Derechos Indígenas

Marzo 21 2025 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

¿Por qué la minería de litio en salares andinos es llamada también minería de agua?

Por Víctor Quintanilla, David Cañas y Javier Oviedo* Según datos oficiales, en todo el mundo, cerca de 2 200 millones de personas no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura.Pese a este panorama, las amenazas de sobreexplotación y contaminación para este bien común van en aumento. Una de ellas es la extracción acelerada de litio en países de América Latina, impulsada por actores empresariales y estatales para cubrir las necesidades de transición energética del norte global.Y es que la extracción de litio implica un enorme consumo y pérdida de agua, siendo en esencia una minería del agua.En el continente, el avance de la industria del litio amenaza particularmente a los salares y otros humedales andinos de la región del Gran Atacama —ubicada en la región ecológica de la Puna, en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— donde está más del 53% de los recursos (material potencialmente explotable) del mineral.La explotación de litio está agudizando el déficit hídrico natural de la zona, poniendo en riesgo no solo a los salares, sino también a múltiples formas de vida que allí habitan. ¿De dónde viene el agua utilizada en la minería de litio?Antes que nada, es necesario señalar que lo salares son ecosistemas hídricos ubicados en el fondo de cuencas endorreicas o cerradas, donde los ríos no desembocan en el mar sino al interior del territorio, por lo que el agua conforma lagos o lagunas acompañadas a menudo por planicies de sal debido a la evaporación.En los salares suelen coexistir, en un delicado equilibrio, cuerpos de agua dulce y cuerpos de agua salada, lo cual permite el sustento de la vida en ellos.Las regiones donde existen salares, como el Gran Atacama, son áridas o semiáridas, presentando una alta evaporación y precipitaciones escasas. Allí encontramos acuíferos de agua dulce a los pies de las montañas y acuíferos de salmuera al centro de los salares, ambos conectados y en equilibrio.La salmuera es básicamente agua con alto contenido de sales, aunque la industria minera del litio la considere un mineral para justificar su explotación y minimizar la huella hídrica de sus actividades.Las aguas de las cuencas de los salares, además de ser esenciales para la vida, son un recurso patrimonial porque son muy antiguas —pueden alcanzar las decenas de miles de años de antigüedad— y han sido el sustento de poblaciones originarias que han habitado la Puna desde hace miles de años.Cuando la industria minera se instala en un salar, amenaza el equilibrio natural, afectando de forma directa las relaciones entre el agua y el entorno social, así como las relaciones entre el agua y otras formas de vida.Para explotar litio de un salar, el procedimiento tradicional consiste en perforar el salar, verter la salmuera en grandes piscinas, esperar a que el agua se evapore para que la concentración de litio aumente, enviar el concentrado de litio a una planta industrial y someterla a un tratamiento químico para separar el litio de otras sales y finalmente obtener carbonato o hidróxido de litio: materia prima empleada principalmente para fabricar baterías.La extracción continua y en grandes cantidades de salmuera de los acuíferos salinos altera el equilibrio natural del agua subterránea. Como resultado, las zonas que antes estaban llenas de salmuera se vacían, lo que provoca que el agua dulce de los acuíferos cercanos se desplace para ocupar esos espacios, salinizándose en el proceso.Los procesos finales para obtener carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto también requieren agua, obtenida de fuentes superficiales o subterráneas, de las cuales también se abastecen las comunidades locales.Por tanto, el agua utilizada en la minería de litio proviene de:Acuíferos subterráneos de agua dulce y de salmuera.Fuentes superficiales, como ríos y vegas (terrenos donde se acumula agua). Esto hace que el riesgo inherente a la minería de litio sea la sobreexplotación de estas fuentes de agua. ¿Cuánta agua consume la minería de litio?La extracción de litio por el método descrito implica un enorme consumo y pérdida de agua, la cual no regresa al ambiente porque se consume totalmente, porque sus características cambian o porque simplemente se pierde por evaporación.Según datos científicos, las siguientes son cifras promedio del hiperconsumo de agua en la minería de litio:150 m3 de agua dulce utilizada para producir una tonelada de litio.350 m3 de salmuera por tonelada de litio.Entre 100 y 1000 m3 de agua que se evapora por cada tonelada de litio producido. Para ilustrar la pérdida del recurso hídrico en la minería de litio, es posible mencionar que el agua que se pierde por evaporación equivale al consumo total de agua de la población de Antofagasta (166 000 personas) durante dos años. Esa ciudad chilena está ubicada a 200 km del Salar de Atacama, donde está más del 90% de las reservas de litio del país.Además de la sobreexplotación de agua, la minería de litio también puede contaminar el recurso al generar aguas residuales con presencia de sustancias tóxicas. Nuestra relación vital con el aguaA diferencia de la industria minera, que ve en el agua un recurso más para explotar, las comunidades indígenas que habitan en la zona tienen un vínculo ancestral con el recurso, del cual dependen sus actividades económicas y productivas, así como sus costumbres, tradiciones y cosmovisión.Estas comunidades deben enfrentar ahora las presiones sobre el agua del avance de la minería de litio, movida por intereses ajenos.Pero lo hacen con valentía, desarrollando procesos de defensa del agua y del territorio.Aprendamos de ellas a defender un bien común sin el cual ninguna forma de vida es posible.Conoce más de los impactos de la minería de litio en los salares andinos en este StoryMapVe la grabación del webinar “Evidencias del hiperconsumo de agua en la extracción y producción de litio” *Víctor Quintanilla es el coordinador de contenido de AIDA; David Cañas y Javier Oviedo son asesores científicos.

Enero 30 2025 Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Participación Ciudadana

Corredor Biocultural: Esperanza de un futuro mejor para el Pantanal

Por Jorge Lu Palencia y Andrea Islas López*El Pantanal es un humedal único y de gran riqueza. Integra elementos de la selva amazónica semiárida, la Mata Atlántica (bosque húmedo), El Cerrado (sabana tropical), el bosque seco chiquitano y la sabana esteparia del Chaco. Con una extensión de casi 18 millones de hectáreas, trasciende las fronteras de Bolivia, Brasil y Paraguay. Su biodiversidad es fundamental para la protección del agua, la producción de alimentos, la regulación del clima, así como para la vida y cultura de millones de personas: campesinas, comunidades tradicionales, comunidades quilombolas y pueblos indígenas. Sin embargo, el Pantanal está en riesgo de desaparecer por las devastadoras temporadas de incendios forestales y otras amenazas originadas en las deficiencias estructurales de la gestión institucional del ecosistema.En 2022, organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Convención Ramsar aplicar al Pantanal los mecanismos de protección para humedales de importancia internacional, advirtiendo que el número de focos de incendios se había elevado a cifras cinco veces mayores que el promedio histórico. Y, en 2024, denunciaron que la temporada de incendios superó nuevamente las condiciones históricas promedio.Unas semanas después de los incendios, en noviembre de 2024, los Comités Populares del Agua y el Clima —conformados por pequeños agricultores de la cuenca del Río Paraguay— se reunieron para celebrar a la naturaleza y reafirmar su compromiso con la protección del agua mediante la autoafirmación del Corredor Biocultural del Río Paraguay / Pantanal.Estos comités han estado activos por más de 25 años para hacer frente a las amenazas socioambientales de la minería, de proyectos como hidrovías y presas hidroeléctricas, así como de los monocultivos de soja y caña de azúcar.Representan un modelo alternativo de gestión del ecosistema donde las comunidades se organizan para proteger su territorio y promover prácticas sostenibles. ¿Qué significa la autoafirmación del corredor biocultural?En la práctica ambiental, el término “corredor” se aplica a los corredores ecológicos, cuya función principal es la conectividad, es decir, el movimiento de las especies de fauna para refugio, alimentación y reproducción, así como la dispersión de las plantas.Sumar a los corredores el elemento “biocultural” es pensar en que los seres humanos somos parte del ecosistema, que la conservación de la naturaleza no excluye la finalidad de hacer posible la vida plena de los grupos humanos y que la cultura —materializada en las diversas cosmovisiones, conocimientos ancestrales, prácticas tradicionales y formas propias de organización— es un elemento fundamental para proteger efectivamente la naturaleza.La autoafirmación hecha por los comités populares del Pantanal es un hito que nos recuerda que la protección de la naturaleza no depende solo de la acción de los gobiernos, sino que es posible por la conciencia e iniciativa popular de las comunidades y los pueblos. Da cuenta que el ejercicio de los derechos de participación pública es irrenunciable y fundamental para políticas públicas que posibiliten la vida y la justicia socioambiental.Los corredores bioculturales permiten integrar la conservación de la naturaleza y las actividades económicas y culturales con prácticas ecológicas, propiciando así un futuro más sostenible para las comunidades y la región del Pantanal.Significan el nacimiento de una iniciativa de conservación más legítima y eficaz, de una gestión con gobernanza participativa y de un sistema de organización donde las decisiones y las políticas florecen de abajo hacia arriba. Un modelo alternativo a la deficiente gestión institucional En el contexto de la crisis climática y de un sistema político económico que exacerba las amenazas, las devastadoras temporadas de incendios en el Pantanal exhiben los problemas de cambio de uso del suelo, el uso irresponsable del fuego para las actividades agrícolas y ganaderas, una gestión inadecuada de recursos para prevenir y combatir los incendios, además de la ausencia de coordinación y cooperación transfronteriza.Las deficiencias estructurales de la gestión institucional se han traducido en políticas públicas insuficientes o que incluso han causado la pérdida del hábitat a través de incentivos a los monocultivos y a la ganadería extensiva, afectado la regulación hídrica por el uso de hidrovías y atrapado en represas al agua que permite los servicios ecosistémicos, la subsistencia y la cultura de las comunidades locales y pueblos indígenas.Frente a este panorama, la autoafirmación del corredor biocultural surge como modelo alternativo de gestión del territorio, impulsado por el pueblo como respuesta a la falta de políticas públicas efectivas.Con este modelo, las comunidades impulsan la educación popular consciente para proteger el agua y adoptar prácticas de agricultura ecológica, en lugar de depender de un sistema que favorece una economía de degradación a costa de la destrucción del hábitat. Razones para tener esperanza en la preservación del PantanalLa autoafirmación del corredor biocultural nos permite ser optimistas debido a:La resiliencia de las y los pantaneros, que les permite sobreponerse a la devastación y abrir un camino alterno para la conservación del ecosistema con la iniciativa y participación campesina popular.La conciencia y acción emancipatorias, que colocan en el centro a la vida con base en los derechos de la naturaleza, el respeto a los derechos humanos, la justicia social y ambiental.Una organización que resiste y se construye democráticamente, basada en la identidad pantanera, la mística, los conocimientos ancestrales y las prácticas tradicionales sostenibles.Un modelo de gestión popular y participativo, que armoniza los fines de conservación y de desarrollo integral, que tiende puentes con otras comunidades y pueblos indígenas, y que tiene el potencial de expandirse como sistema de gobernanza socioambiental transfronterizo con enfoque ecosistémico.Gracias a los comités populares, el Pantanal vive y tiene posibilidades de un futuro más sostenible. La creación del corredor biocultural es una clara señal de esperanza para este vasto y rico territorio de humedales.Este modelo, basado en la gestión popular y el respeto por la naturaleza, ofrece una alternativa viable frente a las amenazas que enfrenta el Pantanal y es una fuente de inspiración para otros territorios en crisis del continente.* Jorge Lu Palencia es abogado del Programa de Ecosistemas de AIDA; Andrea Islas López es abogada y pasante en AIDA.

Enero 30 2025 Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Participación Ciudadana

Corredor Biocultural: Esperança de um futuro melhor para o Pantanal

Por Jorge Lu Palencia e Andrea Islas López*O Pantanal é uma zona úmida única e rica. Reúne elementos da floresta semiárida amazônica, da Mata Atlântica (floresta úmida), do Cerrado (savana tropical), da floresta seca chiquitana e da savana estépica do Chaco. Com uma área de quase 18 milhões de hectares, abrange as fronteiras da Bolívia, Brasil e Paraguai. Sua biodiversidade é fundamental para a proteção da água, produção de alimentos, regulação do clima, bem como para a vida e a cultura de milhões de pessoas: camponeses, comunidades tradicionais, comunidades quilombolas e povos indígenas. No entanto, o Pantanal corre o risco de desaparecer por causa das devastadoras temporadas de incêndios florestais e das outras ameaças causadas pela deficiência estrutural na gestão institucional do ecossistema.Em 2022, as organizações da sociedade civil solicitaram à Convenção de Ramsar aplicar ao Pantanal as medidas de proteção para áreas úmidas de importância internacional, alertando que o número de focos de incêndio subiu cinco vezes a média histórica. Já em 2024, foi denunciado que a temporada de incêndios ultrapassou mais uma vez a média histórica.Poucas semanas após os incêndios, em novembro de 2024, os Comitês Populares da Água e do Clima – formados por pequenos agricultores da bacia do rio Paraguai – se reuniram para celebrar a natureza e reafirmar seu compromisso com a proteção da água por meio da validação do Corredor Biocultural do Rio Paraguai/Pantanal.Esses comitês atuam há mais de 25 anos para enfrentar as ameaças socioambientais da mineração, de projetos como hidrovias e hidrelétricas, bem como das monoculturas de soja e cana-de-açúcar.Representam um modelo alternativo de gestão de ecossistemas onde as comunidades se organizam para proteger o seu território e promover práticas sustentáveis. O que significa a validação do corredor biocultural?Na prática ambiental, o termo “corredor” é aplicado aos corredores ecológicos, cuja principal função é a conectividade, ou seja, a movimentação de espécies da fauna para abrigo, alimentação e reprodução, bem como a dispersão de plantas.Acrescentar o elemento “biocultural” aos corredores é pensar que o ser humano faz parte do ecossistema, que a conservação da natureza não exclui o objetivo de tornar possível a vida plena dos grupos humanos e que a cultura – materializada nas diversas visões de mundo, conhecimentos ancestrais, práticas tradicionais e formas próprias de organização – é um elemento fundamental para proteger a natureza de forma eficiente.A validação dos comitês populares do Pantanal é um marco que nos lembra que a proteção da natureza não depende apenas da ação dos governos, mas é possível por meio da consciência popular e da iniciativa das comunidades e povos. Demonstra que o exercício dos direitos de participação pública é inalienável e fundamental para políticas públicas que viabilizem a vida e a justiça socioambiental.Os corredores bioculturais permitem a integração da conservação da natureza e das atividades econômicas e culturais com práticas ecológicas, promovendo assim um futuro mais sustentável para as comunidades e para a região do Pantanal.Também significa o nascimento de uma iniciativa de conservação mais legítima e eficaz, de gestão com governança participativa e de um sistema organizacional onde as decisões e políticas florescem de baixo para cima. Um modelo alternativo diante da má gestão institucional No contexto da crise climática e de um sistema político-econômico que agrava as ameaças, as intensas temporadas de incêndios no Pantanal expõem os problemas da mudança no uso da terra, do uso irresponsável do fogo para atividades agrícolas e pecuárias, da má gestão de recursos para prevenir e combater incêndios, além da ausência de coordenação e cooperação transfronteiriça.As deficiências estruturais na gestão institucional resultaram em políticas públicas insuficientes, que promoveram a perda de habitat por meio de incentivos às monoculturas e à pecuária extensiva; afetou o volume hídrico devido ao uso dos cursos de água para transporte; e aprisiona a água em barragens, o que compromete os serviços ecossistêmicos, a subsistência e a cultura das comunidades locais e dos povos indígenas.Diante deste panorama, a validação do corredor biocultural surge como um modelo alternativo de gestão territorial, promovido pelo povo como resposta à falta de políticas públicas eficazes.Com esse modelo, as comunidades incentivam a educação popular consciente para proteger a água e adotar práticas agrícolas ecológicas, em vez de dependerem de um sistema que favorece uma economia de degradação à custa da destruição do habitat. Razões para ter esperança na preservação do PantanalA validação do corredor biocultural nos permite ser otimistas devido aos seguintes fatores:A resiliência dos pantaneiros, que lhes permite superar a devastação e abrir um caminho alternativo para a conservação do ecossistema com a iniciativa e participação dos agricultores populares.Consciência e ação emancipatória, que colocam a vida no centro com base nos direitos da natureza, no respeito aos direitos humanos e na justiça social e ambiental.Uma organização que resiste e se constrói democraticamente, baseada na identidade pantaneira, no misticismo, nos saberes ancestrais e nas práticas tradicionais sustentáveis.Um modelo de gestão popular e participativo que harmoniza os propósitos de conservação e desenvolvimento integral, que constrói pontes com outras comunidades e povos indígenas e que tem potencial para se expandir como um sistema de governança socioambiental transfronteiriço com abordagem ecossistêmica.Graças aos comitês populares o Pantanal vive e tem possibilidades de um futuro mais sustentável. A criação do corredor biocultural é um claro sinal de esperança para esse vasto e rico território.Esse modelo, baseado na gestão popular e no respeito à natureza, oferece uma alternativa viável às ameaças que a região enfrenta e é fonte de inspiração para outros territórios em crise no continente.* Jorge Lu Palencia é advogado do Programa de Ecossistemas da AIDA; Andrea Islas López é advogada e estagiária na AIDA.

Enero 20 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Hablemos del cierre y salida responsable de proyectos

Ningún proyecto minero, de extracción de combustibles fósiles y de generación de energía dura para siempre. Su vida útil está condicionada a factores internos, como la cantidad de reservas de los recursos, y externos, como la disminución de la demanda o problemas financieros, entre otros.Pero, sin importar la duración del proyecto o cómo esta pueda verse afectada, quienes lo promuevan —sean actores públicos o privados— deben prever un proceso de cierre y salida responsable con el entorno natural y con la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todas las personas involucradas.Este asunto es aún más relevante en el contexto de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática, relacionadas en gran parte con la transición energética, la cual implica en términos generales sustituir los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles; así como promover energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran gran importancia.En el primero, es necesario incluir en los proyectos vigentes obligaciones concretas y exigibles de cierre y salida responsable. En el segundo, estos requerimientos deben incluirse desde la etapa de planificación y la de prefactibilidad, integrándolos también las evaluaciones de impacto ambiental y en fases posteriores.En todos los proyectos, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que forman parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, financiadores, aseguradoras, proveedores, distribuidores y compradores, entre otros.Por lo señalado, la conversación en torno al cierre y salida responsable de proyectos es fundamental para abonar a la protección del ambiente y la gestión climática en América Latina.¿Qué entendemos por cierre y por salida de un proyecto?Todos los proyectos minero-energéticos tienen distintas fases a lo largo de su ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y poscierre. A su vez, tienen cadenas de suministro y de valor en las que participan —como dijimos— actores de diversos sectores.En este contexto, el cierre se refiere a la etapa de un proyecto en la cual este deja de operar y se da por finalizado. Por su parte, la salida se refiere a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro del proyecto, desde su propio rol, se desvinculan por completo de este. ¿Qué implica que un proceso de cierre y de salida sea responsable?Actualmente no existe un consenso sobre la definición y el alcance de los procesos de salida y de cierre de proyectos para que sean responsables y justos. En ocasiones, estos términos se utilizan de forma indiscriminada, lo que puede generar confusiones acerca de las responsabilidades de los actores involucrados y el alcance de los procesos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, hay elementos que permiten explicar estos conceptos con precisión:El cierre responsable y justo de un proyecto es un proceso planificado, realizado con anticipación, que debe contemplarse desde las fases iniciales del proyecto y actualizarse constantemente según su desarrollo. Por medio del cierre responsable se garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo, garantizando también el derecho a un ambiente sano. La planificación y el desarrollo de un plan de cierre deben estar enfocados en la gestión de riesgos, así como en la prevención y mitigación de impactos. Ello asegura un cierre responsable en el que las áreas afectadas puedan readecuarse y ser seguras tanto para la naturaleza como para las comunidades, permitiendo además que los ecosistemas recuperen sus funciones.La obligación general del promotor del proyecto es identificar en debida forma los impactos que este puede causar y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las medidas aprobadas por el Estado en sus instrumentos de gestión ambiental.La principal obligación del Estado (además de su deber general de regulación) es supervisar y fiscalizar el proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones del promotor, previniendo que se generen daños ambientales y/o sociales.El rol de los demás actores de la cadena de valor y de suministro es actuar con debida diligencia, utilizando su influencia para incentivar que el promotor del proyecto cumpla con sus obligaciones y, en caso de notar incumplimientos, tomar medidas desde su papel y capacidad de influencia para que se adopten las acciones correctivas necesarias.La salida responsable y justa se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor y de suministro cuando deciden desvincularse por completo de un proyecto, atendiendo las responsabilidades propias de su rol, que implican cumplir sus obligaciones en materia de respeto y debida diligencia en derechos humanos.En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas.Para conocer más del tema, consulta el informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina

Enero 13 2025 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fracking

La búsqueda internacional de justicia de las comunidades mapuches en Mendoza, Argentina

En un contexto de crisis climática mundial que ha profundizado las desigualdades existentes en América Latina, las comunidades del pueblo mapuche en Mendoza, Argentina, enfrentan múltiples amenazas que incrementan su vulnerabilidad climática y lesionan sus derechos.Una de estas actividades es la fractura hidráulica o fracking, un método de extracción de hidrocarburos ampliamente relacionado con impactos socioambientales. En Argentina, es empleado de forma extendida en el megaproyecto Vaca Muerta, emplazado en un territorio de aproximadamente 30,000 km², considerado la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencionales.Una porción significativa de Vaca Muerta se encuentra en territorio mendocino, donde el megaproyecto abarca 8,700 km². En esta provincia, las comunidades mapuches enfrentan además un complejo entorno político que pone en riesgo sus derechos territoriales e incluso su identidad. A esto se suman políticas públicas a nivel nacional que van en detrimento de los derechos indígenas en el país. Lo anterior responde a la intención de despojar a las comunidades de sus tierras para facilitar el avance del fracking y de otras actividades extractivas.Ante este panorama, el pueblo mapuche no está dispuesto a ceder en la defensa de sus derechos, sus modos de vida y su integridad territorial.La Organización Identidad Territorial Malalweche —que representa a más de 20 comunidades del pueblo mapuche en la provincia de Mendoza— ha recurrido a diferentes organismos internacionales para denunciar y visibilizar la crítica situación, así como buscar justicia. Este proceso de denuncia internacional incluye comunicaciones a la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos, así como la presentación de un escrito legal (amicus curiae) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Las múltiples afectaciones del frackingLa extracción de petróleo y gas mediante fracking en Vaca Muerta se realiza sobre territorios ancestrales del pueblo mapuche. El fracking es una técnica extrema de extracción que implica mayores impactos al ambiente, incluyendo mayores emisiones de gases de efecto invernadero. En las provincias de Neuquén y Río Negro, donde la explotación de Vaca Muerta se encuentra más extendida, los daños graves al ambiente y la población se están produciendo hace más de 10 años y continúan en aumento.Para las comunidades mapuches, los impactos del fracking van más allá de los daños físicos al entorno. Las actividades extractivas en sus territorios erosionan su capacidad de autodeterminación y afectan profundamente su bienestar psicológico y espiritual porque su relación con la tierra es fundamental para su identidad y cultura.Si bien el fracking en territorio mendocino está en una etapa inicial, con pocos pozos activos, las empresas y la provincia tienen planes de incrementarlo, a lo que se suma el crecimiento sostenido de la actividad en toda Vaca Muerta. Para ello necesitan mayores extensiones de terreno y disponibilidad de grandes cantidades de agua. En el contexto descrito, prácticas tradicionales como la trashumancia —un tipo de migración estacional en la que los pastores trasladan sus animales entre zonas de pastoreo en diferentes épocas del año— están gravemente amenazadas.El crecimiento de estas actividades, en el contexto actual de crisis hídrica y climática que atraviesa la región, aumenta la vulnerabilidad de estas comunidades y compromete su capacidad de seguir viviendo de manera sostenible en su entorno natural. Menores garantías para los derechos humanosComo estrategia para expandir la ocupación de territorios mapuches con actividades extractivas como el fracking, se han adoptado medidas regresivas que degradan el marco de protección de los derechos indígenas en Mendoza y en todo el país.Una de ellas es la declaración aprobada en marzo de 2023 por la Cámara de Diputados de Mendoza que cuestiona el estatus de los mapuches como pueblos originarios argentinos. Esto ha generado preocupación sobre las posibilidades de reconocimiento de sus derechos territoriales y el aumento de los desalojos que ya sufren.Además, a nivel nacional, se impulsan medidas complementarias que facilitan el desarrollo de actividades extractivistas por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entre ellas está el cierre por decreto del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, cuya misión era la promoción de políticas y medidas orientadas a una sociedad libre de discriminación. Esta medida implica un debilitamiento de la protección institucional de los derechos humanos.De manera similar, el gobierno anunció el cierre del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dedicado a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque la medida no se ha concretado, se eliminó su autonomía funcional y se eliminaron las áreas destinadas al reconocimiento de las comunidades y regularización de sus territorios. En la práctica, estas medidas impiden que estos pueblos ejerzan el derecho constitucional a sus tierras ancestrales.Aunado a ello, se derogó la Ley 26160, que suspendía los desalojos de pueblos indígenas mientras tramitaran su regularización territorial. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, argumentó que no pueden existir leyes perpetuas que impidan los desalojos, pues "no puede haber derecho a usurpar". Los desalojos violentos contra comunidades originarias ya comenzaron. Acciones internacionales de defensaEn respuesta, las comunidades mapuches de Mendoza han mostrado una enorme capacidad de organización y resistencia. Han accedido a instancias internacionales para exponer su situación y exigir medidas concretas de autoridades locales y nacionales. Un ejemplo clave son las comunicaciones enviadas a las Relatorías de la ONU sobre los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos para denunciar la persecución política y violaciones a sus derechos territoriales, enfatizando la complacencia de las autoridades con los intereses extractivistas. Estas denuncias se han centrado en la defensa de sus derechos frente al avance del fracking y otras actividades extractivas.Adicionalmente, las comunidades fueron parte del proceso de la opinión consultiva mediante la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos esclarecerá las obligaciones de los Estados del continente para proteger los derechos humanos ante la crisis climática.La Organización Malalweche presentó un escrito legal (amicus curiae) y su representante dio testimonio en una audiencia pública ante el tribunal internacional para evidenciar que la extracción de hidrocarburos mediante fracking y la minería metalífera que se realiza en sus territorios limita sus capacidades de resiliencia frente a la crisis climática y profundiza la grave situación de escasez hídrica en la zona, poniendo en riesgo su supervivencia.Las comunidades Mapuche de Mendoza también dieron propuestas concretas de acción. Demandaron su inclusión en todos los procesos de consulta y toma de decisiones que afecten sus territorios, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Destacaron la importancia de incorporar su sabiduría tradicional en el desarrollo de políticas públicas para beneficiar a las comunidades indígenas y contribuir a soluciones más efectivas y sostenibles frente a los desafíos ambientales globales.Además, solicitaron la intervención de organismos multilaterales para exigir al Estado argentino garantizar la consulta previa, libre e informada y fortalecer los organismos nacionales encargados de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Estas acciones de resistencia, respaldadas por organizaciones que defienden los derechos humanos y el ambiente, buscan garantizar no solo la protección de los territorios ancestrales del pueblo mapuche, sino también su derecho a vivir en paz, con dignidad y en armonía con su entorno natural. Su fin último es asegurar la autodeterminación de los pueblos indígenas, permitiéndoles gestionar sus tierras y recursos según sus cosmovisiones, profundamente conectadas con la conservación.El reconocimiento de los derechos de las comunidades mapuches, que incluye el cese en sus territorios de actividades extractivas como el fracking, es esencial para proteger su cultura, salud y subsistencia. Con su sabiduría ancestral, ofrecen un camino hacia el combate efectivo de la crisis climática, hacia un futuro más justo y sostenible.

Noviembre 27 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

El ABC de los minerales de transición y de su rol en la producción de energía

Por Mayela Sánchez, David Cañas y Javier Oviedo* Necesitamos dejar los combustibles fósiles para afrontar la crisis climática, de eso no hay duda. Pero ¿qué implica transitar a otras fuentes de energía?Para producir una batería o un panel solar también se utilizan materias primas que provienen de la naturaleza.Algunos de esos recursos son minerales a los que, por sus características y en el contexto de transición energética, se les ha nombrado descriptivamente minerales de transición.¿Cuáles son esos minerales? ¿Dónde están? ¿Cómo se usan?A continuación respondemos las principales dudas sobre estos recursos minerales porque es crucial conocer qué bienes de la naturaleza abastecerán las nuevas fuentes de energía, así como garantizar que su extracción respete los derechos humanos y los límites planetarios para que la transición energética sea justa. ¿Qué son los minerales de transición y por qué se les llama así?Son un conjunto de minerales con alta capacidad para almacenar y conducir energía. Por esas cualidades, son utilizados en el desarrollo de tecnologías de energía renovable, como paneles solares, baterías para la movilidad eléctrica o turbinas eólicas.Se les llama así porque se les considera esenciales para el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable, como las ya mencionadas. Y en el contexto de la transición energética, las fuentes de energía que usan estos minerales son las más socorridas para reemplazar a las fuentes de energía fósil.A los minerales de transición también se les suele llamar minerales "críticos" por considerarse estratégicos para la transición energética. El término "críticos" se refiere a elementos que son vitales para la economía y la seguridad nacional, pero cuya cadena de suministro es vulnerable a interrupciones. Esto significa que los minerales de transición pueden ser minerales estratégicos, pero no críticos en términos de seguridad y economía.Sin embargo, en torno a la urgencia de la acción climática, algunos Estados y organismos internacionales han catalogado a los minerales de transición como minerales "críticos" con el fin de promover y facilitar el acceso a estas materias primas. ¿Cuáles son los principales minerales de transición?Los minerales de transición más relevantes son el cobalto, cobre, grafito, litio, níquel y las tierras "raras".Pero son al menos 19 minerales los que están siendo usados en las diferentes tecnologías de energía renovable: bauxita, cadmio, cobalto, cobre, cromo, estaño, galio, germanio, grafito, indio, litio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, silicio, telurio, titanio, zinc, y las tierras "raras". ¿Qué son las tierras “raras” y por qué se les llama así?Las tierras "raras" son los 16 elementos químicos del grupo de los lantanoides o lantánidos, más el Itrio (Y), cuyo comportamiento químico es virtualmente igual al de los lantanoides.Son el Escandio, Itrio, Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y el Lutecio.Se les llama así porque cuando fueron descubiertos, en los siglos XVIII y XIX, eran menos conocidos en comparación con otros elementos considerados similares, como la cal. Pero el nombre ya es obsoleto en la actualidad.El término "raro" tampoco hace referencia a su abundancia, pues aunque no suelen concentrarse en depósitos que puedan ser explotables (por lo que sus minas son pocas), incluso los elementos menos abundantes de este grupo son mucho más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan los minerales de transición? ¿Qué tecnologías dependen de los minerales de transición?Los usos de los minerales de transición en el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable son diversos:Tecnologías solares: bauxita, cadmio, estaño, germanio, galio, indio, selenio, silicio, telurio, zinc.Instalaciones eléctricas: cobre.Energía eólica: bauxita, cobre, cromo, manganeso, molibdeno, tierras "raras", zinc.Almacenamiento de energía: bauxita, cobalto, cobre, grafito, litio, manganeso, molibdeno, níquel, tierras "raras", titanio.Baterías: cobalto, grafito, litio, manganeso, níquel, tierras "raras". Además, se emplean en una variedad de tecnologías modernas, por ejemplo en la fabricación de pantallas, teléfonos celulares, discos duros de computadoras y luces LED, entre otros. ¿Dónde se encuentran los minerales de transición?La geografía de los minerales de transición es amplia, abarcando de China a Canadá, desde Estados Unidos hasta Australia. Pero su extracción se ha concentrado en países del sur global.Varios países de América Latina están entre los principales productores de distintos minerales de transición. Dichos materiales se encuentran en territorios complejos y ricos en diversidad biológica y cultural, como la Amazonía y los humedales andinos.Argentina: litioBrasil: aluminio, bauxita, litio, manganeso, tierras raras, titanioBolivia: litioChile: cobre, litio, molibdenoColombia: níquelMéxico: cobre, estaño, molibdeno, zincPerú: estaño, molibdeno, zinc ¿Cómo apoyan los minerales de transición a la transición energética y la descarbonización?Los minerales de transición se consideran eslabones indispensables de la transición energética que busca la descarbonización, es decir dejar atrás las fuentes de energía fósil.Pero el interés mundial por estos materiales también abre preguntas sobre los beneficios y desafíos de la minería de minerales de transición.El tema ha tomado tal relevancia que en septiembre pasado el Panel de Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió una serie de recomendaciones y principios para asegurar una gestión equitativa, justa y sostenible de estos minerales.Además, a raíz de la intensificación y expansión de su extracción en países de la región, el tema fue llevado por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de noviembre.En audiencia pública, representantes de comunidades y organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, y regionales, presentaron información y testimonios sobre los impactos ambientales y sociales de la minería de minerales de transición.Frente al actual proceso de transición energética es necesario saber de dónde provendrán los recursos que posibilitarán las tecnologías para lograrla.La extracción y uso de minerales de transición debe evitar que sus costos ambientales y sociales recaigan de forma desproporcionada en las comunidades y ecosistemas locales. *Mayela Sánchez es especialista en comunidad digital de AIDA; David Cañas y Javier Oviedo son asesores científicos.Fuentes consultadas:-Olivera, B., Tornel, C., Azamar, A., Minerales críticos para la transición energética. Conflictos y alternativas hacia una transformación socioecológica, Fundación Heinrich Böll Ciudad de México/Engenera/UAM-Unidad Xochimilco.-Science History Institute Museum & Library, "History and Future of Rare Earth Elements".-ONG FIMA, Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética: Críticas desde la justicia ambiental y territorial.-Haxel, Hedrick & Orris, "Rare Earth-Elements. Critical Resources for High Technology", 2005.-USGS 2014, "The Rare-Earth elements. Vital to modern technology and lifestyle", 2014.-Informe final para la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Minerales para la transición energética y su impacto en los derechos humanos en las Américas, 2024.

Noviembre 26 2024 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Pueblos indígenas y organizaciones sociales exigen protección urgente de los derechos territoriales en Argentina

Enviaron una solicitud de reunión urgente a Relatorías Especiales de la ONU en la que denuncian que el país está al borde de una crisis institucional y territorial debido a desalojos inminentes de comunidades indígenas y por la posible derogación de su protección legal ante proyectos extractivos.A fin de abordar las crecientes amenazas contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Argentina, diversas comunidades y organizaciones indígenas, junto con organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, solicitaron una reunión urgente con las Relatorías Especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible.La posible derogación de la Ley 26160, que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas de sus territorios ancestrales, ha encendido las alarmas debido al riesgo que representa de un aumento en los desplazamientos forzosos, de la expansión de proyectos extractivos sin el consentimiento adecuado y, como consecuencia, de un incremento en la violencia y criminalización contra estas comunidades.La Ley 26160 (actual DNU 805/2021), vigente desde 2006, suspende los desalojos de comunidades indígenas y promueve el relevamiento de sus territorios comunitarios. Sin embargo, la situación actual amenaza la estabilidad y la frágil seguridad jurídica de alrededor de 2.000 comunidades que dependen de esta normativa para preservar sus territorios y sus modos de vida tradicionales.La situación se agravó con la reciente resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que derogó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, esencial para el reconocimiento jurídico de estas comunidades. Esta medida, señalan las organizaciones, ha generado un estado de indefensión e inseguridad, en franca violación a los derechos constitucionales e internacionales que protegen la autodeterminación de los pueblos indígenas como consecuencia de los desalojos, la criminalización, la militarización de territorios y el incumplimiento de la consulta libre, previa e informada."El año 2024 no ha sido un año fácil para los pueblos indígenas en un escenario marcado por la violencia, el negacionismo y el racismo estructural. Los cambios políticos y el ascenso al poder político (y económico) de sectores vinculados a la derecha han intensificado una retórica que deslegitima y hostiliza a los pueblos indígenas al no reconocerlos como legítimos e históricos sujetos de derecho, cuestionando y vulnerando sus derechos constitucionales y convencionales", expresa Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, abogada indígena y Responsable del Área de Pueblos Indígenas de Xumek.Por su parte, Paula Alvarado Mamani, abogada indígena e integrante de la Comunidad Multiétnica Tres Ombúes, manifiesta: "Lamentablemente nos encontramos en tiempos en donde la perspectiva capitalista, colonial y racista se encuentra en crecimiento, a ello se le suman los fuertes negociados de empresas privadas (nacionales/internacionales) que tienen intereses particulares en despojarnos de nuestros territorios y apropiarse de ellos y de las demás fuerzas naturales (bienes comunitarios) que se encuentran allí, además de la complicidad del poder judicial que, existiendo una normativa que lo prohíbe, han tenido éxito en despojar algunas comunidades de sus territorios ancestrales".Desde Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Mariana Katz, abogada de esa organización social y docente universitaria, señala: "A pesar de tener una norma que ha declarado la emergencia territorial, por la que solo se reconoce la posesión y que ha sido útil en muchos casos para evitar los desalojos, en la actualidad se la está desvirtuando en su aplicación, incluso han aumentado los casos de desalojos de comunidades y la violencia que sufren como consecuencia de la resistencia. A pesar de ello, tenemos conocimiento de la intención de derogarla. Además de esto, nos preocupa muchísimo la falta de voluntad de una sanción de ley de propiedad comunitaria indígena, tan necesaria para garantizar de manera efectiva la seguridad jurídica de los territorios"."Las comunidades indígenas enfrentan una situación crítica ante la posible derogación de la Ley 26160 y la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, lo que podría generar graves impactos en sus derechos territoriales y culturales", destacó Sofía Barquero, abogada del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Sin embargo, confiamos en que la intervención de las Relatorías de la ONU pueda promover soluciones constructivas, garantizar la protección de los derechos humanos y territoriales, y contribuir a un diálogo que refuerce la paz social y el desarrollo sostenible en Argentina".La posible derogación representa un retroceso drástico en la protección de los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas. Esto sucede en un contexto de crecientes presiones de actividades mineras, de hidrocarburos, desmontes y otros proyectos económicos que conllevan desalojos violentos y criminalización de las comunidades indígenas.Las comunidades indígenas y organizaciones firmantes solicitan la intervención urgente de la ONU para intentar frenar los desalojos, proteger los territorios, asegurar la protección ambiental y garantizar la consulta libre, previa e informada a las comunidades sobre cualquier proyecto o medida que afecte sus derechos.Se adhieren:Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)Xumek Organización Territorial Malalweche Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)Comunidad Mapuche-Tehuelche INAN KUME RUPU Comunidad Indígena Diaguita Mala Mala, Dpto Lules Tucumán  Comunidad Indigena Diaguita Mala Mala P/J 220/09 Tucumán Argentina Comunidad Sikiman/Ancon (Punilla Sur-Córdoba) Organización territorial KAMI Henen (Cmiare-Camichingon/Sanavirón/Ranquel) Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) Instituto de Cultura Popular (Incupo)Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa)Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática de Latinoamérica EarthJustice Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina Amnistía Internacional Asociación Americana de Juristas Rama Argentina Red Argentina de Abogacía Comunitaria Centro de Políticas Públicas para el Socialismo Comunidad Mapuche Urbana Pillan, Olavarría, Buenos Aires Comunidad Plurinacional Diaguita Olongasta Comunidad Indígena Tres Ombúes Contactos de prensa:Víctor Quintanilla (México), AIDA, vquintanilla@aida-americas.org, +521 5570522107Mariana Katz, SERPAJ, secinstitucional@serpaj.org.arÑushpi Quilla Mayhuay Alancay, Xumek, pueblosindigenas@xumek.org.ar, +5492616807798Gabriel Jofré, Organización Identidad Territorial Malalweche, +54 9 2604 59 2679María Natalia Echegoyemberry, echegoyemberry2014@gmail.com

Audiencia ante la CIDH "Impactos de la extracción de minerales en el contexto de transición energética"

Noviembre 25 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones y comunidades piden intervención de la CIDH ante impactos a los derechos humanos de la minería para la transición energética

El viernes 15 de noviembre, representantes de organizaciones nacionales y regionales de América Latina, junto con miembros de comunidades y pueblos indígenas, participaron de la audiencia pública regional ante Comisionados/as y el Relator de Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA) de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre las violaciones a derechos humanos que la extracción de minerales para la transición energética está causando en el continente.En concreto, pidieron a la CIDH urgir a los Estados a:Crear o fortalecer zonas intangibles libres de minería en consideración a sus valores culturales, climáticos o ecosistémicos.Abstenerse de modificar los marcos normativos de protección ambiental y de pueblos indígenas con el propósito de facilitar la inversión en proyectos de minería para la transición energética sin considerar la protección de los derechos humanos.Respetar y garantizar el marco de protección del derecho a un ambiente sano, considerando los impactos sinérgicos, acumulativos, a perpetuidad y climáticos; e implementar mecanismos efectivos de supervisión y fiscalización a actores públicos y privados involucrados en la extracción de estos minerales.Fortalecer sus sistemas de administración de justicia, considerando los principios de prevención y precaución frente a daños irreparables a los ecosistemas, personas y comunidades. Solicitaron además que la CIDH elabore un informe en la que se examinen las medidas que deben adoptarse por parte de los Estados de la región para garantizar que la promoción de los minerales para la transición no promueva la vulneración de los derechos humanos, especialmente de las comunidades que habitan zonas altamente vulnerables a los impactos de las actividades mineras.En la audiencia se evidenciaron —con base en casos concretos— las graves problemáticas de derechos humanos asociadas a la minería de litio, cadmio, cobre, cobalto y otros minerales utilizados en el desarrollo de tecnologías para la generación de energías renovables.Al inicio, Felipe Pino, coordinador de proyectos en ONG FIMA, Chile, enfatizó que a medida que se acelera el despliegue de proyectos de transición energética, se multiplican las voces que demandan una transición justa, lo cual debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática: climática: el resguardo de las personas y los ecosistemas del planeta. "Las comunidades más afectadas por la crisis climática, hoy se ven amenazadas por las estrategias para combatir el cambio climático. El éxito de nuestros esfuerzos dependerá de si somos capaces de resolver esta supuesta paradoja de aceleración versus justicia, la cual se expresa con particular fuerza en nuestra región", señaló.Pia Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "El gran interés alrededor de estos minerales se refleja también en la enorme disputa geopolítica para lograr su control. Países de Norteamérica, Europa y Asia dictaron sus regulaciones para aprovechar estos minerales, y asegurar su suministro. Organismos internacionales como el Grupo del Banco Mundial, o el G20, desarrollaron sus políticas para asegurar financiamiento con ciertas salvaguardas en su aprovechamiento”.También, Marchegiani mencionó que esta problemática ha adquirido tal relevancia que el propio Secretario General de las Naciones Unidas estableció una serie de principios rectores destinados a garantizar la justicia, la equidad y la sostenibilidad en la transición energética global. El primero de estos principios subraya la importancia de colocar los derechos humanos en el centro de las cadenas de valor de los minerales. El segundo destaca la necesidad de abordar la transición de manera integral, teniendo en cuenta la protección del planeta, la biodiversidad y el medio ambiente."Se estima que la demanda de estos minerales crecerá exponencialmente en los próximos años. En algunas previsiones, hasta se podría llegar a cuadriplicar su demanda global para el 2040 si se cumplen los acuerdos climáticos. Los vehículos eléctricos y las baterías representan aproximadamente la mitad del crecimiento de esta demanda para las próximas dos décadas. Este aumento de la demanda se traduce en una enorme presión para Latinoamérica, que hoy ya provee el 40% de la producción mundial de cobre y el 35% del litio", agregó Marchegiani.Para explicar el vínculo entre la extracción de litio y las vulneraciones a derechos humanos, Óscar Campanini, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) señaló: "El litio se extrae del agua salada debajo de los salares, para ese propósito se deben sacar decenas de millones de m3 de agua salada y dulce. Los salares en el denominado triángulo del litio se encuentran en zonas desérticas en las que la vida es posible solo gracias a aguas subterráneas fósiles".Verónica Gostissa, abogada y activista en la Asamblea PUCARÁ de Catamarca, Argentina, expresó: "Desde 1997, las empresas trasnacionales extraen litio del Salar del Hombre Muerto, un sensible humedal de altura. Debido al uso de millones de litros de agua dulce y salada, las empresas -con el aval del Estado-, ya han generado un daño ambiental irreversible: secaron la vega del Río Trapiche -es decir, más de 5 km de río- ha muerto".Por su parte, Lady Sandón, representante de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, Chile, afirmó: "Se intenta asegurar la producción a 30 años para explotar litio en ecosistemas frágiles como los salares, sin haberse llevado adelante procesos de consulta con comunidades indígenas, sin transparencia adecuada, sin considerar a quienes habitamos en el salar, eligiendo arbitrariamente que salares proteger, sin entender que existe una interconexión de agua".Verónica Chávez, integrante de la Comunidad de Santuario de Tres Pozos, una de las más de 38 comunidades originarias que vivimos en la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy de Argentina, sostuvo: "Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, la de las plantas, los animales domésticos y silvestres, la vicuña, la llama, etc. La vida de nuestros ancestros, lagunas y salinas, que son parte de nuestras familias. Todos nosotros necesitamos agua para vivir; agua limpia y un territorio sano. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un trabajo hacia futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral".Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, Colombia, indicó que hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción legal e ilegal de minerales para la transición. "Hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre, u otros minerales estratégicos, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal… La actividad minera es ajena a los sistemas de conocimiento y al ordenamiento dado por la ley de origen a la gran mayoría de pueblos indígenas amazónicos", enfatizó.Finalmente, Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que los testimonios evidencian al menos tres elementos transversales: afectaciones al derecho al agua, vulneraciones al derecho a un ambiente sano e impactos agravados a pueblos indígenas y comunidades locales. "La región ha experimentado décadas de impactos en los derechos humanos derivados de la extracción de combustibles fósiles. Es indispensable que las nuevas formas de producción de energía superen este legado de abusos", afirmó.La audiencia fue solicitada en el marco del 191º período de sesiones de la CIDH por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación Gaia Amazonas y las organizaciones que integran la Alianza por los Humedales Andinos: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ de Argentina; el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el Colectivo de Derechos Humanos Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile. Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, vquintanilla@aida-americas.org, +52 5570522107

Octubre 29 2024 Cambio Climático, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Declaración para la protección de los páramos y el bosque montano de los Andes Tropicales

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, reunidas en el marco de la décimo sexta Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Cali, Colombia: 1. INSTAMOS a que los Estados parte del CDB adopten regulación interna y asuman compromisos internacionales para:reconocer el papel crucial de los páramos y del bosque montano que lo protege en la regulación hídrica global, la mitigación y adaptación a la crisis climática, así como en la conservación de la diversidad biocultural;proteger los derechos humanos, los conocimientos tradicionales y las prácticas sostenibles de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales que habitan los páramos y el bosque montano; yprohibir en páramos y bosques montanos la minería a gran escala o prácticas semejantes en cuanto a sus impactos socioambientales, de acuerdo con los principios de precaución y prevención. 2. SOLICITAMOS a los Estados que incluyan en sus estrategias y planes nacionales de acción en materia de biodiversidad indicadores y mecanismos de monitoreo ante el CDB que permitan medir y reportar adecuadamente el cumplimiento de los compromisos que asuman para avanzar en la conservación de estos ecosistemas en los términos de esta declaración, así como en garantizar los derechos de los pueblos y comunidades que los habitan. 3. REQUERIMOS a los Estados y a las instituciones financieras multilaterales movilizar recursos y capacidades técnicas suficientes para garantizar la conservación de estos ecosistemas, así como la protección de los pueblos indígenas, y comunidades campesinas y tradicionales que los habitan. Elevamos estas solicitudes ante los Estados parte de la CDB: Teniendo en cuenta que existe un consenso científico del poder regulatorio hídrico de los ecosistemas de páramo y del bosque montano[1] pues no solo albergan flora endémica que captura agua dulce de la lluvia y la niebla, suministrándola a las ciudades andinas situadas aguas abajo; sino también suelos, sistemas lacustres y de turberas que tienen una alta concentración de materia orgánica y una enorme capacidad para retener el líquido. Además, los humedales de los páramos son humedales altoandinos[2] amparados por la Convención de Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional.Reconociendo que los páramos y sus bosques montanos son fundamentales en el ciclo del carbono; que debido a las bajas temperaturas y al ritmo lento de descomposición de la materia orgánica presente en ellos, sus suelos, vegetación y humedales capturan y retienen dióxido de carbono (CO2)[3], contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático y reduciendo el impacto de los fenómenos meteorológicos; y que estos ecosistemas son sumideros de carbono en los términos del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).Recordando que, debido a sus características biológicas y climáticas, estos ecosistemas prestan servicios esenciales para la población y contienen biodiversidad que es objeto de especial protección[4] y que son hogar de especies endémicas y nativas de flora y fauna como los frailejones, los pajonales, las epífitas, el colibrí chivito, el cóndor andino y el oso andino, entre otras.Considerando que los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales de la región gestionan y protegen los páramos y los bosques montanos, velan por la preservación de los bienes comunes en sus territorios y son custodios de conocimientos ancestrales determinantes para la conservación de la biodiversidad; que la integridad del páramo resulta fundamental para conservar estas prácticas ancestrales[5]; y que los páramos y los bosques montanos son reservas de diversidad biocultural en el marco del CDB.Reiterando que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)[6] alertó del impacto de la crisis climática en los páramos; y que estos enfrentan otras presiones antropogénicas como los incendios, los monocultivos, la ganadería y las especies invasoras[7].Advirtiendo que pese a ser ecosistemas estratégicos y sensibles, merecedores de la mayor protección, sobre algunos de ellos recaen actualmente fuertes presiones para desarrollar proyectos de minería a gran escala, mientras que otros están bajo el riesgo de ser objeto de concesión minera por el inclumplimiento de normativa y políticas públicas que los protegen o por la falta de estas.Teniendo presente que los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales han rechazado estos proyectos mineros en sus territorios, ganando incluso por mayoría “consultas populares” con las que han logrado defender el uso del suelo para las actividades tradicionales de sus municipios.Insistiendo que la remoción de la cobertura vegetal y la fragmentación de los ecosistemas que genera la minería a gran escala puede afectar el equilibrio ecológico, la diversidad biocultural y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la vida; acidificar y reducir la cantidad de agua dulce disponible para los sistemas de vida; y romper la interconectividad ecológica y espiritual con otros biomas y ecosistemas, acabando con su capacidad de secuestrar carbono[8] y provocando impactos a perpetuidad.Atendiendo a las advertencias realizadas por diversos relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas sobre los impactos negativos de la minería en el ambiente y en los derechos humanos[9].Alertando sobre ciertas dinámicas que han empleado recientemente algunas empresas mineras en los países de la región, particularmente multinacionales —como el fraccionamiento de grandes títulos mineros, el cambio de método de explotación, de minería superficial a subterránea, así como la formalización de pequeños mineros de la zona para tercerizar sus actividades mediante la solicitud de múltiples áreas menores—, las cuales amenazan con disfrazar procesos de minería a gran escala con impactos ambientales acumulativos y sinérgicos en los ecosistemas de páramo y en los bosques montanos que pueden ser iguales o más graves que los de una concesión de gran minería.Recordando que en virtud del CDB los Estados deben: (i) monitorear las actividades que tienen o pueden tener efectos perjudiciales significativos en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica[10], como la minería; (ii) establecer áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad[11] a partir del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y tradicionales[12]; y (iii) adoptar medidas de emergencia cuando existan riesgos graves e inminentes para la diversidad biológica por acontecimientos naturales o de otra índole[13], como el riesgo por actividades extractivas. FirmanCentro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra (Colombia)Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca COSAJUCA (Colombia)Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (Colombia)Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Gonawindua CTC (Colombia)Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila (Colombia)Movimiento Socioambiental Kumanday (Colombia)Natural Seeds Alliance (Colombia)Proyecto Dulcepamba (Ecuador)⁠Acción Ecológica (Ecuador)Latinoamérica Sustentable (Ecuador)Unión de Defensores del Agua - UNAGUA (Ecuador)Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay - FOA (Ecuador)Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador (Ecuador)Instituto de Defensa Legal - IDL (Perú)Red Muqui (Perú)Red Internacional de Forestería Análoga - RIFA (Costa Rica)Mining Watch Canadá (Canadá)Both ENDS (Holanda)Redes del Agua Latinoamérica (Regional)Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - AIDA (Regional)[1]Buytaert W. et al. Hidrología del páramo andino: propiedades, importancia y vulnerabilidad. Lovaina, U. de Lovaina, s.f.,, p. 10, 11, 23.[2] COP del Convenio de Ramsar, Resolución VIII.39. Los humedales altoandinos como sistemas estratégicos. Valencia, 2002.[3] Robert Hofstede et al. “Los páramos del Ecuador: Pasado, presente y futuro”, capítulo 12, págs 328 – 330, 2023[4] Robert Hofstede et al. págs 158 – 163, 2023.[5] IPBES (2018). The IPBES Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for the Americas. Recuperado de: https://www.ipbes.net/assessment-reports/americas[6] IPCC (2013). Panel Intergubernamental de Cambio Climático, Quinto Informe de Evaluación, Recuperado de: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml[7] Ochoa-Tocachi et al., 2016, Tomado de IPBES (2018).[8] Madriñán, S., Cortés, A. J., & Richardson, J. E. (2013). Páramo is the world's fastest evolving and coolest biodiversity hotspot. Frontiers in genetics, 192.[9] Asamble General de la ONU, (i) Relatoría Especial sobre derechos humanos y sustancias y desechos peligrosos. Asamblea General de la ONU. A/HRC/51/35, 8 de julio de 2022, (ii) Relatoría Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. A/79/270, 2 de agosto de 2024, (iii) Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales. Asamblea General de la ONU. A/78/155, 11 de julio de 2023.[10] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Art. 7.C.[11] Ibid. Art. 8.C. CDB.[12] Ibid. Art. 8.J CDB.[13] Ibid. Art. 14.E. CDB.

Octubre 16 2024 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

COP16: Los países deben respetar los conocimientos indígenas y locales para conservar la biodiversidad

En la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad, los países también deben avanzar en garantizar la participación de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones en materia de diversidad biológica. El modelo de transición energética del norte global implica impactos irreversibles para los humedales andinos y las comunidades que los habitan, cuyos territorios se traslapan con reservas de litio y otros minerales de transición. Con miras a la décimo sexta Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica —que tendrá lugar del 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali, Colombia—, la Alianza por los Humedales Andinos hace un llamado a que los países miembros cumplan con el respeto, preservación y mantenimiento de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Hacerlo implica honrar las obligaciones adquiridas con la firma del tratado. Asimismo, los países firmantes del convenio deben avanzar, mediante la presentación de planes de acción concretos a nivel nacional, en garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones en materia de biodiversidad, una de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal adoptado en 2022. Uno de los objetivos de la COP16 es revisar el cumplimiento de estas metas, orientadas a detener y revertir la pérdida de diversidad biológica para 2030. Según el informe Planeta Vivo, América Latina es la región que registra la mayor pérdida de biodiversidad, ya que las poblaciones de todas las especies presentan un declive promedio del 94% y del 83% en el caso de aquellas que están en agua dulce. Desde la Alianza alertamos de los impactos irreversibles que el modelo de transición energética promovido desde el norte global implica para los humedales andinos, donde se encuentran algunos de los minerales de transición más buscados, como el litio y el cobre. Estos ecosistemas albergan más que eso: son hogar de una biodiversidad enorme y única, así como de comunidades locales que dependen de ellos y que por miles de años los han protegido y preservado, manteniendo el balance ecológico. Citas de miembros de la Alianza por los Humedales Andinos Laura Castillo, Coordinadora del Programa Altoandinos en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina: "Para abordar la crisis de biodiversidad resulta crucial trascender el actual paradigma de producción y consumo, que promueve un uso excesivo de bienes ambientales y exacerba la crisis ecológica. Para ello, es imprescindible promover la reducción de los elevados niveles de consumo de bienes naturales, especialmente del norte global. Las soluciones a las crisis climáticas y de biodiversidad —que están íntimamente relacionadas— requerirán indefectiblemente que los países definan sus propias transiciones socioecológicas hacia modelos de vida respetuosos de los derechos humanos y los límites planetarios". Vivian Lagrava Flores, Coordinadora de Empodérate y del proyecto Protección de Humedales, Biodiversidad y Agua, Bolivia: "La biodiversidad y el agua no deben asumirse como un ‘recurso explotable’ por los Estados. En tanto,persista esa mirada mercantilista, tendremos más pueblos afectados por la minería y en sacrificio y, por ende, más biodiversidad expuesta y en riesgo de extinción". Verónica Gostissa, abogada y coordinadora del proyecto Alianza por los Humedales Andinos en la Asamblea Pucará, Catamarca, Argentina: "Es urgente abordar la problemática de la explotación de litio en la Puna. Se la anuncia como ‘energía limpia’, pero es devastadora de nuestros ecosistemas. En Argentina, pretenden convertir al Salar del Hombre Muerto en un parque industrial, instalando más de ocho proyectos en un mismo territorio. En esta COP, es crucial que se reconozca el impacto irreversible que genera el extractivismo y, desde ahí, desplegar vínculos ecosistémicos que tengan como base el cuidado de todo aquello que es vital". Cynthia Escares, bióloga y directora de la ONG Defensa Ambiental, Chile: "La crisis climática es una realidad innegable. Sin embargo, en su nombre se están impulsando formas de extractivismo disfrazadas de energías limpias y equidad, sin reconocer las profundas implicancias de estos procesos. Proyectos como la minería de litio y tierras raras, esenciales para baterías y tecnologías verdes, se presentan como soluciones al cambio climático, pero replican las mismas lógicas de explotación que históricamente han devastado territorios y comunidades. Esta vez, no solo perderemos los habitantes de esas regiones vulnerables, sino que estamos llevando al planeta y a toda su biodiversidad hacia un colapso irreversible". Yeny Rodríguez, abogada sénior del Programa de Ecosistemas en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): "La diversidad biológica y cultural de nuestra región está en riesgo. Después de la COP16, se debería entender que no podemos seguir hablando de desfosilización como la panacea que nos salvará de la crisis climática. La transición energética hacia ‘energías limpias’ también requiere de la extracción de minerales como el litio, industria que en América Latina ya está provocando la destrucción de humedales andinos y la desaparición de ríos. Estamos ante una oportunidad para avanzar hacia la protección de la biodiversidad y de los derechos humanos de las comunidades originarias que han cuidado los territorios desde antes de la existencia de nuestros Estados". Ramón Balcázar Morales, director ejecutivo e investigador de Fundación Tantí, Chile: "Los salares desde donde se obtiene el litio sudamericano son humedales, territorios habitados por pueblos indígenas y comunidades cuyos modos de vida son clave para la conservación de los ecosistemas que sostienen una biodiversidad amenazada. Frente a la profundización de la policrisis, debemos propiciar procesos democráticos que nos permitan, como sociedad, superar la profunda contradicción existente entre la agenda climática basada en el crecimiento verde y la agenda de conservación de la biodiversidad. Esto requiere de esfuerzos y voluntades gubernamentales e institucionales para fortalecer y dialogar con comunidades y actores sociales de los propios territorios afectados por megaproyectos mineros y energéticos asociados a la transición energética".