Minería

Vista panorámica de la ciudad de La Oroya, Perú.
Minería, Contaminación Tóxica, Transparencia y Rendición de Cuentas

Fallo de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya sienta precedente clave para la protección del ambiente sano

El tribunal estableció la responsabilidad del Estado peruano en la violación de derechos de residentes de La Oroya, afectados por décadas de contaminación tóxica. Le ordenó adoptar medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.   San José, Costa Rica. La sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en el caso "Comunidad de La Oroya Vs. Perú" por décadas de contaminación tóxica proveniente de un complejo metalúrgico constituye un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en la región y para la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados. El fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya. Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional y en representación de las víctimas, una coalición internacional de organizaciones presentó la denuncia contra el Estado peruano ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006. En octubre de 2021, la Comisión estableció la responsabilidad del gobierno peruano y remitió el caso a la Corte Interamericana. En octubre de 2022, más de 16 años después de iniciada la demanda internacional, las víctimas presentaron el caso ante la Corte, representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), con el apoyo de Earthjustice. "Esta sentencia es un avance muy importante y un precedente clave para la justicia ambiental en América Latina al ser el primer caso en el que la Corte reconoce la responsabilidad de un Estado por la violación de derecho al ambiente sano y las implicaciones que este tiene en la garantía de otros múltiples derechos", dijo Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. "La Corte se refirió además a la dimensión colectiva e individual de ese derecho, reconociendo afectaciones diferenciadas de su violación en niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores, así como el rol importante de las personas defensoras ambientales". En su fallo, hecho público el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional determinó la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos al ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y a la protección judicial de las 80 personas del caso; por la violación a los derechos de la niñez de 57 víctimas y por la violación del derecho a la vida de dos víctimas. La Corte concluyó también que el Estado es responsable por violar la obligación de desarrollo progresivo debido a la adopción de medidas regresivas en la protección del ambiente. "La decisión constituye un precedente fundamental en la jurisprudencia internacional que fija los parámetros de la obligación estatal de regular, fiscalizar y remediar los efectos de la contaminación ambiental; así como las obligaciones derivadas del derecho al ambiente sano como un derecho autónomo y de su interdependencia e indivisibilidad con otros derechos fundamentales para la existencia humana como la salud, la vida y la integridad personal", expresó Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de APRODEH. "Es además una gran satisfacción por la gran lucha de dos décadas de parte de las víctimas". Por más de 20 años, residentes de La Oroya han buscado justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación por metales pesados del Complejo Metalúrgico de La Oroya, operado por la empresa Doe Run Perú entre 1997 y 2009, y la falta de medidas adecuadas por parte del Estado. La ciudad ha sido catalogada como uno de los lugares más contaminados del planeta. "Hace 20 años, cuando inició esta lucha, yo iba con mi pancarta que decía que la salud de los niños vale más que el oro", recuerda don Pablo, residente de La Oroya. "Nunca desistimos, ahora estoy muy alegre con la decisión de la Corte". En la sentencia, la Corte ordenó al Estado de Perú la adopción de medidas de reparación integral de los daños causados en la población de La Oroya que incluyen: identificar, juzgar y —en su caso— sancionar a las personas responsables de hostigar a las víctimas; determinar el estado de la contaminación del aire, el agua y el suelo, así como elaborar un plan de remediación ambiental; brindar atención médica gratuita a las víctimas y garantizar atención especializada a residentes con síntomas y enfermedades relacionadas con la contaminación proveniente de la actividad minero metalúrgica; compatibilizar la normativa que regula los estándares de calidad del aire para garantizar la protección del ambiente y de la salud humana; garantizar la efectividad del sistema de alerta de la ciudad y desarrollar un sistema de monitoreo de la calidad del aire, el agua y el suelo; garantizar que las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya cumplan estándares ambientales internacionales, previniendo y mitigando daños al ambiente y a la salud humana; indemnizar monetariamente a las víctimas por daño material e inmaterial. "Lo que esperamos ahora es que se implemente la sentencia, que el Estado cumpla por primera vez con sus obligaciones y que garantice nuestros derechos como personas defensoras ambientales", dijo Yolanda Zurita, residente de La Oroya y peticionaria en el caso. "El cumplimiento de esta sentencia es lo mínimo que esperamos de un Estado comprometido con la garantía de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas". Desde 1999, el gobierno de Perú sabe que todos/as los niños/as que viven cerca del complejo sufren envenenamiento por plomo, pero no les ha brindado atención médica adecuada. Durante décadas, la población de La Oroya estuvo expuesta a niveles extremos de plomo y otros contaminantes nocivos, como arsénico, cadmio y dióxido de azufre. La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros. "Esta sentencia es un llamado urgente a los Estados de todo el continente a no quedarse de brazos cruzados mientras las empresas multinacionales envenenan a las comunidades locales", afirmó Jacob Kopas, abogado sénior de Earthjustice. "A partir de ahora, las empresas sabrán que exponer a las familias a niveles insalubres de contaminación industrial es una violación del derecho internacional y que los Estados deben hacer responsables a quienes contaminan".   Recursos Comunicado de la Corte acerca de la sentencia, disponible aquí. Resumen oficial de la sentencia, disponible aquí. Texto íntegro de la sentencia, disponible aquí. Más información del caso, disponible aquí. Carpeta con fotografías, disponible aquí. Contacto de prensa Víctor Quintanilla-Sangüeza (México), AIDA, [email protected], +521 70522107  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Minería

A defesa da Volta Grande do rio Xingu na Amazônia brasileira

"Certas vidas só existem na Volta Grande do Xingu, a minha é uma delas. E também a dos povos indígenas e ribeirinhos. Essas vidas podem ser destruídas?”. A pergunta de Sara Rodrigues Lima - ribeirinha, pescadora e pesquisadora local - destaca o paradoxo de como uma das regiões com maior biodiversidade e importância ambiental, climática e cultural do mundo é também uma das mais afetadas pelos impactos socioambientais. A Volta Grande do rio Xingu, localizada no coração da Amazônia brasileira, abriga um ecossistema único e é uma região-chave para a conservação da biodiversidade global. Durante séculos, tem sido o espaço de vida de povos indígenas e ribeirinhos que têm uma relação de pertencimento com o rio e a floresta amazônica, fonte de alimento, água, identidade, cultura e mobilidade, entre outras coisas. Essa conexão se traduziu em sistemas de vida baseados no cuidado e na defesa do território e de sua própria existência, que agora está seriamente afetada. Desde 2015, a região vem sofrendo os impactos de projetos extrativistas de grande escala que ameaçam os meios de subsistência e a sobrevivência física e cultural de povos e comunidades tradicionais. Isso também envolveu violência contra as pessoas que defendem esse território amazônico. Para enfrentar a situação, os povos afetados e a sociedade civil uniram forças em uma rede que uniu e fortaleceu seus esforços. A Aliança pela Volta Grande do Xingu, formada por movimentos e organizações sociais, incluindo a AIDA, apoia e coordena ações em defesa da região como um território vivo e saudável. A coalizão levou o caso às Nações Unidas.   Os impactos cumulativos de dois megaprojetos Um desses projetos é a usina de Belo Monte, cuja construção causou impactos ambientais irreparáveis e violações de direitos humanos para diferentes gerações. A seca imposta pelo desvio do rio para a geração de eletricidade, bem como a ineficácia das medidas de mitigação implementadas, levaram ao colapso ambiental e humanitário em Volta Grande. Atualmente, milhares de famílias tradicionais estão sofrendo com a mortandade de peixes, a extinção da pesca, a falta de segurança alimentar, o empobrecimento e doenças físicas e mentais. Outra grande ameaça à região e a seus habitantes históricos vem do projeto Volta Grande, com o qual a empresa canadense Belo Sun pretende construir a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. A coexistência dos dois projetos implica o risco de sobreposição de áreas de impacto direto. Nesse cenário, os possíveis danos ao meio ambiente e aos povos indígenas e ribeirinhos serão irreversíveis. A construção do projeto Belo Sun está planejada a menos de 10 quilômetros da barragem de Belo Monte, nas margens do rio Xingu, em meio a terras indígenas, unidades de conservação e comunidades tradicionais. A magnitude dos impactos sinérgicos e cumulativos da mina e da usina hidrelétrica não foi avaliada. Também foram ignoradas as análises técnicas que indicavam graves impactos decorrentes do uso de cianeto, da contaminação do rio e dos riscos de rompimento da barragem de rejeitos que, se ocorresse, inundaria 41 km ao longo do rio, atingindo terras indígenas próximas. Além disso, o Estado excluiu os povos indígenas e as comunidades ribeirinhas e camponesas do processo de autorização ambiental do projeto de mineração. Por viverem fora das terras indígenas demarcadas ou estarem a mais de 10 quilômetros de distância do projeto, algumas dessas comunidades não foram consideradas afetadas ou consultadas sobre a implementação do projeto. A falta de consulta e participação pública desses povos levou os tribunais brasileiros a ordenar a suspensão da licença que autorizava a empresa de mineração a operar.   Violência e ameaças contra defensores de direitos humanos A chegada da Belo Sun ao território é uma intervenção grave no ambiente sociocultural da Volta Grande do Xingu. A sobreposição do projeto de mineração em um polígono territorial habitado por povos tradicionais, grupos rurais beneficiários da reforma agrária e mineradores artesanais levou à divisão da comunidade e à violência contra aqueles que se opõem à mina. Na fase do desenvolvimento do projeto, houve relatos de contratos ilegais de compra e venda de terras para despejar famílias rurais, ameaças aos habitantes da área por empresas de segurança privada e violência contra camponeses que reivindicam terras de reforma agrária adquiridas pela empresa de mineração e que são objeto de processos judiciais. As ameaças de violência contra defensores do meio ambiente e dos direitos humanos também aumentaram em intensidade e gravidade. Alguns deles tiveram que deixar o território para tentar proteger suas vidas e os que permanecem no território estão sujeitos a riscos e ameaças constantes.   Em defesa da Volta Grande e de seus habitantes na ONU Uma das ações mais significativas da Aliança pela Volta Grande do Xingu está relacionada com a Revisão Periódica Universal (RPU), um processo especial de revisão periódica do histórico de direitos humanos dos 193 estados membros da ONU.  Em agosto de 2023, no âmbito do quarto ciclo da RPU do Canadá, em Genebra/Suíça, mais de 50 organizações da sociedade civil e comunidades afetadas por atividades empresariais canadenses apresentaram um relatório apontando violações de direitos humanos causadas por 37 projetos em nove países da América Latina e do Caribe, incluindo o projeto Volta Grande da Belo Sun. O documento contém recomendações para que os Estados cumpram com uma vigilância ambiental efetiva que exija a devida atenção aos direitos humanos por parte das empresas que se instalam em seus territórios. Um dos defensores da região fez parte da delegação em Genebra. Além de denunciar os abusos sofridos, ele relatou os riscos dos impactos socioambientais do projeto Belo Sun. Mais de 20 países, além de 13 missões permanentes e agências da ONU, tomaram conhecimento da situação na região. O resultado do quarto ciclo da RPU do Canadá, divulgado no mês passado, inclui 34 recomendações diretamente relacionadas com o relatório elaborado pela Aliança. O Canadá ainda não adotou essas recomendações, mas pode fazê-lo até a próxima sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que termina em 5 de abril. Complementando a incidência na RPU, a aliança enviou relatórios sobre os impactos do projeto Belo Sun aos Relatores Especiais da ONU. Um deles, enviado à Relatoria sobre Defensores de Direitos Humanos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aponta a situação de risco e criminalização dos defensores de direitos humanos. Da mesma forma, a Aliança apresentou um relatório ao Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU evidenciando as violações de direitos humanos cometidas pelo Brasil nos casos de Belo Monte e Belo Sun, bem como a falta de medidas eficazes para cobrar a devida atenção aos direitos humanos das empresas responsáveis por esses projetos. O trabalho em rede nesses espaços internacionais tem sido uma das estratégias de resistência e denúncia da Aliança para expor um padrão de impactos ambientais e violações de direitos humanos dos projetos econômicos extrativistas nos territórios amazônicos. A mineração em larga escala planejada por Belo Sun é incompatível com a conservação da Amazônia e a proteção de seus povos.   Os Estados são obrigados a cumprir com a prevenção de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente e às populações. Com o caso Belo Sun ainda em fase de análise, o Brasil tem a oportunidade de evitar repetir a tragédia ambiental de Belo Monte e de declarar definitivamente que o projeto de mineração é inviável do ponto de vista socioambiental.  O caminho para exigir e alcançar esse objetivo é repleto de desafios e lutas. Mas a coragem e a resistência são condições inerentes àqueles que vivem e defendem a Amazônia. A defesa da Volta Grande do Xingu como um território livre, vivo, saudável e seguro para seus povos e seus defensores é um apelo urgente para a mobilização social em prol da proteção socioambiental de um ecossistema fundamental para o mundo.  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Minería

La defensa de la Volta Grande del río Xingú en la Amazonía brasileña

"Ciertas vidas solo existen en la Volta Grande do Xingú, la mía es una de ellas. Y también la de los pueblos indígenas y ribereños. ¿Pueden estas vidas ser destruidas?". La pregunta de Sara Rodrigues Lima —ribereña, pescadora e investigadora local— pone de relieve la paradoja de cómo una de las regiones con mayor biodiversidad e importancia ambiental, climática y cultural del mundo es también una de las más afectadas por impactos socioambientales. La Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú, ubicada en el corazón de la Amazonía brasileña, alberga un ecosistema único y es una región clave para la conservación de la biodiversidad mundial. Por siglos, ha sido el espacio vital de pueblos indígenas y ribereños que tienen una relación de copropiedad con el río y con la selva amazónica, fuentes de alimento, agua, identidad, cultura y movilidad, entre otras cosas. Esta conexión se ha traducido en sistemas de vida que se basan en el cuidado y en la defensa del territorio y de su propia existencia, hoy gravemente afectada. Desde 2015, esta región es objeto de grandes proyectos extractivos que amenazan los medios de subsistencia y la supervivencia física y cultural de los pueblos y comunidades tradicionales. Esto ha implicado además violencia contra las personas que defienden este territorio amazónico. Para enfrentar la situación, los pueblos afectados y la sociedad civil se han articulado en una red que ha sumado y fortalecido esfuerzos. La Alianza por la Volta Grande del Xingú, formada por movimientos sociales y organizaciones —entre ellas AIDA—, apoya y coordina acciones en defensa de la región como territorio vivo y saludable. La coalición ha llevado el caso ante Naciones Unidas.   Los impactos acumulativos de dos megaproyectos Uno de estos proyectos es la represa Belo Monte, cuya construcción ha causado impactos ambientales irreparables y violaciones de derechos humanos a diferentes generaciones. La sequía impuesta por el desvío del río para generar energía eléctrica, así como la ineficacia de las medidas de mitigación implementadas, han provocado un colapso ambiental y humanitario en la Volta Grande. Actualmente, miles de familias tradicionales sufren con la muerte de peces, la extinción de la pesca, la falta de seguridad alimentaria, el empobrecimiento, enfermedades físicas y mentales. Otra gran amenaza para la región y sus históricos habitantes es la que viene del proyecto Volta Grande, con el que la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. La coexistencia de los dos proyectos conlleva el riesgo de superposición de áreas de impacto directo. En este escenario, los daños potenciales al ambiente y a los pueblos indígenas y ribereños serán irreversibles. La construcción del proyecto de Belo Sun está prevista a menos de 10 kilómetros de la represa Belo Monte, a orillas del río Xingú; en medio de tierras indígenas, unidades de conservación y comunidades tradicionales. La magnitud de los impactos sinérgicos y acumulativos de la mina y la central hidroeléctrica no fue evaluada. También se ignoraron los análisis técnicos que indican los impactos graves por el uso de cianuro, la contaminación del río y los riesgos de rompimiento de la presa de relaves que, de ocurrir, inundaría 41 km a lo largo del río, alcanzando a las tierras indígenas cercanas. Además, el Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto minero. Por vivir fuera de las tierras indígenas demarcadas o estar a más de 10 kilómetros del proyecto, algunos pueblos indígenas no fueron considerados como afectados ni consultados acerca de la ejecución del proyecto. La falta de consulta y participación pública de los pueblos indígenas y ribereños llevó a que tribunales brasileños ordenen la suspensión de la licencia que autorizaba a la empresa minera a instalarse.   Violencia y amenazas contra personas defensoras La llegada de Belo Sun al territorio es una grave intervención al entorno sociocultural de la Volta Grande del Xingú. La superposición del proyecto minero en un polígono territorial habitado por pueblos tradicionales, grupos rurales beneficiarios de la reforma agraria y mineros artesanales ha generado la división de la comunidad y la violencia contra quienes se oponen a la mina. En el contexto del desarrollo del proyecto, se ha denunciado la existencia de contratos ilegales de compraventa de tierras para desalojar a las familias rurales, de amenazas a las y los habitantes de la zona por parte de empresas de seguridad privada y de violencia contra personas campesinas que reclaman tierras de la reforma agraria adquiridas por la empresa minera y que son objeto de procesos judiciales. Asimismo, las amenazas de violencia contra las personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos han aumentado en intensidad y en gravedad. Algunas de ellas han tenido que abandonar el territorio para tratar de resguardar sus vidas y quienes permanecen en él están sometidos a riesgos y amenazas constantes.   En defensa de la Volta Grande y de sus habitantes ante la ONU Una de las acciones más significativas de la Alianza por la Volta Grande del Xingú tiene que ver con el trabajo de incidencia en el Examen Periódico Universal (EPU), un proceso especial de revisión periódica del historial de derechos humanos de los 193 Estados miembro de la ONU.   En agosto de 2023, en el marco del cuarto ciclo del EPU de Canadá, en Ginebra, más de 50 organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas por actividades empresariales canadienses presentaron un informe que demuestra las violaciones de derechos humanos debido a 37 proyectos en nueve países de América Latina y el Caribe, incluyendo el proyecto Volta Grande de Belo Sun. El documento contiene recomendaciones orientadas a que los Estados cumplan con una vigilancia ambiental efectiva que exija la debida diligencia en relación con los derechos humanos por parte de las empresas que se instalen en sus territorios. Uno de los defensores de la Volta Grande fue parte de la delegación que estuvo en Ginebra. Además de denunciar los abusos sufridos, informó de los riesgos por los impactos socioambientales del proyecto de Belo Sun. Más de 20 países, así como 13 misiones permanentes y agencias de la ONU, tomaron nota de la situación en la región. Los resultados del cuarto ciclo del EPU de Canadá, publicados el mes pasado, incluyen 34 recomendaciones relacionadas directamente con el informe de la alianza. Canadá aún no ha adoptado estas recomendaciones, pero puede hacerlo en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que termina el 5 de abril. Como seguimiento a la incidencia en el EPU, la alianza presentó informes acerca de los impactos del proyecto de Belo Sun ante Relatores Especiales de la ONU. En uno de ellos, enviado a la Relatoría de las Defensoras y Defensores de Derechos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está centrado en la situación de riesgo y criminalización de las personas defensoras. Del mismo modo, la alianza presentó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU un informe que resalta las violaciones de derechos humanos cometidas por Brasil en los casos de Belo Monte y Belo Sun, así como la falta de adopción de medidas efectivas para exigir a las empresas a cargo de esos proyectos la debida diligencia en materia de derechos humanos. El trabajo en red en estos espacios internacionales ha sido una de las estrategias de resistencia y denuncia de la alianza para exponer el patrón de impactos ambientales y violaciones de derechos humanos de los proyectos extractivo-económicos en los territorios amazónicos. La minería a gran escala prevista por Belo Sun es incompatible con la conservación de la Amazonía y con la protección de sus pueblos.   Los Estados están obligados a cumplir con la prevención y precaución de daños graves e irreversibles al ambiente y a las poblaciones. Con el caso de Belo Sun en fase de análisis, Brasil tiene la oportunidad de no repetir la tragedia ambiental de Belo Monte y declarar de manera definitiva que el proyecto minero es inviable desde el punto de vista socioambiental.  El camino para exigir y conseguir esto está plagado de retos y luchas. Pero el coraje y la resistencia son condiciones inherentes de quienes habitan y defienden la Amazonía. La defensa de la Volta Grande del Xingú como territorio libre, vivo, saludable y seguro para sus pueblos y sus defensores/as es un llamado urgente a la movilización social en favor de la protección socioambiental de un ecosistema clave para el mundo.  

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Pilhas de sal no Salar de Uyuni, Bolívia
Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Lítio: O que é, de onde vem e quais as consequências de sua extração?

Um paradoxo da transição energética é a substituição do uso de combustíveis fósseis por recursos minerais cuja extração e refinamento podem impactar negativamente os ecossistemas, as espécies e as comunidades. É o que acontece com o lítio, um mineral que era tradicionalmente utilizado no vidro e na cerâmica por proporcionar maior aderência e dureza. Atualmente, ele é utilizado principalmente na fabricação das baterias usadas pelas tecnologias que evitam ou reduzem o uso de combustíveis fósseis. E isso tem aumentado a sua procura, mascarando ou minimizando os graves impactos sociais e ambientais que a sua extração implica.   O QUE FAZ O LÍTIO ESPECIAL? O lítio é um mineral muito procurado por suas propriedades únicas: É um metal leve com grande capacidade eletroquímica. Possui grande capacidade de armazenamento de energia. É maleável, podendo ser adaptado a diferentes tamanhos, formas e designs.   Essas qualidades fazem dele um material fundamental na fabricação de baterias de celulares, computadores e, principalmente, de veículos elétricos. Por servir para armazenar energias renováveis ​​não convencionais, como a eólica e a fotovoltaica, o lítio é considerado fundamental para a transição energética.   ONDE ESTÁ?: O CHAMADO “TRIÂNGULO DE LÍTIO” As principais fontes de lítio são os salares, zonas úmidas cobertas por uma crosta salina e contendo salmouras, que são corpos de água nos quais muitos sais e elementos estão dissolvidos, incluindo o lítio. Os salares são atraentes para a indústria de mineração devido à relativa facilidade técnica de exploração, baixos custos operacionais e pouca demanda de energia para extrair o lítio em comparação com outras fontes. Em todo o mundo, os salares da Argentina, Bolívia e Chile concentram 54% dos recursos de lítio (potencial de exploração). Além disso, Argentina e Chile possuem 46% das reservas (parcela de recursos conhecidos e comprovados, cuja exploração se mostrou economicamente viável) de lítio no mundo. A indústria mineira chamou a região que concentra o mineral de “triângulo do lítio” – porque é a única coisa que lá se vê – e abrange o nordeste da Argentina, o norte do Chile e o sul da Bolívia. No entanto, naquela região há muito mais do que lítio. Existem também comunidades, ecossistemas e espécies que dependem desses salares. Os que vivem na região dedicam-se à pecuária de pequeno porte e à agricultura de subsistência, atividades que necessitam de água - um bem escasso nessas latitudes.   COMO É EXPLORADO O LÍTIO DOS SALARES? O procedimento é o seguinte: O salar é perfurado. A salmoura é despejada em enormes piscinas ou pias. Espera-se que a água evapore para que a concentração de lítio aumente. Quando a concentração é suficiente, a salmoura é enviada para uma planta industrial. A salmoura é submetida a um tratamento químico para obtenção do carbonato de lítio, que é comercializado para a fabricação de baterias.   A extração de lítio, particularmente por esse método, envolve um enorme consumo e perda de água porque: A água é perdida durante o bombeamento da salmoura. A evaporação em piscinas requer dois milhões de litros de água para cada tonelada de lítio produzida. Os processos finais para obter carbonato de lítio e separá-lo do restante do composto também requerem água.   A extração de lítio é uma ameaça aos salares da América do Sul – que são áreas úmidas andinas—, compromete a disponibilidade local de água e coloca em risco a sobrevivência das comunidades e espécies que vivem no entorno desses frágeis ecossistemas. A transição energética é urgente, mas deve ser justa e não feita à custa da extração de outros recursos naturais que colocam em risco as pessoas e o ambiente.   FONTES -Maritza Tapia, "Chaves do lítio: o metal mais leve e com maior potencial eletroquímico", Universidade do Chile. -Heinrich Böll Stiftung Colômbia, "Lítio: os custos sociais e ambientais da transição energética global". -Florencia Ballarino, "O que é lítio, para que serve e de onde é extraído na Argentina?", Conferiu. -Wetlands International, "O impacto da mineração de lítio nas zonas úmidas dos Altos Andes". -Rodolfo Chisleanchi, "‘Triângulo de Lítio’: a ameaça às salinas da Bolívia, Chile e Argentina", Mongabay Latam. -NÓS. Pesquisa Geológica, Resumos de Commodities Minerais, janeiro de 2023, "Lítio".  

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Montones de sal en el salar de Uyuni, Bolivia
Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Litio: ¿Qué es, de dónde se obtiene y qué implica su extracción?

Una paradoja de la transición energética es sustituir el uso de combustibles fósiles por recursos minerales cuya extracción y refinamiento pueden impactar negativamente en ecosistemas, especies y comunidades. Eso está pasando con el litio, un mineral que tradicionalmente se usaba en vidrios y cerámicas porque otorgaba mayor adhesión y dureza, pero que hoy es utilizado principalmente para elaborar las baterías que requieren las tecnologías para evitar o reducir el uso de combustibles fósiles. Ello ha incrementado su demanda, invisibilizando o minimizando los graves impactos sociales y ambientales que su extracción implica.   ¿Qué hace especial al litio? El litio es un mineral altamente demandado por sus propiedades únicas: Es el metal más liviano y con mayor potencial electroquímico. Tiene gran capacidad de almacenaje de energía. Es maleable por lo que puede ser adaptado a diferentes tamaños, formas y diseños.   Estas cualidades lo hacen un material clave en la fabricación de baterías de celulares, computadoras y principalmente de vehículos eléctricos. Al servir para el almacenamiento de energías renovables no convencionales, como la eólica y la fotovoltaica, el litio es considerado clave para la transición energética.   ¿Dónde está?: El llamado “triángulo del litio” Las principales fuentes de litio son los salares, humedales cubiertos de una costra salina y que en su interior guardan salmueras, que son cuerpos de agua en los que están disueltas muchas sales y elementos, entre ellos litio. Los salares son atractivos para la industria minera por la relativa facilidad técnica para su explotación, los bajos costos operativos y la baja demanda de energía para extraer litio de ellos en comparación con otras fuentes. A nivel mundial, los salares de Argentina, Bolivia y Chile concentran el 54% de los recursos (material potencialmente explotable) de litio. Además, Argentina y Chile poseen el 46% de las reservas (porción de los recursos conocidos con un alto valor de certidumbre y cuya explotación se ha probado como económicamente viable) de litio en el mundo. La industria minera ha llamado a la región que concentra el mineral “el triángulo del litio” —pues es lo único que ven allí—, que abarca el noreste argentino, el norte chileno y el sur boliviano. Pero en esa región hay mucho más que litio. También hay comunidades, ecosistemas y especies que dependen de estos salares. Quienes habitan la zona se dedican a la ganadería a pequeña escala y a la agricultura de subsistencia, actividades que requieren agua, un bien ya escaso en esas latitudes.   ¿Cómo se explota litio de los salares? El procedimiento es el siguiente: Se perfora el salar. La salmuera se vuelca en enormes piscinas o piletas. Se espera a que el agua se evapore para que la concentración de litio aumente. Cuando la concentración es suficiente, la salmuera es enviada a una planta industrial. La salmuera es sometida a un tratamiento químico para obtener carbonato de litio, que es lo que se comercializa para la fabricación de baterías.   La extracción de litio, particularmente por este método, implica un enorme consumo y pérdida de agua debido a que: Se pierde agua durante el bombeo de la salmuera. La evaporación en piletas requiere dos millones de litros de agua por cada tonelada de litio producida. Los procesos finales para obtener carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto también requieren agua.   La extracción de litio es una amenaza para los salares en Sudamérica —que son humedales andinos—, compromete la disponibilidad local de agua y pone en riesgo la supervivencia de las comunidades y especies que habitan en torno a esos frágiles ecosistemas. La transición energética es urgente, pero debe ser justa y no hacerse a costa de la extracción de otros recursos naturales que ponen en riesgo a las personas y al ambiente.   Fuentes -Maritza Tapia, “Claves del litio: el metal más liviano y con mayor potencial electroquímico”, Universidad de Chile. -Heinrich Böll Stiftung Colombia, “Litio: los costos sociales y ambientales de la transición energética global”. -Florencia Ballarino, “¿Qué es el litio, para qué sirve y de dónde se extrae en la Argentina?”, Chequeado. -Wetlands International, “El impacto de la minería de litio en los Humedales Altoandinos”. -Rodolfo Chisleanchi, “‘Triángulo de litio’: la amenaza a los salares de Bolivia, Chile y Argentina”, Mongabay Latam. -U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2023, “Lithium”.  

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Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Nace la Alianza por los Humedales Andinos para promover su protección y conservación

Conformada por organizaciones socioambientales diversas, la alianza busca proteger el agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida que dependen de estos ecosistemas en América Latina, especialmente en Argentina, Bolivia y Chile.   Organizaciones socioambientales diversas se unieron para conformar la Alianza por los Humedales Andinos, cuyo objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile. Del 30 de noviembre al 12 de diciembre, representantes de casi 200 países se reunirán en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) durante la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) para seguir avanzando en la implementación del Acuerdo de París, tratado internacional que busca fortalecer la respuesta mundial a la crisis climática. La protección de los humedales es crucial en esa tarea por ser ecosistemas que actúan como sumideros naturales de carbono, ayudando a mitigar la crisis. La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son reconocidos mundialmente como ecosistemas de alta significancia ambiental y social, pero también muy frágiles por sus características, cuyo elemento central es el agua, un bien común que controla el medio y la vida silvestre. Su vulnerabilidad radica también en las amenazas que afrontan, entre ellas la crisis climática y los impactos negativos de actividades extractivas como la minería de litio, de cobre y de otros minerales considerados “críticos” para la transición a nuevas formas de generar energía. En ese sentido, el incremento de la demanda de litio en el norte global ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, que albergan más del 53% de las reservas globales. Acelerar la transición energética será justamente uno de los ejes de acción de la COP28. Frente a esta tendencia global, la alianza promueve una transición socieocológica justa, participativa y popular con una visión de largo plazo, priorizando la gestión integral del agua bajo un enfoque de justicia socioambiental y climática. Así, apoya y acompaña a comunidades y organizaciones locales en el cuidado de los humedales andinos y en la construcción de alternativas socioeconómicas que vayan más allá del extractivismo minero. Asimismo, la alianza busca que se garantice la participación de las comunidades y su acceso a información completa, veraz y transparente; así como brindar información a la sociedad global  —que involucra a organismos, Estados y sector privado—, resaltando el valor de los humedales andinos y las múltiples amenazas que afrontan. Para lograr su objetivo, la alianza emplea estrategias pedagógicas, legales, investigativas, de incidencia, comunicación y de movilización de forma colectiva y en diálogo con comunidades y organizaciones. Y al reconocer los impactos diferenciados de la crisis climática en las mujeres, niñas, disidencias sexuales y otros grupos vulnerables, incorpora la perspectiva de género en el desarrollo de todas sus actividades.  Contactos de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107 Carlos Ulloa Fuentes, Fundación Tantí (Chile), [email protected] +569 37614815 Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538 Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609 Faviola Rivera Seifert, Empodérate (Bolivia), [email protected], +591 77129989 Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801  

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Rio Xingu, Brasil
Derechos Indígenas, Minería, Derechos Humanos

Nota de apoio aos movimentos sociais, organizações e defensores de direitos vítimas de tentativa de criminalização pela empresa Belo Sun Mineração Ltda.

As organizações membros da Aliança Volta Grande do Xingu (AVGX) abaixo assinadas convocam parceiros e parceiras, organizações da sociedade civil, juristas e pesquisadores a apoiar e fortalecer as pessoas e os movimentos que, em decorrência da sua incansável defesa dos povos, da biodiversidade e da existência da Volta Grande do Xingu, estão sofrendo intimidação e tentativa de criminalização pela empresa Belo Sun Mineração Ltda. Precisamos mostrar às grandes corporações que a sociedade civil do Brasil e do exterior está unida em torno desta causa. Não vamos retroceder na proteção do meio ambiente e dos direitos humanos frente às ameaças. Assinem esta nota e juntem-se a nós na proteção da Amazônia, do rio Xingu e dos seus defensores! Mais informações abaixo: Em 17 de outubro deste ano, a mineradora Belo Sun Ltda., subsidiária brasileira da empresa canadense Belo Sun Mining Corp., entrou com uma ação penal contra mais de 30 pessoas, a maioria agricultores e agricultoras, que estão reivindicando a anulação do acordo firmado em 2021 entre a mineradora e o Incra por meio do qual o último cedeu à Belo Sun 2.428 hectares de terras públicas dentro do Projeto de Assentamento (PA) Ressaca. A cessão de terras é objeto de uma Ação Civil Pública (ACP n. 1001161-22.2022.4.01.3903) interposta em 2022 pelas Defensorias Públicas da União (DPU) e do Estado do Pará (DPE-PA), que demonstra a ilegalidade da aquisição de terras e pede a anulação do contrato. Quase dois anos depois de protocolada, essa ação ainda não teve decisão de mérito. Além das lideranças locais, também foram incluídos como acusados na queixa-crime da Belo Sun representantes de organizações da sociedade civil e pesquisadores que estão atuando em defesa das comunidades ameaçadas pelo empreendimento. Muitas destas pessoas acusadas de "esbulho possessório" pela mineradora sequer residem no país. A queixa-crime é uma clara tentativa de silenciamento das pessoas defensoras do meio ambiente e dos direitos humanos, intensificada com a presença da segurança armada da empresa no território. Trata-se também de uma tentativa de criminalização das organizações que monitoram e denunciam a destruição provocada por grandes empreendimentos na Volta Grande do Xingu. No dia 15 de novembro, um grupo de 25 movimentos e organizações locais, baseados sobretudo em Altamira, Pará, lançaram uma Carta aberta de repúdio à criminalização de agricultores, agricultoras, movimentos sociais e organizações da sociedade civil promovida pela mineradora canadense Belo Sun. É preciso que os termos dessa carta sejam fortalecidos e reverberados nacional e internacionalmente. Não é a primeira vez que a Belo Sun Mineração Ltda. intimida organizações da sociedade civil e defensores de direitos humanos. Em 2022, a empresa entrou com uma ação contra um professor universitário que havia denunciado os riscos que o Projeto Volta Grande traria para o rio Xingu e seus povos. Já em meados de 2023, a Belo Sun enviou uma notificação extrajudicial à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), numa tentativa de calar as denúncias feitas pela organização indígena acerca dos riscos que oprojeto de mineração na Volta Grande do Xingu representa. A notificação ocorreu logo após o lançamento de uma relatório sobre a Belo Sun lançado pelo jurídico da Articulação e da ação de incidência internacional na ONU em Genebra realizada pela Aliança pela Volta Grande do Xingu, coalizão da qual Apib faz parte, denunciando os abusos corporativos de empresas canadenses na Amazônia brasileira e em mais 8 países da América Latina e do Caribe. Sobre a atuação da Belo Sun na Volta Grande do Xingu A Belo Sun quer instalar um mega empreendimento de mineração de ouro sobreposto à região do PA Ressaca, nas margens do Rio Xingu, com o objetivo de operar a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. O chamado Projeto Volta Grande (PVG), caso aprovado, afetaria de forma substancial e potencialmente irreversível um território já gravemente impactado pela mega-hidrelétrica de Belo Monte, além de impactar as terras e modos de vida tradicionais de diversos povos indígenas, assentamentos rurais e comunidades ribeirinhas que vivem nessa região. Diversas ações judiciais foram protocoladas registrando as irregularidades cometidas pela Belo Sun, incluindo a ausência de consulta e consentimento livre, prévio e informado das comunidades indígenas e tradicionais afetadas; a aquisição ilegal de lotes dento do PA Ressaca; o constrangimento e violação do direito à livre circulação e acesso ao território das comunidades locais; e a falta de competência do Estado do Pará para emitir a licença ambiental do PVG. O seu licenciamento está suspenso desde 2017 por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e no dia 11 de setembro de 2023 passou para a competência do Ibama, órgão federal. Demandas Nós, cidadãos, cidadãs, organizações da sociedade civil organizada e representantes de movimentos sociais que apoiamos a presente Nota, repudiamos a criminalização promovida pela Belo Sun Mineração Ltda., manifestamos nossa solidariedade com as vítimas desse processo e reforçamos nosso entendimento de que: A intimidação e criminalização de defensores e defensoras de direitos humanos, ativistas, pesquisadores, e lideranças de movimentos sociais promovida pela Belo Sun é inaceitável, e por isso apoiamos os termos da presente petição; O Projeto de Assentamento (PA) Ressaca é um território destinado à reforma agrária e à agricultura familiar localizado em uma região já bastante fragilizada do ponto de vista socioambiental que é incompatível com a instalação de um megaprojeto de mineração de ouro a céu aberto como o Projeto Volta Grande da Belo Sun. O poder público deve tomar medidas necessárias para que as famílias, comunidades e povos da Volta Grande do Xingu estejam fortalecidos, com efetiva participação na governança e proteção do território.   As organizações membros da Aliança Volta Grande do Xingu que lançam essa Nota e convocam adesões: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB Movimento Xingu Vivo - Brasil Aliança Volta Grande do Xingu Amazon Watch Associação Interamericana para Defesa do Ambiente - AIDA International Rivers Earthworks MiningWatch Canadá   Junte-se a nós na proteção da Amazônia, do rio Xingu e dos seus defensores! Assine a nota de solidariedade internacional contra o assédio judicial que está sendo feito pela Belo Sun: https://forms.gle/tzUzR47v72jsdEPN8  

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Salinas Grandes, Argentina
Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

“El agua vale más que el litio”: Resistencia a una transición energética injusta

“El agua vale más que el litio”  es la consigna con la que las organizaciones sociales, sindicales y pueblos indígenas expresan desde hace meses su resistencia a la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, ubicada en el extremo norte de Argentina. Denuncian que la reforma, impulsada por el gobernador Gerardo Morales, no respeta la legislación internacional en materia de derechos indígenas, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos acerca de proyectos a desarrollarse en sus territorios ancestrales. En este sentido, dicha reforma habría sido aprobada, el 16 de junio pasado, mediante un proceso breve que no permitió una amplia participación y deliberación pública y en el que no hubo la debida consulta a los pueblos indígenas. Además, el texto constitucional presenta retrocesos significativos en temas ambientales y de derechos humanos; abre las puertas a la megaminería —incluida la de litio— bajo el amparo de la transición energética, criminaliza la protesta y permite la privatización tanto del agua como de las tierras indígenas. Los pueblos originarios han denunciado que el avance indiscriminado de proyectos de minería de litio en la provincia profundizará la crisis hídrica que allí se vive. Ante la creciente demanda internacional de litio —posicionado como un recurso estratégico debido a su capacidad de almacenamiento de energía (útil a las industrias de las baterías y de los vehículos eléctricos)— en años recientes, se ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra más del 53% de las reservas probadas globales. El litio puede estar contenido en salmueras, pegmatitas y rocas sedimentarias, siendo más fácil de extraer en las primeras. Pero es un proceso que demanda altas cantidades de agua y que se lleva a cabo en ecosistemas frágiles, con deficiencia hídrica y fuertemente golpeados por los efectos de la crisis climática, como son los salares. La resistencia social a la reforma constitucional en Jujuy es también la resistencia a una tendencia mundial que busca la permanencia de modelos extractivistas que vulneran derechos humanos en nombre de una transición energética que dista mucho de ser justa.    Vulneración de derechos humanos en Jujuy AIDA —junto con otras siete organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en la defensa del ambiente y de los derechos humanos— fue parte de una misión internacional que visitó Jujuy del 21 al 25 de agosto para conocer de primera mano las posibles vulneraciones a los derechos a la protesta y a la participación en el marco de la reforma constitucional.   La misión estuvo en los principales focos de protesta y documentó testimonios de personas de pueblos y comunidades indígenas, de asociaciones campesinas, de sindicatos y de organismos de derechos humanos; así como de referentes sociales, docentes, abogados/as y de autoridades de la provincia. Las conclusiones preliminares apuntan a que: Aunque los pueblos indígenas y sus comunidades solicitaron participar en la reforma constitucional, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. Existen preocupaciones respecto de la incompatibilidad de la reforma con los derechos humanos y los derechos ambientales. Pese al contexto de crisis climática y escasez hídrica, la reforma no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas ni la preservación de ecosistemas. La reforma parece favorecer el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos; así como abrir las puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas, dañando los ciclos ecosistémicos y desprotegiendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala, vitales para la existencia de las comunidades originarias. Hay una preocupación reiterada y manifiesta de las comunidades indígenas por los impactos negativos de la minería, en particular de los proyectos de extracción de litio. Testimonios dan cuenta de casos de represión de la protesta social, detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas por parte de la policía contra personas involucradas en la resistencia; así como de un uso desproporcionado de la fuerza.   La misión está en proceso de sistematizar la información recabada para elaborar recomendaciones orientadas a visibilizar la compleja situación en la provincia de Jujuy y a contribuir a un diálogo que permita la mejor resolución de la conflictividad social y el respeto de los derechos humanos.   ¿Hacia qué tipo de transición apunta la reforma constitucional en Jujuy? Abordar esta interrogante es importante para comprender que una transición energética justa es incompatible con un contexto donde los intereses económicos privados prevalecen sobre las consideraciones sociales y ambientales y donde las acciones gubernamentales desconocen los impactos de la extracción de litio y el reclamo justo de las comunidades locales en relación con la gestión de su agua y su territorio.   Jujuy es hogar de más de 12 pueblos indígenas y de unas 400 comunidades, cuyos integrantes se han dedicado milenariamente a la extracción de sal de Salinas Grandes, el cuarto salar más grande de Sudamérica. Su vínculo con el agua es sagrado y ancestral. Representa una conexión cultural amenazada por la explotación de litio, que compromete la disponibilidad de un recurso de por sí escaso. “Para producir una tonelada de litio (a través del método de evaporación), se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”, señala Ingrid Garcés, docente del Departamento de Ingeniería Química y Procesos de Minerales de la Universidad de Antofagasta, en Chile. Esto “es rentable para la industria porque significa un proceso sin costo de energía, pero lamentablemente tiene el costo de la pérdida de agua de un sistema que no es renovable, más es una región desértica” (como es la de los salares). La reforma constitucional en Jujuy no estipula un orden de prioridad para los usos de agua, sino que pone al mismo nivel el consumo humano y el industrial. El acceso limitado al agua es una preocupación central en la provincia debido a que hay pocos acuíferos para satisfacer la demanda de uso humano y doméstico, además de la producción agrícola y ganadera a pequeña escala.   Un cambio de rumbo urgente La crisis hídrica es una de las crisis más apremiantes en todo el mundo y está intrínsecamente ligada a la crisis climática y a la necesidad de transitar hacia la generación de otras energías. Los patrones climáticos extremos —como las sequías prolongadas, inundaciones y las tormentas más intensas— afectan directamente la disponibilidad y distribución de agua en diferentes regiones del mundo con una consecuente disminución de los recursos hídricos. En este escenario, la competencia por el uso del agua se intensifica y se requiere una gestión social del agua que beneficie a las comunidades. Solo así es posible abordar la situación en términos de sostenibilidad y de justicia ambiental. La extracción de litio para satisfacer intereses corporativos ejemplifica la paradoja de afrontar la crisis climática a expensas de las comunidades y los ecosistemas. La falta de una distribución justa y equitativa de los beneficios y la externalización de los costos ambientales y sociales subrayan la urgencia de repensar y transformar radicalmente la relación que tenemos con los bienes naturales y la forma en que abordamos la crisis climática.  

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Paisaje de Cajamarca, departamento de Tolima, Colombia
Minería, Participación Ciudadana

Fallo judicial deja en firme la consulta popular y el “No” al proyecto La Colosa en Cajamarca

La Coalición Jurídica para la defensa de Cajamarca celebra la decisión que protege la democracia ambiental y previene la megaminería de oro en la despensa agrícola de Colombia.   En una sentencia de primera instancia del primero de noviembre de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué reiteró la legalidad del Acuerdo No. 003 de 2017, que adoptó los resultados de la consulta popular de Cajamarca. En esta decisión, el juez negó las pretensiones del demandante, Guillermo Reyes en contra del Acuerdo y dejó en firme la consulta popular por medio de la cual las y los cajamarcunos le dijeron ‘NO’ al proyecto de megaminería de oro La Colosa, de la multinacional Anglogold Ashanti. Se trata de un triunfo para la democracia participativa y para la defensa de los territorios campesinos frente al extractivismo que se les ha querido imponer. La Coalición Jurídica para la defensa de Cajamarca —integrada por COSAJUCA, SIEMBRA, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), PODION, DeJusticia, la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Rosario (GAP), la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, la Clínica Jurídica de las Universidades de Antioquia y Libertadores— celebra la decisión por ser un hito que protege una participación democrática efectiva en asuntos ambientales, con capacidad de incidencia directa, como lo ordena el derecho internacional. Al respecto, el Comité Promotor de la Consulta Popular de Cajamarca señaló: "este fallo garantiza que la decisión tomada el 26 de marzo de 2017 en las urnas —que defendió los derechos colectivos al ambiente sano, la alimentación, la vida y el agua— sea respetada. También es un hecho de vital importancia debido a los múltiples procesos judiciales iniciados por la empresa minera Anglogold que tienen como objetivo reactivar La Colosa. Este fallo truncará varias de sus pretensiones". En la sentencia, el juez respaldó los argumentos presentados por el municipio de Cajamarca en su contestación y por la coalición, que presentó coadyuvancias en favor del Acuerdo 003/17. Las razones que soportan la decisión del juez son que el acuerdo fue expedido en debida forma, que sigue los requisitos legales y constitucionales, y que se ajusta a la normatividad vigente sobre la consulta popular. Además, contrario a lo que indicó el demandante, las Sentencias SU-095 de 2018, C-053 de 2019 y T-342 de 2019 de la Corte Constitucional no tenían la capacidad de afectar la legalidad del Acuerdo 003, pues no resultaban aplicables. Dichas sentencias, emitidas después del Acuerdo 003, señalan que las consultas populares no son un mecanismo para decidir sobre el subsuelo. En palabras del juez: "Al momento de expedir el acuerdo municipal 003 de 2017, no solo las normas constitucionales y legales daban la autonomía al municipio de Cajamarca para adelantar la consulta popular de iniciativa popular, sino que las sentencias dictadas en la materia, hasta entonces, constituían un precedente pacífico y reiterado frente a la protección del medio ambiente y las garantías de la descentralización territorial, así como de las competencias frente al uso del suelo y subsuelo, y las decisiones frente a la vocación extractivista de los territorios, como decisión propia dentro del ejercicio de la participación ciudadana". Sin duda alguna, este fallo resulta trascendental, no solo para el ejercicio democrático y la efectividad de los derechos de participación en Cajamarca, sino para las demás consultas populares que se promovieron y votaron en el país. También es un precedente fundamental para los demás países de América Latina en donde los municipios y departamentos reclaman su derecho a decir ‘NO’, a conservar su vocación agrícola y a no tener megaminería en sus territorios. #LasConsultasSeRespetan Contactos de prensa Robinson Mejía, COSAJUCA, 300 218 36 41,  [email protected]  Sara Sofia Moreno, SIEMBRA, 300 568 33 33, [email protected] Víctor Quintanilla, AIDA, +52 5570522107, [email protected]  

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Derechos Indígenas, Minería

Alto tribunal ordena al gobierno colombiano adoptar acciones concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática

Tras evidenciar que el Ministerio de Ambiente incumplió obligaciones climáticas contenidas en la legislación nacional, el Consejo de Estado ordenó que la entidad adopte, en el plazo de un año, medidas específicas para honrarlas. Es la decisión final de la acción judicial presentada por diversos actores para que el Estado incluya los impactos climáticos del sector carbón en su gestión de la crisis climática.   El Consejo de Estado emitió una sentencia en la que ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptar, en el plazo de un año, medidas concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática para cumplir así parte de los compromisos climáticos del país. Con este fallo, el alto tribunal resolvió la acción de cumplimiento que una coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y universidades presentó el 4 de mayo para que el Estado incorpore los impactos de la cadena productiva del carbón en la política climática. En la sentencia, el Consejo de Estado reconoce el incumplimiento del ministerio de normas referidas a la inclusión de impactos climáticos en los proyectos que cuentan con instrumentos de gestión y control ambiental, la falta de regulaciones referidas a las emisiones del sector carbón y la ausencia de un reporte y evaluación de impacto de la implementación de programas y proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Si bien la decisión pudo ser más ambiciosa al reconocer otros incumplimientos alegados y demostrados en la acción judicial, el alto tribunal dictó cuatro órdenes fundamentales que deben ser cumplidas por el Ministerio de Ambiente: Incluir en los instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos consideraciones de adaptación y mitigación del cambio climático, con énfasis en la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y los aportes de las medidas de compensación ambiental a la Contribución Determinada a Nivel Nacional, presentada por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Adoptar una guía nacional para la formulación, desarrollo, monitoreo, reporte y evaluación de impacto de la implementación de programas y proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Esta debe incorporar la gestión de cambio climático, la integración con el enfoque en ecosistemas, así como los aportes a la economía, los beneficios a la biodiversidad y a las comunidades humanas. Determinar las metodologías para el cálculo de las emisiones directas e indirectas que deberán ser reportadas; los métodos, instrumentos, procesos y periodicidad del reporte de las emisiones de GEl y la información y documentación para la elaboración de inventarios de GEI. Regular las condiciones que establezcan los requerimientos para la verificación, certificación y registro de las emisiones, reducciones de emisiones y remociones de GEI; así como determinar los procedimientos de seguimiento y control previstos.    Con base en el resultado, este litigio se constituye en el primer caso exitoso de litigio estratégico y climático para el continente al haber evidenciado que el Estado incumplió compromisos climáticos específicos, y haber logrado que se ordenará a una de las autoridades competentes la adopción de acciones concretas para la adecuada gestión climática. La estrategia empleada y el precedente alcanzado bien pueden ser replicados en otros países de la región. La acción de cumplimiento fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR), Censat Agua Viva, el de Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), POLEN Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena y la investigadora Paola Yanguas. En julio, ese tribunal emitió la sentencia de primera instancia en el caso. En ella, generó ocho órdenes dirigidas no solo al Ministerio de Ambiente, sino también al Ministerio de Minas y Energía, para que cumplan las leyes 1931 de 2018 y 2165 de 2021, normas que establecen las acciones mínimas que el país debe realizar para honrar sus compromisos climáticos a nivel internacional. La acción judicial demostró que, en los últimos seis años, el gobierno ha omitido las obligaciones recogidas en esas leyes, particularmente en relación con los impactos en el clima generados por el sector carbón. El caso pasó luego al Consejo de Estado, cuya decisión final reitera parte de lo dictaminado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Colombia, al ser el mayor exportador de carbón en Latinoamérica, tiene la obligación de incorporar en sus compromisos climáticos la dimensión real de los impactos de dicho sector. Así lo han pedido comunidades de La Guajira, quienes por décadas han sido afectadas directamente. Estas comunidades, si bien no firmaron la acción judicial, sí la apadrinaron, además de acompañar su presentación con baile y música tradicional. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla-Sangueza (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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