Minería

Montones de sal en el salar de Uyuni, Bolivia
Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Litio: ¿Qué es, de dónde se obtiene y qué implica su extracción?

Una paradoja de la transición energética es sustituir el uso de combustibles fósiles por recursos minerales cuya extracción y refinamiento pueden impactar negativamente en ecosistemas, especies y comunidades. Eso está pasando con el litio, un mineral que tradicionalmente se usaba en vidrios y cerámicas porque otorgaba mayor adhesión y dureza, pero que hoy es utilizado principalmente para elaborar las baterías que requieren las tecnologías para evitar o reducir el uso de combustibles fósiles. Ello ha incrementado su demanda, invisibilizando o minimizando los graves impactos sociales y ambientales que su extracción implica.   ¿Qué hace especial al litio? El litio es un mineral altamente demandado por sus propiedades únicas: Es el metal más liviano y con mayor potencial electroquímico. Tiene gran capacidad de almacenaje de energía. Es maleable por lo que puede ser adaptado a diferentes tamaños, formas y diseños.   Estas cualidades lo hacen un material clave en la fabricación de baterías de celulares, computadoras y principalmente de vehículos eléctricos. Al servir para el almacenamiento de energías renovables no convencionales, como la eólica y la fotovoltaica, el litio es considerado clave para la transición energética.   ¿Dónde está?: El llamado “triángulo del litio” Las principales fuentes de litio son los salares, humedales cubiertos de una costra salina y que en su interior guardan salmueras, que son cuerpos de agua en los que están disueltas muchas sales y elementos, entre ellos litio. Los salares son atractivos para la industria minera por la relativa facilidad técnica para su explotación, los bajos costos operativos y la baja demanda de energía para extraer litio de ellos en comparación con otras fuentes. A nivel mundial, los salares de Argentina, Bolivia y Chile concentran el 54% de los recursos (material potencialmente explotable) de litio. Además, Argentina y Chile poseen el 46% de las reservas (porción de los recursos conocidos con un alto valor de certidumbre y cuya explotación se ha probado como económicamente viable) de litio en el mundo. La industria minera ha llamado a la región que concentra el mineral “el triángulo del litio” —pues es lo único que ven allí—, que abarca el noreste argentino, el norte chileno y el sur boliviano. Pero en esa región hay mucho más que litio. También hay comunidades, ecosistemas y especies que dependen de estos salares. Quienes habitan la zona se dedican a la ganadería a pequeña escala y a la agricultura de subsistencia, actividades que requieren agua, un bien ya escaso en esas latitudes.   ¿Cómo se explota litio de los salares? El procedimiento es el siguiente: Se perfora el salar. La salmuera se vuelca en enormes piscinas o piletas. Se espera a que el agua se evapore para que la concentración de litio aumente. Cuando la concentración es suficiente, la salmuera es enviada a una planta industrial. La salmuera es sometida a un tratamiento químico para obtener carbonato de litio, que es lo que se comercializa para la fabricación de baterías.   La extracción de litio, particularmente por este método, implica un enorme consumo y pérdida de agua debido a que: Se pierde agua durante el bombeo de la salmuera. La evaporación en piletas requiere dos millones de litros de agua por cada tonelada de litio producida. Los procesos finales para obtener carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto también requieren agua.   La extracción de litio es una amenaza para los salares en Sudamérica —que son humedales andinos—, compromete la disponibilidad local de agua y pone en riesgo la supervivencia de las comunidades y especies que habitan en torno a esos frágiles ecosistemas. La transición energética es urgente, pero debe ser justa y no hacerse a costa de la extracción de otros recursos naturales que ponen en riesgo a las personas y al ambiente.   Fuentes -Maritza Tapia, “Claves del litio: el metal más liviano y con mayor potencial electroquímico”, Universidad de Chile. -Heinrich Böll Stiftung Colombia, “Litio: los costos sociales y ambientales de la transición energética global”. -Florencia Ballarino, “¿Qué es el litio, para qué sirve y de dónde se extrae en la Argentina?”, Chequeado. -Wetlands International, “El impacto de la minería de litio en los Humedales Altoandinos”. -Rodolfo Chisleanchi, “‘Triángulo de litio’: la amenaza a los salares de Bolivia, Chile y Argentina”, Mongabay Latam. -U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2023, “Lithium”.  

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Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Nace la Alianza por los Humedales Andinos para promover su protección y conservación

Conformada por organizaciones socioambientales diversas, la alianza busca proteger el agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida que dependen de estos ecosistemas en América Latina, especialmente en Argentina, Bolivia y Chile. Organizaciones socioambientales diversas se unieron para conformar la Alianza por los Humedales Andinos, cuyo objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile.Del 30 de noviembre al 12 de diciembre, representantes de casi 200 países se reunirán en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) durante la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) para seguir avanzando en la implementación del Acuerdo de París, tratado internacional que busca fortalecer la respuesta mundial a la crisis climática. La protección de los humedales es crucial en esa tarea por ser ecosistemas que actúan como sumideros naturales de carbono, ayudando a mitigar la crisis.La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional.Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son reconocidos mundialmente como ecosistemas de alta significancia ambiental y social, pero también muy frágiles por sus características, cuyo elemento central es el agua, un bien común que controla el medio y la vida silvestre. Su vulnerabilidad radica también en las amenazas que afrontan, entre ellas la crisis climática y los impactos negativos de actividades extractivas como la minería de litio, de cobre y de otros minerales considerados “críticos” para la transición a nuevas formas de generar energía.En ese sentido, el incremento de la demanda de litio en el norte global ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, que albergan más del 53% de las reservas globales.Acelerar la transición energética será justamente uno de los ejes de acción de la COP28. Frente a esta tendencia global, la alianza promueve una transición socieocológica justa, participativa y popular con una visión de largo plazo, priorizando la gestión integral del agua bajo un enfoque de justicia socioambiental y climática. Así, apoya y acompaña a comunidades y organizaciones locales en el cuidado de los humedales andinos y en la construcción de alternativas socioeconómicas que vayan más allá del extractivismo minero.Asimismo, la alianza busca que se garantice la participación de las comunidades y su acceso a información completa, veraz y transparente; así como brindar información a la sociedad global  —que involucra a organismos, Estados y sector privado—, resaltando el valor de los humedales andinos y las múltiples amenazas que afrontan.Para lograr su objetivo, la alianza emplea estrategias pedagógicas, legales, investigativas, de incidencia, comunicación y de movilización de forma colectiva y en diálogo con comunidades y organizaciones. Y al reconocer los impactos diferenciados de la crisis climática en las mujeres, niñas, disidencias sexuales y otros grupos vulnerables, incorpora la perspectiva de género en el desarrollo de todas sus actividades.  Contactos de prensa:Víctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107Carlos Ulloa Fuentes, Fundación Tantí (Chile), [email protected] +569 37614815Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609Faviola Rivera Seifert, Empodérate (Bolivia), [email protected], +591 77129989Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801 

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Rio Xingu, Brasil
Derechos Indígenas, Minería, Derechos Humanos

Nota de apoio aos movimentos sociais, organizações e defensores de direitos vítimas de tentativa de criminalização pela empresa Belo Sun Mineração Ltda.

As organizações membros da Aliança Volta Grande do Xingu (AVGX) abaixo assinadas convocam parceiros e parceiras, organizações da sociedade civil, juristas e pesquisadores a apoiar e fortalecer as pessoas e os movimentos que, em decorrência da sua incansável defesa dos povos, da biodiversidade e da existência da Volta Grande do Xingu, estão sofrendo intimidação e tentativa de criminalização pela empresa Belo Sun Mineração Ltda. Precisamos mostrar às grandes corporações que a sociedade civil do Brasil e do exterior está unida em torno desta causa. Não vamos retroceder na proteção do meio ambiente e dos direitos humanos frente às ameaças. Assinem esta nota e juntem-se a nós na proteção da Amazônia, do rio Xingu e dos seus defensores! Mais informações abaixo: Em 17 de outubro deste ano, a mineradora Belo Sun Ltda., subsidiária brasileira da empresa canadense Belo Sun Mining Corp., entrou com uma ação penal contra mais de 30 pessoas, a maioria agricultores e agricultoras, que estão reivindicando a anulação do acordo firmado em 2021 entre a mineradora e o Incra por meio do qual o último cedeu à Belo Sun 2.428 hectares de terras públicas dentro do Projeto de Assentamento (PA) Ressaca. A cessão de terras é objeto de uma Ação Civil Pública (ACP n. 1001161-22.2022.4.01.3903) interposta em 2022 pelas Defensorias Públicas da União (DPU) e do Estado do Pará (DPE-PA), que demonstra a ilegalidade da aquisição de terras e pede a anulação do contrato. Quase dois anos depois de protocolada, essa ação ainda não teve decisão de mérito. Além das lideranças locais, também foram incluídos como acusados na queixa-crime da Belo Sun representantes de organizações da sociedade civil e pesquisadores que estão atuando em defesa das comunidades ameaçadas pelo empreendimento. Muitas destas pessoas acusadas de "esbulho possessório" pela mineradora sequer residem no país. A queixa-crime é uma clara tentativa de silenciamento das pessoas defensoras do meio ambiente e dos direitos humanos, intensificada com a presença da segurança armada da empresa no território. Trata-se também de uma tentativa de criminalização das organizações que monitoram e denunciam a destruição provocada por grandes empreendimentos na Volta Grande do Xingu. No dia 15 de novembro, um grupo de 25 movimentos e organizações locais, baseados sobretudo em Altamira, Pará, lançaram uma Carta aberta de repúdio à criminalização de agricultores, agricultoras, movimentos sociais e organizações da sociedade civil promovida pela mineradora canadense Belo Sun. É preciso que os termos dessa carta sejam fortalecidos e reverberados nacional e internacionalmente. Não é a primeira vez que a Belo Sun Mineração Ltda. intimida organizações da sociedade civil e defensores de direitos humanos. Em 2022, a empresa entrou com uma ação contra um professor universitário que havia denunciado os riscos que o Projeto Volta Grande traria para o rio Xingu e seus povos. Já em meados de 2023, a Belo Sun enviou uma notificação extrajudicial à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), numa tentativa de calar as denúncias feitas pela organização indígena acerca dos riscos que oprojeto de mineração na Volta Grande do Xingu representa. A notificação ocorreu logo após o lançamento de uma relatório sobre a Belo Sun lançado pelo jurídico da Articulação e da ação de incidência internacional na ONU em Genebra realizada pela Aliança pela Volta Grande do Xingu, coalizão da qual Apib faz parte, denunciando os abusos corporativos de empresas canadenses na Amazônia brasileira e em mais 8 países da América Latina e do Caribe. Sobre a atuação da Belo Sun na Volta Grande do Xingu A Belo Sun quer instalar um mega empreendimento de mineração de ouro sobreposto à região do PA Ressaca, nas margens do Rio Xingu, com o objetivo de operar a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. O chamado Projeto Volta Grande (PVG), caso aprovado, afetaria de forma substancial e potencialmente irreversível um território já gravemente impactado pela mega-hidrelétrica de Belo Monte, além de impactar as terras e modos de vida tradicionais de diversos povos indígenas, assentamentos rurais e comunidades ribeirinhas que vivem nessa região. Diversas ações judiciais foram protocoladas registrando as irregularidades cometidas pela Belo Sun, incluindo a ausência de consulta e consentimento livre, prévio e informado das comunidades indígenas e tradicionais afetadas; a aquisição ilegal de lotes dento do PA Ressaca; o constrangimento e violação do direito à livre circulação e acesso ao território das comunidades locais; e a falta de competência do Estado do Pará para emitir a licença ambiental do PVG. O seu licenciamento está suspenso desde 2017 por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e no dia 11 de setembro de 2023 passou para a competência do Ibama, órgão federal. Demandas Nós, cidadãos, cidadãs, organizações da sociedade civil organizada e representantes de movimentos sociais que apoiamos a presente Nota, repudiamos a criminalização promovida pela Belo Sun Mineração Ltda., manifestamos nossa solidariedade com as vítimas desse processo e reforçamos nosso entendimento de que: A intimidação e criminalização de defensores e defensoras de direitos humanos, ativistas, pesquisadores, e lideranças de movimentos sociais promovida pela Belo Sun é inaceitável, e por isso apoiamos os termos da presente petição; O Projeto de Assentamento (PA) Ressaca é um território destinado à reforma agrária e à agricultura familiar localizado em uma região já bastante fragilizada do ponto de vista socioambiental que é incompatível com a instalação de um megaprojeto de mineração de ouro a céu aberto como o Projeto Volta Grande da Belo Sun. O poder público deve tomar medidas necessárias para que as famílias, comunidades e povos da Volta Grande do Xingu estejam fortalecidos, com efetiva participação na governança e proteção do território.   As organizações membros da Aliança Volta Grande do Xingu que lançam essa Nota e convocam adesões: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB Movimento Xingu Vivo - Brasil Aliança Volta Grande do Xingu Amazon Watch Associação Interamericana para Defesa do Ambiente - AIDA International Rivers Earthworks MiningWatch Canadá   Junte-se a nós na proteção da Amazônia, do rio Xingu e dos seus defensores! Assine a nota de solidariedade internacional contra o assédio judicial que está sendo feito pela Belo Sun: https://forms.gle/tzUzR47v72jsdEPN8  

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Salinas Grandes, Argentina
Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

“El agua vale más que el litio”: Resistencia a una transición energética injusta

“El agua vale más que el litio”  es la consigna con la que las organizaciones sociales, sindicales y pueblos indígenas expresan desde hace meses su resistencia a la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, ubicada en el extremo norte de Argentina. Denuncian que la reforma, impulsada por el gobernador Gerardo Morales, no respeta la legislación internacional en materia de derechos indígenas, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos acerca de proyectos a desarrollarse en sus territorios ancestrales. En este sentido, dicha reforma habría sido aprobada, el 16 de junio pasado, mediante un proceso breve que no permitió una amplia participación y deliberación pública y en el que no hubo la debida consulta a los pueblos indígenas. Además, el texto constitucional presenta retrocesos significativos en temas ambientales y de derechos humanos; abre las puertas a la megaminería —incluida la de litio— bajo el amparo de la transición energética, criminaliza la protesta y permite la privatización tanto del agua como de las tierras indígenas. Los pueblos originarios han denunciado que el avance indiscriminado de proyectos de minería de litio en la provincia profundizará la crisis hídrica que allí se vive. Ante la creciente demanda internacional de litio —posicionado como un recurso estratégico debido a su capacidad de almacenamiento de energía (útil a las industrias de las baterías y de los vehículos eléctricos)— en años recientes, se ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra más del 53% de las reservas probadas globales. El litio puede estar contenido en salmueras, pegmatitas y rocas sedimentarias, siendo más fácil de extraer en las primeras. Pero es un proceso que demanda altas cantidades de agua y que se lleva a cabo en ecosistemas frágiles, con deficiencia hídrica y fuertemente golpeados por los efectos de la crisis climática, como son los salares. La resistencia social a la reforma constitucional en Jujuy es también la resistencia a una tendencia mundial que busca la permanencia de modelos extractivistas que vulneran derechos humanos en nombre de una transición energética que dista mucho de ser justa.    Vulneración de derechos humanos en Jujuy AIDA —junto con otras siete organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en la defensa del ambiente y de los derechos humanos— fue parte de una misión internacional que visitó Jujuy del 21 al 25 de agosto para conocer de primera mano las posibles vulneraciones a los derechos a la protesta y a la participación en el marco de la reforma constitucional.   La misión estuvo en los principales focos de protesta y documentó testimonios de personas de pueblos y comunidades indígenas, de asociaciones campesinas, de sindicatos y de organismos de derechos humanos; así como de referentes sociales, docentes, abogados/as y de autoridades de la provincia. Las conclusiones preliminares apuntan a que: Aunque los pueblos indígenas y sus comunidades solicitaron participar en la reforma constitucional, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. Existen preocupaciones respecto de la incompatibilidad de la reforma con los derechos humanos y los derechos ambientales. Pese al contexto de crisis climática y escasez hídrica, la reforma no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas ni la preservación de ecosistemas. La reforma parece favorecer el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos; así como abrir las puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas, dañando los ciclos ecosistémicos y desprotegiendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala, vitales para la existencia de las comunidades originarias. Hay una preocupación reiterada y manifiesta de las comunidades indígenas por los impactos negativos de la minería, en particular de los proyectos de extracción de litio. Testimonios dan cuenta de casos de represión de la protesta social, detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas por parte de la policía contra personas involucradas en la resistencia; así como de un uso desproporcionado de la fuerza.   La misión está en proceso de sistematizar la información recabada para elaborar recomendaciones orientadas a visibilizar la compleja situación en la provincia de Jujuy y a contribuir a un diálogo que permita la mejor resolución de la conflictividad social y el respeto de los derechos humanos.   ¿Hacia qué tipo de transición apunta la reforma constitucional en Jujuy? Abordar esta interrogante es importante para comprender que una transición energética justa es incompatible con un contexto donde los intereses económicos privados prevalecen sobre las consideraciones sociales y ambientales y donde las acciones gubernamentales desconocen los impactos de la extracción de litio y el reclamo justo de las comunidades locales en relación con la gestión de su agua y su territorio.   Jujuy es hogar de más de 12 pueblos indígenas y de unas 400 comunidades, cuyos integrantes se han dedicado milenariamente a la extracción de sal de Salinas Grandes, el cuarto salar más grande de Sudamérica. Su vínculo con el agua es sagrado y ancestral. Representa una conexión cultural amenazada por la explotación de litio, que compromete la disponibilidad de un recurso de por sí escaso. “Para producir una tonelada de litio (a través del método de evaporación), se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”, señala Ingrid Garcés, docente del Departamento de Ingeniería Química y Procesos de Minerales de la Universidad de Antofagasta, en Chile. Esto “es rentable para la industria porque significa un proceso sin costo de energía, pero lamentablemente tiene el costo de la pérdida de agua de un sistema que no es renovable, más es una región desértica” (como es la de los salares). La reforma constitucional en Jujuy no estipula un orden de prioridad para los usos de agua, sino que pone al mismo nivel el consumo humano y el industrial. El acceso limitado al agua es una preocupación central en la provincia debido a que hay pocos acuíferos para satisfacer la demanda de uso humano y doméstico, además de la producción agrícola y ganadera a pequeña escala.   Un cambio de rumbo urgente La crisis hídrica es una de las crisis más apremiantes en todo el mundo y está intrínsecamente ligada a la crisis climática y a la necesidad de transitar hacia la generación de otras energías. Los patrones climáticos extremos —como las sequías prolongadas, inundaciones y las tormentas más intensas— afectan directamente la disponibilidad y distribución de agua en diferentes regiones del mundo con una consecuente disminución de los recursos hídricos. En este escenario, la competencia por el uso del agua se intensifica y se requiere una gestión social del agua que beneficie a las comunidades. Solo así es posible abordar la situación en términos de sostenibilidad y de justicia ambiental. La extracción de litio para satisfacer intereses corporativos ejemplifica la paradoja de afrontar la crisis climática a expensas de las comunidades y los ecosistemas. La falta de una distribución justa y equitativa de los beneficios y la externalización de los costos ambientales y sociales subrayan la urgencia de repensar y transformar radicalmente la relación que tenemos con los bienes naturales y la forma en que abordamos la crisis climática.  

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Paisaje de Cajamarca, departamento de Tolima, Colombia
Minería, Participación Ciudadana

Fallo judicial deja en firme la consulta popular y el “No” al proyecto La Colosa en Cajamarca

La Coalición Jurídica para la defensa de Cajamarca celebra la decisión que protege la democracia ambiental y previene la megaminería de oro en la despensa agrícola de Colombia.   En una sentencia de primera instancia del primero de noviembre de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué reiteró la legalidad del Acuerdo No. 003 de 2017, que adoptó los resultados de la consulta popular de Cajamarca. En esta decisión, el juez negó las pretensiones del demandante, Guillermo Reyes en contra del Acuerdo y dejó en firme la consulta popular por medio de la cual las y los cajamarcunos le dijeron ‘NO’ al proyecto de megaminería de oro La Colosa, de la multinacional Anglogold Ashanti. Se trata de un triunfo para la democracia participativa y para la defensa de los territorios campesinos frente al extractivismo que se les ha querido imponer. La Coalición Jurídica para la defensa de Cajamarca —integrada por COSAJUCA, SIEMBRA, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), PODION, DeJusticia, la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Rosario (GAP), la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, la Clínica Jurídica de las Universidades de Antioquia y Libertadores— celebra la decisión por ser un hito que protege una participación democrática efectiva en asuntos ambientales, con capacidad de incidencia directa, como lo ordena el derecho internacional. Al respecto, el Comité Promotor de la Consulta Popular de Cajamarca señaló: "este fallo garantiza que la decisión tomada el 26 de marzo de 2017 en las urnas —que defendió los derechos colectivos al ambiente sano, la alimentación, la vida y el agua— sea respetada. También es un hecho de vital importancia debido a los múltiples procesos judiciales iniciados por la empresa minera Anglogold que tienen como objetivo reactivar La Colosa. Este fallo truncará varias de sus pretensiones". En la sentencia, el juez respaldó los argumentos presentados por el municipio de Cajamarca en su contestación y por la coalición, que presentó coadyuvancias en favor del Acuerdo 003/17. Las razones que soportan la decisión del juez son que el acuerdo fue expedido en debida forma, que sigue los requisitos legales y constitucionales, y que se ajusta a la normatividad vigente sobre la consulta popular. Además, contrario a lo que indicó el demandante, las Sentencias SU-095 de 2018, C-053 de 2019 y T-342 de 2019 de la Corte Constitucional no tenían la capacidad de afectar la legalidad del Acuerdo 003, pues no resultaban aplicables. Dichas sentencias, emitidas después del Acuerdo 003, señalan que las consultas populares no son un mecanismo para decidir sobre el subsuelo. En palabras del juez: "Al momento de expedir el acuerdo municipal 003 de 2017, no solo las normas constitucionales y legales daban la autonomía al municipio de Cajamarca para adelantar la consulta popular de iniciativa popular, sino que las sentencias dictadas en la materia, hasta entonces, constituían un precedente pacífico y reiterado frente a la protección del medio ambiente y las garantías de la descentralización territorial, así como de las competencias frente al uso del suelo y subsuelo, y las decisiones frente a la vocación extractivista de los territorios, como decisión propia dentro del ejercicio de la participación ciudadana". Sin duda alguna, este fallo resulta trascendental, no solo para el ejercicio democrático y la efectividad de los derechos de participación en Cajamarca, sino para las demás consultas populares que se promovieron y votaron en el país. También es un precedente fundamental para los demás países de América Latina en donde los municipios y departamentos reclaman su derecho a decir ‘NO’, a conservar su vocación agrícola y a no tener megaminería en sus territorios. #LasConsultasSeRespetan Contactos de prensa Robinson Mejía, COSAJUCA, 300 218 36 41,  [email protected]  Sara Sofia Moreno, SIEMBRA, 300 568 33 33, [email protected] Víctor Quintanilla, AIDA, +52 5570522107, [email protected]  

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Derechos Indígenas, Minería

Alto tribunal ordena al gobierno colombiano adoptar acciones concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática

Tras evidenciar que el Ministerio de Ambiente incumplió obligaciones climáticas contenidas en la legislación nacional, el Consejo de Estado ordenó que la entidad adopte, en el plazo de un año, medidas específicas para honrarlas. Es la decisión final de la acción judicial presentada por diversos actores para que el Estado incluya los impactos climáticos del sector carbón en su gestión de la crisis climática. El Consejo de Estado emitió una sentencia en la que ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptar, en el plazo de un año, medidas concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática para cumplir así parte de los compromisos climáticos del país. Con este fallo, el alto tribunal resolvió la acción de cumplimiento que una coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y universidades presentó el 4 de mayo para que el Estado incorpore los impactos de la cadena productiva del carbón en la política climática.En la sentencia, el Consejo de Estado reconoce el incumplimiento del ministerio de normas referidas a la inclusión de impactos climáticos en los proyectos que cuentan con instrumentos de gestión y control ambiental, la falta de regulaciones referidas a las emisiones del sector carbón y la ausencia de un reporte y evaluación de impacto de la implementación de programas y proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza.Si bien la decisión pudo ser más ambiciosa al reconocer otros incumplimientos alegados y demostrados en la acción judicial, el alto tribunal dictó cuatro órdenes fundamentales que deben ser cumplidas por el Ministerio de Ambiente:Incluir en los instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos consideraciones de adaptación y mitigación del cambio climático, con énfasis en la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y los aportes de las medidas de compensación ambiental a la Contribución Determinada a Nivel Nacional, presentada por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.Adoptar una guía nacional para la formulación, desarrollo, monitoreo, reporte y evaluación de impacto de la implementación de programas y proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Esta debe incorporar la gestión de cambio climático, la integración con el enfoque en ecosistemas, así como los aportes a la economía, los beneficios a la biodiversidad y a las comunidades humanas.Determinar las metodologías para el cálculo de las emisiones directas e indirectas que deberán ser reportadas; los métodos, instrumentos, procesos y periodicidad del reporte de las emisiones de GEl y la información y documentación para la elaboración de inventarios de GEI.Regular las condiciones que establezcan los requerimientos para la verificación, certificación y registro de las emisiones, reducciones de emisiones y remociones de GEI; así como determinar los procedimientos de seguimiento y control previstos.  Con base en el resultado, este litigio se constituye en el primer caso exitoso de litigio estratégico y climático para el continente al haber evidenciado que el Estado incumplió compromisos climáticos específicos, y haber logrado que se ordenará a una de las autoridades competentes la adopción de acciones concretas para la adecuada gestión climática. La estrategia empleada y el precedente alcanzado bien pueden ser replicados en otros países de la región.La acción de cumplimiento fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR), Censat Agua Viva, el de Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), POLEN Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena y la investigadora Paola Yanguas.En julio, ese tribunal emitió la sentencia de primera instancia en el caso. En ella, generó ocho órdenes dirigidas no solo al Ministerio de Ambiente, sino también al Ministerio de Minas y Energía, para que cumplan las leyes 1931 de 2018 y 2165 de 2021, normas que establecen las acciones mínimas que el país debe realizar para honrar sus compromisos climáticos a nivel internacional.La acción judicial demostró que, en los últimos seis años, el gobierno ha omitido las obligaciones recogidas en esas leyes, particularmente en relación con los impactos en el clima generados por el sector carbón.El caso pasó luego al Consejo de Estado, cuya decisión final reitera parte de lo dictaminado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Colombia, al ser el mayor exportador de carbón en Latinoamérica, tiene la obligación de incorporar en sus compromisos climáticos la dimensión real de los impactos de dicho sector. Así lo han pedido comunidades de La Guajira, quienes por décadas han sido afectadas directamente.Estas comunidades, si bien no firmaron la acción judicial, sí la apadrinaron, además de acompañar su presentación con baile y música tradicional. Contacto de prensa:Víctor Quintanilla-Sangueza (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 

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Paisaje desértico en La Guajira, Colombia.
Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Ampliar la minería de carbón en Colombia contradice una transición energética justa

Colombia enfrenta hoy numerosos desafíos relacionados con la necesaria transición energética justa. Al ser el principal exportador de carbón térmico de América Latina, uno de sus retos prioritarios es definir el futuro del mineral en las matrices económicas y energéticas del país, así como la manera de alinear ese sector con sus obligaciones en materia de gestión de la crisis climática global. Sin duda, las medidas que se adopten para avanzar hacia la transición energética justa y el cumplimiento de los compromisos climáticos deben respetar y garantizar los derechos humanos. El Estado debe hacerlo con una perspectiva diferenciada respecto a los grupos más vulnerables de la sociedad, los mayormente afectados por los efectos de la crisis climática y por los procesos de transición. El gobierno actual, como parte de su plan para modificar la estrategia de transición energética, ha propuesto la construcción de una hoja de ruta enfocada en promover proyectos de energías renovables de fuentes no convencionales, entre otras iniciativas. La propuesta tiene cuatro principios: equidad, participación social y vinculante, gradualidad soberana con confiabilidad y un principio de conocimiento. Aunque la estrategia planteada puede considerarse un avance hacia la transición energética y al cumplimiento de compromisos y estándares internacionales, tiene vacíos preocupantes: no se enfoca lo suficiente en la sustitución de combustibles fósiles y evade el rol e impactos generados por el sector carbón en todas sus fases. Dejar fuera las causas estructurales de la crisis climática obstaculiza la consolidación de un proceso de transición energética que es hoy un escenario en disputa con diversas reivindicaciones e intereses en juego. Un claro ejemplo es lo que ocurre en el departamento de La Guajira, al norte del país, donde confluyen un alto potencial para las energías renovables y la extracción del 35% del carbón que se exporta, actividad que profundiza la crisis climática. Ello ha incrementado la de por sí alta vulnerabilidad climática de la región y agravado la vulneración de derechos humanos en ese territorio. El impacto ha sido tal —sobre todo en términos de estrés hídrico, desertificación y disminución de precipitaciones—  que el gobierno decretó Estado de Emergencia Económica, Social y Ambiental en La Guajira, donde se prevé la llegada del fenómeno de El Niño con una intensidad y duración más altas que en años anteriores.   El rol del sector carbón en el proceso de transición Combatir y gestionar la crisis climática implica mínimamente avanzar en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, además de frenar la expansión de su extracción y explotación, con la consecuencia evidente de restringir al máximo su uso. Los impactos en derechos humanos y en el clima global del sector carbón, así como los conflictos socioambientales que ha generado, han hecho que el mundo replantee el uso y comercialización del mineral.   Así, en los países del sur global con alta dependencia de la extracción y comercialización de combustibles fósiles, se han iniciado discusiones acerca de si avanzar y de qué manera en el proceso de sustitución. En el caso colombiano, si el país quiere avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones climáticas y en el proceso de transición energética justa, es necesario dejar de autorizar nuevos proyectos de minería de carbón térmico, evitar la ampliación de los ya existentes y empezar procesos de salida responsable para un cierre minero progresivo y donde se garanticen derechos. La hoja de ruta del proceso de transición energética debe centrarse en evitar al máximo los impactos en los derechos humanos (territoriales, de subsistencia y ambientales) de las comunidades más vulnerables a los efectos de la crisis climática. De lo que se trata es de evitar nuevas violaciones de derechos humanos y una desprotección de los territorios atravesados por la cadena productiva del sector carbón. El debate en torno a la transición energética y los conflictos socioambientales asociados al carbón se ejemplifica plenamente en el caso del arroyo Bruno, en La Guajira, con un proceso jurídico vigente. Está en manos de la Corte Constitucional decidir entre la protección de un arroyo vital para una zona de alto estrés hídrico y la explotación de su cauce para expandir la mina de la empresa Carbones del Cerrejón (propiedad de la multinacional Glencore). Lo que está en juego es la garantía de los derechos de acceso al agua, a la salud y a la vida de las comunidades Wayúu.   Lo que la transición justa sí necesita Tras analizar el rol del carbón en el proceso de la transición energética justa en Colombia, es posible concluir que el país no está cumpliendo sus compromisos climáticos porque no ha establecido medidas y acciones específicas para el sector carbón en su política de cambio climático. Si Colombia quiere avanzar en la sustitución de combustibles fósiles, la política de cambio climático y el proceso de transición energética no pueden desligarse del seguimiento y toma de decisiones que las autoridades competentes adopten respecto de proyectos específicos del sector carbón. La gestión del cambio climático y el proceso de transición energética deben reconocer las reivindicaciones de justicia, reparación y no repetición, exigidas por las comunidades afectadas por años de extracción de carbón, como las ubicadas en el departamento de La Guajira. En un escenario de transición energética justa deben garantizarse —junto con las comunidades afectadas—procesos de cierre minero progresivos, participativos e inclusivos, encaminados a generar escenarios de diversificación y reconversión en las regiones con alta dependencia del sector carbón. Actuar bajo ese marco es deseable y posible.  

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Rio Xingu, Amazônia
Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Minería

Desmascarando o Canadá na Revisão Periódica Universal da ONU

No marco do 4o Ciclo da Revisão Periódica Universal (RPU) do Canadá, mais de 50 organizações da sociedade civil e comunidades afetadas pela conduta empresarial canadense na América Latina e no Caribe, elaboraram três informes que expõem riscos preocupantes à vida e ao meio ambiente.Informe Regional: Detalha a situação de 37 projetos em 9 países da região, nos quais 34 empresas e consórcios canadenses estão envolvidos. A predominância é do setor extrativista, com 27 projetos de mineração e 8 de petróleo, além de dois voltados para energia renovável (um hidrelétrico e um eólico). Em todos esses empreendimentos, houve violações de direitos humanos e significativos impactos ambientais, prejudicando comunidades indígenas, afrodescendentes, rurais e pesqueiras.Informe Amazônico: Avalia a atuação das empresas canadenses na bacia amazônica abrangendo Brasil, Equador, Colômbia e Peru. O estudo aborda 12 projetos extrativistas que impactam ecossistemas sensíveis e comunidades indígenas. As evidências apontam que tais empresas, de forma recorrente, infringem os direitos humanos das comunidades locais e comprometem a integridade ambiental da região de maior biodiversidade do planeta, crucial para o combate à crise climática.Informe Petroleiro: Analisa o comportamento de empresas canadenses em oito projetos petrolíferos situados na Colômbia, Equador e Peru. Revela a urgência da implementação de mecanismos de proteção, acesso à justiça e reparação integral para as comunidades e os povos afetados. Ressalta a necessidade do Canadá reconhecer a estreita relação entre os direitos humanos e o meio ambiente, adotando medidas eficazes para mitigar os impactos adversos causados por suas corporações.​É importante destacar que esta não é a primeira vez que o Canadá enfrenta denúncias no Sistema Universal das Nações Unidas devido às práticas de suas empresas em territórios estrangeiros. Durante o 3o ciclo da Revisão Periódica, foram feitas seis recomendações ao Canadá, abordando, entre outras questões, a garantia essencial e proteção dos direitos humanos por suas empresas. Entretanto, como demonstrado nesses relatórios, o país, mesmo após comprometerse a atender essas recomendações, falhou consistentemente em cumprir suas obrigações extraterritoriais, não adotando medidas eficazes para monitorar as atividades corporativas tanto internamente quanto além de suas fronteiras.   Leia e baixe o Informe Regional (em espanhol)Leia e baixe o Informe Amazônico (em inglês)Leia e baixe o Informe Petroleiro (em espanhol) 

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Derechos Indígenas, Minería, Transparencia y Rendición de Cuentas

Empresas canadenses cometem série de violações de direitos humanos na América Latina, aponta relatório

Genebra - Foi apresentado hoje o relatório "Desmascarando o Canadá às Nações Unidas: Violações de Direitos em Toda a América Latina" durante a pré-sessão do Processo de Revisão Periódica Universal (RPU) das Nações Unidas em Genebra, que ocorre de 28 de agosto a 1 de setembro. Este documento foi entregue por uma delegação que inclui líderes indígenas do Brasil e da Colômbia, uma líder comunitária da Volta Grande do Xingu e demais representantes da sociedade civil latino-americana. As principais organizações indígenas do Brasil, APIB e COIAB, compõem a delegação. O relatório é resultado do trabalho de mais de 50 organizações que organizaram três documentos críticos (Informe Regional, Informe Amazônico e Informe Petroleiro), os quais, juntos, cobram responsabilidade por abusos corporativos associados a 37 projetos canadenses distribuídos por 9 países da América Latina e do Caribe. Das conclusões principais, destaca-se que 32 projetos violam o direito a um ambiente limpo, saudável e sustentável, como o caso da Frontera Energy, no Peru, responsável por 105 derramamentos de petróleo. Outros 26 projetos desrespeitam o direito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado de comunidades impactadas, evidenciado nas táticas divisionistas usadas no projeto Warintza do Equador pela Solaris Resources Inc. Adicionalmente, 19 projetos infringem os direitos econômicos, sociais e culturais, como o impedimento ao acesso à alimentação e à manutenção de atividades econômicas tradicionais, visto no Projeto Volta Grande pela mineradora canadense Belo Sun no Pará, Brasil. Outros 16 impactam os direitos políticos e civis, gerando situações de risco para os defensores, como a militarização dos territórios, abuso pelas forças públicas em prol dos interesses empresariais e a criminalização desses defensores. "Viemos aqui para denunciar o envolvimento das empresas canadenses em violações de direitos humanos no Brasil, particularmente o caso da mineradora Belo Sun, no Pará, que almeja estabelecer a maior mina de ouro a céu aberto do país. Embora o Canadá se promova como defensor dos direitos humanos e do meio ambiente, suas ações contradizem seu discurso, especialmente ao violar os direitos dos povos indígenas no Brasil. A discrepância fica clara quando sabemos que o Canadá não assinou a convenção 169 da OIT. Por isso, esperamos que os estados com os quais estamos em diálogo reconheçam essa realidade e pressionem o Canadá a reformular a atuação de suas corporações, buscando uma ação concreta em defesa dos povos indígenas e comunidades tradicionais", afirma Maurício Terena, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB. A Revisão Periódica Universal (RPU) é um processo que acontece a cada quatro anos, no qual todos os estados membros da ONU avaliam os registros de direitos humanos de seus pares. Este ano, a avaliação do Canadá será em 10 de novembro de 2023. Espera-se que os Estados membros considerem e incluam as recomendações feitas pela sociedade civil latino-americana. Dentre as sugestões apresentadas, destaca-se a necessidade do Canadá introduzir uma legislação vinculativa e abrangente centrada na devida diligência e responsabilidade corporativa. Isso inclui a supervisão de instituições financeiras e corporações canadenses ao longo de suas cadeias de fornecimento globais, com o objetivo de prevenir, mitigar e penalizar irregularidades corporativas, garantindo que vítimas dessas práticas no exterior possam buscar justiça e reparação completa. "Esperamos que o processo da RPU se consolide como mais uma estratégia em nossa defesa dos direitos dos povos indígenas, atuando como instrumento de proteção dos direitos humanos, indígenas e ambientais. É essencial reconhecer que as corporações envolvidas em tais violações estão cometendo atos criminosos. Essas ações não devem ser vistas apenas como atos isolados, mas sim em uma escala mais ampla, pois ao violar os direitos indígenas, impacta-se toda a humanidade. Assim, além das legislações nacionais e internacionais, essas infrações devem ser consideradas sob uma ótica mais abrangente. É essencial que os estados assumam o compromisso, dentro da ONU, de integrar um mecanismo global onde reconheçam a necessidade de monitorar e cobrar mutuamente ações que respeitem os direitos humanos, indígenas e ambientais", diz Kari Guajajara (Brasil), Assessora Jurídica, Organização Indígena Nacional da Amazônia Brasileira (COIAB). Esta não é a primeira vez que o Canadá enfrenta alegações dentro do Sistema Universal das Nações Unidas devido às atividades de suas corporações no exterior. Seis recomendações foram direcionadas ao Canadá durante o 3º ciclo da Revisão Periódica. Estas abordaram, entre outras preocupações, a garantia e proteção essencial dos direitos humanos pelas empresas canadenses. No entanto, mesmo após se comprometer a atender a essas recomendações, o Canadá falhou consistentemente em cumprir suas obrigações extraterritoriais, negligenciando tomar medidas efetivas para supervisionar atividades corporativas nacional e internacionalmente. "Nosso relatório revela a perturbadora realidade por trás dos empreendimentos corporativos do Canadá na América Latina. Enquanto o Canadá se gaba de uma conduta empresarial ética e se posiciona como "pró-clima", as evidências documentadas revelam a proteção do Canadá às indústrias extrativas responsáveis por significativos danos aos direitos humanos e ambientais - onde o lucro é priorizado sobre as pessoas e o meio ambiente", conclui Gisela Hurtado, gerente de Incidência Política da Amazon Watch. A delegação presente em Genebra é composta por Mauricio Terena da APIB; Maria Judite "Kari" Guajajara da COIAB; Josefa de Oliveira, Educadora Popular do Movimento Xingu Vivo Para Sempre; Lorena Aranha Curuaia, Vice-Presidente da Comunidade Iawá; e Brayan Mojanajinsoy Pasos, Secretário Geral da Associação de Conselhos Indígenas do Município de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP), e teve o apoio das organizações Amazon Watch, AIDA, Earthworks, Gaia e Ambiente y Sociedad.   Resumo dos casos principais de empresas canadenses envolvidas em violações de direitos destacadas no relatório   1. Frontera Energy no Lote 192 no Peru: - Mais de 2.000 locais contaminados, afetando 26 comunidades indígenas amazônicas. - O plano proposto de encerramento da atividade não inclui reparações para as comunidades afetadas.   2. Mineradora Argentina Gold SRL (parceria entre Barrick Gold e Shandong Gold): - Responsável por pelo menos cinco vazamentos de substâncias tóxicas, incluindo cianeto e arsênio, no Rio Jáchal na Argentina a partir da mina Veladero. - O projeto viola a Lei dos Glaciares devido à sua localização em uma zona glacial e afeta o patrimônio mundial da biodiversidade reconhecido pela UNESCO, a Reserva San Guilhermo.   3. Projeto Volta Grande da Belo Sun no Brasil: - Impactos cumulativos com a hidrelétrica Belo Monte, localizada a menos de 10 km do local de mineração prospectado. - Forças de segurança armadas contratadas pela mineradora para monitorar líderes locais e impedir sua locomocação. - Total desrespeito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado de comunidades indígenas e ribeirinhas. - Riscos iminentes e irreversíveis de uma tragédia ambiental se resíduos tóxicos forem lançados no Rio Xingu devido a uma possível ruptura da barragem, dada a falta de estudos de segurança sísmica e de barragens de rejeitos. - Impacto direto nas comunidades, seus meios de subsistência tradicionais e ecossistemas locais.   4. Mina Varadero no Chile: - Contaminou fontes de água com mercúrio, impactando populações rurais e crianças.   5. Barragem Hidrosogamoso da ISAGEN - Brookfield Asset Management na Colômbia: - Prejudicou significativamente os ecossistemas e comunidades locais.   6. Projetos de mineração da American Lithium (Falchani, Macusani e Quelccaya) no Peru: - Liberam regularmente resíduos tóxicos, afetando mais de 700.000 pessoas e contaminando as bacias do Lago Titicaca e do Rio Amazonas.   7. Projeto de mineração Warintza da Solaris Resources Inc. no Equador: - Ignorou os direitos territoriais do povo indígena Shuar Arutam e adotou táticas divisionistas.   8. Projeto de mineração Ixtaca no México: - Suspenso devido a violações dos direitos indígenas.   9. Projeto de mineração El Pato II na Guatemala: - Afetou as comunidades maias Poqomam e mestiças sem a devida consulta prévia.   10. Projeto de mineração Mocoa da Libero Copper na Colômbia: - Prejudicou diretamente o território ancestral do povo Inga, violando seus direitos.   11. Projeto de extração de ouro Machado da Cosigo Resources LTD na Colômbia: - Impactou gravemente locais sagrados indígenas no território Yaigojé Apaporis.   12. Mina Pueblo Viejo da Barrick Gold na República Dominicana:    - Forçou o deslocamento de 65 famílias locais devido à barragem de rejeitos El Llagal.   13. Projetos de mineração de La Plata pela Atico Mining Corporation e Las Naves pela Curimining S.A. (subsidiária da Adventus Mining Corporation) e Salazar Resources Limited no Equador: - Tentaram legalizar suas operações apesar de violarem leis nacionais e internacionais de direitos humanos, levando a confrontos e ferimentos.   14. Lote 95 da Petrotal no Peru: - Protestos exigindo direitos da comunidade resultaram em várias mortes pelas forças policiais que guardavam o campo de petróleo.   15. Equinox Gold no Brasil: - Ocultou dados sobre suas operações e impactos, incluindo uma ruptura de barragem. - 4.000 pessoas diretamente impactadas por resíduos tóxicos resultantes da ruptura da barragem que contaminaram rios amazônicos locais, violando o direito a um ambiente limpo e acesso adequado à água potável. - Criminalização de líderes comunitários locais que protestavam pelo direito à água.   16. Gran Tierra Energy no Equador: - Conduziu explorações nos blocos Charapa, Chanangué e Iguana sem o devido compartilhamento de informações às comunidades locais.  

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Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Empresas canadienses cometen diversas violaciones a los derechos humanos en América Latina, señala informe

Ginebra. Hoy se presentó en Ginebra el informe Desenmascarando a Canadá: Violaciones de derechos en América Latina y el Caribe durante la presesión del Proceso del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas. Este documento fue entregado por una delegación que incluye líderes indígenas, comunidades locales y representantes de la sociedad civil latinoamericana. El informe es el resultado del trabajo de más de 50 organizaciones que presentaron tres documentos críticos (Informe Regional, Informe Amazónico e Informe Petrolero), que juntos demandan responsabilidad por abusos corporativos en 37 proyectos canadienses en nueve países de América Latina y el Caribe. Los hallazgos clave incluyen 32 proyectos que infringen el derecho a un medio ambiente limpio; con casos específicos de contaminación del aire, agua y tierra, como los 105 derrames de petróleo en el Bloque 192 de Perú por Frontera Energy. Además, se encontró que 26 proyectos violaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado y la consulta, como se vio en las tácticas divisorias empleadas en el proyecto Warintza de Ecuador por Solaris Resources Inc. Además, 19 proyectos violan derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo impactos en la seguridad alimentaria y las actividades económicas tradicionales en el proyecto Volta Grande de Brasil por causa de Belo Sun. Los informes también resaltan una violencia alarmante, con 16 proyectos violando los derechos civiles y políticos de personas defensoras ambientales, que llevaron a situaciones como la lesión de 20 personas en Perú, en julio de 2023. "Vinimos aquí para denunciar la participación de empresas canadienses en violaciones a los derechos humanos en Brasil, particularmente el caso de la minera Belo Sun, en Pará, que aspira a establecer la mina de oro a cielo abierto más grande del país. Aunque Canadá se promociona como defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, sus acciones contradicen su discurso, especialmente al violar los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. La incongruenncia es evidente cuando sabemos que Canadá no ha firmado el convenio 169 de la OIT. Debido a esto, esperamos que las misiones diplomáticas con las que estamos dialogando reconozcan esta realidad y presionen a Canadá para cambiar la actuación de sus corporaciones, buscando una acción concreta en defensa de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales", afirmó Maurício Terena, coordinador jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). El examen Periódico Universal (EPU) se lleva a cabo cada cuatro años. Es un procedimiento mediante el cual todos los estados miembros de la ONU evalúan el récord de derechos humanos de los gobiernos bajo evaluación. Este año, el EPU de Canadá se llevará a cabo el 10 de noviembre de 2023 en Ginebra. Se espera que los Estados miembros consideren e incluyan las recomendaciones hechas por la sociedad civil latinoamericana. Entre las sugerencias presentadas, destaca la necesidad de que Canadá introduzca una legislación vinculante y amplia centrada en la debida diligencia y responsabilidad corporativa. Esto incluye la supervisión de instituciones financieras y corporaciones canadienses a lo largo de sus cadenas de suministro globales, con el objetivo de prevenir, mitigar y sancionar irregularidades corporativas, asegurando que las víctimas de estas prácticas en el extranjero puedan buscar justicia y reparación total. "Esperamos que el proceso del EPU se consolide como una estrategia más en nuestra defensa de los derechos de los pueblos indígenas, actuando como instrumento de protección de los derechos humanos, indígenas y ambientales. Es esencial reconocer que las corporaciones involucradas en tales violaciones están cometiendo actos criminales. Estas acciones no deben ser vistas solo como actos aislados, sino en una perspectiva más amplia, ya que al violar los derechos indígenas, se afecta a toda la humanidad. Es esencial que los estados asuman este compromiso, dentro de la ONU, de integrar un mecanismo global donde reconozcan la necesidad de monitorear y exigir acciones que respeten los derechos humanos, indígenas y ambientales", manifestó Kari Guajajara (Brasil), asesora jurídica de la Organización Indígena Nacional de la Amazonía Brasileña (COIAB). Esta no es la primera vez que Canadá enfrenta alegaciones dentro del Sistema de las Naciones Unidas debido a las actividades de sus corporaciones en el extranjero. Seis recomendaciones fueron dirigidas a Canadá durante el tercer ciclo de la Revisión Periódica. Estas abordaron, entre otras preocupaciones, garantizar y proteger los derechos humanos esenciales por parte de las empresas canadienses. Sin embargo, incluso después de comprometerse a cumplir estas recomendaciones, Canadá ha fallado consistentemente al cumplir con sus obligaciones extraterritoriales sin tomar medidas efectivas para supervisar actividades corporativas a nivel nacional e internacional. "Nuestro informe revela la inquietante realidad detrás de las compañías canadienses en América Latina. Mientras Canadá presume de una conducta empresarial ética y se posiciona como "pro-clima", las evidencias documentadas muestran que Canadá protege a las industrias extractivas responsables de significativos impactos a los derechos humanos y ambientales, donde las ganancias se priorizan sobre las personas y el medio ambiente", concluye Gisela Hurtado, Oficial de Incidencia Política de Amazon Watch. La delegación presente en Ginebra está compuesta por Mauricio Terena de APIB; Maria Judite "Kari" Guajajara de COIAB; Josefa de Oliveira, Educadora Popular del Movimiento Xingu Vivo Para Siempre; Lorena Aranha Curuaia, Vicepresidenta de la Comunidad Iawá; y Brayan Mojanajinsoy Pasos (Colombia), Secretario General de la Asociación de Consejos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP). Y contó con el apoyo de las organizaciones Amazon Watch, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthworks, Gaia y Ambiente y Sociedad.   Resumen de los principales casos de empresas canadienses involucradas en violaciones de derechos destacadas en el informe   1. Frontera Energy en el Lote 192 en Perú: - Más de 2.000 lugares contaminados, afectando a 26 comunidades indígenas amazónicas. - El plan de cierre de actividad propuesto no incluye reparaciones para las comunidades afectadas.   2. Minera Argentina Gold SRL (alianza entre Barrick Gold y Shandong Gold): - Responsable de al menos cinco derrames de sustancias tóxicas, incluyendo cianuro y arsénico, al río Jáchal en Argentina desde la mina Veladero. - El proyecto viola la Ley de Glaciares debido a su ubicación en una zona glaciar y afecta al patrimonio mundial de la biodiversidad reconocido por la UNESCO, la Reserva San Guilhermo.   3. Proyecto Volta Grande de Belo Sun en Brasil: - Impactos acumulativos con la represa hidroeléctrica Belo Monte, ubicada a menos de 10 km del sitio de minería proyectado. - Fuerzas de seguridad armadas contratadas por la empresa minera para vigilar líderes locales y restringir su movimiento. - Total desconocimiento al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y ribereñas. - Riesgos inminentes e irreversibles de una tragedia ambiental si los residuos tóxicos se vierten en el río Xingu debido a una posible rotura de la presa, dada la falta de estudios de seguridad sísmica y de presas de relaves. - Impacto directo en las comunidades, sus medios de vida tradicionales y ecosistemas locales.   4. Mina Varadero en Chile: - Contaminó fuentes de agua con mercurio, afectando a poblaciones rurales y a niños y niñas.   5. Represa Hidrosogamoso de ISAGEN - Brookfield Asset Management en Colombia: - Causó daños significativos a los ecosistemas y comunidades locales.   6. Proyectos mineros de American Lithium (Falchani, Macusani y Quelccaya) en Perú: - Liberan regularmente residuos tóxicos, afectando a más de 700.000 personas y contaminando las cuencas del lago Titicaca y del río Amazonas.   7. Proyecto minero Warintza de Solaris Resources Inc. en Ecuador: - Ignoró los derechos territoriales del pueblo indígena Shuar Arutam y adoptó tácticas divisionistas.   8. Proyecto minero Ixtaca en México: - Suspendido debido a violaciones de los derechos indígenas.   9. Proyecto minero El Pato II en Guatemala: - Afectó a las comunidades mayas Poqomam y mestizas sin la consulta previa adecuada.   10. Proyecto minero Mocoa de Libero Copper en Colombia: - Afectó directamente el territorio ancestral del pueblo Inga, violando sus derechos.   11. Proyecto de extracción de oro Machado de Cosigo Resources LTD en Colombia: - Impactó gravemente sitios sagrados indígenas en el territorio Yaigojé Apaporis.   12. Mina Pueblo Viejo de Barrick Gold en República Dominicana: - Obligó al desplazamiento de 65 familias locales debido a la presa de desechos El Llagal.   13. Proyectos mineros de La Plata por Atico Mining Corporation y Las Naves por Curimining S.A. (una subsidiaria de Adventus Mining Corporation) y Salazar Resources Limited en Ecuador: - Intentaron legalizar sus operaciones a pesar de violar leyes nacionales e internacionales de derechos humanos, lo que llevó a enfrentamientos y lesiones.   14. Lote 95 de Petrotal en Perú: - Protestas demandando derechos de la comunidad resultaron en varias muertes por las fuerzas policiales que protegían el campo petrolero.   15. Equinox Gold en Brasil: - Ocultó datos sobre sus operaciones e impactos, incluido un rompimiento de presa. - 4.000 personas directamente afectadas por residuos tóxicos provenientes de la ruptura de la presa que contaminaron ríos amazónicos locales, violando el derecho a un ambiente limpio y acceso adecuado al agua potable. - Criminalización de líderes comunitarios locales que protestaban por el derecho al agua.   16. Gran Tierra Energy en Ecuador: - Llevó a cabo exploraciones en los bloques Charapa, Chanangué e Iguana sin la debida divulgación de información a las comunidades locales.  

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