones y permitirá fortalecer las estrategias de litigio en forma conjunta. Un breve recuento Los litigios climáticos son casos que plantean cuestiones relacionadas con las obligaciones legales que los Estados y empresas tienen en relación con la crisis climática. Son presentados ante organismos judiciales para buscar —entre otras cosas— el cumplimiento de leyes climáticas existentes; la ampliación del alcance de otras leyes para que aborden el cambio climático, el reconocimiento de la relación entre los derechos humanos fundamentales y los impactos de la crisis climática, y la compensación por las pérdidas y los daños. Así lo establece un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en colaboración con el Sabine Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia (Nueva York), que evalúa la situación mundial de este tipo de litigios. Según el informe, al 1 de julio de 2020, se han registrado al menos 1.550 litigios climáticos en 38 países, casi el doble del número de casos registrados en 2017, que fueron 884 en 24 países. Estados Unidos lidera la lista donde más litigios se han presentado: 1.200. Le siguen Australia (97), Reino Unido (58) y la Unión Europea (55). Las demandas climáticas también están en auge en América Latina. Al momento, AIDA ha sistematizado alrededor de 50 casos que formarán parte de la plataforma de litigio climático de la región. Los países donde más demandas se han presentado son México, Brasil, Colombia y Chile. Estos datos evidencian el rápido crecimiento de los litigios climáticos a nivel mundial. Grandes desafíos y oportunidades Si bien los litigios climáticos buscan lograr justicia para las comunidades afectadas por los impactos de la crisis climática, uno de sus grandes desafíos es la implementación de los fallos. En 2018, en Colombia se produjo la sentencia de un litigio contra el Estado. En ese caso, 25 jóvenes colombianos demandaron al gobierno por la deforestación en la Amazonía y su vinculación directa con la vulneración del derecho al ambiente sano para las generaciones futuras. Esta demanda es considerada un litigio climático por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la deforestación. La Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como entidad sujeta de derechos y ordenó la creación de un plan de acción para reducir la deforestación y la adopción de un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. Fue un logro histórico en la región. Sin embargo, las conclusiones de los informes de seguimiento al caso indican que a la fecha no ha existido un cumplimiento cabal del fallo. “Un juicio no se acaba con la sentencia, hay que hacerle un seguimiento para que se cumpla”, explica Méndez. Demostrar que las corporaciones y gobiernos tienen una enorme responsabilidad en la lucha contra la crisis climática no solo requiere de contar con información científica que pruebe que las emisiones generadas o permitidas contribuyen al cambio climático. Es necesario relacionar los hechos con los derechos humanos para otorgar más razones para que las Cortes actúen y emitan un fallo favorable. “Un litigio de cambio climático meramente científico tiene menos posibilidades de éxito”, enfatiza Méndez. “Por eso se lo vincula con afectaciones directas a los derechos humanos de las personas que van a resentir desproporcionadamente todos los efectos”. Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el panorama para las demandas climáticas en América Latina es alentador porque los gobiernos están asumiendo más compromisos de acción climática y, además, la ciencia del clima está estableciendo vínculos directos entre los eventos climáticos extremos y el cambio climático. Más que nunca, la unión de comunidades y organizaciones ambientales se hace crucial para acelerar políticas y acciones contundentes que generen una transformación sostenible, justa y en favor de las personas y el ambiente. Visita la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe
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