Minería

Victoria para la justicia climática: Colombia incluye obligaciones climáticas en estudios de impacto ambiental

En Colombia, un caso que empezó como una exigencia para el sector carbón terminó convirtiéndose en una regulación para todos los proyectos que requieren un licenciamiento ambiental en el país.Se trata de la publicación de la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales, una "llave maestra" regulatoria que exige cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e incluir medidas de mitigación y adaptación climática en proyectos de minería, hidrocarburos, energía e infraestructura, entre otros.Dicha metodología fue publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia a finales de julio de 2026, en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado dictada en 2023.Esta importante resolución fue resultado de una acción de cumplimiento presentada por una coalición liderada por AIDA e integrada también por el Colectivo de Abogados y Abogadas "José Alvear Restrepo" (CAJAR), Censat Agua Viva, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), POLEN Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena e investigadores.La nueva metodología para estudios ambientales representa un gran avance para mejorar la protección del derecho a un ambiente sano y la garantía del derecho a un clima sano a través de medidas preventivas.También significa una victoria para el litigio climático en la región en la que se evidenció que el Estado colombiano incumplió compromisos climáticos específicos, y se logró un fallo que ordenara a una de las autoridades competentes adoptar acciones concretas para la adecuada gestión climática.La estrategia empleada y el precedente alcanzado bien pueden ser replicados en otros países de la región. Un camino de tres años hacia la justicia climáticaEn mayo de 2023, AIDA lideró la coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento, investigadores y una universidad que presentó una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El objetivo era exigir que se cumplieran las leyes relacionadas con el manejo de la crisis climática en el sector carbón.En Colombia, ni la normativa ambiental ni la de gestión del cambio climático contemplan la mitigación de GEI ni los impactos climáticos generados por el sector carbón, pese a la relevancia en el país de los proyectos carboníferos y al rol de estos en la profundización de la crisis climática.Colombia es el mayor extractor y exportador de carbón de América Latina por un amplio margen: en 2024, concentró el 87.67 % de la extracción regional y el 99.84 % de las exportaciones, con un peso relevante en su balanza comercial e infraestructura ferroviaria y portuaria. Además, ocupa el tercer lugar regional en su consumo final (24.52 %) y en los últimos 12 meses casi el 5% de la electricidad del país se generó a partir de carbón.Pero sin una regulación específica, las autoridades ambientales carecen de herramientas para establecer medidas efectivas para prevenir, mitigar y gestionar los impactos climáticos de la actividad carbonífera.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a la coalición en primera instancia. Y el Consejo de Estado —la máxima autoridad en asuntos administrativos del país—, la confirmó en segunda instancia. De modo que le ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1931 de 2018, norma que establece las acciones mínimas que el país debe realizar para honrar sus compromisos climáticos a nivel internacional.Y aquí es donde el caso logró ir más allá de su objetivo inicial: la sentencia generó una obligación específica para el ministerio de regular la inclusión de impactos climáticos no solo en los proyectos del sector carbón, sino en todos los proyectos que requieren licencia ambiental. Es decir, incluye al sector minero, de hidrocarburos, energético y de infraestructura, entre otros.Esto implica, entre otras cosas, cuantificar las emisiones de GEI de dichos proyectos y evaluar cómo las medidas de compensación ambiental pueden aportar al cumplimiento de los compromisos climáticos de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.También se le ordenó a la entidad de gobierno expedir la resolución mediante la cual se adopte el Reporte Obligatorio de Emisiones, lo que significaría que los grandes emisores de gases de efecto invernadero sean obligados a reportar anualmente el número total de emisiones de forma desagregada. De igual modo, se le ordenó expedir el plan de gestión de cambio climático del sector ambiente y gestionar acciones de coordinación con los planes territoriales de cambio climático. Una sentencia relevante y replicableLa publicación de la metodología para estudios ambientales, por parte del Ministerio de Ambiente, marca un hito en materia de licenciamiento ambiental al incorporar procedimientos específicos para que, desde los estudios de impacto ambiental, se consideren los impactos climáticos generados por los proyectos que buscan ser licenciados.Asimismo, incluye un enfoque sobre licenciamiento ambiental y derechos humanos, consideraciones sobre emisiones indirectas y una serie de nuevos lineamientos para la evaluación de los impactos ambientales de los proyectos.También, sienta un precedente regulatorio que evidencia, en la práctica, la inviabilidad climática de nuevos proyectos de extracción y quema de carbón.Se trata, en suma, de un instrumento regulatorio que busca cerrar vacíos en los procesos de licenciamiento ambiental, así como fortalecer la evaluación de las falencias asociadas a los impactos climáticos de determinados proyectos, particularmente del sector carbonífero. Y que incorpora una perspectiva de derechos humanos, algo que ocurre por primera vez dentro de un proceso de licenciamiento ambiental.Su alcance es ambicioso: una mayor exigencia técnica y de gestión climática elevaría los costos de cumplimiento de proyectos a carbón —encareciéndolos frente a alternativas más limpias— y podría contribuir a las estrategias de sustitución del carbón en el marco del cumplimiento de las obligaciones climáticas del país.Las órdenes de la sentencia del Consejo de Estado no se agotan con la publicación de la metodología. También existen otras órdenes que buscan incorporar lineamientos específicos para la gestión del cambio climático.Entre ellos, el Reporte Obligatorio de Emisiones, una herramienta clave para establecer procesos de monitoreo, verificación y control de las acciones de mitigación que implementen los grandes generadores de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el ministerio solamente publicó un borrador de la resolución que adopta tal instrumento que, de concretarse, representaría un avance regulatorio único en la región y con un gran potencial de ser replicado.En otras palabras, la sentencia del Consejo de Estado constituye un precedente muy importante para la región por dos razones: demuestra que el litigio estratégico puede traducirse en acciones regulatorias concretas para enfrentar la crisis climática, y evidencia la necesidad de actualizar los marcos normativos para incorporar medidas específicas de mitigación y adaptación al cambio climático en sectores y procedimientos concretos.Por ello, será importante diseñar estrategias que permitan replicar en otros países de la región tanto el enfoque de litigio como los resultados alcanzados durante la implementación.  

Presas de relaves: Aportes desde las ciencias para enfrentar sus riesgos

La minería implica, al inicio, la eliminación de cobertura vegetal y suelo. Luego tienen lugar las excavaciones para extraer metales y minerales del subsuelo. Este proceso genera muchos residuos o relaves: 200 kilos de residuos por cada kilo de material de interés económico en una mina de alta eficiencia.Estos desechos son una mezcla de restos de roca, agua y compuestos químicos usados en la explotación minera. Pero ¿a dónde van a parar estos residuos?Terminan en presas de relaves, depósitos permanentes de residuos mineros ubicados en los mismos territorios donde se realizan operaciones mineras.Pese a ser infraestructuras críticas, pues su falla o colapso puede afectar gravemente al ambiente y a las personas, la discusión previa y transparente en torno a las presas de relaves y sus riesgos es poco usual entre autoridades, empresas mineras y comunidades afectadas.Frente a ese vacío, el 22 y 23 de julio, AIDA —en alianza con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y el proyecto Encuentra una Persona Experta en Minería (FAIME, por sus siglas en inglés)— organizó en la ciudad de Loja, Ecuador, un evento plural de diálogo académico y divulgación científica acerca de la gestión de riesgos asociados a las presas de relaves.El evento reunió a personas de diferentes territorios y expertas en temas técnicos de América Latina para entablar un diálogo plural entorno a las preocupaciones por el manejo de desechos mineros.La iniciativa es parte de nuestros esfuerzos para promover que las ciencias, incluidos los conocimientos tradicionales, sean una herramienta fundamental y accesible para la defensa de los territorios y del derecho a un ambiente sano de todas las personas.A continuación, compartimos la información y reflexiones clave que el evento dejó sobre las presas de relaves y la gestión de sus riesgos.   Preocupaciones e incógnitas en torno a las presas de relavesTodas las rocas trituradas, químicamente procesadas, de las que se extraen los metales y minerales valiosos y sin valor económico para la industria, se quedan en los territorios, en las presas de relaves.Durante la operación de una mina, después de su cierre, y a perpetuidad, las empresas mineras deben asegurar que estas infraestructuras aíslen por completo del ambiente los desechos. La exposición a esta mezcla de residuos mineros implica grandes afectaciones socioambientales. Esto genera preocupaciones y dudas que pocas veces se discuten, incluyendo:Las dimensiones de la presa: ¿Cuántas toneladas de desechos se van a almacenar? La ubicación: ¿Dónde se permitirá guardar estos residuos en perpetuidad?El aislamiento: ¿Cómo asegurar que rocas cargadas de sustancias tóxicas y metales pesados no afecten el suelo, las fuentes de agua, la biodiversidad y a las personas? La seguridad: ¿Cómo garantizar que la infraestructura no ponga en peligro la vida de las personas y el ambiente del que dependen? El evento puso de manifiesto que la ciencia como herramienta de defensa territorial permite nombrar las amenazas de las presas de relaves, describirlas y profundizar en los riesgos específicos que se deben gestionar en cada territorio.Porque quienes tienen o potencialmente tendrán estos llamados “pasivos” ambientales a perpetuidad donde antes había un camino, un bosque o un río tienen múltiples incógnitas que deben ser respondidas.Incluso para personas expertas en temas técnicos relacionados, las presas de relaves son estructuras desafiantes. Quienes trabajan de cerca con el tema pueden confirmar que no siempre se tienen datos completos o libres para monitorear estas infraestructuras en todo su ciclo de vida. Son varios factores los que permiten entender en cada proyecto particular aspectos relacionados con el diseño, la construcción, la operación, el monitoreo, el cierre y poscierre, los efectos del cambio climático y la resiliencia de las presas de relaves.En la mayoría de los proyectos, esta información se mantiene reservada y solo puede ser estudiada por las empresas mineras y los organismos de control gubernamentales. Enfrentando las narrativas usualesGobiernos y empresas suelen asegurar que aplican los mejores estándares en cada fase de la operación minera, pero poco o nada dicen de los riesgos para el ambiente y las personas de los desechos mineros. Lastimosamente, muchas generaciones han vivido desastres por el colapso de estas presas:2019: Brumadinho, Minas Gerais, Brasil.2014: Mount Polley, Columbia Británica, Canadá.2010: Las Palmas, Maule, Chile.2010: Huachocolpa, Huancavelica, Perú.1965: El Cobre, Valparaíso, Chile. Estos desastres no se vieron venir pese a los monitoreos o no se evitaron. Si bien pueden parecer lejanos, las comunidades aledañas cargan con las pérdidas humanas y con los daños ambientales. Además de estas catástrofes bien conocidas, cada año se registran colapsos de estas estructuras en todo el mundo. En el sitio web de Wise Uranium está disponible una cronologia de fallas de presas de relaves desde 1960. Un diálogo académico plural y fructíferoHablar de los riesgos asociados a las presas de relaves fue clave para entender las preocupaciones de quienes ya viven junto a estas infraestructuras. También para tener en cuenta que con cada nuevo proyecto de minería metálica nuevas poblaciones se verán obligadas a coexistir con estas piscinas de residuos. Sin importar dónde estén o puedan ubicarse, entender y gestionar los riesgos es indispensable.El evento en Ecuador nos mostró que hay presas de todo tipo, dentro y fuera del continente (en Canadá, Chile, Brasil, Ecuador y Perú). Nos permitió conocer más de estándares, sistemas de monitoreo comunitarios, experiencias de restauración y exigencias frente a los riesgos.En mesas de trabajo de personas expertas —técnicas y ciudadanas— compartimos conocimientos y experiencias, preguntas, y algunas pocas respuestas. Construimos alianzas para seguir difundiendo información y construir una comunidad que espera crecer.Una de las discusiones más impactantes estuvo relacionada con el riesgo tolerable. Incluso cuando conocemos los riesgos y los gestionamos, estos siguen presentes. ¿Cuánto riesgo podemos y queremos tolerar? Las respuestas varían si vienen de la industria y de algunos gobiernos. Pero si nos concentramos en las poblaciones en riesgo, la respuesta es NINGUNO. Por supuesto. ¿Quién de nosotros/as, en nombre del desarrollo y de la transición energética, dejaría su casa ahora mismo para vivir junto a una presa de relaves? Usando las ciencias para renovar la esperanza y acortar brechasEscuchamos experiencias de comunidades donde la calidad del agua se ha visto afectada por proyectos de minería metálica. En estos casos, por ejemplo, usar las ciencias como herramienta de defensa territorial se traduce en tener una línea de tiempo de los parámetros de calidad del agua, monitoreados por la comunidad, en demostrar a empresas y autoridades que la calidad del agua cambió y en exigir cambios inmediatos. También se refleja en comunidades directamente afectadas que proponen estudios y monitoreos específicos para sus territorios, los desarrollaron y usan los resultados para fortalecer sus procesos de toma de decisiones y sus acciones legales.Sin embargo, para muchas comunidades el desarrollo de estudios científicos ajustados a sus realidades es una ilusión. Existen brechas tanto de financiamiento como de falta de herramientas técnicas que limitan que las comunidades usen la mejor ciencia disponible para la defensa de sus territorios y medios de vida. Por eso AIDA y FAIME buscan poner a personas consultoras y equipos de técnicos en contacto con comunidades y con organizaciones que las apoyan para contribuir a que la mejor ciencia disponible deje de ser un privilegio.   GraciasDesde AIDA agradecemos la participación de personas expertas y representantes de diversas comunidades de la región en el diálogo académico. Seguiremos propiciando estos espacios y encontrando caminos para que las comunidades afectadas por minería tengan en las ciencias una herramienta útil y eficiente para la defensa de sus derechos.  

Organizações acionam CIDH após escalada de invasões na Terra Indígena Ituna/Itatá, no Pará

Entidades pedem resposta urgente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e reforço do monitoramento internacional; cerca de 300 pessoas já estariam envolvidas na ocupação e no avanço para o interior da área destinada à proteção de indígenas isolados.Brasília. O Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (Opi) e outras cinco organizações acionaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) diante da escalada das invasões à Terra Indígena Ituna/Itatá, no Médio Xingu, no Pará, área protegida para povos indígenas isolados.Em manifestação urgente enviada à Comissão, Opi, Justiça Global, Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS) e Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA) pedem que a CIDH adote providências imediatas diante do risco à vida, à integridade e à existência física e cultural dos povos indígenas isolados da região.O documento foi apresentado no âmbito da Medida Cautelar MC-382/10, concedida pela CIDH em 2011 em favor das comunidades indígenas da Bacia do Xingu e posteriormente ampliada para incluir, entre seus eixos, a proteção específica dos povos indígenas isolados.Lei estadual precedeu escalada das invasõesAs organizações alertam a Comissão para os efeitos da Lei estadual nº 11.665/2026, publicada em 12 de agosto, que criou a Área de Proteção Ambiental (APA) Bacajaí nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio.A área e o perímetro definidos para a nova unidade de conservação coincidem com os da Terra Indígena Ituna/Itatá. Mapa produzido pelo Opi/Mapi, a partir de dados da Funai e do Estado do Pará, mostra que os 21 vértices descritos na legislação estadual coincidem integralmente com o perímetro da terra indígena.A TI possui aproximadamente 142,4 mil hectares e está interditada pela Funai desde 2011. Atualmente, vigora sobre o território a Portaria de Restrição de Uso nº 1.335/2025, que proíbe o ingresso, a permanência e a circulação de pessoas não autorizadas devido à presença registrada de povo indígena isolado.A legislação estadual prevê mecanismos de regularização fundiária e ambiental de imóveis e ocupações dentro da APA, inclusive por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Atualmente, 288 imóveis inscritos no CAR estão sobrepostos a cerca de 89% da TI Ituna/Itatá.Desde a publicação da lei, as organizações registraram movimentações de antigos invasores para retornar à região, destruição de estruturas de controle de acesso e abertura de picadas clandestinas. Mensagens recebidas pelo Opi em 13 de agosto também documentaram articulações para ingresso na terra indígena.Cerca de 300 pessoas estariam envolvidasA situação atingiu um ponto crítico nos dias 15 e 16 de agosto. Durante uma atividade de monitoramento, servidores da Funai encontraram, às margens do Igarapé Ituna, cerca de 100 pessoas acampadas, além de 35 motocicletas e quatro veículos.De acordo com informações relatadas pelos próprios ocupantes aos servidores, outro grupo de aproximadamente 200 pessoas avançava para regiões mais internas do território com o objetivo de abrir estradas e demarcar lotes, utilizando foices, facões, roçadeiras e motosserras. Ser vidores da Funai foram ameaçados durante a abordagem, segundo o documento.Diante da escalada, a Defensoria Pública da União já havia acionado, em 17 de agosto, os ministérios da Justiça e Segurança Pública e dos Povos Indígenas, solicitando o envio imediato da Força Nacional e a atuação da Polícia Federal na região. Calcula-se que hoje já estejam cerca de 300 invasores na área, o que indica ação coordenada e financiada.Organizações pedem resposta internacionalNa manifestação, as seis organizações solicitam que a CIDH: incorpore imediatamente os novos fatos ao acompanhamento da MC-382/10; cobre do Estado brasileiro informações urgentes sobre as medidas adotadas para conter as invasões e manter a Restrição de Uso; emita comunicado público manifestando preocupação com a Lei nº 11.665/2026 e os riscos aos povos indígenas isolados; mantenha e reforce o monitoramento internacional da proteção territorial da Ituna/Itatá; acompanhe o cumprimento das medidas emergenciais requeridas pela DPU, especialmente o envio da Força Nacional e a atuação da Polícia Federal; cobre do Estado brasileiro garantias de segurança aos servidores da Funai responsáveis pela fiscalização do território.O documento foi também incorporado à reunião de trabalho da MC-382/10 que ocorreu no dia 18 de agosto, durante o 196º Período Ordinário de Sessões da CIDH.Para as organizações, a situação reúne os critérios de gravidade, urgência e risco de dano irreparável que justificam uma resposta imediata. O documento ressalta que povos indígenas isolados apresentam especial vulnerabilidade epidemiológica e que contatos não consentidos podem produzir consequências irreversíveis para sua sobrevivência física e cultural.Sobre a MC-382/10A Medida Cautelar MC-382/10 foi concedida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em abril de 2011 em favor das comunidades indígenas da Bacia do Xingu diante do quadro de danos e insegurança provocado pela instalação da usina de Belo Monte e teve seu alcance ampliado em julho daquele ano. Entre os eixos abrangidos está a proteção específica dos povos indígenas isolados da região.A Ituna/Itatá integra esse contexto de proteção. Sua interdição pela Funai também está relacionada às condicionantes indígenas do licenciamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, cujo Estudo de Impacto Ambiental já registrava, em 2009, fortes indícios da presença de indígenas isolados na região.Documento: Ofício JG nº 89/2026 – Manifestação urgente sobre a Lei estadual (PA) nº 11.665/2026 e os riscos aos povos indígenas isolados da TI Ituna/Itatá.Informações para imprensaHelena Palmquist | Assessoria de Comunicação – Opi | [email protected] | 91 985476006 (WhatsApp) 

Páramos = agua = vida

Los páramos son ecosistemas de alta montaña que capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Están ubicados entre el límite superior del bosque andino (3.000 m.s.n.m. aprox.) y los glaciares o nieves perpetuas de las montañas (por encima de los 4.500 m.s.n.m. aprox.).Típicamente, es posible encontrar páramos en regiones tropicales cercanas a la línea ecuatorial, sobre todo a lo largo de la Cordillera de los Andes.En América Latina, los páramos cubren más de 30.000 km2. Sudamérica alberga más del 80% de ellos a nivel mundial y Colombia concentra el 50%.Los páramos no están aislados, sino que forman un sistema de alta montaña que mantiene conexiones ecológicas con otros biomas y ecosistemas, trascendiendo fronteras nacionales. Así, en la región andina, conforman un corredor denominado el “collar de perlas”; que va desde la Cordillera de Mérida, en Venezuela, cruzando Colombia y Ecuador, hasta el hundimiento de Huancabamba en el norte de Perú.Allí, el agua que retienen humedales de altura baja poco a poco, formando quebradas y ríos, que descienden hasta llegar a las costas o a la Amazonía.Por su interconexión, los páramos son además puentes naturales o “trampolines” para la migración y dispersión de especies. Su conservación, por tanto, no puede limitarse a zonas específicas, sino a la protección de las relaciones ecológicas, biológicas y culturales que tienen con otros ecosistemas. La importancia de proteger los páramosDebemos proteger los páramos porque son esenciales para sostener la vida. Entre otras cosas, esto se debe a que:Alimentan cuencas hidrográficas claves que a su vez sustentan sistemas agrícolas y ganaderos que aportan al abastecimiento de alimentos para la población. Son la fuente principal de agua para más de 85 millones de personas. En Colombia, el 70% del agua dulce consumida en las grandes ciudades proviene de estos ecosistemas.Albergan una biodiversidad única: más de 3.370 especies de plantas y 250 de animales. Entre las especies endémicas que allí viven están el frailejón (planta con hojas peludas que atrapa la humedad de la neblina y regulan el agua), el cóndor andino, la danta de montaña o tapir andino y el oso de anteojos.Constituyen espacios de vida y hogar de comunidades campesinas e indígenas. Según el censo de páramos de 2018, más de 76.000 personas en Colombia viven en los ecosistemas de páramo del país. Además, su enorme belleza paisajística impulsa el turismo de naturaleza, sosteniendo así modos de vida.Son extraordinarios sumideros naturales de carbono, siendo aliados indispensables para la mitigación a la crisis climática. Pueden retener hasta diez veces más dióxido de carbono por metro cuadrado que un bosque tropical. En puntos específicos de un páramo, como las turberas, la captura de carbono puede alcanzar las 2.000 toneladas.  Foto: Aztlec Flickr (Creative Commons).¿De qué amenazas debemos proteger a los páramos?En contraste con su gran importancia, los páramos enfrentan varias amenazas actualmente. Una de ellas es la crisis climática, que aumenta la temperatura del ambiente y, al estar ubicados en alta montaña, estos ecosistemas no tienen pisos térmicos más fríos a donde desplazarse.Por otro lado, la ganadería y la agricultura extensivas —en especial de papa— afectan extensiones considerables de páramos. Su deforestación o reforestación con especies foráneas también los ponen en peligro, así como la falta de conocimiento sobre su importancia y características.Y sin duda una sus mayores amenazas es la minería. Debido a su formación geológica, en estos ecosistemas hay grandes cantidades de minerales y metales, como oro y plata. La industria minera implica riesgos graves para los páramos porque:Extrae grandes volúmenes de agua y construye infraestructura sobre los humedales, reduciendo su capacidad de regular los flujos hídricos, y puede contaminar con mercurio y otros tóxicos, provocando pérdida de especies y afectando la calidad y disponibilidad de agua en zonas bajas.Cuando desarrolla minería subterránea, puede alterar las dinámicas del flujo del agua subterránea debido a los procesos de desagüe para evitar el hundimiento de túneles. Esto provoca el descenso de acuíferos, el hundimiento del terreno y el desecamiento de fuentes de agua, entre otros impactos.Remueve cobertura vegetal y suelos orgánicos, degradando ecosistemas frágiles como los páramos, debilitando su rol como sumideros naturales de carbono y liberando el carbono almacenado.Puede generar impactos a perpetuidad, por siglos o milenios, tiempos que no pueden predecirse con certeza. Las presas de relaves y otras infraestructuras (escombreras o botaderos) donde los desechos mineros van a parar, por ejemplo, tienen efectos que persisten indefinidamente porque no fueron diseñadas para ser desmanteladas.Conoce más del verdadero costo de la minería en páramos. El emblemático caso del páramo de Santurbán en ColombiaEl de Santurbán es un caso representativo de los conflictos socioambientales que resultan de la intención empresarial de implementar minería en páramos, así como de los esfuerzos ciudadanos para proteger estos ecosistemas y la vida que sostienen. Foto: Alberto Peña Kay. Ubicado en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, el páramo de Santurbán se extiende por 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas, así como 457 especies de plantas y 293 de fauna vertebrada.En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre, que han atraído el interés de conglomerados mineros extranjeros que por décadas han buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema, amenazando con degradarlo.Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán —más de dos millones de personas—, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.Estos esfuerzos han sido liderados por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Esta coalición de personas defensoras ambientales, apoyada por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil, ha frenado los intentos continuos de la industria minera. La defensa de Santurbán ha incluido litigios, incidencia nacional e internacional.   Conoce más de la defensa del páramo de Santurbán. La protección de los páramos de América LatinaAsí como en el caso de Santurbán en Colombia, pueblos indígenas, comunidades campesinas y ciudadanía en otros países de la región llevan a cabo estrategias jurídicas para proteger los páramos andinos.También en Colombia, comunidades campesinas de Cajamarca, departamento del Tolima, lograron, mediante una consulta popular, rechazar el proyecto minero La Colosa para la extracción de oro en la zona del páramo de Los Nevados. Actualmente defienden judicialmente la validez de la consulta y de la delimitación del páramo.En Ecuador, el pueblo indígena Kichwa Saraguro impulsa una acción legal para proteger más de 27.000 hectáreas del páramo de Fierro Urku que, sin consulta, fueron concesionadas para minería de oro, plata y cobre. Al mismo tiempo, exige el cumplimiento de una acción de protección que suspendió el proyecto minero Loma Larga en el páramo de Quimsacocha hasta garantizar la consulta previa y la realización de estudios de impacto ambiental.De la mano de comunidades y organizaciones aliadas, AIDA trabaja para proteger los páramos y otros ecosistemas que sostienen la vida en América Latina.  

La Volta Grande del río Xingú bajo amenaza

Riesgos socioambientales del proyecto minero de Belo Sun en la Amazonía brasileña La Volta Grande (o “Gran Recodo”) del río Xingú es el tramo en que el afluente, ubicado en plena Amazonía brasileña, en el estado de Pará, forma una amplia curva. De ahí proviene su nombre. Es una región de alta biodiversidad y riqueza sociocultural, habitada por pueblos indígenas y comunidades tradicionales cuyos modos de vida dependen del río. Este territorio es presionado por continuos megaproyectos: primero la Central Hidroeléctrica Belo Monte y ahora el Proyecto Aurífero Volta Grande de la empresa canadiense Belo Sun. Frente a estas amenazas, en agosto de 2026, las organizaciones nacionales e internacionales que actúan en defensa de la Volta Grande del río Xingú, reunidas en la Alianza de la Volta Grande do Xingu (AVGX), enviaron —junto con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)— una comunicación formal al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. En el documento, las organizaciones denuncian el incumplimiento del Estado brasileño de su obligación de proteger los derechos humanos —respecto de sus deberes de regular, autorizar con base técnica, prevenir, fiscalizar y conducir la consulta— y el incumplimiento de Belo Sun de la responsabilidad autónoma de respetar los derechos humanos y ejercer la debida diligencia, con urgencia adicional tras la licencia de instalación del proyecto, autorizada formalmente el 15 de abril de 2026.    Los argumentos se basan en un conjunto de normas internacionales que define lo que los gobiernos y las empresas deben hacer para proteger a las personas cuando una actividad económica puede afectar sus derechos. Algunas de esas normas son obligatorias para Brasil, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (exigible ante la Corte Interamericana) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otras son estándares de referencia mundial, como los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos Humanos y las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El caso es objeto de atención internacional desde hace más de una década. El propio Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos escuchó testimonios de las comunidades en su visita a Brasil en 2015. Y, en marzo de 2024, Relatorías Especiales de la ONU enviaron una carta conjunta a los gobiernos de Brasil, Canadá y Estados Unidos, así como a la empresa, sin que se hayan adoptado aún medidas correctivas suficientes. Lee y descarga la hoja informativaLee la comunicación enviada al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos 

Comunicação à ONU sobre riscos e violações dos direitos humanos do Projeto Volta Grande na Amazônia brasileira

A comunicação foi submetida pela Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), em conjunto com a Aliança da Volta Grande do Xingu (AVGX), com o objetivo de informar ao Grupo de Trabalho da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos sobre os riscos e as violações de direitos humanos associados ao Projeto Volta Grande da empresa canadense Belo Sun e solicitar a adoção de medidas no âmbito do seu mandato. A comunicação demonstra que o Estado brasileiro descumpriu seu dever de proteger os direitos humanos, por ações e omissões nos deveres de regular, prevenir, autorizar com base técnica e fiscalizar; e, que a Belo Sun descumpriu sua responsabilidade autônoma de respeitar e exercer devida diligência, à luz dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas e dos padrões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em especial a Convenção Americana, conforme interpretada pela Corte Interamericana na Opinião Consultiva n. 32 em conexão com os Princípios 21 da Declaração de Estocolmo (1972) e Princípio 2 da Declaração do Rio (1992). É igualmente pertinente a Convenção n.º 169 da OIT, quanto à consulta livre, prévia e informada.A comunicação está organizada em sete seções: 1) resumo do caso; 2) contexto territorial e sobreposição com a UHE Belo Monte; 3) histórico das denúncias e comunicações internacionais; 4) ações e omissões do Estado brasileiro; 5) condutas irregulares da empresa Belo Sun, à luz dos Princípios Orientadores; e 6) conclusão. Além disso, diante da gravidade dos fatos e da urgência imposta pela recente aprovação de licença de instalação do projeto, as solicitações a este Grupo de Trabalho, incluindo reunião urgente, comunicação e acompanhamento contínuo, constam da Seção 7. Leia e baixe o documento completo 

Comunicación a la ONU sobre riesgos y violaciones a los derechos humanos del Proyecto Volta Grande en la Amazonía brasileña

La comunicación fue presentada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), junto con la Alianza de la Volta Grande do Xingu (AVGX), con el objetivo de informar al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos de los riesgos y las violaciones de derechos humanos asociados al Proyecto Volta Grande de la empresa canadiense Belo Sun y solicitar la adopción de medidas en el ámbito de su mandato. La comunicación demuestra que el Estado brasileño incumplió su deber de proteger los derechos humanos, por acciones y omisiones en los deberes de regular, prevenir, autorizar con base técnica y fiscalizar; y que Belo Sun incumplió su responsabilidad autónoma de respetar y ejercer la debida diligencia, a la luz de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en especial la Convención Americana, conforme interpretada por la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva núm. 32 en conexión con el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo (1972) y el Principio 2 de la Declaración de Río (1992). Es igualmente pertinente el Convenio núm. 169 de la OIT, en cuanto a la consulta libre, previa e informada.La comunicación está organizada en siete secciones: 1) resumen del caso; 2) contexto territorial y superposición con la central hidroeléctrica de Belo Monte; 3) historial de las denuncias y comunicaciones internacionales; 4) acciones y omisiones del Estado brasileño; 5) conductas irregulares de la empresa Belo Sun, a la luz de los Principios Rectores; y 6) conclusión. Además, ante la gravedad de los hechos y la urgencia impuesta por la reciente aprobación de la licencia de instalación del proyecto, las solicitudes a este Grupo de Trabajo, incluida una reunión urgente, comunicación y seguimiento continuo, constan en la Sección 7. Lee y descarga el documento completo 

Fracking en América Latina: Impactos y acciones para frenar su expansión

El impacto de los minerales “críticos” en América Latina

Hacia el abandono del carbón en América Latina