Minería

Paisaje desértico en La Guajira, Colombia.

September 12 2023 Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Ampliar la minería de carbón en Colombia contradice una transición energética justa

Colombia enfrenta hoy numerosos desafíos relacionados con la necesaria transición energética justa. Al ser el principal exportador de carbón térmico de América Latina, uno de sus retos prioritarios es definir el futuro del mineral en las matrices económicas y energéticas del país, así como la manera de alinear ese sector con sus obligaciones en materia de gestión de la crisis climática global. Sin duda, las medidas que se adopten para avanzar hacia la transición energética justa y el cumplimiento de los compromisos climáticos deben respetar y garantizar los derechos humanos. El Estado debe hacerlo con una perspectiva diferenciada respecto a los grupos más vulnerables de la sociedad, los mayormente afectados por los efectos de la crisis climática y por los procesos de transición. El gobierno actual, como parte de su plan para modificar la estrategia de transición energética, ha propuesto la construcción de una hoja de ruta enfocada en promover proyectos de energías renovables de fuentes no convencionales, entre otras iniciativas. La propuesta tiene cuatro principios: equidad, participación social y vinculante, gradualidad soberana con confiabilidad y un principio de conocimiento. Aunque la estrategia planteada puede considerarse un avance hacia la transición energética y al cumplimiento de compromisos y estándares internacionales, tiene vacíos preocupantes: no se enfoca lo suficiente en la sustitución de combustibles fósiles y evade el rol e impactos generados por el sector carbón en todas sus fases. Dejar fuera las causas estructurales de la crisis climática obstaculiza la consolidación de un proceso de transición energética que es hoy un escenario en disputa con diversas reivindicaciones e intereses en juego. Un claro ejemplo es lo que ocurre en el departamento de La Guajira, al norte del país, donde confluyen un alto potencial para las energías renovables y la extracción del 35% del carbón que se exporta, actividad que profundiza la crisis climática. Ello ha incrementado la de por sí alta vulnerabilidad climática de la región y agravado la vulneración de derechos humanos en ese territorio. El impacto ha sido tal —sobre todo en términos de estrés hídrico, desertificación y disminución de precipitaciones— que el gobierno decretó Estado de Emergencia Económica, Social y Ambiental en La Guajira, donde se prevé la llegada del fenómeno de El Niño con una intensidad y duración más altas que en años anteriores. El rol del sector carbón en el proceso de transición Combatir y gestionar la crisis climática implica mínimamente avanzar en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, además de frenar la expansión de su extracción y explotación, con la consecuencia evidente de restringir al máximo su uso. Los impactos en derechos humanos y en el clima global del sector carbón, así como los conflictos socioambientales que ha generado, han hecho que el mundo replantee el uso y comercialización del mineral. Así, en los países del sur global con alta dependencia de la extracción y comercialización de combustibles fósiles, se han iniciado discusiones acerca de si avanzar y de qué manera en el proceso de sustitución. En el caso colombiano, si el país quiere avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones climáticas y en el proceso de transición energética justa, es necesario dejar de autorizar nuevos proyectos de minería de carbón térmico, evitar la ampliación de los ya existentes y empezar procesos de salida responsable para un cierre minero progresivo y donde se garanticen derechos. La hoja de ruta del proceso de transición energética debe centrarse en evitar al máximo los impactos en los derechos humanos (territoriales, de subsistencia y ambientales) de las comunidades más vulnerables a los efectos de la crisis climática. De lo que se trata es de evitar nuevas violaciones de derechos humanos y una desprotección de los territorios atravesados por la cadena productiva del sector carbón. El debate en torno a la transición energética y los conflictos socioambientales asociados al carbón se ejemplifica plenamente en el caso del arroyo Bruno, en La Guajira, con un proceso jurídico vigente. Está en manos de la Corte Constitucional decidir entre la protección de un arroyo vital para una zona de alto estrés hídrico y la explotación de su cauce para expandir la mina de la empresa Carbones del Cerrejón (propiedad de la multinacional Glencore). Lo que está en juego es la garantía de los derechos de acceso al agua, a la salud y a la vida de las comunidades Wayúu. Lo que la transición justa sí necesita Tras analizar el rol del carbón en el proceso de la transición energética justa en Colombia, es posible concluir que el país no está cumpliendo sus compromisos climáticos porque no ha establecido medidas y acciones específicas para el sector carbón en su política de cambio climático. Si Colombia quiere avanzar en la sustitución de combustibles fósiles, la política de cambio climático y el proceso de transición energética no pueden desligarse del seguimiento y toma de decisiones que las autoridades competentes adopten respecto de proyectos específicos del sector carbón. La gestión del cambio climático y el proceso de transición energética deben reconocer las reivindicaciones de justicia, reparación y no repetición, exigidas por las comunidades afectadas por años de extracción de carbón, como las ubicadas en el departamento de La Guajira. En un escenario de transición energética justa deben garantizarse —junto con las comunidades afectadas—procesos de cierre minero progresivos, participativos e inclusivos, encaminados a generar escenarios de diversificación y reconversión en las regiones con alta dependencia del sector carbón. Actuar bajo ese marco es deseable y posible.

September 06 2023 Derechos Indígenas, Minería, Transparencia y Rendición de Cuentas

Desmascarando o Canadá na Revisão Periódica Universal da ONU

No marco do 4o Ciclo da Revisão Periódica Universal (RPU) do Canadá, mais de 50 organizações da sociedade civil e comunidades afetadas pela conduta empresarial canadense na América Latina e no Caribe, elaboraram três informes que expõem riscos preocupantes à vida e ao meio ambiente. Informe Regional: Detalha a situação de 37 projetos em 9 países da região, nos quais 34 empresas e consórcios canadenses estão envolvidos. A predominância é do setor extrativista, com 27 projetos de mineração e 8 de petróleo, além de dois voltados para energia renovável (um hidrelétrico e um eólico). Em todos esses empreendimentos, houve violações de direitos humanos e significativos impactos ambientais, prejudicando comunidades indígenas, afrodescendentes, rurais e pesqueiras. Informe Amazônico: Avalia a atuação das empresas canadenses na bacia amazônica abrangendo Brasil, Equador, Colômbia e Peru. O estudo aborda 12 projetos extrativistas que impactam ecossistemas sensíveis e comunidades indígenas. As evidências apontam que tais empresas, de forma recorrente, infringem os direitos humanos das comunidades locais e comprometem a integridade ambiental da região de maior biodiversidade do planeta, crucial para o combate à crise climática. Informe Petroleiro: Analisa o comportamento de empresas canadenses em oito projetos petrolíferos situados na Colômbia, Equador e Peru. Revela a urgência da implementação de mecanismos de proteção, acesso à justiça e reparação integral para as comunidades e os povos afetados. Ressalta a necessidade do Canadá reconhecer a estreita relação entre os direitos humanos e o meio ambiente, adotando medidas eficazes para mitigar os impactos adversos causados por suas corporações. É importante destacar que esta não é a primeira vez que o Canadá enfrenta denúncias no Sistema Universal das Nações Unidas devido às práticas de suas empresas em territórios estrangeiros. Durante o 3o ciclo da Revisão Periódica, foram feitas seis recomendações ao Canadá, abordando, entre outras questões, a garantia essencial e proteção dos direitos humanos por suas empresas. Entretanto, como demonstrado nesses relatórios, o país, mesmo após comprometerse a atender essas recomendações, falhou consistentemente em cumprir suas obrigações extraterritoriais, não adotando medidas eficazes para monitorar as atividades corporativas tanto internamente quanto além de suas fronteiras. Leia e baixe o Informe Regional (em espanhol) Leia e baixe o Informe Amazônico (em inglês) Leia e baixe o Informe Petroleiro (em espanhol)

August 31 2023 Derechos Indígenas, Minería, Transparencia y Rendición de Cuentas

Empresas canadenses cometem série de violações de direitos humanos na América Latina, aponta relatório

Genebra - Foi apresentado hoje o relatório "Desmascarando o Canadá às Nações Unidas: Violações de Direitos em Toda a América Latina" durante a pré-sessão do Processo de Revisão Periódica Universal (RPU) das Nações Unidas em Genebra, que ocorre de 28 de agosto a 1 de setembro. Este documento foi entregue por uma delegação que inclui líderes indígenas do Brasil e da Colômbia, uma líder comunitária da Volta Grande do Xingu e demais representantes da sociedade civil latino-americana. As principais organizações indígenas do Brasil, APIB e COIAB, compõem a delegação. O relatório é resultado do trabalho de mais de 50 organizações que organizaram três documentos críticos (Informe Regional, Informe Amazônico e Informe Petroleiro), os quais, juntos, cobram responsabilidade por abusos corporativos associados a 37 projetos canadenses distribuídos por 9 países da América Latina e do Caribe. Das conclusões principais, destaca-se que 32 projetos violam o direito a um ambiente limpo, saudável e sustentável, como o caso da Frontera Energy, no Peru, responsável por 105 derramamentos de petróleo. Outros 26 projetos desrespeitam o direito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado de comunidades impactadas, evidenciado nas táticas divisionistas usadas no projeto Warintza do Equador pela Solaris Resources Inc. Adicionalmente, 19 projetos infringem os direitos econômicos, sociais e culturais, como o impedimento ao acesso à alimentação e à manutenção de atividades econômicas tradicionais, visto no Projeto Volta Grande pela mineradora canadense Belo Sun no Pará, Brasil. Outros 16 impactam os direitos políticos e civis, gerando situações de risco para os defensores, como a militarização dos territórios, abuso pelas forças públicas em prol dos interesses empresariais e a criminalização desses defensores. "Viemos aqui para denunciar o envolvimento das empresas canadenses em violações de direitos humanos no Brasil, particularmente o caso da mineradora Belo Sun, no Pará, que almeja estabelecer a maior mina de ouro a céu aberto do país. Embora o Canadá se promova como defensor dos direitos humanos e do meio ambiente, suas ações contradizem seu discurso, especialmente ao violar os direitos dos povos indígenas no Brasil. A discrepância fica clara quando sabemos que o Canadá não assinou a convenção 169 da OIT. Por isso, esperamos que os estados com os quais estamos em diálogo reconheçam essa realidade e pressionem o Canadá a reformular a atuação de suas corporações, buscando uma ação concreta em defesa dos povos indígenas e comunidades tradicionais", afirma Maurício Terena, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB. A Revisão Periódica Universal (RPU) é um processo que acontece a cada quatro anos, no qual todos os estados membros da ONU avaliam os registros de direitos humanos de seus pares. Este ano, a avaliação do Canadá será em 10 de novembro de 2023. Espera-se que os Estados membros considerem e incluam as recomendações feitas pela sociedade civil latino-americana. Dentre as sugestões apresentadas, destaca-se a necessidade do Canadá introduzir uma legislação vinculativa e abrangente centrada na devida diligência e responsabilidade corporativa. Isso inclui a supervisão de instituições financeiras e corporações canadenses ao longo de suas cadeias de fornecimento globais, com o objetivo de prevenir, mitigar e penalizar irregularidades corporativas, garantindo que vítimas dessas práticas no exterior possam buscar justiça e reparação completa. "Esperamos que o processo da RPU se consolide como mais uma estratégia em nossa defesa dos direitos dos povos indígenas, atuando como instrumento de proteção dos direitos humanos, indígenas e ambientais. É essencial reconhecer que as corporações envolvidas em tais violações estão cometendo atos criminosos. Essas ações não devem ser vistas apenas como atos isolados, mas sim em uma escala mais ampla, pois ao violar os direitos indígenas, impacta-se toda a humanidade. Assim, além das legislações nacionais e internacionais, essas infrações devem ser consideradas sob uma ótica mais abrangente. É essencial que os estados assumam o compromisso, dentro da ONU, de integrar um mecanismo global onde reconheçam a necessidade de monitorar e cobrar mutuamente ações que respeitem os direitos humanos, indígenas e ambientais", diz Kari Guajajara (Brasil), Assessora Jurídica, Organização Indígena Nacional da Amazônia Brasileira (COIAB). Esta não é a primeira vez que o Canadá enfrenta alegações dentro do Sistema Universal das Nações Unidas devido às atividades de suas corporações no exterior. Seis recomendações foram direcionadas ao Canadá durante o 3º ciclo da Revisão Periódica. Estas abordaram, entre outras preocupações, a garantia e proteção essencial dos direitos humanos pelas empresas canadenses. No entanto, mesmo após se comprometer a atender a essas recomendações, o Canadá falhou consistentemente em cumprir suas obrigações extraterritoriais, negligenciando tomar medidas efetivas para supervisionar atividades corporativas nacional e internacionalmente. "Nosso relatório revela a perturbadora realidade por trás dos empreendimentos corporativos do Canadá na América Latina. Enquanto o Canadá se gaba de uma conduta empresarial ética e se posiciona como "pró-clima", as evidências documentadas revelam a proteção do Canadá às indústrias extrativas responsáveis por significativos danos aos direitos humanos e ambientais - onde o lucro é priorizado sobre as pessoas e o meio ambiente", conclui Gisela Hurtado, gerente de Incidência Política da Amazon Watch. A delegação presente em Genebra é composta por Mauricio Terena da APIB; Maria Judite "Kari" Guajajara da COIAB; Josefa de Oliveira, Educadora Popular do Movimento Xingu Vivo Para Sempre; Lorena Aranha Curuaia, Vice-Presidente da Comunidade Iawá; e Brayan Mojanajinsoy Pasos, Secretário Geral da Associação de Conselhos Indígenas do Município de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP), e teve o apoio das organizações Amazon Watch, AIDA, Earthworks, Gaia e Ambiente y Sociedad. Resumo dos casos principais de empresas canadenses envolvidas em violações de direitos destacadas no relatório 1. Frontera Energy no Lote 192 no Peru: - Mais de 2.000 locais contaminados, afetando 26 comunidades indígenas amazônicas. - O plano proposto de encerramento da atividade não inclui reparações para as comunidades afetadas. 2. Mineradora Argentina Gold SRL (parceria entre Barrick Gold e Shandong Gold): - Responsável por pelo menos cinco vazamentos de substâncias tóxicas, incluindo cianeto e arsênio, no Rio Jáchal na Argentina a partir da mina Veladero. - O projeto viola a Lei dos Glaciares devido à sua localização em uma zona glacial e afeta o patrimônio mundial da biodiversidade reconhecido pela UNESCO, a Reserva San Guilhermo. 3. Projeto Volta Grande da Belo Sun no Brasil: - Impactos cumulativos com a hidrelétrica Belo Monte, localizada a menos de 10 km do local de mineração prospectado. - Forças de segurança armadas contratadas pela mineradora para monitorar líderes locais e impedir sua locomocação. - Total desrespeito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado de comunidades indígenas e ribeirinhas. - Riscos iminentes e irreversíveis de uma tragédia ambiental se resíduos tóxicos forem lançados no Rio Xingu devido a uma possível ruptura da barragem, dada a falta de estudos de segurança sísmica e de barragens de rejeitos. - Impacto direto nas comunidades, seus meios de subsistência tradicionais e ecossistemas locais. 4. Mina Varadero no Chile: - Contaminou fontes de água com mercúrio, impactando populações rurais e crianças. 5. Barragem Hidrosogamoso da ISAGEN - Brookfield Asset Management na Colômbia: - Prejudicou significativamente os ecossistemas e comunidades locais. 6. Projetos de mineração da American Lithium (Falchani, Macusani e Quelccaya) no Peru: - Liberam regularmente resíduos tóxicos, afetando mais de 700.000 pessoas e contaminando as bacias do Lago Titicaca e do Rio Amazonas. 7. Projeto de mineração Warintza da Solaris Resources Inc. no Equador: - Ignorou os direitos territoriais do povo indígena Shuar Arutam e adotou táticas divisionistas. 8. Projeto de mineração Ixtaca no México: - Suspenso devido a violações dos direitos indígenas. 9. Projeto de mineração El Pato II na Guatemala: - Afetou as comunidades maias Poqomam e mestiças sem a devida consulta prévia. 10. Projeto de mineração Mocoa da Libero Copper na Colômbia: - Prejudicou diretamente o território ancestral do povo Inga, violando seus direitos. 11. Projeto de extração de ouro Machado da Cosigo Resources LTD na Colômbia: - Impactou gravemente locais sagrados indígenas no território Yaigojé Apaporis. 12. Mina Pueblo Viejo da Barrick Gold na República Dominicana: - Forçou o deslocamento de 65 famílias locais devido à barragem de rejeitos El Llagal. 13. Projetos de mineração de La Plata pela Atico Mining Corporation e Las Naves pela Curimining S.A. (subsidiária da Adventus Mining Corporation) e Salazar Resources Limited no Equador: - Tentaram legalizar suas operações apesar de violarem leis nacionais e internacionais de direitos humanos, levando a confrontos e ferimentos. 14. Lote 95 da Petrotal no Peru: - Protestos exigindo direitos da comunidade resultaram em várias mortes pelas forças policiais que guardavam o campo de petróleo. 15. Equinox Gold no Brasil: - Ocultou dados sobre suas operações e impactos, incluindo uma ruptura de barragem. - 4.000 pessoas diretamente impactadas por resíduos tóxicos resultantes da ruptura da barragem que contaminaram rios amazônicos locais, violando o direito a um ambiente limpo e acesso adequado à água potável. - Criminalização de líderes comunitários locais que protestavam pelo direito à água. 16. Gran Tierra Energy no Equador: - Conduziu explorações nos blocos Charapa, Chanangué e Iguana sem o devido compartilhamento de informações às comunidades locais.

August 31 2023 Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Empresas canadienses cometen diversas violaciones a los derechos humanos en América Latina, señala informe

Ginebra. Hoy se presentó en Ginebra el informe Desenmascarando a Canadá: Violaciones de derechos en América Latina y el Caribe durante la presesión del Proceso del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas. Este documento fue entregado por una delegación que incluye líderes indígenas, comunidades locales y representantes de la sociedad civil latinoamericana. El informe es el resultado del trabajo de más de 50 organizaciones que presentaron tres documentos críticos (Informe Regional, Informe Amazónico e Informe Petrolero), que juntos demandan responsabilidad por abusos corporativos en 37 proyectos canadienses en nueve países de América Latina y el Caribe. Los hallazgos clave incluyen 32 proyectos que infringen el derecho a un medio ambiente limpio; con casos específicos de contaminación del aire, agua y tierra, como los 105 derrames de petróleo en el Bloque 192 de Perú por Frontera Energy. Además, se encontró que 26 proyectos violaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado y la consulta, como se vio en las tácticas divisorias empleadas en el proyecto Warintza de Ecuador por Solaris Resources Inc. Además, 19 proyectos violan derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo impactos en la seguridad alimentaria y las actividades económicas tradicionales en el proyecto Volta Grande de Brasil por causa de Belo Sun. Los informes también resaltan una violencia alarmante, con 16 proyectos violando los derechos civiles y políticos de personas defensoras ambientales, que llevaron a situaciones como la lesión de 20 personas en Perú, en julio de 2023. "Vinimos aquí para denunciar la participación de empresas canadienses en violaciones a los derechos humanos en Brasil, particularmente el caso de la minera Belo Sun, en Pará, que aspira a establecer la mina de oro a cielo abierto más grande del país. Aunque Canadá se promociona como defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, sus acciones contradicen su discurso, especialmente al violar los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. La incongruenncia es evidente cuando sabemos que Canadá no ha firmado el convenio 169 de la OIT. Debido a esto, esperamos que las misiones diplomáticas con las que estamos dialogando reconozcan esta realidad y presionen a Canadá para cambiar la actuación de sus corporaciones, buscando una acción concreta en defensa de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales", afirmó Maurício Terena, coordinador jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). El examen Periódico Universal (EPU) se lleva a cabo cada cuatro años. Es un procedimiento mediante el cual todos los estados miembros de la ONU evalúan el récord de derechos humanos de los gobiernos bajo evaluación. Este año, el EPU de Canadá se llevará a cabo el 10 de noviembre de 2023 en Ginebra. Se espera que los Estados miembros consideren e incluyan las recomendaciones hechas por la sociedad civil latinoamericana. Entre las sugerencias presentadas, destaca la necesidad de que Canadá introduzca una legislación vinculante y amplia centrada en la debida diligencia y responsabilidad corporativa. Esto incluye la supervisión de instituciones financieras y corporaciones canadienses a lo largo de sus cadenas de suministro globales, con el objetivo de prevenir, mitigar y sancionar irregularidades corporativas, asegurando que las víctimas de estas prácticas en el extranjero puedan buscar justicia y reparación total. "Esperamos que el proceso del EPU se consolide como una estrategia más en nuestra defensa de los derechos de los pueblos indígenas, actuando como instrumento de protección de los derechos humanos, indígenas y ambientales. Es esencial reconocer que las corporaciones involucradas en tales violaciones están cometiendo actos criminales. Estas acciones no deben ser vistas solo como actos aislados, sino en una perspectiva más amplia, ya que al violar los derechos indígenas, se afecta a toda la humanidad. Es esencial que los estados asuman este compromiso, dentro de la ONU, de integrar un mecanismo global donde reconozcan la necesidad de monitorear y exigir acciones que respeten los derechos humanos, indígenas y ambientales", manifestó Kari Guajajara (Brasil), asesora jurídica de la Organización Indígena Nacional de la Amazonía Brasileña (COIAB). Esta no es la primera vez que Canadá enfrenta alegaciones dentro del Sistema de las Naciones Unidas debido a las actividades de sus corporaciones en el extranjero. Seis recomendaciones fueron dirigidas a Canadá durante el tercer ciclo de la Revisión Periódica. Estas abordaron, entre otras preocupaciones, garantizar y proteger los derechos humanos esenciales por parte de las empresas canadienses. Sin embargo, incluso después de comprometerse a cumplir estas recomendaciones, Canadá ha fallado consistentemente al cumplir con sus obligaciones extraterritoriales sin tomar medidas efectivas para supervisar actividades corporativas a nivel nacional e internacional. "Nuestro informe revela la inquietante realidad detrás de las compañías canadienses en América Latina. Mientras Canadá presume de una conducta empresarial ética y se posiciona como "pro-clima", las evidencias documentadas muestran que Canadá protege a las industrias extractivas responsables de significativos impactos a los derechos humanos y ambientales, donde las ganancias se priorizan sobre las personas y el medio ambiente", concluye Gisela Hurtado, Oficial de Incidencia Política de Amazon Watch. La delegación presente en Ginebra está compuesta por Mauricio Terena de APIB; Maria Judite "Kari" Guajajara de COIAB; Josefa de Oliveira, Educadora Popular del Movimiento Xingu Vivo Para Siempre; Lorena Aranha Curuaia, Vicepresidenta de la Comunidad Iawá; y Brayan Mojanajinsoy Pasos (Colombia), Secretario General de la Asociación de Consejos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP). Y contó con el apoyo de las organizaciones Amazon Watch, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthworks, Gaia y Ambiente y Sociedad. Resumen de los principales casos de empresas canadienses involucradas en violaciones de derechos destacadas en el informe 1. Frontera Energy en el Lote 192 en Perú: - Más de 2.000 lugares contaminados, afectando a 26 comunidades indígenas amazónicas. - El plan de cierre de actividad propuesto no incluye reparaciones para las comunidades afectadas. 2. Minera Argentina Gold SRL (alianza entre Barrick Gold y Shandong Gold): - Responsable de al menos cinco derrames de sustancias tóxicas, incluyendo cianuro y arsénico, al río Jáchal en Argentina desde la mina Veladero. - El proyecto viola la Ley de Glaciares debido a su ubicación en una zona glaciar y afecta al patrimonio mundial de la biodiversidad reconocido por la UNESCO, la Reserva San Guilhermo. 3. Proyecto Volta Grande de Belo Sun en Brasil: - Impactos acumulativos con la represa hidroeléctrica Belo Monte, ubicada a menos de 10 km del sitio de minería proyectado. - Fuerzas de seguridad armadas contratadas por la empresa minera para vigilar líderes locales y restringir su movimiento. - Total desconocimiento al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y ribereñas. - Riesgos inminentes e irreversibles de una tragedia ambiental si los residuos tóxicos se vierten en el río Xingu debido a una posible rotura de la presa, dada la falta de estudios de seguridad sísmica y de presas de relaves. - Impacto directo en las comunidades, sus medios de vida tradicionales y ecosistemas locales. 4. Mina Varadero en Chile: - Contaminó fuentes de agua con mercurio, afectando a poblaciones rurales y a niños y niñas. 5. Represa Hidrosogamoso de ISAGEN - Brookfield Asset Management en Colombia: - Causó daños significativos a los ecosistemas y comunidades locales. 6. Proyectos mineros de American Lithium (Falchani, Macusani y Quelccaya) en Perú: - Liberan regularmente residuos tóxicos, afectando a más de 700.000 personas y contaminando las cuencas del lago Titicaca y del río Amazonas. 7. Proyecto minero Warintza de Solaris Resources Inc. en Ecuador: - Ignoró los derechos territoriales del pueblo indígena Shuar Arutam y adoptó tácticas divisionistas. 8. Proyecto minero Ixtaca en México: - Suspendido debido a violaciones de los derechos indígenas. 9. Proyecto minero El Pato II en Guatemala: - Afectó a las comunidades mayas Poqomam y mestizas sin la consulta previa adecuada. 10. Proyecto minero Mocoa de Libero Copper en Colombia: - Afectó directamente el territorio ancestral del pueblo Inga, violando sus derechos. 11. Proyecto de extracción de oro Machado de Cosigo Resources LTD en Colombia: - Impactó gravemente sitios sagrados indígenas en el territorio Yaigojé Apaporis. 12. Mina Pueblo Viejo de Barrick Gold en República Dominicana: - Obligó al desplazamiento de 65 familias locales debido a la presa de desechos El Llagal. 13. Proyectos mineros de La Plata por Atico Mining Corporation y Las Naves por Curimining S.A. (una subsidiaria de Adventus Mining Corporation) y Salazar Resources Limited en Ecuador: - Intentaron legalizar sus operaciones a pesar de violar leyes nacionales e internacionales de derechos humanos, lo que llevó a enfrentamientos y lesiones. 14. Lote 95 de Petrotal en Perú: - Protestas demandando derechos de la comunidad resultaron en varias muertes por las fuerzas policiales que protegían el campo petrolero. 15. Equinox Gold en Brasil: - Ocultó datos sobre sus operaciones e impactos, incluido un rompimiento de presa. - 4.000 personas directamente afectadas por residuos tóxicos provenientes de la ruptura de la presa que contaminaron ríos amazónicos locales, violando el derecho a un ambiente limpio y acceso adecuado al agua potable. - Criminalización de líderes comunitarios locales que protestaban por el derecho al agua. 16. Gran Tierra Energy en Ecuador: - Llevó a cabo exploraciones en los bloques Charapa, Chanangué e Iguana sin la debida divulgación de información a las comunidades locales.

August 28 2023 Minería, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Voces buscando justicia para la comunidad de La Oroya

La situación de la comunidad de La Oroya en Perú, afectada por décadas de contaminación tóxica y por la falta de medidas eficaces para combatirla por parte del Estado, no es una excepción en América Latina. Lamentablemente, hay en el continente muchas zonas de sacrificio ambiental y social en las que se desarrollan actividades altamente contaminantes —como la del complejo metalúrgico de La Oroya— y pobremente supervisadas por las autoridades llamadas a garantizar la vida, la salud, la integridad personal y otros derechos humanos. La importancia del caso responde precisamente a estas realidades y trasciende el contexto peruano para representar la oportunidad histórica de sentar un precedente clave para todo el continente. A ello apuntan las miradas puestas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene pendiente emitir un fallo respecto de la responsabilidad del Estado peruano y las medidas de reparación para las personas afectadas. A la espera de la decisión, escucha los testimonios de quienes han sido parte de la búsqueda de justicia para La Oroya. Son voces que demuestran la gravedad de los daños causados, que dan cuenta que el camino en busca de reparación ha sido largo, pero fructífero. Son voces que expresan la urgencia de garantizar un futuro mejor para residentes de La Oroya y, en últimas, el goce efectivo del derecho a un ambiente sano en el continente. 1. Yolanda Zurita, peticionaria en el caso "Comunidad de La Oroya vs. Perú" ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 2. Anna Cederstav, directora ejecutiva adjunta y directora financiera de AIDA: 3. Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA:

August 03 2023 Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Cúpula da Amazônia: 6 propostas para preservar a floresta por meio da cooperação regional

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, um ecossistema megadiverso e um estabilizador climático global que desempenha um papel fundamental no ciclo da água na América do Sul. Além disso, a região abriga centenas de povos indígenas, ribeirinhos e comunidades locais. Apesar de sua riqueza e importância cultural, a Amazônia está ameaçada pela colonização e apropriação de terras, desmatamento, incêndios e atividades extrativistas, entre outras coisas. Como a região é compartilhada por oito países - Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela - e pela Guiana Francesa (território ultramarino francês), sua preservação exige esforços regionais. O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), assinado em 1978 pelos oito países amazônicos, promove o desenvolvimento sustentável dos territórios amazônicos com foco na cooperação e na pesquisa científica. Em 1998, com uma emenda ao tratado, os países criaram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) para fortalecer e aprimorar o processo de cooperação. A OTCA é hoje o único bloco socioambiental da América Latina e a arena mais importante para estabelecer uma forte coordenação regional para preservar o bioma amazônico. Entretanto, essa organização intergovernamental ainda não atingiu seu potencial. Ela tem enfrentado obstáculos de financiamento, dependendo de fontes internacionais em várias ocasiões. Por outro lado, não permitiu a participação efetiva da sociedade civil. Nos dias 8 e 9 de agosto, a cidade de Belém do Pará, no Brasil, sedia a Cúpula da Amazônia 2023 - a quarta reunião dos presidentes dos Estados que compõem o TCA. Diante da oportunidade que essa reunião representa para revitalizar a OTCA em prol dos territórios amazônicos, apresentamos 6 propostas para preservar esse ecossistema por meio da cooperação regional. 1. Reformar os órgãos da OTCA para permitir a participação pública É urgente atualizar o TCA e restaurar a OTCA para garantir a ampla participação da sociedade civil, incluindo as reuniões dos órgãos de governança da OTCA e a criação de sua Agenda Estratégica para a Cooperação Amazônica. As atas dessas reuniões devem ser tornadas públicas. Essas e outras medidas são essenciais para que os estados amazônicos cumpram suas obrigações nos termos do Acordo de Escazú, um tratado regional que reconhece o direito do público de acessar informações sobre questões ambientais. 2. Promover a inclusão, o diálogo e a coordenação com os habitantes da região Os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas e as comunidades locais que vivem na Amazônia têm desempenhado um papel fundamental na sua proteção. Ao longo dos séculos, seus conhecimentos têm possibilitado a conservação da floresta. Portanto, os esforços para preservar esse ecossistema devem começar pelo reconhecimento, valorização e proteção dessa rede de conhecimento ancestral, promovendo sua participação na tomada de decisões e garantindo seus direitos, de acordo com os tratados internacionais para a proteção dos direitos humanos. 3. Proteção dos defensores ambientais Quatro dos países amazônicos - Brasil, Colômbia, Equador e Peru - estão entre os países com os maiores riscos para os defensores ambientais e territoriais, especialmente os defensores indígenas e ribeirinhos. Apesar disso, a OTCA não tem uma estratégia para lidar com essa grave situação. A Organização deve garantir aos defensores ambientais um ambiente seguro e favorável para seu trabalho, tarefa que também deve incluir um programa para a proteção das mulheres defensoras na Amazônia. 4. Combate efetivo ao uso de mercúrio na mineração de ouro O uso de mercúrio na mineração de ouro em pequena escala é devastador para as comunidades e os ecossistemas da Amazônia. Em nível regional, a OTCA deve adotar uma resolução ou um programa para tratar diretamente dessa questão. E, em nível internacional, os Estados membros devem agir como um bloco para pressionar por emendas à Convenção de Minamata sobre Mercúrio, de modo que o tratado proíba a comercialização do metal pesado e seu uso na mineração de ouro em pequena escala. 5. Providenciar a execução dos acordos ambientais internacionais Com base em uma estratégia regional de reconhecimento do direito ambiental internacional para a proteção da Amazônia e de seus habitantes, a OTCA deve assessorar os Estados Partes para o cumprimento de tratados ambientais, como a Convenção sobre Diversidade Biológica. Também deve apoiar os Estados na inclusão de localidades, sistemas de conhecimento, tradições e expressões culturais de comunidades ribeirinhas e povos indígenas que estejam ameaçados e em listas de atenção e apoio internacional prioritário, como as Reservas da Biosfera e o Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, bem como as Zonas Úmidas de Importância Internacional da Convenção de Ramsar. 6. Promover uma visão diferente de desenvolvimento para a região amazônica A OTCA deve promover uma visão de desenvolvimento que leve em conta as comunidades e inclua os problemas de desmatamento, queimadas e a expansão da fronteira extrativista por meio da integração internacional. Também é necessário articular esforços regionais para deter a expansão da fronteira petrolífera e defender o estabelecimento de uma moratória para a extração de combustíveis fósseis na Amazônia. Além disso, deve promover reformas legais que desencorajem a expansão da mineração ilegal e seus impactos. Olhando para o futuro A floresta amazônica e o potencial de cooperação regional para preservá-la estão em um momento crítico. O ponto de não retorno para a Amazônia - o ponto em que os níveis de desmatamento superam sua capacidade de regeneração - não é mais um cenário futuro. Entretanto, após vários anos de pouca ação dentro da OTCA, a Cúpula Amazônica deste ano e a reativação do Parlamento Amazônico em 2022 renovam a esperança de cooperação regional para preservar a floresta. Na mesma linha, os presidentes do Brasil e da Colômbia anunciaram recentemente suas metas para conter o desmatamento ilegal nos territórios amazônicos até 2030. Considerando as ameaças atuais à Amazônia e a obrigação da OTCA de promover a cooperação regional, seus Estados membros deveriam aproveitar esse momento para providenciar à organização um financiamento mais regular e permanente. Isso é necessário para implementar programas eficazes de longo prazo e, especialmente, para implementar essas seis propostas. A sociedade civil também deve aproveitar ao máximo as oportunidades de advocacy com a OTCA e seus órgãos, incluindo a participação nos Diálogos Amazônicos, que serão realizados de 4 a 6 de agosto como um prelúdio da Cúpula. Os esforços conjuntos regionais e transfronteiriços são suficientemente poderosos para salvar um ecossistema vital para a região e para o mundo. VERSÃO EM ESPANHOL

July 26 2023 Minería, Cambio Climático, Derechos Humanos

La sentencia que ordena mejorar la gestión climática en Colombia

Texto publicado originalmente en La Silla Vacía El pasado 6 de julio, en lo que representa una victoria climática, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio el primer paso para que tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como el Ministerio de Minas y Energía adopten —en un plazo de seis meses— las medidas necesarias para incluir los impactos del sector carbón, y de otros sectores, en la gestión de la crisis climática en Colombia. “[…] debido a la prioridad de las acciones climáticas en la agenda pública, nacional e internacional, su falta de implementación cinco años después de expedida la Ley 1931 de 1918 constituye una violación del plazo razonable […]”, se lee en el fallo del tribunal, dictado como respuesta en primera instancia a una acción de cumplimiento. Así, la sentencia constituye además un precedente importante para la justicia climática en América Latina pues es la primera vez en la región que un tribunal dispone que las autoridades encargadas de gestionar la crisis climática, así como de autorizar y hacer seguimiento a los proyectos mineros, tienen un plazo determinado para adoptar acciones climáticas específicas, establecidas en la ley y cuyo cumplimiento tiene años de retraso. A nivel nacional, el fallo es un precedente relevante porque apunta a que la política pública sea ajustada y complementada. Además, en el marco de su implementación, puede aportar a la garantía de derechos de las comunidades directamente afectadas por la minería de carbón, quienes por décadas han denunciado impactos climáticos (y otros) derivados de esta actividad. Es el caso de comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes en La Guajira, afectadas por el desvío del arroyo Bruno para la expansión de la mina El Cerrejón. Es en esa zona donde se registran los índices más elevados de vulnerabilidad climática del país. De ejecutarse las medidas establecidas en la sentencia, las entidades estatales deberán perfeccionar los instrumentos de seguimiento y control para evitar que los impactos climáticos asociados a grandes proyectos mineros afecten desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables. ¿Qué ordenó específicamente el tribunal? En virtud de la sentencia, los ministerios en cuestión deben: Exigir la identificación de impactos climáticos en los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos mineros; Generar y recopilar los insumos de información necesarios para la actualización de los inventarios de gases de efecto invernadero (GEI); Formular, implementar y hacer seguimiento a los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales y a su articulación con los demás instrumentos de planificación del territorio y del desarrollo; Regular y establecer procedimientos de control y seguimiento para la verificación, certificación y registro de las emisiones, para la reducción de emisiones y para la remoción de GEI; Incorporar en los instrumentos sectoriales de planificación existentes y futuros, acciones orientadas a alcanzar las metas nacionales en materia de mitigación; y Exigir el reporte obligatorio de emisiones de GEI a las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas en el marco del Reporte Obligatorio de Emisiones (ROE). ¿Cómo se construyó la acción judicial que dio lugar al fallo? Colombia es el principal exportador de carbón térmico de América Latina y es el país con mayores reservas de este mineral en la región. El uso del carbón es una de las principales causas de la profundización de la crisis climática a nivel global pues el 44% de las emisiones generadas por los combustibles fósiles es atribuible a este mineral. Al tiempo, la minería de carbón en Colombia ha afectado los derechos de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. Con esa preocupación en mente, las organizaciones que lideraron la estrategia legal de la acción de cumplimiento —la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR)— se dieron a la tarea de evaluar la política pública de cambio climático de Colombia, su ejecución por parte de las entidades encargadas y el rol del carbón en ella. El trabajo de construcción de la estrategia jurídica tomó más de un año. Inició con la documentación y revisión de normas y políticas sectoriales y de cambio climático para identificar los mecanismos, medidas y acciones que el Estado había diseñado y estaba ejecutando. Posteriormente, en un trabajo de investigación apoyado en solicitudes de información, indagamos ante las autoridades competentes —el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)— los avances y medidas concretas que se encontraban en ejecución. Del proceso anterior pudimos concluir que, si bien hay algunos avances en el cumplimiento de la política climática en el país, hay deficiencias estructurales en relación con la caracterización y manejo de impactos climáticos del sector carbón en el marco de la política pública general y en la obligación estatal de supervisión y fiscalización a los proyectos específicos del sector carbón. Los hallazgos de incumplimiento nos llevaron a solicitar a las autoridades, por medio de un escrito de constitución en renuencia (en el que se pide a las autoridades el cumplimiento de normas que están siendo incumplidas, dándoles un tiempo para que cumplan o prueben que han cumplido) la adopción de medidas para el cumplimiento de las normas identificadas. Ante la falta de respuesta efectiva a este requerimiento, quedamos habilitados para interponer, el 4 de mayo pasado, la acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En la acción se identificaron los artículos específicos que estaban siendo incumplidas de cuatros instrumentos normativos de la política climática colombiana: la Ley 1931 de 2018 (Ley de Cambio Climático), La Ley 2169 de 2021 (Ley de Carbono Neutralidad), la Resolución 408017 de 2021 del Ministerio de Minas y las Contribuciones Nacionales Determinadas 2020 de Colombia (con los compromisos asumidos por el país para la reducción de GEI y para la adaptación al cambio climático). Así, como respuesta a la estrategia descrita, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de primera instancia, acogió una parte de los argumentos presentados en la acción de cumplimiento y ordenó a los ministerios la adopción de acciones concretas para mejorar la gestión de la crisis climática en el país en un plazo de seis meses. ¿Por qué interponer una acción jurídica enfocada en el sector carbón? Dado el importante rol del carbón en la crisis climática, es evidente que la política y las metas climáticas de cualquier Estado —y más aun de uno en el cual el sector carbón es predominante— deben incluir la identificación, prevención y gestión de los impactos climáticos derivados de la extracción, transporte y quema del mismo. En el caso colombiano, pese a que el país exporta en promedio 75 millones de toneladas de carbón al año y genera el 9% de la energía a partir de este mineral, no existe en la normatividad nacional mecanismos o medidas para identificar, prevenir y gestionar los impactos climáticos de este sector. El carbón es el gran ausente de la política climática en el país. En tal escenario, y partiendo de las denuncias y la información generada por diversas organizaciones y comunidades a lo largo de los años, una coalición conformada por organizaciones de la sociedad civil, universidades y academia —AIDA, CAJAR, Censat Agua Viva, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), POLEN Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena y la investigadora Paola Yanguas— decidió construir una estrategia jurídica que permitiera exigir al Estado colombiano la inclusión del sector carbón en las metas y políticas de cambio climático en el país a fin de alcanzar mejores escenarios de justicia climática en Colombia y generar al mismo tiempo un precedente replicable en la región. ¿Qué sigue? El cumplimiento de las órdenes de la sentencia por parte de los ministerios requerirá un esfuerzo de creación de instrumentos y mecanismos de política pública de seguimiento y control, así como el fortalecimiento de sus capacidades internas. Sin embargo, dado que las órdenes del tribunal se refieren al cumplimiento de normas concretas que están vigentes, la ejecución de las mismas no demandará nuevos gastos presupuestales ni de procesos legislativos adicionales, por lo que su implementación dependerá en gran medida de la voluntad política del Estado. Debido a que el tribunal administrativo acogió solo parte de los argumentos descritos en la acción, presentamos una impugnación con el fin de que el Consejo de Estado se refiera a los argumentos que no fueron acogidos. Los ministerios también impugnaron la sentencia. Al ser una decisión tomada en la primera instancia del proceso, el Consejo de Estado está a cargo de emitir un fallo final, lo cual se espera que ocurra en agosto. El Alto Tribunal Administrativo tiene la oportunidad de aumentar la ambición climática de Colombia, al exigir a las entidades competentes la adopción de medidas urgentes, en un plazo determinado, para el cumplimiento de sus obligaciones climáticas vigentes.

July 19 2023 Arrecifes de coral, Océanos, Minería

México debe adoptar la moratoria a la minería oceánica con base en el enfoque precautorio

Ante la evidencia de los impactos graves e irreversibles de la minería submarina, México tiene la oportunidad de proteger su riqueza ecológica y adoptar una acción congruente con la protección del océano en el marco de la discusión internacional que se lleva a cabo actualmente acerca de la normativa y procedimiento para la exploración de yacimientos minerales en los fondos marinos. El océano profundo constituye casi el 50% de la superficie del planeta y es la reserva de alimento más grande del mundo. Al mismo tiempo, los fondos marinos contienen nódulos polimetálicos (concentraciones ricas en níquel, cobre, cobalto y manganeso principalmente), los cuales podrían aportar materias primas para la fabricación de baterías. En ese contexto, del 10 al 28 de julio se llevarán a cabo, en Kingston, Jamaica, las reuniones del Concejo y de la Asamblea de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés) para discutir la hoja de ruta de la normativa y procedimientos necesarios para explotar los yacimientos minerales de los fondos marinos, particularmente en la región conocida como Clarion-Clipperton, en donde actualmente existen 16 contratos de exploración. México es el país más cercano a estas exploraciones debido a que su zona económicamente exclusiva colinda directamente con la concesión de minería oceánica Ocean Mineral, de Singapur; ubicada a tan sólo 144 km de distancia del área natural protegida Pacífico Mexicano Profundo y a 290 km del Archipiélago Revillagigedo, Patrimonio Natural de la Humanidad. Existe evidencia científica acerca de los impactos graves e irreversibles de la minería submarina en las condiciones morfológicas de los fondos marinos. Por ejemplo, la pluma de sedimentos de las actividades mineras submarinas se dispersa en aproximadamente 140 km, por lo que impactaría directamente al territorio mexicano, afectando los patrones alimentarios de la fauna, sepultando incluso a algunas especies. Además, el dragado y remoción de la corteza marina afectaría directamente a los corales milenarios de Revillagigedo. Especies que viven en la oscuridad también podrían verse afectadas por la luminosidad de la actividad específica, a lo que se suman los efectos que la contaminación acústica tendría en especies como las ballenas y otras que se valen de la ecolocalización para su subsistencia. La minería en aguas profundas es también una amenaza para la salud humana. Ello se debe a la acumulación de toxinas provenientes de la pluma de sedimentos en las cadenas alimenticias de especies de consumo humano como el marlín, tiburones, calamar y túnidos. Además de las afectaciones descritas directamente en su territorio, México ha recalcado su interés en buscar la protección del océano y su biodiversidad. Lo ha hecho al clasificar al Archipiélago de Revillagigedo como Patrimonio Natural de la Humanidad ante la UNESCO, unirse al Panel de Alto Nivel por una Economía Oceánica Sostenible en 2021, publicar un año después la Estrategia de Instrumentación 2021–2024, y adherirse al Tratado Global de los Océanos recientemente en 2023. El Archipiélago es, además, el territorio soberano más cercano a la Zona Clarion-Clipperton. Las organizaciones de la sociedad civil firmantes exhortamos a las autoridades mexicanas a realizar una acción sensata y valiente: Adoptar una postura a favor de un enfoque precautorio, lo cual concuerda con una moratoria preventiva a la minería en aguas profundas. En el derecho internacional, cuando una actividad u obra propuesta pueda tener impactos negativos en los ecosistemas, es legítimo adoptar medidas de protección aún a falta de certeza científica absoluta. La mayoría de los países de América Latina que participan activamente en la negociación, promueven y apoyan detener la actividad hasta que exista suficiente información científica sobre los ecosistemas del fondo marino y un marco normativo completo que asegure su indemnidad. Con el establecimiento de esta pausa, se generará un mejor conocimiento científico acerca de los endemismos y procesos ecológicos en el fondo marino. Esta postura conlleva el cumplimiento del derecho internacional y la congruencia de la política exterior de México con la protección del océano. La explotación minera de los fondos marinos es una amenaza inaceptable e injustificada para todos los seres y futuras generaciones que dependen de un océano sano para sobrevivir y prosperar. Firman: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Sustainable Ocean Alliance México Salvemos la Laguna IDHEA, A.C. Greenpeace México The Oxygen Project Mares de México Centro para la Diversidad Biológica Beta Diversidad Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107

July 18 2023 Minería, Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático

Tribunal ordena al gobierno colombiano adoptar medidas concretas para cumplir los compromisos climáticos del país

La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es la respuesta en primera instancia a la acción de cumplimiento presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y universidades para que el Estado incorpore los impactos de la cadena productiva del carbón en la política climática y adopte acciones concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática. El 10 de julio pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca evidenció el incumplimiento de una serie de obligaciones climáticas contenidas en la legislación nacional y ordenó al gobierno —concretamente al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible— la adopción de medidas para cumplir con dichos compromisos, particularmente en relación con los impactos en el clima generados por el sector minero energético. La sentencia es una respuesta —en primera instancia— a la acción de cumplimiento presentada el 4 de mayo por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), Censat Agua Viva, el de Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), POLEN Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena y la investigadora Paola Yanguas. La finalidad de la acción judicial es que el Estado incorpore los impactos de toda la cadena productiva del carbón en la política pública climática y para que adopte medidas concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática. En ese sentido, el fallo se convierte en uno de los primeros hitos a nivel nacional al cuestionar el papel que ha tenido Colombia en la actual crisis climática global y ordenar a los dos ministerios el cumplimiento de las leyes 1931 de 2018 y 2165 de 2021, normas que establecen las acciones mínimas que el país debe realizar para honrar sus compromisos climáticos a nivel internacional. La acción judicial demostró —mediante un trabajo de documentación, sistematización y análisis— que en los últimos seis años el gobierno ha omitido las obligaciones recogidas en esas normas. En total, la sentencia generó ocho órdenes dirigidas a los dos ministerios, entre ellas la de actualizar los estudios de impacto ambiental de la minería en Colombia para incluir los impactos climáticos. El tribunal ordenó también establecer regulaciones para hacer obligatorio que las empresas —especialmente las del sector carbón— establezcan registros obligatorios de emisiones de gases efecto invernadero (GEI). La acción de cumplimiento cuestionó los instrumentos de política pública que han subestimado la contribución de las actividades del sector carbón a la crisis climática. Evidenció además vacíos de información críticos en los inventarios de GEI a nivel nacional, así como la falta de atribución de responsabilidades del sector carbón como parte de las causas estructurales de la crisis climática. Colombia, al ser el mayor exportador de carbón en Latinoamérica, tiene la obligación de incorporar en sus compromisos climáticos la dimensión real de los impactos de dicho sector. Sin embargo, varias administraciones gubernamentales han obviado ese compromiso en los últimos seis años. Este litigio constituye uno de los primeros a nivel regional en el que se ataca la falta histórica de un Estado en la gestión de sus compromisos en la lucha mundial contra la crisis climática. Ante los primeros resultados, es claro que este proceso tiene el potencial de convertirse en un caso exitoso de litigio estratégico y climático para el continente. Al ser una decisión tomada en la primera instancia del proceso, el Consejo de Estado está a cargo de emitir un fallo final. Si el alto tribunal ratifica la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el gobierno nacional deberá cumplir con las ocho órdenes en un plazo de seis meses, lo que implica la reformulación de puntos centrales de los instrumentos de gestión ambiental y de cambio climático en Colombia. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), [email protected], +521 5570522107

July 04 2023 Océanos, Minería

Organizaciones urgen al gobierno de México a mostrar su compromiso con la protección del océano y oponerse a la minería submarina

Manzanillo, Colima. Integrantes de Sustainable Ocean Alliance México —Naturalia, Greenpeace México, Beta Diversidad, Mares de México, Alianza Salvemos a la Laguna y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) — mostraron su oposición a la minería submarina frente al barco Hidden Gem el pasado 3 de julio. Este barco, perteneciente a la compañía Allseas y usado por The Metals Company, lleva meses anclado en el puerto de Manzanillo luego de haber navegado en la zona Clarión-Clipperton el año pasado para probar su maquinaria destinada para actividades de minería submarina. En conferencia de prensa en Manzanillo, voceros de las organizaciones dejaron claro que las profundidades marinas "constituyen la mayor fuente de diversidad de especies y ecosistemas de la Tierra" y "sustentan los diversos procesos ecosistémicos necesarios para el funcionamiento de los sistemas naturales del planeta"[1]. Los científicos advierten que los impactos ambientales de la minería de los fondos marinos serían catastróficos, de grandes proporciones e irreversibles en escalas de tiempo humanas. Algunas consecuencias incluyen la extinción de especies de aguas profundas, la destrucción de ecosistemas y hábitats, las tormentas de sedimentos submarinos, el vertido de aguas residuales, así como la contaminación acústica y lumínica incesante. Es urgente detener la minería en aguas profundas antes de que inicie. Aún se requiere más investigación para entender el funcionamiento del ecosistema y conocer la biodiversidad que habita en el fondo del océano, pero existe evidencia suficiente como para entender que la minería en aguas profundas es inconsistente con un futuro sostenible La minería en aguas profundas es una de las cinco grandes amenazas[2] que actualmente enfrenta el océano, actividad extractiva que todavía no inicia. El mundo está aún a tiempo de detenerla. Es urgente que México demuestre su compromiso con la protección del océano y tome una postura en contra de la minería en aguas profundas en la próxima reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo en Jamaica (Sesión del Consejo del 10 al 21 de julio y la Asamblea del 24 al 28 de julio). "La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), un organismo de la ONU fundado en 1994 y con sede en Kingston, Jamaica, es responsable de regular la minería en aguas profundas en áreas de fondos marinos internacionales fuera de la jurisdicción nacional (es decir, fuera de la Zona Económica Exclusiva, ZEE) de cualquier país, como en la Zona Clarion-Clipperton. El gobierno de México ha firmado el Tratado Global de los Océanos e históricamente ha mostrado una postura y compromiso con la protección de los océanos. Al tener el rol de Presidencia del Consejo en la 28° Sesión de la ISA, es necesario que nuestro gobierno mantenga y refuerce su credibilidad hacia la protección de los océanos impidiendo el inicio de la minería submarina a través de su apoyo a la moratoria a esta industria", señaló Ruth Ramos, campañista de Greenpeace México. Hacemos un exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instalen una mesa de planeación a fin de alcanzar un posicionamiento congruente con la conservación de los mares del 30x30 en el marco del Convenio Kunming-Montreal de Diversidad Biológica. Nuestro país debe ser responsable con los compromisos adquiridos a nivel internacional y congruente con posicionar su papel en favor de la conservación y en contra de la minería submarina en la próxima reunión de la ISA. "La posición de México debe ser congruente con el derecho Internacional y aplicar los principios precautorios y preventivos para detener la actividad de minería submarina hasta en tanto no se cuente con la evidencia científica de que no impactará en la flora y fauna marina", señaló Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Daniel Cáceres, representante regional por Hispanoamérica de Sustainable Ocean Alliance, mencionó: "No se pueden terminar regulaciones cuando ni siquiera se tiene información necesaria para redactar las bases de ellas. Hemos visto lo inaccesible que pueden ser los fondos marinos, con el accidente del sumergible Titan, solo seis submarinos pueden llegar a esa profundidad y uno de ellos ha desaparecido. Los fondos marinos son muy difíciles de estudiar debido a su profundidad. Necesitamos que México se sume al pedido de pausa precautoria y en caso de que se presente una política general de moratoria, pueda votar a favor". "Es esencial involucrar a la sociedad civil, utilizando la educación ambiental, el fomento a las alternativas sostenibles y colaborar estrechamente para compartir recursos, conocimientos ambientales y socioeconómicos asociados a esta práctica devastadora. Desde Sustainable Ocean Alliance México, promovemos el liderazgo oceánico de las juventudes, que buscan salvaguardar los recursos naturales para las futuras generaciones. Con base a esto, el objetivo con la campaña es darle voz a la juventud mexicana, quienes hacen valer su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado", citaron Valeria Magaña y Anissa Velázquez, representantes del capítulo nacional de Sustainable Ocean Alliance. Las personas defensoras del medio ambiente buscan unir esfuerzos y crear alianzas, ya que esto es fundamental para abordar el desafío global que la minería submarina representa y conseguir la protección de los fondos marinos. A medida que la campaña contra la minería submarina avanza en conjunto, es esencial reconocer los desafíos que enfrentamos y desarrollar estrategias efectivas para impedir que esta práctica dañina inicie. Algunos de los retos clave que debemos abordar son: influir en las políticas y regulaciones relacionadas con esta industria devastadora, fomentar un mayor apoyo a la investigación científica para comprender plenamente los efectos a largo plazo de esta actividad extractiva en los ecosistemas marinos y en las comunidades que dependen de ellos, promover alternativas a la extracción de minerales y reducir nuestra dependencia de estos recursos; colaborar de manera conjunta entre ONG, comunidades locales, científicos, instituciones académicas y gubernamentales. La lucha contra la minería submarina requiere de un esfuerzo conjunto y coordinado. Nuestra unión puede marcar la diferencia y contribuir a proteger el océano para las generaciones futuras. [1] United Nations First World Ocean Assessment, 2015. [2] Los océanos enfrentan también amenazas como el cambio climático, sobrepesca, contaminación por plásticos, y combustibles fósiles. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107