Cambio Climático

Minería, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Chile: Comunicación ante la decisión que aprobó la ampliación del proyecto Los Bronces Integrado

Como Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio, vemos con preocupación la decisión del Comité de Ministros de aprobar la ampliación del proyecto minero Los Bronces Integrado, de la transnacional Anglo American. La crisis climática que afecta a todo el mundo golpea fuertemente a Chile, un país que cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad asociados al cambio climático, definidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En este contexto, cualquier megaproyecto extractivista debe ser analizado bajo un estricto enfoque climático. Resulta particularmente alarmante el impacto que el proyecto aprobado tendrá sobre glaciares milenarios que forman parte del ecosistema hídrico que abastece de agua a la región más poblada del país. Sobre todo si consideramos que la zona ha sido azotada por un agresivo proceso de sequía, que por más de 10 años ha perpetrado un escenario de profunda escasez hídrica, y que solo se agravará con el tiempo, según todos los pronósticos. El proyecto fue también muy cuestionado por impactos a la calidad del aire de Santiago,  una de las ciudades más contaminadas de América Latina. De acuerdo a un reciente estudio del Lancet Countdown sobre Sudamérica (1), Chile lidera el ranking de los países con mayor tasa de mortalidad prematura atribuible a la exposición sistemática a la contaminación del aire, con 240 muertes por millón de habitantes (2). Al respecto, resulta cuestionable, primero, la falta de información presentada por el titular para descartar un impacto a la salud de la población producto de las emisiones contaminantes del proyecto; y, segundo, las insuficientes medidas planteadas para compensar dichas emisiones, que contribuirán a la degradación del aire y, con ello, a la salud de la población. En efecto, Anglo American se comprometió, como una de las principales medidas de su Plan de Compensación de Emisiones (PCE), a compensar sus emisiones cambiando 70.000 calefactores a leña de la Región Metropolitana, equivalentes al 80% del total, según el mismo PCE. Si bien la calefacción a leña es un problema real que debe solucionarse, actualmente no se cuenta con estudios recientes ni con experiencias que respalden la potencial efectividad de la medida propuesta por la minera que, por lo demás, recae en la voluntad de terceras personas. De hecho, esto ya se ha intentado sin éxito en otras zonas del país, donde motivos culturales han obstaculizado una transición hacia medios de calefacción menos contaminantes. En definitiva, Anglo American está comprometiéndose a ejecutar una medida compensatoria poco clara, que depende de terceros y que requiere remover prácticas y arraigos culturales de muchísimas personas para su éxito. También se acordaron otras medidas como pavimentar caminos locales e incorporar aspirados de calles. Si bien estas buscan evitar la resuspensión de partículas, Anglo American no entrega análisis convincentes respecto a su efectividad. Para el caso del aspirado de vías, por ejemplo, a esta medida se le asigna una efectividad de apenas un 7%, teniendo como base una frecuencia de aspirado una vez cada 14 días. En este sentido, el sistema de compensación de emisiones planteado por Anglo American y aceptado por la autoridad sin haber sido evaluado a profundidad, es evidente que no logrará compensar efectivamente las nuevas emisiones que el proyecto minero vendría a sumar a un espacio ya saturado, con lo que el proyecto estaría agravando una situación de contaminación atmosférica que ya es seria. Como Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio, hacemos un llamado a que se revise la aprobación de la ampliación de la mina Los Bronces por parte del Comité de Ministros y, a que se eleven los estándares de resguardo ambiental a niveles que evidencien la acción urgente que requiere la crisis climática que atravesamos. (1) Hartinger, et al. The 2022 South America report of The Lancet Countdown on health and climate change: trust the science. Now that we know, we must act. March 2023, https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100470 (2) Camila Quilodrán – Escuela de Salud Pública U. de Chile. Induambiente. Estudio detecta que Chile es el país sudamericano con más muertes por contaminación del aire.  

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Minería, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

El rol de América Latina en la extracción y uso de carbón

La extracción, el transporte, el uso y la exportación de carbón para generar electricidad son una causa importante de la crisis climática y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. De las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) que proceden de combustibles fósiles, el 44% viene del uso de carbón. Y toda la cadena del carbón genera afectaciones graves —sociales, ambientales y en derechos humanos— como desplazamientos forzados, contaminación del agua y enfermedades, entre otras. En su más reciente informe, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) reiteró que —para evitar una elevación catastrófica de la temperatura promedio del planeta— el 80% de las reservas de carbón deben quedarse bajo tierra y que el uso de carbón para la generación eléctrica debe reducirse en su totalidad para 2050. Sin embargo, según la Agencia Internacional de Energía, el consumo de carbón llegó por primera vez a 8.000 millones de toneladas al cierre de 2022, lo que representa un crecimiento de 1,2% de la demanda mundial. Estas cifras podrían subir más en 2023 y estabilizarse en los dos años siguientes, de acuerdo con las previsiones del brazo energético de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ello responde en parte a que, para afrontar la escasez de gas por la guerra en Ucrania, Europa prevé relajar el control a las emisiones con el uso de combustibles como el carbón. Esto contradice el Pacto Climático de Glasgow (2021) en el que los Estados acordaron reducir gradualmente el uso de carbón. América Latina no es ajena a esta situación. La región participa tanto en la quema de carbón como en la extracción del mineral que, tras ser exportado, es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo. Por ejemplo, Colombia es el quinto mayor exportador de carbón del mundo y México, el décimo cuarto mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI). Por tanto, tiene una cuota de responsabilidad en los esfuerzos mundiales para frenar la explotación y quema de carbón en favor de sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, sostenibles en el tiempo, respetuosos del ambiente y de las personas. A continuación, ahondaremos en la situación del carbón en América Latina —y en el rol de la región en la tan necesaria descarbonización— a partir de los casos de Chile, Colombia y México.   Chile: avances y retos de la descarbonización En Chile, la generación eléctrica a base de carbón es la causa principal de las graves afectaciones a la salud de las poblaciones y ecosistemas de las llamadas Zonas de Sacrificio. Históricamente, la contaminación proveniente del conjunto de termoeléctricas a carbón —28 en su momento— se ha concentrado en estas zonas, cuyos habitantes han sido expuestos a respirar una gran cantidad de elementos tóxicos. Es uno de los grandes problemas socioambientales del país. En los últimos años, el país ha tenido avances en la descarbonización del sector eléctrico. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el 27,5% de la electricidad provino de fuentes solares y eólicas, superando por primera vez la generación eléctrica en base a carbón, que cayó al 26,5% después de ser la fuente principal por más de una década. En 2019, el gobierno nacional se comprometió a cerrar todas las centrales de carbón para 2040. Desde ese anuncio público, el calendario se ha ido acelerando. La propuesta inicial era cerrar ocho termoeléctricas para 2024 y las restantes 20 para 2040. Ahora se prevé el cierre del 65% de las plantas para 2025. El cambio fue respaldado por un proyecto de ley aprobado en junio de 2021 por la Cámara de Diputadas y Diputados, que requiere ahora aval del Senado. Sin embargo, personas expertas dicen que esa hoja de ruta es inviable y que aumentaría a corto plazo el uso de diésel. También hay un riesgo inminente de que la rápida descarbonización sea una excusa para incrementar la participación del gas fósil, desconociendo sus riesgos y su rol en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país. De hecho, Chile se comprometió a ser carbono neutral en 2050 con base en escenarios que incluyen un mayor uso de gas, pero sin reconocer mayor participación del diésel. Es importante que el plan de descarbonización contenga previsiones para evitar que el gas se instale para quedarse y, por el contrario, sirva para promover la implementación de energías renovables, incentivar la generación distribuida y aumentar la eficiencia energética. Un plan completo también debe incluir medidas para reubicar a las personas que perderán sus empleos a causa de la transición y otras que aborden adecuadamente la pobreza energética. Solo así será responsable y justo. Colombia: los daños de la minería y exportación de carbón Colombia es el quinto exportador mundial de carbón. Solo el 8% del carbón producido es de consumo interno. Es el mineral que más aporta a la economía nacional, representando más del 80% de las regalías mineras. Pero los niveles de pobreza de los departamentos donde se realiza el 90% de la extracción —La Guajira y Cesar— superan el promedio nacional. Además, gran parte de la extracción ocurre en El Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina. Su operación y crecimiento desde hace casi 40 años han traído la destrucción de ríos, arroyos y ecosistemas endémicos como el bosque seco tropical; contaminación del aire con graves consecuencias para la salud; así como violaciones continuas a los derechos de poblaciones Wayuu, afrodescendientes y campesinas en La Guajira. En la vigésimo séptima Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), el actual gobierno colombiano anunció su propósito de reducir la explotación de combustibles fósiles y emprender una transición energética paulatina. Sin embargo, a la fecha no se evalúan los impactos climáticos de la minería de carbón, no se ha generado legislación sobre cierre de minas en operación y no se ha dado certeza acerca de la ampliación o no de minas, el futuro de los cerca de 1.774 títulos con vocación de carbón vigentes o de nuevas inversiones en el sector. A esto se suma la discusión en torno al proyecto Cañaverales, una nueva mina a gran escala de carbón térmico. De otro lado, Alemania ha incrementado la importación de carbón colombiano por la escasez de gas en Europa. Y, en general, las compras del mercado europeo aumentaron entre enero y noviembre de 2022, aunque Asia y América todavía son los compradores principales del mineral colombiano. Estas exportaciones evidencian la responsabilidad de empresas multinacionales en la violación de derechos humanos por la extracción del mineral en Colombia, así como la responsabilidad del Estado colombiano en el agravamiento de la crisis climática: los impactos de la quema de carbón en cualquier parte del mundo son globales. La transición en el país requiere —entre otras cosas— espacios inclusivos y participativos, el desarrollo e implementación de estándares para el cierre responsable de minas de carbón y políticas para una reconversión económica y social adecuada para quienes se verán afectados por el proceso. México: el retroceso de apostar por el carbón y otros fósiles En 2020, las carboeléctricas produjeron el 10% de la electricidad en el país y emitieron el 22% del total de GEI del sector energético, según cálculos de Iniciativa Climática de México. La producción de carbón y la generación eléctrica a partir del mineral se concentran en el estado de Coahuila. Allí, en solo cinco municipios se extrae el 99% del carbón de México. El origen e identidad cultural de esta región están en la minería de carbón, que data de hace más de 200 años y que todavía sostiene la economía de 160 mil personas. Al mismo tiempo, el negocio del carbón ha traído la contaminación del aire y el agua, enfermedades y muertes. Según el registro histórico que llevan familiares de víctimas, desde que se empezó a extraer carbón, más de 3.100 mineros han muerto en la zona. Dos de las tres carboeléctricas del país están en Coahuila. La otra está en Guerrero y se alimenta de carbón importado. Las dos centrales consumen casi la mitad del mineral extraído en la región y generan más del 60% de la energía. La contaminación del aire por la quema de carbón es la causa de unas 430 muertes al año en Coahuila por enfermedades respiratorias, de acuerdo con el Centre for Research on Energy and Clean Air. Según datos de 2019, México es el décimo cuarto mayor emisor de GEI a nivel mundial. El 69.52% de sus emisiones provienen del sector energético. Bajo el actual gobierno, la política energética pasó de la expansión de proyectos de energías renovables a priorizar el uso de combustibles fósiles y a promover el dominio del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX). De hecho, en 2022, México produjo 63% más de energía a base de carbón, en comparación con 2021. Organizaciones ambientales han señalado que “priorizar la generación de electricidad de las plantas de la CFE implica garantizar la quema de más carbón y combustóleo de manera indefinida, y el desarrollo de nueva infraestructura fósil de gas, que nos ataría a las importaciones de gas estadounidense o al desarrollo de proyectos de fracking en el norte del país con los consecuentes impactos sociales y ambientales negativos”.   Está claro que América Latina tiene un rol en la extracción y uso de carbón, así como en sus afectaciones sociales y ambientales. Pero la necesaria transición energética hacia otras formas de generación de energía debe tener en cuenta las particularidades de cada país, ser ordenada y tener un enfoque de derechos humanos y de género. Ello implica —entre otras cosas— considerar a las comunidades locales que dependen de la cadena del carbón, diseñar políticas para identificar y gestionar los impactos económicos y sociales de la transición, poner en el centro de la discusión las alternativas al carbón, así como desarrollar procesos amplios y participativos de toma de decisiones con un rol activo de la población urbana y rural. Para lograrlo, los gobiernos deben tomar medidas decisivas que garanticen el cumplimiento de sus compromisos en materia de clima y derechos humanos.  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumen de la 35ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Marzo de 2023 La Junta del Fondo Verde del Clima (FVC) tuvo su 35ª reunión (B.35) en Songdo, República de Corea, del 13 al 16 de marzo de 2023. Para la ocasión, la Junta finalmente contó con representantes del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC), que habían estado ausentes en las reuniones pasadas. La agenda incluyó la selección de una nueva directora ejecutiva para el FVC, la actualización del plan estratégico, discusiones acerca de la segunda reposición de fondos (GCF-2), la revisión de desempeño del FVC y discusiones en torno al primer Informe de Cumplimiento del Mecanismo Independiente de Quejas (IRM, por sus siglas en inglés) por el caso C-0006-Nicaragua, relacionado con el proyecto FP146 (Bioclima), aprobado en 2020. La Junta también revisó y aprobó siete propuestas de financiamiento por un total de USD 587,7 millones, dos de ellas para América Latina (Bolivia y Colombia); acreditó a una nueva entidad y reacreditó a dos entidades previamente acreditadas. Consulta y descarga el resumen Resumen en portugués  

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Fortalecimiento de Capacidades, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Conversatorio sobre implementación y uso de índices de calidad del aire en las ciudades de América Latina

Este evento virtual tuvo como objetivo reflexionar, desde las perspectivas de diferentes actores, acerca de las experiencias en el uso e implementación de los índices de calidad del aire en los países de la región.      Agenda Panel Juan Jose Castillo, Organización Panamericana de la Salud (OPS). Samuel Osorio, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México. Moderó y comentó: Daniela García Aguirre, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).   Conversatorio Horacio Rojas, INSP (México). Karem Johana Delgado Garcia, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (Colombia). Sebastián Gómez Robles, Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Selene Guajardo, Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, Monterrey (México).   Grabación  

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Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático

¿Qué pasó en la Conferencia Mundial del Agua 2023?

Por Yeny Rodríguez, Claudia Velarde y Rosa Peña*   La Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, celebrada del 22 al 24 de marzo en Nueva York, fue organizada como respuesta a la necesidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas mundiales en los temas de agua y saneamiento, en torno al cual existe una preocupación creciente. AIDA participó en la Conferencia para posicionar mensajes clave provenientes de América Latina y el Caribe que debían ser visibilizados e incluidos en las discusiones y que ahora deben ser parte del cumplimiento de la Agenda de Acción por el Agua, adoptada en el encuentro mundial. A continuación, reseñamos los avances, lo inspirador, los asuntos pendientes y las perspectivas a futuro tras la reciente Conferencia Mundial del Agua.   LOS AVANCES Un llamado y una agenda para la acción urgente La Conferencia concluyó con la adopción de la Agenda de Acción para el Agua, plan en el que se incluyeron 689 compromisos —recogidos en las sesiones oficiales y en los eventos paralelos—, así como promesas de financiamiento por 300 mil millones de dólares para impulsarlo. Los compromisos abarcan la creación de capacidades, sistemas de datos y seguimiento, así como la mejora de la resiliencia de las infraestructuras, entre otras acciones. La plataforma en línea que alberga la Agenda seguirá abierta a la presentación de propuestas. En general, la Conferencia sirvió para hacer un llamado mundial a proteger el agua y el ciclo hídrico como un bien común global y un derecho humano fundamental. Además, se alertó a la comunidad internacional de la necesidad de acciones urgentes frente a la crisis del agua —la cual se traduce en escasez y sequías, contaminación de fuentes hídricas, degradación de ecosistemas estratégicos y problemas graves de gobernanza—, que hoy afecta de manera especial a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas del mundo. Asimismo, se advirtió que los compromisos asumidos deben ser incorporados a las discusiones climáticas pues la crisis del agua y la crisis climática están estrechamente interconectadas. El impulso a la gobernanza justa del agua En la Conferencia se lanzaron iniciativas interesantes e innovadoras para la protección de los ecosistemas y para la gobernanza justa del agua. La gobernanza del agua son los procesos de toma de decisiones, así como las instituciones y relaciones de poder que influyen en los flujos, la calidad, el uso, la disponibilidad y la distribución del agua (dulce o salada, superficial o subsuperficial). Una de estas iniciativas fue el Pacto Transformador del Agua, construido colectivamente por un grupo diverso de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas AIDA, y la academia. La iniciativa fue impulsada por la ONG holandesa Both ENDS y por el Instituto Internacional de Conocimiento del Agua (IHE-Delft). El Pacto plantea una visión alternativa de la gestión del agua con base en los principios de justicia ambiental, igualdad y cuidado. Propone marcos de acción y prioridades estratégicas para guiar la toma de decisiones. Constituye una respuesta a la continua sobreexplotación y afectación de ecosistemas de agua dulce, las violaciones a derechos humanos y los desequilibrios de poder extremos que caracterizan la actual gestión del agua en el mundo.   LO INSPIRADOR El rol de las mujeres y de los pueblos indígenas La presencia de la sociedad civil en la Conferencia fue mayoritariamente femenina. Ello develó la interseccionalidad de las desigualdades que las mujeres experimentan a diario en sus luchas por el agua, además de reivindicar su importante rol en la gestión del agua. Ellas poseen y transmiten los conocimientos ecológicos tradicionales para su cuidado, lideran las luchas en defensa del agua y están más expuestas a riesgos y amenazas contra su vida. Pese a lo anterior, su voz es invisibilizada y no son convocadas a una participación real en los espacios de toma de decisiones ambientales. Del mismo modo, a la Conferencia acudieron importantes líderes y lideresas indígenas de América Latina y el mundo. Esto evidenció lo mucho que tenemos que aprender de las prácticas ancestrales indígenas para el cuidado del agua, así como el rol determinante que las comunidades indígenas y tradicionales juegan en el cuidado del 80% de la biodiversidad del planeta y en la mitigación de las crisis del clima y del agua. Los eventos paralelos en los que participaron estos actores pusieron al mundo a reconsiderar y revalorar lo que Occidente ha entendido por ciencia, dejando en claro que el sistema de conocimiento ancestral de los pueblos indígenas es especializado y sofisticado, por lo que tiene que ser priorizado en cualquier política de gestión integrada y justa del agua. La unión de la sociedad civil por la justicia del agua Aunque ausente en gran medida de los espacios oficiales de la ONU, la sociedad civil tuvo una presencia fuerte e inspiradora en la Conferencia. Organizaciones, activistas y personas defensoras del agua de todo el mundo mantuvieron conversaciones importantes e hicieron un llamado a una participación efectiva, con voz propia, en estos espacios. “Cuando me preguntan por esta conferencia puedo decirles que soy optimista, no por los resultados, sino por el espíritu que nace gracias a ustedes”, dijo Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, en una sala llena de miembros de la sociedad civil y personas defensoras. “La ONU necesita la energía y la legitimidad que los movimientos de defensores del agua están ofreciendo y estoy seguro de que llegará”. Representantes de más de 500 organizaciones, pueblos indígenas, movimientos sociales y personas defensoras del agua presentaron el Manifiesto por la Justicia Hídrica con la intención de amplificar las voces de quienes no son escuchados e insistir en que las cuestiones fundamentales estén en el centro de las políticas del agua a nivel mundial, regional, nacional y subnacional. Aunque no estaba programado, pudieron leer el manifiesto en un espacio oficial de la Conferencia, lo que permitió su difusión en el diálogo central.   LAS DEUDAS Garantías para el cumplimiento efectivo de compromisos Aunque la Conferencia fue un espacio único y relevante para poner en la agenda mundial las problemáticas relacionadas con el agua, queda mucho camino por delante para lograr compromisos efectivos de los países. Los incluidos en la Agenda de Acción para el Agua no son jurídicamente vinculantes para los Estados. Necesitamos que, en el futuro próximo, estos compromisos sean vinculantes, y que exista un mecanismo de seguimiento, indicadores para medir los avances de los Estados en el cumplimiento de la Agenda y —¿por qué no? —un instrumento internacional especializado para la protección del derecho humano al agua y al saneamiento. Una participación más abierta e integradora en el diálogo Prácticamente todos los sectores hicieron eco de la necesidad de una mayor participación en los espacios oficiales de la ONU y en futuras conferencias. Ello requiere una comprensión amplia de la crisis del agua y del movimiento interseccional necesario para afrontarla con justicia. Implica pensar la participación a partir de la inclusión de los actores interesados en igualdad de condiciones para el diálogo y —al mismo tiempo— reconocer a las personas, comunidades y pueblos titulares del derecho al agua, cuya voz debe ser tenida en cuenta de forma diferencial dada su relación de interdependencia con el agua. El reconocimiento del valioso rol de las personas defensoras del agua En América Latina, defender los ríos, lagunas, arroyos, acuíferos y en general el derecho al agua es una actividad de riesgo. El agua es un recurso natural en disputa. Quienes trabajan para salvaguardarla para el consumo humano o por su reconocimiento como un derecho exigible han sido por años objeto de estigmatización, amenazas, persecución y ataques contra su vida e integridad. La agenda por el agua debe reconocer el importante rol de los y las defensoras del agua, así como promover la creación de instrumentos y mecanismos encaminados a brindar mayores garantías a quienes dedican su vida a esta labor. La promoción de alianzas y articulaciones horizontales para la protección del agua La protección del agua es una tarea de todos los Estados con responsabilidades y capacidades diferenciadas. Su logro efectivo requiere iniciativas y procesos de cooperación internacional, alianzas y articulaciones entre los Estados basadas en el respeto y el reconocimiento mutuos. Ello permitirá alcanzar caminos consensuados e impedir la repetición de dinámicas de imposición. Además, estas articulaciones deben reconocer y respetar los marcos normativos propios de los pueblos indígenas para que, desde sus usos y costumbres, continúen con su rol fundamental en la protección y gestión del agua.   LO QUE SIGUE Se espera que los compromisos contenidos en la Agenda de Acción para el Agua sean revisados y respaldados internamente por los gobiernos de América Latina y promovidos a nivel internacional en las próximas cumbres y reuniones de alto nivel. También se espera que la importancia de proteger el derecho humano al agua y al saneamiento sea un tema clave en todos los foros internacionales en los que se discuta el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la Cumbre sobre los ODS prevista para septiembre, y especialmente en la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). Desde AIDA continuaremos trabajando para proteger ecosistemas claves, evitar la presión de las industrias hacia el agua, abogar por la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre sus fuentes de agua y defender el derecho humano al agua.     *Yeny Rodríguez es abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Rosa Peña es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Seminario web "Situación del litigio climático en México: Avances y retos"

Los litigios climáticos en América Latina continúan en aumento en tribunales nacionales e internacionales. En este contexto, México registra un aumento vertiginoso del número de casos que utilizan argumentos que vienen de las obligaciones contenidas en instrumentos jurídicos climáticos, lo que representa una gran oportunidad en la lucha por la justicia climática y la protección de los derechos humanos. En este seminario web, hablamos de los casos en México sistematizados en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, además de analizar aquellos casos paradigmáticos. Y reflexionamos acerca de los avances y desafíos del litigio estratégico en materia climática en el país.   Agenda Bienvenida: Javier Dávalos, coordinador del Programa de Clima, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).  Panorama general del litigio climático en México: Rosalía Ibarra, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. El caso del Acuerdo CENACE y SE por freno a renovables, avances y áreas de oportunidad: Úrsula Garzón, gerente de litigio, Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C. (CEMDA). Breve recuento de los casos de México en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe: Thalia Viveros y Aranza Montero Guizar, relatoras de la Plataforma, jurisdicción México. Moderó: Gisselle García, abogada del Programa de Clima, AIDA.   Grabación   Presentaciones   1. Úrsula Garzón, CEMDA:   2. Thalia Viveros y Aranza Montero Guizar, relatoras de la  Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, jurisdicción México:  

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Derechos Indígenas, Cambio Climático, Derechos Humanos

El litigio estratégico y su rol en la búsqueda de justicia

En La Guajira, Colombia, comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes —acompañadas por organizaciones de la sociedad civil— iniciaron un litigio para defender sus derechos al agua, la seguridad alimentaria y la integridad étnica, en riesgo por el desvío del arroyo Bruno para la expansión de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. El objetivo de llevar este caso concreto a los tribunales no es sólo evitar la pérdida de una fuente importante de agua. El litigo busca también sentar un precedente en el país y en el continente para la protección de comunidades rurales ante la violación sistemática de sus derechos. Además, el caso ha sido una acción importante contra la crisis climática, una problemática global agravada por la continua extracción y quema de carbón. El descrito puede ser catalogado como un litigio estratégico, llamado también litigio de impacto, que consiste en seleccionar e interponer un proceso judicial con el fin de promover la protección de derechos o cambios de política pública, al tiempo de lograr cambios amplios en la sociedad, es decir, que van más allá de un caso particular. El litigio estratégico es una herramienta que, a través del derecho, promueve transformaciones sociales, así como el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. Es estratégico porque, a partir de una causa legal, busca cambiar realidades injustas y posicionar temas que son muy importantes para avanzar en la construcción de una sociedad democrática. En ese sentido, el fin último del litigio estratégico es dejar una huella duradera, un precedente judicial que pueda ser replicado. También es estratégico porque incluye el uso de estrategias de comunicación, movilización social e incidencia política para poner en la mesa debates relevantes respecto del reconocimiento de derechos. Las acciones jurídicas son muy importantes, pero cuando involucran a comunidades locales son también una herramienta para apoyar el fortalecimiento de sus procesos de defensa de derechos. Sus premisas y características han hecho del litigio estratégico un medio importante para promover la protección de ecosistemas clave y derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud y a un ambiente sano, así como los derechos de pueblos indígenas, comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad.   Componentes Por lo descrito, el litigio estratégico está diseñado conscientemente para alcanzar metas amplias y para generar una hoja de ruta para otros litigios. Está integrado por diferentes elementos, entre ellos los siguientes: Una estrategia legal robusta que, en muchas ocasiones, debe ser enriquecida con argumentos técnicos y científicos interdisciplinarios. Una estrategia de comunicaciones. Organización social o comunitaria, traducida en involucrar en todas las fases del litigio a comunidades, redes y organizaciones locales bajo una perspectiva de participación activa y de construcción colectiva de la estrategia. Una estrategia de protección frente a escenarios de riesgo que el litigio pueda generar. Incidencia política ante tomadores/as de decisión.   Objetivos y alcance Aunque pueden ser numerosos, es posible resaltar tres objetivos principales del litigio estratégico: Poner en la agenda pública debates importantes para el fortalecimiento democrático. Impulsar la movilización social en torno a una causa común que es necesario posicionar. Fortalecer el Estado de derecho, lo que se traduce en que la ciudadanía invita al Estado y a jueces/zas a reconocer derechos, visibilizar problemáticas y en última instancia robustecer el sistema democrático.   El litigio estratégico ha sido especialmente importante para luchas y causas en las que difícilmente los movimientos sociales y comunidades logran posicionar el reconocimiento de sus derechos en las agendas legislativas y de política pública. En AIDA creemos que todas las personas deben acceder plenamente a la justicia ambiental y el litigio estratégico ha sido desde nuestros inicios una herramienta poderosa para garantizar el derecho individual y colectivo a un ambiente sano en América Latina. Para lograrlo, seleccionamos casos y proyectos emblemáticos en los que el uso estratégico del derecho internacional y la argumentación científica puede sentar precedentes claves. Trabajamos de cerca con organizaciones y aliados locales para construir conjuntamente el proceso de litigio, apoyamos y diseñamos campañas de comunicación. También promovemos análisis de riesgo que promuevan la protección de los actores involucrados en el litigio.  

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Participación Ciudadana, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Propuesta de lineamientos para una regulación regional por el aire limpio, la salud pública y la justicia climática

Actores de diferentes sectores nos reunimos para iniciar un camino hacia un proceso sin precedentes: construir un marco regulatorio regional para la gobernanza de la calidad del aire, la salud pública y la acción climática en América Latina y el Caribe. Este proceso inició con una conversación para identificar los elementos indispensables para afrontar como región los retos que implica la intersección entre la contaminación atmosférica, la crisis climática y su impacto en la salud pública. Este diálogo intersectorial visibilizó la necesidad de aunar esfuerzos gubernamentales e intergubernamentales para implementar acciones bajo un marco común en la región, sin desconocer la responsabilidad que tenemos los diversos actores que conformamos la sociedad. Asimismo, este diálogo permitió evidenciar que este marco debe desarrollarse bajo los enfoques de gobernanza, derechos humanos e interseccionalidad, reconociendo las diferentes vulnerabilidades y responsabilidades que tenemos de cara a este asunto. El propósito de diseñar un marco común para la región nos invitó a conversar sobre la necesidad de primero reconocer que: tenemos un contexto social, ambiental y fuentes de contaminación particulares de América Latina y el Caribe, especialmente en la forma cómo nos relacionamos con la energía y bienes comunes; falta aún investigación y evaluación de las fuentes de la contaminación del aire y sus puntos de interacción con la crisis del clima y la salud pública, desde la perspectiva regional; y que existe una brecha de asistencia técnica y financiera de y para los gobiernos, en relación con el desarrollo y ejecución de sus programas de gestión de la contaminación del aire, de la acción climática y de la salud pública. Tomamos como base las recomendaciones (1) establecidas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el ambiente, relacionadas con el derecho a respirar aire puro, y la evidencia científica aportada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en sus informes sobre la profundización de la crisis climática. Así, con el ánimo de enfrentar los retos que implican la interacción entre clima, aire y salud para las presentes y futuras generaciones de la región de América Latina y el Caribe, proponemos los siguientes lineamientos para la elaboración de un marco regulatorio regional: Afrontar la contaminación atmosférica y la crisis climática de manera conjunta, por medio de instrumentos de gestión efectivos que tengan en cuenta sus cobeneficios en la salud pública. Establecer y adoptar progresivamente medidas y metas ambiciosas, acordes a los estándares de calidad del aire alineados con las guías de la OMS (2). Desarrollar índices de calidad del aire y salud (3) en los países de América Latina y el Caribe. Articular sistemas de monitoreo de calidad del aire de bajo costo y/o ciudadanos (4) que complementen los sistemas de monitoreo institucionales. Incrementar la cooperación internacional a través de la adopción de compromisos de reducción de emisiones e impactos transfronterizos, ligados a causas como incendios forestales, desde una perspectiva de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Garantizar los derechos humanos de participación, acceso a la información y a la justicia en el ejercicio de la gobernanza de la calidad del aire, garantizando el principio de transparencia y el acceso a datos abiertos y estandarizados. Facilitar información al público sobre la calidad del aire, fomentar la educación ambiental y acciones de comunicación a los actores clave, especialmente a la ciudadanía y tomadores de decisiones, para acercar los temas de calidad del aire, clima y salud a la población.   Estos lineamientos deberán convertirse en acciones que reflejen los principios en los cuales se fundamentan. Estos principios son: la justicia social, las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, la progresividad y no regresión, la precaución y prevención, la acción climática efectiva para una transición energética justa y salida progresiva de los combustibles fósiles; y la promoción, respeto y garantía del derecho a respirar aire puro, que es uno de los elementos vitales del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta apuesta, que recoge debates previamente dados por la Red Nacional Ciudadana de Calidad del Aire de Colombia y la Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio (ALAire), sigue en construcción. Por esto, el camino que iniciamos el 21 de marzo de 2023 continuará abierto a recibir aportes de todos los sectores. Esperamos que escale diversos escenarios de decisión, territoriales, nacionales y regionales para lograr que la calidad del aire sea un medio que nos acerque a las transiciones que como sociedades latinoamericanas necesitamos. Lee y descarga la propuesta de lineamientos Haz aportes a la propuesta   (1) Vigilar la calidad del aire y de sus efectos sobre la salud; evaluar las fuentes de contaminación atmosférica; informar al público sobre la calidad del aire; establecer, aplicar y evaluar la legislación y los planes de acción sobre la calidad del aire, y; proteger a las y los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. A/HRC/40/55 (2) Las Directrices Mundiales de la OMS sobre la Calidad del Aire ofrecen orientaciones a escala mundial sobre los umbrales y límites de los principales contaminantes atmosféricos que entrañan riesgos para la salud. En América Latina, los estándares no están alineados con estas directrices y adoptar los estándares de la OMS para los 6 contaminantes criterio es fundamental para asegurar una protección a los derechos de las personas expuestas a la contaminación atmosférica. (3) Los índices de aire y salud son herramientas de comunicación del riesgo construidas a partir de datos epidemiológicos, que informan sobre el posible impacto que la calidad del aire actual representa para la salud, lo que a su vez permite dar una serie de recomendaciones a personas vulnerables y no vulnerables y favorecer la toma de decisiones en salud pública. Para garantizar la protección de los derechos de la población y brindar una correcta información, estos índices deben ser iguales en toda la región y cumplir con los mayores estándares para su construcción y uso. (4) Las acciones de monitoreo ciudadano con sensores de bajo costo permiten recolectar más y mejor información a nivel local sobre la exposición de las personas a la contaminación atmosférica, adicionando información a los sistemas de monitoreo de las autoridades públicas. Contar con esta información permite tomar medidas de descontaminación más precisa, planear el desarrollo territorial y proteger los derechos de la población. Estos sistemas de monitoreo ciudadano permiten el ejercicio de una gestión y control de la calidad del aire desde la sociedad civil. En el caso de municipios que no cuentan con una red institucional, el apoyo debe priorizar el desarrollo de redes ciudadanas.  

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Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático, Derechos Humanos

5 mensajes para fortalecer la Conferencia del Agua 2023

Por Rosa Peña, Claudia Velarde y Yeny Rodríguez*   La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023 —la cual llevaba más de 50 años sin celebrarse— tendrá lugar del 22 al 24 de marzo próximos en la ciudad de Nueva York. Bajo la visión de un "mundo unido por el agua", se espera adoptar en la Conferencia la Agenda de Acción por el Agua con los compromisos que harán los gobiernos y otras partes interesadas para alcanzar los objetivos y metas mundiales en el tema de agua y saneamiento. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, el encuentro "debe dar lugar a una agenda audaz de acción por el agua que otorgue a este elemento vital de nuestro planeta el compromiso que se merece". América Latina y el Caribe es la región con más agua dulce del mundo. Tiene cerca de un tercio del agua del mundo y la mayor dotación de agua per cápita, casi el cuádruple del promedio mundial. Pese a esto, alrededor de un cuarto de la población de la región (unos 150 millones de personas) viven en zonas donde el agua es escasa y más de 400 millones carecen de servicios de saneamiento seguros. La Conferencia representa un momento histórico y un llamado de gran parte de la humanidad que no puede quedar sin respuesta. AIDA participará del encuentro para poner en la mesa las necesidades, preocupaciones y propuestas de la región que en muchas ocasiones pasan desapercibidas en espacios internacionales de esta envergadura. Estos son algunos de los mensajes principales que promoveremos en la Conferencia Mundial del Agua:   1. La crisis del agua y la crisis climática están interconectadas La crisis del agua y la crisis climática están estrechamente vinculadas. Son las dos caras de una misma moneda. Los impactos de la crisis del clima se traducen en un aumento de la frecuencia y del impacto de desastres por las complejas precipitaciones, inundaciones, derretimiento de los nevados y glaciares, aumento del nivel del mar, estrés hídrico e intensificación de las sequías. A su vez, la destrucción y contaminación de los ecosistemas estratégicos para el ciclo del agua agravan la crisis climática por ser éstos valiosos sumideros de carbono. Por tanto, las políticas de gestión integrada del agua deben enfocarse en prevenir el deterioro de las fuentes de agua por medio de una gestión y ordenamiento que permitan aumentar la resiliencia frente al cambio climático y mitigar el riesgo de desastres.   2. El agua es esencial para la vida y un derecho que garantiza otros derechos El agua es el elemento más importante para la vida en la Tierra. Tiene diversos valores culturales, sociales, espirituales y naturales que promueven el bienestar común y el cuidado de la naturaleza. El agua y sus fuentes son bienes comunes. El derecho al agua es necesario para la garantía de otros derechos como el ambiente sano, la vida, la salud, la alimentación y los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros. En la región, las poblaciones más vulnerables y empobrecidas son las principales afectadas por la crisis del agua. Sin embargo, siguen siendo relegadas de la toma de decisiones ambientales. La gobernanza del agua debe ser justa, inclusiva y plural, así como promover la gestión comunitaria y colectiva. El conocimiento situado de la población campesina y los saberes del agua de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes son necesarios e importantes para la elaboración de políticas de gestión del agua.   3. La colaboración entre Estados es necesaria para proteger el agua como bien común La colaboración transfronteriza entre Estados para la gestión de cuencas, humedales, acuíferos y fuentes de agua debe garantizar una gestión sostenible y socialmente justa del agua, así como la protección y conectividad de los ecosistemas. Ante la actual crisis del agua, es necesario también un acuerdo vinculante entre Estados para la protección de este bien común como derecho humano universal. Asimismo, los Estados deben priorizar la protección y restauración de ecosistemas que son fundamentales para el ciclo del agua (bosques, páramos, glaciares, ríos, humedales, aguas subterráneas y otros) con una adecuada gestión territorial, participativa y comunitaria; además de priorizar el uso para satisfacer las necesidades de la población por encima de los usos industriales.   4. Es urgente atender las causas que contaminan el agua y obstaculizan su acceso Las actuales crisis de calidad, seguridad, disponibilidad, acceso y distribución del agua están profundamente relacionadas con las inversiones, actividades empresariales y proyectos de desarrollo no sostenibles, los extractivismos, los modelos económicos desiguales y la crisis climática. Afrontar la crisis del agua en el continente requiere un cambio en el paradigma de desarrollo mundial e implica dejar atrás un modelo que no prioriza el cuidado del agua ni considera a las generaciones futuras. El respeto y garantía del derecho al agua en América Latina y el Caribe presenta hoy desafíos estructurales vinculados a las disputas por el uso del agua generadas por las ambiciones de transiciones energéticas apresuradas que desconocen derechos humanos, la privatización de los servicios públicos del agua, las brechas en los derechos de acceso y la falta de garantías para la vida de las personas defensoras del agua. A su vez, quienes invierten en proyectos de desarrollo (de infraestructura, agricultura o minero-energéticos, por ejemplo, los financian o ejecutan deben tener en cuenta la gestión justa del agua como eje estructural de sus operaciones.   5. Las mujeres son las protagonistas de la protección del agua Las mujeres son quienes habitualmente lideran las luchas en defensa del agua, especialmente en poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Para ellas, defender el agua es defender la vida misma. Por eso, están más expuestas a riesgos y amenazas. Pese a lo anterior, no son convocadas a los espacios de toma de decisiones ambientales, donde se definen asuntos que las pueden afectar directamente, como la instalación de industrias contaminantes que inciden negativamente en la disponibilidad y calidad del agua en sus territorios. Los daños a fuentes de agua afectan especialmente y de forma diferenciada a las mujeres. Estas afectaciones se pueden traducir en un aumento en la carga de las tareas de cuidado; un mayor esfuerzo en los desplazamientos y exposición a riesgos para lograr el acceso; una mayor dificultad para la siembra, la cosecha de alimentos y la crianza de animales, lo que afecta el derecho a la alimentación; impactos a la realización de oficios y actividades productivas ancestrales como la pesca o el barequeo; y un aumento de las enfermedades relacionadas con la salubridad y la salud reproductiva, entre otros.   Estos mensajes, entre otros, se han reflejado en el Pacto Transformador del Agua: un marco innovador para la gobernanza justa del agua desarrollado por más de 40 personas defensoras de la justicia ambiental, organizaciones de la sociedad civil y la academia, especialmente del sur global. Este instrumento, del cual AIDA es coautor, es una hoja de ruta orientada al diálogo y a los compromisos colaborativos entre todos los actores involucrados en la gestión del agua. Y será presentado en la Conferencia Mundial del Agua.   *Rosa Peña es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Yeny Rodríguez es abogada del Programa de Ecosistemas.    

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Fortalecimiento de Capacidades, Cambio Climático, Derechos Humanos

Seminário online "Financiamento Climático no Brasil: Interagindo com o Fundo Verde do Clima"

O financiamento climático tem sido um dos temas centrais nos fóruns de discussão sobre o enfrentamento às mudanças climáticas, sendo urgente o maior direcionamento de fluxos financeiros para iniciativas de mitigação e adaptação. Neste sentido, uma série de fundos – subnacionais, nacionais e multilaterais – têm sido estabelecidos a fim de financiar programas e projetos que ajudem os países a cumprir com seus compromissos climáticos. É importante, portanto, que organizações da sociedade civil possam ampliar seu conhecimento em relação à operação destes fundos, para que seja possível garantir uma maior participação social no desenho e implementação dos programas e projetos, além do monitoramento dos fluxos de financiamento, trazendo o conhecimento local e as vozes das pessoas que estão sofrendo os desafios climáticos para os centros de tomada de decisões. Este seminário online foi um passo inicial neste sentido, ao introduzir a temática do financiamento climático no Brasil, com foco específico no Fundo Verde do Clima (FVC) - principal fundo multilateral dedicado à ação climática, destacando possibilidades de interação de organizações da sociedade civil junto ao Fundo. Foi possível ampliar o conhecimento de organizações brasileiras na temática e fortalecer a rede da sociedade civil nas atividades de monitoramento e engajamento junto ao Fundo Verde do Clima.   Palestrantes Alessandra Cardoso, Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC): Panorama dos fundos climáticos no Brasil. Camila Bartelega, Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), nó regional para América Latina do GCF Watch: Interagindo com o Fundo Verde do Clima. Juliana Strobel, Fundación Avina, entidade acreditada ao Fundo Verde do Clima: O Fundo Verde do Clima, processo de acreditação e acesso aos fundos. Moderadora: Stela Herschmann, Observatório do Clima.   Gravação   Apresentações 1. Alessandra Cardoso, Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC):   2. Camila Bartelega, AIDA:   3. Juliana Strobel, Fundación Avina:  

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