Minería

Minería, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

5 logros del movimiento ambiental en 2021

En todo el mundo se observan movimientos impulsados desde la sociedad civil que son cada vez más fuertes y cuyas voces se escuchan en los espacios de toma de decisiones. Así, cada una de estas acciones que nacen en lo local se unen hacia una meta común que traspasa fronteras: la protección del ambiente y de las personas. Las exigencias llegan hasta las altas instancias donde las decisiones adoptadas no solo afectan al movimiento que las originó, sino que generan precedentes para el resto. Por eso, hacemos un recuento de cinco logros obtenidos este año en el mundo por el movimiento ambiental del que somos parte, los cuales están abriendo camino para la rendición de cuentas, la protección de los derechos humanos y la dotación de nuevas herramientas jurídicas y de otro tipo para fortalecer la lucha conjunta. 1. El Acuerdo de Escazú entra en vigor Celebramos el Día de la Tierra (22 de abril) con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre derechos ambientales de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que consagra la protección de las personas defensoras ambientales. Escazú es el primer acuerdo regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, necesario para facilitar el trabajo y proteger la vida de las personas defensoras. Además, reconoce la necesidad de medidas de protección para comunidades en situación vulnerable. Con la ratificación de Argentina y México, se consiguieron las adhesiones necesarias para este gran avance. El acuerdo es también resultado de muchos años de trabajo desde la sociedad civil, sector que impulsó el desarrollo del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que es clave para garantizar el derecho humano a un ambiente sano y sostenible. Ahora que ya entró en vigor, necesitamos que los países integren las responsabilidades que Escazú establece en sus sistemas internos para que las personas defensoras y las comunidades puedan usar el acuerdo a su favor y, entonces, sea realmente efectivo. 2. Corte ordena a Shell reducir sus emisiones a casi la mitad En un fallo histórico y de gran importancia en la lucha ciudadana por la justicia climática, el Tribunal del Distrito de La Haya ordenó que la empresa angloholandesa Shell reduzca sus emisiones en 45% para 2030. En el veredicto se dispone, por primera vez, que una empresa y sus subsidiarias deben alinear sus políticas con las metas globales de reducción de emisiones, como las estipuladas en el Acuerdo de París. Esta decisión es un precedente mundial al que se llegó gracias a la demanda presentada por varias organizaciones de la sociedad civil y por más de 17 mil ciudadanas y ciudadanos holandeses. El objetivo central de la demanda no era obtener una compensación financiera por los daños, sino obligar a la petrolera a reducir sus emisiones. Este caso abrió la discusión acerca de la responsabilidad de las empresas en el cambio climático y, además, fue pionero en utilizar los principios rectores de la ONU acerca de las empresas y los derechos humanos. Niels Hazekam, Asesor Principal de Políticas en Both Ends, una de las organizaciones que participó en la demanda, nos contó los detalles del litigio contra Shell en este webinar. Esta victoria representa un gran paso hacia el uso de los sistemas judiciales como herramientas para avanzar en la justicia climática, con grandes posibilidades de ser replicado en otras partes del mundo, incluyendo América Latina. 3. Tribunal internacional reafirma protección ambiental en Costa Rica Es legítimo que un país se declare libre de minería a cielo abierto como objetivo para proteger el ambiente. Así lo declaró el tribunal arbitral del CIADI, del Banco Mundial. El caso tiene su origen en el arbitraje que la minera Infinito Gold interpuso en contra de Costa Rica. La minera exigía el pago de 400 millones de dólares como indemnización por las ganancias no percibidas cuando el país anuló su concesión de explotación de minerales. AIDA advirtió al gobierno costarricense de las amenazas que el proyecto propuesto por Infinito Gold, Crucitas, tendría en el ambiente y los derechos humanos. En 2008, el gobierno emitió un decreto declarando el proyecto de interés. Y, en 2011, la Corte Suprema confirmó la decisión de declarar al proyecto Crucitas ilegal. La minera, inconforme con esa decisión, pidió el arbitraje internacional y la indemnización. Este año, el CIADI concluyó que Costa Rica no tendrá que pagar dicho monto y aclaró que el país no negó a la empresa el acceso a la justicia local. La decisión es un avance importante ante la creciente intención de las empresas por demandar a los países que deciden proteger sus ecosistemas. 4. La ONU reconoce el derecho humano a un ambiente sano El 8 de octubre, en un día histórico y crucial para el futuro del planeta, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció que todas las personas tenemos el derecho humano a un ambiente seguro, sano, limpio y sostenible. Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza lideraron los esfuerzos al interior del Consejo en la última etapa de una larga lucha, junto con miles de organizaciones, movimientos, empresas y personas defensoras que se unieron a #HealthyEnvironmentForAll. Compartiendo cartas e invitando a la sociedad civil de todo el mundo, lograron mostrar el interés legítimo por reconocer este derecho. Cabe decir que este hito en la historia del derecho ambiental internacional es resultado de casi 50 años de trabajo de miles de personas que, desde la Declaración de Estocolmo en 1972, han sentado las bases para este día. También el 8 de octubre, el Consejo estableció la creación de una nueva Relatoría Especial para promover los derechos humanos en el contexto de cambio climático. Fue la respuesta a una demanda de la sociedad civil en la que AIDA fue punto de encuentro y coordinación a nivel de América Latina para movilizar esta decisión. 5. Caso de contaminación llega a la Corte Interamericana Después de más de 15 años, el caso de violaciones a derechos humanos por contaminación ambiental en La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que un caso de contaminación del aire causada por actividades empresariales en un contexto urbano llega a la Corte. La Comisión Interamericana presentó el caso ante la Corte tras establecer la responsabilidad internacional del Estado y como respuesta a la petición de un grupo de personas expuestas crónicamente a metales pesados provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú, representadas por AIDA y sus aliados. Las personas afectadas recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque a pesar de que el Tribunal Constitucional peruano dispuso en 2006 medidas urgentes para la protección de sus derechos, el Estado no las acató. La presentación del caso ante la Corte representa también una gran oportunidad para restablecer los derechos de las personas afectadas.   ¡Conoce más y lee sobre las principales victorias de AIDA en nuestro Informe Anual 2021!  

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Minería, Derechos Humanos

Seminario web "Minería y derechos de la naturaleza: Un enfoque interamericano"

En el marco de la Constitución ecuatoriana y mediante un diálogo de saberes, el objetivo de este seminario web fue ampliar el conocimiento que se tiene sobre la protección constitucional de los derechos de la naturaleza, particularmente de los ecosistemas frágiles y especies amenazadas, así como de las comunidades que dependen de ellos, frente a actividades antrópicas de alto impacto como la minería. Hablamos de la concepción constitucional para abordar actividades como la minería y su impacto en los derechos de la naturaleza, así como de las dificultades para garantizar estos derechos en los procedimientos técnico legales (como los Estudios de Impacto Ambiental) que los afectan potencialmente. El evento analizó el tema con un enfoque interamericano, que incluye la Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre medio ambiente y derechos humanos.   Panelistas Hugo Echeverría, Center for Democratic and Environmental Rights (CDER): Introducción al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Estatus constitucional de los ecosistemas frágiles y las especies amenazadas. Paola Ortiz Jaramillo, Yasunidos: Derechos de la naturaleza, emergencia climática y escasez hídrica. Carla Luzuriaga Salinas, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Enfoque interamericano de protección a la naturaleza. Moderó: Javier Dávalos, AIDA.   GRABACIÓN   PRESENTACIONES 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Hugo Echeverría, CDER:   3. Presentación de Carla Luzuriaga Salinas, AIDA:  

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Minería, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Víctimas de contaminación ambiental en La Oroya, Perú, aplauden presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La decisión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una oportunidad importante para reestablecer los derechos de las personas afectadas. Es la primera vez que un caso de contaminación del aire causado por actividades empresariales en un contexto urbano es llevado a la Corte.   La Oroya, Perú. Las personas afectadas por contaminación ambiental en la ciudad de La Oroya, y las organizaciones que las representan legalmente, celebran que —luego de más de 15 años de iniciado el proceso— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya presentado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la afectación y violación de los derechos a la vida, la integridad, la salud y al ambiente sano de las víctimas. “Mis hermanas y yo sufrimos la exposición a metales pesados desde niñas, teniendo que migrar junto con nuestros padres a una zona alejada de la contaminación. Estamos muy sorprendidas de haber dado un paso más en este proceso tan largo en la cual estamos todos. Estamos muy contentas y con esperanza por una lucecita más que se prende en el camino. Tenemos la seguridad de que esto va a llegar a su fin para el bienestar de nuestra salud y para decir ‘Sí se pudo’ a pesar de tantas caídas”, dijo una de las víctimas, que mantienen su identidad en reserva por el riesgo a represalias por su rol como personas defensoras ambientales. El caso tuvo su origen en una petición presentada en 2005 por un grupo de habitantes de La Oroya que, ante la ausencia de respuestas a nivel nacional, acudió a la Comisión para solicitar medidas cautelares y posteriormente denunciar la violación de sus derechos derivada de la exposición crónica a metales pesados (plomo, cadmio y arsénico) provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. Estas personas recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque a pesar de que el Tribunal Constitucional peruano dispuso en 2006 medidas urgentes para la protección de sus derechos, el Estado no las acató. En un comunicado oficial sobre su decisión, adoptada el 30 de septiembre pasado, la Comisión resaltó que “el Estado no cumplió con la debida diligencia sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el comportamiento de las empresas respecto de los derechos que pudieran afectar, ni con su deber de prevenir vulneraciones a los mismos”. “Estamos felices por la noticia, tantos años de espera, de frustración y temor. Por fin estamos en lo último. Es una alegría para todos los que están presentes y para quienes se han ido. Agradecemos también al grupo de peticionarios y peticionarias que han seguido a pesar de todo”, dijo una madre de familia cuyos padres y hermanos también fueron afectados por la contaminación. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), representantes de las personas afectadas en el caso, saludan la decisión de la Comisión pues pone fin a varios años de espera y constituye una gran oportunidad para restablecer los derechos de las personas afectadas. “Es un hito para el Sistema Interamericano porque es el primer caso que documenta una situación de contaminación ambiental, particularmente de contaminación del aire, causada por operaciones empresariales en un contexto urbano”, afirmó Liliana Avila, Abogada Sénior del Programa de Derechos Humanos de AIDA. Para Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de APRODEH, “este caso también permitiría a la Corte avanzar el contenido de las obligaciones estatales respecto a la especial protección de poblaciones que puedan estar en particular situación de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad; y abordar la responsabilidad estatal, las obligaciones derivadas del derecho al ambiente sano como derecho autónomo, y su interdependencia con otros derechos fundamentales para la existencia humana como la salud, la vida y la integridad personal, así como derechos de acceso como la información, la asociación y el acceso a la justicia”. La contaminación que han sufrido los y las habitantes de La Oroya —muchos de ellos/as menores de edad—, particularmente quienes acudieron a la Comisión, generó graves efectos negativos en su salud con secuelas que se mantienen al día de hoy. Si bien el complejo metalúrgico ha contado con instrumentos de gestión ambiental, dados los requerimientos legales a nivel nacional destinados a la mitigación y remediación de la contaminación causada, el Estado ha concedido prórrogas para su implementación sin que Doe Run Perú cumpla a cabalidad sus obligaciones. “A mí me afectó mucho perder a mis seres queridos por no tener una atención adecuada en salud que no permita que las enfermedades avancen hasta que llegue la muerte. Hemos perdido a muchos. Queremos que cuando vayamos al médico nos atiendan bien. He perdido a mis hermanas y a mi padre por la contaminación. Todos estamos afectados. Me acuerdo que de niña me salían manchas por el arsénico”, dijo una de las pobladoras de La Oroya, afectada desde que era menor de edad y que tuvo que migrar a Lima junto a su madre. Solicita a la Corte que, al conocer el caso y las afectaciones, se enfoque en el sistema de salud de Perú. En todos estos años, el Estado de Perú no cumplió con fiscalizar, regular y remediar los daños causados por el complejo metalúrgico. Sus acciones y omisiones comtinúan vulnerando los derechos humanos, en perjuicio de las familias de la Oroya. Los miembros de la comunidad de La Oroya que defendieron su derecho a un ambiente sano han sido objeto además de hostigamientos y señalamientos. Al respecto, la CIDH concluyó que el Estado no realizó “investigaciones serias y efectivas de carácter penal o administrativo que garantizaran el acceso a la justicia a las víctimas que fueron objeto de amenazas, hostigamientos o represalias por parte de trabajadores de la empresa Doe Run Perú, a raíz de las denuncias realizadas a causa de la contaminación”. AIDA y APRODEH expresan su satisfacción por la presentación del caso ante la Corte y reiteran su compromiso con las víctimas de La Oroya y con la defensa de los derechos humanos y del derecho a un ambiente sano. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107 Christian Huaylinos Camacuari (Perú), APRODEH, [email protected], +51959789232  

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Minería, Fuentes de Agua Dulce

Tribunal de arbitraje favorece a empresa canadiense y pone a la inversión extranjera por encima del derecho de Colombia a proteger Santurbán

Bucaramanga, Bogotá, Washington, Ottawa. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil rechazamos ampliamente la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dada a conocer el pasado 10 de septiembre, en el caso de la demanda de Eco Oro contra Colombia, por al menos tres razones. Consideramos que (i) es inconsistente y refleja un desconocimiento profundo de la complejidad socioambiental del caso; (ii) es producto de un sistema de arbitraje de inversiones ampliamente discrecional e injusto que facilita actuaciones arbitrarias de quienes resuelven los casos; y (iii) profundiza el riesgo sobre otros arbitrajes que se adelantan en contra del Estado Colombiano ante el CIADI. El CIADI es una de las instituciones encargadas de la resolución de controversias entre inversionistas y Estados, en este caso en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. En el caso Eco Oro vs. Colombia, el tribunal del CIADI concluyó que, si bien las medidas de protección de los páramos adoptadas por Colombia fueron legítimas y no configuraron expropiación de los derechos de la canadiense, sus actuaciones en la delimitación del Páramo de Santurbán sí violaron el “estándar mínimo de trato” a los extranjeros. El tribunal aún debe decidir sobre la compensación de daños a la empresa y ha pedido más información a ambas partes para decidir. La decisión fue el resultado de un proceso iniciado por una demanda de arbitraje supranacional interpuesta por la empresa canadiense Eco Oro contra Colombia en 2016, en la que se cuestionaban las decisiones adoptadas por el Estado colombiano de proteger sus páramos que son la fuente natural de agua para el 70% de sus habitantes. Cabe recordar que la inversionista canadiense pretende ejecutar el proyecto de minería de oro Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado al nororiente del país. Una decisión inconsistente y de espaldas a las complejidades socioambientales del caso. La mayoría del tribunal sostuvo que las medidas cuestionadas fueron tomadas de acuerdo al derecho nacional colombiano y bajo la finalidad legítima de avanzar en la protección del ambiente. Además, reconocieron que los páramos están amenazados tanto por la intervención humana como por el cambio climático y que su posibilidad de recuperación frente a actividades mineras es muy baja, razón por la cual es necesario protegerlos. Por eso, rechazaron el argumento de Eco Oro de que el principio de precaución no era aplicable, y señalaron que este caso era un ejemplo en donde sí era relevante. Esta fue la razón por la cual no se acogió una de las peticiones de Eco Oro que apuntaba a que se declarara que sus derechos habían sido expropiados indirectamente por Colombia. Por el contrario, el tribunal encontró que las medidas adoptadas por el país fueron un ejercicio legítimo de protección ambiental. No obstante, al estudiar un segundo cargo, el tribunal explicó que la inconsistencia, vacilación e inacción de Colombia en torno a la delimitación del páramo de Santurbán había frustrado las expectativas de inversión de Eco Oro sin tener ninguna “justificación legítima aparente”, por lo que no había otorgado a la inversionista un “trato justo y equitativo” de acuerdo con el “estándar mínimo de trato” a los extranjeros. Este último juicio del tribunal es incongruente, ignora la complejidad socioambiental del caso y los desafíos de materializar el derecho a la participación ambiental dentro del proceso de delimitación del páramo. Aunque, a lo largo del laudo, reconoce que la delimitación implica la gestión de intereses ampliamente dispares, al final, en un ejercicio de profunda distancia con la realidad de Santurbán y sus comunidades, el tribunal ve este proceso con ligereza, desestima sus complejidades, y parece no tomarlo como suficiente justificación legítima. Un sistema de arbitraje impredecible, limitante e injusto. “Las decisiones del tribunal no son predecibles pues los laudos no vinculan la forma de fallar de los árbitros en el futuro sobre temas ambientales, por lo que no existe la figura del precedente tradicionalmente entendido en el sistema. La amplitud de las cláusulas y la libertad de interpretación de los árbitros son excesivas, lo cual es problemático no solo para Colombia sino para todos los países de la región”, señaló Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Esta decisión hace prevalecer la inversión minera por encima de la obligación del Estado colombiano de proteger el ambiente y el agua de los colombianos. Cuestionamos que el tribunal se haya pronunciado pero no haya juzgado la falta de diligencia de la canadiense que desde el inicio sabía que su proyecto minero se traslapaba con zona de páramo; ecosistema sensible protegido por el derecho nacional. Este caso demuestra la arbitrariedad y los excesos del sistema de arbitraje supranacional, y la forma en que disciplina y castiga a los gobiernos del Sur Global. Además, cabe recordar que el tribunal, en febrero del 2019, rechazó la posible participación del Comité Santurbán en el proceso. La incertidumbre para Colombia. Por su parte, Carla García Zendejas, Directora del Programa de Pueblos, Tierra y Recursos del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) precisó que “la inseguridad jurídica que representa para Colombia el sistema de arbitraje supranacional de inversiones es enorme. Los altos niveles de arbitrariedad en la interpretación que caracterizan al sistema se prestan para condenar a los Estados por cualquier circunstancia que afecte las ganancias esperadas. Y esto es especialmente crítico para Colombia, pues hay otras demandas contra el país en el marco de proyectos extractivos asociados tanto a Santurbán como a otros ecosistemas frágiles. Esto puede significar un efecto dominó de demandas y cuantiosas condenas en contra de los colombianos.” Actualmente, están en curso otras dos demandas ante el CIADI contra el país por parte de empresas mineras canadienses (Red Eagle Exploration y Galway Gold) por las medidas tomadas para proteger el páramo de Santurbán. Asimismo, existen más demandas en el marco de otros proyectos extractivos presentadas por Cosigo Resources, South32 Investments Limited, Gran Colombia Gold, Glencore International y Anglo American. Hacemos un llamado al Estado colombiano a denunciar los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales de protección a la inversión de los que es parte y a abstenerse de seguir firmando este tipo de instrumentos en el futuro. Es por estas razones que hoy el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán está llevando a cabo una jornada de protesta frente a la Embajada de Canadá en Bogotá, exigiendo que el CIADI respete la lucha legítima de la defensa del agua, Santurbán y los páramos de Colombia. Igualmente, frente al Congreso de la República, exigiendo que se rechacen los Acuerdos de Protección a la Inversión con Emiratos Arabes Unidos-Minesa. Contactos de prensa Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 3012080622 Carla García Zendejas, Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), [email protected], +1 202 374 2550 Yeny Rodríguez Junco, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected], +57 3107787601 Jamie Kneen, MiningWatch Canada, [email protected], +1(613) 761-2273 Manuel Pérez Rocha, Institute for Policy Studies - Global Economy Program, [email protected], +1 240 838 6623  

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Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Se consolida asistencia técnica internacional para recuperar los lagos Uru Uru y Poopó

Ante el pedido de organizaciones y comunidades, expertos y expertas de la Secretaría de la Convención Ramsar evaluarán la degradación de los lagos para luego emitir un informe con recomendaciones técnicas para la recuperación de los ecosistemas.   Oruro, Bolivia. Del 11 al 15 de octubre, un equipo de expertos y expertas de la Secretaría de la Convención Ramsar visitará los lagos Uru Uru y Poopó, ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, para realizar un análisis técnico de su degradación con miras a realizar un informe con recomendaciones concretas al Estado boliviano para la recuperación de los ecosistemas. En julio de 2019 —en el marco de la campaña #LagoPoopóEsVida—, comunidades locales y organizaciones ambientales, sociales y de mujeres enviaron a la Secretaría de Ramsar información sobre el estado de los lagos y solicitaron asistencia técnica para evaluar su salud. El gobierno boliviano hizo luego la solicitud formal para viabilizar la visita. “Reconocemos la voluntad política de autoridades nacionales para obtener apoyo internacional ante la crisis ambiental por la que atraviesan los lagos, de cuya preservación dependen los modos de vida y medios de subsistencia de poblaciones campesinas e indígenas”, dijo Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Las misiones de Asesoramiento Ramsar son una herramienta eficaz para tener asesoramiento especializado e independiente orientado a la preservación de los humedales”. El Poopó es el segundo lago más grande de Bolivia. En 2002, a fin de preservar su biodiversidad —que incluye aves endémicas, migratorias y la mayor cantidad de flamencos en Sudamérica—, fue declarado Humedal de Importancia Internacional junto con el lago Uru Uru bajo la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la protección de esos entornos naturales. “Los lagos Uru Uru y Poopó garantizan la recarga hídrica de pozos y fuentes de agua, regulan el clima, son hábitat para la avifauna, permiten la seguridad y soberanía alimentaria de las poblaciones aledañas y son el cobijo de culturas milenarias”, manifestó Limbert Sánchez, del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA). Sin embargo, varios factores han llevado al lago Poopó a la situación catastrófica en la que se encuentra actualmente. Entre ellos están las actividades mineras —que no han parado durante la pandemia y que generan permanentemente aguas ácidas y toneladas de desechos mineros—, el desvío de sus afluentes como el río Mauri, el hecho de que el TDSP (Sistema Hídrico Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar) no esté garantizando agua para toda la cuenca y la crisis climática. Todo ello ha dañado el lago al punto de poner en riesgo los sistemas de vida que dependen de él. “En diciembre de 2015, los niveles de agua del lago Poopó se redujeron por completo, una de las mayores catástrofes ambientales del país. Actualmente, lo que queda del espejo de agua es prácticamente mínimo en comparación con los registros históricos”, corroboró Yasin Peredo, del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). Además de un grave daño ambiental, lo que pasa con los lagos Poopó y Uru Uru es una seria vulneración del derecho al agua, a la salud, al territorio, a la alimentación y al trabajo de las comunidades aledañas. “Con tristeza vemos como está desapareciendo el lago Poopó y el riesgo que corre nuestro lago Uru Uru”, expresó Margarita Aquino, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra (RENAMAT). “La contaminación minera nos está despojando de las fuentes de agua y está vulnerando los derechos de las mujeres y de las comunidades”. De la salud de estos ecosistemas dependen comunidades indígenas aymaras y quechuas, así como los Uru Murato, una de las naciones originarias más antiguas de Bolivia. Los miembros de ese pueblo milenario solían vivir de la pesca, pero la contaminación del Poopó y su casi incipiente cantidad de agua los ha forzado a migrar y a rebuscar formas para sobrevivir con otras actividades. Don Pablo Flores, autoridad originaria de la comunidad Uru de Puñaca manifiesta: “En agosto, han llegado autoridades y con ellos hemos ido al lago y hemos constatado que ya no hay agua, el sector de la isla de Panza también está seco. Como Urus, ¿cómo estamos viviendo? Antes se iba por parihuanas, ahora no. En febrero ponían huevos, cambiaban de plumas. Este año no hay. Los flamencos están muertos. El lago no existe ahora. Las tres comunidades Urus estamos sufriendo, vivíamos de la caza y pesca. Pedimos a las autoridades municipales, departamentales y nacionales mayor atención porque hasta ahora prácticamente no se hizo nada para salvar, proteger y recuperar nuestro lago Poopó”. Al incluir a los lagos Uru Uru y Poopó como sitio Ramsar, el Estado boliviano se comprometió a conservar las características ecológicas de estos humedales. En ese sentido, la visita de la misión de expertos y expertas es una oportunidad clave para obtener recomendaciones objetivas y especializadas orientadas al cumplimiento de ese compromiso. “Las organizaciones ambientales, las comunidades y la población en general estamos pendientes de la visita de la Misión Ramsar. Consideramos que debe tomarse en cuenta la situación actual del ecosistema, pero también los factores que siguen influyendo en su degradación porque mientras no se adopten estrategias para combatir el cambio climático, no se ponga un alto a la contaminación minera y no se garantice la cantidad de agua necesaria para todo el TDPS, la situación crítica de nuestros lagos Uru Uru y Poopó no podrá ser revertida”, señaló Ángela Cuenca, coordinadora del Colectivo CASA. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107 Angela Cuenca (Bolivia), Colectivo CASA, [email protected], +59172485221 Limbert Sanchez (Bolivia), CEPA, [email protected], +59172476802 Sergio Vasquez Rojas (Bolivia), CENDA, [email protected], +59172734594  

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Fortalecimiento de Capacidades, Minería, Cambio Climático

Seminario web "Presentación del Portal Energético para América Latina y el Caribe"

En este seminario web, Global Energy Monitor presentó su nueva plataforma energética para América Latina y el Caribe, una herramienta versátil que ofrece información detallada sobre cientos de proyectos energéticos en la región. La presentación incluyó una breve historia del portal, seguida de una explicación de los recursos disponibles y una visita guiada de los mapas interactivos.   Panelistas Sophia Bauer: Profesional en el sector de energía y la migración climática. Empezó a trabajar con Global Energy Monitor en 2021 como investigadora de energía en América Latina y el Caribe. Gregor Clark: Investigador de Global Energy Monitor desde 2014, con un enfoque en los sistemas energéticos de América Latina y Europa. Moderó: Andrés Ángel, Asesor Científico, AIDA.     grabación 1. Español:   2. Portugués:   Presentaciones   1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Sophia Bauer y Gregor Clark, Global Energy Monitor:  

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Océanos, Minería

Reacción: El Congreso de la UICN vota a favor de una moratoria a la minería de aguas profundas

Marsella, Francia. El Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó hoy, con un apoyo abrumador, una moción en la que se pide una moratoria para la explotación minera de los fondos marinos. 81 gobiernos y organismos gubernamentales votaron a favor de la moratoria, 18 en contra y hubo 28 abstenciones. Entre las ONG y las organizaciones de la sociedad civil, la votación fue de 577 a favor, 32 en contra y 35 abstenciones, enviando un fuerte mensaje a los gobiernos sobre la existencia de una oposición global a la minería de aguas profundas. "Estamos muy satisfechos de ver que tantos gobiernos, organismos y ONG han votado a favor de una moratoria de la minería de aguas profundas; el apoyo ha sido abrumador", dijo Matthew Gianni, cofundador de la Coalición para la Conservación del Mar Profundo (DSCC por sus siglas en inglés). "Los países miembros de la AIFM, incluida Francia, país anfitrión de este Congreso, tienen que despertar y actuar en nombre de la sociedad civil y el ambiente, y tomar medidas en apoyo de una moratoria". Los científicos han advertido que la minería en aguas profundas causará una pérdida de biodiversidad y una degradación de los ecosistemas a gran escala, la cual será irreversible, especialmente en las zonas internacionales de los océanos. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), organismo regulador multilateral creado en 1994 en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, está debatiendo si debe comenzar a conceder licencias para la explotación minera comercial de los fondos marinos en tan sólo dos años. 167 países, además de la Unión Europea, son miembros de la AIFM. El Ministerio de Ambiente alemán, el Gobierno de Fiyi y muchos otros organismos gubernamentales votaron a favor de la moción 069. Nauru ha puesto en marcha la llamada regla de los dos años en la AIFM, en el marco de la cual se espera que la Autoridad expida una licencia comercial para la explotación minera. 47 países africanos han impugnado la activación y Sian Owen, director de la DSCC, afirma: "Esperemos que el voto en Marsella se traduzca en una votación en la AIFM para adoptar una moratoria sobre la minería de aguas profundas". La moción 069, que promueve la protección de los ecosistemas de las profundidades oceánicas y su biodiversidad, mediante una moratoria a la explotación minera de los fondos marinos, fue patrocinada por Fauna y Flora Internacional y copatrocinada por la Fundación MarViva (Costa Rica), el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (EE. UU.), Sylvia Earle Alliance/Mission Blue (EE. UU.), Synchronicity Earth (Reino Unido), Wildlands Conservation Trust (Sudáfrica), World Wide Fund for Nature – International. PARA INFORMACIÓN ADICIONAL Matthew Gianni, UICN, 31 646 168 899 Sian Owen, UICN, 31 648 502 659 María José González-Bernat, AIDA, 57 350 464 5678 CONTACTO DE PRENSA Victor Quintanilla (México), [email protected], 52 55 7052 2107  

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Derechos Indígenas, Minería, Transparencia y Rendición de Cuentas

Alerta aos investidores: Mineradora Belo Sun divulga informações falsas para investidores e público sobre megaprojeto na Volta Grande do Xingu

Organizações da sociedade civil do Brasil e exterior revelam em carta para a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário uma série de informações falsas divulgadas pela empresa canandense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) - inclusive falas de seu CEO, Peter Tagliamonte - que minimizam os riscos socioambientais, legais e financeiros do projeto Volta Grande, próximo ao rio Xingu.   São falsas e incompletas as informações divulgadas publicamente pela mineradora canadense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) aos seus investidores sobre projeto de mineração homônimo que pretende se instalar no território da Volta Grande do Xingu, no Pará. Esta é principal alerta enviado em carta à Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (Ontario Securities Commission - OSC) no dia 29 de julho pelas organizações nacionais e internacionais Amazon Watch, Earthworks, Instituto Socioambiental (ISA), Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), International Rivers, MiningWatch Canada, Movimento Xingu Vivo para Sempre e Rede Xingu +. A OCS é reguladora do mercado financeiro canadense e responsável por proteger investidores de práticas fraudulentas e impróprias de empresas. Elaborado por uma equipe jurídica e amparado por evidências legislativas e científicas de pesquisadores independentes, o documento desmente as mais recentes declarações do presidente da Belo Sun, Peter Tagliamonte. Em fala no evento Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), uma convenção internacional sobre minerais e indústria de mineração, realizado em 8 de março, o presidente afirmou que único impedimento para o início das obras de Belo Sun é a pandemia de Covid-19,  e que a expectativa é que as obras comecem no final de 2021. Afirmações similares foram feitas em declarações recentes da empresa, e pelo próprio CEO em outras ocasiões. Segundo a carta, as declarações de Tagliamonte são falsas. Sete ações correm na justiça brasileira pedindo a nulidade de licenças e a suspensão do Licenciamento Ambiental. Entre as razões para os pedidos de anulação, destacam-se informações incompletas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) como também inexistência de uma consulta prévia, livre e informada às populações tradicionais que serão impactadas pelo projeto. Há evidência que Belo Sun Corp. violou a política de divulgação de informações da OCS, deixando de divulgar informações atualização e factíveis sobre o projeto, mantendo assim potenciais e atuais investidores informados. Falsas informações divulgadas pela Belo Sun Mining Corp. De acordo com a carta, ainda que a empresa reconheça os riscos associados aos processos legais contra o licenciamento do projeto, ela falha em divulgar dados concretos sobre ações legais e suspensões que correm na Justiça, baseando-se na falta de conhecimento dos investidores sobre a legislação do Brasil. É o caso da suspensão da Licença de Instalação (LI) devido a inexistência da consulta prévia, livre e bem informada das comunidades indígenas que serão impactadas pelo projeto. Em uma recente atualização divulgada pela empresa, Belo Sun afirmou que "continua a avançar em discussões financeiras com vários grupos em preparação ao começo da construção assim que houver o anulação da suspensão do processo de construção (LI)". "A empresa ainda nem começou o processo de consulta - que agora está atrasado devido à pandemia - e já está fazendo propaganda sobre a anulação da suspensão, como se isso fosse uma questão de tempo", pontua Marcella Ribeiro, advogada da AIDA. "A empresa não está em posição de garantir os resultados de um processo de consulta, já que estas negociações são vagarosas e invariavelmente acarretam em mudanças substanciais no projeto. Nada disso está sendo divulgado corretamente para os investidores", ela adiciona. Entre os riscos de investimento em Belo Sun, a carta destaca o histórico de processos judiciais; conflitos em torno do projeto; as falhas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA); e a violação do direito à consulta das populações indígenas. A minimização dos riscos sociais e ambientais dentro dos estudos realizados pela própria companhia já deixou as comunidades de Volta Grande, duramente afetadas pela hidrelétrica Belo Monte, em alerta. Uma série de pesquisas técnicas independentes contradizem os estudos da Belo Sun com relação ao impacto do projeto nos recursos hídricos, na fauna e flora e também com relação à segurança das barragens. Uma das razões para que o processo de obtenção de Licença de Instalação (LI) fosse cancelado em 2017 foi a não realização da consulta prévia, livre e bem informada das comunidades tradicionais. Há também aumento de relatos de intimidação e assédio contra os opositores do projeto, o que demonstra que a situação é muito mais complexa e controversa do que a divulgada pela empresa. A coalizão conclui que "Belo Sun falhou em se comunicar com atuais e futuros investidores sobre a complexa natureza do projeto" que tem "correlação direta com seus atrasos e que levanta questões sobre a própria viabilidade dele". Em um momento de especial atenção à Amazônia e seu potencial socioambiental na mitigação das mudanças climáticas, a carta visibiliza as irregularidades do projeto e os riscos legais e para a reputação de seus eventuais investidores. Sobre Belo Sun  Belo Sun promete ser a maior mineradora de ouro a céu aberto do Brasil e quer se instalar na  região de Volta Grande do Xingu, um dos locais com maior biodiversidade do mundo que já enfrenta os impactos do desvio do rio Xingu pela hidrelétrica de Belo Monte. Além das etnias Juruna (Yudjá), Arara e Xikrin, a região abriga outros indígenas não aldeados e diversas comunidades ribeirinhas. Desde seu início, o projeto tem enfrentado numerosos processos judiciais por parte do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública da União. Eles apontam diversas falhas no processo de licenciamento e nos estudos técnicos do projeto, e pedem pela anulação das licenças e pela suspensão do processo de licenciamento. Uma delas resultou em uma decisão judicial, ainda válida, que suspendeu a Licença de Construção (LI) de Belo Sun. CONTATOS Cecilia Garcia, International Rivers, +55 11 97290-6686, [email protected] Camila Rossi, Amazon Watch, +55 11 98152-8476, [email protected]  

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Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Indígenas, Minería

Alerta a inversores: Belo Sun difunde información engañosa sobre un controversial proyecto de minería de oro en la Amazonía brasileña

En una queja presentada ante la Comisión de Valores de Ontario, una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil llama la atención sobre la reiterada difusión de información engañosa por parte de Belo Sun Mining Corp. (TSXV:BSX), incluidas las declaraciones de su presidente ejecutivo, Peter Tagliamonte, en las que resta importancia a los riesgos socioambientales, legales y financieros de "Volta Grande", proyecto de la empresa ubicado a lo largo del río Xingú.   La empresa minera canadiense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) difunde información engañosa e incompleta a los inversores sobre el proyecto minero que pretende desarrollar en el río Xingu (Volta Grande do Xingu), en el estado de Pará, Brasil. Este es el mensaje central de una carta de advertencia enviada a la Comisión de Valores de Ontario (OSC) el 29 de julio por una coalición internacional de organizaciones y redes de la sociedad civil que incluye a Amazon Watch, Earthworks, el Instituto Socioambiental (ISA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, MiningWatch Canada, el Movimento Xingú Vivo para Siempre y la Rede Xingu+. La OSC es una corporación independiente de la Corona canadiense a cargo de proteger a inversores y accionistas de prácticas injustas, indebidas y fraudulentas de empresas e industrias. Redactada por un equipo jurídico y respaldada por un análisis técnico y científico independiente, la carta de reclamación cuestiona las recientes declaraciones de Peter Tagliamonte, presidente ejecutivo de Belo Sun. En un discurso pronunciado en el evento de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en marzo de 2021, la mayor convención minera del mundo, Tagliamonte citó la pandemia de COVID-19 como justificación de los retrasos frecuentes de la licencia ambiental de la mina Volta Grande, afirmando que el proyecto minero estaba "totalmente autorizado" y que se esperaba que la construcción comenzara a finales de 2021. Comentarios similares se han hecho en recientes declaraciones de la empresa y por el propio Tagliamonte en otras ocasiones. Según la queja, estas declaraciones son manifiestamente falsas. Hay siete acciones civiles públicas activas en tribunales brasileños que piden la suspensión de los permisos y del proceso de concesión de licencias, presentadas por las fiscalías y defensorías federales y estatales. Estas demandas se centran específicamente en las irregularidades de la evaluación de impacto ambiental (EIA) y en la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado con pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. La coalición sostiene que existen pruebas contundentes de que Belo Sun ha incumplido los requisitos de divulgación de la Ley de Valores, que exige a las empresas comunicar los cambios sustanciales “inmediatamente” (sin demora). Las empresas deben difundir datos reales y actualizados para mantener bien informados a los inversores. Información engañosa divulgada por Belo Sun Mining Corp. De acuerdo con la queja, aunque la empresa reconoce los riesgos generales asociados al proceso de concesión de licencias, no revela los detalles concretos de las acciones legales y las suspensiones en juego relacionadas con su proyecto, confiando en la falta de conocimiento de los inversores sobre la legislación de Brasil en materia de licencias. Un ejemplo se refiere específicamente a la suspensión de la licencia de construcción (LI) debido a la falta de "consulta libre e informada" con los pueblos indígenas. En su actualización corporativa más reciente, Belo Sun afirma que "sigue avanzando en las discusiones financieras con varios grupos para preparar el inicio de la construcción tras el levantamiento de la suspensión de la licencia de construcción (LI)". "La empresa ni siquiera ha iniciado un proceso de consulta —que ahora está retrasado por la COVID-19— y ya está anunciando el levantamiento de la suspensión, como si fuera cuestión de tiempo", dice Marcella Ribeiro, abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. "La empresa no está en condiciones de garantizar los resultados del proceso de consulta ya que las negociaciones en torno al consentimiento llevan mucho tiempo e indudablemente darán lugar a cambios importantes en el proyecto. Nada de esto ha sido comunicado adecuadamente a los inversores", añade. Entre los riesgos asociados a las inversiones en Belo Sun, la reclamación resalta el historial de procesos judiciales, la conflictividad en torno al proyecto, las deficiencias y lagunas de la evaluación de impacto ambiental, y la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. La minimización de los riesgos ambientales y sociales en los estudios y evaluaciones de impacto de la empresa ha encendido las alarmas entre las comunidades de la región de la Volta Grande, ya afectadas por la represa hidroeléctrica Belo Monte. Una serie de estudios técnicos independientes ponen en duda las afirmaciones de Belo Sun sobre los impactos en los recursos hídricos, la fauna y la flora, y respecto de la seguridad de la presa de relaves. La negativa de la empresa a reconocer los impactos en los territorios indígenas ubicados a lo largo del río Xingú condujo a la decisión judicial de 2017 que suspendió la licencia de instalación del proyecto Volta Grande hasta que se lleve a cabo una "consulta libre e informada". Además, son cada vez más las denuncias sobre intimidación y acoso contra las personas que se oponen al proyecto, lo que demuestra una situación mucho más compleja y conflictiva como resultado del proyecto de lo que la empresa ha informado, se resalta en la queja. La coalición concluye que "Belo Sun no ha comunicado plenamente a los inversores actuales y potenciales la naturaleza compleja de su proyecto", lo que tiene una "implicación directa en los retrasos y plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad del proyecto".  La carta entregada a la OSC tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las numerosas irregularidades del proyecto y sensibilizar a los inversores actuales y potenciales sobre los importantes riesgos legales y de reputación que conlleva el proyecto, en un momento en el que la atención se centra en la selva amazónica y en su capacidad para brindar servicios ambientales y mitigar el cambio climático. Acerca del proyecto Volta Grande de Belo Sun Propuesto para ser implementado a lo largo de la Volta Grande, un tramo del río Xingú (uno de los principales afluentes del Amazonas) y una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, el proyecto de Belo Sun sería la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. En la región viven pueblos indígenas como los Juruna (Yudjá), Arara y Xikrin, además de otras comunidades indígenas y ribereñas aisladas. Desde el principio, Belo Sun ha enfrentado numerosas demandas relativas al proyecto Volta Grande presentadas por el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público Estatal, la Defensoría Pública Estatal y la Defensoría Pública de la Unión. Estas demandas aluden a las múltiples fallas en el proceso de licenciamiento y en los estudios técnicos del proyecto. Entre otras cosas, las demandas buscan la anulación de las licencias de la empresa y la suspensión del proceso de autorización del proyecto. Una de ellas dio lugar a una decisión judicial, aún vigente, de suspender la licencia de construcción. contactos de prensa Viviana Herrera, MiningWatch Canada, ​[email protected] Camila Rossi, Amazon Watch, [email protected] Cecilia Garcia, International Rivers, [email protected] Victor Quintanilla, AIDA, [email protected]  

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Fortalecimiento de Capacidades, Minería, Cambio Climático

Seminario web "Una Transición de Materiales: La Minería y la Transición a las Energías Renovables"

Presentación de A Material Transition, una investigación de War on Want en la que se examinan las repercusiones de la creciente demanda de los minerales necesarios para dejar atrás los combustibles fósiles, y lo que se puede hacer para afrontar esos impactos a través de las cadenas de suministro a nivel global y para reducir la demanda no sostenible.   Panelistas Andy Whitmore: Investigador especializado en industrias extractivas y derechos de los pueblos indígenas. Copresidente, administrador y miembro fundador de la London Mining Network. Sebastian Ordóñez Muñoz: Migrante colombiano residente en el Reino Unido. Responsable de Programas para América Latina en War on Want. Moderó: Andrés Ángel, Asesor Científico, AIDA.   gRABACIÓN   Presentaciones 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Andy Whitmore:   Material de referencia A Material Transition: Exploring supply and demand solutions for renewable energy minerals Impactos a perpetuidad. El legado de la minería  

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