Febrero de 2025Traducción al español del resumen elaborado por el Climate Finance AdvisoryService (CFAS), liderado por GermanwatchLa reunión n.º 41 (B.41) de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) se realizó del 17 al 20 de febrero de 2025 en Songdo, Corea del Sur. Este resumen contiene las principales decisiones y debates de la reunión. Consulta y descarga el resumenResumen en portugués
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Los incendios forestales son consecuencia de la crisis climática y, al mismo tiempo, la exacerban. Amplifican riesgos de sequías y otros eventos extremos, así como de cambios en la precipitación. En América Latina, están aumentando en intensidad y frecuencia, causando impactos ambientales graves, afectando la salud y otros derechos humanos fundamentales. En 2022, Naciones Unidas advirtió que, a nivel mundial, se esperaba un aumento del 14% en la superficie de bosques incendiados para 2023 y del 30% para 2050. En América Latina, del total de cobertura arbórea perdida (4579,5 Kha) en 2023, el 21% fue a causa de incendios (967 Kha). En países como Bolivia, esta cifra representó hasta el 45%. Descarga la hoja informativa
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En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que, en el actual proceso de transición energética, los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades afectadas. En efecto, la falta de un proceso de cierre, así como de claridad respecto de las obligaciones en los procesos de transición social y superación de las condiciones de dependencia económica, son obstáculos complejos que pueden agudizar los impactos ambientales y sociales.En este seminario web, compartimos los principales hallazgos y recomendaciones que, gracias al trabajo colaborativo con aliados en la región, hemos sistematizado desde AIDA acerca de esta problemática. Además, escuchamos las reivindicaciones de comunidades, personas defensoras y organizaciones que han enfrentado este desafío en distintos casos específicos. PanelRosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y Javier Oviedo, asesor científico de AIDA: Presentación del informe El cierre y la salida responsable: un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina.Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE): El caso de Yasuní en Ecuador.Cristina Lux, abogada de AIDA: El caso de Tocopilla en Chile.Joana Abrego, gerente Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y coordinadora de la Comisión Legal en la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): El caso de la multinacional canadiense First Quantum Minerals en Panamá.Hilda Arrieta, representante legal de las mujeres del municipio El Paso y accionante de la Mesa para la Defensa Territorial y la Transición Energética Justa en el Cesar y Magdalena: Abandono y cierre de minas de carbón en el Cesar, Colombia.Moderó: José David Castilla, abogado de AIDA. Grabación Más informaciónConsulta el informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina
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Organizaciones de la sociedad civil celebran la medida tomada por el Ministerio de Ambiente de Colombia, la cual implica la suspensión por dos años del proyecto de minería de oro de la canadiense Aris Mining en el macizo de Santurbán.Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Institute for Policy Studies (IPS) - Proyecto de Minería y Comercio, Mining Watch Canada, el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) y Common Frontiers Canada celebramos a la resolución mediante la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables. Este gran paso fortalece la protección de uno de los páramos más emblemáticos de la región andina y de los ecosistemas conexos, fundamentales para la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica de un estimado de 2 millones de personas en la región.Con la Resolución 0221 del 3 de marzo de 2025, en la que el MADS delimita y protege un área de 75.344,65 hectáreas, se logra la suspensión provisional por dos años del proyecto de minería de oro Soto Norte de la multinacional canadiense Aris Mining y su subsidiaria en Colombia, Sociedad Minera de Santander S.A.S. (Minesa), que amenazaba a Santurbán. Lo anterior porque, en virtud del principio de precaución, la norma prohíbe el otorgamiento en el área de “nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, (...) así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales” hasta tanto se adelanten los estudios técnicos necesarios que darían lugar a su protección definitiva. Esta resolución no afecta la actividad agrícola, pecuaria o de turismo en la zona. No obstante, manifestamos nuestra preocupación porque la resolución deja vigente el contrato de concesión con Calimineros, empresa que tiene un subcontrato de formalización minera con Minesa desde 2020, a partir del cual Minesa promete comprar y procesar material mineralizado. Alentamos a las autoridades competentes a suspender la evaluación de la solicitud de la licencia ambiental para este proyecto y la prórroga del subcontrato de formalización debido a los potenciales impactos ambientales que podría ocasionar en Santurbán y por efectivamente ser parte del mismo proyecto Soto Norte. Los páramos y ecosistemas conexos son de alta sensibilidad, reconocidos por su papel en la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de biodiversidad endémica. La remoción de la cobertura vegetal y la fragmentación de los ecosistemas que generaría la minería en Santurbán podría afectar el equilibrio ecológico, la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la vida; acidificar y reducir la cantidad de agua dulce disponible; y romper la interconectividad ecológica con otros biomas y ecosistemas, acabando con su capacidad de secuestrar carbono y provocando impactos a perpetuidad. Por estas razones, valoramos que la medida adoptada busque prevenir el avance de la minería en esta área de alta sensibilidad y relevancia ambiental, previniendo procesos de degradación de las cuencas que alberga la estrella hídrica de Santurbán y preservando el ciclo del agua.Sebastián Abad-Jara, abogado de AIDA, señaló: "Al proteger Santurbán, Colombia ratifica su compromiso con el cumplimiento de metas ambientales globales en materia de biodiversidad, clima y humedales, y se consolida como referente para los gobiernos de otros países donde estos ecosistemas también están amenazados por la actividad minera, como Perú y Ecuador"."Celebramos esta declaratoria como la victoria de haber dado el primer paso; el objetivo final debe ser la consolidación del costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva, protegiendo de manera definitiva esta estrella hídrica, vital para toda la vida que depende de ella", indicó Jen Moore, investigadora asociada del IPS - Proyecto de Minería y Comercio. Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada, agregó: "Esta resolución es fruto del arduo trabajo del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, que ha padecido hostigamientos e intimidaciones por su labor a favor de la protección del páramo y que ha sido víctima de campañas de desinformación sobre los supuestos efectos perjudiciales de la norma para la actividad agropecuaria". AIDA, IPS, MiningWatch Canada, CIEL y Common Frontiers Canada respaldamos la adopción de esta medida de protección para Santurbán. También alentamos con esperanza al gobierno nacional y local para que realice los estudios técnicos necesarios para su protección definitiva, y tome medidas preventivas para evitar los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos de la minería en la zona, en relación con los proyectos que ya cuentan con título minero. Además, reiteramos la urgencia de adoptar medidas de protección de las personas defensoras de los páramos en Colombia.La experiencia de Santurbán es muy valiosa y debe servir de ejemplo e impulsar legislaciones para la protección ambiental en América Latina que pongan en el centro el derecho humano al agua y el equilibrio e integridad de ecosistemas frágiles como los páramos y la alta montaña. Consulta la resolución que declara la zona de reserva temporal en Santurbán #NuestroOroEsElAgua Contactos de prensaVictor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107Jennifer Moore, IPS, [email protected], +12027049011 (prensa IPS)Viviana Herrera, Mining Watch Canada, [email protected], +14389931264Alexandra Colón-Amil, CIEL, [email protected], +12024550253
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Descarbonizar las actividades productivas y económicas es fundamental y urgente para enfrentar la triple crisis —climática, de contaminación y de pérdida de biodiversidad— que enfrenta el mundo. En el transporte marítimo —que mueve cada año 10.000 millones de toneladas de carga y genera el 2.9 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), entre ellos dióxido de carbono (CO2)—, la necesidad mundial de reducir y, en el largo plazo, eliminar estas emisiones es abordada por la Organización Marítima Internacional (OMI), agencia especializada de la ONU a cargo de generar normas para un transporte marítimo seguro, eficiente y libre de contaminación.Avanzar hacia la descarbonización es fundamental pues de no haber cambios sustanciales, las emisiones del transporte marítimo podrían crecer hasta un 50% en 2050.La OMI tiene una Estrategia Revisada de Reducción de Emisiones, acordada en 2023 por los 175 países que integran el organismo. Con ella se espera reducir las emisiones del sector hasta en 30% a 2030, en 80% a 2040 y alcanzar el cero neto alrededor del año 2050. La implementación de la estrategia es actualmente objeto de negociaciones internacionales.AIDA participa en estas negociaciones como parte de la Clean Shipping Coalition, una coalición internacional de organizaciones. Además, coordina esfuerzos con Ocean Conservancy y Fundación Cethus para generar incidencia con países latinoamericanos y colaborar con información técnica actualizada sobre el avance de las negociaciones y sus implicaciones para la región.La descarbonización del transporte marítimo mundial y sus impactos económicos es una discusión muy importante para América Latina y el Caribe. Es necesario que todos los países y sectores de la economía se alineen con metas claras y que se evalúe de forma igualitaria y justa todos los impactos que se generen, así como las formas en que los países pueden mitigarlos.Aquí te contamos más de este importante proceso. ¿Qué medidas están en discusión para reducir la contaminación del transporte marítimo?Lo que se está negociando a nivel internacional es la elección del paquete de medidas necesarias para lograr las metas acordadas en 2023 para la reducción de emisiones de GEI en el transporte marítimo. Este paquete incluye medidas técnicas y económicas. Su estructura final será decidida en abril de este año en Londres, sede de la OMI, marcando un hito mundial en la lucha mundial contra la crisis climática.Las medidas técnicas incluyen un estándar global de combustibles, la captura de carbono en los barcos, mediciones de eficiencia energética de los combustibles utilizados y la reducción de velocidad de los barcos, entre otras. Todas ellas buscan que la operación del transporte marítimo sea lo más eficiente posible respecto de los combustibles usados, además de desincentivar gradualmente el uso de los combustibles más contaminantes. Esto implica utilizar la menor cantidad de energía, emitir la menor cantidad de CO2 y mantener en funcionamiento al sector.Como complemento a las medidas técnicas, se plantean medidas económicas orientadas a poner precio a las emisiones de CO2 del transporte marítimo. Se espera así que el incremento en la eficiencia de los barcos tenga no solo un componente tecnológico, sino también un estímulo de mercado. Esta combinación es fundamental para lograr las metas de reducción de emisiones pues permitirá que los sectores público y privado:Cuenten con los recursos económicos para las inversiones en nuevas tecnologías, en nuevos combustibles y otras que la transición energética del sector requiere.Tengan un estímulo económico para cerrar la actual brecha de costos entre los combustibles fósiles y las tecnologías limpias cercanas a las cero emisiones. Para definir la asignación de un precio a las emisiones de CO2, hay dos grandes propuestas:La primera tiene una estructura flexible frente a las emisiones. En su versión más básica, considera las diferencias en las emisiones para la implementación de la medida. Para ello se contempla un "límite permitido” de emisiones de CO2, clasificando a los barcos en aquellos que están debajo de este y aquellos que están por encima. Los primeros podrían recibir una recompensa económica y los segundos pagarían una tarifa por el CO2 emitido en el marco de un sistema de cupos de emisiones. En esta medida, aunque existe un mecanismo para regular las emisiones debajo del límite establecido, la tolerancia a estas limita la posibilidad de una reducción acelerada, lo que podría demorar la transición energética que la crisis climática requiere.La segunda tiene una estructura universal, lo que se traduce en poner un precio fijo a todas las emisiones de CO2 generadas por la operación de la flota marítima. Con ello se busca crear un estímulo de mercado que aumente la demanda de nuevas tecnologías de bajas emisiones (nuevos barcos y combustibles), promoviendo que los operadores marítimos las adquieran para evitar el pago de una tarifa. Con esta medida se espera tener un seguimiento más preciso de las emisiones totales de los barcos, motivar una transición energética más rápida y pronunciada, así como recolectar y luego redistribuir entre operadores marítimos y países una cantidad considerable de recursos económicos para mitigar los costos e impactos negativos desproporcionados que el proceso de descarbonización genere. ¿Qué implica la descarbonización del transporte marítimo para América Latina y el Caribe?Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a los desastres asociados al cambio climático por lo que las acciones orientadas a lograr metas de descarbonización en distintos sectores de la economía regional son fundamentales para hacerle frente a la crisis climática.Por otro lado, las acciones destinadas específicamente a la descarbonización del transporte marítimo tendrán impactos diferenciados a corto, mediano y largo plazo en cada uno de los países del continente. Por ejemplo, la elección de una u otra propuesta para el pago de una tarifa por las emisiones de CO2 del sector —la modalidad flexible o el precio fijo— tendrán impactos distintos en cada país. Lo que es común en todos los escenarios es que la región será fuertemente afectada por el proceso de descarbonización del transporte marítimo.En este sentido, es importante que los países identifiquen cuáles son los escenarios que les permiten un mayor rango de acción frente a estos impactos para compensarlos y para que la transición sea equitativa y justa, sin dejar a ningún país atrás.En términos económicos, la implementación de un precio universal para las emisiones de CO2 posibilitaría que los Estados reciban una parte de los recursos económicos obtenidos para compensar y mitigar los impactos de la descarbonización. Las cantidades y formas de este traspaso de recursos serán consensuadas en la OMI. Se espera que la combinación de medidas más ambiciosas (técnicas y económicas) recolecte hasta 120.000 millones de dólares anuales en los próximos años. La propuesta flexible para el pago por emisiones no incluye mecanismos de redistribución de recursos pues estos irían directamente a los operadores del transporte marítimo y a los productores de combustibles. Así, los países tendrían que mitigar los impactos de la descarbonización con recursos propios.Desde una perspectiva ambiental, sin el estímulo previsto por un precio universal, existe el riesgo de que el esquema flexible promueva indirectamente la continuidad del uso de combustibles que generan emisiones de CO2, sobre todo en regiones con recursos económicos limitados para invertir en la tecnología de punta menos contaminante. Esto causaría una demora en el logro de las metas de reducción de emisiones de la flota marítima mundial, alejando a los países del cumplimiento de sus compromisos climáticos en la OMI.En general, los costos de la reducción de emisiones de CO2 del transporte marítimo y de otros sectores, causantes de la crisis climática actual, son una realidad para todos los países, aunque con impactos diferenciados por región. La participación activa de América Latina y el Caribe en las discusiones internacionales al respecto, a lo largo de 2025, es fundamental para garantizar que la transición energética y la reducción de la contaminación del transporte marítimo sea justa y equitativa. Es importante que los países del continente tomen una posición que les permita proteger económica y ambientalmente sus intereses frente a los impactos de este proceso.Si la estrategia de descarbonización de la OMI no cumple sus ambiciones, tendremos un transporte marítimo que agrave la crisis climática y sus efectos. El éxito de esta estrategia será un logro de consenso mundial con consideraciones ambientales. Paro ello, la equidad y la justicia de la transición debe ser uno de los elementos principales. El reconocimiento de los impactos diferenciados de las medidas de descarbonización marítima y su compensación, sobre todo en los países más afectados, asegurará un triunfo que descanse sobre criterios de justicia y equidad ambiental.
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El avance de la explotación industrial de litio y otros minerales para la transición energética del norte global amenaza los salares y otros humedales andinos en Argentina, Bolivia y Chile. Estos frágiles ecosistemas son fuente abundante de vida y fundamentales para la subsistencia humana, el equilibrio ambiental y para la mitigación y adaptación a la crisis climática. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile están en riesgo grave debido al avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética en los países del norte global. Desde la Alianza por los Humedales Andinos alertamos de esta amenaza para estos ecosistemas donde la vida abunda y que son clave para la subsistencia humana y de la diversidad biológica en general y la lucha contra la crisis climática.Este año, la Convención sobre los Humedales propone como tema para el Día Mundial de los Humedales: “Proteger los humedales para nuestro futuro común”. Este lema resalta la importancia de una acción colectiva para proteger a estos ecosistemas, de los cuales depende el futuro de la humanidad.Según datos de Naciones Unidas, aunque sólo cubren un 6% de la superficie terrestre, los humedales son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. Y, en el mundo, más de 1.000 millones de personas (una octava parte de la población terrestre) viven en zonas rurales y urbanas que dependen de estos ecosistemas como medio de subsistencia. Sin embargo, con una pérdida del 35% a nivel mundial en los últimos 50 años (desde 1970), los humedales son el ecosistema más amenazado, desapareciendo tres veces más rápido que los bosques.En América Latina, los humedales andinos de la región del Gran Atacama —ubicada en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— albergan especies únicas de flora y fauna, especialmente adaptadas a condiciones climáticas extremas, así como microorganismos que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Su alta capacidad para purificar y almacenar agua garantiza el abastecimiento del recurso para comunidades y especies, generando además condiciones de adaptación a la crisis climática.Sin embargo, debido a la presencia en estos humedales de grandes cantidades de litio —los tres países concentran más del 53% de los recursos (material potencialmente explotable) del mineral— existe una gran presión sobre ellos: actores empresariales y estatales han desarrollado una creciente y masiva industria minera para cubrir la demanda de litio del norte global, orientada a la fabricación de vehículos eléctricos y al almacenamiento de energía de fuentes renovables, entre otros fines.De su lado, los gobiernos nacionales y provinciales ven en la industria la oportunidad de atraer inversiones y fortalecer sus economías, para lo cual flexibilizan o implementan de forma deficiente la normativa que exige un análisis adecuado de los impactos ambientales y sociales de los proyectos. Asimismo, no se realizan procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas que viven en los territorios. Tampoco se garantizan los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ni un entorno seguro para las personas defensoras del ambiente.Una de las principales afectaciones de este tipo de minería es al agua, elemento central de los humedales andinos. El litio se extrae del agua debajo de los salares, para lo cual se utiliza agua salada y dulce. Los humedales andinos están en zonas donde la supervivencia depende de la escasa agua que las caracteriza. El avance del extractivismo en la región del Gran AtacamaArgentinaSegún datos oficiales, en el país hay una cartera de más de 50 proyectos de litio en diferentes estados de avance ubicados principalmente en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy. Tres de ellos están en etapa de producción y exportación (un cuarto proyecto comenzó su producción en julio de 2024), cuatro en construcción y más de 40 con distinto grado de avance (prospección/exploración/factibilidad), mayoritariamente en fase de exploración avanzada. En Salta y Jujuy operan grandes empresas como Pan American Energy, Pluspetrol y Tecpetrol, históricamente vinculadas a la industria del petróleo y gas, que ahora están ampliando su presencia en sectores de energías renovables, con un marcado interés en la extracción de litio.Sin embargo, a través de un amparo ambiental iniciado contra autoridades y gobierno de la provincia de Jujuy, se ha tomado conocimiento de que existen más de 40 proyectos mineros sólo en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, una cuenca endorreica donde viven más de treinta comunidades originarias pertenecientes a los pueblos/naciones Kolla y Atacama. Al día de hoy, se desconoce su estado de avance y si existen otros proyectos debido a que el acceso a la información pública ambiental está restringido y no se provee de forma completa y oportuna, en incumplimiento de la normativa nacional y estándares internacionales. En el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, está el enclave de extracción de litio más antiguo del país. El salar ha sido explotado desde 1996 por la empresa Livent (ahora Arcadium Lithium), causando el desecamiento total e irreversible de la Vega del Río Trapiche. En marzo de 2024, la Corte Suprema de Catamarca ordenó frenar la actividad minera en este salar hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental acumulativo. BoliviaEn el Salar de Uyuni, el más grande del mundo, se han identificado recursos de 23 millones de toneladas de litio. Y hay otros 26 salares que, por normativa, están reservados para la explotación del mineral, en seis de ellos se realizan actividades de exploración. En Bolivia, el litio es de propiedad estatal. El país cuenta con una planta de explotación estatal que comenzó a operar el 2024 al 20% de su capacidad. En 2012 y 2018, se realizaron dos consultas públicas para las plantas estatales, pero estas excluyeron a comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas. Algunas comunidades han denunciado de manera informal una merma significativa de vertientes y pozos de agua. También se ha denunciado la degradación del Salar de Chalviri y la sobreexplotación de litio y boro en el Salar de Capina.Desde 2023, se han firmado convenios e iniciado actividades de exploración e instalación de campamentos con una empresa rusa y dos chinas. Estos convenios han resultado en dos contratos, firmados a finales del 2024 y pendientes de aprobación por la Asamblea Legislativa, con la empresa rusa Uranium One Group para una planta en el Salar de Uyuni y con el consorcio chino CBC Hong Kong (empresas CATL-BRUMP-CMOC) para otras dos plantas en el mismo salar. También a finales del año pasado, se lanzó una segunda convocatoria internacional para la explotación de otros cuatro salares (Empexa, Capina, Cañapa y Chiguana), la cual ha resultado en la firma de convenios con las empresas EAU Lithium Pty Ltd (Australia), Tecpetrol S.A. (Argentina) y Geolith Actaris (Francia). Estos convenios, contratos y procesos se han desarrollado sin procesos de consulta previos y con falta de transparencia. ChileLa cuenca del Salar de Atacama alberga más del 90% de las reservas de litio de Chile y fue una de las primeras en ser explotadas por la industria minera. Actualmente, en dicho salar, ubicado en la Región de Antofagasta, hay cuatro grandes operaciones mineras: la extracción de Litio por parte de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y de Albemaerle, bajo contratos con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que implica la extracción de más de 2.000 litros de agua por segundo; y la extracción en paralelo de cobre de parte de Minera Escondida y Minera Zaldívar, que extraen más de 1.400 litros de agua dulce por segundo, agravando la ya crítica crisis hídrica de la zona. La Comunidad Atacameña de Peine, quienes habitan en la cuenca del salar, ha impulsado acciones legales denunciando la sobreexplotación de sus acuíferos, mientras que, en Calama, los movimientos ciudadanos exigen una gobernanza del agua frente a la extracción descontrolada de las mineras. En 2015, un comité designado por el gobierno reconoció que la extracción de salmuera tiene efectos adversos en el ecosistema, pero en lugar de regular su uso, confirmó la política de larga data del gobierno, que consiste en regular la producción de litio.En Chile, el gobierno tiene derechos exclusivos de propiedad sobre el litio en virtud del Decreto Ley 2886 (1979). Esto significa que las instituciones estatales, particularmente CORFO, establecen las condiciones bajo las cuales las empresas privadas operan en los salares. En 1979, siguiendo las directrices de Estados Unidos, el gobierno chileno —la dictadura de Augusto Pinochet— declaró al litio como “mineral estratégico” y tomó medidas para salvaguardar las reservas de largo plazo, limitando la producción mediante cuotas acreditadas por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. La Estrategia Nacional del Litio, lanzada en 2023, busca expandir la explotación estatal, incluyendo nuevos proyectos en los salares de Maricunga y Pedernales. Chile concentra el 36% de la producción global de litio y, con al menos 31 nuevos proyectos de hidrógeno verde en carpeta, la presión sobre los recursos hídricos aumentará exponencialmente. Se sabe que, desde 2013, en la propiedad de SQM, 32,4% de los algarrobos (Prosopis chilenis) se han secado por falta de agua. El algarrobo es un árbol nativo, resistente a la sequía y con raíces muy profundas que le permiten sobrevivir en ese ambiente. Contactos de prensa Víctor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected], +52 5570522107Rocío Wischñevsky, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina, [email protected], +54 1159518538Verónica Gostissa, Asamblea Pucará (Argentina), [email protected], +54 93834771717Juan Donoso, Formando Rutas (Chile), [email protected], +4915780743628
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Ningún proyecto minero, de extracción de combustibles fósiles y de generación de energía dura para siempre. Su vida útil está condicionada a factores internos, como la cantidad de reservas de los recursos, y externos, como la disminución de la demanda o problemas financieros, entre otros.Pero, sin importar la duración del proyecto o cómo esta pueda verse afectada, quienes lo promuevan —sean actores públicos o privados— deben prever un proceso de cierre y salida responsable con el entorno natural y con la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todas las personas involucradas.Este asunto es aún más relevante en el contexto de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática, relacionadas en gran parte con la transición energética, la cual implica en términos generales sustituir los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles; así como promover energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran gran importancia.En el primero, es necesario incluir en los proyectos vigentes obligaciones concretas y exigibles de cierre y salida responsable. En el segundo, estos requerimientos deben incluirse desde la etapa de planificación y la de prefactibilidad, integrándolos también las evaluaciones de impacto ambiental y en fases posteriores.En todos los proyectos, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que forman parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, financiadores, aseguradoras, proveedores, distribuidores y compradores, entre otros.Por lo señalado, la conversación en torno al cierre y salida responsable de proyectos es fundamental para abonar a la protección del ambiente y la gestión climática en América Latina.¿Qué entendemos por cierre y por salida de un proyecto?Todos los proyectos minero-energéticos tienen distintas fases a lo largo de su ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y poscierre. A su vez, tienen cadenas de suministro y de valor en las que participan —como dijimos— actores de diversos sectores.En este contexto, el cierre se refiere a la etapa de un proyecto en la cual este deja de operar y se da por finalizado. Por su parte, la salida se refiere a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro del proyecto, desde su propio rol, se desvinculan por completo de este. ¿Qué implica que un proceso de cierre y de salida sea responsable?Actualmente no existe un consenso sobre la definición y el alcance de los procesos de salida y de cierre de proyectos para que sean responsables y justos. En ocasiones, estos términos se utilizan de forma indiscriminada, lo que puede generar confusiones acerca de las responsabilidades de los actores involucrados y el alcance de los procesos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, hay elementos que permiten explicar estos conceptos con precisión:El cierre responsable y justo de un proyecto es un proceso planificado, realizado con anticipación, que debe contemplarse desde las fases iniciales del proyecto y actualizarse constantemente según su desarrollo. Por medio del cierre responsable se garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo, garantizando también el derecho a un ambiente sano. La planificación y el desarrollo de un plan de cierre deben estar enfocados en la gestión de riesgos, así como en la prevención y mitigación de impactos. Ello asegura un cierre responsable en el que las áreas afectadas puedan readecuarse y ser seguras tanto para la naturaleza como para las comunidades, permitiendo además que los ecosistemas recuperen sus funciones.La obligación general del promotor del proyecto es identificar en debida forma los impactos que este puede causar y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las medidas aprobadas por el Estado en sus instrumentos de gestión ambiental.La principal obligación del Estado (además de su deber general de regulación) es supervisar y fiscalizar el proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones del promotor, previniendo que se generen daños ambientales y/o sociales.El rol de los demás actores de la cadena de valor y de suministro es actuar con debida diligencia, utilizando su influencia para incentivar que el promotor del proyecto cumpla con sus obligaciones y, en caso de notar incumplimientos, tomar medidas desde su papel y capacidad de influencia para que se adopten las acciones correctivas necesarias.La salida responsable y justa se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor y de suministro cuando deciden desvincularse por completo de un proyecto, atendiendo las responsabilidades propias de su rol, que implican cumplir sus obligaciones en materia de respeto y debida diligencia en derechos humanos.En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas.Para conocer más del tema, consulta el informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina
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Octubre de 2024La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) realizó su 40ª reunión entre el 21 y 24 de octubre de 2024 en Songdo, Corea del Sur. La agenda se enfocó en una versión revisada del Marco de Acreditación, en la formulación de una nueva Declaración del Apetito de Riesgo del Fondo y en la financiación de pagos por resultados por REDD+. Adicionalmente, la Junta aprobó 16 propuestas de financiamiento, por un monto total de USD 1.011 millones en recursos del FVC, y la acreditación de cinco nuevas entidades.Consulta y descarga el resumenResumen en portugués
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Mejores prácticas para una acción climática efectiva: Perspectivas desde el Fondo Verde del Clima y lecciones para otros fondos Por cuarto año consecutivo, invitamos a todos quienes integran la sociedad civil que hace seguimiento al Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés) y a otros fondos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a participar en dos sesiones dinámicas el 9 de octubre y el 4 de diciembre.Este año, nos complace introducir un formato más interactivo, con presentaciones y entrevistas en directo entre un/a moderador/a y representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC).En esta segunda y última sesión, reflexionamos sobre los resultados de la COP29, centrándonos en las decisiones clave relacionadas con el financiamiento climático. También dialogamos en torno a las lecciones aprendidas del seguimiento al Fondo Verde del Clima (FVC), con especial atención a la perspectiva de género, los pueblos indígenas, la divulgación de información y la reparación, entre otras cuestiones clave. PanelistaBertha Argueta, Germanwatch: El financiamiento climático bajo la CMNUCC y el Acuerdo de París luego de la COP29: ¿Qué sigue para la Nueva Meta Colectiva y Cuantificable (NCQG, por sus siglas en inglés)? EntrevistadosNatalia Daza, monitora de género del FVC para América Latina y el Caribe.Tunga Rai, integrante del Grupo Asesor de Pueblos Indígenas (IPAG, por sus siglas en inglés) del FVC.Florencia Ortúzar, nodo regional para el GCF Watch.Bertha Argueta, observadora activa suplente del FVC. Moderó: Daan Robben, Both ENDS. Grabación (en inglés)
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La vigésimo novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), celebrada en Bakú, Azerbaiyán, fue llamada “la COP del financiamiento” ya que la decisión más esperada era el establecimiento de la Nueva Meta Colectiva y Cuantificable (NCQG, por sus siglas en inglés) de financiamiento climático global, el monto al que se comprometerían los países desarrollados para financiar la acción climática en los países en desarrollo. El tema acaparó toda la atención, dejando en sombras todo lo demás. Además, la reciente reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, acompañada por su amenaza de abandonar el Acuerdo de París y revertir la acción climática del país, marcó el tono de las negociaciones.Las negociaciones, previstas del 11 al 22 de noviembre, fueron intensas y finalizaron recién en la madrugada del domingo 24, casi dos días después del cierre planeado, con la aprobación de un texto que generó gran desilusión. Aun así, la invitación es a no dejarnos enceguecer por la decepción. Por mucho que lo queramos, demandemos y esperemos, las negociaciones climáticas internacionales no entregan lo que tan desesperadamente necesitamos. Busquemos la esperanza en lo que sí sucede y funciona, como los proyectos locales, liderados por comunidades, y el trabajo de la sociedad civil, que no se rinde.A continuación, un balance de la COP29 basado en lo acordado respecto del financiamiento climático y otros temas relevantes. Nueva meta de financiamiento climáticoEl mandato era claro: la nueva meta debía superar la anterior, de 100 mil millones de dólares anuales, y responder a las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Sin embargo, mientras estos pedían 1.3 trillons (millón de millones) anuales, la oferta fue de apenas 300 mil millones (menos de un tercio y apenas el 12% del presupuesto militar mundial en 2023) para 2035. “Is this a joke?” (¿es una broma?) exclamó al respecto el jefe de la delegación boliviana en una rueda de prensa.Los países en desarrollo también demandaban que el financiamiento fuera adecuado, es decir, basado principalmente en fondos públicos, bajo la forma de donaciones e instrumentos altamente concesionales que no agravaran las pesadas deudas que ya soportan. Además, pedían una inclusión explícita de las pérdidas y daños como uno de los objetivos del financiamiento (junto con la mitigación y adaptación), así como una meta específica para la adaptación.Pero nada de eso se consiguió. La meta quedó abierta al financiamiento privado, diluyendo aún más la responsabilidad de los países desarrollados. Tampoco se estableció una meta específica para adaptación ni se incluyó mención alguna a las pérdidas y los daños. Por si quedaba alguna duda, toda referencia a los derechos humanos fue eliminada del texto final.Cómo único alivio, se hizo un llamado a movilizar 1.3 trillons de dólares anuales en financiamiento climático de una amplia base de fuentes, a través del denominado Roadmap Bakú-Belem (Hoja de Ruta Bakú-Belém), con miras a alcanzar este objetivo para 2035. Sin embargo, se trata de un “llamado” y no de un compromiso vinculante, cuyos resultados concretos dependen de la voluntad política en los próximos años. Balance Global y temas de géneroNo se logró ningún avance significativo en cuanto a los resultados del Balance Global del estado de implementación del Acuerdo de París, presentados el año pasado, particularmente en cuanto a la transición de los combustibles fósiles. El tema fue postergado para la COP30, que tendrá lugar el próximo año en la ciudad brasileña de Belém do Pará.Aunque los temas de género tampoco prosperaron lo suficiente, deben reconocerse ciertos avances, como la extensión por 10 años del Programa de Trabajo de Lima, que sienta las bases para el desarrollo de un Plan de Acción de Género y ofrece la oportunidad de seguir profundizando la integración de la equidad de género en la acción climática, particularmente mientras los países elaboran las actualizaciones de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés).Además, el texto del NCQG reconoce a las mujeres como beneficiarias de los fondos, pero no se asegura el abordaje de las circunstancias específicas y las discriminaciones interseccionales que enfrentan muchas mujeres. Mercados de carbonoLo que sí vio la luz fueron los mercados de carbono, con la aprobación de las reglas para un mercado global. Los mercados de carbono son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono. Cada crédito representa una tonelada de CO₂, o su equivalente en otros gases de efecto invernadero, eliminada de la atmósfera. Los créditos los generan proyectos que reducen emisiones (conservación de bosques, energía renovable o eficiencia energética, entre otros). Los compradores son empresas contaminantes que buscan compensar emisiones para permanecer en norma. El tema llevaba más de una década en conversaciones por la dificultad de garantizar la credibilidad del sistema para reducir emisiones. Aunque representa el último pendiente del Acuerdo de París, firmado hace más de 10 años, la sociedad civil no celebra. Estos mercados permiten a las empresas seguir contaminando, siempre que paguen por reducciones de carbono en otro lugar del mundo. Reducción de emisiones de metanoUn hecho prometedor fue la firma, por más de 30 países, de la Declaración sobre la reducción del metano de residuos orgánicos. Los signatarios, que representan casi la mitad de las emisiones mundiales de ese tipo, se comprometieron a establecer objetivos sectoriales específicos para la reducción de metano en sus futuras NDC, enfatizando la relevancia de la gestión de residuos orgánicos en la lucha contra el cambio climático. En conclusiónAl final, los resultados no son sorprendentes. Las COP sobre cambio climático suelen dar poco que celebrar, pero no debemos olvidar que son un espacio único donde todos los países se sientan a buscar consensos para avanzar en un objetivo común. La existencia misma de esta instancia refleja una intención de reconocer las responsabilidades históricas, en favor de la justicia y de un mundo donde podamos coexistir en armonía. Es una plataforma desde la cual empujar, por más que traiga más frustración que resultados. Por otro lado, resulta tremendamente esperanzador y motivante ver a la sociedad civil en acción. Cientos de representantes de diferentes organizaciones y movimientos dan lo mejor de sí para lograr resultados que reflejen el cumplimiento de los compromisos internacionales de los países desarrollados hacia sus pares en desarrollo, el clima y el equilibrio natural de nuestro planeta. Finalmente, los eventos paralelos que se dan en las COP son fuente de inspiración. Por los costados y sin mucho revuelo, se mueven personas de comunidades y pueblos indígenas que están implementando soluciones climáticas en sus territorios, con resultados exitosos concretos. Esas personas, como semillas que germinan silenciosamente, representan una poderosa fuente de esperanza.
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