Cambio Climático

Audiencia de la CIDH sobre los impactos de la extracción de minerales "críticos"

Noviembre 03 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Ante la CIDH, comunidades y organizaciones alertaron sobre las desigualdades que profundiza la minería para la transición energética

En una audiencia pública regional, comunidades indígenas y organizaciones de América Latina expusieron los impactos de la extracción de minerales “críticos” y reclamaron mayores garantías para la protección de los territorios y los derechos humanos.En el marco del 197.º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Panamá, comunidades indígenas y organizaciones de América Latina participaron de la audiencia pública "Impactos de la extracción de minerales críticos para la transición energética", realizada el 27 de octubre. El encuentro fue convocado de oficio por la propia comisión para abordar las consecuencias ambientales, sociales y territoriales de la creciente demanda de minerales estratégicos, así como los desafíos que plantea para la protección de los derechos humanos en la región."La iniciativa de la CIDH de elaborar un informe sobre minería para la transición y derechos humanos reviste gran relevancia. Ante las intensas presiones geopolíticas y las regresiones ambientales, resulta urgente consolidar estándares interamericanos que protejan ecosistemas clave para el agua y garanticen los derechos humanos en el marco de la transición energética", señaló Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).La audiencia puso en discusión una de las principales contradicciones de la transición energética: mientras se presenta como una respuesta urgente a la crisis climática, los proyectos extractivos que avanzan en su nombre reproducen y profundizan desigualdades históricas. Los beneficios económicos y tecnológicos se concentran en determinados sectores y regiones, mientras los impactos en el agua, los ecosistemas y las formas de vida recaen principalmente en las comunidades que habitan los territorios de extracción.Desde la Alianza por los Humedales Andinos, AIDA, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Asamblea Pucará participamos de este espacio para visibilizar las preocupaciones de las comunidades frente al avance de la minería de litio en los humedales andinos y las dificultades para acceder a la información, participar en las decisiones y obtener protección judicial efectiva. En un contexto de creciente presión sobre estos ecosistemas, la audiencia abrió una oportunidad para cuestionar las desigualdades que atraviesan la transición energética y proponer estándares para enfrentar los vacíos de protección frente a la minería para la transición en la región del Gran Atacama. Las voces de las comunidades y organizaciones ante la CIDH Proteger los ecosistemas y reducir la presión extractivaYeny Rodríguez Junco, abogada sénior del Programa de Territorios de AIDA, planteó que la transición energética necesita discutir no solo cómo se extraen los minerales, sino también para qué se utilizan y qué niveles de consumo sostienen su demanda."Los actuales patrones de producción y consumo son insostenibles”, señaló durante su intervención, en la que propuso limitar la nueva minería a lo esencial, reducir la demanda de minerales y fortalecer la protección de ecosistemas sensibles, especialmente aquellos fundamentales para el agua.Desde AIDA se solicitó avanzar hacia estándares regionales que hagan frente a las regresiones en materia ambiental y prioricen la protección de las fuentes de agua, los territorios indígenas y los ecosistemas estratégicos frente a la expansión de la frontera extractiva.Acceso a la justicia y participación de las comunidades indígenasMarcia Guitián, integrante de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, compartió la experiencia de su comunidad en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, Argentina, donde la expansión de la minería de litio plantea crecientes preocupaciones sobre la disponibilidad de agua y el futuro del territorio.Durante su intervención, denunció las barreras que enfrentan las comunidades para acceder a información técnica, participar de las evaluaciones ambientales y lograr que sus observaciones sean consideradas por la Justicia."Sin información accesible ni tiempo para prepararnos, la participación se vuelve una formalidad”, señaló Guitián, quien reclamó audiencias públicas judiciales, visitas de jueces y juezas a los territorios y una valoración rigurosa de los informes técnicos independientes.También advirtió sobre las presiones denunciadas por la comunidad en el marco de evaluaciones mineras privadas, como IRMA, y la necesidad de que estos mecanismos no sustituyan las responsabilidades estatales. "Participar en una evaluación privada no significa otorgar nuestro consentimiento", afirmó.Las disputas por los minerales y la protección de las inversionesPía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta y directora del Área de Política Ambiental de FARN, abordó las tensiones entre el sistema internacional de protección de inversiones y las obligaciones de los Estados en materia ambiental y de derechos humanos.En un escenario de creciente disputa geopolítica por los minerales estratégicos, advirtió que los tratados de inversión y los mecanismos de arbitraje internacional pueden limitar la capacidad de los Estados para adoptar medidas de protección ambiental, especialmente cuando las empresas pueden reclamar indemnizaciones frente a nuevas regulaciones."Las obligaciones interamericanas exigen que los Estados preserven su espacio regulatorio y negocien instrumentos de inversión que sean coherentes con dichas obligaciones, además de reconocer expresamente el efecto disuasorio de las elevadas indemnizaciones. Mientras no se reformen o rescindan los tratados vigentes, esas mismas obligaciones interamericanas deben guiar su interpretación", sostuvo Marchegiani.Desde FARN se planteó la necesidad de revisar los tratados de inversión existentes y garantizar que los regímenes destinados a atraer capitales no condicionen las políticas públicas ni debiliten las obligaciones de protección ambiental, consulta y participación de las comunidades.Un compromiso para avanzar en la protección de los derechos humanosLa audiencia concluyó con el reconocimiento de las preocupaciones planteadas por las comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Desde la CIDH se destacó la importancia de profundizar el análisis de estas problemáticas y se reafirmó el compromiso del organismo de dar continuidad a los aportes recibidos, ampliando su tratamiento en futuros informes y recomendaciones sobre minería, transición energética y derechos humanos.La comisionada Gloria Monique de Mees, quien presidió la audiencia, agradeció las intervenciones de la sociedad civil y destacó que una transición justa no puede medirse únicamente por la reducción de emisiones, sino también por el lugar que ocupan las voces de las comunidades indígenas, afrodescendientes y las juventudes en las decisiones que afectan sus territorios y su futuro.Desde la Alianza por los Humedales Andinos, regresamos a nuestros territorios para continuar el trabajo cotidiano junto a las comunidades, acompañando sus demandas, fortaleciendo la defensa de los humedales, salares y bofedales, y exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Los espacios regionales e internacionales nos permiten amplificar sus voces, pero la protección del agua se sostiene día a día junto a quienes habitan y cuidan estos lugares que sostienen la vida.

Presentación de un informe sobre la CAF en la XI Semana de la Energía, en Panamá

Noviembre 03 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos

XI Semana de la Energía: Un balance del rumbo de la transición energética en América Latina

Por Verónica Méndez, Geraldine Izaguirre y Jordan Cruz* Cada año, la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) organiza la Semana de la Energía, un encuentro que reúne a ministros, ministras y máximas autoridades del sector energético de sus 27 países miembros en sesiones de alto nivel.Las decisiones ministeriales adoptadas ahí marcan la pauta de políticas públicas y regulaciones energéticas. Este 2026, la cita fue del 5 al 9 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana.A diferencia de 2025, cuando la agenda estuvo enfocada en la narrativa del gas como combustible de transición y el respaldo a las energías renovables, este año la mayoría de las conversaciones giró en torno a la seguridad, confiabilidad y resiliencia de los sistemas eléctricos, con el almacenamiento como una de las respuestas centrales. Sin embargo, el gas no desapareció del todo y la crisis climática estuvo ausente.AIDA estuvo en el encuentro para actualizarse sobre las tecnologías energéticas que se están impulsando y para dar seguimiento a las propuestas y declaraciones de los gobiernos. Participamos además en eventos paralelos organizados por la sociedad civil acerca de la salida responsable de los combustibles fósiles y la autogeneración de energía. A continuación, nuestro balance del evento. Lo que destacamosLa voz de las juventudes. En 2025, organizaciones juveniles lograron un espacio propio, reconocido por la OLACDE, como antesala de la agenda principal. Este año, el espacio continuó y algunos representantes de las organizaciones pudieron participar e intervenir en reuniones ministeriales. La Decisión LVI/D/588 institucionalizó esa participación al crear el Consejo Regional de Juventudes en Energía de la OLACDE, espacio permanente de diálogo con autoridades.Seguridad energética más allá de los fósiles. Se reconoció que la transición está en marcha y que las renovables enfrentan retos como la gestión del reciclaje y la confiabilidad y resiliencia de los sistemas eléctricos. Más que revivir la narrativa de las centrales fósiles como única solución, los debates se centraron en dos alternativas: los sistemas de almacenamiento para fortalecer la red y la eficiencia energética para optimizar la gestión de la demanda.La inteligencia artificial y los centros de datos. Un panel sirvió para reflexionar acerca del gran consumo energético de los centros de datos. Esto requiere que su inserción sea planificada y regulada con ética humanista, que se alimenten de energía renovable y con altos estándares de eficiencia energética, impulsando el desarrollo económico local. La Decisión LVI/D/586 reconoció los desafíos de la inteligencia artificial, instando a los Estados miembros a promover principios de humanismo, equidad y responsabilidad ambiental. Electrificación. La electrificación puede ayudar a descarbonizar sectores de alta demanda energética como el transporte y la industria, aún dependientes de fuentes fósiles que muchas veces se importan. Así, la Decisión LVI/D/587 encargó a la Secretaría de la OLACDE un diagnóstico regional del avance de la electrificación de los consumos finales y de los retos pendientes, además de apoyar a los Estados en la implementación de marcos regulatorios habilitantes.Economía circular. Por primera vez en la agenda energética regional, se planteó el desafío de gestionar los residuos del crecimiento de la energía renovable y de los sistemas de almacenamiento a gran escala. Con las primeras centrales renovables cumpliendo sus ciclos operativos, la Decisión LVI/D/589 dio un primer paso hacia una estrategia regional de economía circular en el sector energético, encargando a la Secretaría de la OLACDE un diagnóstico regional al respecto. Metano. La industria gasífera admitió que la mitigación del metano es una necesidad urgente, dando un impulso a la Cumbre del Metano y al Observatorio de Emisiones de Metano de América Latina. Lo que faltóLa crisis climática como contexto. No se habló de las metas climáticas de mitigación y adaptación de los Estados en el marco del Acuerdo de París y las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas, que han recordado la necesidad de salir de las fuentes fósiles e ingresar a la energía limpia. Aunque se habló del fenómeno de El Niño como amenaza a la seguridad energética, no se mencionó que el cambio climático potencia sus impactos. Y el gas fue presentado nuevamente como “combustible de transición”. En una sesión, CAF y el Banco Mundial expresaron su intención de seguir financiando su ingreso y expansión, sometiendo a los países al riesgo de profundizar su dependencia con infraestructura pensada para operar durante décadas (lock-in). Ninguna decisión ministerial abordó esta cuestión.La mirada socioambiental. No se habló de los estándares de derechos humanos y protección de ecosistemas que deben cumplir los proyectos renovables a gran escala y las tecnologías complementarias como el almacenamiento. Tampoco se abordó la eficiencia energética, la gestión de demanda, el cierre y salida de centrales térmicas ni las reconversiones que vienen registrándose.La autogeneración de energía. El tema sigue al margen de las discusiones sobre cómo transicionar. No se planteó que la transición, para ser justa, debe en muchos casos transformar la relación de las comunidades con la energía, lo que puede lograrse mediante proyectos de autogeneración energética. Sin embargo, la Decisión LVI/D/581, sobre Transición Energética Justa con las Comunidades Cercanas a Proyectos de Energía, abrió una oportunidad frente a esta omisión.La participación efectiva de la sociedad civil. Si bien la sociedad civil ha ido ganando espacio en la Semana de la Energía, este aún es reducido y, fuera de las juventudes, no existen mecanismos permanentes de participación. Lo que sigueLo que la OLACDE dejó fuera es justamente lo que marca el camino hacia adelante. Desde AIDA invitamos a las organizaciones que dan seguimiento a la transición energética a:Supervisar la implementación de las decisiones ministeriales adoptadas, en especial las referidas a comunidades, electrificación, economía circular, almacenamiento, juventudes e inteligencia artificial; y usar la Decisión LVI/D/581 para incluir la autogeneración en las discusiones.Conectar la agenda abordada con los compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la COP31 para que la OLACDE reconozca la crisis climática y los acuerdos de los países como contexto y brújula de sus decisiones sobre energía, lo que nos lleva en particular a frenar la narrativa del gas como combustible de transición. Exigir salvaguardas socioambientales para los proyectos renovables de gran escala y el almacenamiento, y poner atención a los procesos de cierre y reconversión de centrales térmicas para que se hagan responsablemente.Impulsar metas claras de reducción de metano, sin que esto se lea como aceptación del gas como combustible de transición y aprovechando la próxima Cumbre Regional de Metano de la OLACDE, un espacio clave para incidir por metas claras y mecanismos de seguimiento.Fortalecer la participación de la sociedad civil, consolidando el espacio de las juventudes y abriendo mecanismos permanentes para el resto de la sociedad civil. La Semana de la Energía mostró que la transición en la región avanza en tecnologías, pero con poca presencia de las comunidades. Para que la transición sea justa y se sostenga en el tiempo, es fundamental escuchar las voces de los territorios donde esta se materializa y no solo al sector privado. La creciente presencia de la sociedad civil, con las juventudes ya institucionalizadas en un consejo, es un primer paso. Esperamos que en las próximas ediciones ese espacio se fortalezca. *Verónica Méndez es coordinadora de la Línea de Energía Limpia de AIDA, Geraldine Izaguirre es abogada sénior del Programa de Clima y Jordan Cruz es científico becario.

Octubre 15 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fracking

Hablemos de los compromisos climáticos de CAF

En este seminario web, lanzamos Narrativa verde, financiamiento fósil: CAF frente a sus compromisos climáticos, informe elaborado por AIDA, y abrimos un debate sobre el papel del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el financiamiento de la transición energética en el continente.A partir de los hallazgos del informe, y de la mano de personas expertas, examinamos las tensiones entre el posicionamiento de CAF como banco verde y su apoyo a proyectos de combustibles fósiles, en particular de gas. Reflexionamos así en torno a su potencial para desempeñar un rol más ambicioso y coherente en la promoción de una transición energética justa y alineada con los compromisos climáticos de la región. PanelIvahanna Larrosa, Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.Ariel Slipak, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).Moderó: Santiago Cané, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Grabación Más informaciónConsulta el informe en español y portugués.

Octubre 12 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos

Narrativa verde, financiamento fóssil: A CAF diante de seus compromissos climáticos

O Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) destaca-se por seu potencial como peça-chave para impulsionar a transição energética na região. A instituição manifestou um firme compromisso de se tornar o banco verde do continente, aspirando a liderar o financiamento de projetos que promovam um desenvolvimento sustentável e resiliente, alinhado às metas climáticas globais. Dada sua capacidade de mobilizar recursos e sua influência nos mercados regionais, a CAF tem o potencial de desempenhar um papel estratégico na transformação rumo a economias de baixo carbono.Esse papel adquire uma urgência especial no contexto energético de 2026. A guerra no Oriente Médio, iniciada em 28 de fevereiro, e a forte interrupção do tráfego no Estreito de Ormuz expuseram novamente a vulnerabilidade dos mercados energéticos diante de choques geopolíticos e de abastecimento. Nesse contexto, as decisões das instituições multilaterais de desenvolvimento podem contribuir para diversificar a matriz energética regional ou aprofundar a dependência de novas infraestruturas baseadas em combustíveis fósseis.No entanto, o posicionamento verde da CAF coexiste com tensões significativas em sua prática institucional. Sua lista de exclusão não inclui restrições ao carvão, ao petróleo ou ao gás por motivos climáticos, ao contrário de outras instituições financeiras de desenvolvimento que o fizeram. No caso do gás, a CAF vai além de simplesmente não excluí-lo, promovendo-o ativamente dentro de sua agenda de transição energética, classificando-o como "recurso renovável" e continuando a financiar infraestrutura de gás. Tal classificação tem sido amplamente questionada pelas evidências científicas, que mostram que as emissões de metano — principal componente do gás — ao longo de toda a cadeia apresentam um potencial de aquecimento global significativamente superior ao do dióxido de carbono em horizontes de curto prazo; por isso, devem ser incorporadas a qualquer avaliação de compatibilidade com as trajetórias climáticas. Essa avaliação deve considerar também os riscos de lock-in. A essas tensões soma-se uma dimensão institucional. A disponibilidade limitada de informações sistematizadas sobre as operações da CAF, particularmente no setor privado, dificulta a avaliação integral dos impactos sociais, ambientais e climáticos dos projetos financiados. Em comparação com outras instituições financeiras de desenvolvimento (IFD), persistem lacunas em matéria de transparência e prestação de contas, o que afeta seu posicionamento como banco de desenvolvimento alinhado à sustentabilidade.Nesse contexto, o presente relatório tem como objetivo analisar a coerência entre a narrativa institucional da CAF como banco verde e suas decisões de financiamento no setor energético. Para isso, são examinados seus investimentos em gás fóssil, os impactos associados e o marco internacional aplicável em matéria de mudanças climáticas e financiamento sustentável. A partir dessa análise, identificam-se lacunas e propõem-se elementos que permitam fortalecer seu papel em uma transição energética justa, coerente com os compromissos climáticos internacionais. Leia e baixe o relatório

Flamencos en una laguna altonadina en Bolivia

Octubre 01 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos, Minería

¿Quién paga por la transición energética? Voces por justicia desde Argentina, Bolivia y Chile

Semana Alternativa de las Materias Primas 2026 La expansión de la minería del litio y la extracción de otros minerales considerados "críticos" para la transición energética —impulsada por el norte global, incluida la Unión Europea— ya afecta, o amenaza con afectar, a territorios complejos y a vidas enteras en América Latina. En el centro de este problema se encuentra la región del Gran Atacama, un complejo de ecosistemas milenario situado en la frontera entre Argentina, Chile y Bolivia, rico en vida natural y cultural, reducido por la industria minera a la etiqueta de "Triángulo del Litio".Los impactos de esta minería no son fortuitos. Son el resultado de decisiones económicas y políticas tomadas desde fuera por gobiernos, empresas e instituciones financieras. Quienes viven en el Gran Atacama no solo asumen los costos de un modelo de transición energética que no han elegido, sino que sus puntos de vista rara vez se tienen en cuenta.En este seminario web, AIDA presentó "Territorios bajo amenaza: vidas afectadas por la fiebre del litio en Argentina, Bolivia y Chile", una página web multimedia e interactiva que amplifica las voces de las comunidades que defienden sus hogares, su cultura, sus conocimientos y sus formas de vida frente a esta nueva ola de extractivismo. El sitio web incluye imágenes, testimonios, relatos y diversos elementos visuales para reforzar una narrativa que prioriza la vida y sirve como herramienta para la defensa territorial. La presentación del sitio web estuvo acompañada de intervenciones de representantes de organizaciones que defienden los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en la región del Gran Atacama. PanelYeny Rodríguez, AIDA: Bienvenida e introducción.Víctor Quintanilla, AIDA: Presentación del sitio web "Territorios bajo Amenaza".Verónica Gostissa, Asamblea Pucará: Protección de derechos en Argentina. Vivian Lagrava, Colectivo de Derechos Humanos Empodérate: Protección de derechos en Bolivia.Antonio Pulgar, ONG FIMA: Protección de derechos en Chile. Grabación

Cattle pass by a wetland in Catamarca, Argentina

Septiembre 28 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos, Minería

Una transición de materias primas en vez de una carrera por materias primas: Sociedad civil pide un cambio de rumbo en la política sobre materias primas

Berlín. Desde hoy y hasta el 8 de octubre, más de 35 organizaciones de Alemania y varios otros países compartirán sus perspectivas sobre la extracción de materias primas y la justicia global durante la Semana Alternativa de las Materias Primas. Lo harán en 25 eventos donde se abordará la economía circular, los derechos humanos y la protección ambiental. La semana está pensada como una intervención de la sociedad civil en la actual política internacional sobre materias primas. El evento destacado será la Cumbre de Materias Primas, que tendrá lugar el 6 de octubre.Mientras Alemania y la Unión Europea aseguran su abastecimiento de materias primas críticas e impulsan nuevos proyectos relacionados con ellas, una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil advierte que no se deben sacrificar los estándares ambientales, de derechos humanos y de participación en aras de acelerar esta provisión.Hannah Pilgrim, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Materias Primas e impulsora de la Semana Alternativa de las Materias Primas, señaló: "El gobierno federal está estableciendo prioridades totalmente equivocadas con su política de materias primas. No puede mantener el ritmo en una carrera contra China o Estados Unidos. En cambio, debería enfocarse en una política de materias primas sostenible que priorice la reducción de las dependencias externas mediante la disminución del consumo de materias primas y la expansión de la economía circular. Para que los países aliados, ricos en materias primas, lo tomen en serio, debe defender los estándares que tanto costó lograr en materia de derechos humanos y ambiente. A través de la Semana Alternativa de las Materias Primas, reunimos las voces que deben escucharse con mayor claridad en el debate actual: desde las regiones mineras, el mundo académico, los sindicatos y la sociedad civil internacional".Víctor Quintanilla-Sangueza, coordinador de contenido de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), dijo: "La política europea de materias primas implica riesgos significativos para los pueblos de América Latina debido a los graves impactos ambientales y sociales asociados a la extracción de litio, cobre y otras materias primas. Por eso nos sumamos a foros de debate clave —como el que propicia la Semana Alternativa de las Materias Primas—, para amplificar las voces de las comunidades afectadas. Estamos contrarrestando la narrativa predominante de la transición energética con otra que pone la vida en el centro. Cuestionamos quién establece las reglas para los procesos de transición en el norte global y quién asume los costos. Llevamos a cabo este trabajo en colaboración con comunidades y organizaciones de América Latina, incluida la Alianza por los Humedales Andinos".Durante la Semana Alternativa de las Materias Primas, varios de las personas invitadas —de Argentina, Bolivia, la República Democrática del Congo y Portugal— estarán disponibles para entrevistas. A continuación, una selección de ellas:Pía Marchegiani - FARN, ArgentinaNik Völker - MiningWatch Portugal Consulta la agenda de eventosContactos de prensaAK Rohstoffe | [email protected] | + 49 (0)30 41 93 41 82Prensa | [email protected] | +49 1577 7764 847

Septiembre 24 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos

Narrativa verde, financiamiento fósil: CAF frente a sus compromisos climáticos

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destaca por su potencial como pieza clave para impulsar la transición energética en la región. La institución ha expresado un firme compromiso de convertirse en el banco verde del continente, aspirando a liderar el financiamiento de proyectos que promuevan un desarrollo sostenible y resiliente, alineado con las metas climáticas globales. Dada su capacidad para movilizar recursos y su influencia en los mercados regionales, CAF tiene el potencial de desempeñar un rol estratégico en la transformación hacia economías bajas en carbono.Este rol adquiere una urgencia particular en el contexto energético de 2026. La guerra en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero, y la fuerte disrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz expusieron nuevamente la vulnerabilidad de los mercados energéticos frente a shocks geopolíticos y de suministro. En ese contexto, las decisiones de las instituciones multilaterales de desarrollo pueden contribuir a diversificar la matriz energética regional o profundizar la dependencia de nueva infraestructura fósil.Sin embargo, el posicionamiento verde de CAF convive con tensiones relevantes en su práctica institucional. Su lista de exclusión no incluye restricciones para el carbón, el petróleo o el gas por motivos climáticos, a diferencia de otras instituciones financieras de desarrollo que sí lo han hecho. En el caso del gas, CAF va más allá de simplemente no excluirlo, al promoverlo activamente dentro de su agenda de transición energética, clasificándolo como "recurso renovable" y continuando con el financiamiento de infraestructura gasífera. Dicha clasificación ha sido ampliamente cuestionada por la evidencia científica, que muestra que las emisiones de metano, principal componente del gas, a lo largo de la cadena tienen un potencial de calentamiento global significativamente superior al del dióxido de carbono en horizontes de corto plazo, por lo que debe incorporarse a cualquier evaluación de compatibilidad con las trayectorias climáticas. Esa evaluación debe considerar también los riesgos de lock-in. A estas tensiones se suma una dimensión institucional. La limitada disponibilidad de información sistematizada sobre las operaciones de CAF, particularmente en el sector privado, dificulta evaluar de manera integral los impactos sociales, ambientales y climáticos de los proyectos financiados. En comparación con otras instituciones financieras de desarrollo (IFD), persisten brechas en materia de transparencia y rendición de cuentas, lo que afecta su posicionamiento como banca de desarrollo alineada con la sostenibilidad.En este contexto, el presente informe tiene por objetivo analizar la coherencia entre la narrativa institucional de CAF como banco verde y sus decisiones de financiamiento en el sector energético. Para ello, se examinan sus inversiones en gas fósil, los impactos asociados y el marco internacional aplicable en materia de cambio climático y financiamiento sostenible. A partir de este análisis, se identifican brechas y se proponen elementos que permitan fortalecer su rol en una transición energética justa, coherente con los compromisos climáticos internacionales. Lee y descarga el informe

Agricultor en la región del Quinío, Colombia

Septiembre 15 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos, Minería

Victoria para la justicia climática: Colombia incluye obligaciones climáticas en estudios de impacto ambiental

En Colombia, un caso que empezó como una exigencia para el sector carbón terminó convirtiéndose en una regulación para todos los proyectos que requieren un licenciamiento ambiental en el país.Se trata de la publicación de la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales, una "llave maestra" regulatoria que exige cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e incluir medidas de mitigación y adaptación climática en proyectos de minería, hidrocarburos, energía e infraestructura, entre otros.Dicha metodología fue publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia a finales de julio de 2026, en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado dictada en 2023.Esta importante resolución fue resultado de una acción de cumplimiento presentada por una coalición liderada por AIDA e integrada también por el Colectivo de Abogados y Abogadas "José Alvear Restrepo" (CAJAR), Censat Agua Viva, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), POLEN Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena e investigadores.La nueva metodología para estudios ambientales representa un gran avance para mejorar la protección del derecho a un ambiente sano y la garantía del derecho a un clima sano a través de medidas preventivas.También significa una victoria para el litigio climático en la región en la que se evidenció que el Estado colombiano incumplió compromisos climáticos específicos, y se logró un fallo que ordenara a una de las autoridades competentes adoptar acciones concretas para la adecuada gestión climática.La estrategia empleada y el precedente alcanzado bien pueden ser replicados en otros países de la región. Un camino de tres años hacia la justicia climáticaEn mayo de 2023, AIDA lideró la coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento, investigadores y una universidad que presentó una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El objetivo era exigir que se cumplieran las leyes relacionadas con el manejo de la crisis climática en el sector carbón.En Colombia, ni la normativa ambiental ni la de gestión del cambio climático contemplan la mitigación de GEI ni los impactos climáticos generados por el sector carbón, pese a la relevancia en el país de los proyectos carboníferos y al rol de estos en la profundización de la crisis climática.Colombia es el mayor extractor y exportador de carbón de América Latina por un amplio margen: en 2024, concentró el 87.67 % de la extracción regional y el 99.84 % de las exportaciones, con un peso relevante en su balanza comercial e infraestructura ferroviaria y portuaria. Además, ocupa el tercer lugar regional en su consumo final (24.52 %) y en los últimos 12 meses casi el 5% de la electricidad del país se generó a partir de carbón.Pero sin una regulación específica, las autoridades ambientales carecen de herramientas para establecer medidas efectivas para prevenir, mitigar y gestionar los impactos climáticos de la actividad carbonífera.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a la coalición en primera instancia. Y el Consejo de Estado —la máxima autoridad en asuntos administrativos del país—, la confirmó en segunda instancia. De modo que le ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1931 de 2018, norma que establece las acciones mínimas que el país debe realizar para honrar sus compromisos climáticos a nivel internacional.Y aquí es donde el caso logró ir más allá de su objetivo inicial: la sentencia generó una obligación específica para el ministerio de regular la inclusión de impactos climáticos no solo en los proyectos del sector carbón, sino en todos los proyectos que requieren licencia ambiental. Es decir, incluye al sector minero, de hidrocarburos, energético y de infraestructura, entre otros.Esto implica, entre otras cosas, cuantificar las emisiones de GEI de dichos proyectos y evaluar cómo las medidas de compensación ambiental pueden aportar al cumplimiento de los compromisos climáticos de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.También se le ordenó a la entidad de gobierno expedir la resolución mediante la cual se adopte el Reporte Obligatorio de Emisiones, lo que significaría que los grandes emisores de gases de efecto invernadero sean obligados a reportar anualmente el número total de emisiones de forma desagregada. De igual modo, se le ordenó expedir el plan de gestión de cambio climático del sector ambiente y gestionar acciones de coordinación con los planes territoriales de cambio climático. Una sentencia relevante y replicableLa publicación de la metodología para estudios ambientales, por parte del Ministerio de Ambiente, marca un hito en materia de licenciamiento ambiental al incorporar procedimientos específicos para que, desde los estudios de impacto ambiental, se consideren los impactos climáticos generados por los proyectos que buscan ser licenciados.Asimismo, incluye un enfoque sobre licenciamiento ambiental y derechos humanos, consideraciones sobre emisiones indirectas y una serie de nuevos lineamientos para la evaluación de los impactos ambientales de los proyectos.También, sienta un precedente regulatorio que evidencia, en la práctica, la inviabilidad climática de nuevos proyectos de extracción y quema de carbón.Se trata, en suma, de un instrumento regulatorio que busca cerrar vacíos en los procesos de licenciamiento ambiental, así como fortalecer la evaluación de las falencias asociadas a los impactos climáticos de determinados proyectos, particularmente del sector carbonífero. Y que incorpora una perspectiva de derechos humanos, algo que ocurre por primera vez dentro de un proceso de licenciamiento ambiental.Su alcance es ambicioso: una mayor exigencia técnica y de gestión climática elevaría los costos de cumplimiento de proyectos a carbón —encareciéndolos frente a alternativas más limpias— y podría contribuir a las estrategias de sustitución del carbón en el marco del cumplimiento de las obligaciones climáticas del país.Las órdenes de la sentencia del Consejo de Estado no se agotan con la publicación de la metodología. También existen otras órdenes que buscan incorporar lineamientos específicos para la gestión del cambio climático.Entre ellos, el Reporte Obligatorio de Emisiones, una herramienta clave para establecer procesos de monitoreo, verificación y control de las acciones de mitigación que implementen los grandes generadores de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el ministerio solamente publicó un borrador de la resolución que adopta tal instrumento que, de concretarse, representaría un avance regulatorio único en la región y con un gran potencial de ser replicado.En otras palabras, la sentencia del Consejo de Estado constituye un precedente muy importante para la región por dos razones: demuestra que el litigio estratégico puede traducirse en acciones regulatorias concretas para enfrentar la crisis climática, y evidencia la necesidad de actualizar los marcos normativos para incorporar medidas específicas de mitigación y adaptación al cambio climático en sectores y procedimientos concretos.Por ello, será importante diseñar estrategias que permitan replicar en otros países de la región tanto el enfoque de litigio como los resultados alcanzados durante la implementación.

Vista panorámica de la ciudad de Santiago en Chile.

Septiembre 02 2026 Cambio Climático, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Derecho a respirar aire limpio: De su reconocimiento a su garantía efectiva en América Latina

El derecho a respirar aire limpio es un derecho humano emergente y conexo con los derechos a la salud y a la vida. Su contenido material se encuentra plenamente comprendido dentro del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible, reconocido por el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Resolución 76/300 de la Asamblea General de la ONU y el artículo 11 del Protocolo de San Salvador. El derecho a un ambiente sano también está reconocido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH); especialmente en las Opiniones Consultivas 23/17 y 32/25, así como en la sentencia del caso La Oroya vs. Perú, que imponen a los Estados deberes de prevención, regulación y debida diligencia reforzada frente a los riesgos ambientales.Este derecho emergente exige a los Estados adoptar medidas integradas de regulación, supervisión y fiscalización que aseguren el cumplimiento de estándares mínimos de calidad del aire. Ello implica establecer estándares de calidad del aire basadas en evidencia sanitaria y científica; regular emisiones y actividades productivas conforme a criterios de exposición poblacional; implementar sistemas de monitoreo abiertos, interoperables y accesibles al público; y garantizar mecanismos eficaces de inspección, sanción y reparación, con especial atención a las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. En este contexto, el reconocimiento del derecho a respirar aire limpio como derecho emergente y operativo permite avanzar hacia un estándar regional de protección integral. Su exigibilidad se sustenta en la obligación general de los Estados de proteger el ambiente y en el deber específico de garantizar condiciones ambientales compatibles con la salud y la vida humana.Retomando los diferentes elementos del derecho a respirar aire limpio, este informe ofrece un análisis del panorama de la calidad del aire en América Latina y de las obligaciones de regulación, supervisión y fiscalización indispensables para la garantía de este derecho. El análisis comparado incluyó a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, evidenciando el estado de avance de estos países en aspectos como estándares de calidad del aire, redes de monitoreo y medidas de supervisión y fiscalización. A partir de la situación identificada, el informe contiene recomendaciones de política pública indispensables para avanzar hacia la protección efectiva de este derecho. Lee y descarga el informe

Panel solar en una comunidad de Cuetzalan, México

Agosto 18 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos

Autogeneración: Cómo democratizar el acceso a la energía

En el modelo tradicional y dominante, la electricidad es producida por grandes centrales y es distribuida en extensas redes que comprenden un sistema eléctrico. Son actividades reservadas a grandes compañías eléctricas, de propiedad privada o gubernamental. Por tanto, el sistema energético actual, basado en fuentes fósiles —carbón, gas y petróleo—, no solo es una de las principales causas de la crisis climática mundial, sino que también es inequitativo porque está concentrado en pocas manos, además de limitar el acceso a los recursos y la participación pública en la toma de decisiones. Esto exige que la transición energética no consista únicamente en un cambio de matriz energética, sino en la construcción de un nuevo sistema energético que —entre otras cosas— permita democratizar el acceso a la energía en base a fuentes limpias y renovables. La autogeneración de energía, como modelo descentralizado de producción, es una oportunidad para caminar en ese sentido. ¿Qué significa el acceso democrático a la energía?La energía es necesaria para que las personas puedan acceder a mejor alimentación, agua limpia, oportunidades laborales, educación y otros derechos. Por tanto, la energía es también un derecho y una condición para garantizar el goce de otros derechos humanos. Y la democracia energética es un principio y también un movimiento que busca que las decisiones sobre la energía —cómo se genera, quién la genera y quién se beneficia– estén en manos de la gente y no concentradas en grandes empresas o élites, priorizando el uso de energías limpias y renovables, además de sistemas descentralizados, con un enfoque de justicia social. Por tanto, el acceso democrático a la energía implica:Control comunitario de los recursos energéticos.Participación ciudadana en la planificación energética.Distribución equitativa de beneficios. Esto contrasta con los sistemas tradicionales centralizados, a menudo monopólicos, que han generado inequidades traducidas en, por ejemplo, comunidades que pagan tarifas elevadas por la electricidad o que sufren los impactos de esta cuando se genera a gran escala, pero sin tener voz en las decisiones que les afectan.En América Latina, la incorporación activa de comunidades indígenas, rurales y tradicionales en proyectos energéticos se vislumbra como un pilar para alcanzar una transición con justicia social y ambiental, cerrando brechas de acceso a la energía y fortaleciendo la democracia energética.En este sentido, la autogeneración de energía es la materialización de la democracia energética al permitir que comunidades enteras administren sus decisiones sobre energía y se reapropien de eslabones clave de la cadena de valor eléctrica, como la generación y la gestión. ¿Qué es la autogeneración de energía?La autogeneración es un modelo descentralizado de producción de electricidad que aprovechafuentes de energía limpias y renovables (como el sol, el agua o el viento), disponibles localmente. Este esquema es empleado en proyectos que muchas veces son de pequeña escala y que las personas pueden aprovechar de forma individual o colectiva para atender sus necesidades energéticas en ámbitos urbanos o rurales e incluso en zonas alejadas de las redes de distribución.Es un modelo que permite avanzar, desde lo local, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero — que agravan la crisis climática— sin repetir el modelo extractivista. Reconoce el derecho de las comunidades de generar su propia energía para atender sus necesidades y contribuye, al mismo tiempo, a reducir los niveles de pobreza energética y la dependencia de redes eléctricas centralizadas.La autogeneración de energía puede desarrollarse bajo dos modalidades:Generación distribuida: Un esquema de autoproducción a pequeña escala, con conexión a redes de distribución cercanas para inyectar la energía excedente.Sistemas autónomos (off-grid): Un esquema de autoproducción de circuito cerrado y desconectado de las redes de distribución. En este modelo, las personas usuarias dejan de ser agentes pasivos para desempeñar un papel activo en la generación y gestión de energía desde el lugar donde se encuentren. Una persona o comunidad autogeneradora produce y a la vez consume energía. Ejemplos de autogeneración de energía en América LatinaExisten a lo largo del continente casos de éxito en la implementación del modelo de autogeneración que fortalecen el movimiento regional por la democratización de la energía. A continuación, algunos ejemplos:México - "Energía para el Yeknemilis (Buen Vivir)". Iniciativa comunitaria desarrollada en la Sierra Nororiental de Puebla para promover la soberanía energética desde el territorio mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos en espacios de uso comunitario.Colombia - Proyecto solar comunitario en Isla Fuerte. Instalación de una microrred solar con baterías (150 kW pico y 348 kWh de almacenamiento), no conectada al Sistema Interconectado Nacional, capaz de abastecer de electricidad continua a los 250 hogares de la isla caribeña.Brasil - Cooperativa de Energía Renovable Percília e Lúcio. Iniciativa comunitaria, fundada por la ONG Revolusolar y desarrollada por residentes de las favelas Morro da Babilônia y Chapéu Mangueira en Río de Janeiro. Allí se instalaron paneles solares que lograron reducir las tarifas eléctricas en más de un 50%.Chile - Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curicó. Iniciativa de origen comunitario que opera en la Región del Maule con la instalación de paneles solares para suministrar energía eléctrica a las redes rurales y a instalaciones comunitarias. Desafíos para la autogeneración de energíaPese a los avances, la implementación masiva y efectiva de este modelo enfrenta desafíos importantes en el continente. Los principales son:Regulación inadecuada (compleja o insuficiente). A menudo, la regulación interna de los países dificulta o hace imposible implementar este tipo de esquemas. Esto se debe a limitaciones a la cantidad de megavatios (MW) que se puede producir, requisitos contractuales complejos o falta de figuras jurídicas adecuadas.Financiamiento limitado. Muchos hogares de bajos ingresos no pueden costear la inversión inicial en paneles solares u otras tecnologías. Y los apoyos gubernamentales o créditos para estos proyectos son escasos. El riesgo es que la autogeneración quede concentrada en quienes tienen la capacidad económica para implementarla, excluyendo a los sectores de la población más afectados por la pobreza energética.Infraestructura eléctrica ineficiente. Las redes locales, muchas veces, no tienen la capacidad suficiente o técnica para integrar la energía generada de forma descentralizada, lo que limita el aprovechamiento de la inyección de energía excedente. Además, la inclusión de sistemas de almacenamiento ante la variabilidad de las energías renovables, así como la falta de respaldo de red, incrementan los costos de los proyectos. Autogeneración de energía, un camino sólido hacia la transición justaLa búsqueda de un acceso equitativo a la energía con herramientas como la autogeneración es congruente con la necesidad de garantizar que la transición energética ponga a las personas en el centro y priorice como objetivo final mejorar sus condiciones de vida.Los esquemas de producción de electricidad pensados desde y para las comunidades son una vía importante para garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas.Porque hablar de transición energética justa implica recuperar la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de inequidades y de recursos finitos. Conoce más sobre transición energética justa en América Latina.