Cambio Climático

Julio 11 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

Comunidades llevan su voz acerca de la crisis climática ante la Corte Interamericana

Por Liliana Ávila y Marcella Ribeiro* La cita fue del 25 al 29 de mayo en Manaos, la ciudad amazónica más grande de Brasil, donde el caudaloso río Amazonas nace cuando las aguas oscuras del río Negro confluyen con las de tonalidades más claras del Solimões. Allí llegó una delegación de siete comunidades y de una red de personas trans y no binarias, proveniente de diferentes rincones del continente, para decirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dónde son, cuál es el territorio y el espacio vital que ocupan; cómo la crisis climática y la injusticia ambiental están afectando sus modos de vida; y lo que proponen para que el tribunal internacional contribuya a garantizar sus derechos ante la crisis global y ante las acciones para combatirla. Como sucedió en Bridgetown, Barbados —un mes antes—, Manaos fue la sede de las audiencias públicas de la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, un dictamen en el que la Corte aclarará las obligaciones que tienen los Estados del hemisferio para proteger a las personas, especialmente a quienes están en situación de vulnerabilidad, ante los impactos de la crisis climática. Las voces de los territorios Las audiencias orales son parte del proceso a través del cual el tribunal emite sus opiniones consultivas. En ellas, las y los jueces de la Corte escuchan a los Estados y a otros actores en intervenciones que no deben sobrepasar los 10 minutos. La historia de los pueblos y de sus luchas no caben en 10 minutos. Pese a ello, los testimonios de cada miembro de la delegación estuvieron llenos de sabiduría, de dignidad y de esperanza. Francis Cruz, representante de la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático y residente del municipio de Marcovia, contó cómo el mar acabó con su casa y con su restaurante, todo lo que tenía. La erosión costera se llevó más de 12 metros de territorio en su comunidad, que dependía de la pesca y del turismo. De hecho, el municipio y otras localidades de la zona sur del país viven con la amenaza constante de fenómenos meteorológicos cuya intensidad y frecuencia se asocia con el clima cambiante y con la degradación ambiental que este provoca. La Corte supo también que la extracción de hidrocarburos mediante fracking en la provincia de Mendoza, Argentina, limita las capacidades de resiliencia de las comunidades mapuches frente a la crisis climática y profundiza la grave situación de escasez hídrica en la zona. Así lo explicó Gabriel Jofré, vocero de la Organización Identidad Territorial Malalweche, quien puso en valor los conocimientos tradicionales del pueblo mapuche como fuente de respuestas a su situación de vulnerabilidad climática. En su testimonio, Katta Alonso, vocera del movimiento territorial MUZOSARE (Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia), retrató cómo es vivir en Quintero y Puchuncaví, Chile, un lugar altamente contaminado que se transformó para siempre en un complejo industrial con termoeléctricas, petroleras y plantas químicas, donde los proyectos de transición energéticas están agravando el problema. "El cambio climático nos afecta como a todos, pero más aún porque ya estamos en una situación de vulnerabilidad ambiental. También nos afectan las políticas y medidas que el gobierno adopta en sus intentos de hacer frente a la crisis climática porque nos vuelven a sacrificar a nosotros. Vuelven a ofrecer nuestros territorios para poner las industrias dañinas que supuestamente resolverán el problema. No hay información, no hay participación, no hay posibilidad de defensa", dijo. A nombre de la organización Mujeres Unidas en Defensa del Agua: Lago Titicaca Perú-Bolivia, María Eugenia Millares, habló de la contaminación del lago y de cómo los cambios de temperatura impactan la siembra, los ciclos de producción de alimentos y su conservación. Enfatizó el rol de las mujeres: "Nuestra capacidad de adaptación es cada vez más baja en la medida en que perdemos nuestros medios de subsistencia en razón de la crisis climática y la omisión estatal. Pero sabemos que podemos cambiar esta situación. Nosotras, las mujeres, que somos las más impactadas porque usamos el agua para el hogar y otras actividades, debemos ser escuchadas y reconocidas en nuestro rol en rescatar el lago y su vida". También intervino en la audiencia Angelica Ortiz, en representación de las comunidades La Gran Parada y El Rocío —ubicadas en el departamento de La Guajira, Colombia— y de la Organización Fuerzas de Mujeres Wayuu. Evidenció la realidad del pueblo indígena Wayuu, cuyas posibilidades de adaptación a la emergencia climática se han reducido en medio de una situación de vulnerabilidad económica, crisis hídrica, décadas de explotación de carbón y, recientemente, de proyectos de energía eólica que se desarrollan en sus territorios sin haberles consultado. "No sabemos cuándo llueve, por eso tampoco sabemos cuándo sembrar". La Corte escuchó además el caso de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, ecosistema que ha perdido más del 90 % de sus glaciares por el calentamiento global. "Nuestra Madre está enferma, la crisis climática es la enfermedad que hemos causado a la madre y que hoy nos manda el mensaje", dijo Jaime Luis Arias, Cabildo Gobernador del Pueblo Kankuamo. Entre otras cosas, la crisis climática amenaza el sistema de conocimientos ancestrales de estos pueblos, sus prácticas tradicionales y su vida espiritual. Finalmente, Yoko Ruiz, coordinadora territorial de la Liga de Salud Trans, habló de los impactos diferenciados de la crisis climática en las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Exhortó a que el dictamen de la Corte para esclarecer las obligaciones estatales de protección de los derechos humanos ante la emergencia climática sea coherente con las realidades de discriminación y violencia estructural que enfrentan estas poblaciones. Aportes desde las vivencias y los saberes Las y los integrantes de la delegación viajaron a Manaos no solo para contar las problemáticas que les aquejan. Como agentes de cambio, también llevaron propuestas concretas de cómo afrontar la crisis climática con urgencia, a partir de sus saberes y experiencias, y respetando los derechos humanos. Sus propuestas son un grito de esperanza que confían sea escuchado por la Corte. Son un llamado a replantear las causas estructurales del desequilibrio natural y espiritual; así como a detener las afectaciones a la Madre Tierra, a sus elementos sagrados, órganos y sistemas vitales. Entre muchas otras cosas, propusieron: Establecer la declaratoria de protección integral de los territorios étnicos y campesinos, así como ecosistemas, con alto grado de vulnerabilidad a causa de la crisis climática. Fortalecer las capacidades de adaptación de las poblaciones a través del conocimiento ancestral, el monitoreo comunitario y otros mecanismos que aseguren a sus habitantes resiliencia climática. Reconocer la validez del conocimiento ancestral y ordenar a los Estados fortalecer las capacidades de la población para vigilar y cuidar los ecosistemas como una forma de promover la adaptación climática. Que los planes de prevención, preparación, respuesta, recuperación y adaptación ante desastres climáticos cuenten con perspectiva de género y garanticen servicios e insumos relacionados con la salud en general, y sobre todo sexual y reproductiva, de mujeres, niñas y personas LGBTQ+. El encuentro de los pueblos del continente americano en el proceso de elaboración de la opinión consultiva de la Corte Interamericana es más que un trámite y una presentación de 10 minutos. Es ante todo una apuesta por la esperanza, una reafirmación de que la lucha contra la crisis climática será con y para los pueblos o no será. En AIDA apoyamos a que diferentes comunidades de la región lleven su voz al proceso con su participación en las audiencias de Bridgetown y Manaos, además de con la presentación de escritos legales a la Corte resaltando las diversas las afectaciones socioambientales de la emergencia climática y propuestas valiosas para su abordaje. Esta experiencia refleja nuestra apuesta por la construcción de procesos éticos, colectivos y horizontales junto a comunidades de América Latina para potencializar el alcance de sus voces y promover la renovación del derecho internacional desde sus conocimientos. Para el equipo de AIDA es fundamental ser puente entre personas defensoras que luchan diariamente por la vida. Buscamos cambiar las lógicas tradicionalmente excluyentes de los espacios internacionales de decisión, promoviendo el intercambio de conocimientos diversos y trabajando para que las decisiones acerca de la naturaleza incorporen la voz de quienes realmente la resguardan y viven en armonía con ella. *Liliana Ávila es directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Marcella Ribeiro es abogada sénior del programa.

Julio 09 2024 Cambio Climático

México: Piden organizaciones que la regulación sobre almacenamiento de energía garantice la expansión de las energías renovables

El almacenamiento de energía eléctrica en baterías es una de las integraciones técnicas que pueden impulsar la transición energética justa, maximizar el desarrollo de energías renovables y mitigar la crisis climática, así como dar flexibilidad, resiliencia y seguridad a los sistemas eléctricos. La regulación debe promover la integración de nuevas personas usuarias en el esquema de generación distribuida. En el contexto actual de la crisis climática y la necesaria transición energética justa hacia fuentes de energía limpia, organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) comentarios respecto del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Integración de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional, publicado el 6 de mayo de 2024 en el portal web de la Conamer. Los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica son relevantes para la mitigación de la crisis climática, la resiliencia y la seguridad del sistema eléctrico, así como para la promoción de esquemas descentralizados como la generación distribuida porque apoyan la integración de energías renovables y sirven como respaldo crítico durante cortes de red o emergencias. En ese sentido, los comentarios presentados plantean que es esencial que el marco regulatorio establezca bases regulatorias flexibles y adecuadas que incentiven la participación de los SAE y se adapten a los avances tecnológicos. Por lo tanto, las organizaciones recomiendan: Omitir el término "intermitente" al referirse a la energía renovable, pues no existe en la regulación una definición de lo que debe entenderse por una central eléctrica intermitente. Además, es importante recordar que el objetivo de las disposiciones debe ser promover la expansión de las energías renovables y la sustitución de combustibles fósiles, por lo que usar el término "intermitente" puede ser peyorativo. Que los sistemas de almacenamiento puedan integrarse al sistema como activos de transmisión para no contradecir las Bases de Mercado, mismas que ya los contemplan. Considerando la rápida evolución tecnológica, abrir el listado de modalidades de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica (SAE), habilitando la incorporación de modalidades emergentes previa aprobación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Establecer la posibilidad de que los desarrolladores de SAE, aun cuando se trate de sistemas de almacenamiento, tengan la facultad de decidir si desean participar o no en el mercado eléctrico y en función de esta decisión determinar la necesidad de implementar los sistemas de medición y comunicación requeridos. Tratar como una modificación técnica la instalación de un SAE cuando este tenga una capacidad pequeña respecto de la capacidad de la central, de forma que sea tratado únicamente como una mera actualización y no se requiera tramitar una modificación a un permiso existente. Omitir la limitación de la participación de los SAE en la prestación de Servicios Conexos y, en su lugar, replicar y desarrollar la disposición de las Bases de Mercado que sí lo permite. Restringir el requerimiento de descarga de los SAE, de las Centrales Eléctricas Renovables, a los supuestos establecidos en el Código de Red. Eliminar la prohibición de que los SAE instalados en los centros de carga de los usuarios no inyecten energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión (RNT) o a las Redes Generales de Distribución (RGD), ya que no existe ninguna restricción técnica que lo impida. Aclarar si un SAE No Asociado con una capacidad menor a 0.5 MW sería considerado como Generador Exento sin necesidad de tener un permiso, conforme a la Ley de la Industria Eléctrica. De lo contrario, esto podría constituir un trato discriminatorio si se busca equiparar regulatoriamente el almacenamiento con el régimen de generación eléctrica. Reconsiderar la limitación de que los SAE No Asociados proporcionen Servicios Conexos pues actualmente las Bases del Mercado ya lo permiten. Aplicar de manera uniforme la tarifa regulada para los servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista independientemente de si el servicio es proporcionado por un SAE o por centrales eléctricas. Para que esta regulación sea exitosa, es necesario eliminar barreras innecesarias para el desarrollo de estos sistemas de almacenamiento. Esto incluye reconocer las capacidades y potencial de los SAE en diferentes modalidades, permitir la oferta de servicios conexos desde el primer momento y asegurar que los requisitos técnicos y financieros no sean prohibitivos para los desarrolladores de pequeños sistemas. Además, es esencial que las disposiciones regulatorias no sean regresivas y que se promueva un marco que permita a los SAE competir en igualdad de condiciones con otras tecnologías y fuentes de generación. La integración de los SAE como activos de transmisión y distribución, así como su capacidad para inyectar energía en la red, son aspectos que deben ser considerados para garantizar una transición energética limpia, eficiente, sostenible, justa y descentralizada. Firman: Alianza Juvenil por la Sostenibilidad (AJUVES) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Earthjustice Nuestro Derecho al Futuro, A.C. (Nuestro Futuro, A.C.) Ombudsman Energía México (OEM)

60 sesión de los Órganos Subsidiarios de la ONU sobre el Cambio Climático en Bonn

Junio 19 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

Negociaciones climáticas: Reflexiones tras la reunión en Bonn previa a la COP29

Por Florencia Ortúzar y Javier Dávalos* Del 3 al 13 de junio de 2024, se llevó a cabo la sexagésima sesión de los Órganos Subsidiarios de la ONU sobre el Cambio Climático (SB60, por sus siglas en inglés) en Bonn, Alemania. Estas sesiones, realizadas dos veces al año, consisten en reuniones técnicas en las que las personas delegadas de los gobiernos avanzan en la agenda de las negociaciones climáticas internacionales. La sesión en Bonn fue parte de los preparativos para la vigésimo novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), a realizarse en noviembre en Bakú (Azerbaiyán), y estuvo guiada por los acuerdos que surgieron en la COP28, celebrada el año pasado en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). AIDA participó en la SB60 para llevar la voz de América Latina a la negociación con una perspectiva de derechos humanos y de género. Compartimos a continuación reflexiones en torno a los cuatro temas principales abordados en la reunión: la transición justa, el balance global, la nueva meta de financiamiento y el fondo de pérdidas y daños. Programa de Trabajo para un Transición Justa El 2 y 3 de junio, se realizó el esperado primer diálogo sobre el Programa de Trabajo para una Transición Justa, creado en la COP27 para abordar los desafíos de la transición a economías y sociedades bajas en carbono. El objetivo es lograr un proceso equitativo e inclusivo que promueva la protección de los/as trabajadores/as, así como de las comunidades afectadas. Las organizaciones observadoras de la sociedad civil señalaron que los principios de una transición justa exigen evaluar los impactos de la acción climática en todos los derechos humanos —incluidos los laborales, sociales, económicos y ambientales— en territorios clave. Para ello, la toma de decisiones en el programa de trabajo debe incluir diálogo social y múltiples niveles de consulta con grupos y comunidades. AIDA abogó para que la dimensión de justicia considere los impactos diferenciados de la transición en diferentes zonas del planeta, particularmente en el sur global, donde la extracción de minerales de transición (litio, cobalto y cobre, entre otros) amenaza ecosistemas sensibles, a especies y a comunidades vulnerables. Se están repitiendo los problemas de la explotación de combustibles fósiles. Son relevantes entonces las salvaguardas, los enfoques participativos y la cooperación internacional. También es importante apoyar los enfoques de diversificación económica, que nos resguardan de una nueva dependencia de la venta de materias primas, promoviendo la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso. Seguimiento al diálogo sobre el Balance Global El Balance Global es un mecanismo de evaluación colectiva para revisar, cada cinco años, el progreso mundial en términos de mitigación, adaptación y financiamiento climático. El ejercicio permite saber si los esfuerzos globales están siendo suficientes para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de limitar la temperatura del planeta debajo de 2°C y ojalá de 1.5°C. Los resultados del balance deben influir directamente en los compromisos climáticos de los países, contenidos en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). El texto del primer balance, aprobado en 2023, dio paso al proceso de actualización de las NDC, que los países deben presentar en 2025 y que deben concretar el compromiso histórico alcanzado en la COP28 de eliminar progresivamente los combustibles fósiles, fijar metas específicas de reducción de emisiones de metano, triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. En su versión actualizada, las NDC deben contener medidas claras de adaptación, basadas en la conservación de la biodiversidad y de ecosistemas clave como la Amazonía, los humedales y el océano. AIDA estará pendiente y hará seguimiento a que los países de la región establezcan compromisos climáticos progresivos que cumplan con lo acordado en el Balance Global. La nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento climático En 2009, los países desarrollados acordaron movilizar 100 mil millones de dólares al año para 2020 con el fin de apoyar la acción climática en los países en desarrollo. Luego, en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, se acordó definir una nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento climático (NCQG, por sus siglas en inglés). Dicha meta debería ser adoptada en noviembre, durante la COP29, y la sesión en Bonn debía preparar el terreno para ello. Además, la nueva meta será un indicador de la posibilidad que tendrán los países en desarrollo de cumplir con sus NDC actualizadas, así como una señal de justicia que podría reforzar la credibilidad en el sistema de las negociaciones climáticas. Sin embargo, llegar a un acuerdo no ha sido fácil debido a la cantidad de decisiones necesarias para delinear la nueva meta en su totalidad. El punto más álgido de consensuar es la cifra que los países desarrollados deberán comprometer. Hasta ahora sólo han acordado que debía superar los 100 mil millones de dólares. De su lado, los países de América Latina no han logrado proponer cifras estimadas según las necesidades de la región. También sigue en debate la lista de países que contribuirán a la meta. Según los países desarrollados, algunos países que han avanzado en su desarrollo podrían comenzar a aportar. Se discute también si la nueva meta servirá también para financiar el alivio a las pérdidas y daños, un tema no contemplado cuando se discutió la meta anterior y que hoy cuenta con un fondo especial. Otro reto para los países en desarrollo es que el financiamiento que resulte de la nueva meta no genere más deuda pública. A estos se suman otros detalles que aún requieren acuerdos. Ahora los copresidentes de la COP deben proponer un documento en el que concilien las visiones divergentes y que sirva para lograr acuerdos en la COP29. Los países tienen la oportunidad de aplicar lo aprendido de la meta inicial y asegurar una nueva meta más efectiva en cantidad y en sus formas de implementación. Financiar la acción climática no es limosna ni caridad, sino un deber y una responsabilidad de los países desarrollados. Además, también les beneficia: los impactos de la crisis climática son globales. Sin meta no hay flujos financieros y, sin financiamiento, no hay manera de afrontar la crisis. La puesta en marcha del fondo de pérdidas y daños El fondo de pérdidas y daños fue establecido en 2022 durante la COP27 y su entrada en funcionamiento fue acordada un año después en la COP28. Si bien la creación del fondo es de celebrar, apenas es un primer paso para que sea el canal de apoyo que tan desesperadamente necesitan los países que ya sufren los peores impactos de la crisis climática. Son muchos los desafíos por resolver. En la sesión de Bonn, se confirmó que el Banco Mundial asumirá interinamente la administración del fondo en los primeros cuatro años. Para la sociedad civil y los países en desarrollo en general, las pérdidas y daños deben ser reconocidos como el tercer pilar de la acción climática, junto a la mitigación y adaptación. Pero algunos países desarrollados parecen sugerir que, con la creación del fondo, ya no haría falta incluir el asunto como parte de la nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento climático, lo que no tiene sentido. Además, el monto hasta ahora comprometido por los países desarrollados para alimentar el fondo no representa ni el 0.2 % de lo que se necesita anualmente. No existe aún una estrategia que proponga cuánto deberían aportar los países contribuyentes según su responsabilidad y capacidad. El fondo requiere una estructura descentralizada y contar con la participación de la sociedad civil, comunidades indígenas, juventudes, mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad desde sus inicios para asegurar que el dinero llegue a quienes lo necesitan. También debe operar de manera eficiente y suficiente, entregando alivio monetario y de calidad lo antes posible. De otro lado, los países en desarrollo, incluyendo los de América Latina y el Caribe, deben hacer un esfuerzo para monitorear y reportar las pérdidas y daños en sus territorios, lo que muchas veces implica desafíos económicos, técnicos y hasta metodológicos para los que se requiere apoyo, capacitación y acompañamiento. Los resultados de las negociaciones climáticas internacionales son lentos y el proceso causa muchas veces frustración. Decepciona la postura de muchos países desarrollados que eluden la responsabilidad que les compete, mientras disfrutan de un desarrollo construido a costa del equilibrio climático global. Sin embargo, ante tal panorama, bajar la guardia tampoco es opción. La sociedad civil organizada que trabaja alrededor de estas negociaciones es motivo de esperanza. Es una muestra de solidaridad y destreza que logra resultados y que no se rinde. Estando ahí, representando a nuestra región, aportamos a ese movimiento con la sabiduría y la fuerza que viene del sur global. *Florencia Ortúzar es abogada sénior de AIDA y Javier Dávalos es director del Programa de Clima.

Junio 19 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

Lo que debes saber de las “pérdidas y daños” de la crisis climática

Las recientes inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul, al sur de Brasil, han causado el desplazamiento de más de 500 mil personas de sus hogares, convertidas en refugiadas climáticas, así como en pérdidas millonarias de cultivos y ganado. Mientras, en Panamá, unas 300 familias costeras tuvieron que dejar Cartí Sugdupu, isla amenazada con desaparecer bajo las aguas por el aumento del nivel del mar, y ser llevadas a una urbanización construida por el gobierno frente al Caribe. Este tipo de consecuencias negativas de eventos climáticos extremos, que ocurren pese a o por falta de acciones de mitigación y adaptación, reciben el término técnico de "pérdidas y daños" de la crisis climática. La evidencia científica ha dado cuenta que estas pérdidas y daños ya están sucediendo, que irán en aumento y que se distribuyen de forma desigual, con efectos desproporcionados en los países en vías de desarrollo y en los grupos en situación de vulnerabilidad. El asunto —clave en las negociaciones climáticas internacionales— está estrechamente ligado con el concepto de justicia climática al plantear la cuestión de quién debe pagar por las pérdidas y daños en los países más pobres, con poca responsabilidad histórica en la emergencia climática. En este texto abordamos los aspectos básicos de este tema, cada día más relevante y frente al cual es urgente actuar. ¿Qué se considera pérdidas y daños? Empecemos por desmenuzar un poco más el término: Las "pérdidas" se refieren a lo que se pierde de forma permanente a causa de la crisis climática, como vidas humanas y de otras especies, territorios, fuentes de agua, ecosistemas, medios de vida, lugares patrimoniales e idiomas. ‍Los "daños" se refieren a lo que ha sido afectado por la crisis climática pero que puede ser restablecido o restaurado, como los impactos en la salud física y mental, los suelos, las carreteras, las escuelas, las viviendas, los centros de salud y las empresas. Las pérdidas y daños suelen dividirse en dos categorías, que pueden superponerse: Económicos. Pérdidas y daños a los que se puede asignar un valor monetario: la destrucción de bienes como casas o automóviles, la pérdida de medios de subsistencia como cosechas o ganado, la disminución de la productividad por horas de trabajo perdidas, los daños en infraestructura básica o la interrupción de cadenas de suministro. Esto puede pasar a escala internacional, nacional o local. No económicos. Pérdidas y daños difíciles de medir en términos monetarios. Incluyen la pérdida de vidas humanas, los daños a la salud, los traumas del desplazamiento forzado y las afectaciones a la cultura, la lengua, el patrimonio, la identidad, etc. Esta categoría abarca también la pérdida o reducción de biodiversidad, la extinción de especies y la interrupción o pérdida de servicios de los ecosistemas, como la producción de oxígeno por un bosque. Por otro lado, en las negociaciones climáticas internacionales, la expresión adquiere un significado diferente. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se refiere a los esfuerzos para "evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños asociados a los impactos del cambio climático, especialmente en los países en desarrollo que son particularmente vulnerables". Los términos "evitar" y "minimizar" aluden generalmente a la mitigación y la adaptación, respectivamente, mientras que la palabra "abordar" se refiere a las acciones para enfrentar los impactos de la crisis climática que no se han podido o no se pueden evitar. ¿Cuánto dinero se necesita para enfrentar las pérdidas y daños? Las discusiones acerca de las pérdidas y daños, que abordan aspectos como la responsabilidad y las compensaciones, han sido polémicas en las negociaciones internacionales. Los países desarrollados —responsables históricamente de la mayor parte de los gases de efecto invernadero que han calentado el planeta— han sido esquivos ante posibles acuerdos que los declaren responsables y les hagan pagar por las pérdidas y daños que sus emisiones han y siguen causando. ¿De cuánto es la factura? De acuerdo con un informe publicado por Loss and Damage Collaboration, 55 de las economías más vulnerables al clima sufrieron pérdidas de más de 500 mil millones de dólares entre 2000 y 2020, algo que podría aumentar en una cifra similar en la década siguiente. Según otros cálculos, el costo anual de las pérdidas y daños será de 400 mil millones de dólares para 2030. En América Latina, según un estudio de 2019, se prevé que las pérdidas y daños por la crisis climática serán de 462 mil millones de dólares en 2050 y podrían subir a 891 mil millones en 2070. ¿Qué se está haciendo para afrontar las pérdidas y daños? Aunque la cuestión de las pérdidas y daños lleva más de tres décadas apareciendo en las negociaciones climáticas internacionales, fue recién en 2013 cuando cobró fuerza. Ese año, en la décimo novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP19), los países establecieron el Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños, con el mandato de compartir conocimientos, fortalecer el diálogo entre las partes interesadas y movilizar conocimientos especializados para mejorar la acción y el apoyo en el tema. En 2015, los países en desarrollo presionaron con éxito para incluir un artículo sobre pérdidas y daños en el Acuerdo de París (tratado internacional legalmente vinculante y vigente desde 2016), pero la cuestión del financiamiento quedó fuera. Esto nos lleva al siguiente hito, ocurrido en 2022 durante la COP27 en Egipto, cuando se acordó establecer un fondo de pérdidas y daños para brindar ayuda financiera a los países en desarrollo. Un año después, en la COP28 de Dubái, se acordó la entrada en funcionamiento del fondo, incluyendo reglas de operación y otros aspectos clave, entre ellos la invitación al Banco Mundial para ser gestor interino por los primeros cuatro años. En junio de 2024, en el marco de las sesiones de negociación de Bonn, el Banco Mundial aceptó la invitación para administrar el fondo y comenzaron las discusiones para hacerlo operativo. La sociedad civil pide que las pérdidas y daños se reconozcan como el tercer pilar de la acción climática (junto a la mitigación y adaptación), pero los países desarrollados se resisten, dando a entender que la creación del fondo sería suficiente e incluso sugiriendo que las pérdidas y daños no sean parte de la nueva meta global de financiamiento. Aunque es de celebrar, la existencia del fondo es solo el primer paso para que sea lo que tan desesperadamente necesitan los países que están sufriendo los peores impactos de la crisis climática. Los desafíos incluyen: Financiamiento. El monto comprometido por los países desarrollados hasta ahora es de 700 millones de dólares, ni el 0.2 % de lo que se necesita (400 mil millones de dólares). Administración. Entre otras cosas, el Banco Mundial debe garantizar la independencia e integridad de la Junta y la Secretaría del fondo, que todos los países parte del Acuerdo de París tengan acceso directo a los recursos (aunque no sean miembros del Banco), así como la entrega suficiente y eficiente de recursos. Participación. El fondo requiere una estructura descentralizada y tener la participación de la sociedad civil, comunidades indígenas, juventudes, mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad desde sus inicios para asegurar que el dinero llegue a quien lo necesita. Acceso. El fondo debe permitir acceso directo al financiamiento, no solo a las autoridades nacionales, sino también a organizaciones de la sociedad civil y a comunidades afectadas. Inventarios. Los países en desarrollo requieren monitorear y reportar las pérdidas y daños en sus territorios, lo que implica recursos económicos y técnicos. Fuentes - United Nations Environment Programme, "About Loss and damage". - Preety Bhandari, Nate Warszawski, Deirdre Cogan y Rhys Gerholdt, "What Is 'Loss and Damage' from Climate Change? 8 Key Questions, Answered", World Resources Institute. - Naciones Unidas, "Pérdidas y daños: Un imperativo moral para actuar". - The Loss & Damage Collaboration, "WHAT IS LOSS AND DAMAGE?". - The London School of Economics and Political Science, "What is climate change ‘Loss and Damage’?". - Navin Singh Khadka, "COP27: qué significa el concepto ‘pérdidas y daños’ por el clima extremo que enfrenta a los países ricos y pobres", BBC Mundo. - Alejandra Cuéllar, "COP27: ¿Qué son las pérdidas y los daños, y qué significan para América Latina?", Climate Tracker. - Adriana Abramovits, "El Fondo para Pérdidas y Daños ¿por qué no es lo que la sociedad civil esperaba?", Dejusticia.

Junio 04 2024 Cambio Climático, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Transporte marítimo: ¿Qué se está haciendo para reducir su contaminación?

El transporte marítimo es la actividad de mover mercancías de un destino a otro por mar. Es fundamental para el comercio, representando un 80 % del transporte mundial de mercancías. Sin embargo, esta industria es al mismo tiempo una fuente importante de contaminación, particularmente de gases de efecto invernadero (GEI), aquellos que calientan el planeta, y también de otros contaminantes nocivos para la salud humana. Por ello, este sector requiere descarbonizar sus actividades, es decir, reducir sus emisiones de GEI tanto en el transporte como en la carga y descarga de mercancías en los puertos alrededor del mundo. ¿Cuánto contamina el transporte marítimo internacional? Cada año se mueven 10.000 millones de toneladas de carga por vía marítima y esto provoca el 2.9 % de las emisiones globales de GEI —entre ellos dióxido de carbono (CO2)—, porcentaje cercano al que emite Japón. Esto se debe a que los barcos utilizan enormes cantidades de petróleo para desplazarse, emitiendo en conjunto cerca de 1.000 millones de toneladas de GEI. Las cifras mencionadas no incluyen las emisiones que se generan en los puertos de carga, que no están automatizados y que también utilizan fuentes de energía fósil. La principal fuente de energía de los buques que mueven mercancías en el mundo es el heavy fuel oil, un combustible fósil altamente contaminante, que produce emisiones de CO2 que aceleran el calentamiento global. En 2023, las emisiones de GEI del transporte marítimo aumentaron 20% respecto de 10 años atrás, según Naciones Unidas. Y proyecciones publicadas por la Agencia Europea de Medio Ambiente apuntan que pueden llegar a un 17% de las emisiones mundiales en 2050 si no se toman medidas para descarbonizar el sector. El calentamiento y consecuente derretimiento del Ártico —región geográfica alrededor del Polo Norte— evidencia los impactos de las emisiones del transporte marítimo en el clima mundial: Según Clean Arctic Alliance, el Ártico (uno de los principales reguladores del clima mundial) se está calentando hasta cuatro veces más rápido que el planeta en su conjunto. Lo anterior se debe en gran parte a las emisiones de carbono negro u hollín del transporte marítimo, cuyo residuo surge tras la quema de combustibles pesados en los buques. El carbono negro se libera en estado gaseoso y sólido. Como gas, contribuye al efecto invernadero en la atmósfera; y como partícula sólida, acelera el deshielo al depositarse sobre la nieve y el hielo. ¿Cómo afecta la contaminación del transporte marítimo a la salud humana? El transporte marítimo internacional genera contaminantes como el carbono negro y partículas que impactan en la salud humana. De acuerdo con el Instituto de Salud Global de Barcelona, que revisó 32 estudios sobre las emisiones del transporte marítimo, se estima que esta industria podría ser la responsable de unas 265 mil muertes prematuras en todo el mundo (2020). Esto quiere decir que el 0,5% de la mortalidad mundial estaría asociado a sus emisiones. Aunque la contaminación atmosférica del transporte marítimo es un problema universal, afecta desproporcionadamente a las poblaciones costeras, especialmente a las que viven cerca de puertos y de otras operaciones industriales. ¿Quién es responsable de prevenir la contaminación del transporte marítimo? La Organización Marítima Internacional (OMI) es la agencia especializada de Naciones Unidas responsable de generar normas para un transporte marítimo seguro, eficiente y libre de contaminación. En 2023, los 175 países que integran la OMI acordaron reducir entre un 20 % y un 30 % (respecto a 2008) las emisiones de GEI generadas por la industria al 2030 y en al menos un 70 % al 2040. El pacto se completa con una meta para conseguir un balance de emisiones cero (de modo que los gases arrojados a la atmósfera sean neutralizados o compensados por los sumideros) para "cerca del año 2050". En ese marco, en los siguientes meses y hasta abril de 2025, las reuniones en la OMI estarán enfocadas en conseguir la descarbonización del transporte marítimo a través de una transición energética justa. En este período, serán analizadas y discutidas una serie de medidas técnicas y económicas que permitan alcanzar los objetivos de la estrategia de reducción de emisiones de los barcos. Los retos principales de estos esfuerzos incluyen: Cubrir la demanda de combustibles cero emisiones del mercado en el volumen necesario para atender a toda la flota marítima mundial. Superar la brecha de costos entre combustibles fósiles y combustibles bajos en emisiones. Que los buques adapten su tecnología para realizar una transición rápida hacia el uso de combustibles menos contaminantes. El proceso de descarbonización del transporte marítimo requiere del trabajo conjunto de diversos actores: Estados, empresas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de gobernanza internacional. Se trata de un proceso complejo que abarca toda la cadena de transporte de mercancías del mundo. Para que la descarbonización del sector sea justa, se deben considerar las responsabilidades compartidas, pero también las necesidades y capacidades diferenciadas de los países frente a los costos de abandonar los combustibles fósiles en el transporte marítimo. Se deben tener en cuenta también los efectos que ya está generando el calentamiento del planeta en países vulnerables —económica y climáticamente—, como los países insulares, los países menos desarrollados y los países en vías de desarrollo. Fuentes - Organización Marítima Internacional, "Introducción a la OMI". - Natalie Mueller, "Transporte marítimo: la contaminación olvidada", Instituto de Salud Global Barcelona. - Michelle Carrere, "Acuerdos para reducir las emisiones del transporte marítimo son considerados 'débiles' por organizaciones ambientales", Mongabay. -Paula Mateu, "El transporte marítimo reducirá las emisiones un 30% en 2030 pero las oenegés lo ven insuficiente", La Vanguardia.

Abril 22 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

Chile: Organizaciones recurren al Tribunal Ambiental para invalidar norma que prioriza el gas por encima de la energía limpia

La norma permite a las empresas que generan energía eléctrica a partir de gas natural licuado declararlo como “inflexible”, con lo que se le asigna artificialmente un costo variable de cero y se privilegia su ingreso a la matriz eléctrica del país, incluso por encima de fuentes renovables y más baratas. Organizaciones ambientales presentaron hoy una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Santiago para invalidar la "Norma Técnica para la programación y coordinación de la operación de unidades que utilicen gas natural licuado regasificado", emitida por la Comisión Nacional de Energía. La norma, emitida originalmente en 2016 y modificada por última vez en octubre de 2021, prioriza el despacho de generación en base a gas, un combustible fósil, por encima de fuentes de energía limpia y renovable. "Este caso abre por primera vez la discusión de un tema energético en sede ambiental, lo que es un gran paso para lograr que la transición energética en Chile sea, de hecho, justa", dijo Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una de las organizaciones que impugnó la norma. "Es muy importante que hagamos un seguimiento de cerca a los procesos que se están dando en Chile para que la descarbonización y la transición nos lleven a una matriz energética limpia y a un país sin zonas de sacrificio". En Chile, el Coordinador Eléctrico Nacional está a cargo de decidir qué tipos de energía y en qué medida entran al sistema energético nacional. Las fuentes de energía son variadas e incluyen carbón, gas, agua, sol y viento. Para decidir el orden de despacho, el Coordinador debe respetar la norma que le ordena priorizar siempre la energía con el menor costo variable. Por los bajos costos que tienen las energías renovables, estas suelen ser despachadas preferentemente. La norma impugnada permite a las empresas que generan energía eléctrica a partir de gas natural licuado declarar su gas como "inflexible". Lo de "inflexibilidad" significa que al gas se le asigna artificialmente un costo variable de cero, lo que lleva a privilegiar su ingreso a la matriz eléctrica del país, incluso por encima de fuentes más limpias y baratas. Así, la norma protege a las empresas generadoras que usan gas natural de un riesgo muy particular a dicha industria, relacionado con la naturaleza especial de los contratos que rigen las compras del gas que llega por barcos a Chile. Las generadoras siempre deben pagar por el gas que llega a los puertos, aún si no pueden descargarlo o usarlo, algo que no es inusual puesto que la capacidad en los puertos para regasificar y almacenar el gas es limitada. La figura del gas inflexible permite que el gas se use, aun pasando por encima del orden legal de despacho, para proteger a los generadores en base a gas de este riesgo. Pero lo anterior no tiene sustento técnico. Existen soluciones que pueden aplicarse y que funcionan en otros países en situaciones similares. Construir capacidad de almacenamiento de gas, cancelar barcos pagando una multa, postergar entregas para otros periodos o traspasar ventas a otros compradores son algunas de ellas. Aunque la norma exige a las empresas generadoras interesadas en acogerse a la inflexibilidad a realizar "los mejores esfuerzos para encontrar alternativas", en la práctica ha existido amplia discrecionalidad, lo que significa que las empresas generadoras que compran gas natural pueden declarar la condición de inflexibilidad incluso cuando podrían resolver el asunto sin forzar la entrada de su gas al sistema. Esto llevó a que en 2019 y 2020 más de la mitad del GNL usado en generación fuera declarado en modalidad de inflexible. Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, organización que también participa en la impugnación, expresó: "La norma sobre gas inflexible distorsiona el mercado eléctrico en favor de las empresas que generan electricidad quemando combustibles fósiles. Esto perjudica la generación limpia y obstaculiza la transición energética del país, el logro de la carbono neutralidad mandatada por la ley de cambio climático y la reducción de emisiones de CO2 y metano comprometida ante la Convención de Cambio Climático. El país no puede perpetuar normas que, además de afectar la calidad del aire y la salud de la población, dificultan el cumplimiento de las obligaciones climáticas". Según estudios científicos recientes, el gas es más contaminante de lo que se pensaba. Existe evidencia científica de que componentes del gas podrían incluso superar las emisiones del carbón, lo que ha motivado análisis más profundos de su verdadero impacto climático en diversas regiones del mundo. El metano, por ejemplo, que es el elemento constituyente principal del gas, tiene una incidencia enorme en el calentamiento global con una fuerza radiactiva hasta 82.5 veces más potente que la del CO2 en un período de 20 años y hasta 29.8 veces mayor en 100 años, según el Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). De hecho, se estima que a la fecha el metano ha sido responsable del 30% del aumento de las temperaturas globales desde la revolución industrial. "Mientras Chile busca posicionarse a nivel internacional como líder en ambición climática, en paralelo genera este tipo de normas que distorsionan la verdadera transición justa que necesitamos: una transición en base a energías renovables que no perpetúe el uso de energías sucias que tanto daño han hecho al clima y también a territorios donde se han concentrado numerosos impactos, afectando los derechos fundamentales de quienes allí habitan", señaló Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace. "Es por ello que resulta fundamental abordar esta norma inaceptable desde una perspectiva no solo energética, sino también ambiental". La situación también llamó la atención de otros sectores. Existe un juicio en contra de la norma técnica ante el Tribunal de Libre Competencia, interpuesto por empresas de energía renovable que compiten con las generadoras a gas en el mercado de generación eléctrica y que están siendo afectados por la norma. Contacto de prensa Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107

Abril 20 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

Liderando procesos de monitoreo participativo en los proyectos financiados por el Fondo Verde del Clima

El Fondo Verde del Clima (FVC), un fondo climático multilateral de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), asigna fondos para proyectos y programas destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la resiliencia a los efectos del cambio climático en los países en desarrollo. Hasta la fecha, el FVC ha aprobado 243 proyectos en todo el mundo, comprometiendo un total de 13.500 millones de dólares. Específicamente, aproximadamente el 26% de estos proyectos y programas se dirigen a América Latina.Este mecanismo financiero se ha convertido en un pilar fundamental de la arquitectura de financiamiento climático, desafiando los enfoques convencionales de los proyectos internacionales. Está gobernado por una junta con representación equitativa de países desarrollados y en desarrollo (designaciones de la CMNUCC); políticas ambientales y sociales sólidas basadas en los derechos humanos; una política de pueblos indígenas respaldada por un grupo asesor que interactúa con la Secretaría y la Junta; una preferencia declarada por la máxima divulgación de información; un asiento para observadores activos que representan a organizaciones de la sociedad civil; fuertes vínculos con la CMNUCC y el Acuerdo de París; y un mandato explícito de incluir una perspectiva de género. De hecho, todos los proyectos y programas aprobados deben integrar un Plan de Acción de Género (PAG). Además, el FVC tiene el mandato, mediante sus propias políticas, de facilitar los mecanismos de participación de las partes interesadas. Estos mecanismos incluyen la representación de diversos sectores, como el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos vulnerables, las mujeres y los pueblos indígenas.Aunque la implementación de estas salvaguardas y políticas progresistas está lejos de ser perfecta, su existencia establece las bases para una aplicación más sólida en el futuro. La sociedad civil, incluidos los movimientos y organizaciones feministas, colaboran con el FVC como mecanismo de financiamiento climático que debe seguir fortaleciéndose. El análisis explícito y el compromiso encomendados a cada proyecto en relación con las consideraciones sociales y de género no solo facilitan la participación, sino que también promueven la rendición de cuentas.A finales de 2022, las organizaciones asociadas de la Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA, Alianza Global para la Acción Verde y de Género ), incluidas la Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), el Fondo Tierra Viva y la Women’s Environment and Development Organization (WEDO, Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo), lanzaron colectivamente una iniciativa piloto. El proyecto tenía como objetivo facilitar el seguimiento participativo de la ejecución del proyecto FP089 Aumento de las medidas de resiliencia climática en los agroecosistemas del corredor seco de El Salvador (RECLIMA).³ La Junta Directiva del FVC aprobó RECLIMA durante su 21ª reunión (B.21) en 2018. Para el trabajo de campo, se formó una alianza con la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), una ONG ecofeminista local que aboga por la justicia ambiental y de género en El Salvador.El objetivo principal de este proyecto era poner en marcha un proceso participativo de monitoreo de un proyecto financiado por el FVC, con especial énfasis en la equidad de género. Cada organización participante abordó esta iniciativa de colaboración con genuina curiosidad y el compromiso de explorar su viabilidad y potencial impacto. También hubo un acuerdo colectivo de compartir abiertamente la información sobre el proceso, los resultados, los desafíos y las lecciones aprendidas. Este informe tiene como objetivo resumir los resultados de este ejercicio, proporcionar una visión general del proyecto RECLIMA y resaltar la importancia de la equidad de género y el monitoreo participativo en los proyectos climáticos. Además, compartirá las principales conclusiones y recomendaciones adaptadas a las entidades acreditadas y ejecutoras del FVC. Lee y descarga el informe

Casas de madera a orillas del río Dulce en Guatemala

Abril 19 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

Cómo la Corte Interamericana puede ayudar a proteger los derechos humanos frente a la emergencia climática

La crisis climática es considerada como el problema más urgente de la humanidad y la mayor amenaza a los derechos humanos. En ese contexto, ¿qué obligaciones tienen los Estados para proteger a las personas, en especial a quienes están en situación de vulnerabilidad, frente a los impactos de la crisis climática? Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ofrecen una respuesta poderosa a esa pregunta pues su objetivo es precisar el contenido y el alcance de las obligaciones para proteger los derechos humanos que tienen los Estados del continente, de acuerdo con sus leyes internas y con los tratados o convenios que firmaron. Actualmente, el tribunal internacional está justamente en proceso de emitir una opinión consultiva para esclarecer estas obligaciones, específicamente frente a la crisis climática. Las interpretaciones que la Corte ofrezca en este caso fortalecerán los argumentos empleados por las organizaciones, comunidades y otros actores que decidan iniciar litigios climáticos ante tribunales nacionales o internacionales. Por lo descrito antes, es importante explicar qué son las opiniones consultivas, por qué son importantes y cuál es su relación con el litigio climático, así como detallar el proceso de la opinión consultiva en curso y su potencial para el logro de justicia climática. ¿Qué son las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana son pronunciamientos que realiza este tribunal internacional —a petición tanto de los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) como de algunos organismos adscritos—, con el fin de interpretar tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y precisar sus alcances, determinar las obligaciones concretas que imponen y desarrollar las garantías que brindan a las y los habitantes del continente. Son importantes porque consolidan la forma adecuada de entender los derechos humanos y con ello orientan a los Estados acerca de cómo garantizarlos y aplicarlos dentro de sus territorios o jurisdicciones. Un ejemplo claro es la Opinión Consultiva 23 de 2017 en el que la Corte estableció un precedente histórico al reconocer el derecho a un ambiente sano como fundamental para la existencia humana y pronunciarse por primera vez acerca del contenido de este. Estos pronunciamientos ayudan a conocer con mayor detalle los deberes, las autorizaciones y las prohibiciones que se derivan de cada uno de los derechos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por los países del continente. Por tanto, constituyen un elemento relevante para establecer la responsabilidad de algún Estado por las posibles violaciones de derechos humanos derivados de sus acciones u omisiones. ¿Cuál es el proceso mediante el cual se emiten las opiniones consultivas? Cualquier miembro de la OEA o cualquiera de las instituciones que la integran puede solicitar una opinión consultiva para preguntarle a la Corte Interamericana cómo deben interpretarse sus cláusulas o las de "otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos" en el continente. Las preguntas deben ser específicas e incluir su justificación. Una vez recibida la consulta, la Corte informa a todos los Estados miembros y a los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que presenten sus observaciones escritas. Al mismo tiempo, se abre un plazo para que cualquier persona o entidad interesada presente ante la Corte sus consideraciones acerca de las interrogantes planteadas y de cómo deberían resolverse. Luego, si lo ve necesario, la Corte convoca a la realización de audiencias orales para escuchar a los Estados y a los otros actores que intervienen en el proceso. También puede hacer preguntas y pedir aclaraciones acerca de los escritos que recibió. A continuación, la Corte delibera en privado sobre el asunto y adopta la respectiva decisión que será notificada por su secretaría a todos aquellos que participaron en el procedimiento. ¿Cómo contribuyen las opiniones consultivas al litigio climático? El litigio climático se ha consolidado como una herramienta clave, cada vez más recurrida, para combatir la crisis climática. Se trata en esencia de un litigio estratégico que busca cambios amplios en la sociedad mediante decisiones judiciales que hagan responsables a gobiernos, empresas y a actores por las causas e impactos de la crisis climática. Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana pueden contribuir a lograr estos fallos al ofrecer interpretaciones autorizadas de los tratados sobre derechos humanos que adoptaron los Estados de la región. Sirven como parámetro jurídico para juzgar las acciones u omisiones de las entidades del Estado y de actores particulares bajo su control que agravaron o amenazan con agravar la crisis climática. Tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos establecen garantías para la vida digna la integridad personal y la salud, las cuales pueden invocarse ante tribunales como fundamento de las obligaciones de los Estados para la adopción de acciones de adaptación y mitigación de la crisis climática. Así, las opiniones consultivas ofrecen argumentos sólidos para exigir el cumplimiento de tales acciones como una forma de proteger los derechos humanos. Oportunidades de la opinión consultiva en curso para la justicia climática En enero de 2023, Colombia y Chile solicitaron a la Corte Interamericana una opinión consultiva para aclarar el alcance de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática. Ambos Estados manifestaron que sus poblaciones, y otras del continente, sufren las consecuencias de la crisis global, en especial debido a sequías, inundaciones e incendios, entre otros. Por tanto, consideran necesario que la Corte determine la manera adecuada de interpretar la Convención Americana y los derechos reconocidos en esta "en aquello relevante para hacer frente a las situaciones generadas por la emergencia climática, sus causas y consecuencias". Será la primera vez que el tribunal internacional se pronuncie para determinar los mandatos, las prohibiciones y las autorizaciones que deben inferirse de los derechos humanos en relación específica con los efectos negativos de la emergencia climática en los individuos y en las comunidades del continente. Una vez emitida, esta opinión consultiva aclarará las obligaciones legales de los Estados de América Latina para combatir la crisis climática como un asunto de derechos humanos. El dictamen de la Corte podría obligar a que los Estados reconozcan su competencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, apoyar medidas de adaptación y establecer mecanismos para afrontar las pérdidas y daños ocasionados. Ante esta oportunidad única, AIDA está participando en la consulta pública convocada por la Corte antes de emitir su dictamen. Presentamos un escrito legal con argumentos que evidencian la existencia del derecho humano autónomo al "clima estable y seguro" como parte del derecho universal a un ambiente sano, así como las consiguientes obligaciones de los Estados para prevenir y evitar los efectos nocivos de la emergencia climática en sus habitantes. Además, estamos apoyando a que diferentes comunidades de la región lleven su voz al proceso y sean escuchadas por la Corte mediante la presentación de otros escritos legales que hacen énfasis en las afectaciones socioambientales de la emergencia climática en pueblos indígenas, mujeres, niños y niñas, poblaciones con orientaciones e identidades de género diversas y en ecosistemas frágiles como los arrecifes de coral. También estamos acompañando la participación de representantes de comunidades en las audiencias del proceso, previstas por la Corte para abril y mayo en Barbados y Brasil, respectivamente. El movimiento por la justicia climática en América Latina y en el mundo es cada vez más fuerte y efectivo, alimentado por los éxitos del litigio climático y por precedentes clave como los que salen de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Abril 03 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos, Transparencia y Rendición de Cuentas

Resumen de la 38ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Marzo de 2024La 38ª reunión (B.38) de la Junta del Fondo Verde del Clima (FVC), prevista del 4 al 6 de marzo de 2024, se acortó a dos días debido al fallecimiento inesperado de Daniel Machado da Fonseca, miembro de la Junta de Brasil, por una condición cardíaca.La reunión fue presidida por la nueva copresidenta de la Junta, Milagros De Camps German, de República Dominicana, y por Victoria Gunderson, de Estados Unidos, que actuó en representación de la copresidenta del Reino Unido, quien no pudo asistir a la reunión. La agenda de la reunión incluyó discusiones acerca del establecimiento de la presencia regional del FVC y la financiación de pagos basados en resultados para REDD+. La Junta también aprobó 11 propuestas de financiamiento (solicitando un total de USD 489,8 millones al FVC), entre las cuales figuran una para Perú, una para Belice y una que incluye a varios países de la región; y la acreditación de ocho nuevas entidades.Muy relevante también fue que, durante esta reunión, la Secretaría tomó la esperada decisión respecto de la FP146, el proyecto Bioclima, aprobado para ser implementado en Nicaragua en 2020 y que fue objeto de una queja presentada ante el Mecanismo Independiente de Quejas del FVC en 2021.Consulta y descarga el resumenResumen en portugués

Marzo 08 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

Comunidades en Nicaragua logran salida del Fondo Verde del Clima de proyecto que vulneraba sus derechos

En una decisión sin precedentes, que resuelve una queja presentada en 2021, el Fondo Verde del Clima dio por terminado un proyecto forestal debido a que los desarrolladores incumplieron las políticas y procesos de la entidad en materia de salvaguardas socioambientales. Dicho incumplimiento vulneraba los derechos humanos de comunidades indígenas y afrodescendientes. El Fondo Verde del Clima, la principal entidad multilateral de financiamiento climático a nivel mundial, decidió dar por terminado el financiamiento comprometido para un proyecto de conservación forestal en Nicaragua debido a que los desarrolladores incumplieron las políticas y procedimientos de la institución en cuanto a salvaguardas socioambientales. El incumplimiento vulneraba derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes pues el proyecto amenazaba con agravar la situación de violencia que ya sufren. El Fondo no había realizado desembolsos para el proyecto y la implementación del mismo no había comenzado.La decisión, primera de este tipo en la historia del Fondo, es la respuesta a una queja presentada en junio de 2021 por representantes de las comunidades afectadas —con el apoyo de organizaciones locales e internacionales— ante el Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo, instancia que se ocupa de los reclamos de personas que se ven o pueden verse afectadas por proyectos o programas financiados por la entidad."Esta decisión es un reconocimiento a los esfuerzos incansables de las comunidades detrás del caso, que lograron demostrar la difícil situación que enfrentan, así como un recordatorio de la importancia de incluir a las comunidades locales en todas las etapas de un proyecto, desde su concepción", dijo Florencia Ortúzar, abogada sénior de AIDA, una de las organizaciones que acompañó y apoyó legalmente el proceso de la queja.En la queja las comunidades argumentaron que la ejecución del proyecto —denominado Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas BOSAWÁS y Río San Juan— implicaría afectaciones graves ya que:No hubo divulgación adecuada de información, consulta indígena, ni consentimiento libre, previo e informado.El proyecto causaría degradación ambiental y aumentaría la violencia que sufren las comunidades en sus territorios indígenas por la colonización de tierras.Se estaban incumpliendo las condiciones que la Junta Directiva del Fondo impuso para la aprobación del proyecto (entre ellas la supervisión independiente de la implementación del proyecto y la garantía de la legítima participación de los pueblos indígenas).Existía falta de confianza en el Banco Centroamericano de Integración Económica, entidad acreditada para canalizar los fondos, respecto del cumplimiento de las políticas del Fondo.Existía falta de confianza acerca de la capacidad del gobierno de Nicaragua, como entidad implementadora, para cumplir con sus obligaciones al ejecutar el proyecto. El objetivo del proyecto, para el cual el Fondo comprometió 64 millones de dólares en 2020, era restaurar paisajes forestales degradados en la región más biodiversa de Nicaragua (hogar del 80% de sus bosques y de la mayoría de sus pueblos indígenas) y canalizar inversiones hacia la gestión sostenible del uso de la tierra y bosques.Sin embargo, el proyecto fue diseñado sin las consultas adecuadas, con absoluta falta de transparencia por parte del banco promotor e ignorando el difícil contexto de violencia y desprotección de derechos humanos que todavía sufren las comunidades indígenas en Nicaragua, particularmente en la zona del proyecto.En las últimas décadas, la dura situación local solo ha empeorado producto del crimen organizado, el narcotráfico, la expansión de la agricultura y la ganadería, así como por la promoción de políticas extractivistas en general y la falta de protección por parte del Estado.La investigación abierta por el Mecanismo Independiente de Reparación, que incluyó trabajo en terreno, entrevistas presenciales y virtuales con todas las partes interesadas, confirmó algunas acusaciones de la queja, incluyendo la falta de procesos adecuados de consulta y del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas. Así consta en el informe final de la investigación.En julio de 2023, la Junta Directiva del Fondo, llamada a decidir el futuro del proyecto en base al informe de la investigación, traspasó la tarea a la Secretaría de la entidad. Con esto, ni el Mecanismo Independiente de Reparación ni los reclamantes tuvieron más voz en el asunto.Finalmente, el 7 de marzo de este año, la Secretaría dio a conocer su decisión: dar por terminado el acuerdo de financiamiento con el proyecto, reconociendo que los desarrolladores incumplieron las políticas del Fondo, tal como alegaron las comunidades en la queja.“La decisión representa una lección valiosa para el Fondo Verde del Clima, cuyas políticas y salvaguardas existen para prevenir estas lamentables situaciones y deben aplicarse con rigor y coherencia desde la concepción misma de los proyectos que buscan financiamiento”, afirmó Ortúzar. Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107