Cambio Climático

January 30 2024 Fortalecimiento de Capacidades, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Seminario web "Humedales andinos: Oportunidades para su protección en Argentina, Bolivia y Chile"

Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son reconocidos a nivel mundial como ecosistemas de alta importancia ambiental y social, pero también muy frágiles por sus características, cuyo elemento central es el agua, un bien común que controla el medio y la vida silvestre. Su vulnerabilidad radica también en las amenazas que afrontan, entre ellas la crisis climática y los impactos negativos de actividades extractivas como la minería de litio, de cobre y de otros minerales considerados “críticos” para la transición a nuevas formas de generar energía. En el marco del Día Mundial de los Humedales, celebrado cada 2 de febrero, en este seminario web abordamos la situación actual de los humedales andinos de Argentina, Bolivia y Chile —cuyos salares albergan más del 53% de las reservas globales de litio— y de las oportunidades que existen para proteger esos ecosistemas, así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos. Panelistas Laura Castillo, Coordinadora del Programa Altoandinos del Área de Política Ambiental, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina). Paola Quispe, ingeniera ambiental, Empodérate (Bolivia). Cynthia Escares Cifuentes, bióloga marina, ONG Defensa Ambiental (Chile). Clemente Flores, residente de la comunidad “El Moreno”, Salinas Grandes, Jujuy (Argentina). Moderó: Stephanie Weiss Müller, coordinadora de proyecto, Programa de Ecosistemas, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación

January 30 2024 Arrecifes de coral, Océanos, Fuentes de Agua Dulce

La triple crisis planetaria: Qué es y qué soluciones existen

Quizás has escuchado que la humanidad enfrenta “una triple crisis planetaria”. En palabras del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, esta crisis “amenaza el bienestar y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo”. Pero, ¿a qué se refiere? La triple crisis planetaria se refiere a tres problemas interrelacionados: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Cada uno de estos problemas es una crisis en sí misma con sus propias causas y efectos, pero las tres convergen y se retroalimentan. Las tres afectan los derechos humanos y, de forma más intensa, para personas en condición de vulnerabilidad. La crisis climática Naciones Unidas considera la alteración del clima como el problema más urgente de la humanidad y la mayor amenaza a los derechos humanos. El cambio climático, es decir, los cambios a largo plazo en las temperaturas y patrones climáticos del planeta, puede alterar por completo los ecosistemas. Aunque existe un cambio climático que ocurre por el comportamiento natural del planeta, el que estamos enfrentando es causado por las actividades humanas: desde la Revolución Industrial se ha visto un cambio acelerado en el comportamiento promedio del planeta. Una de las causas principales es la explotación y uso de combustibles fósiles. Por ello, la crisis climática se refiere a las consecuencias del cambio climático producido por actividades humanas, que son, entre otras: el aumento de la intensidad y gravedad de eventos naturales como sequías, incendios, tormentas, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los polos, cambios en los ciclos hidrológicos y climáticos que afectan la biodiversidad que depende de ellos, e impactos al disfrute de los derechos humanos. La crisis por contaminación y residuos El sistema económico dominante, dependiente del consumo, implica la generación de altos niveles de contaminación y desechos que tienen un gran impacto en la salud humana y en la de los ecosistemas. En particular, la contaminación del aire es la principal causa de enfermedades y muertes prematuras a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año 7 millones de personas mueren prematuramente a causa de la mala calidad del aire. La degradación del aire es causada por las emisiones de fábricas, del transporte y de incendios forestales. También respiran aire contaminado en sus hogares quienes carecen de acceso a tecnologías menos dañinas para cocinar o mantener el calor. La contaminación del aire está relacionada con el cambio climático, pues muchas de las emisiones también calientan el planeta. La contaminación por plásticos y microplásticos es otra preocupación mundial pues afecta a la biodiversidad, tarda siglos en descomponerse y es un derivado del petróleo, un combustible fósil. Cada vez más estudios encuentran que los plásticos están afectando la salud de las personas y de otros seres vivos. No podemos dejar de lado la contaminación provocada por las actividades extractivas que, además de generar emisiones de gases efecto invernadero y dejar a su paso químicos tóxicos para la salud, degradan fuentes de agua dulce y grandes extensiones de territorio. La crisis por pérdida de biodiversidad La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución y a la desaparición de la diversidad biológica: flora, fauna y ecosistemas. Esta crisis tiene a las dos anteriores como causa, a lo que se suma la explotación excesiva de los recursos y el cambio de uso de tierras —que se traducen en sobrepesca, venta y caza ilegal, así como deforestación— y la introducción de especies no nativas e invasoras. Esta pérdida implica también el declive de muchas especies de las que dependemos. Sus impactos se extienden hasta la afectación del suministro de alimentos y del acceso al agua. Un ejemplo es la Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo y un estabilizador climático global. Alberga 10% de la biodiversidad conocida del planeta y es el lugar ancestral de vida de más de 470 pueblos indígenas y tradicionales. Pero está en peligro por diversas amenazas como la colonización, la deforestación y las actividades extractivas. Tal es así que el punto de no retorno de la Amazonía, en el que los niveles de deforestación anulen su capacidad de regeneración, ya no es un escenario futuro. Acciones ante la triple crisis planetaria La triple crisis planetaria es un problema multifactorial, con diversos actores y cuyo abordaje correcto necesita propuestas y soluciones desde todas las especialidades. Aunque las acciones locales y los cambios individuales en nuestro estilo de vida ayudan, muchos de los cambios necesarios requieren decisiones a escala global y cambios profundos de los sistemas de producción, económicos, políticos y sociales. De acuerdo a Naciones Unidas, algunas de las acciones que ayudarían a enfrentar la triple crisis planetaria y que requieren participación global son: Limitar el aumento de la temperatura mundial a 1.5 grados: esto significa que las emisiones mundiales deberían reducirse un 45 % para 2030 con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Acelerar la expansión de energías renovables limpias: para lograr el punto anterior, se requiere una reducción drástica del uso de combustibles fósiles para dar paso a sistemas energéticos basados en fuentes renovables, sostenibles en el tiempo y respetuosos del ambiente y de las personas. Además de combatir el cambio climático, esto reduciría la contaminación del aire. Invertir en adaptación y resiliencia: esto significa considerar a quienes ya sufren los impactos de la crisis climática en las soluciones, con énfasis en las naciones, personas y comunidades en situación de vulnerabilidad y que menos responsabilidad tienen en estas crisis. Conservar y proteger el 30% del planeta: esto aplica particularmente a las áreas de importancia para la biodiversidad, incluyendo el océano. Implica también acciones para mitigar el cambio climático. Mejorar el sistema alimentario: esto incluye cambios en la forma de riego y el manejo de suelo, así como la producción de alimentos más saludables y la reducción del desperdicio de alimentos. No dejar a nadie atrás: las medidas descritas deben llevarse a cabo de manera simultánea y con un enfoque de protección de los derechos humanos pues representan una oportunidad para reducir las desigualdades que son causa y consecuencia de las crisis. Avances ante la triple crisis planetaria Estas crisis amenazan no solo nuestras fuentes básicas de sustento, sino incluso nuestra salud mental. Y, aunque hay mucho por hacer, se han logrado avances que muestran la necesaria cooperación mundial. Estos son algunos de los más recientes: El Tratado de Alta Mar, concebido para proteger dos terceras partes del océano, fue adoptado en junio de 2023, y debe ser ratificado por 60 países para entrar en vigor. Naciones Unidas reconoció el derecho a un ambiente sano, limpio y saludable como derecho universal. 175 naciones acordaron crear un instrumento global para abordar la contaminación por plásticos. Nuestras decisiones de consumo individuales y el activismo ayudan a no ser indiferentes y aportan a nuestra comunidad directamente. Pero también es importante exigir, como ciudadanas y ciudadanos, que nuestros representantes en instancias de toma de decisiones garanticen mayor participación y compromiso en la adopción de acciones clave.

Parque Nacional Yasuní, Amazonía, Ecuador.

December 20 2023 Océanos, Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático

10 buenas noticias ambientales desde América Latina en 2023

Está por terminar un año turbulento para el mundo en muchos sentidos y en el que la crisis climática todavía es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como humanidad. Sin embargo, siempre vale la pena evaluar y reconocer los avances en la búsqueda de justicia ambiental y climática en la región. Así, al cerrar el 2023, celebramos tratados, decisiones e hitos que nos ayudan a mantener la esperanza para continuar defendiendo al planeta y a sus habitantes. 1. El mundo tiene un tratado para preservar la vida en alta mar Tras dos largas semanas de negociaciones, y décadas de trabajo previas, los Estados miembros de Naciones Unidas acordaron un tratado de alta mar, orientado a proteger más de la mitad del planeta y dos terceras partes del océano. El nuevo tratado proporcionará una ruta para establecer áreas protegidas en alta mar, así como para evaluar y gestionar las actividades humanas que puedan afectar la vida en esta vasta zona. También ayudará a lograr el objetivo mundial de proteger el 30% del océano para 2030. Casi 80 países lo han firmado y está en proceso de ratificación para entrar en vigor. 2. El pueblo ecuatoriano decide proteger la Amazonía Ecuador celebró una consulta popular en la que la ciudadanía debía decidir si estaba o no de acuerdo en detener la explotación petrolera en una parte del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta. Y la gran noticia es que cerca del 60% de la población decidió proteger esta región de la Amazonía y dejar una parte del petróleo bajo tierra. Al reconocer el valor de un ecosistema clave para la estabilización del clima global, este resultado rebasa los alcances nacionales y es una muestra esperanzadora de ambición climática que puede impulsar la necesaria transición energética justa a nivel mundial. 3. La ONU reconoce el activismo por el derecho a un ambiente sano Naciones Unidas otorgó el Premio de Derechos Humanos 2023 a la Coalición Mundial de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales y Comunidades Locales por el Reconocimiento Universal del Derecho Humano a un Ambiente Limpio, Sano y Sostenible. Es un premio que se entrega cada cinco años y es la primera vez desde su creación que es otorgado a una coalición mundial, galardonando el rol esencial de la coalición en el reconocimiento del derecho a un ambiente sano por parte de la Asamblea General de la ONU en 2022, décadas de esfuerzos de la sociedad civil y los espacios de participación pública. 4. Crece el respaldo para la moratoria a la minería submarina Se trata de un llamado para que la Autoridad Internacional de Fondos Marinos haga una pausa en las negociaciones para regular la explotación submarina de yacimientos minerales mientras se obtiene la información necesaria para entender los impactos de esta actividad extractiva en el océano, las especies y las personas. La adhesión más reciente fue la de México en noviembre, la cual fortaleció el pedido que ya han hecho países de la región como Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana en favor de una moratoria a la minería submarina. Puedes unirte y conocer más siguiendo el hashtag #DefendTheDeep 5. Se gesta un Tratado de No Proliferación de Fósiles Colombia, uno de los principales productores de carbón, fue el primer país latinoamericano en unirse al llamado por un Tratado de No Proliferación de Fósiles, iniciativa mundial que busca complementar el Acuerdo de París y al que se han unido ciudades, representantes gubernamentales electos y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de la propuesta, liderada por países insulares del Pacífico, es crear un plan de seguimiento para detener la expansión del uso de combustibles fósiles e iniciar una transición justa. Puedes conocer los detalles, visitando el sitio de Fossil Fuel Treaty. 6. Señales de esperanza para una “zona de sacrificio” en Chile Aunque todavía queda mucho por hacer, sucesos recientes dan luces de esperanza de que las cosas podrían mejorar en la bahía de Quintero y Puchuncaví, cuya población ha sufrido décadas de contaminación proveniente de un conjunto de empresas. En mayo y tras 58 años de operación, los hornos y la caldera de la Fundición Ventanas se apagaron definitivamente. Asimismo, la multinacional dueña de la termoeléctrica Ventanas II, ubicada también en la bahía, anunció su cierre definitivo para fines de este año. Además, la Corte Suprema emitió tres sentencias que hacen referencia al incumplimiento de una sentencia de 2019 —la cual ordena al Estado adoptar 15 medidas para identificar las fuentes de contaminación y reparar la situación ambiental de la zona— y que otorgan herramientas para hacerla cumplir. Conoce más del caso en Chao Carbón. 7. Gobierno colombiano debe tomar acciones climáticas concretas En el plazo de un año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia debe adoptar medidas concretas de adaptación y mitigación a la crisis climática. Esa fue la orden del Consejo de Estado, un alto tribunal, como resultado de un litigio en el que se demostró que la entidad incumplió obligaciones climáticas contenidas en la legislación nacional. Colombia, al ser el mayor exportador de carbón térmico de América Latina, tiene la obligación de incorporar en sus compromisos climáticos la dimensión real de los impactos de la extracción, transporte y quema de carbón. Este caso puede convertirse en un precedente de litigio climático estratégico y exitoso a nivel regional y mundial. 8. Cajamarca, en Colombia, sigue siendo un ejemplo de democracia ambiental Las consultas populares se respetan. Un tribunal colombiano lo dejó claro al reafirmar la legalidad de la consulta popular en la que el pueblo de Cajamarca rechazó el proyecto de megaminería de oro La Colosa, de la multinacional Anglogold Ashanti. El fallo representa un triunfo para la democracia participativa y para la defensa de los territorios campesinos frente al extractivismo, generando un precedente importante para respetar otras consultas populares a lo largo del país y servir de ejemplo al resto de la región. 9. Nace una alianza regional para proteger los humedales andinos Organizaciones socioambientales diversas se unieron para conformar la Alianza por los Humedales Andinos, cuyo objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con énfasis en Argentina, Bolivia y Chile. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son reconocidos mundialmente como ecosistemas de alta significancia ambiental y social, pero también muy frágiles y amenazados por la crisis climática y por actividades extractivas como la minería de litio, cobre y de otros minerales considerados “críticos” para la transición a nuevas formas de generar energía. 10. AIDA celebra 25 años de trabajo en favor del ambiente sano Este año, celebramos nuestro 25 aniversario, un cuarto de siglo dedicado a la defensa del derecho a un ambiente sano en América Latina. Nuestro viaje e impacto han sido posibles gracias a una gran comunidad de personas aliadas con quienes hemos colaborado y con quienes compartimos este año de festejos. Este hito en nuestra historia nos permitió reflexionar en torno a los logros alcanzados, reflejados en nuestro Informe Anual 2023, y definir una visión de futuro para los próximos años que tiene como eje transversal la búsqueda de justicia climática y ambiental en la región. ¡Gracias por ser parte de estos 25 años y de las décadas que están por venir!

November 30 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumen de la 37ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Octubre de 2023 La 37ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) tuvo lugar en Tbilisi, Georgia, del 23 al 25 de octubre de 2023. Las decisiones principales incluyeron la aprobación de la Estrategia del Programa de Preparación y Apoyo Preparatorio (Readiness and Preparatory Support Programme) para el período 2024-2027, cambios en el Servicio de Preparación de Proyectos (Project Preparation Facility), un estudio de presencia regional del FVC y financiamiento para los pagos basados en resultados de REDD+. Además, la Junta revisó 15 propuestas de financiamiento que suman un total de USD 736,4 millones, así como la reacreditación de seis entidades y la acreditación de tres nuevas entidades. Consulta y descarga el resumen Resumen en portugués

November 28 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

Mensajes clave para la COP28 en Dubái

Por Javier Dávalos, Claudia Velarde y Marcella Ribeiro* El contexto global de la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), que tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), está marcado por graves conflictos armados y por un año de impactos de la crisis climática en todos los continentes. Por ello, en esta conferencia, cuya sede es una de las más grandes potencias petroleras, se debe abordar de forma directa la salida urgente de los combustibles fósiles, así como concretar un Fondo de Pérdidas y Daños que permita atender los costos de fenómenos extremos cada vez más intensos y frecuentes a causa de la crisis climática. En este marco, el movimiento por el clima se suma una vez más como actor clave para exigir una mayor ambición en la acción climática de los países. AIDA participará en la COP28 como organización observadora acreditada junto con aliados de diversas redes para usar el derecho internacional, abogar por avances contundentes en la acción climática y exigir que las perspectivas de derechos humanos y de género —enmarcadas en la meta de lograr justicia climática y una transición energética justa en la región— estén presentes en las negociaciones. Estos son los mensajes principales a los que se debe prestar mayor atención en la COP28: 1. Salida progresiva y equitativa de los combustibles fósiles En la COP28, los países deben comprometerse a eliminar de forma progresiva, equitativa, con el financiamiento adecuado y con un enfoque de derechos humanos la extracción y uso de los combustibles fósiles. También deben comprometerse a tomar medidas progresivas para disminuir la demanda de energía, promover un cambio en el sistema energético e incentivar la justicia climática como parte de un paquete integral de transición energética justa y popular. Del mismo modo, deben adoptar compromisos para evitar nuevas prospecciones; así como para transformar los subsidios destinados a esos combustibles en apoyos a la protección del ambiente y las personas. AIDA respaldará las posiciones orientadas a esas metas. 2. Un Fondo de Pérdidas y Daños con perspectivas de derechos humanos y de género En la COP27, los países acordaron establecer un Fondo de Pérdidas y Daños, en particular para las naciones con mayor vulnerabilidad ante la crisis climática. Pero la propuesta para su funcionamiento no incluye una perspectiva de derechos humanos. En la COP 28, AIDA abogará para que este fondo ayude a transformar la infraestructura de financiación climática y responda a las obligaciones de los Estados de afrontar las pérdidas y daños soportados por las comunidades vulnerables. Esto implica que el fondo tenga capacidad legal para funcionar de manera independiente y autónoma e incluya en sus principios rectores las perspectivas de derechos humanos y de género. Para diseñar eficazmente los acuerdos institucionales, modalidades, estructura y gobernanza del fondo, es fundamental garantizar la participación de la sociedad civil y de los grupos más vulnerables en todos sus niveles y etapas, incluida una adecuada representatividad de esos sectores en su Junta Directiva. Además, el fondo debe responder a las obligaciones de los Estados de compensar y reparar a las comunidades afectadas. Por tanto, no debe generar más deudas. Debe contar con salvaguardas sociales y ambientales más estrictas que las del Banco Mundial (donde se propone sea alojado en sus primeros cuatro años de funcionamiento) y con mecanismos de acceso directo a recursos adecuados. 3. Acción climática basada en la protección del océano, humedales y bosques AIDA promoverá la inclusión de esos ecosistemas en los compromisos que se adopten respecto a mitigación, adaptación y medios de implementación a través de: Trabajo con la High Seas Alliance acerca de temas clave como el tratado de altamar, la minería submarina, los derrames de petróleo en el mar y las subvenciones pesqueras perjudiciales. Apoyo a la iniciativa de moratoria petrolera en la Amazonía como estrategia regional para impulsar la salida responsable del uso de combustibles fósiles, así como la protección de este ecosistema y de sus habitantes. Seguimiento a la agenda de conservación y restauración de ecosistemas de agua dulce, apoyando con aliados casos específicos: minería en páramos (Colombia), Pantanal (Bolivia, Brasil y Paraguay) y extracción de litio en humedales andinos (Bolivia, Argentina y Chile). 4. Acción climática basada en los derechos humanos en los puntos de negociación Balance Global. En la COP28 se debe concluir el primer Balance Mundial para evaluar el progreso colectivo hacia los objetivos del Acuerdo de París. En este punto, es urgente conseguir un resultado que potencie los esfuerzos de los países para la eliminación progresiva, plena y equitativa de todos los combustibles fósiles; el respeto, protección y cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos; la adopción de enfoques intersectoriales en la planificación, el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC); la garantía de una participación pública, significativa y efectiva de la sociedad en las políticas, compromisos y procesos relacionados con la aplicación del Acuerdo de París; y para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en el contexto de la acción por el clima. Programa de trabajo de transición justa. En la COP27, los países establecieron este programa reconociendo que la transición justa ofrece oportunidades y retos para alcanzar la justicia social, ambiental y climática. Crearon así una vía de negociación para debatir las repercusiones sociales y económicas de la acción climática, así como la importancia de no dejar a nadie atrás en el camino a sociedades con bajas emisiones de carbono. En la COP28 deben definirse los elementos clave del programa —incluyendo su alcance, objetivos, resultados y arreglos institucionales— para plantear la transición como un proceso de transformación integral y plural que implique crear condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para el disfrute del derecho a la energía. Adaptación basada en ecosistemas y meta global de adaptación. La crisis climática y la de pérdida de biodiversidad deben abordarse de manera simultánea e integrada. En la COP28 se debe adoptar un marco para ello, reforzando las sinergias operativas entre los procesos políticos clave que rigen los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos a nivel mundial. Es importante establecer y fortalecer conexiones apropiadas entre los instrumentos y mecanismos clave de estos procesos; por ejemplo, entre las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad del Convenio sobre la Diversidad Biológica y las NDC del Acuerdo de París. Nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento. La financiación de la lucha contra la crisis climática ha sido insuficiente. Los recursos necesarios para la mitigación y la adaptación son significativamente mayores a los 100.000 millones de dólares prometidos hace más de una década. En la COP28 se empezará a tratar la nueva meta cuantificada colectiva, a ser adoptada en la COP29, que deberá tener en cuenta la cantidad y la calidad del financiamiento. Operacionalización de los mecanismos de mercado de carbono. Los mercados de carbono y los sistemas de compensación no resolverán la crisis climática ni brindarán la financiación necesaria. Sin embargo, ya que en la COP28 los países trabajarán para hacer más operativos estos mercados, deben hacerlo de forma que se garantice la integridad ambiental, la transparencia y el respeto por los derechos humanos, entre ellos los de pueblos indígenas y comunidades locales. AIDA promoverá el establecimiento de reglas adecuadas de transparencia, participación y consulta con estos actores, además de la creación de un mecanismo independiente de denuncia y reparación. Mecanismos desvinculados de mercados de carbono. Finalmente, se prevé que en la COP28 se abra la puerta a nuevas iniciativas globales que permitan apoyar a comunidades indígenas y locales en acciones de restauración y gestión integral de ecosistemas para fortalecer sus economías y medios de vida ante la crisis climática. Así, los países trabajarán para establecer un programa oficial de Naciones Unidas orientado a la preparación y fortalecimiento de dichas acciones para lograr ejemplos que sirvan de base para un trabajo más amplio bajo este nuevo mecanismo. *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Marcella Ribeiro es abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.

November 21 2023 Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Nace la Alianza por los Humedales Andinos para promover su protección y conservación

Conformada por organizaciones socioambientales diversas, la alianza busca proteger el agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida que dependen de estos ecosistemas en América Latina, especialmente en Argentina, Bolivia y Chile. Organizaciones socioambientales diversas se unieron para conformar la Alianza por los Humedales Andinos, cuyo objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile. Del 30 de noviembre al 12 de diciembre, representantes de casi 200 países se reunirán en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) durante la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) para seguir avanzando en la implementación del Acuerdo de París, tratado internacional que busca fortalecer la respuesta mundial a la crisis climática. La protección de los humedales es crucial en esa tarea por ser ecosistemas que actúan como sumideros naturales de carbono, ayudando a mitigar la crisis. La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son reconocidos mundialmente como ecosistemas de alta significancia ambiental y social, pero también muy frágiles por sus características, cuyo elemento central es el agua, un bien común que controla el medio y la vida silvestre. Su vulnerabilidad radica también en las amenazas que afrontan, entre ellas la crisis climática y los impactos negativos de actividades extractivas como la minería de litio, de cobre y de otros minerales considerados “críticos” para la transición a nuevas formas de generar energía. En ese sentido, el incremento de la demanda de litio en el norte global ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, que albergan más del 53% de las reservas globales. Acelerar la transición energética será justamente uno de los ejes de acción de la COP28. Frente a esta tendencia global, la alianza promueve una transición socieocológica justa, participativa y popular con una visión de largo plazo, priorizando la gestión integral del agua bajo un enfoque de justicia socioambiental y climática. Así, apoya y acompaña a comunidades y organizaciones locales en el cuidado de los humedales andinos y en la construcción de alternativas socioeconómicas que vayan más allá del extractivismo minero. Asimismo, la alianza busca que se garantice la participación de las comunidades y su acceso a información completa, veraz y transparente; así como brindar información a la sociedad global —que involucra a organismos, Estados y sector privado—, resaltando el valor de los humedales andinos y las múltiples amenazas que afrontan. Para lograr su objetivo, la alianza emplea estrategias pedagógicas, legales, investigativas, de incidencia, comunicación y de movilización de forma colectiva y en diálogo con comunidades y organizaciones. Y al reconocer los impactos diferenciados de la crisis climática en las mujeres, niñas, disidencias sexuales y otros grupos vulnerables, incorpora la perspectiva de género en el desarrollo de todas sus actividades. Contactos de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107 Carlos Ulloa Fuentes, Fundación Tantí (Chile), [email protected] +569 37614815 Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538 Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609 Faviola Rivera Seifert, Empodérate (Bolivia), [email protected], +591 77129989 Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801

November 21 2023 Fortalecimiento de Capacidades, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Seminario web "Litigio climático y transición energética en Chile: El caso de Quintero-Puchuncaví"

La historia de las localidades de Quintero y Puchuncaví en Chile evidencia la relevancia del litigio climático y ambiental como herramienta para obtener justicia, así como la importancia de acompañar los procesos de transición energética que inevitablemente se están dando en el mundo para asegurar que sean justos. En Quintero-Puchuncaví, reconocida como una zona de sacrificio, operan más de 30 empresas diferentes, muchas altamente contaminantes, lo que ha resultado en graves vulneraciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, la transición energética y las demandas por justicia ambiental están generando cambios, incluido el cierre de dos de las cuatro termoeléctricas a carbón que operaban en la zona y de una fundición de cobre. Pero la situación no está siendo abordada correctamente, para asegurar una transición en efecto justa. De estos temas conversamos en este seminario web, junto con representantes de las comunidades y de las organizaciones que han estado en la primera línea, apoyado los juicios en curso y trabajando para abordar los desafíos asociados con la transición energética en una zona que merece reparación y justicia. Panelistas Ninón Zalaquett, abogada de la Defensoría Ambiental. Katta Alonso, vocera del movimiento territorial MUZOSARE (Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia). Matías Asun, director de Greenpeace cono-sur. Marcos Emilfork, relator de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe (PLC), Jurisdicción Chile, y abogado de ONG FIMA. Moderó: Cristina Lux, abogada del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación

November 10 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

¿Qué significa que un litigio sea climático?

De acuerdo con un informe publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los litigios climáticos se han duplicado en los últimos años a nivel mundial, consolidándose como una herramienta clave, cada vez más recurrida, para combatir la crisis climática. Más aún, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), declaró, en su sexto informe, que actualmente hay “un acuerdo académico cada vez mayor en el sentido de que el litigio climático se ha convertido en una fuerza poderosa en la gobernanza climática". Es que realmente el litigio climático ha venido para quedarse en la caja de herramientas usada por activistas para promover la acción climática. Y son los niños, niñas, jóvenes, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y las comunidades locales quienes han asumido el liderazgo en la presentación de estas acciones judiciales. El litigio climático es por esencia un litigio estratégico, lo que significa que busca cambios amplios en la sociedad, que van más allá de un caso particular. Por lo general, esto se logra promoviendo la protección de derechos o cambios en las políticas públicas. Así, estos litigios han servido para responsabilizar a gobiernos, autoridades, empresas y a otros actores no estatales por la crisis climática ante los tribunales, obligándolos —entre otras cosas— a la adopción, implementación y aumento progresivo de medidas concretas para frenar sus emisiones y a mitigar los impactos de la crisis climática. Hace poco más de un año, AIDA lanzó la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, un sitio web de consulta que reúne muchos de los casos de litigio climático en la región. El objetivo detrás de esta iniciativa es promover el intercambio de experiencias diversas para fortalecer los casos en favor de los cambios estructurales que se necesitan. La Plataforma contiene información sistematizada y actualizada de acciones de litigio interpuestas ante cualquier autoridad jurisdiccional (judicial, administrativa, internacional o autónoma). Incluye los argumentos que sustentan los casos, relativos a las obligaciones legales de los Estados y otros actores frente a la crisis climática. Pero la Plataforma alberga también casos que, si bien no se refieren directamente a la crisis climática, contribuyen a la búsqueda de justicia climática en el continente. Y es ahí donde surge la confusión y se gesta la pregunta: ¿Qué hace que un litigio sea considerado como climático? La verdad es que no existe una definición aceptada que permita identificar qué litigios son climáticos y cuáles no. Es un nicho relativamente nuevo en el campo del derecho ambiental y, como muchas cosas en la vida, tiene bordes difusos. Y es que hoy en día nuestro planeta sufre de múltiples crisis, todas interconectadas y muy vinculadas a la degradación ambiental. En este sentido, es posible casi siempre ligar los litigios ambientales, de alguna forma u otra, con el clima cambiante. De todos modos, y con el objetivo de proponer una discusión al respecto, nos atrevemos aquí a reflexionar sobre posibles definiciones que nos den luces y nos permitan delinear este concepto que tanta relevancia está cobrando. Un acercamiento al concepto de litigio climático y a sus elementos Una manera de abordar el asunto acerca de lo que hace que un litigio sea climático pasa por decir que el litigio climático es todo aquel que contiene argumentos relacionados con la crisis climática en su demanda o en la sentencia que lo resuelve. Otro abordaje está relacionado con el objetivo del litigio, pudiendo decir que el litigio climático es todo aquel que tiene un objetivo relacionado con la acción climática. Esto implica una alta complejidad y una variedad importante de casos, muchos entrecruzados. Así, bajo esta definición, entrarían por ejemplo casos que: buscan la mitigación de las emisiones contaminantes que están causando el calentamiento global; demandan el cumplimiento (o aumento) de parte de los Estados de sus compromisos climáticos internacionales; promueven medidas de adaptación a los efectos inevitables de la crisis climática; demandan la reparación de daños generados por la crisis climática; tienen como objetivo hacer que las empresas se responsabilicen por su participación en el problema; persiguen cambios regulatorios o en políticas en favor de la acción climática; exigen la transparencia o rendición de cuentas de acciones gubernamentales o corporativas relacionadas con la crisis climática; piden que instituciones financieras eleven sus estándares para que en sus decisiones consideren el clima y el ambiente; buscan detener algún proyecto que pueda ser nocivo para el clima; tienen como finalidad proteger ecosistemas, sobre todo aquellos que funcionan como sumideros naturales de carbono; en algunas ocasiones, buscan aumentar la toma pública de conciencia respecto de los problemas relacionados con la crisis climática. Una herramienta viva y en crecimiento constante Como se ve, la variedad de casos que pueden llevar la etiqueta de litigio climático es enorme, casi tan amplia como la creatividad de las personas que están poniendo la herramienta en uso. Algo interesante es que, a pesar de ser un concepto más o menos nuevo, el litigio climático se construye sobre sí mismo. Mientras más lo usemos, mientras más pongamos a los tribunales a examinar las obligaciones de empresas y Estados en favor de la acción climática, iremos generando más jurisprudencia, capacidades y experiencias útiles para seguir avanzando. El derecho nacional e internacional se fortalece mediante el uso del litigio climático y es importante mantenerlo vivo y en constante crecimiento, así como vincularlo con la responsabilidad que tienen Estados y empresas de hacerse cargo de la crisis climática, fundada en el derecho humano y universal a un ambiente sano. Es importante aclarar que el litigio estratégico —sea climático o ambiental— es difícil, complejo y oneroso. Requiere de tiempo, recursos, capacidad y dedicación. Iniciar un litigio climático no es una decisión fácil que pueda tomarse a la ligera. Muchas veces no es la mejor opción para lograr un objetivo. Pero sí podemos decir, con toda seguridad, que es una herramienta clave en la acción climática, que ha permitido llevar las voces de personas y grupos en situación de alta vulnerabilidad, con frecuencia invisibilizados, a los foros donde se toman decisiones, donde se hace justicia. Es, además, la última instancia de juego en el campo de lo institucional y lo legal. Visita la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe

Female farmers in Palacode, Tamil Nadu, India

October 11 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

Sesión 2 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2023

Luego de una actualización acerca de las decisiones más recientes de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés), la sesión se enfocó en el monitoreo de la implementación de los proyectos aprobados por el Fondo, llevado a cabo por diferentes organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. La discusión giró en torno a la presentación de casos de estudio en África, Asia y América Latina. panelistas Claire Miranda, Asian People’s Movement for Debt and Development (APMDD): Balace de la reunión más reciente de la Junta Directiva del Fondo y lo que se espera de la siguiente. Bertha Argueta, Germanwatch: Introducción al monitoreo de la implementación de proyectos aprobados por el Fondo. Casos de estudio de las experiencias de monitoreo de la implementación de proyectos en: África: Toini Amutenya, Namibia Nature Foundation. América Latina: Maite Smett, Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA), y Rosalía Soley, Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). Moderó: Bertha Argueta, Germanwatch. Grabación (en inglés)

Río Tiputini en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador

October 04 2023 Derechos Indígenas, Participación Ciudadana, Cambio Climático

Yasuní: Crece la ambición climática gracias al pueblo de Ecuador

La decisión del pueblo ecuatoriano de dejar el petróleo en el subsuelo en una parte del Parque Nacional Yasuní, en plena Amazonía, es una respuesta a la historia de contaminación de la tierra, el agua y el aire de las comunidades amazónicas tras 50 años de explotación petrolera. Es además una muestra de ambición climática esperanzadora que debe ser reconocida y respaldada a nivel regional y global. El 20 de agosto pasado, en una consulta popular nacional, el pueblo ecuatoriano optó por detener la extracción petrolera en el bloque 43 ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), uno de los tres en producción dentro del parque. Con esta decisión, la población de Ecuador dio un paso importante hacia la transición ordenada para dejar una parte del petróleo bajo tierra. Implementarla es una obligación legal para el gobierno ecuatoriano. De hacerlo de manera adecuada, respetando los principios de transición justa y salida responsable, Ecuador será el primer país en cumplir con las demandas que el Secretario General de la ONU y los organismos científicos y energéticos —como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Agencia Internacional de la Energía— vienen haciendo a los actores nacionales acerca de un abandono progresivo de la explotación de combustibles fósiles. Resulta clave ahora que la sociedad civil regional y global acompañe la salida responsable de las operaciones petroleras en el bloque 43 del Yasuní, en el término establecido (18 meses calendario), aplicando veedurías independientes y apoyando alternativas de transición justa para el territorio y sus habitantes. ¿Cómo se llegó a este resultado? Este avance importante para la protección del Yasuní, un ecosistema clave para la adaptación y mitigación de la crisis climática mundial, es fruto de diversos factores, previos a la decisión del 60% del pueblo ecuatoriano el pasado 20 de agosto. Entre ellos están: La lucha histórica de los movimientos indígenas por la defensa territorial y el acompañamiento de varios sectores de la sociedad civil que dieron origen a la Iniciativa Yasuní ITT, que trató de conseguir una compensación económica de la comunidad internacional, que entregaría fondos equivalentes a una parte de las ganancias de la comercialización, a cambio de dejar el crudo bajo tierra. La creación del colectivo social Yasunidos en el año 2013, a raíz del cese de la Iniciativa Yasuní ITT, para oponerse a la declaración de interés nacional de la explotación petrolera del Yasuní, realizada por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador. La lucha incansable de este y otros colectivos, que demostró el fraude realizado por el Consejo Nacional Electoral ante su pedido de consulta popular en 2014, antes del inicio de la explotación petrolera. La decisión de la Corte Constitucional de dar paso a la consulta y el reconocimiento de la violación de los derechos de participación de los miles de personas que firmaron el pedido de consulta en 2014. ¿Qué implica la decisión? Esta histórica decisión tiene implicaciones nacionales, regionales y mundiales, como se detalla a continuación. A nivel nacional, el resultado de la consulta implica —según el dictamen de la Corte Constitucional—, adoptar las siguientes medidas: i) suspender las actividades de extracción; ii) no iniciar actividades nuevas ni firmar nuevos contratos; iii) tomar medidas para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario; iv) tomar medidas de reparación a la naturaleza; v) otras acciones. Todas ellas son oportunidades para generar un espacio de transición justa en la zona. La decisión implica el reconocimiento y reparación de los derechos humanos a la participación de miles de ecuatorianos/as que pudieron decidir con su voto el destino de esta zona, además de la protección de los derechos humanos relacionados con la vida y protección los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan el Parque Yasuní. Se trata de un paso que promueve la conservación del Parque Nacional Yasuní y de su enorme biodiversidad al ser parte de la Amazonía, un ecosistema regulador del clima y clave para la adaptación a la crisis climática a nivel mundial. Con la adecuada implementación de esta decisión, Ecuador dejará de emitir alrededor de 400 millones de toneladas de CO2, asociadas a la explotación petrolera de alrededor de 58 mil barriles diarios, que ahora debe ser suspendida. El resultado de la consulta contempla un plazo de 18 meses calendario para suspender la explotación petrolera y dejar el crudo bajo tierra de forma indefinida. Con ello se asoma el gran reto de implementar una medida que puede ser ejemplar para el mundo: el cierre y abandono responsable de un campo petrolero en la Amazonía. Los retos para la implementación Para ser exitoso, el proceso de salida responsable en el bloque 43 debe garantizar: i) la protección del territorio para evitar la deforestación ilegal y ii) el cuidado de las comunidades con el fin de brindarles alternativas económicas (investigación, bioconocimiento, bioeconomía y turismo sostenible, entre otras). Además, su implementación requiere espacios de veeduría y observatorios ciudadanos locales, así como el respaldo de la comunidad internacional y regional a través de mecanismos financieros y de capacitación técnica. Esa es la promesa de los programas de trabajo de Transición Justa y de Mitigación generados en las negociaciones climáticas. Ante el llamado urgente a que los mayores emisores de carbono del mundo dejen rápidamente de quemar combustibles fósiles, el pueblo de Ecuador ha respondido con un avance importante hacia la transición, uno que comienza desde abajo, en una geografía determinada de la Amazonía. Por ello, su decisión debe ser reconocida en la plataforma para la Acción Climática Mundial (NAZCA por sus siglas en inglés) de la ONU, que recoge la acción climática de actores no estatales. También es fundamental que el próximo gobierno ecuatoriano selle este compromiso climático incluyéndolo en la actualización de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Implementar la decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta popular para proteger el Parque Nacional Yasuní es una obligación legal a nivel local y un precedente exitoso que puede impulsar la necesaria transición energética a nivel mundial.