Cambio Climático


Seminario web "Situación del litigio climático en México: Avances y retos"

Los litigios climáticos en América Latina continúan en aumento en tribunales nacionales e internacionales. En este contexto, México registra un aumento vertiginoso del número de casos que utilizan argumentos que vienen de las obligaciones contenidas en instrumentos jurídicos climáticos, lo que representa una gran oportunidad en la lucha por la justicia climática y la protección de los derechos humanos. En este seminario web, hablamos de los casos en México sistematizados en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, además de analizar aquellos casos paradigmáticos. Y reflexionamos acerca de los avances y desafíos del litigio estratégico en materia climática en el país.   Agenda Bienvenida: Javier Dávalos, coordinador del Programa de Clima, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).  Panorama general del litigio climático en México: Rosalía Ibarra, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. El caso del Acuerdo CENACE y SE por freno a renovables, avances y áreas de oportunidad: Úrsula Garzón, gerente de litigio, Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C. (CEMDA). Breve recuento de los casos de México en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe: Thalia Viveros y Aranza Montero Guizar, relatoras de la Plataforma, jurisdicción México. Moderó: Gisselle García, abogada del Programa de Clima, AIDA.   Grabación   Presentaciones   1. Úrsula Garzón, CEMDA:   2. Thalia Viveros y Aranza Montero Guizar, relatoras de la  Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, jurisdicción México:  

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El litigio estratégico y su rol en la búsqueda de justicia

En La Guajira, Colombia, comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes —acompañadas por organizaciones de la sociedad civil— iniciaron un litigio para defender sus derechos al agua, la seguridad alimentaria y la integridad étnica, en riesgo por el desvío del arroyo Bruno para la expansión de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. El objetivo de llevar este caso concreto a los tribunales no es sólo evitar la pérdida de una fuente importante de agua. El litigo busca también sentar un precedente en el país y en el continente para la protección de comunidades rurales ante la violación sistemática de sus derechos. Además, el caso ha sido una acción importante contra la crisis climática, una problemática global agravada por la continua extracción y quema de carbón. El descrito puede ser catalogado como un litigio estratégico, llamado también litigio de impacto, que consiste en seleccionar e interponer un proceso judicial con el fin de promover la protección de derechos o cambios de política pública, al tiempo de lograr cambios amplios en la sociedad, es decir, que van más allá de un caso particular. El litigio estratégico es una herramienta que, a través del derecho, promueve transformaciones sociales, así como el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. Es estratégico porque, a partir de una causa legal, busca cambiar realidades injustas y posicionar temas que son muy importantes para avanzar en la construcción de una sociedad democrática. En ese sentido, el fin último del litigio estratégico es dejar una huella duradera, un precedente judicial que pueda ser replicado. También es estratégico porque incluye el uso de estrategias de comunicación, movilización social e incidencia política para poner en la mesa debates relevantes respecto del reconocimiento de derechos. Las acciones jurídicas son muy importantes, pero cuando involucran a comunidades locales son también una herramienta para apoyar el fortalecimiento de sus procesos de defensa de derechos. Sus premisas y características han hecho del litigio estratégico un medio importante para promover la protección de ecosistemas clave y derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud y a un ambiente sano, así como los derechos de pueblos indígenas, comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad.   Componentes Por lo descrito, el litigio estratégico está diseñado conscientemente para alcanzar metas amplias y para generar una hoja de ruta para otros litigios. Está integrado por diferentes elementos, entre ellos los siguientes: Una estrategia legal robusta que, en muchas ocasiones, debe ser enriquecida con argumentos técnicos y científicos interdisciplinarios. Una estrategia de comunicaciones. Organización social o comunitaria, traducida en involucrar en todas las fases del litigio a comunidades, redes y organizaciones locales bajo una perspectiva de participación activa y de construcción colectiva de la estrategia. Una estrategia de protección frente a escenarios de riesgo que el litigio pueda generar. Incidencia política ante tomadores/as de decisión.   Objetivos y alcance Aunque pueden ser numerosos, es posible resaltar tres objetivos principales del litigio estratégico: Poner en la agenda pública debates importantes para el fortalecimiento democrático. Impulsar la movilización social en torno a una causa común que es necesario posicionar. Fortalecer el Estado de derecho, lo que se traduce en que la ciudadanía invita al Estado y a jueces/zas a reconocer derechos, visibilizar problemáticas y en última instancia robustecer el sistema democrático.   El litigio estratégico ha sido especialmente importante para luchas y causas en las que difícilmente los movimientos sociales y comunidades logran posicionar el reconocimiento de sus derechos en las agendas legislativas y de política pública. En AIDA creemos que todas las personas deben acceder plenamente a la justicia ambiental y el litigio estratégico ha sido desde nuestros inicios una herramienta poderosa para garantizar el derecho individual y colectivo a un ambiente sano en América Latina. Para lograrlo, seleccionamos casos y proyectos emblemáticos en los que el uso estratégico del derecho internacional y la argumentación científica puede sentar precedentes claves. Trabajamos de cerca con organizaciones y aliados locales para construir conjuntamente el proceso de litigio, apoyamos y diseñamos campañas de comunicación. También promovemos análisis de riesgo que promuevan la protección de los actores involucrados en el litigio.  

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Propuesta de lineamientos para una regulación regional por el aire limpio, la salud pública y la justicia climática

Actores de diferentes sectores nos reunimos para iniciar un camino hacia un proceso sin precedentes: construir un marco regulatorio regional para la gobernanza de la calidad del aire, la salud pública y la acción climática en América Latina y el Caribe. Este proceso inició con una conversación para identificar los elementos indispensables para afrontar como región los retos que implica la intersección entre la contaminación atmosférica, la crisis climática y su impacto en la salud pública. Este diálogo intersectorial visibilizó la necesidad de aunar esfuerzos gubernamentales e intergubernamentales para implementar acciones bajo un marco común en la región, sin desconocer la responsabilidad que tenemos los diversos actores que conformamos la sociedad. Asimismo, este diálogo permitió evidenciar que este marco debe desarrollarse bajo los enfoques de gobernanza, derechos humanos e interseccionalidad, reconociendo las diferentes vulnerabilidades y responsabilidades que tenemos de cara a este asunto. El propósito de diseñar un marco común para la región nos invitó a conversar sobre la necesidad de primero reconocer que: tenemos un contexto social, ambiental y fuentes de contaminación particulares de América Latina y el Caribe, especialmente en la forma cómo nos relacionamos con la energía y bienes comunes; falta aún investigación y evaluación de las fuentes de la contaminación del aire y sus puntos de interacción con la crisis del clima y la salud pública, desde la perspectiva regional; y que existe una brecha de asistencia técnica y financiera de y para los gobiernos, en relación con el desarrollo y ejecución de sus programas de gestión de la contaminación del aire, de la acción climática y de la salud pública. Tomamos como base las recomendaciones (1) establecidas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el ambiente, relacionadas con el derecho a respirar aire puro, y la evidencia científica aportada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en sus informes sobre la profundización de la crisis climática. Así, con el ánimo de enfrentar los retos que implican la interacción entre clima, aire y salud para las presentes y futuras generaciones de la región de América Latina y el Caribe, proponemos los siguientes lineamientos para la elaboración de un marco regulatorio regional: Afrontar la contaminación atmosférica y la crisis climática de manera conjunta, por medio de instrumentos de gestión efectivos que tengan en cuenta sus cobeneficios en la salud pública. Establecer y adoptar progresivamente medidas y metas ambiciosas, acordes a los estándares de calidad del aire alineados con las guías de la OMS (2). Desarrollar índices de calidad del aire y salud (3) en los países de América Latina y el Caribe. Articular sistemas de monitoreo de calidad del aire de bajo costo y/o ciudadanos (4) que complementen los sistemas de monitoreo institucionales. Incrementar la cooperación internacional a través de la adopción de compromisos de reducción de emisiones e impactos transfronterizos, ligados a causas como incendios forestales, desde una perspectiva de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Garantizar los derechos humanos de participación, acceso a la información y a la justicia en el ejercicio de la gobernanza de la calidad del aire, garantizando el principio de transparencia y el acceso a datos abiertos y estandarizados. Facilitar información al público sobre la calidad del aire, fomentar la educación ambiental y acciones de comunicación a los actores clave, especialmente a la ciudadanía y tomadores de decisiones, para acercar los temas de calidad del aire, clima y salud a la población.   Estos lineamientos deberán convertirse en acciones que reflejen los principios en los cuales se fundamentan. Estos principios son: la justicia social, las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, la progresividad y no regresión, la precaución y prevención, la acción climática efectiva para una transición energética justa y salida progresiva de los combustibles fósiles; y la promoción, respeto y garantía del derecho a respirar aire puro, que es uno de los elementos vitales del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta apuesta, que recoge debates previamente dados por la Red Nacional Ciudadana de Calidad del Aire de Colombia y la Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio (ALAire), sigue en construcción. Por esto, el camino que iniciamos el 21 de marzo de 2023 continuará abierto a recibir aportes de todos los sectores. Esperamos que escale diversos escenarios de decisión, territoriales, nacionales y regionales para lograr que la calidad del aire sea un medio que nos acerque a las transiciones que como sociedades latinoamericanas necesitamos. Lee y descarga la propuesta de lineamientos Haz aportes a la propuesta   (1) Vigilar la calidad del aire y de sus efectos sobre la salud; evaluar las fuentes de contaminación atmosférica; informar al público sobre la calidad del aire; establecer, aplicar y evaluar la legislación y los planes de acción sobre la calidad del aire, y; proteger a las y los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. A/HRC/40/55 (2) Las Directrices Mundiales de la OMS sobre la Calidad del Aire ofrecen orientaciones a escala mundial sobre los umbrales y límites de los principales contaminantes atmosféricos que entrañan riesgos para la salud. En América Latina, los estándares no están alineados con estas directrices y adoptar los estándares de la OMS para los 6 contaminantes criterio es fundamental para asegurar una protección a los derechos de las personas expuestas a la contaminación atmosférica. (3) Los índices de aire y salud son herramientas de comunicación del riesgo construidas a partir de datos epidemiológicos, que informan sobre el posible impacto que la calidad del aire actual representa para la salud, lo que a su vez permite dar una serie de recomendaciones a personas vulnerables y no vulnerables y favorecer la toma de decisiones en salud pública. Para garantizar la protección de los derechos de la población y brindar una correcta información, estos índices deben ser iguales en toda la región y cumplir con los mayores estándares para su construcción y uso. (4) Las acciones de monitoreo ciudadano con sensores de bajo costo permiten recolectar más y mejor información a nivel local sobre la exposición de las personas a la contaminación atmosférica, adicionando información a los sistemas de monitoreo de las autoridades públicas. Contar con esta información permite tomar medidas de descontaminación más precisa, planear el desarrollo territorial y proteger los derechos de la población. Estos sistemas de monitoreo ciudadano permiten el ejercicio de una gestión y control de la calidad del aire desde la sociedad civil. En el caso de municipios que no cuentan con una red institucional, el apoyo debe priorizar el desarrollo de redes ciudadanas.  

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5 mensajes para fortalecer la Conferencia del Agua 2023

Por Rosa Peña, Claudia Velarde y Yeny Rodríguez*   La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023 —la cual llevaba más de 50 años sin celebrarse— tendrá lugar del 22 al 24 de marzo próximos en la ciudad de Nueva York. Bajo la visión de un "mundo unido por el agua", se espera adoptar en la Conferencia la Agenda de Acción por el Agua con los compromisos que harán los gobiernos y otras partes interesadas para alcanzar los objetivos y metas mundiales en el tema de agua y saneamiento. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, el encuentro "debe dar lugar a una agenda audaz de acción por el agua que otorgue a este elemento vital de nuestro planeta el compromiso que se merece". América Latina y el Caribe es la región con más agua dulce del mundo. Tiene cerca de un tercio del agua del mundo y la mayor dotación de agua per cápita, casi el cuádruple del promedio mundial. Pese a esto, alrededor de un cuarto de la población de la región (unos 150 millones de personas) viven en zonas donde el agua es escasa y más de 400 millones carecen de servicios de saneamiento seguros. La Conferencia representa un momento histórico y un llamado de gran parte de la humanidad que no puede quedar sin respuesta. AIDA participará del encuentro para poner en la mesa las necesidades, preocupaciones y propuestas de la región que en muchas ocasiones pasan desapercibidas en espacios internacionales de esta envergadura. Estos son algunos de los mensajes principales que promoveremos en la Conferencia Mundial del Agua:   1. La crisis del agua y la crisis climática están interconectadas La crisis del agua y la crisis climática están estrechamente vinculadas. Son las dos caras de una misma moneda. Los impactos de la crisis del clima se traducen en un aumento de la frecuencia y del impacto de desastres por las complejas precipitaciones, inundaciones, derretimiento de los nevados y glaciares, aumento del nivel del mar, estrés hídrico e intensificación de las sequías. A su vez, la destrucción y contaminación de los ecosistemas estratégicos para el ciclo del agua agravan la crisis climática por ser éstos valiosos sumideros de carbono. Por tanto, las políticas de gestión integrada del agua deben enfocarse en prevenir el deterioro de las fuentes de agua por medio de una gestión y ordenamiento que permitan aumentar la resiliencia frente al cambio climático y mitigar el riesgo de desastres.   2. El agua es esencial para la vida y un derecho que garantiza otros derechos El agua es el elemento más importante para la vida en la Tierra. Tiene diversos valores culturales, sociales, espirituales y naturales que promueven el bienestar común y el cuidado de la naturaleza. El agua y sus fuentes son bienes comunes. El derecho al agua es necesario para la garantía de otros derechos como el ambiente sano, la vida, la salud, la alimentación y los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros. En la región, las poblaciones más vulnerables y empobrecidas son las principales afectadas por la crisis del agua. Sin embargo, siguen siendo relegadas de la toma de decisiones ambientales. La gobernanza del agua debe ser justa, inclusiva y plural, así como promover la gestión comunitaria y colectiva. El conocimiento situado de la población campesina y los saberes del agua de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes son necesarios e importantes para la elaboración de políticas de gestión del agua.   3. La colaboración entre Estados es necesaria para proteger el agua como bien común La colaboración transfronteriza entre Estados para la gestión de cuencas, humedales, acuíferos y fuentes de agua debe garantizar una gestión sostenible y socialmente justa del agua, así como la protección y conectividad de los ecosistemas. Ante la actual crisis del agua, es necesario también un acuerdo vinculante entre Estados para la protección de este bien común como derecho humano universal. Asimismo, los Estados deben priorizar la protección y restauración de ecosistemas que son fundamentales para el ciclo del agua (bosques, páramos, glaciares, ríos, humedales, aguas subterráneas y otros) con una adecuada gestión territorial, participativa y comunitaria; además de priorizar el uso para satisfacer las necesidades de la población por encima de los usos industriales.   4. Es urgente atender las causas que contaminan el agua y obstaculizan su acceso Las actuales crisis de calidad, seguridad, disponibilidad, acceso y distribución del agua están profundamente relacionadas con las inversiones, actividades empresariales y proyectos de desarrollo no sostenibles, los extractivismos, los modelos económicos desiguales y la crisis climática. Afrontar la crisis del agua en el continente requiere un cambio en el paradigma de desarrollo mundial e implica dejar atrás un modelo que no prioriza el cuidado del agua ni considera a las generaciones futuras. El respeto y garantía del derecho al agua en América Latina y el Caribe presenta hoy desafíos estructurales vinculados a las disputas por el uso del agua generadas por las ambiciones de transiciones energéticas apresuradas que desconocen derechos humanos, la privatización de los servicios públicos del agua, las brechas en los derechos de acceso y la falta de garantías para la vida de las personas defensoras del agua. A su vez, quienes invierten en proyectos de desarrollo (de infraestructura, agricultura o minero-energéticos, por ejemplo, los financian o ejecutan deben tener en cuenta la gestión justa del agua como eje estructural de sus operaciones.   5. Las mujeres son las protagonistas de la protección del agua Las mujeres son quienes habitualmente lideran las luchas en defensa del agua, especialmente en poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Para ellas, defender el agua es defender la vida misma. Por eso, están más expuestas a riesgos y amenazas. Pese a lo anterior, no son convocadas a los espacios de toma de decisiones ambientales, donde se definen asuntos que las pueden afectar directamente, como la instalación de industrias contaminantes que inciden negativamente en la disponibilidad y calidad del agua en sus territorios. Los daños a fuentes de agua afectan especialmente y de forma diferenciada a las mujeres. Estas afectaciones se pueden traducir en un aumento en la carga de las tareas de cuidado; un mayor esfuerzo en los desplazamientos y exposición a riesgos para lograr el acceso; una mayor dificultad para la siembra, la cosecha de alimentos y la crianza de animales, lo que afecta el derecho a la alimentación; impactos a la realización de oficios y actividades productivas ancestrales como la pesca o el barequeo; y un aumento de las enfermedades relacionadas con la salubridad y la salud reproductiva, entre otros.   Estos mensajes, entre otros, se han reflejado en el Pacto Transformador del Agua: un marco innovador para la gobernanza justa del agua desarrollado por más de 40 personas defensoras de la justicia ambiental, organizaciones de la sociedad civil y la academia, especialmente del sur global. Este instrumento, del cual AIDA es coautor, es una hoja de ruta orientada al diálogo y a los compromisos colaborativos entre todos los actores involucrados en la gestión del agua. Y será presentado en la Conferencia Mundial del Agua.   *Rosa Peña es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Yeny Rodríguez es abogada del Programa de Ecosistemas.    

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Seminário online "Financiamento Climático no Brasil: Interagindo com o Fundo Verde do Clima"

O financiamento climático tem sido um dos temas centrais nos fóruns de discussão sobre o enfrentamento às mudanças climáticas, sendo urgente o maior direcionamento de fluxos financeiros para iniciativas de mitigação e adaptação. Neste sentido, uma série de fundos – subnacionais, nacionais e multilaterais – têm sido estabelecidos a fim de financiar programas e projetos que ajudem os países a cumprir com seus compromissos climáticos. É importante, portanto, que organizações da sociedade civil possam ampliar seu conhecimento em relação à operação destes fundos, para que seja possível garantir uma maior participação social no desenho e implementação dos programas e projetos, além do monitoramento dos fluxos de financiamento, trazendo o conhecimento local e as vozes das pessoas que estão sofrendo os desafios climáticos para os centros de tomada de decisões. Este seminário online foi um passo inicial neste sentido, ao introduzir a temática do financiamento climático no Brasil, com foco específico no Fundo Verde do Clima (FVC) - principal fundo multilateral dedicado à ação climática, destacando possibilidades de interação de organizações da sociedade civil junto ao Fundo. Foi possível ampliar o conhecimento de organizações brasileiras na temática e fortalecer a rede da sociedade civil nas atividades de monitoramento e engajamento junto ao Fundo Verde do Clima.   Palestrantes Alessandra Cardoso, Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC): Panorama dos fundos climáticos no Brasil. Camila Bartelega, Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), nó regional para América Latina do GCF Watch: Interagindo com o Fundo Verde do Clima. Juliana Strobel, Fundación Avina, entidade acreditada ao Fundo Verde do Clima: O Fundo Verde do Clima, processo de acreditação e acesso aos fundos. Moderadora: Stela Herschmann, Observatório do Clima.   Gravação   Apresentações 1. Alessandra Cardoso, Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC):   2. Camila Bartelega, AIDA:   3. Juliana Strobel, Fundación Avina:  

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Ações e motivos para preservar a Amazônia

A Amazônia, um território compartilhado por oito países, é a maior floresta tropical do mundo. É o lar de 10% da biodiversidade conhecida do planeta. E é um estabilizador climático global, armazenando entre 90 e 140 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), um dos gases de efeito estufa mais nocivos que, se liberado, aceleraria a crise climática. E para mais de 470 povos indígenas e tradicionais, a Amazônia tem sido um lugar ancestral de vida, a partir do qual eles desenvolveram suas formas de estar no mundo. Entretanto, a floresta tropical amazônica está sob várias ameaças - incluindo colonização, desmatamento e atividades extrativistas - que aumentam sua vulnerabilidade e afetam os direitos humanos daqueles que a habitam e a protegem. Essas pressões resultaram em algumas áreas da Amazônia que atualmente emitem mais dióxido de carbono do que absorvem. Essa situação impõe o desafio de implementar estratégias para a proteção legal dos territórios amazônicos que se articulem com as lutas dos povos afetados. Na AIDA, fortalecemos essas estratégias e apoiamos processos comunitários destinados a combater os danos causados pela mineração e exploração de petróleo em territórios amazônicos em três países. Embora atualmente haja esperança no novo governo de Lula da Silva no Brasil, que anunciou seu objetivo de reduzir o desmatamento na Amazônia a zero até 2030, a preservação desse ecossistema - além da vontade política - requer fortes ações conjuntas, coordenadas e transfronteiriças. Nesse sentido, a Colômbia propôs uma frente comum para defender a floresta. FORTALECENDO A DEFESA LEGAL O trabalho da AIDA fortaleceu as capacidades de organizações nacionais no Brasil, Equador e Peru para a defesa jurídica da Amazônia, assim como trabalhos de comunicação e conscientização. Brasil: Ao expor falhas no estudo de impacto ambiental, ajudamos a garantir que as comunidades afetadas pelo projeto de mineração Volta Grande da empresa canadense Belo Sun sejam incluídas no processo de autorização ambiental e que o Estado seja obrigado a consultá-las para obter seu consentimento. Também produzimos um relatório para agências da ONU no qual identificamos medidas para garantir a segurança dos defensores do meio ambiente na Amazônia. Equador: Fortalecemos as estratégias de litigância para deter um decreto pelo qual o governo busca expandir a mineração no país com sérios impactos para a região. E expandimos o entendimento a respeito das ferramentas necessárias para desenvolver o litígio estratégico e melhorar as capacidades de comunicação dos povos indígenas. Peru: Apoiamos a aceleração de um litígio que visava garantir o reparo e a manutenção do oleoduto Norperuano, cuja operação tem gerado graves impactos ambientais e violações dos direitos humanos para os povos indígenas afetados por derramamentos de petróleo. Em todos os três países fomos capazes de avançar para uma compreensão mais precisa das necessidades de proteção legal da Amazônia e dos contextos em que tais estratégias deveriam ser desenvolvidas. Isso foi possível graças ao trabalho em parceria com organizações nacionais e locais e com os povos indígenas. ARGUMENTOS PARA PROTEGER O ECOSSISTEMA Há muitas razões para preservar a Amazônia, cuja importância é regional e global. A fim de fortalecer os esforços de comunicação ligados à proteção legal do ecossistema, a AIDA desenvolveu dois infográficos que apresentam de forma esquemática e didática os argumentos para defender os territórios amazônicos, assim como seus habitantes, em juízo. O foco do primeiro é a vasta biodiversidade contida na Amazônia. Alguns números mostram os altos níveis de riqueza que ela abriga: 40.000 espécies de plantas; 16.000 espécies de árvores; 3.000 espécies de peixes; 1.300 espécies de aves; mais de 430 espécies de mamíferos; mais de 1.000 espécies de anfíbios; e mais de 400 espécies de répteis. Portanto, qualquer intervenção na floresta tropical amazônica deve partir de um entendimento dela como um território altamente diversificado, complexo e interligado. A riqueza da Amazônia também é cultural, representada nos povos indígenas e tradicionais que habitam o ecossistema desde os tempos antigos, cuja diversidade está presente em 86 idiomas e 650 dialetos. A outra infografia ilustra a capacidade da Amazônia de regular a umidade e o clima do continente. Além de armazenar grandes quantidades de dióxido de carbono, o ecossistema absorve metade da energia solar que recebe através da evaporação da água de sua folhagem. A maior parte da energia retida é liberada quando o vapor se condensa para formar nuvens e chuva. Entre outras coisas, a Amazônia recicla entre 50% e 70% da precipitação anual, bombeando cerca de sete bilhões de toneladas de água por ano para a atmosfera através da evapotranspiração.   A Amazônia e seus cuidados são emblemáticos da relação intrínseca e do equilíbrio que deve existir entre um ambiente saudável e a existência humana. "A floresta, toda a água e o ar estão onde existem os espíritos que nos dão vida. Todos nós temos uma correlação", diz Humberto, membro de uma comunidade na Amazônia equatoriana. "Essa existência é o que chamamos de vida, nossa própria casa, a farmácia, a natureza ou o que podemos chamar em geral de existência do homem e da natureza", conclui. VERSÃO EM ESPANHOL  

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Acciones y razones para preservar la Amazonía

La Amazonía, territorio compartido por ocho países, es el mayor bosque tropical del mundo. Alberga 10% de la biodiversidad conocida del planeta. Y es un estabilizador climático global pues almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero más nocivos que —de ser liberado— aceleraría la crisis climática. Y, para más de 470 pueblos indígenas y tradicionales, la Amazonía ha sido un lugar ancestral de vida, a partir del cual han desarrollado sus formas de estar en el mundo. Sin embargo, la selva amazónica está bajo diversas amenazas —entre ellas la colonización, la deforestación y actividades extractivas— que aumentan su vulnerabilidad y afectan los derechos humanos de quienes la habitan y protegen.  Estas presiones han hecho que, actualmente, algunas áreas de la Amazonía emitan más dióxido de carbono del que absorben. La situación plantea el desafío de implementar estrategias de protección legal de los territorios amazónicos que se articulen con las luchas de los pueblos afectados. En AIDA hemos fortalecido dichas estrategias y hemos apoyado procesos comunitarios dirigidos a combatir los daños de la minería y de la explotación petrolera en territorios amazónicos de tres países. Aunque en estos días la esperanza está puesta en el gobierno entrante de Lula da Silva en Brasil, quien anunció su objetivo de reducir a cero la deforestación de la Amazonía para 2030, la preservación de este ecosistema —además de voluntad política— exige acciones contundentes conjuntas, coordinadas y transfronterizas. En ese sentido, Colombia planteó un frente común para defender la selva amazónica. Fortaleciendo la defensa legal El trabajo de AIDA logró fortalecer las capacidades de organizaciones nacionales en Brasil, Ecuador y Perú para la defensa legal de la Amazonía y para tareas de comunicación relacionadas. Brasil: Al evidenciar las falencias del estudio de impacto ambiental, contribuimos a que las comunidades afectadas por el proyecto minero Volta Grande, de la empresa canadiense Belo Sun, sean incluidas en el proceso de autorización ambiental y a que el Estado esté obligado a consultarles para obtener su consentimiento. También elaboramos un informe dirigido a organismos de la ONU en el que identificamos medidas para garantizar la seguridad de las personas defensoras del ambiente en la Amazonía. Ecuador: Fortalecimos las estrategias de litigio para frenar la vigencia de un decreto con el cual el gobierno busca ampliar la explotación minera en el país, con graves impactos para la Amazonía. Y generamos mayor entendimiento de las herramientas necesarias para desarrollar un litigio estratégico y mejorar las capacidades de comunicación de los pueblos indígenas. Perú: Apoyamos la aceleración de un litigio encaminado a garantizar la reparación y mantenimiento del oleoducto Norperuano, cuya operación ha generado graves impactos ambientales y violaciones a derechos humanos para pueblos indígenas afectados por derrames petroleros. En los tres países, pudimos avanzar hacia una comprensión más precisa de las necesidades de protección legal de la Amazonía y de los contextos en que dichas estrategias deben desarrollarse. Esto fue posible gracias al trabajo en alianza con organizaciones nacionales, locales y pueblos indígenas. Argumentos para proteger el ecosistema Son muchas las razones para preservar la Amazonía, cuya importancia es regional y mundial. A fin de fortalecer los esfuerzos de comunicación ligados a la protección legal del ecosistema, en AIDA elaboramos dos infografías que presentan de forma esquemática y didáctica los argumentos para defender los territorios amazónicos, así como a sus habitantes, ante los tribunales. El foco de una de las infografías es la vasta biodiversidad contenida en la Amazonía. Algunas cifras evidencian los altos niveles de riqueza que alberga: 40.000 especies de plantas; 16.000 de árboles; 3.000 de peces; 1.300 de aves; más de 430 de mamíferos; más de 1.000 de anfibios; y más de 400 especies de reptiles. Por tanto, cualquier intervención en la selva amazónica debe partir del conocimiento de ella como un territorio altamente diverso, complejo e interconectado. La riqueza de la Amazonía también es cultural, representada en los pueblos indígenas y tradicionales que habitan el ecosistema desde tiempos ancestrales, cuya diversidad está presente en 86 lenguas y 650 dialectos. La Amazonía: Una región megadiversa   La otra infografía ilustra la capacidad de la Amazonía para regular la humedad y el clima del continente. Además de almacenar grandes cantidades de dióxido de carbono, el ecosistema absorbe la mitad de la energía solar que recibe mediante la evaporación del agua de su follaje. La mayor parte de la energía atrapada se libera cuando el vapor se condensa para formar nubes y lluvia. Entre otras cosas, la Amazonía recicla entre 50% y 70% de las precipitaciones anuales, bombeando unos siete billones de toneladas de agua al año a la atmósfera a través de la evapotranspiración. La Amazonía: Un estabilizador climático global   La Amazonía y su cuidado son una muestra emblemática de la relación intrínseca y del equilibrio que debe existir entre el ambiente sano y la existencia humana. “La selva, toda el agua y el aire son donde existen los espíritus que nos dan la vida. Todos tenemos una correlación", dice Humberto, miembro de una comunidad de la Amazonía ecuatoriana. "Esa existencia es lo que denominamos vida, casa propia, la farmacia, la naturaleza o lo que podemos llamar en general la existencia del hombre y la naturaleza”. VERSIÓN EN PORTUGUÉS  

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La Amazonía: Un estabilizador climático global

La Amazonía es un estabilizador climático global porque almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero más nocivos que —de ser liberado— aceleraría la crisis climática.Además, el ecosistema absorbe la mitad de la energía solar que recibe mediante la evaporación del agua de su follaje. La mayor parte de la energía atrapada se libera cuando el vapor se condensa para formar nubes y lluvia.También regula la humedad de Sudamérica. Entre otras cosas, la Amazonía recicla entre 50% y 70% de las precipitaciones anuales, bombeando unos siete billones de toneladas de agua al año a la atmósfera a través de la evapotranspiración. Si no se ve afectado por la degradación ambiental, este ciclo es responsable de las precipitaciones regionales, incluyendo las necesarias para la agricultura.La circulación del agua por todo el territorio sudamericano se conoce como los “ríos voladores” de la Amazonía, muestra de su importancia para todo el subcontinente y sus más de 380 millones de habitantes. Además, este bioma contiene el 15% de la descarga fluvial al océano.¿Por qué debemos preservar el bosque tropical más grande del mundo? Entre otras cosas, porque es un territorio que brinda servicios ambientales a escalas regionales e incluso mundiales.  Conoce más de la gran diversidad biológica y cultural que la Amazonía alberga 

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Corte Constitucional tiene la oportunidad de reencaminar el proceso de transición energética en Colombia

En el marco de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la ley de transición energética por vicios de forma, el fallo del tribunal puede encauzar el proceso, hacerlo participativo y promover mejores condiciones de justicia climática y ambiental en el país.   Bogotá, Colombia. En este momento, la Corte Constitucional conoce de la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 2099 de 2021, conocida como ley de transición energética. Su eventual fallo es una oportunidad para reencaminar el proceso de transición energética en el país debido a que en la expedición de la norma se incumplieron las formalidades del proceso legislativo —no hubo los debates necesarios, en los tiempos establecidos y con la información requerida—, eludiendo el debate democrático e impidiendo un análisis completo de las implicaciones e impactos de la ley. La norma, expedida con trámite de urgencia, da vía libre a proyectos de generación de energía a partir de hidrógeno azul (el cual usa combustibles fósiles) y de procesos de captura de carbono. Además, promueve el uso de materias primas como el gas, impulsando la técnica de fracking. Algunas de estas actividades tienen impactos previsibles y riesgosos para los derechos humanos y el clima; otras tendrían efectos inciertos en el ambiente y en las personas. La acción de inconstitucionalidad por vicios de forma contra la Ley 2099 fue presentada por el Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia, la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP) y la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana (CJD&T), en alianza y articulación con académicos y organizaciones de la sociedad civil. Luego de una profunda reflexión acerca de la importancia del proceso de transición energética en Colombia y de la protección de los derechos humanos, los demandantes concluyeron que, si bien dicho proceso es urgente y necesario para cumplir con los objetivos y compromisos nacionales e internacionales para enfrentar la crisis climática, el trámite de la ley presentó inconsistencias graves en su expedición, relacionadas con la falta de publicidad y la elusión del debate público y democrático. En efecto, los cargos admitidos de la acción abordan dos asuntos: 1) la vulneración de los principios de consecutividad y publicidad; pues el legislador omitió leer y exponer el contenido de las proposiciones aprobadas y no aprobadas por las comisiones conjuntas y las plenarias de las Cámaras, eludiendo así el debate; y 2) la violación de la reserva del trámite en la iniciativa legislativa debido a que uno de los ejes de la ley demandada se refiere a las normas de contenido tributario, las cuales por su naturaleza debían iniciar su trámite legislativo en la Cámara de Representantes y no fue así. La demanda fue admitida el 19 de septiembre de 2022. Para mediados de enero del presente año, se tendrá un borrador de fallo por parte de la magistrada sustanciadora, Paola Andrea Meneses Mosquera. La sentencia definitiva se espera a finales de abril. La transición energética es un paso fundamental para Colombia. Por tanto, este proceso requiere un debate amplio y democrático en el Congreso y a través de la participación ciudadana directa. Esta participación debe ser informada, oportuna, amplía y efectiva, en escenarios que permitan reflexionar y buscar consensos respecto del camino que la transición energética debe seguir en el país. Eludir el debate impide la construcción colectiva y el diálogo democrático acerca de un proceso fundamental para el país en los próximos años. Para la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP), esta acción es una oportunidad para reconducir el camino hacia la transición justa. “Es fundamental desarrollar y acordar una comprensión amplia de la justicia climática que parta del reconocimiento de las cargas y daños que histórica y estructuralmente han sufrido las comunidades, que las repare de manera integral, que establezca obligaciones de participación de estas comunidades en la toma de decisiones y, por último, que priorice la soberanía energética de las comunidades, la autogestión y el autogobierno”. El debate iniciado con la demanda ante la Corte Constitucional es clave para una discusión más completa y plural del proceso de transición energética, la cual no se llevó a cabo en el legislativo y está aún pendiente en Colombia. La importancia de dialogar sobre las diferentes alternativas dentro de la transición energética permitirá al país contar con una planificación regulatoria y de política pública que responda a las múltiples complejidades que se establecen en este proceso. Solamente la legitimidad que otorga el debate público podrá garantizar la verdadera transición energética que requiere el país. Desde la perspectiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), “el proceso de transición energética requiere procesos amplios y participativos, con un rol activo de las personas en ciudades y zonas rurales, para que el mismo contribuya no sólo a atender la crisis climática, sino también a reconocer y reducir brechas, permitiendo la consolidación de mejores condiciones para la justicia climática y ambiental en la región. Colombia puede convertirse en un actor global clave si promueve la transición energética con un enfoque de derechos humanos”.   Organizaciones firmantes que han apoyado la acción de inconstitucionalidad: Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana (CJD&T) Semillero de investigación en transición energética de la Universidad del Magdalena Mauricio Madrigal - Director Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Climalab CENSAT Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], 525570522107  

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10 buenas noticias en 2022 para un futuro sostenible

Este año vimos avances importantes que están sentando precedentes para la justicia ambiental en América Latina y en el mundo. En 2022, celebramos decisiones a nivel nacional y local, así como acuerdos internacionales, que nos encaminan hacia un futuro más justo y sostenible para todas las personas. Escogimos 10 de estos avances, que representan buenas noticias para la protección de los ecosistemas y, en general, de la biodiversidad; para el respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano; para el reconocimiento y salvaguarda de los pueblos indígenas y tradicionales; para el financiamiento responsable; para el fortalecimiento del litigio climático como herramienta para que gobiernos, empresas y otros actores rindan cuentas; y para una transición energética justa.   1. ecuador amplió la reserva marina de las islas Galápagos Iniciando 2022, Ecuador —mediante un decreto— sumó 60.000 kilómetros cuadrados a las islas Galápagos, el primer sitio que la UNESCO declaró Patrimonio Natural de la Humanidad. La nueva área, llamada Reserva Hermandad, crea un corredor marino entre las islas Galápagos y la isla del Coco —en Costa Rica— que servirá de vía de paso seguro para las decenas de especies protegidas que se trasladan en esta zona, como tiburones, ballenas, tortugas, delfines y otras. Con la ampliación, casi 200.000 mil kilómetros cuadrados tienen diferentes grados de protección. Ecuador y Costa Rica llamaron a Panamá y a Colombia a sumar áreas protegidas a la Reserva Hermandad. 2. Honduras declaró su territorio libre de minería a cielo abierto En febrero, el nuevo gobierno de Honduras declaró libre de minería a cielo abierto a todo el territorio del país centroamericano. Según un comunicado de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas, la decisión se tomó siguiendo los principios de justicia climática y con miras a respetar y proteger los recursos naturales. En ese sentido, el gobierno emitió otras tres disposiciones: cancelar la aprobación de permisos de explotación extractiva; aprobar una moratoria minera por la que se revisarán licencias ambientales, permisos y concesiones para la exploración y explotación metálica y no metálica; e intervenir de forma inmediata las áreas naturales de alto valor ecológico para su conservación. 3. Suprema Corte de México decidió proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano Habitantes del costero estado de Veracruz, en México, ganaron un amparo presentado junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ante la corte suprema del país para proteger el arrecife más grande del Golfo de México, el Sistema Arrecifal Veracruzano. La Corte reconoció por unanimidad que las autoridades violaron el derecho a un ambiente sano de la comunidad al avalar la ampliación del Puerto de Veracruz. AIDA y Earthjustice presentaron evidencias para el reconocimiento de los derechos humanos al ambiente sano y al acceso a la justicia, consagrados en el derecho internacional. Estos derechos obligan al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos sean amenazados por la degradación ambiental, pueda lograr justicia sin importar que su conexión con el ecosistema amenazado sea indirecta o remota. Esta victoria fue un esfuerzo colectivo de organizaciones con la comunidad y es un precedente para la justicia ambiental de la región pues el fallo señala las obligaciones internacionales de México, entre ellas las adquiridas bajo el Acuerdo de Escazú. 4. Chile dio pasos importantes hacia la transición energética En junio fue publicada la Ley Marco de Cambio Climático de Chile, la primera en su historia, que asigna responsabilidades en temas de mitigación de emisiones y adaptación al cambio climático. La ley es la primera en la región en establecer una meta de carbono neutral para el 2050, que debe ser revisada cada cinco años. De otro lado, ante una ola de intoxicaciones derivadas de la contaminación, el presidente anunció el cierre de la Fundición Ventanas, en Valparaíso, decisión adoptada por el Directorio de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), a cargo de la fundición. Actualmente el Congreso trata un proyecto de ley para aprobar el cierre de Ventanas, que será progresivo. Tanto la empresa como el gobierno se comprometieron a no dejar a las y los trabajadores sin su fuente laboral, a hacerse cargo de la remediación ambiental y a continuar procesando los minerales de la pequeña minería. Asimismo, la empresa Enel cerró su última central a carbón en Coronel, una región con un historial de conflictos ambientales por las afectaciones a la salud, ecosistema y modos de vida de la comunidad. Los casos de Enel y de Ventanas nos recuerdan que las decisiones hacia la transición energética deben hacerse respetando los derechos de las personas, tanto de la comunidad como de las y los trabajadores. 5. El ambiente sano es, por fin, un derecho universal En julio, en una resolución histórica, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció como derecho humano universal el ambiente seguro, sano, limpio y sostenible. Dado que este derecho no se incluyó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la decisión marca un hito para el derecho internacional, en particular, para el área de los derechos humanos. "Esta resolución transmite el mensaje de que nadie puede quitarnos la naturaleza, ni el aire limpio ni el agua limpia, ni privarnos de un clima estable. Al menos no sin luchar por ello", declaró Inger Andersen, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esta noticia fue motivo de gran festejo en AIDA pues el derecho humano a un ambiente sano ha sido el eje de nuestro trabajo desde nuestra fundación. Destacamos que Costa Rica fue uno de los países que lideró la propuesta y que detrás de este hito hay décadas de trabajo de organizaciones, movimientos y comunidades. 6. Por primera vez, el BID elaboró plan de salida responsable tras desinversión En Guatemala, comunidades mayas presentaron una queja por los daños que dos proyectos hidroeléctricos causaron en su territorio, modos de vida y tejido social. Los proyectos habían recibido financiamiento del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Luego de que la oficina de rendición de cuentas de la entidad concluyó que el BID Invest incumplió sus políticas operativas y salvaguardas, el banco decidió retirar su financiamiento de los proyectos. Además de la desinversión, el Grupo BID —como resultado de la queja— elaboró por primera vez un plan de salida responsable. Con ello se estableció un precedente histórico para todas las comunidades afectadas por las inversiones de instituciones financieras internacionales. Aunque existen desafíos para la implementación del plan de salida, el caso es una gran oportunidad para que el BID fortalezca sus políticas así como el seguimiento y supervisión a los proyectos que apoya a fin de evitar incumplimientos a sus lineamientos.   7. Creció el reconocimiento a los pueblos indígenas en la región Pese a que los pueblos indígenas y tradicionales sufren constantes violaciones a sus derechos humanos –muchas veces por preservar su territorio—, este año sus aportaciones, conocimiento y trabajo fueron reconocidos. Por ejemplo, el sistema ancestral de conocimientos de los pueblos indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En Brasil, Sonia Guajajara y Célia Xakriabá, mujeres indígenas con causas ambientalistas y sociales, fueron elegidas diputadas federales en los comicios generales de octubre. Y, por primera vez en Ecuador, organizaciones indígenas amazónicas recibieron 2.5 millones de dólares para el financiamiento de proyectos de conservación y reducción de la deforestación. 8. Se creó un fondo para pérdidas y daños por el cambio climático Uno de los reclamos más fuertes del sur global en las cumbres climáticas había sido la creación de un fondo para pérdidas y daños destinado a los países más vulnerables a la crisis climática. Este año, en la vigésimo séptima Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), se creó finalmente un mecanismo de financiamiento para ese propósito. Con dicho mecanismo se buscará movilizar recursos que complementen los ya existentes y los países más ricos tendrán que aportar más. La decisión adoptada en la COP27 también hizo un llamado al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para aportar “soluciones de financiación”. Los detalles para el funcionamiento del fondo, y para la inclusión de un enfoque de derechos humanos, son una tarea para la siguiente conferencia. 9. Tribunal de Brasil resolvió el primer litigio climático de su historia En 2020, cuatro partidos políticos y dos organizaciones de la sociedad civil interpusieron un litigio por la omisión del gobierno brasileño de otorgar recursos al Fondo del Clima federal. El caso fue resuelto en julio de este año, convirtiéndose en el primer litigio climático del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la corte más alta del país. El tribunal determinó que el gobierno tiene el deber constitucional de asignar los recursos económicos necesarios para el funcionamiento del Fondo del Clima, que había estado paralizado en los últimos años. En sus conclusiones, el tribunal equipara el Acuerdo de París con un tratado de derechos humanos, lo que puede dar paso a que tribunales y jueces de otros países de América Latina hagan el mismo reconocimiento. Este caso evidencia que el litigio climático estratégico es una forma efectiva y necesaria para exigir que gobiernos y empresas del continente cumplan con sus compromisos climáticos. 10. Se logra un acuerdo histórico para proteger la biodiversidad mundial En diciembre, y en una maratónica cumbre mundial, unos 200 países miembros del Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptaron un acuerdo histórico que busca revertir décadas de degradación ambiental y sus consecuentes riesgos para las especies y a los ecosistemas del planeta.   Reunidos en la décimo quinta Conferencia de Biodiversidad de Naciones Unidas (COP15) en Montreal, Canadá, los delegados de los países llegaron a un acuerdo cuya parte más sobresaliente es el compromiso de proteger al menos 30 % de las áreas terrestres y marítimas del mundo para 2030.   Además, acordaron proveer “al menos 20.000 millones de dólares” en ayuda internacional anual para la biodiversidad para 2025 y “al menos 30.000 millones para 2030”.    ¿Quieres más buenas noticias? Conoce los cuatro logros más importantes de AIDA en 2022    

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