Opinión Consultiva 32: La Corte Interamericana Vincula la Crisis Climática con los Derechos Humanos
Photo: Inter-American Court of Human Rights.
En su Opinión Consultiva 32 (OC-32) sobre emergencia climática y derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció obligaciones concretas para que los gobiernos del continente protejan efectivamente a las personas afectadas por la crisis climática, lo que implica garantizar el derecho humano a un clima sano como parte del derecho a un ambiente sano. Es la primera vez que un tribunal regional de derechos humanos emite tal pronunciamiento. Conoce cómo este dictamen histórico protege a comunidades en situación de vulnerabilidad y guía las decisiones de tribunales nacionales e internacionales.
¿Qué son las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana?
Son explicaciones autorizadas de una disposición o asunto jurídico que tienen por objeto ayudar a los Estados a comprender y cumplir sus obligaciones bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en esa materia.
Las Opiniones Consultivas son importantes porque consolidan la forma adecuada de interpretar los derechos humanos y con ello orientan a los Estados sobre cómo garantizarlos y aplicarlos dentro de sus territorios o jurisdicciones.
La Corte Interamericana las emite a petición tanto de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) como de algunos organismos adscritos.
¿Qué es la Opinión Consultiva 32 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos?
En un avance histórico para la justicia climática, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió a la solicitud hecha por los Estados de Colombia y Chile con una Opinión Consultiva que aclara las obligaciones de los Estados del continente para proteger los derechos humanos frente a la crisis climática.
En su solicitud, los Estados de Colombia y Chile resaltaron los impactos diferenciados del cambio climático en los países del sur global —los menos responsables de la crisis— y particularmente en aquellas comunidades en situación de vulnerabilidad debido a su ubicación geográfica, clima, factores socioeconómicos, género, edad y raza.
La Opinión Consultiva 32 (OC-32) de la Corte dio una respuesta acerca de las obligaciones de los Estados para:
- La protección y cumplimiento de los derechos humanos ante la emergencia climática.
- Preservar el derecho a la vida y a la supervivencia ante la emergencia climática a la luz de los mejores conocimientos científicos disponibles.
- Proteger a los niños, niñas y a las futuras generaciones.
- Proporcionar recursos judiciales efectivos, protección y reparación frente a los impactos del cambio climático.
- Proteger a las personas defensoras de los derechos humanos, las mujeres, pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, campesinas y de pescadores.
- Garantizar el derecho a un ambiente sano en el contexto de la emergencia climática.
- Cumplir con el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y Capacidades Respectivas.
La OC-32 —como otras Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana— tiene fuerza jurídica y autoridad interpretativa para todos los países miembros de la OEA.
Sirve como herramienta clave para guiar resoluciones judiciales por parte de jueces, juezas y otras personas administradoras de justicia. Asimismo, brinda un marco jurídico más claro y robusto a personas, comunidades, organizaciones y autoridades que luchan para proteger el ambiente y los derechos humanos frente a la crisis climática.
Un Punto de Inflexión para la Justicia Climática
La Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca un momento decisivo para la justicia climática en América Latina y en el mundo: por primera vez, un tribunal regional de derechos humanos se pronunció de manera amplia y comprensiva para esclarecer las obligaciones de los Estados del continente americano frente a la emergencia climática como una cuestión de derechos humanos.
Esta decisión trasciende lo jurídico para convertirse en una herramienta concreta de transformación que representa:
Claridad en las obligaciones estatales
Con la OC-32, la Corte Interamericana esclarece las obligaciones legales de los Estados de América Latina para combatir la crisis climática como un asunto de derechos humanos, haciendo que reconozcan su competencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, apoyar medidas de adaptación y establecer mecanismos para afrontar las pérdidas y daños ocasionados.
Nuevos y robustos estándares legales para el continente
La OC-32 estableció estándares jurídicos que los gobiernos del continente deben cumplir para proteger los derechos humanos frente a la crisis climática, conformando un marco jurídico que puede influir las decisiones de tribunales nacionales e internacionales, las negociaciones climáticas, las políticas públicas y las acciones de incidencia a nivel mundial.
El fortalecimiento del litigio climático
Al proporcionar interpretaciones autorizadas de los tratados de derechos humanos que adoptaron los gobiernos de la región, la OC-32 contribuye con argumentos sólidos a fallos judiciales que hagan responsables a gobiernos, empresas y otros actores por las causas e impactos de la crisis climática, fortaleciendo así el creciente movimiento del litigio climático a nivel mundial.
Reconocimiento de vulnerabilidades específicas y de saberes tradicionales
La OC-32 permite un mayor reconocimiento y visibilización de cómo la crisis climática afecta de manera desproporcionada a pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas y otros grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo obligaciones estatales diferenciadas para su protección, un paso clave para garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras. Reconoce además a los saberes locales, tradicionales e indígenas como parte de la "mejor ciencia disponible" para las soluciones a la crisis global.
Impulso al movimiento de justicia climática
La OC-32 llegó en un momento crucial en el que el movimiento por la justicia climática en América Latina y en el mundo está creciendo gracias a litigios estratégicos exitosos y precedentes legales innovadores. La decisión fortalece la definición de las acciones estatales por el clima, como obligaciones legales y no como compromisos voluntarios, por parte de tribunales internacionales.
La decisión de la Corte no es solo una interpretación legal: es una declaración de que proteger el clima es proteger la vida, la dignidad y el futuro de la región.
Para AIDA es fundamental ser puente entre personas defensoras que luchan diariamente por la vida. Buscamos cambiar las lógicas tradicionalmente excluyentes de los espacios internacionales de decisión, promoviendo el intercambio de conocimientos diversos y trabajando para que las decisiones acerca de la naturaleza incorporen la voz de quienes realmente la resguardan y viven en armonía con ella.
Voces de los Territorios: Impactos y Propuestas desde los Saberes
En un momento histórico para la justicia climática, las voces de las comunidades más afectadas por la crisis climática resonaron directamente frente a los jueces y juezas de la Corte Interamericana.
Esta participación marcó un hito significativo de participación y acceso a la justicia: las personas que día a día enfrentan las consecuencias de la emergencia climática le dijeron al más alto tribunal de derechos humanos de la región cómo la crisis climática y la injusticia ambiental están afectando sus modos de vida; y lo que proponen para que la Corte contribuya a garantizar sus derechos ante la crisis global y ante las acciones para combatirla.
¿Por qué es tan importante esta participación?
La crisis climática no es un problema abstracto. Es el río que se seca y deja sin agua a comunidades enteras. Es la inundación que destruye cosechas ancestrales. Es el aumento del nivel del mar que obliga a familias a dejar sus territorios. Son las temperaturas extremas que amenazan la salud de niños, niñas y personas adultas mayores.
Solo quienes viven estas realidades pueden explicar verdaderamente cómo la emergencia climática vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, el territorio y la cultura.
La Corte Interamericana necesitaba escuchar estas voces para comprender que proteger el clima no es solo una obligación ambiental, sino un asunto urgente de derechos humanos con rostro, nombre y territorio.
El rol de AIDA en esta decisión histórica
Desde el inicio del proceso, AIDA asumió un rol proactivo, potenciando el involucramiento de las comunidades afectadas por la crisis climática en América Latina:
- Apoyamos a diferentes comunidades de la región para que sus voces fueran escuchadas por la Corte Interamericana mediante la presentación de escritos legales que destacaron las afectaciones socioambientales de la emergencia climática en pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas y poblaciones con orientaciones e identidades de género diversas. Conoce estos aportes
- Acompañamos la participación de representantes comunitarios en las audiencias del proceso, realizadas en abril y mayo de 2024 en Barbados y Brasil, respectivamente. Escucha sus testimonios
- Presentamos nuestro propio escrito legal ante la Corte Interamericana, argumentando que el derecho a un “clima estable y seguro” debe ser reconocido como parte del derecho universal a un ambiente sano y resaltando las obligaciones de los Estados para prevenir y evitar los efectos nocivos de la emergencia climática en sus habitantes. Consulta nuestro escrito