Cambio Climático

A toolkit for using Advisory Opinion 32/25 in climate justice work

Octubre 29 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Un kit de herramientas prácticas para usar la Opinión Consultiva 32 de la Corte IDH en el trabajo por la justicia climática

CONSULTA Y DESGARGA EL KIT DE HERRAMIENTAS La crisis climática ya está afectando a personas y comunidades de toda América Latina y el Caribe, dañando hogares, medios de vida, ecosistemas y el derecho fundamental a un ambiente sano. La Opinión Consultiva 32 (OC 32/25) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es la primera de su tipo en determinar que tanto Estados como actores no estatales, entre ellos empresas, tienen obligaciones claras y vinculantes, derivadas del derecho internacional, para abordar las causas y consecuencias de la crisis climática como un asunto de derechos humanos.Este pronunciamiento histórico, hecho pública el 3 de julio de 2025, brinda a personas defensoras del ambiente y los derechos humanos una nueva y poderosa herramienta para exigir acciones y justicia.Pero ¿cómo usar este dictamen para la protección efectiva de personas, comunidades y ecosistemas frente a la emergencia climática?Pero ¿cómo aplicar hoy esta decisión en casos reales, campañas, litigios y políticas? Un kit de herramientas jurídicas por la justicia climáticaPara ayudar a responder esa pregunta, más de 20 personas expertas y organizaciones ambientales, de derechos humanos y académicas —entre ellas AIDA— elaboraron una publicación que analiza la decisión histórica de la Corte IDH, con énfasis en sus aplicaciones prácticas.La publicación —Justicia Climática y Derechos Humanos: Estándares y Herramientas Jurídicas de la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— contiene 14 escritos, organizados cuatro secciones clave:Conocimiento y Derechos Esenciales;Obligaciones Estatales y Corporativas;Derechos de Personas y Grupos Afectados; yDemocracia Ambiental y Reparaciones. Cada escrito contiene:Contexto y antecedentes para situar el tema.Un análisis jurídico claro de las principales contribuciones de la Corte.Una revisión crítica de cómo estos estándares pueden ser aplicados en la práctica.Identificación de oportunidades para el litigio y la incidencia, así como de las lagunas por llenar. Todo el contenido fue sometidos a una rigurosa revisión por pares para garantizar su precisión y coherencia. ¿Por qué esto es importante ahora?Con la OC-32/25, las personas defensoras y las comunidades de toda la región cuentan ahora con:Fundamentos más sólidos para los litigios, al incorporar estándares de derechos humanos en casos relacionados con el clima.Apoyo legal para la rendición de cuentas empresarial, al aclarar las obligaciones de las empresas para prevenir y remediar daños.Argumentos para ampliar la protección de las personas más afectadas: niños, niñas, mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas defensoras del ambiente.Herramientas políticas para exigir acciones climáticas nacionales alineadas con la protección de los derechos humanos. En una región que enfrenta riesgos climáticos desproporcionados, esta decisión transfiere el poder a las comunidades y movimientos que buscan justicia. ¿Qué puedes hacer con este kit de herramientas?Esta publicación es una herramienta para facilitar la comprensión de la decisión de la Corte y promover —con base en ella— acciones jurídicas y políticas concretas para proteger a comunidades y ecosistemas frente a la emergencia climática.Está dirigida a personas, comunidades, organizaciones y redes que trabajan en temas de crisis climática y derechos humanos, a quienes brinda estándares y recomendaciones prácticas para fortalecer sus estrategias y esfuerzos de litigio e incidencia.En resumen, está diseñada para ayudarte a incorporar argumentos jurídicos sólidos en tu trabajo, incluyendo:Diseñar medidas de protección urgentes para las comunidades más vulnerables.Fortalecer las campañas de incidencia con respaldo jurídico.Nutrir la legislación climática y los debates sobre políticas públicas.Apoyar las demandas de las comunidades en materia de adaptación y resiliencia.Integrar estándares de derechos humanos en los litigios estratégicos. Ya seas abogado/a, miembro de una organización, líder o lideresa de tu comunidad o responsable de políticas públicas, este conjunto de herramientas puede ayudarte a convertir los estándares jurídicos en una protección y rendición de cuentas reales. Un llamado a la acciónAmérica Latina es la región que menos responsabilidad tiene en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero esta entre las más afectadas por los daños climáticos. La OC-32/25 abre un nuevo capítulo: uno en el que la defensa de los derechos humanos es también la defensa de nuestro clima.Ahora es el momento de utilizar esta decisión para impulsar la justicia en toda la región.Juntos/as, podemos convertir este hito jurídico en protecciones tangibles para las personas y los ecosistemas que más las necesitan. CONSULTA Y DESGARGA EL KIT DE HERRAMIENTAS

Octubre 27 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Justicia Climática y Derechos Humanos: Estándares y Herramientas Jurídicas de la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 3 de julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su Opinión Consultiva OC-32/25 sobre la Emergencia Climática y Derechos Humanos (Opinión Consultiva), marcando un hito histórico a nivel jurídico y político en la lucha global por la justicia climática. Se trata de la primera opinión consultiva emitida por un tribunal internacional que concluye que tanto los Estados como los actores no estatales –por ejemplo, las empresas– tienen obligaciones, derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, de abordar las causas y consecuencias de la emergencia climática.En la Opinión Consultiva, la Corte articula obligaciones claras, vinculantes y urgentes para proteger el sistema climático global, prevenir las violaciones de derechos humanos derivadas de su alteración y garantizar reparaciones climáticas. Esta Opinión Consultiva marcará la pauta para los litigios climáticos en tribunales locales, regionales y nacionales, y sentará las bases para la formulación de políticas climáticas, facilitando el anclaje de la legislación local y las negociaciones globales en obligaciones legales vinculantes, y no meros compromisos voluntarios. Asimismo, servirá como testimonio vivo de las experiencias y el conocimiento profundo de quienes están en primera línea frente a los efectos del cambio climático y lideran la lucha por la justicia climática. Inequívocamente, esta opinión afirma tanto los peligros que el cambio climático representa para los derechos humanos, como el potencial transformador que la acción climática, y reparación de daños, con un enfoque de derechos humanos, puede tener.La OC-32/25 no es un evento aislado. Forma parte de un movimiento global sin precedentes por la justicia climática y converge con las recientes opiniones consultivas sobre el clima emitidas por Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Igualmente, precede a la potencial opinión consultiva en materia climática de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte ADHP). En conjunto, estos procesos consultivos marcan un momento decisivo en la consolidación de un marco jurídico más integral, y con un enfoque de derechos humanos, para afrontar la emergencia climática, considerada por la Corte IDH como una amenaza excepcional, que pone en peligro la vida en el planeta y socava gravemente el disfrute de los derechos humanos. Además, estas opiniones consultivas pueden ayudar a superar la inercia política que ha frenado durante mucho tiempo el progreso de las negociaciones internacionales sobre el clima, y la formulación de políticas nacionales en esta materia. Esta publicación recopila catorce escritos temáticos elaborados por una coalición de expertos y organizaciones ambientales, de derechos humanos y académicas que han participado activamente en el proceso consultivo desde su inicio. Los temas reflejan las principales áreas temáticas articuladas por la Corte en la Opinión Consultiva y se organizan en cuatro secciones: (i) Conocimiento y Derechos Esenciales; (ii) Obligaciones Estatales y Corporativas; (iii) Derechos de los Pueblos y Grupos Afectados; y (iv) Democracia Ambiental y Reparaciones.Cada escrito fue elaborado por una organización líder y sometido a una rigurosa revisión por pares para garantizar su precisión y coherencia. En conjunto, ofrecen un análisis exhaustivo de las principales contribuciones de la Opinión Consultiva, sus implicaciones jurídicas y prácticas, así como las lagunas y oportunidades que esta decisión histórica presenta en las áreas temáticas seleccionadas. Los escritos también proporcionan argumentos, estándares y recomendaciones prácticas para fortalecer las estrategias de litigio e incidencia climática.La publicación, concebida como un recurso para redes jurídicas y de incidencia, pretende mejorar la comprensión sobre el alcance de la decisión de la Corte así como fomentar la acción jurídica y política para impulsar los cambios estructurales necesarios para que las comunidades y los ecosistemas alcancen la justicia climática.Lee y descarga la publicación

Octubre 27 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fracking

Comprendiendo la desfosilización y sus impactos en América Latina

El mundo apuesta su presente y futuro a una transición energética que busca cambiar las fuentes de energía, de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) a fuentes renovables y “verdes”. Este cambio ha sido llamado desfosilización o descarbonización.Lo preocupante no es el qué de este proceso, sino el cómo. Desafortunadamente, esta transición no integra cambios en los patrones de producción y consumo de energía, de circulación de materias y de generación de desechos. Estamos siendo testigos de la búsqueda y explotación de nuevas energías para repetir patrones de crecimiento infinito en un planeta que está alcanzando sus límites.En este seminario web buscamos comprender qué es la desfosilización, entender si este proceso está sucediendo o no y cómo afecta a los territorios en América Latina.Este es el quinto seminario web de la serie "Extractivismos y defensa territorial desde la ciencia", que busca profundizar en los impactos que las actividades extractivas de recursos minero-energéticos generan en algunos de los ecosistemas más vulnerables de nuestra región. ¿Cuándo?Lunes 27 de octubre de 2025.09:00 México / 10:00 Colombia, Ecuador / 12:00 Argentina, Brasil y Chile RegistroRegístrate sin costo en el siguiente enlace: https://bit.ly/Desfosilizacion PanelJorge Forero, investigador del Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) y coordinador del proyecto Crisis climática y Movilidades en la Región Andina.Felipe Gutiérrez Ríos, investigador en el Observatorio Petrolero Sur (OPSur).Modera: Patricia Rengel, científica becaria en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Comunidades de Argentina, Bolivia y Chile en el Salar del Hombre Muerto, Argentina

Octubre 15 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fuentes de Agua Dulce

Comunidades de Argentina, Chile y Bolivia alertan de los impactos de la minería de litio

Comunidades originarias de Argentina, Chile y Bolivia, junto con las organizaciones ambientales que integran la Alianza por los Humedales Andinos, realizaron un encuentro en la provincia argentina de Catamarca, donde visitaron el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra: un humedal gravemente afectado por la industria minera de litio.A lo largo de varios días, integrantes de comunidades indígenas atravesaron largas distancias —desde la Puna jujeña, el norte chileno y la región andina de Bolivia— para encontrarse en el territorio, compartir experiencias y fortalecer una voz común frente al avance del extractivismo. La visita al salar fue parte de una serie de acciones que buscan visibilizar los daños socioambientales que la minería de litio está provocando en los humedales andinos, las cuencas de agua y las formas de vida que dependen de ellos.Desde 1997, la extracción de litio por parte de la empresa Minera del Altiplano S.A. —subsidiaria de la empresa Livent que actualmente pertenece a Río Tinto— ha generado daños ambientales profundos en el Salar del Hombre Muerto, entre ellos la desecación de de más de 5 kilómetros de la vega del río Trapiche, un impacto que persiste hasta hoy. Actualmente, en el Salar del Hombre Muerto se desarrollan 12 proyectos de litio, en distintas etapas. Ante la afectación del río Trapiche y la pretensión de cinco empresas mineras de extraer agua del río Los Patos, la comunidad que habita el salar decidió judicializar el reclamo. En 2024, la Corte de Justicia de Catamarca reconoció el daño a la vega del río y ordenó al gobierno provincial abstenerse de otorgar nuevos permisos para la actividad minera en la zona del Río Los Patos, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral de todos los proyectos funcionando a la vez. Un año después, el Ejecutivo provincial presentó un informe que no cumple con lo ordenado: recupera información antigua y omite analizar los efectos acumulativos reales, concluyendo, sin fundamentos técnicos, que no existen impactos negativos en la cuenca del Río Los Patos. Actualmente, la Corte de Justicia de Catamarca debe evaluar si el estudio presentado por el gobierno cumple con lo ordenado o debe ser rechazado por insuficiente.Elizabeth Mamani, de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, en Antofagasta de la Sierra, señaló: "Una de las consecuencias de la minería fue la muerte de una de las vegas del río Trapiche, la matanza de animales y también la desviación del río Los Patos".Desde Jujuy, Franco Vedia, integrante de la comunidad aborigen Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, advirtió que "en Jujuy lo que está pasando con la minería es que las empresas están intentando entrar al territorio sin consultar a las comunidades. Se están violando derechos fundamentales: el derecho de las comunidades a decidir, a conservar su identidad cultural y, sobre todo, el derecho colectivo al agua".Además, indicó: "para nosotros, la extracción de litio es algo terrible; significa la muerte, porque se están llevando el agua. En Catamarca vimos lo que no debería pasar, están dejando morir a la Pachamama, a la tierra y a sus habitantes".Desde Chile, Rodrigo Espíndola Araya, de la Comunidad Lickan Antay de Toconao, remarcó las similitudes entre ambos países: "Lo que está pasando en Catamarca, Argentina, es similar a lo que está pasando en Chile, particularmente por el tema del agua. Ya se vaticina que va a ser una lucha muy fuerte en contra de las mineras. Nosotros, como pueblo originario, tenemos una lucha con respecto al uso y al derecho del agua. Pero acá, en Argentina, es algo impactante de ver: cómo la minera avasalla a los hermanos y hermanas argentinos, cortándoles el agua".Por su parte, Cindy Quevedo Monardes, de la comunidad Colla Finca El Chañar, en la comuna de Tierra Amarilla, Copiapó, Chile, expresó: "Ha sido doblemente conmovedor ver la naturaleza, todo lo que tienen acá en Catamarca, pero también ver el impacto de lo que significa tener a una empresa minera que está afectando de manera increíble estos espacios, donde todavía se ve naturaleza y biodiversidad. La afectación ha sido grande al secar vegas completas, como la del río Trapiche. Creo que es impactante verlo no solo desde afuera, sino estar acá, ver lo que ha ocurrido y lo que nos puede ocurrir a los países y a las regiones que estamos expuestas a la minería". La minería de litio y la amenaza a los humedales andinosLos humedales andinos —salares, bofedales, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile enfrentan un grave riesgo por el avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética del norte global. En estos ecosistemas se concentra más del 53% de los recursos de litio del planeta.Los gobiernos locales deben realizar estudios ambientales integrales que evalúen los impactos en los ecosistemas de manera completa y acumulativa. Además, tienen la obligación de garantizar la participación de las comunidades locales, así como su acceso a información ambiental completa, veraz y transparente en temas ambientales, de acuerdo con los estándares del Acuerdo de Escazú.Frente a este contexto, el pasado 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva 32 sobre emergencia climática y derechos humanos. Este pronunciamiento esclarece las obligaciones que los Estados del continente deben cumplir para proteger efectivamente a personas y comunidades afectadas por la crisis climática.La Corte IDH reconoció, por primera vez, la existencia del derecho humano autónomo a un clima sano, derivado del derecho a un ambiente sano, reafirmando que la crisis climática afecta derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, al agua, a la alimentación, a la propiedad y al trabajo.Este pronunciamiento brinda herramientas para garantizar el respeto de los derechos humanos en toda la cadena de valor de los minerales para la transición energética, así como para asegurar la integridad de los ecosistemas en América Latina.

Comunidades tradicionais enfrentam desafio de terem instalados empreendimentos eólicos em seus territórios sem serem consultadas

Octubre 07 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Océanos

Avances en la generación de energía eólica offshore en Brasil

El evento tuvo como objetivo presentar el estado actual y las perspectivas futuras de la energía eólica offshore (costa afuera) en Brasil y América Latina. En el marco de la crisis climática, que exige avanzar en la descarbonización de la matriz energética, y ante la limitada participación de las comunidades afectadas en la expansión de las energías renovables, el evento abordó los avances normativos en materia de energía eólica offshore en Brasil, así como sus posibles impactos socioambientales sobre las comunidades pesqueras y la biodiversidad marina y costera del nordeste del país y de la región. Fue un espacio de diálogo crítico, participativo e informado que permitió reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de este proceso. PanelJuan Fernando Carrascal, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)Beatriz Vidal, Instituto Terramar.Ângelaine Alves, Movimiento de Afectados por las Energías Renovables (MAR) y Articulación de Pueblos en Lucha de Ceará (ARPOLU).Soraya Tupinambá, becaria investigadora en Fiocruz CE, socia de CEDECA, Terramar y Adelco.Joanna Barney, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).Moderó: Isabela Figueroa, Facultad de Humanidades de la Universidad del Magdalena. Grabación

Vista aérea del Parque Nacional Manuel Antonio en Costa Rica

Septiembre 26 2025 Cambio Climático, Océanos

Océano y clima: 5 claves para entender un vínculo esencial para el planeta

Por Víctor Quintanilla y Natalia Oviedo* Aunque el océano es indispensable para la estabilización del clima en el planeta, rara vez es el centro de atención cuando hablamos de la crisis climática global.El océano es nuestro mejor aliado frente a la emergencia climática porque absorbe gran parte de los gases de efecto invernadero que la humanidad emite y que son el origen del problema.Al mismo tiempo, el océano es una víctima de la crisis climática, cuyos impactos lo están llevando al límite con la acidificación de sus aguas, el aumento del nivel del mar y la pérdida de oxígeno, procesos que afectan seriamente la vida marina.Pese a su importancia, la relación entre océano y clima no ha sido incluida de forma integral en las negociaciones internacionales en las que los gobiernos buscan acuerdos y políticas para enfrentar la crisis climática.Frente a ese vacío y en un avance histórico, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitió en 2024 un dictamen que aclara las obligaciones de los Estados para proteger el medio marino de la crisis climática.A continuación, presentamos cinco claves para entender el vínculo entre océano y clima. 1. El rol del océano ante la crisis climática.A decir del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el océano es "un regulador climático fundamental en escalas de tiempo que van desde estacionales hasta milenarias". Desde 1955, ha absorbido el 90% del exceso de calor provocado por el calentamiento global, junto con una cuarta parte del dióxido de carbono liberado por actividades humanas.Asimismo, las corrientes oceánicas transportan agua cálida de los trópicos a los polos, enviando agua más fría de regreso. Con esto equilibran la temperatura y hacen que gran parte de la Tierra sea habitable. El océano influye además en las variaciones climáticas en tierra firme al ser la fuente principal de la lluvia, lo que alimenta ríos y otros sistemas vitales de agua dulce.El océano también es un pulmón para el planeta ya que, a través de organismos microscópicos conocidos como fitoplancton, es responsable de generar aproximadamente la mitad del suministro de oxígeno del mundo. Por su parte, ecosistemas costeros como los manglares, marisma y pastos marinos absorben enormes cantidades de carbono de la atmósfera, mitigando la crisis climática. 2. El impacto de la crisis climática en el océano.La crisis climática altera las propiedades físicas y químicas del océano, afectando su capacidad de regular el clima. Uno de los impactos irreversibles del cambio climático es el calentamiento del océano, cuya tasa y absorción de calor se ha más que duplicado desde 1993. A medida que sus aguas se calientan, comienzan a liberar dióxido de carbono de nuevo a la atmósfera.Además, se prevé que el aumento de la temperatura oceánica reduzca la cantidad de oxígeno disponible, alterando los ciclos de nutrientes y afectando con ello la distribución y abundancia de peces. Otra consecuencia es el aumento del nivel del mar, que se debe a la expansión térmica del océano y a la pérdida de hielo terrestre.Finalmente, la absorción de una creciente cantidad de dióxido de carbono ha resultado en la acidificación del océano, entendida como la disminución de su pH. Esto reduce los niveles de calcio, sustancia necesaria para las conchas y los esqueletos externos de varias especies de fauna marina y de ecosistemas como los arrecifes de coral. 3. La inclusión del océano en las negociaciones climáticas internacionales.Aunque el vínculo entre océano y cambio climático fue reconocido desde los orígenes de las negociaciones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) —al incluirse al océano en la definición de “sistema climático”—, su presencia en ellas ha sido progresiva. Un hito decisivo sucedió en la 25ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25), en 2019, donde se ordenó celebrar el primer diálogo oficial acerca del tema y el cual resultó en recomendaciones para alinear la acción climática y oceánica, promoviendo además la movilización de financiamiento para proteger los ecosistemas marinos. Desde entonces, el océano ha ganado un espacio permanente en la agenda climática. En conferencias posteriores, la inclusión del océano se profundizó. El Pacto de Glasgow para el Clima (COP26, 2021) reconoció al océano como aliado en la absorción de carbono, exhortó a integrar la acción basada en el océano en los planes de trabajo de la CMNUCC y ordenó un diálogo anual sobre el tema. En la COP27 (2022) se alentó a los países a incluir la acción basada en el océano en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Y en la COP28 (2023) se incluyó al océano en el primer balance global del Acuerdo de París.De cara a la COP30 de este año en Brasil, que tendrá un eje específico sobre "Bosques, Océanos y Biodiversidad", el reto es pasar del reconocimiento político a la implementación de medidas concretas de protección del océano. 4. Obligaciones de los Estados para proteger el océano ante la crisis climáticaLa salud y resiliencia del océano es indispensable no solo para enfrentar la crisis climática, sino también para el ejercicio de derechos humanos fundamentales como la vida, la salud, la cultura, la alimentación, el acceso al agua y el derecho a un ambiente sano. Esto evidencia la interdependencia entre océano, cambio climático y derechos humanos.Reconociendo ese nexo, el 21 de mayo de 2024, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar hizo pública una decisión importante que aclara las obligaciones de los Estados para preservar el océano frente a la crisis climática. Estos deberes incluyen la adopción de medidas concretas de mitigación para minimizar la liberación de sustancias tóxicas en el medio marino, así como el ejercicio de una estricta debida diligencia para garantizar que los actores no estatales cumplan efectivamente con dichas medidas.El tribunal resaltó las obligaciones estatales de prevenir la contaminación relacionada con el cambio climático que afecte a otros Estados y al medio marino fuera de la jurisdicción nacional. En relación con el derecho a un ambiente sano, el dictamen subraya el uso los enfoques de precaución y ecosistémico en el contexto de las obligaciones de los Estados de realizar evaluaciones de impactos ambientales y socioeconómicos de cualquier actividad que pueda causar contaminación marina relacionada con el cambio climático. Eso incluye que, ante la posibilidad de daño grave o irreversible al medio marino, la falta de certeza científica plena no debe utilizarse como excusa para retrasar medidas de protección. 5. Algunas acciones clave para cuidar nuestro océano y, con ello, el clima.La protección efectiva de nuestro océano requiere el compromiso de los gobiernos, quienes deben adoptar acciones a nivel nacional e internacional para priorizar su salud. Estas incluyen:Priorizar medidas concretas que integren al océano en las acciones climáticas de mitigación y adaptación. Entre las más efectivas están la protección y restauración de ecosistemas, en especial aquellos que además de capturar y almacenar enormes cantidades de carbono, protegen las costas y mantienen servicios ecosistémicos vitales (manglares, marismas, pastos marinos, humedales costeros y arrecifes de coral, entre otros).Garantizar la protección y uso sostenible de la biodiversidad en la zona del océano que está fuera de las jurisdicciones nacionales. Esto implica la implementación efectiva del Tratado de Alta Mar, que entrará en vigor el 17 de enero de 2026, además de su ratificación por parte de los países que aún no lo han hecho para garantizar una gobernanza justa, equitativa y sostenible.Defender el fondo marino de la minería. Esto requiere aplicar moratorias a las actividades de minería submarina bajo el fundamento de la falta de información técnica y científica suficiente para prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos en la diversidad biológica de los ecosistemas desconocidos que están en aguas profundas y en los fondos marinos.Proteger los derechos de las comunidades costeras e insulares, que viven de la pesca y del turismo local. Estas poblaciones enfrentan impactos crecientes por la crisis climática y por múltiples presiones ambientales. Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar su resiliencia y bienestar, resguardando la diversidad biológica marino-costera que sustenta sus modos de vida y cultura. Valorar el vínculo entre océano y clima, así como trasladarlo a medidas concretas y efectivas, es fundamental para proteger y mantener en equilibrio ambos sistemas de vida.Es lo que garantizará la salud de la biodiversidad marino-costera, nuestra seguridad alimentaria y, en suma, un futuro para el planeta. *Víctor Quintanilla es el Coordinador de Contenido de AIDA; Natalia Oviedo es abogada internacionalista costarricense y expasante de la organización.

Septiembre 24 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Litigio climático en el sector de hidrocarburos: Perspectivas desde América Latina y el Caribe

Los efectos de la crisis climática amenazan una gran variedad de derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, la alimentación, la vivienda, la salud y el acceso a un medio ambiente sano (IACHR, 2021). A medida que el fenómeno se intensifica, agrava las desigualdades existentes, afectando desproporcionadamente a las personas más vulnerables (Benesch et al., 2024). Las políticas climáticas globales han sido insuficientes para responder a esta crisis, impulsada en gran medida por la dependencia de los combustibles fósiles. Se estima que, para 2030, los países podrían tener una producción de combustibles fósiles aproximadamente un 110% superior a lo que sería compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, y un 69% por encima de lo alineado con un límite de 2 ºC (SEI et al., 2023).En este escenario surge el litigio climático como herramienta para abordar la crisis climática, generando cambios sociales e institucionales que van más allá de los efectos particulares de un caso específico (Ezer & Patel, 2018). En el contexto de América Latina y el Caribe, la justicia climática es esencial para abordar los impactos desproporcionados que enfrentan los grupos vulnerables debido a los desequilibrios sistémicos de poder (Tigre, Urzola, et al., 2023).En consecuencia, el litigio climático en la región se ha fundamentado principalmente en un enfoque de derechos humanos, donde el constitucionalismo ambiental desempeña un papel central (Beckhauser, 2024; Tigre, Urzola, et al., 2023). Recientemente, las obligaciones del Acuerdo de París se han incorporado cada vez más en las acciones judiciales, reflejando un compromiso con la protección constitucional de los derechos humanos (de Carvalho & da Rosa, 2024; Peel & Lin, 2019).El Informe Global sobre Litigio Climático de 2023, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), destacó que en la región se han presentado varios casos impugnando los esfuerzos de los gobiernos por desregular o flexibilizar las regulaciones climáticas (UNEP, 2023). Los sectores del petróleo y del gas son fuente principal de litigios por violaciones de derechos humanos en América Latina y el Caribe (Business & Human Rights, 2022). En este contexto, el litigio climático es crucial para el desarrollo de políticas públicas que apoyen la transición energética justa en la región. La definición de transición energética justa puede variar según el contexto. Esta se refiere a la necesidad de considerar y mitigar la distribución de los impactos ambientales, económicos y sociales, tanto positivos como negativos, que conlleva la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la descarbonización de las economías. Asimismo, implica garantizar un diálogo amplio, democrático e inclusivo para orientar estos procesos. Este informe analiza el impacto del litigio climático en los sectores de petróleo y gas en América Latina y el Caribe, con énfasis en su influencia sobre las políticas de transición energética y en la prevención y reparación de violaciones a los derechos humanos y colectivos asociadas a la producción, exploración y explotación de combustibles fósiles. Asimismo, examina similitudes y diferencias entre el litigio climático en el norte global y en el sur global —en particular en América Latina— con el fin de aportar insumos para su desarrollo futuro en la región. El análisis de litigios climáticos abarcó tanto América Latina como el Caribe, dado que se revisaron casos de toda la región en las bases de datos consultadas. Sin embargo, solo se identificó un caso de litigio climático en el Caribe (Thomas & De Freitas v. Guyana, 2021), ocurrido en Guyana, un país que, si bien geográficamente se encuentra en América del Sur, está integrado regionalmente al Caribe. Este caso ha sido considerado el primer litigio climático en el Caribe (Kaminski, 2021).A nivel regional, muchos análisis responden a dinámicas sociales y económicas compartidas en América Latina y el Caribe. No obstante, es fundamental reconocer las diferencias en las tradiciones jurídicas de la región para comprender mejor las particularidades del litigio climático en cada jurisdicción. En los países angloparlantes del Caribe, el sistema legal predominante es el common law, resultado de la colonización británica, mientras que en los países francófonos e hispanohablantes del Caribe predomina la tradición del civil law, influenciado por las colonizaciones francesa y española (Bermúdez-Abreu & Villaroel, 2021; Karst, 1968). Algunos países cuentan con sistemas jurídicos híbridos; por ejemplo, Guyana combina elementos del common law británico con aspectos heredados del civil law neerlandés. En América Latina continental, la tradición del civil law domina, con excepción de Guyana y Belice (UC Berkeley Law, s. f.).Este informe está dirigido a una amplia gama de audiencias, incluyendo profesionales del derecho, integrantes del poder judicial, responsables de políticas públicas, activistas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y comunidades académicas de diversas disciplinas. Para esta última audiencia, el informe propone visibilizar los vacíos de información existentes y destacar cómo la incorporación del conocimiento científico puede fortalecer las estrategias legales y los argumentos utilizados en los litigios climáticos.Lee y descarga el informe

La laguna congelada en el Desierto de Atacama, Chile

Septiembre 04 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Nuevas políticas de la Unión Europea para abastecerse de minerales: ¿Qué implican para América Latina?

En medio de la carrera global por minerales para la transición energética, la digitalización, la industria aeroespacial y la de defensa, la Unión Europea (UE) ha adoptado una serie de políticas para asegurar su acceso a materias primas “críticas”, entre ellas el litio. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 25 de las 34 materias primas que la UE considera esenciales están en territorios indígenas y ecosistemas estratégicos de la región. La sociedad civil advierte que la Ley de Materias Primas Fundamentales de la UE, así como otras políticas recientes que apuntan hacia la desregulación y el fomento del sector de defensa (Omnibus I y II), pueden profundizar las desigualdades históricas entre Europa y América Latina.En este seminario web abordamos las amenazas para la región de estas políticas y qué pueden hacer los Estados y la sociedad civil para hacerles frente. Hablamos de las “asociaciones estratégicas” suscritas por la UE con Chile y Argentina. Explicamos en qué consisten los llamados “proyectos estratégicos” que la UE pretende consolidar a nivel global para mantener el flujo de minerales de sur a norte. Además, voces de liderazgos indígenas denunciaron cómo el uso excesivo de agua en la minería de litio ha degradado ya humedales andinos, ocasionando la pérdida de biodiversidad y cultura.En suma, pusimos a debate la “transición verde europea” que —en nombre de la descarbonización— amenaza con abrir nuevas zonas de sacrificio en el sur global, borrar saberes milenarios y generar daños irreversibles en sumideros de carbono indispensables para enfrentar la crisis climática. PanelAlejandro González, Investigador Sénior del equipo de Justicia Climática en SOMO, Centre for Research on Multinational Corporations, y miembro de EU Raw Materials Coalition.Pía Marchegiani, Directora Ejecutiva Adjunta y Directora de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).Joám Evans Pim, Coordinador del Área Confederal de Minería en Ecologistas en Acción y Director de la Fundación Montescola.Ramón Balcázar, Director de la Fundación Tantí.Román Elías Guitián, Comunidad Atacameños del Altiplano, Argentina.Moderadora: Yeny Rodríguez, Abogada Sénior y Coordinadora de Línea, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación

Un grupo de vicuñas bebe agua de un manantial en un paisaje de los Andes chilenos.

Agosto 21 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Economía circular: ¿qué es y cuál es su rol ante la crisis climática y la transición energética?

La vida en el planeta, incluida la nuestra, depende de la naturaleza.Para crear modos de vida más sostenibles y mantener bajo control el calentamiento del planeta, es necesario garantizar ecosistemas sanos, resilientes y productivos.La crisis climática, la de contaminación y la de pérdida de biodiversidad tienen su origen en actividades humanas que explotan la naturaleza más allá de sus límites, sin darle opción a recuperarse, degradando ecosistemas y llevándolos a puntos de “no retorno”.Estas actividades se basan en el modelo convencional de la economía, que es lineal y que sigue la lógica de extraer, producir, utilizar y desechar recursos.Un uso más sostenible de los recursos naturales requiere un modelo económico distinto.Una opción, entre varias, es la economía circular, un modelo económico de producción y consumo descrito tradicionalmente como una combinación de actividades de reducción, reutilización y reciclaje.Pero la mayoría de las aproximaciones actuales a la economía circular, incorporadas en diversas políticas públicas, están enfocadas en ampliar el ciclo de vida de los productos ya fabricados. No incorporan de manera integral los procesos de extracción de los materiales necesarios para fabricar los productos ni el descarte final de los mismos. Esto reduce considerablemente la protección de la naturaleza y de los territorios durante el ciclo económico.Por eso es importante entender qué es la economía circular y qué debe incluir, en la teoría y en la práctica, para que contribuya realmente a un mundo más sostenible y justo. Economía circular: Definición y desafíosComo alternativa al sistema económico lineal, la economía circular implica cerrar el ciclo económico mediante diversos mecanismos. Estos incluyen la reducción del uso de recursos naturales vírgenes, el aumento del uso de materiales reciclados y la reducción de residuos al mínimo a través de la reparación y reutilización de productos, manteniéndolos en circulación el mayor tiempo posible.Significa también la creación de un valor adicional para productos cuya vida útil terminó cuando sus materiales son utilizados una y otra vez. Frente a nuestro uso continuado y no sostenible de los recursos, el concepto de economía circular está cada vez más presente en diferentes ámbitos.Aunque se trata de un concepto vivo y en evolución, cuando se convierte en política pública, la mayoría de las definiciones de economía circular consideran que su objetivo principal es la prosperidad económica, teniendo el cuidado ambiental como resultado secundario. En 2020, una definición legal de la economía circular en la Unión Europea la consideraba “un sistema económico en el que el valor de los productos, los materiales y otros recursos de la economía se mantiene durante el mayor tiempo posible, mejorando su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo así el impacto ambiental de su uso y minimizando los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las etapas de su ciclo de vida…”.Esta y otras definiciones muestran que los efectos positivos de la economía circular en la naturaleza tienden a darse por sentado, cuando ciertas teorías o prácticas asociadas al concepto pueden en realidad obstaculizar la protección de ecosistemas y de las personas que dependen de ellos.Así está ocurriendo con el tipo de economía circular promovida para que los procesos extractivos ligados a la transición energética, pensada para enfrentar la crisis climática, sean ambientalmente amigables. Economía circular y transición energéticaHistóricamente, actividades extractivas como la minería han degradado ecosistemas y vulnerado derechos humanos en América Latina, generando las llamadas “zonas de sacrificio”.Hoy, para enfrentar la crisis climática, diversos organismos internacionales han posicionado una transición energética que requiere duplicar la producción de energías renovables y la electromovilidad para descarbonizar la matriz energética global.Ello implica al mismo tiempo intensificar la extracción de los denominados minerales "críticos" para el desarrollo de tecnologías limpias. Uno de ellos es el litio, mineral del cual la región posee grandes reservas.Así, lejos de ponerle fin, la transición energética promovida desde el norte global está renovando la histórica tendencia extractivista, generando una gran presión sobre los territorios de América Latina ricos en minerales para la transición, afectando ecosistemas y poblaciones cercanas a las zonas de extracción.En este contexto, la economía circular es difundida como una herramienta para que la explotación minera sea un proceso ambientalmente responsable. Pero las propuestas internacionales al respecto no garantizan la resiliencia de los ecosistemas ni el bienestar de las comunidades.Esto es evidente en países como Argentina, Bolivia y Chile debido a la creciente demanda global de minerales como el litio.Actualmente, la economía circular aplicada a la minería en América Latina está enfocada en los procesos internos de las empresas mineras, pero no en las consecuencias que sus interacciones con ecosistemas y comunidades generan en los territorios de extracción, sin detener la ampliación del extractivismo ni los altos impactos socioambientales causados.La obtención de litio para electromovilidad, por ejemplo, implica una cadena de suministro compleja y transnacional. Esta incluye la extracción del mineral, su refinamiento, la producción de electrodos para baterías, la fabricación de baterías y, finalmente, la de vehículos eléctricos.Con la visión del norte global, aquí la economía circular se aplica principalmente en el reciclaje de baterías y en mejoras industriales para la explotación minera. Pero no incluye medidas para cuidar los límites biofísicos y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas en donde se extraen los minerales, asegurar la restauración ambiental, prevenir daños a las economías locales, garantizar los derechos humanos y reparar aquellos que ya han sido vulnerados. Propuestas desde América Latina para una economía circular justaPara que la transición energética no se convierta en un nuevo proceso extractivo que genere los mismos conflictos e impactos ambientales que sistemáticamente ha causado y que son precursores de la actual crisis climática, es fundamental que la economía circular integre comprehensivamente a los territorios de extracción de minerales.Los esquemas de economía circular deben evitar la creación, expansión y/o profundización de “zonas de sacrificio”; además de reconocer el valor estratégico de los ecosistemas como capital natural de los países y las comunidades, por las funciones ecosistémicas que brindan, entre ellas la provisión de agua dulce y la captura de carbono.Para avanzar hacia una economía circular justa en los territorios de extracción, se deben respetar los siguientes principios:Protección de los derechos humanos de las poblaciones locales, garantizando su permanencia en el territorio y la continuidad de sus actividades económicas, vinculadas a sus medios de vida y a su relación con los ecosistemas.Promoción del equilibrio ambiental conforme a los límites biofísicos de los ecosistemas, reconociendo sus valores intrínsecos, que favorecen la conservación de sus funciones.Internalización de los costos ambientales en las cadenas de valor de los minerales, incorporando en los precios el valor de los servicios ecosistémicos utilizados para su extracción.Conoce más en nuestro informe para políticas públicas Reimaginar la economía circular desde los territorios de extracción. Propuestas desde América Latina.

Mujer contempla un lago en el Altiplano boliviano

Agosto 14 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Minería

Reimaginando la economía circular desde los territorios de extracción: Perspectivas latinoamericanas

La transición energética contemporánea, dependiente de la extracción minera, genera una fuerte presión sobre territorios ricos en minerales. Esto se ve reforzado por diversos instrumentos de gobernanza internacional que, aunque buscan elevar estándares ambientales en las regiones consumidoras de los minerales, presionan a los ecosistemas y a las poblaciones cercanas a las zonas de extracción.En este contexto, la economía circular de los minerales para la transición es difundida como una herramienta para que el proceso sea ambientalmente responsable. Sin embargo, las propuestas internacionales al respecto se enfocan en cómo mantener los minerales en circulación el mayor tiempo posible y restringen la perspectiva de circularidad al control industrial de las acciones mineras. Es necesaria una perspectiva más amplia para garantizar la resiliencia de los ecosistemas que hacen posible la vida biológica, económica y social, junto con las propias actividades mineras en estos territorios.En este webinar reflexionamos en torno a la necesidad de que la concepción de economía circular incluya, de manera comprensiva, a los territorios de extracción de minerales. Esto es fundamental para que la transición energética mundial no se convierta en un nuevo proceso extractivo que genere los mismos conflictos e impactos ambientales que históricamente han sido causados y que son precursores de la actual crisis climática. El diálogo partió de la presentación del policy brief Reimaginar la economía circular desde los territorios de extracción. Propuestas desde América Latina. PanelOrlando Reyes Martínez, Asistente Sénior de Asuntos Económicos, División de Recursos Naturales, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).Teresa Hoffman, Asesora en Política Ambiental y UE-Latinoamérica, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).Javiera Pérez, Abogada y Encargada de Investigación, ONG FIMA.Óscar Campanini, Director Ejecutivo, Centro de información y Documentación de Bolivia (CEDIB).Aroa de la Fuente López, Directora para América Latina y el Caribe, Publish What You Pay.Moderó: Jessica Solórzano, Especialista en Economía, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Más informaciónConsulta e policy brief Reimaginar la economía circular desde los territorios de extracción. Propuestas desde América Latina