Minería

Hablemos del cierre y salida responsable de proyectos

Ningún proyecto minero, de extracción de combustibles fósiles y de generación de energía dura para siempre. Su vida útil está condicionada a factores internos, como la cantidad de reservas de los recursos, y externos, como la disminución de la demanda o problemas financieros, entre otros.Pero, sin importar la duración del proyecto o cómo esta pueda verse afectada, quienes lo promuevan —sean actores públicos o privados— deben prever un proceso de cierre y salida responsable con el entorno natural y con la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todas las personas involucradas.Este asunto es aún más relevante en el contexto de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática, relacionadas en gran parte con la transición energética, la cual implica en términos generales sustituir los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles; así como promover energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran gran importancia.En el primero, es necesario incluir en los proyectos vigentes obligaciones concretas y exigibles de cierre y salida responsable. En el segundo, estos requerimientos deben incluirse desde la etapa de planificación y la de prefactibilidad, integrándolos también las evaluaciones de impacto ambiental y en fases posteriores.En todos los proyectos, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que forman parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, financiadores, aseguradoras, proveedores, distribuidores y compradores, entre otros.Por lo señalado, la conversación en torno al cierre y salida responsable de proyectos es fundamental para abonar a la protección del ambiente y la gestión climática en América Latina.¿Qué entendemos por cierre y por salida de un proyecto?Todos los proyectos minero-energéticos tienen distintas fases a lo largo de su ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y poscierre. A su vez, tienen cadenas de suministro y de valor en las que participan —como dijimos— actores de diversos sectores.En este contexto, el cierre se refiere a la etapa de un proyecto en la cual este deja de operar y se da por finalizado. Por su parte, la salida se refiere a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro del proyecto, desde su propio rol, se desvinculan por completo de este.  ¿Qué implica que un proceso de cierre y de salida sea responsable?Actualmente no existe un consenso sobre la definición y el alcance de los procesos de salida y de cierre de proyectos para que sean responsables y justos. En ocasiones, estos términos se utilizan de forma indiscriminada, lo que puede generar confusiones acerca de las responsabilidades de los actores involucrados y el alcance de los procesos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, hay elementos que permiten explicar estos conceptos con precisión:El cierre responsable y justo de un proyecto es un proceso planificado, realizado con anticipación, que debe contemplarse desde las fases iniciales del proyecto y actualizarse constantemente según su desarrollo.Por medio del cierre responsable se garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo, garantizando también el derecho a un ambiente sano.La planificación y el desarrollo de un plan de cierre deben estar enfocados en la gestión de riesgos, así como en la prevención y mitigación de impactos. Ello asegura un cierre responsable en el que las áreas afectadas puedan readecuarse y ser seguras tanto para la naturaleza como para las comunidades, permitiendo además que los ecosistemas recuperen sus funciones.La obligación general del promotor del proyecto es identificar en debida forma los impactos que este puede causar y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las medidas aprobadas por el Estado en sus instrumentos de gestión ambiental.La principal obligación del Estado (además de su deber general de regulación) es supervisar y fiscalizar el proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones del promotor, previniendo que se generen daños ambientales y/o sociales.El rol de los demás actores de la cadena de valor y de suministro es actuar con debida diligencia, utilizando su influencia para incentivar que el promotor del proyecto cumpla con sus obligaciones y, en caso de notar incumplimientos, tomar medidas desde su papel y capacidad de influencia para que se adopten las acciones correctivas necesarias.La salida responsable y justa se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor y de suministro cuando deciden desvincularse por completo de un proyecto, atendiendo las responsabilidades propias de su rol, que implican cumplir sus obligaciones en materia de respeto y debida diligencia en derechos humanos.   En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas.Para conocer más del tema, consulta nuestro informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina En el siguiente video, explicamos los principales hallazgos del informe, que documenta y analiza casos en varios países del continente:  

Ni AngloGold Ashanti ni Mineros S.A. : Cajamarca es un municipio libre de gran minería

Aunque cambien las empresas, la decisión de la ciudadanía de Cajamarca sigue siendo la misma: defender su territorio frente a la gran minería.Bogotá / Cajamarca. Tras el anuncio de la empresa Mineros S.A. sobre la firma de un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de AngloGold Ashanti Colombia S.A.S del proyecto minero La Colosa en Cajamarca, desde la Coalición Jurídica para la Defensa de Cajamarca (1) reiteramos un mensaje claro: Cajamarca ya decidió y su territorio debe permanecer libre de gran minería.Durante más de una década, hemos adelantado procesos de movilización, defensa jurídica e incidencia para proteger a Cajamarca frente al proyecto minero La Colosa, promovido por AngloGold Ashanti. Gracias a esa defensa colectiva del territorio y a la normatividad ambiental, hoy las actividades de exploración en este proyecto se encuentran suspendidas.Desde 2017 la ciudadanía de Cajamarca se pronunció de manera contundente a través de la consulta popular, en la que el 98 % de las personas votantes rechazó el desarrollo de actividades mineras en el municipio. Este resultado tiene plenos efectos legales, como lo han confirmado dos jueces colombianos, y representó un hito de participación y democracia ambiental en Colombia, además de una clara expresión de la voluntad del territorio de proteger el agua, la vocación agrícola del municipio y los ecosistemas estratégicos de la región. En este contexto, el cambio de titularidad del proyecto de AngloGold Ashanti a Mineros S.A. no cambia la realidad del territorio ni la posición de las comunidades. Aunque cambien las empresas, la decisión de Cajamarca sigue siendo la misma: defender su territorio frente a la gran minería. Además, ninguna de estas dos empresas cuenta con los permisos ambientales necesarios para reactivar el proyecto La Colosa, y aún así, insisten en desconocer las decisiones autónomas y legítimas de la comunidad. El anuncio de esta transacción se produce, además, pocos días después de que el Concejo Municipal de Cajamarca aprobara un acuerdo municipal de iniciativa ciudadana que declaró 33 predios pertenecientes a AngloGold Ashanti como áreas de utilidad pública e interés social. Esta decisión reafirma el compromiso institucional del municipio con la protección del territorio.Las organizaciones que suscribimos este comunicado reiteramos que Cajamarca no es ni será un territorio minero. Sea AngloGold, Mineros S.A. o cualquier otra empresa, la gran minería no tiene lugar en el municipio. Continuaremos ejerciendo todas las acciones sociales, jurídicas y políticas necesarias para defender el territorio y hacer respetar la decisión de Cajamarca.#LaConsultaSeRespeta (1) La Coalición está integrada por el Colectivo Socio-ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), el Centro Sociojurídico SIEMBRA, el Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Sibelys Mejía Rodríguez (investigadora independiente).Contactos de prensaRobinson Mejía | COSAJUCA | [email protected] | 300 218 36 41 Sara Sofia Moreno | SIEMBRA | [email protected] | 300 568 33 33 | Lorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481Laura Becerra | CCJ | [email protected] | 313 475 5815  

Carbón, un combustible sucio y obsoleto

Históricamente, el carbón ha sido identificado como una importante fuente de energía no renovable. Fue el combustible que impulsó la Revolución Industrial, que transformó la forma de producción en el mundo, y por mucho tiempo fue el principal combustible para el transporte, la generación de electricidad y la calefacción.Pero es momento de dejar atrás esa etapa. Hoy sabemos que el carbón es el combustible fósil que genera mayores emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero detrás del aumento de la temperatura global, con efectos como el derretimiento de glaciares y el aumento del nivel del mar.Además de argumentos climáticos y ambientales, existen razones económicas, políticas y de derechos humanos para terminar con la extracción y quema de este combustible.Para entender mejor por qué el carbón es tan contaminante y qué impactos genera en el ambiente y la salud, lo hemos diseccionado. Conociendo al carbónEl carbón mineral es una roca formada a partir de restos vegetales que quedaron inmersos en capas de sedimentos que no se descompusieron debido a la ausencia de oxígeno.Por procesos geológicos, durante millones de años, esa materia orgánica estuvo sometida a altas temperaturas y presiones. El resultado fue un material principalmente compuesto de carbono.La energía del carbón se libera durante su combustión. Al quemarse, el carbón genera calor. En las plantas termoeléctricas, ese calor se usa para transformar el agua en vapor y así producir electricidad. Cuando el carbón se quema para producir calor o electricidad, libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono y, en menores cantidades, metano y óxido nitroso.Todos estos gases dañan el ambiente y la salud humana. ¿Por qué es tan contaminante?El carbón genera impactos desde su extracción, ya que la minería de carbón a cielo abierto implica excavar y remover grandes cantidades de tierra para llegar a las capas ricas en carbón. Eso significa destruir paisajes, arrasar la vegetación y a los animales e incluso provocar el desplazamiento forzado de poblaciones.La minería de carbón también contamina el agua y los suelos en los sitios de extracción, tanto por el minado del mineral como por los residuos que genera.Pero la cadena de impactos no termina ahí. Durante la combustión del carbón se generan grandes cantidades de CO2, el principal gas responsable del calentamiento del planeta. A la par, durante su extracción, manejo y combustión se liberan otros gases:Metano, que tiene un potencial de calentamiento global hasta 30 veces mayor que el CO2 en un horizonte de 100 años.Óxido nitroso, cuyo potencial de calentamiento global en un periodo de 100 años es de hasta 273 y su periodo de vida en la atmósfera se extiende hasta 109 años. Además de gases de efecto invernadero, la combustión de carbón también libera otros contaminantes, como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y carbono negro (hollín), que afectan la calidad del aire y tienen efectos indirectos en el clima, como la alteración de patrones de precipitación, como puede ser la lluvia ácida. ¿Qué daños provoca en la salud? La ceniza que proviene de las centrales termoeléctricas a carbón, y que no es adecuadamente manejada, es un motivo de preocupación por sus impactos a la salud humana, de acuerdo con el informe Atlas del carbón, publicado por la Fundación Heinrich Böll.Al inhalar partículas finas de la ceniza, estas ingresan a las vías respiratorias y penetran en los pulmones y el flujo sanguíneo. Esto puede generar diversos problemas, como inflamación crónica de los pulmones, o enfermedades como asma, bronquitis crónica y cáncer pulmonar.Otro efecto es la reducción del flujo sanguíneo que llega al cerebro, ya que la sangre se coagula más rápido y puede transportar menos oxígeno, lo que genera una presión sanguínea alta, arritmias cardiacas e infartos.Las infancias son especialmente susceptibles a los efectos de los metales pesados que emiten las centrales termoeléctricas a carbón (plomo, mercurio, cadmio y arsénico). Si sus pulmones son dañados en etapas tempranas del desarrollo, pueden afectarse de manera permanente. ¿Por qué se sigue usando a pesar de los daños que causa?A pesar de los impactos conocidos del carbón en el ambiente y la salud, para muchas economías sigue siendo una opción confiable y barata para producir energía.Tras la caída en el consumo de carbón durante la pandemia de COVID-19, en los años recientes la demanda mundial de carbón creció más de 1 200 millones de toneladas desde el año 2020, de acuerdo con el análisis Coal 2024 de la Agencia Internacional de Energía.A pesar del aumento de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, los principales consumidores, como China o India, siguen apostando por el carbón en el sector energético.En el caso de América Latina, el futuro del carbón es incierto. Por un lado, la región sigue participando en la extracción de carbón para su exportación o para su quema para generar energía. El caso más emblemático es Colombia, el quinto mayor exportador de carbón del mundo.Por otro lado, hay esfuerzos hacia la descarbonización, como en Chile, donde la generación eléctrica a partir del carbón ha generado graves afectaciones a la salud y al ambiente en las llamadas "zonas de sacrificio".El gobierno propuso un plan para que al año 2050 todo el Sistema Eléctrico Nacional genere energía 100% limpia. Sin embargo, una reciente quema acelerada de carbón sobrante en una termoeléctrica, como parte de su proceso de cierre de operaciones, ha puesto el foco en cómo se está llevando a cabo esa descarbonización.Como región productora y consumidora de carbón, América Latina tiene una cuota de responsabilidad en los esfuerzos mundiales para frenar la explotación y quema de carbón y, en su lugar, favorecer sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, sostenibles en el tiempo, respetuosos del ambiente y de las personas.Terminar la era del carbón es posible. Es momento de hacerlo. 

La importancia del “cómo” en la transición energética

De las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) que proceden de combustibles fósiles, una de las principales causas de la crisis climática, cerca de la mitad viene del uso de carbón.Y América Latina no es ajena al problema porque tiene una participación tanto en la quema de carbón como en la extracción del mineral que, tras ser exportado, es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo.En ese contexto, el cierre de termoeléctricas a carbón —como el que está ocurriendo en Chile — es una gran noticia, así como una oportunidad para encauzar la transición energética por el camino de la justicia.Pero en una transición energética justa, el “cómo” importa: Cada paso hacia la desfosilización debe garantizar sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, el respeto del ambiente y los derechos humanos, además de procesos de cierre y salida responsable.  Así, el caso chileno, que explicaremos a continuación, es un ejemplo importante de por qué la región necesita implementar procesos de descarbonización responsables. Cuando descarbonizar contamina másA principios de 2024, la empresa AES Andes SA cerró la termoeléctrica Norgener en Tocopilla, ciudad costera situada en el norte de Chile.Como parte del proceso de cierre, la empresa quemó de manera acelerada las 94 mil toneladas de carbón que mantenía en la planta, afectando a una ciudad saturada ya de contaminación y reconocida públicamente como zona de sacrificio ambiental.La población de Tocopilla fue expuesta a posibles afectaciones a su salud que incluyen impactos en el sistema respiratorio, incremento del riesgo de infartos y —en niños y niñas — alteraciones perinatales, afectaciones al desarrollo y a la función pulmonar, entre otros.La quema forzada de carbón fue autorizada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CNE) —organismo encargado de gestionar las diferentes fuentes de energía que ingresan al sistema eléctrico nacional— y la electricidad generada desplazó el uso de energía proveniente de fuentes renovables.Para detener la quema, AIDA, Greenpeace y Chile Sustentable —junto con comunidades locales — presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección para detener la quema, pero la decisión judicial llegó cuando el carbón ya se había quemado. Además, la corte consideró que el caso debía revisarlo un tribunal especializado en la materia en un procedimiento más prolongado. Un mal precedente para Chile y para el continenteAl autorizar la quema del carbón remanente de la termoeléctrica Norgener, el Coordinador Eléctrico Nacional hizo una excepción a la ley que dispone el orden de despacho energético. Poco después, en septiembre de 2024, el organismo emitió un procedimiento interno para ordenar el cierre anticipado de centrales eléctricas.Aunque es un intento por encauzar los procesos de cierre, la medida abre la puerta a que otras empresas con centrales a carbón en proceso de cierre repliquen lo ocurrido en Norgener:  quemen su carbón remanente bajo el argumento de “vaciar stock” y generen energía que ingrese con prioridad al sistema eléctrico nacional, desplazando nuevamente a la proveniente de fuentes renovables.En Chile, el Coordinador Eléctrico Nacional decide qué unidad despacha su energía al sistema en un momento dado con base en un criterio de mérito económico creciente, según el cual la energía con menor costo variable entra primero. Sin embargo, el procedimiento interno dispone —sin respaldo normativo suficiente— que el organismo puede autorizar el despacho de energía fuera de orden económico para que centrales a carbón consuman su combustible remanente antes de su cierre.Frente a esto, AIDA, Greenpeace, Chile Sustentable y MUZOSARE (Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia) presentaron el 6 de febrero de 2026 una denuncia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra el Coordinador y sus consejeros por la aprobación y puesta en marcha de la medida.La denuncia representa una oportunidad para que las cosas se hagan bien: que el organismo fiscalizador del sector asegure que la planificación del cierre de termoeléctricas no termine premiando la mala gestión de inventarios de carbón a costa de la salud de comunidades y de una transición energética justa. Lo que la transición energética necesitaEn 2019, el gobierno chileno se comprometió a cerrar todas las centrales eléctricas de carbón del país para 2040. Desde ese anuncio público, el calendario se ha ido acelerando. Pero la urgencia de la descarbonización no debe servir para favorecer a las empresas a cargo de termoeléctricas ni dañar a las comunidades que viven cerca de industrias contaminantes.Hacerlo de este modo debilita el liderazgo climático de Chile, dando un mal ejemplo para cualquier proceso de desfosilización en la región.En una transición energética justa, las empresas involucradas en toda la cadena del carbón y de otros combustibles fósiles tienen la obligación de garantizar el cierre y salida responsable de sus operaciones.La transición energética no es un mero cambio de tecnologías, es una oportunidad para replantear los modelos de energía y de desarrollo, así como para corregir injusticias. Esto requiere reglas claras y adecuadas que favorezcan la seguridad del sistema energético, la competencia y el ambiente sano. 

5 datos clave sobre las “tierras raras”

Es probable que en las últimas semanas hayas leído o escuchado el término "tierras raras".Contrario a lo que su nombre sugiere, su presencia en la vida cotidiana es más común de lo que piensas. De hecho, muchas innovaciones tecnológicas que usamos diariamente no serían posibles sin ellas.¿Y por qué se habla tanto de ellas actualmente?Porque hoy las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en medio de disputas por su control, dada su utilidad en la fabricación de tecnologías para la transición energética, pero también para la industria militar.Pero, al margen de las tensiones geopolíticas en torno al tema, hay preguntas básicas que surgen al escuchar este término y por eso aquí las respondemos.Al comprender de dónde vienen las materias primas detrás de las tecnologías que usamos podemos también replantearnos el tipo de futuro que queremos. ¿Qué son las "tierras raras"?Son 17 elementos metálicos, similares en sus propiedades geoquímicas, utilizados en gran parte de tecnologías actuales, desde teléfonos móviles hasta autos eléctricos.Incluyen los 15 lantánidos de la tabla periódica de los elementos químicos —Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio— , además del Escandio y el Itrio.El Prometio suele ser descartado de este grupo porque en condiciones normales su vida es corta. ¿Realmente son raras?Contrario a lo que pudiera pensarse, no son "raras" en abundancia, pero sí en concentración. Es decir, no suelen encontrarse depósitos con altas concentraciones, lo que dificulta su explotación y procesamiento. En consecuencia, la mayor parte de su suministro mundial proviene de unas pocas fuentes.Pero cuando fueron descubiertas (siglos XVIII y XIX) eran menos conocidas en comparación con otros elementos.  Las "tierras raras" más abundantes son similares en concentración en la corteza terrestre a metales industriales comunes (cromo, níquel, cobre, zinc, molibdeno, estaño,  tungsteno o plomo). Incluso las dos "tierras raras" menos abundantes (Tulio y Lutecio) son casi 200 veces más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan las "tierras raras"?Tienen propiedades fluorescentes, magnéticas y conductoras inusuales, que las hacen atractivas para una amplia variedad de aplicaciones.Están presentes en objetos cotidianos, como smartphones, pantallas o luces LED.En energías renovables, se usan para fabricar turbinas eólicas y autos eléctricos.Sus usos más especializados incluyen aparatos médicos y armamento. ¿Dónde están?Existen en varias partes del mundo, pero que un país tenga reservas no significa que las explote. Los países con las mayores reservas son:China: 44 millones de toneladas.Brasil: 21 millones de toneladas.India: 6 millones 900 mil toneladas.Australia: 5 millones 700 mil toneladas.Rusia: 3 millones 800 mil toneladas.Vietnam: 3 millones 500 mil toneladas.Estados Unidos: 1 millón 900 mil toneladas.Groenlandia: 1 millón 500 mil toneladas.En América Latina, además de Brasil, otros países donde se han identificado "tierras raras" son Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Perú. ¿Por qué ahora se habla tanto de ellas?La transición energética está intensificando la competencia por el acceso a materias primas — entre ellas las "tierras raras"— necesarias para tecnologías de energías renovables.Para promover y facilitar el acceso a estos y otros recursos, algunos países y organismos internacionales los llaman "críticos".Pero no solo son importantes para las energías renovables. Las "tierras raras" también son clave para la industria militar.Debido a que el suministro mundial se concentra en pocas fuentes, hay un creciente interés de algunos países del norte global por controlar el acceso a estos recursos. ¿Qué impactos causa su explotación?La extracción de "tierras raras" se hace principalmente en minas a cielo abierto, lo que implica graves impactos ambientales y sociales:Contaminación del agua, el aire y los suelos.Uso intensivo de agua y químicos tóxicos.Generación de desperdicios radioactivos.Pérdida de biodiversidad.Riesgos para la salud.Desplazamiento forzado de comunidades.Mayor riesgo de desigualdad económica. Las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en el centro de los debates actuales sobre quién controla su explotación y producción.Al ser bienes que provienen de la naturaleza, y que muchas veces están en territorios comunitarios y ecosistemas críticos, una discusión más urgente es qué tipo de progreso queremos: ¿uno que fomente la explotación desmedida de recursos o uno que respete al ambiente y a las personas? Si quieres profundizar más en el tema, te dejamos los enlaces de las fuentes de información que consultamos:- USGS, Rare Earths Statistics and Information: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/rare-earths-statistics-and-inform… - USGS, "Fact Sheet: Rare Earth Elements-Critical Resources for High Technology": https://pubs.usgs.gov/fs/2002/fs087-02/  - Science History Institute, History and Future of Rare Earth Elements: https://www.sciencehistory.org/education/classroom-activities/role-playing-games/case-of-rare-earth…  - USGS, "The Rare Earth Elements-Vital to Modern Technologies and Lifestyles": https://pubs.usgs.gov/fs/2014/3078/pdf/fs2014-3078.pdf - Institute for Environmental Research and Education, "What Impacts Does Mining Rare Earth Elements Have?": https://iere.org/what-impact-does-mining-rare-earth-elements-have/#environmental_impact_studies- Latin America’s opportunity in critical mineralsfor the clean energy transition: https://www.iea.org/commentaries/latin-americas-opportunity-in-critical-minerals-for-the-clean-ener…- U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2025 : https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-rare-earths.pdf pg 145 

Justicia para los Humedales Andinos y los Pueblos Indígenas en la Acción Climática

La creciente demanda mundial de minerales para la transición —como el litio, el cobre y el níquel— impulsada por el actual modelo de transición energética, pero también por la expansión de la economía digital, la infraestructura de datos y las industrias militar y aeroespacial, está causando daños ecológicos irreversibles y violando derechos humanos fundamentales en los territorios del sur global. América Latina es la región con mayor biodiversidad del planeta y una de las más diversas culturalmente. Es el hogar de numerosos pueblos indígenas que habitan y protegen estos territorios.Al mismo tiempo, la región cuenta con importantes yacimientos minerales, lo que la sitúa en el centro del creciente interés mundial por la extracción de minerales. Esta demanda se superpone a ecosistemas frágiles, una biodiversidad única y los territorios de comunidades tradicionales e indígenas, como la Amazonía y los humedales andinos, que son cruciales para la adaptación al clima debido a su papel en la regulación del agua y en la mitigación, ya que actúan como sumideros de carbono.La minería intensiva en estos ecosistemas exacerba la vulnerabilidad climática y fomenta los conflictos socioambientales, comprometiendo la integridad ecológica y cultural de estos ecosistemas y comunidades. El impulso para expandir la extracción contradice los marcos multilaterales de protección ambiental y los compromisos climáticos y de biodiversidad adoptados por los Estados Partes. Esta tendencia pone en peligro la posibilidad de una transición justa y equitativa, reproduciendo los mismos patrones de desigualdad y daño climático que las políticas actuales pretenden superar.En este contexto, la Alianza para los Humedales Andinos exhorta a los Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a garantizar lo siguiente: 1. ⁠Los derechos humanos y la justicia deben ocupar un lugar central en cualquier transición y en todas las estrategias de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, incluidos los derechos de las comunidades que viven en los territorios donde se encuentran los minerales para la transición.Los derechos humanos son esenciales para garantizar un proceso justo, equitativo y centrado en las personas. Los Estados deben garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, reconocidos mundialmente como guardianes de los sistemas naturales. Esto debe abarcar su derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo y a ejercer el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), así como la obligación inequívoca de los Estados de respetar sus decisiones, en particular su derecho a decir "no" a los proyectos que amenacen su integridad y la de sus territorios. Los Estados también deben garantizar la protección de las personas defensoras del ambiente y garantizar el acceso público a la información, la participación y la justicia en las decisiones sobre transiciones que puedan afectar el ambiente y los derechos humanos. Estas garantías son cruciales en el caso de los denominados minerales para la transición, como el litio y el cobre, que se encuentran en los humedales andinos, ecosistemas fundamentales para la vida, el equilibrio ecológico y climático, y los medios de subsistencia de las comunidades que los habitan. 2. Respeto de los límites planetarios y protección de la integridad de los ecosistemas, en particular aquellos que desempeñan un papel esencial en la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos.Mantener ecosistemas como los humedales andinos, que tienen un alto valor ecosistémico y cultural, libres de actividades de alto impacto es una prioridad para la justicia climática y ecológica. Dado que la extracción de litio es una actividad minera que requiere grandes cantidades de agua, agota las ya escasas fuentes hídricas y afecta gravemente a los ecosistemas circundantes, dejando daños ambientales duraderos.Para preservar los humedales andinos y sus contribuciones, de las que depende la vida en la región y en el planeta, los Estados deben respetar y cumplir plenamente el derecho ambiental internacional; adoptar y reforzar medidas de protección eficaces (incluido el establecimiento de "zonas prohibidas", áreas protegidas e ICCA); y aplicar instrumentos de planificación ambiental sólidos y basados en la ciencia que busquen prevenir el daño ambiental (es decir, evaluación estratégica y acumulativa del impacto ambiental, evaluación del impacto ambiental).Una protección ambiental adecuada también requiere conocimientos actualizados sobre la estructura, el funcionamiento y las contribuciones de los ecosistemas, desarrollados a través de procesos colectivos y democráticos, que integren los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los Estados Partes deben incorporar sistemáticamente los avances científicos y los conocimientos tradicionales en las decisiones relacionadas con el clima, incluido el diseño y la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y las hojas de ruta relacionadas, para garantizar que los compromisos reflejen las realidades de los territorios que pretenden proteger. 3. Apoyo a las transiciones socioecológicas del sur global.Los países del sur global necesitan suficiente margen fiscal y político para diseñar vías de salida de los combustibles fósiles que no reproduzcan las asimetrías y desigualdades existentes, ni fomenten el extractivismo. Esto exige transiciones socioecológicas que protejan las economías locales y, al mismo tiempo, garanticen la diversificación económica, el acceso a la energía y la suficiencia energética, el respeto a la biodiversidad y los derechos humanos.Estas vías de transición deben planificarse, implementarse y supervisarse de manera participativa, garantizando la participación interseccional, intercultural e intergeneracional. El Programa de Trabajo para una Transición Justa (JTWP) de la CMNUCC ofrece un espacio crucial para integrar estas preocupaciones en la gobernanza climática mundial. Debe garantizar que la transición hacia la descarbonización también aborde la demanda de materiales, la justicia territorial y los derechos de las comunidades afectadas. Incorporar las realidades de la extracción minera y las transiciones socioecológicas del sur global en este programa es esencial para lograr una transición verdaderamente justa. 4. ⁠Trazabilidad de las proyecciones y usos de la demanda de minerales y compromiso de los países del norte global para adoptar rápidamente políticas destinadas a reducir el consumo de minerales primarios y energía.El actual modelo de producción y consumo de los países industrializados afecta de manera desproporcionada a los territorios del sur global, ya que agrava la degradación ambiental y la violación de los derechos humanos, profundizando las desigualdades entre el norte y el sur. Para hacer frente a la triple crisis planetaria, es necesario abordar la demanda insostenible de materias primas y energía mediante objetivos vinculantes de reducción de la demanda que tengan en cuenta los límites planetarios. Las partes tienen la oportunidad de incluirlos en instrumentos políticos como las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y las estrategias a largo plazo (LTS).Estas medidas deben aplicarse mediante medidas de suficiencia y eficiencia, así como políticas globales y justas de economía circular. Para ello, se deben considerar alternativas a la movilidad más allá de los vehículos eléctricos individuales. 5. Apoyo financiero y técnico adecuado, de calidad, accesible y adicional, basado en las necesidades y prioridades, para que las transiciones energéticas y socioecológicas del sur global sean verdaderamente justas y equitativas.Dicho financiamiento debe ser sostenible en el tiempo y de calidad, es decir, no generar deuda y estar alineado con las prioridades de los países, además de ser accesible para permitir una acción climática progresiva y sostenida. También debe abordar las oportunidades y condiciones para instrumentos que fomenten transiciones justas, incluidos los mecanismos de alivio de la deuda y los canjes de deuda. Además, sigue siendo importante desalentar el uso de los regímenes comerciales (incluidos los mecanismos ISDS) como herramientas de presión contra los países del sur global cuando estos tratan de regular sus recursos minerales y establecer zonas prohibidas y otras salvaguardas para proteger los derechos humanos y la integridad ambiental.  Descarga el documento (en inglés) 

“Choose Europe”: Priorizando minerales, no derechos

Finalizó la Semana de las Materias Primas en Bruselas, Bélgica, el evento organizado anualmente por la Comisión Europea para debatir cómo garantizar el acceso "sostenible y seguro" a materias primas en y para Europa, con el fin de fortalecer alianzas internacionales que permitan cumplir sus objetivos de defensa, digitalización y seguridad.La Comisión Europea destacó que Europa es altamente dependiente de las importaciones de minerales de América Latina, lo que profundiza las presiones históricas sobre la región y la consecuente necesidad de mayores medidas de protección socioambientales. Sin embargo, desde la Alianza por los Humedales Andinos sostenemos que los debates de la semana mostraron un enfoque cada vez más desconectado de los derechos humanos, de las voces comunitarias y de la crisis socioambiental global.Este desplazamiento de prioridades se inscribe en un giro político marcado por tensiones geopolíticas en torno al acceso a minerales "críticos" y nuevas fuentes de energía, y por el avance de fuerzas conservadoras y del autoritarismo. Se advierte una  tendencia dentro de la Unión Europea (UE) a la privatización de los estándares de derechos humanos y ambientales, así como al debilitamiento de las garantías sociales y ambientales a través de procesos de desregulación. Ejemplo de ello es el debate sobre la flexibilización a la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en Sostenibilidad (CSDDD por sus siglas en inglés).La narrativa dominante esta semana estuvo atravesada por conceptos como "competitividad" y "defensa" como los ejes articuladores de las políticas europeas. En el marco de una competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, Europa busca minimizar la dependencia de su histórico aliado occidental bajo el lema "Choose Europe",  como se tituló esta edición. De esta forma, la Comisión Europea insistió en promover el acceso a minerales desde una lógica centrada en la seguridad de sus cadenas de suministro sin analizar sus políticas a la luz de los límites planetarios ni de los derechos de las personas. Esta lógica contradice los compromisos con la transición energética que originalmente motivaron las discusiones sobre "minerales críticos". Hoy nos preguntamos, en qué medida el costo de "elegir Europa" lo seguirán pagando las comunidades locales de América Latina y de otras regiones periféricas europeas afectadas por la expansión minera.Esta ha sido la edición en la que menos se ha debatido sobre la necesidad de integrar los derechos humanos en las políticas europeas sobre minerales. En efecto, las acreditaciones para el acceso al evento oficial fueron limitadas y en la agenda oficial de este foro no hubo un espacio donde comunidades y sociedad civil del sur global pudieran expresar sus perspectivas en relación a las cadenas de valor de minerales como el litio, e incidir en los debates que orientarán el rumbo de las decisiones que les afectan. Por el contrario, predominaron las conversaciones sobre las oportunidades de inversión para empresas y gobiernos.Desde la Alianza por los Humedales Andinos evidenciamos que la ampliación de la frontera extractiva contradice los compromisos en materia de clima y biodiversidad que la UE ha suscrito y amenaza con profundizar las asimetrías entre ambas regiones. Por eso, reafirmamos nuestro posicionamiento sobre la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas de materias primas de la UE para que sean inclusivas, transparentes y sostenibles, asegurando la participación de las comunidades y organizaciones que se encuentran en la frontera extractiva de los minerales de transición. Asimismo, en el contexto de la policrisis ecológica y democrática, insistimos en la necesidad de que la UE establezca metas concretas para reducir efectivamente la demanda de minerales y refuerce el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y ambientales.Kit de prensaContactos de prensaVíctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801Juan Francisco Donoso, Formando Rutas, [email protected], +4915780743628 

StoryMap: Impactos ambientales de la explotación de litio en un humedal argentino

Nuevas políticas de la Unión Europea para abastecerse de minerales: ¿Qué implican para América Latina?

En medio de la carrera global por minerales para la transición energética, la digitalización, la industria aeroespacial y la de defensa, la Unión Europea (UE) ha adoptado una serie de políticas para asegurar su acceso a materias primas “críticas”, entre ellas el litio. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 25 de las 34 materias primas que la UE considera esenciales están en territorios indígenas y ecosistemas estratégicos de la región. La sociedad civil advierte que la Ley de Materias Primas Fundamentales de la UE, así como otras políticas recientes que apuntan hacia la desregulación y el fomento del sector de defensa (Omnibus I y II), pueden profundizar las desigualdades históricas entre Europa y América Latina.En este seminario web abordamos las amenazas para la región de estas políticas y qué pueden hacer los Estados y la sociedad civil para hacerles frente. Hablamos de las “asociaciones estratégicas” suscritas por la UE con Chile y Argentina. Explicamos en qué consisten los llamados “proyectos estratégicos” que la UE pretende consolidar a nivel global para mantener el flujo de minerales de sur a norte. Además, voces de liderazgos indígenas denunciaron cómo el uso excesivo de agua en la minería de litio ha degradado ya humedales andinos, ocasionando la pérdida de biodiversidad y cultura.En suma, pusimos a debate la “transición verde europea” que —en nombre de la descarbonización— amenaza con abrir nuevas zonas de sacrificio en el sur global, borrar saberes milenarios y generar daños irreversibles en sumideros de carbono indispensables para enfrentar la crisis climática. PanelAlejandro González, Investigador Sénior del equipo de Justicia Climática en SOMO, Centre for Research on Multinational Corporations, y miembro de EU Raw Materials Coalition.Pía Marchegiani, Directora Ejecutiva Adjunta y Directora de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).Joám Evans Pim, Coordinador del Área Confederal de Minería en Ecologistas en Acción y Director de la Fundación Montescola.Ramón Balcázar, Director de la Fundación Tantí.Román Elías Guitián, Comunidad Atacameños del Altiplano, Argentina.Moderadora: Yeny Rodríguez, Abogada Sénior y Coordinadora de Línea, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación 

Ecuador sienta un mal precedente para la protección ambiental en América Latina

En medio de dos decisiones que marcaron hitos históricos para la protección del ambiente y de las personas frente a la crisis climática, el gobierno de Ecuador decidió seguir el camino opuesto y sentar un precedente negativo para la defensa del derecho a un ambiente sano en América Latina.En julio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia emitieron por separado dictámenes que esclarecen las obligaciones jurídicas de los Estados para actuar con urgencia y contundencia ante la emergencia climática. Mediante opiniones consultivas que resultaron de procesos participativos, los dos tribunales internacionales fijaron precedentes sustanciales hacia la justicia climática global. Pocos días después de emitidas ambas decisiones, y en total contrasentido con ellas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fusionó el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica —en adelante Ministerio de Ambiente— con el Ministerio de Energía y Minas. Esto es un retroceso para Ecuador porque compromete aspectos fundamentales para la garantía de un ambiente sano como el licenciamiento y control ambiental, la gestión de áreas protegidas y la acción climática. También representa un riesgo para la región pues marca un camino equivocado que podría ser emulado en otros países dadas las condiciones geopolíticas y económicas del continente.  Un retroceso para la defensa del ambienteEl 24 de julio de 2025, el presidente ecuatoriano emitió el Decreto Ejecutivo 60, mediante el cual ordenó la fusión de varias dependencias del Estado —principalmente ministerios y subsecretarías—, la redistribución de competencias y la desvinculación laboral de 5 mil empleados del sector público.Entre los ministerios fusionados está el Ministerio del Ambiente, que será absorbido por el Ministerio de Energía y Minas, lo que convierte a Ecuador en el segundo país de la región en perder su autoridad ambiental en menos de dos años. El primero fue Argentina a finales de 2023.El retroceso que esto significa para la defensa del derecho a un ambiente sano —que incluye un clima sano, según reconoció el dictamen de la Corte Interamericana— puede ser explicado en tres dimensiones de análisis, detalladas a continuación. 1. El licenciamiento y control ambientalUna de las principales funciones del Ministerio del Ambiente es emitir licencias ambientales para la ejecución de proyectos de extracción de bienes naturales. Estas licencias son el resultado de un proceso de evaluación ambiental sumamente técnico que debe ser realizado de forma imparcial por un equipo multidisciplinario experto en el tema para cumplir plenamente con el principio de precaución y minimizar efectivamente los impactos ambientales. La fusión ministerial pone al proceso en manos de los mismos actores interesados en la ejecución de los proyectos minero-energéticos, socavando el principio de independencia. Además, resta la capacidad técnica y operativa de los equipos multidisciplinarios encargados de realizarla.    Por otro lado, de las licencias se derivan obligaciones que quienes proponen proyectos deben implementar para evitar daños ambientales y garantizar el derecho a un ambiente sano de todas y todos en Ecuador. En este sentido, la autoridad ambiental tiene la facultad de controlar el cumplimiento de dichas obligaciones y aplicar sanciones en caso contrario. La fusión ministerial traslada la facultad del control ambiental a la misma entidad interesada en promover los proyectos minero-energéticos, restando la independencia esencial para velar por el cumplimiento de la normativa y estándares ambientales.  2. La gestión de áreas protegidasNo es un secreto que las áreas protegidas en Ecuador están sumamente debilitadas. Los despidos de guardaparques, la infraestructura inadecuada y recortes presupuestarios sostenidos desde 2019 han impedido el manejo adecuado del territorio protegido. Como resultado, la minería ilegal ha proliferado en su interior. La reciente decisión presidencial implica perder la independencia financiera y administrativa para la gestión de áreas protegidas, dejando supeditado el cuidado del territorio a los intereses del sector minero y petrolero. El Decreto Ejecutivo 60 no responde a las necesidades urgentes de protección territorial ni garantiza el sistema nacional de áreas protegidas. Por el contrario, aumenta el riesgo de reproducción de actividades mineras ilegales en ellas. 3. La acción climáticaEn términos climáticos, las contradicciones también son muy evidentes. Con la desaparición de la autoridad ambiental, las acciones de mitigación y adaptación climáticas en el país estarán supeditadas a las decisiones de un ministerio cuyo fin es promover proyectos de hidrocarburos y minería. El financiamiento climático se verá diluido en la administración del sector energético, con el riesgo de no llegar a los territorios donde más se necesita.Otro riesgo es que los proyectos de generación de energía renovable con potencial de aportar a una transición energética justa repliquen los errores del pasado fósil en materia ambiental y de derechos humanos. Esto puede ocurrir si no se aplican estrictos procesos de evaluación ambiental y de consentimiento social, los cuales se deben garantizar con procesos claros, personal técnico suficiente e institucionalidad ambiental independiente. ¿Por qué lo sucedido en Ecuador es un mal ejemplo para la región?Es importante encender las alarmas a nivel regional pues América Latina está bajo la amenaza de la profundización y radicalización del extractivismo como modo de producción económica, que busca abrirse paso incluso a costa de los mecanismos de protección territorial y de derechos humanos.Entregar las competencias de la autoridad ambiental a los sectores energético, petrolero y minero —que por su naturaleza priorizan el desarrollo de actividades extractivas y que históricamente han carecido de un enfoque de derechos humanos— configura un escenario regresivo y sienta un precedente negativo para los países del continente que afrontan presiones intensas de intereses económicos para sacrificar sus bienes naturales. También es una ofensa a la lucha por la justicia ambiental y climática que el movimiento ambientalista latinoamericano ha construido arduamente.  El cambio de rumbo que necesitamosA nivel nacional y regional se requieren medidas urgentes que sean avances frente a la crisis ambiental y climática. Estas incluyen:Fortalecer los procesos de evaluación de impacto ambiental aplicados a proyectos de extracción de bienes naturales, lo que incluye dotarlos de mayor independencia financiera, administrativa y operativa.Robustecer el personal técnico vinculado al licenciamiento y control ambiental, así como a la gestión de áreas protegidas.Fomentar la capacidad de control y auditoría ambiental con mecanismos transparentes y participativos.Garantizar procesos de consulta previa, libre e informada que cumplan con estándares internacionales.Mejorar las condiciones de empleo de guardaparques, así como implementar la mejor ciencia, tecnología e infraestructura disponibles en la gestión de áreas protegidas.Adoptar acciones climáticas centradas en los territorios, que permitan el flujo directo de financiamiento hacia quienes realmente lideran los esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero: comunidades campesinas e indígenas.