Derechos Indígenas

Río Xingú en el estado brasileño de Pará, en plena Amazonía.

Agosto 14 2026 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Minería

La Volta Grande del río Xingú bajo amenaza

Riesgos socioambientales del proyecto minero de Belo Sun en la Amazonía brasileña La Volta Grande (o “Gran Recodo”) del río Xingú es el tramo en que el afluente, ubicado en plena Amazonía brasileña, en el estado de Pará, forma una amplia curva. De ahí proviene su nombre. Es una región de alta biodiversidad y riqueza sociocultural, habitada por pueblos indígenas y comunidades tradicionales cuyos modos de vida dependen del río. Este territorio es presionado por continuos megaproyectos: primero la Central Hidroeléctrica Belo Monte y ahora el Proyecto Aurífero Volta Grande de la empresa canadiense Belo Sun. Frente a estas amenazas, en agosto de 2026, las organizaciones nacionales e internacionales que actúan en defensa de la Volta Grande del río Xingú, reunidas en la Alianza de la Volta Grande do Xingu (AVGX), enviaron —junto con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)— una comunicación formal al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. En el documento, las organizaciones denuncian el incumplimiento del Estado brasileño de su obligación de proteger los derechos humanos —respecto de sus deberes de regular, autorizar con base técnica, prevenir, fiscalizar y conducir la consulta— y el incumplimiento de Belo Sun de la responsabilidad autónoma de respetar los derechos humanos y ejercer la debida diligencia, con urgencia adicional tras la licencia de instalación del proyecto, autorizada formalmente el 15 de abril de 2026. Los argumentos se basan en un conjunto de normas internacionales que define lo que los gobiernos y las empresas deben hacer para proteger a las personas cuando una actividad económica puede afectar sus derechos. Algunas de esas normas son obligatorias para Brasil, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (exigible ante la Corte Interamericana) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otras son estándares de referencia mundial, como los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos Humanos y las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El caso es objeto de atención internacional desde hace más de una década. El propio Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos escuchó testimonios de las comunidades en su visita a Brasil en 2015. Y, en marzo de 2024, Relatorías Especiales de la ONU enviaron una carta conjunta a los gobiernos de Brasil, Canadá y Estados Unidos, así como a la empresa, sin que se hayan adoptado aún medidas correctivas suficientes. Lee y descarga la hoja informativaLee la comunicación enviada al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos

Aldea Sao Francisco Souzel en la Amazonía brasileña

Agosto 08 2026 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Minería

Comunicação à ONU sobre riscos e violações dos direitos humanos do Projeto Volta Grande na Amazônia brasileira

A comunicação foi submetida pela Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), em conjunto com a Aliança da Volta Grande do Xingu (AVGX), com o objetivo de informar ao Grupo de Trabalho da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos sobre os riscos e as violações de direitos humanos associados ao Projeto Volta Grande da empresa canadense Belo Sun e solicitar a adoção de medidas no âmbito do seu mandato. A comunicação demonstra que o Estado brasileiro descumpriu seu dever de proteger os direitos humanos, por ações e omissões nos deveres de regular, prevenir, autorizar com base técnica e fiscalizar; e, que a Belo Sun descumpriu sua responsabilidade autônoma de respeitar e exercer devida diligência, à luz dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas e dos padrões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em especial a Convenção Americana, conforme interpretada pela Corte Interamericana na Opinião Consultiva n. 32 em conexão com os Princípios 21 da Declaração de Estocolmo (1972) e Princípio 2 da Declaração do Rio (1992). É igualmente pertinente a Convenção n.º 169 da OIT, quanto à consulta livre, prévia e informada.A comunicação está organizada em sete seções: 1) resumo do caso; 2) contexto territorial e sobreposição com a UHE Belo Monte; 3) histórico das denúncias e comunicações internacionais; 4) ações e omissões do Estado brasileiro; 5) condutas irregulares da empresa Belo Sun, à luz dos Princípios Orientadores; e 6) conclusão. Além disso, diante da gravidade dos fatos e da urgência imposta pela recente aprovação de licença de instalação do projeto, as solicitações a este Grupo de Trabalho, incluindo reunião urgente, comunicação e acompanhamento contínuo, constam da Seção 7. Leia e baixe o documento completo

Agosto 08 2026 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Minería

Comunicación a la ONU sobre riesgos y violaciones a los derechos humanos del Proyecto Volta Grande en la Amazonía brasileña

La comunicación fue presentada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), junto con la Alianza de la Volta Grande do Xingu (AVGX), con el objetivo de informar al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos de los riesgos y las violaciones de derechos humanos asociados al Proyecto Volta Grande de la empresa canadiense Belo Sun y solicitar la adopción de medidas en el ámbito de su mandato. La comunicación demuestra que el Estado brasileño incumplió su deber de proteger los derechos humanos, por acciones y omisiones en los deberes de regular, prevenir, autorizar con base técnica y fiscalizar; y que Belo Sun incumplió su responsabilidad autónoma de respetar y ejercer la debida diligencia, a la luz de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en especial la Convención Americana, conforme interpretada por la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva núm. 32 en conexión con el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo (1972) y el Principio 2 de la Declaración de Río (1992). Es igualmente pertinente el Convenio núm. 169 de la OIT, en cuanto a la consulta libre, previa e informada.La comunicación está organizada en siete secciones: 1) resumen del caso; 2) contexto territorial y superposición con la central hidroeléctrica de Belo Monte; 3) historial de las denuncias y comunicaciones internacionales; 4) acciones y omisiones del Estado brasileño; 5) conductas irregulares de la empresa Belo Sun, a la luz de los Principios Rectores; y 6) conclusión. Además, ante la gravedad de los hechos y la urgencia impuesta por la reciente aprobación de la licencia de instalación del proyecto, las solicitudes a este Grupo de Trabajo, incluida una reunión urgente, comunicación y seguimiento continuo, constan en la Sección 7. Lee y descarga el documento completo

Olga Vazquez en su taller de alfarería en Santa Cruz Chinautla, Guatemala.

Agosto 07 2026 Contaminación Tóxica, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez, manos que moldean esperanza

Historias de coraje, dignidad y de resistencia por la vida frente a la contaminación del río más extenso de Guatemala.Por generaciones, el barro fue el corazón de Santa Cruz Chinautla. Salía de la tierra como un regalo cotidiano, se moldeaba con manos pacientes y se transformaba en vasijas, cántaros, silbatos y comales que viajaban a los mercados de la capital.Allí, entre el río y los hornos de leña, creció doña Olga Noemí Vázquez. Desde niña aprendió de su madre el arte de la alfarería. Hoy, a sus casi sesenta años, sigue trabajando con arcilla, pero el oficio ya no es el mismo. El barro escasea, el río huele a desagüe y las manos se le agrietan por los químicos que arrastra el agua contaminada.Doña Olga recuerda con cariño cómo fue su acercamiento a la cerámica. “Lo aprendí cuando tenía diez años. Mi mamá me enseñó. Yo quería hacer otras formas, otros estilos, porque a veces los turistas traían figuras distintas, y aquí uno trataba de imitarlas”, cuenta desde el pequeño taller que ha improvisado en su casa. Cada pieza que trabaja es un acto de memoria, una forma de resistir al olvido, a la pérdida del paisaje y del sustento.También recuerda que antes las y los habitantes del pueblo no salían a trabajar a la capital. “De aquí vivíamos. Se sembraban hortalizas, güisquiles, maíz. Todo se daba aquí. Y del barro hacíamos nuestra vida. Hoy ya no es así”. Foto: Mayela Sánchez García. De los drenajes a la destrucciónEl cambio fue lento, como una marea que sube sin que uno lo note. Primero llegaron los drenajes. Después, los camiones. La basura de la ciudad encontró en Chinautla su destino final. “No había dónde echarla y nos la echaron a nosotros”, dice. Así comenzó la tragedia: los ríos se volvieron canales de desechos, las márgenes se cubrieron de costras grises y los olores se volvieron insoportables, sobre todo en temporada de lluvias. “El río trae toda la basura de la zona 3. Huele fuerte. Ya no hay barro limpio, ya no lo podemos escarbar como antes”.El terremoto del 76 dejó una marca en la memoria del pueblo, pero fue el abandono sistemático lo que acabó desfigurando el paisaje. La municipalidad —cuenta— se trasladó de Santa Cruz a la zona 6, y desde entonces el pueblo quedó sin representación real. “Aquí no hay alcalde. Aquí vienen a poner su propaganda, se quedan con el cargo, pero nunca están. Nunca nos han tomado en cuenta”, lamenta. Mujeres que resistenFrente al silencio institucional, nacieron las asociaciones, los colectivos, las luchas. Entre ellas, la Asociación de Mujeres de Chinautla. “Nos organizamos porque si no lo hacíamos, nos íbamos a quedar sin nada. El barro se acababa, los areneros avanzaban, el río se lo llevaba todo. Las mujeres aquí no se van a trabajar a la capital. Hacen cerámica en su casa, cuidan a sus hijos. Si nos quedábamos sin arcilla, nos quedábamos sin vida”.En 2010, el desastre llegó con fuerza. Dos ríos, Las Vacas y Chinautla, se desbordaron por la acumulación de arena extraída sin control. El agua arrasó un puente. La comunidad se organizó y construyó otro, con sus propias manos. La municipalidad no colaboró. “Ese puente está tirado, pero lo hicimos los vecinos. Si no, seguiríamos incomunicados”.La extracción de arena se volvió el enemigo más persistente. “Los areneros nos cansan. Toneladas y toneladas de arena sacan todos los días. Nuestro barro se fue con ellos. Nos quedamos casi sin nada. Y lo poco que queda está contaminado”, dice. El daño no es solo al paisaje: la salud también se resiente. Foto: Mayela Sánchez García. El valor de la palabra y la justiciaEl avance de las empresas, la pasividad de las autoridades y el desgaste social han provocado divisiones dentro del pueblo. “La política metió ideas en la cabeza de la gente. Hay miles de habitantes, pero solo 500 apoyan. Los demás no colaboran. No entienden que esto no es por un partido, es por nuestro pueblo”, explica.En los últimos años, la asociación de mujeres se ha unido con las autoridades ancestrales del pueblo. Juntos han logrado abrir espacios de diálogo con ministerios, detener renovaciones de licencias extractivas y visibilizar el conflicto ante el Estado. La sentencia de 2025, dictada tras años de lucha legal, fue una luz en medio del abandono. Un tribunal ordenó a la municipalidad asumir su responsabilidad ambiental. Por primera vez, alguien escuchó. “Gracias a esa sentencia se paró a un empresario. No le han renovado la licencia. Antes no era así: uno llegaba a hablar y los ministros solo pensaban en ganar. Ahora al menos nos escuchan”.El futuro no es claro. El agua potable llega solo cada ocho días. Las licencias extractivas pueden renovarse en cualquier momento. El río sigue trayendo basura. Pero hay algo que doña Olga no está dispuesta a perder: la dignidad. “Aconsejo a las mujeres que participen, que se enteren. No podemos estar en la casa sin saber qué hacen los políticos, los empresarios, los ministros. Si uno se integra, se entera. Y si se entera, lucha”.Cuando le preguntan cómo era Chinautla hace 50 años, sus ojos se llenan de imágenes perdidas: niñas jugando en la calle, agua limpia corriendo entre piedras, mujeres moldeando barro al atardecer. “Era tranquilo”, dice. “Era nuestro”. Hoy, entre la contaminación y el saqueo, Chinautla resiste en las manos de mujeres como ella, que siguen moldeando su historia a punta de arcilla, memoria y coraje.

Nazario Pascual toca su guitarra en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Agosto 07 2026 Contaminación Tóxica, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual, arteria del pueblo poqomam

Historias de coraje, dignidad y de resistencia por la vida frente a la contaminación del río más extenso de Guatemala.Nazario Pascual no necesita adornos para definirse: "Soy un guerrero poqomam que utiliza la música y la poesía cantada para dejar una semillita en el pensar. Soy una arteria del pueblo poqomam".Músico, promotor cultural, productor independiente, Nazario vive en Santa Cruz Chinautla, una comunidad marcada por la contaminación del río Motagua. Desde ahí, canta en poqomam para que su lengua no desaparezca, y para que los niños que lo escuchan crezcan sabiendo que el río también tiene memoria.Su camino comenzó en las bancas de la iglesia, observando a su padre tocar. Pero fue una escena íntima la que encendió la chispa: una noche, escuchó a su papá rezar en poqomam. "Pensé: órale, Dios nos escucha en poqomam. Es tu raíz. Ahí empecé". El paisaje que se llevó la infanciaCuando Nazario habla de su niñez, describe árboles frutales, nacimientos de agua y una pila comunal donde las madres lavaban ropa mientras los niños y las niñas jugaban. Hoy, todo eso se ha ido.La expansión desordenada de la capital y el desvío de aguas pluviales hacia el basurero de la zona 3 han convertido el río en una herida abierta. A eso se suman las areneras que extraen material sin control: "Carcomieron gran parte del territorio poqomam. Acá le llamamos el oro negro".Su familia ha perdido tierra decenas de veces. Cuando llueve en la ciudad, los olores llegan hasta Chinautla aunque no caiga una gota. Las casas ceden, los suelos se agrietan, los habitantes se desplazan."El río es un monstruo que viene desde la ciudad", dice. Foto: Mayela Sánchez García. Herencia de lucha, pero también de cansancioNazario heredó de su padre la convicción de protestar. Participó en manifestaciones, organizó reuniones, levantó junto a otros un muro de contención bajo el puente rojo con apoyo comunitario. Pero también carga la fatiga de tantos años: "Al inicio éramos 17 en las protestas, luego 12, después 7, ahora apenas 4".Una tía se lo dijo sin rodeos: "No pretendas ser héroe del pueblo". La frase lo hizo reflexionar sobre los límites del compromiso… y sobre la necesidad de nuevas formas de resistencia. Semillas que cantanNazario encontró ese nuevo camino en la música. Organizó una banda con sus primos y más tarde comenzó a trabajar con niñas y niños. Juntos escriben letras sobre el río, inventan melodías y cantan en poqomam. Así nació Mamut, una de las canciones que hoy se entonan en la comunidad."Involucrar a los niños y jóvenes es ese granito de arena que intento dejar", explica. "Ellos son los que se quedan". Foto: Mayela Sánchez García. Un mensaje que resisteNazario sabe que el problema lo supera. El río Motagua arrastra basura que termina en el Caribe, afectando a comunidades enteras. Pero también cree que las luchas locales tienen poder."Se respeta salir a trabajar, porque hay que hacerlo, pero no hay que ser indiferentes a lo que pasa en el pueblo".Teme que el verdadero plan de las industrias que contaminan y extraen sea borrar del mapa al pueblo poqomam. Pero sueña con otra historia:"Imagino Chinautla con el río estabilizado, los niños creciendo en un territorio digno, sabiendo sus derechos y peleando por ellos". El pulso de una comunidadEn su voz se cruzan la herida y la esperanza. Habla de pérdidas —de su padre, de la tierra, del río— pero también de música, de lenguas vivas, de niños y niñas que corean sus canciones."Soy una arteria del pueblo poqomam", repite.Y como toda arteria, late para mantener con vida a su comunidad.

Campesino colombiano recorre la Sierra Nevada del Cocuy

Agosto 05 2026 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Derecho ambiental en América Latina: Avances y retrocesos

El derecho ambiental en América Latina vive actualmente una paradoja.En el continente se han dado avances históricos recientes en el desarrollo de estándares legales vinculantes para proteger el ambiente y a quienes lo defienden. Pero estos conviven con el debilitamiento de marcos jurídicos o institucionales de protección ambiental y de los derechos de comunidades en diferentes países. A la vanguardia de la protección del ambiente, el clima y las personasEn un contexto de crisis climática, ambiental y social, América Latina ha sido cuna de importantes herramientas jurídicas para proteger territorios, ecosistemas, comunidades y el clima global.Estos avances han incluido recientemente el Acuerdo de Escazú y la Opinión Consultiva 32 (OC-32/25) sobre emergencia climática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refuerzan y reafirman estándares vinculantes para la acción climática, ambiental y de defensa de los derechos humanos.El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril de 2021, es el primer tratado regional ambiental —y el primero en el mundo— con disposiciones específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.Es un hito internacional en temas de participación, información y protección de personas defensoras ambientales, además de un ejemplo para otros continentes.En cuanto al dictamen de la Corte Interamericana, hecho público el 3 de julio de 2025, en este se reconoce el derecho al clima sano como derecho autónomo, exigible por sí mismo, con obligaciones claras para los Estados frente a la emergencia climática. El tribunal reafirma incluso la obligación estatal de mantener la temperatura promedio del planeta en 1,5 °C, reconociendo que ese límite ya está generando impactos en los derechos humanos.La corte también fija reglas de debida diligencia reforzada que se traducen, entre otros elementos, en el deber de los Estados de realizar estudios de impacto ambiental, de establecer líneas claras para las actividades que puedan dañar la salud o los ecosistemas, además de regular de manera reforzada y estricta las actividades públicas y privadas que afecten el clima.Asimismo, en el dictamen se reconoce el derecho a la ciencia y la importancia de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades tradicionales como componente fundamental de la acción climática desde una perspectiva de derechos humanos, aplicable a todos los países. Retrocesos para la protección del ambiente y los derechos humanosEjemplos recientes en diferentes países del continente muestran retrocesos peligrosos en los marcos de protección ambiental y de los derechos de las comunidades, así como en las instituciones encargadas de dicha tarea.Estas regresiones ponen en riesgo los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales y evidencian presiones extractivistas que amenazan con profundizar la degradación ambiental. Son dinámicas que se expresan en la fusión entre Ministerios de Ambiente y entidades con mandatos productivos o extractivos, así como en la flexibilización de procesos de evaluación ambiental que limitan las herramientas de las que disponen comunidades y personas defensoras para proteger ecosistemas y modos de vida. A continuación, algunos ejemplos: Chile (2025-2026). Dos acciones amenazan la integridad de la gobernanza ambiental del país: La reforma del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la tramitación de la Ley Marco de autorización de permisos sectoriales. Ambas buscan acelerar los permisos ambientales con base en declaraciones juradas, sin fiscalización previa ni ingreso de estudios o declaraciones de impacto ambiental. Incorporan además el "silencio administrativo", lo que significa que, si la autoridad administrativa no se pronuncia sobre la admisibilidad de un proyecto, la solicitud es aceptada oficialmente para trámite. Además, el gobierno impulsa una megareforma para reactivar la inversión en Chile. Entre otras cosas, la denominada “Ley Miscelánea” flexibiliza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y permite compensar a las empresas si un permiso ambiental es anulado por tribunales ambientales.Argentina (2022-2026). La expansión minera se consolidó en la provincia de Jujuy tras una reforma constitucional sin consulta indígena ni mecanismos de participación ciudadana, particularmente a partir de la extracción de litio en áreas históricamente habitadas por comunidades indígenas y campesinas.A nivel nacional, en 2023 se eliminó el Ministerio del Medio Ambiente, trasladando sus competencias al Ministerio del Interior. Y en 2024 se creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que otorga beneficios fiscales y aduaneros por hasta 30 años a megaproyectos sin exigir estudios de impacto ambiental, lo que genera una asimetría entre derechos de inversión y derechos ambientales. Sumado a lo anterior, se modificó la “ley de glaciares” generando un nuevo retroceso en materia ambiental. Bolivia (2026). Se aprobó el Reglamento Simplificado de Adecuación Minera, el cual modifica los requisitos ambientales, eximiendo a proponentes de la consulta previa y de los estudios de impacto ambiental. Esto habilita y expande la extracción de oro en áreas naturales protegidas y territorios indígenas, vulnera los derechos de los pueblos originarios y desacata las resoluciones del Tribunal Agroambiental.Y, en agosto de 2026, el presidente Rodrigo Paz eliminó el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. Con esa reforma, el Viceministerio de Medio Ambiente pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, entidad a cargo de un agroempresario. Ecuador (2025). Bajo la consigna de "eficiencia administrativa", se fusionó el Ministerio del Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas. Así nació el Ministerio de Ambiente y Energía. Personas expertas indican que esta decisión puede quitar independencia a la autoridad ambiental y, en consecuencia, debilitar los principios de debida diligencia, facilitar la aprobación de proyectos extractivos y reducir las facultades de control ambiental.Brasil (2025). La nueva Ley General de Licenciamiento Ambiental (Ley 15.190/2025) tiene como objetivo agilizar el otorgamiento de permisos ambientales. La norma generaliza la Licencia por Adhesión y Compromiso —régimen de autodeclaración, sin evaluación previa de impacto— para actividades de tamaño pequeño o mediano y potencial contaminante bajo o mediano. En materia de participación indígena, la ley restringe la manifestación obligatoria de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas a las tierras homologadas, dejando fuera de este control a por lo menos 297 territorios que están en proceso de regularización. Y en los casos donde la manifestación es exigible, esta carece de efecto vinculante, debilitando la función de garantía de la autoridad que emite las licencias. Posteriormente, la norma fue modificada por la Ley n.º 15.300/2025 para crear la Licencia Ambiental Especial, destinada a proyectos calificados como "estratégicos" por el Consejo de Gobierno, con un plazo máximo de conclusión de un año. Ambas normas están siendo cuestionadas ante el Supremo Tribunal Federal mediante cuatro acciones jurídicas. El tribunal tiene previsto, el 12 de agosto de 2026, analizar estas acciones para emitir un fallo sobre la validez de las dos normas. Los marcos jurídicos y las instituciones que integran la gobernanza ambiental no pueden entenderse como tecnicismos o burocracias, sino como herramientas para proteger el derecho a un ambiente sano. Este derecho es fundamental para garantizar el disfrute de otros derechos también fundamentales como la vida, la alimentación, el agua, entre otros. El debilitamiento de instituciones o procedimientos ambientales no solo “acorta plazos”. Vulnera y restringe derechos, reduce controles y amplía el margen para decisiones que pueden afectar territorios y ecosistemas sin información suficiente, sin participación real y sin acceso efectivo a la justicia.Los procedimientos que garantizan el derecho humano a un ambiente sano no son obstáculos. Son elementos fundamentales para garantizar la vida. Reconocer los desafíos sin perder la esperanzaEl derecho internacional se fundamenta en la dignidad humana y en la integridad inherente de la naturaleza. No se trata de declaraciones o decisiones tomadas por algún órgano, sino del reconocimiento de un orden que existe antes de todo, que antecede y pertenece a todas las personas sin distinción. Es además un mecanismo para evitar conflictos.Lo que hoy está en juego tiene un peso que supera ampliamente los intentos de desregulación coyuntural de los gobiernos de turno. Los derechos conquistados que hoy se debilitan son el resultado de años de procesos de articulación colectiva mediante los cuales se han construido pisos jurídicos, sociales y culturales que permiten proteger también a las futuras generaciones.En este contexto, el litigio estratégico y la movilización social son herramientas claves para promover la democracia ambiental, evitar retrocesos y consolidar precedentes que aseguren la vigencia efectiva de los derechos ya reconocidos. Del mismo modo, el papel de los pueblos originarios, las comunidades tradicionales y la cultura ancestral es central no solo en términos de reconocimiento de derechos, sino también para precautelar territorios, saberes ancestrales y formas de vida basadas en una relación respetuosa con la naturaleza.Nada de esto puede sostenerse sin el respaldo activo de la sociedad en su conjunto. Defender lo ya ganado requiere conciencia colectiva, organización y compromiso para que los avances alcanzados en la región no se diluyen, sino que se fortalecen. Esto depende de que sigamos exigiendo transparencia, participación, justicia y respeto por estándares que respondan a un orden natural intrínseco de las personas y del entorno.

Bote con población ribereña navega en el río Xingún, en la Amazonía brasileña

May 14 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

O rio Xingu está sendo silenciado, mas não seu povo

Um rio é sempre um caminho, sustento e memória.Na Volta Grande do rio Xingu, no coração da Amazônia brasileira, a água não apenas fluía: ela ensinava quando plantar, quando pescar, quando celebrar.Alí, a vida seguia o ritmo do rio.Mas isso começou a mudar em 2010, quando se planejava a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E uma pergunta silenciosa começou a surgir: Quem decide o destino da água?Seis anos depois, em 5 de maio de 2016, quando a barragem foi inaugurada, quase 80% da vazão do rio Xingu foi desviada.Já em 2018, organizações e comunidades alertavam que o plano de manejo da vazão imposto ao Xingu para a operação da usina era um prenúncio de um futuro de escassez.Aquele aviso tornou-se realidade.Hoje, trechos inteiros do rio estão secos. Mais de 100 quilômetros da Volta Grande perderam seu fluxo natural. A água, que antes sustentava a biodiversidade e os modos de vida locais, não corre mais como antes.Sem água suficiente, os peixes pararam de se reproduzir. Não há desova há três anos.O silêncio do rio se transformou em fome, incerteza e devastação.A morte dos peixes não é apenas um impacto ambiental: é o colapso de um modo de vida.Comunidades indígenas, ribeirinhas e pesqueiras perderam não apenas sua principal fonte de alimento, mas também sua autonomia e sua conexão com a terra.Hoje, o legado de Belo Monte é um acúmulo progressivo de degradação ecológica, social e cultural.No entanto, essa história ainda não terminou. Tempo de justiça para o rio Xingu e a vida que ele sustentaDez anos após o início das operações da barragem de Belo Monte, os impactos relatados foram confirmados, mas algo imprevisto também se fortaleceu: a resistência.As comunidades afetadas permanecem organizadas, ativas e determinadas. Elas continuam denunciando a situação, exigindo reparações e defendendo seu direito de viver às margens do rio.Essa força é visível hoje nos protestos contra novos projetos na região.Porque para essas comunidades, a luta não é apenas contra um projeto; é pela continuidade da vida.Hoje é um momento de justiça para elasA denúncia contra o Estado brasileiro por sua responsabilidade internacional neste caso tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos desde 2011, aguardando uma decisão que poderá marcar um ponto de virada para as comunidades da bacia do Xingu.A denúncia contém os elementos legais e probatórios necessários para que a Comissão a admita, determine que ocorreram diversas violações de direitos humanos e encaminhe o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja decisão poderá estabelecer um precedente para a regulamentação estatal de megaprojetos no contexto da crise climática; a participação pública; e a proteção de povos indígenas, comunidades tradicionais e ecossistemas-chave como a Amazônia.Contudo, enquanto o processo avança lentamente, os impactos continuam a piorar a cada dia. A urgência não é legal, é humana. Cada ciclo sem resposta é mais um ciclo de seca, perda de biodiversidade e acúmulo de violações.Neste caso, a decisão não é apenas uma questão institucional; é uma questão de esperança para a vida daqueles que dependem do rio.O que aconteceu com Belo Monte tornou-se um símbolo.É um exemplo claro de como projetos vendidos como “energia limpa” podem ter impactos profundos e duradouros quando ignoram os direitos humanos.Num momento em que o mundo busca soluções energéticas para enfrentar a crise climática, não podemos repetir os antigos padrões de injustiça. Leia mais sobre o caso

May 14 2026 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

El río Xingú está siendo silenciado, pero no sus pueblos

Un río siempre es camino, alimento y memoria.En la Volta Grande (o Gran Recodo) del río Xingú, en plena Amazonía brasileña, el agua no solo fluía: enseñaba cuándo sembrar, cuándo pescar, cuándo celebrar. Allí, la vida seguía el ritmo del río.Pero eso comenzó a cambiar en 2010, cuando se planificaba la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte y un cuestionamiento silencioso iba creciendo: ¿Quién decide el destino del agua?Seis años después, el 5 de mayo de 2016, cuando la represa fue inaugurada, cerca del 80 % del caudal del río Xingú fue desviado.Ya en 2018 organizaciones y comunidades alertaban que el plan de manejo del caudal, impuesto al Xingú para la operación de la hidroeléctrica, era el anuncio de un futuro de escasez.Tal advertencia se convirtió en realidad.Hoy, tramos enteros del río están secos. Más de 100 kilómetros de la Volta Grande han perdido su flujo natural. El agua, que antes sostenía la biodiversidad y los modos de vida locales, ya no llega como antes.Sin agua suficiente, los peces dejaron de reproducirse. Hace tres años que no hay desove.El silencio del río se convirtió en hambre, incertidumbre y ruptura.La muerte de los peces no es solo un impacto ambiental: es el quiebre de un modo de vida. Comunidades indígenas, ribereñas y pesqueras han perdido no solo su principal fuente de alimento, sino también su autonomía y su relación con el territorio.Hoy, la huella de Belo Monte es una acumulación progresiva de degradación ecológica, social y cultural.Sin embargo, esta historia aún no ha llegado a su fin. Tiempo de justicia para el río Xingú y la vida que sostieneDiez años después del inicio de operaciones de la represa Belo Monte, los impactos denunciados se han confirmado, pero también se ha fortalecido algo que no se había previsto: la resistencia.Las comunidades afectadas siguen organizadas, activas y decididas. Siguen denunciando, exigiendo reparación y defendiendo el derecho a vivir junto al río.Esa fuerza es visible hoy en las protestas contra nuevos proyectos en la zona.Porque para estos pueblos, la lucha no es solo contra un proyecto, es por la continuidad de la vida.Hoy es tiempo de justicia para ellos. La denuncia contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2011, a la espera de una decisión que puede marcar un antes y un después para las comunidades de la cuenca del Xingú.La denuncia tiene los elementos jurídicos y probatorios necesarios para que la Comisión la admita, determine que hubo varias violaciones de derechos humanos y remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo puede sentar un precedente para la regulación estatal de megaproyectos en contextos de crisis climática; la participación pública; y la protección de pueblos indígenas, comunidades tradicionales y ecosistemas clave como la Amazonía.Pero, mientras el proceso avanza lentamente, los impactos siguen agravándose cada día. La urgencia no es jurídica, es humana. Cada ciclo sin respuesta es un ciclo más de sequía, de pérdida de biodiversidad y de vulneraciones que se acumulan. En este caso, decidir no es solo una cuestión institucional, es una cuestión de esperanza de vida para quienes dependen del río.Lo ocurrido con Belo Monte se ha convertido en un símbolo.Es un claro ejemplo de cómo los proyectos vendidos como "energía limpia" pueden acarrear impactos profundos y duraderos cuando ignoran los derechos humanos. En momentos en que el mundo busca soluciones energéticas para enfrentar la crisis climática, no podemos repetir viejos patrones de injusticia. Conoce más del caso

May 05 2026 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Belo Monte: Expediente de fatos do caso

Atualização de abril de 2026 Belo Monte é a quarta maior usina hidrelétrica do mundo e a maior usina 100% brasileira, construída em um dos ecossistemas mais importantes do planeta: a floresta amazônica. Tem capacidade instalada de 11.233 MW e foi construída no rio Xingu, no estado do Pará, norte do Brasil. Em 5 de maio de 2016, a usina foi inaugurada, desviando até 80% do rio Xingu por um canal de 500 metros de largura e 75 km de extensão. Entre o canal e o reservatório, 516 km² de terra foram inundados, área maior que a cidade de Chicago, dos quais 400 km² eram de floresta nativa. Desde novembro de 2019, opera com as 18 turbinas da casa de força principal. É operada pela Norte Energia S.A. e foi financiada pelo BNDES com R$ 25,4 bilhões, o maior investimento da história do banco.Belo Monte causou e continua causando mudanças dramáticas no rio Xingu e nas terras que o rodeiam. Dez anos após a inauguração, a geração efetiva permanece altamente dependente do regime hidrológico, revelando forte vulnerabilidade às secas cada vez mais frequentes na Amazônia. Em 2024, no pico da seca entre setembro e novembro, a usina gerou em média apenas 145 MW/dia, pouco mais de 1% de sua capacidade, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O desempenho reflete a seca mais severa registrada no Brasil desde o início das séries históricas, em 1950, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA).Belo Monte não foi precedida de um estudo de impacto ambiental adequado. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) permaneceu incompleto quanto aos impactos cumulativos e sinérgicos do empreendimento, especialmente sobre a Volta Grande do Xingu, comunidades indígenas, ribeirinhas e urbanas, e as medidas de mitigação necessárias. Dez anos depois, Belo Monte consolidou-se como empreendimento plenamente em operação, mas marcado por falhas estruturais permanentes, impactos socioambientais não mitigados e crescente questionamento quanto à sua viabilidade ambiental, social e climática.Houve violação ao direito à consulta e ao consentimento livre, prévio e informado das comunidades indígenas e tradicionais. Ainda que o Governo brasileiro tenha realizado reuniões com algumas comunidades indígenas e que o Supremo Tribunal Federal, em acórdão transitado em julgado em setembro de 2024 (RE 1.379.751), tenha reconhecido expressamente a violação do direito à consulta prévia dos povos indígenas afetados, Belo Monte não cumpriu as normas internacionais para a realização de consultas e para obter o consentimento livre, prévio e informado das comunidades atingidas. As comunidades ribeirinhas e pescadores artesanais, por sua vez, foram desconsideradas como sujeitos de direito à consulta, e permanecem sem reconhecimento formal como povo tradicional nos termos da Convenção 169 da OIT. Ações internacionaisComissão Interamericana de Direitos Humanos (MC-382/2010). Em 2010, o Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS), a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), a Diocese do Xingu, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), a Justiça Global e a AIDA solicitaram medidas cautelares à CIDH. Em 1º de abril de 2011, a Comissão outorgou a MC-382/2010 e pediu ao Brasil a suspensão do licenciamento. O Brasil adotou uma postura hostil e sem precedentes contra estas medidas e contra a CIDH e a OEA, tomando uma série de medidas para deslegitimar a Comissão, tais como a retirada de candidatura a comissionado da CIDH, a retirada de seu embaixador junto à OEA e a retenção das quotas anuais de US$ 6 milhões. Em 3 de agosto de 2011, a CIDH modificou as medidas cautelares, estabelecendo três condições substantivas: (i) proteção dos povos em isolamento voluntário; (ii) proteção da saúde das comunidades indígenas afetadas; e (iii) regularização e proteção das terras ancestrais. A medida cautelar segue vigente em 2026. O único avanço relevante foi a desintrusão da TI Ituna/Itatá, concluída em 2023, embora a demarcação formal permaneça pendente.Caso 13.338. Comunidades tradicionais da bacia do rio Xingu v. Brasil. A petição inicial foi formalizada em 16 de junho de 2011 por oito organizações peticionárias. Em outubro de 2017, a CIDH comunicou que decidiria sobre admissibilidade e mérito de forma conjunta. Em abril de 2018, as peticionárias entregaram as observações adicionais sobre admissibilidade e mérito. Desde então, nove relatórios de atualização foram apresentados à Comissão. Passados 15 anos da formalização da petição, o caso segue aguardando o relatório de admissibilidade e mérito da Comissão.Opinião Consultiva OC-32/25 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 2025, a Corte Interamericana emitiu a OC-32, que reforça os deveres estatais em contextos de emergência climática e impactos ambientais, consolidando a obrigação de consulta, prevenção e reparação integral. A opinião representa nova âncora jurídica para o Caso 13.338 e para os deveres do Brasil em relação à Volta Grande do Xingu.Sistema ONU. Em 2015, o Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU visitou Altamira e publicou relatório alertando sobre a falta de participação, consulta e devida diligência por parte da Norte Energia. Em março de 2016, a Relatora Especial sobre os Direitos dos Povos Indígenas expressou preocupação com a gravidade da situação em Altamira, mencionando o caso de etnocídio apresentado pelo MPF em 2015. Mais de dez anos depois, nenhuma das recomendações foi integralmente implementada pelo governo brasileiro. Consulta o documento completo

Abril 28 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Hablemos del cierre y salida responsable de proyectos

Ningún proyecto minero, de extracción de combustibles fósiles y de generación de energía dura para siempre. Su vida útil está condicionada a factores internos, como la cantidad de reservas de los recursos, y externos, como la disminución de la demanda o problemas financieros, entre otros.Pero, sin importar la duración del proyecto o cómo esta pueda verse afectada, quienes lo promuevan —sean actores públicos o privados— deben prever un proceso de cierre y salida responsable con el entorno natural y con la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todas las personas involucradas.Este asunto es aún más relevante en el contexto de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática, relacionadas en gran parte con la transición energética, la cual implica en términos generales sustituir los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles; así como promover energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran gran importancia.En el primero, es necesario incluir en los proyectos vigentes obligaciones concretas y exigibles de cierre y salida responsable. En el segundo, estos requerimientos deben incluirse desde la etapa de planificación y la de prefactibilidad, integrándolos también las evaluaciones de impacto ambiental y en fases posteriores.En todos los proyectos, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que forman parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, financiadores, aseguradoras, proveedores, distribuidores y compradores, entre otros.Por lo señalado, la conversación en torno al cierre y salida responsable de proyectos es fundamental para abonar a la protección del ambiente y la gestión climática en América Latina.¿Qué entendemos por cierre y por salida de un proyecto?Todos los proyectos minero-energéticos tienen distintas fases a lo largo de su ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y poscierre. A su vez, tienen cadenas de suministro y de valor en las que participan —como dijimos— actores de diversos sectores.En este contexto, el cierre se refiere a la etapa de un proyecto en la cual este deja de operar y se da por finalizado. Por su parte, la salida se refiere a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro del proyecto, desde su propio rol, se desvinculan por completo de este. ¿Qué implica que un proceso de cierre y de salida sea responsable?Actualmente no existe un consenso sobre la definición y el alcance de los procesos de salida y de cierre de proyectos para que sean responsables y justos. En ocasiones, estos términos se utilizan de forma indiscriminada, lo que puede generar confusiones acerca de las responsabilidades de los actores involucrados y el alcance de los procesos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, hay elementos que permiten explicar estos conceptos con precisión:El cierre responsable y justo de un proyecto es un proceso planificado, realizado con anticipación, que debe contemplarse desde las fases iniciales del proyecto y actualizarse constantemente según su desarrollo.Por medio del cierre responsable se garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo, garantizando también el derecho a un ambiente sano.La planificación y el desarrollo de un plan de cierre deben estar enfocados en la gestión de riesgos, así como en la prevención y mitigación de impactos. Ello asegura un cierre responsable en el que las áreas afectadas puedan readecuarse y ser seguras tanto para la naturaleza como para las comunidades, permitiendo además que los ecosistemas recuperen sus funciones.La obligación general del promotor del proyecto es identificar en debida forma los impactos que este puede causar y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las medidas aprobadas por el Estado en sus instrumentos de gestión ambiental.La principal obligación del Estado (además de su deber general de regulación) es supervisar y fiscalizar el proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones del promotor, previniendo que se generen daños ambientales y/o sociales.El rol de los demás actores de la cadena de valor y de suministro es actuar con debida diligencia, utilizando su influencia para incentivar que el promotor del proyecto cumpla con sus obligaciones y, en caso de notar incumplimientos, tomar medidas desde su papel y capacidad de influencia para que se adopten las acciones correctivas necesarias.La salida responsable y justa se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor y de suministro cuando deciden desvincularse por completo de un proyecto, atendiendo las responsabilidades propias de su rol, que implican cumplir sus obligaciones en materia de respeto y debida diligencia en derechos humanos. En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas.Para conocer más del tema, consulta nuestro informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina En el siguiente video, explicamos los principales hallazgos del informe, que documenta y analiza casos en varios países del continente: