Fuentes de Agua Dulce

February 13 2025 Fortalecimiento de Capacidades, Fuentes de Agua Dulce, Minería

Seminario web "Evidencias del hiperconsumo de agua en la extracción y producción de litio"

Serie de seminarios web "Extractivismos y defensa territorial desde la ciencia" En AIDA consideramos que la divulgación de las ciencias ambientales es una poderosa herramienta de defensa territorial frente al avance de las actividades extractivas en América Latina. Reconocemos la diversidad del conocimiento científico —que se extiende al conocimiento local, tradicional e indígena— y su potencial para contribuir a la comprensión holística de los impactos ambientales y sociales de los proyectos extractivos. También valoramos el vínculo entre el conocimiento científico y la defensa de un ambiente sano que comunidades y organizaciones de la sociedad civil realizan en los territorios.En esta serie de seminarios web dialogaremos —desde la ciencia— acerca de los impactos de la extracción de recursos minero energéticos en algunos de los ecosistemas más vulnerables de la región, así como en los procesos de defensa territorial. La serie tendrá tres ciclos en los abordaremos tres grandes temáticas: la minería metálica, los combustibles fósiles y las nuevas fronteras del extractivismo.En esta segunda sesión, parte del ciclo sobre minería metálica, explicamos las características de la extracción y producción de litio, las amenazas al sistema hídrico regional y las propuestas para enfrentarlas desde el litigio y la ciencia.La minería de litio impone al planeta un elevado costo ambiental, asociado al significativo consumo de recursos hídricos para la fabricación de baterías eléctricas. Chile y Argentina, dos de los principales países productores de litio son también los que tienen mayor riesgo hídrico.El agua subterránea y superficial es uno de los bienes más preciados que tenemos y su cuidado es crucial para la resiliencia hídrica de los pueblos que habitan la Puna, ubicada en el Altiplano de Argentina, Bolivia y Chile. Pero la minería de litio, caracterizada por el hiperconsumo hídrico, ha penetrado fácilmente en esta ecorregión, dejando evidencias claras de cambios en las condiciones ecológicas. PanelJavier Oviedo, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Consumo de agua en la minería de litio.Cynthia Escares, ONG Defensa Ambiental (Chile): La Puna. Valor ecológico y microbiológico de los salares andinos.Verónica Gostissa, Asamblea Pucará (Argentina): El caso del Salar del Hombre Muerto como ejemplo de lo que sucede en la región (impactos acumulativos). Moderó: David Cañas, AIDA. Grabación

January 31 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fuentes de Agua Dulce

La vida en los humedales andinos, en riesgo por el extractivismo

El avance de la explotación industrial de litio y otros minerales para la transición energética del norte global amenaza los salares y otros humedales andinos en Argentina, Bolivia y Chile. Estos frágiles ecosistemas son fuente abundante de vida y fundamentales para la subsistencia humana, el equilibrio ambiental y para la mitigación y adaptación a la crisis climática. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile están en riesgo grave debido al avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética en los países del norte global. Desde la Alianza por los Humedales Andinos alertamos de esta amenaza para estos ecosistemas donde la vida abunda y que son clave para la subsistencia humana y de la diversidad biológica en general y la lucha contra la crisis climática.Este año, la Convención sobre los Humedales propone como tema para el Día Mundial de los Humedales: “Proteger los humedales para nuestro futuro común”. Este lema resalta la importancia de una acción colectiva para proteger a estos ecosistemas, de los cuales depende el futuro de la humanidad.Según datos de Naciones Unidas, aunque sólo cubren un 6% de la superficie terrestre, los humedales son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. Y, en el mundo, más de 1.000 millones de personas (una octava parte de la población terrestre) viven en zonas rurales y urbanas que dependen de estos ecosistemas como medio de subsistencia. Sin embargo, con una pérdida del 35% a nivel mundial en los últimos 50 años (desde 1970), los humedales son el ecosistema más amenazado, desapareciendo tres veces más rápido que los bosques.En América Latina, los humedales andinos de la región del Gran Atacama —ubicada en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— albergan especies únicas de flora y fauna, especialmente adaptadas a condiciones climáticas extremas, así como microorganismos que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Su alta capacidad para purificar y almacenar agua garantiza el abastecimiento del recurso para comunidades y especies, generando además condiciones de adaptación a la crisis climática.Sin embargo, debido a la presencia en estos humedales de grandes cantidades de litio —los tres países concentran más del 53% de los recursos (material potencialmente explotable) del mineral— existe una gran presión sobre ellos: actores empresariales y estatales han desarrollado una creciente y masiva industria minera para cubrir la demanda de litio del norte global, orientada a la fabricación de vehículos eléctricos y al almacenamiento de energía de fuentes renovables, entre otros fines.De su lado, los gobiernos nacionales y provinciales ven en la industria la oportunidad de atraer inversiones y fortalecer sus economías, para lo cual flexibilizan o implementan de forma deficiente la normativa que exige un análisis adecuado de los impactos ambientales y sociales de los proyectos. Asimismo, no se realizan procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas que viven en los territorios. Tampoco se garantizan los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ni un entorno seguro para las personas defensoras del ambiente.Una de las principales afectaciones de este tipo de minería es el agua, elemento central de los humedales andinos. El litio se extrae del agua debajo de los salares, para lo cual se utiliza agua salada y dulce. Los humedales andinos están en zonas donde la supervivencia depende de la escasa agua que las caracteriza. El avance del extractivismo en la región del Gran AtacamaArgentinaSegún datos oficiales, en el país hay una cartera de más de 50 proyectos de litio en diferentes estados de avance ubicados principalmente en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy. Tres de ellos están en etapa de producción y exportación (un cuarto proyecto comenzó su producción en julio de 2024), cuatro en construcción y más de 40 con distinto grado de avance (prospección/exploración/factibilidad), mayoritariamente en fase de exploración avanzada. En Salta y Jujuy operan grandes empresas como Pan American Energy, Pluspetrol y Tecpetrol, históricamente vinculadas a la industria del petróleo y gas, que ahora están ampliando su presencia en sectores de energías renovables, con un marcado interés en la extracción de litio.Sin embargo, a través de un amparo ambiental iniciado contra autoridades y gobierno de la provincia de Jujuy, se ha tomado conocimiento de que existen más de 40 proyectos mineros sólo en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, una cuenca endorreica donde viven más de treinta comunidades originarias pertenecientes a los pueblos/naciones Kolla y Atacama. Al día de hoy, se desconoce su estado de avance y si existen otros proyectos debido a que el acceso a la información pública ambiental está restringido y no se provee de forma completa y oportuna, en incumplimiento de la normativa nacional y estándares internacionales. En el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, está el enclave de extracción de litio más antiguo del país. El salar ha sido explotado desde 1996 por la empresa Livent (ahora Arcadium Lithium), causando el desecamiento total e irreversible de la Vega del Río Trapiche. En marzo de 2024, la Corte Suprema de Catamarca ordenó frenar la actividad minera en este salar hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental acumulativo. BoliviaEn el Salar de Uyuni, el más grande del mundo, se han identificado recursos de 23 millones de toneladas de litio. Y hay otros 26 salares que, por normativa, están reservados para la explotación del mineral, en seis de ellos se realizan actividades de exploración. En Bolivia, el litio es de propiedad estatal. El país cuenta con una planta de explotación estatal que comenzó a operar el 2024 al 20% de su capacidad. En 2012 y 2018, se realizaron dos consultas públicas para las plantas estatales, pero estas excluyeron a comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas. Algunas comunidades han denunciado de manera informal una merma significativa de vertientes y pozos de agua. También se ha denunciado la degradación del Salar de Chalviri y la sobreexplotación de litio y boro en el Salar de Capina.Desde 2023, se han firmado convenios e iniciado actividades de exploración e instalación de campamentos con una empresa rusa y dos chinas. Estos convenios han resultado en dos contratos, firmados a finales del 2024 y pendientes de aprobación por la Asamblea Legislativa, con la empresa rusa Uranium One Group para una planta en el Salar de Uyuni y con el consorcio chino CBC Hong Kong (empresas CATL-BRUMP-CMOC) para otras dos plantas en el mismo salar. También a finales del año pasado, se lanzó una segunda convocatoria internacional para la explotación de otros cuatro salares (Empexa, Capina, Cañapa y Chiguana), la cual ha resultado en la firma de convenios con las empresas EAU Lithium Pty Ltd (Australia), Tecpetrol S.A. (Argentina) y Geolith Actaris (Francia). Estos convenios, contratos y procesos se han desarrollado sin procesos de consulta previos y con falta de transparencia. ChileLa cuenca del Salar de Atacama alberga más del 90% de las reservas de litio de Chile y fue una de las primeras en ser explotadas por la industria minera. Actualmente, en dicho salar, ubicado en la Región de Antofagasta, hay cuatro grandes operaciones mineras: la extracción de Litio por parte de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y de Albemaerle, bajo contratos con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que implica la extracción de más de 2.000 litros de agua por segundo; y la extracción en paralelo de cobre de parte de Minera Escondida y Minera Zaldívar, que extraen más de 1.400 litros de agua dulce por segundo, agravando la ya crítica crisis hídrica de la zona. La Comunidad Atacameña de Peine, quienes habitan en la cuenca del salar, ha impulsado acciones legales denunciando la sobreexplotación de sus acuíferos, mientras que, en Calama, los movimientos ciudadanos exigen una gobernanza del agua frente a la extracción descontrolada de las mineras. En 2015, un comité designado por el gobierno reconoció que la extracción de salmuera tiene efectos adversos en el ecosistema, pero en lugar de regular su uso, confirmó la política de larga data del gobierno, que consiste en regular la producción de litio.En Chile, el gobierno tiene derechos exclusivos de propiedad sobre el litio en virtud del Decreto Ley 2886 (1979). Esto significa que las instituciones estatales, particularmente CORFO, establecen las condiciones bajo las cuales las empresas privadas operan en los salares. En 1979, siguiendo las directrices de Estados Unidos, el gobierno chileno —la dictadura de Augusto Pinochet— declaró al litio como “mineral estratégico” y tomó medidas para salvaguardar las reservas de largo plazo, limitando la producción mediante cuotas acreditadas por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. La Estrategia Nacional del Litio, lanzada en 2023, busca expandir la explotación estatal, incluyendo nuevos proyectos en los salares de Maricunga y Pedernales. Chile concentra el 36% de la producción global de litio y, con al menos 31 nuevos proyectos de hidrógeno verde en carpeta, la presión sobre los recursos hídricos aumentará exponencialmente. Se sabe que, desde 2013, en la propiedad de SQM, 32,4% de los algarrobos (Prosopis chilenis) se han secado por falta de agua. El algarrobo es un árbol nativo, resistente a la sequía y con raíces muy profundas que le permiten sobrevivir en ese ambiente. Contactos de prensa Víctor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected], +52 5570522107Rocío Wischñevsky, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina, [email protected], +54 1159518538Verónica Gostissa, Asamblea Pucará (Argentina), [email protected], +54 93834771717Juan Donoso, Formando Rutas (Chile), [email protected], +4915780743628

January 30 2025 Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Participación Ciudadana

Corredor Biocultural: Esperanza de un futuro mejor para el Pantanal

Por Jorge Lu Palencia y Andrea Islas López*El Pantanal es un humedal único y de gran riqueza. Integra elementos de la selva amazónica semiárida, la Mata Atlántica (bosque húmedo), El Cerrado (sabana tropical), el bosque seco chiquitano y la sabana esteparia del Chaco. Con una extensión de casi 18 millones de hectáreas, trasciende las fronteras de Bolivia, Brasil y Paraguay. Su biodiversidad es fundamental para la protección del agua, la producción de alimentos, la regulación del clima, así como para la vida y cultura de millones de personas: campesinas, comunidades tradicionales, comunidades quilombolas y pueblos indígenas. Sin embargo, el Pantanal está en riesgo de desaparecer por las devastadoras temporadas de incendios forestales y otras amenazas originadas en las deficiencias estructurales de la gestión institucional del ecosistema.En 2022, organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Convención Ramsar aplicar al Pantanal los mecanismos de protección para humedales de importancia internacional, advirtiendo que el número de focos de incendios se había elevado a cifras cinco veces mayores que el promedio histórico. Y, en 2024, denunciaron que la temporada de incendios superó nuevamente las condiciones históricas promedio.Unas semanas después de los incendios, en noviembre de 2024, los Comités Populares del Agua y el Clima —conformados por pequeños agricultores de la cuenca del Río Paraguay— se reunieron para celebrar a la naturaleza y reafirmar su compromiso con la protección del agua mediante la autoafirmación del Corredor Biocultural del Río Paraguay / Pantanal.Estos comités han estado activos por más de 25 años para hacer frente a las amenazas socioambientales de la minería, de proyectos como hidrovías y presas hidroeléctricas, así como de los monocultivos de soja y caña de azúcar.Representan un modelo alternativo de gestión del ecosistema donde las comunidades se organizan para proteger su territorio y promover prácticas sostenibles. ¿Qué significa la autoafirmación del corredor biocultural?En la práctica ambiental, el término “corredor” se aplica a los corredores ecológicos, cuya función principal es la conectividad, es decir, el movimiento de las especies de fauna para refugio, alimentación y reproducción, así como la dispersión de las plantas.Sumar a los corredores el elemento “biocultural” es pensar en que los seres humanos somos parte del ecosistema, que la conservación de la naturaleza no excluye la finalidad de hacer posible la vida plena de los grupos humanos y que la cultura —materializada en las diversas cosmovisiones, conocimientos ancestrales, prácticas tradicionales y formas propias de organización— es un elemento fundamental para proteger efectivamente la naturaleza.La autoafirmación hecha por los comités populares del Pantanal es un hito que nos recuerda que la protección de la naturaleza no depende solo de la acción de los gobiernos, sino que es posible por la conciencia e iniciativa popular de las comunidades y los pueblos. Da cuenta que el ejercicio de los derechos de participación pública es irrenunciable y fundamental para políticas públicas que posibiliten la vida y la justicia socioambiental.Los corredores bioculturales permiten integrar la conservación de la naturaleza y las actividades económicas y culturales con prácticas ecológicas, propiciando así un futuro más sostenible para las comunidades y la región del Pantanal.Significan el nacimiento de una iniciativa de conservación más legítima y eficaz, de una gestión con gobernanza participativa y de un sistema de organización donde las decisiones y las políticas florecen de abajo hacia arriba. Un modelo alternativo a la deficiente gestión institucional En el contexto de la crisis climática y de un sistema político económico que exacerba las amenazas, las devastadoras temporadas de incendios en el Pantanal exhiben los problemas de cambio de uso del suelo, el uso irresponsable del fuego para las actividades agrícolas y ganaderas, una gestión inadecuada de recursos para prevenir y combatir los incendios, además de la ausencia de coordinación y cooperación transfronteriza.Las deficiencias estructurales de la gestión institucional se han traducido en políticas públicas insuficientes o que incluso han causado la pérdida del hábitat a través de incentivos a los monocultivos y a la ganadería extensiva, afectado la regulación hídrica por el uso de hidrovías y atrapado en represas al agua que permite los servicios ecosistémicos, la subsistencia y la cultura de las comunidades locales y pueblos indígenas.Frente a este panorama, la autoafirmación del corredor biocultural surge como modelo alternativo de gestión del territorio, impulsado por el pueblo como respuesta a la falta de políticas públicas efectivas.Con este modelo, las comunidades impulsan la educación popular consciente para proteger el agua y adoptar prácticas de agricultura ecológica, en lugar de depender de un sistema que favorece una economía de degradación a costa de la destrucción del hábitat. Razones para tener esperanza en la preservación del PantanalLa autoafirmación del corredor biocultural nos permite ser optimistas debido a:La resiliencia de las y los pantaneros, que les permite sobreponerse a la devastación y abrir un camino alterno para la conservación del ecosistema con la iniciativa y participación campesina popular.La conciencia y acción emancipatorias, que colocan en el centro a la vida con base en los derechos de la naturaleza, el respeto a los derechos humanos, la justicia social y ambiental.Una organización que resiste y se construye democráticamente, basada en la identidad pantanera, la mística, los conocimientos ancestrales y las prácticas tradicionales sostenibles.Un modelo de gestión popular y participativo, que armoniza los fines de conservación y de desarrollo integral, que tiende puentes con otras comunidades y pueblos indígenas, y que tiene el potencial de expandirse como sistema de gobernanza socioambiental transfronterizo con enfoque ecosistémico.Gracias a los comités populares, el Pantanal vive y tiene posibilidades de un futuro más sostenible. La creación del corredor biocultural es una clara señal de esperanza para este vasto y rico territorio de humedales.Este modelo, basado en la gestión popular y el respeto por la naturaleza, ofrece una alternativa viable frente a las amenazas que enfrenta el Pantanal y es una fuente de inspiración para otros territorios en crisis del continente.* Jorge Lu Palencia es abogado del Programa de Ecosistemas de AIDA; Andrea Islas López es abogada y pasante en AIDA.

January 30 2025 Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Participación Ciudadana

Corredor Biocultural: Esperança de um futuro melhor para o Pantanal

Por Jorge Lu Palencia e Andrea Islas López*O Pantanal é uma zona úmida única e rica. Reúne elementos da floresta semiárida amazônica, da Mata Atlântica (floresta úmida), do Cerrado (savana tropical), da floresta seca chiquitana e da savana estépica do Chaco. Com uma área de quase 18 milhões de hectares, abrange as fronteiras da Bolívia, Brasil e Paraguai. Sua biodiversidade é fundamental para a proteção da água, produção de alimentos, regulação do clima, bem como para a vida e a cultura de milhões de pessoas: camponeses, comunidades tradicionais, comunidades quilombolas e povos indígenas. No entanto, o Pantanal corre o risco de desaparecer por causa das devastadoras temporadas de incêndios florestais e das outras ameaças causadas pela deficiência estrutural na gestão institucional do ecossistema.Em 2022, as organizações da sociedade civil solicitaram à Convenção de Ramsar aplicar ao Pantanal as medidas de proteção para áreas úmidas de importância internacional, alertando que o número de focos de incêndio subiu cinco vezes a média histórica. Já em 2024, foi denunciado que a temporada de incêndios ultrapassou mais uma vez a média histórica.Poucas semanas após os incêndios, em novembro de 2024, os Comitês Populares da Água e do Clima – formados por pequenos agricultores da bacia do rio Paraguai – se reuniram para celebrar a natureza e reafirmar seu compromisso com a proteção da água por meio da validação do Corredor Biocultural do Rio Paraguai/Pantanal.Esses comitês atuam há mais de 25 anos para enfrentar as ameaças socioambientais da mineração, de projetos como hidrovias e hidrelétricas, bem como das monoculturas de soja e cana-de-açúcar.Representam um modelo alternativo de gestão de ecossistemas onde as comunidades se organizam para proteger o seu território e promover práticas sustentáveis. O que significa a validação do corredor biocultural?Na prática ambiental, o termo “corredor” é aplicado aos corredores ecológicos, cuja principal função é a conectividade, ou seja, a movimentação de espécies da fauna para abrigo, alimentação e reprodução, bem como a dispersão de plantas.Acrescentar o elemento “biocultural” aos corredores é pensar que o ser humano faz parte do ecossistema, que a conservação da natureza não exclui o objetivo de tornar possível a vida plena dos grupos humanos e que a cultura – materializada nas diversas visões de mundo, conhecimentos ancestrais, práticas tradicionais e formas próprias de organização – é um elemento fundamental para proteger a natureza de forma eficiente.A validação dos comitês populares do Pantanal é um marco que nos lembra que a proteção da natureza não depende apenas da ação dos governos, mas é possível por meio da consciência popular e da iniciativa das comunidades e povos. Demonstra que o exercício dos direitos de participação pública é inalienável e fundamental para políticas públicas que viabilizem a vida e a justiça socioambiental.Os corredores bioculturais permitem a integração da conservação da natureza e das atividades econômicas e culturais com práticas ecológicas, promovendo assim um futuro mais sustentável para as comunidades e para a região do Pantanal.Também significa o nascimento de uma iniciativa de conservação mais legítima e eficaz, de gestão com governança participativa e de um sistema organizacional onde as decisões e políticas florescem de baixo para cima. Um modelo alternativo diante da má gestão institucional No contexto da crise climática e de um sistema político-econômico que agrava as ameaças, as intensas temporadas de incêndios no Pantanal expõem os problemas da mudança no uso da terra, do uso irresponsável do fogo para atividades agrícolas e pecuárias, da má gestão de recursos para prevenir e combater incêndios, além da ausência de coordenação e cooperação transfronteiriça.As deficiências estruturais na gestão institucional resultaram em políticas públicas insuficientes, que promoveram a perda de habitat por meio de incentivos às monoculturas e à pecuária extensiva; afetou o volume hídrico devido ao uso dos cursos de água para transporte; e aprisiona a água em barragens, o que compromete os serviços ecossistêmicos, a subsistência e a cultura das comunidades locais e dos povos indígenas.Diante deste panorama, a validação do corredor biocultural surge como um modelo alternativo de gestão territorial, promovido pelo povo como resposta à falta de políticas públicas eficazes.Com esse modelo, as comunidades incentivam a educação popular consciente para proteger a água e adotar práticas agrícolas ecológicas, em vez de dependerem de um sistema que favorece uma economia de degradação à custa da destruição do habitat. Razões para ter esperança na preservação do PantanalA validação do corredor biocultural nos permite ser otimistas devido aos seguintes fatores:A resiliência dos pantaneiros, que lhes permite superar a devastação e abrir um caminho alternativo para a conservação do ecossistema com a iniciativa e participação dos agricultores populares.Consciência e ação emancipatória, que colocam a vida no centro com base nos direitos da natureza, no respeito aos direitos humanos e na justiça social e ambiental.Uma organização que resiste e se constrói democraticamente, baseada na identidade pantaneira, no misticismo, nos saberes ancestrais e nas práticas tradicionais sustentáveis.Um modelo de gestão popular e participativo que harmoniza os propósitos de conservação e desenvolvimento integral, que constrói pontes com outras comunidades e povos indígenas e que tem potencial para se expandir como um sistema de governança socioambiental transfronteiriço com abordagem ecossistêmica.Graças aos comitês populares o Pantanal vive e tem possibilidades de um futuro mais sustentável. A criação do corredor biocultural é um claro sinal de esperança para esse vasto e rico território.Esse modelo, baseado na gestão popular e no respeito à natureza, oferece uma alternativa viável às ameaças que a região enfrenta e é fonte de inspiração para outros territórios em crise no continente.* Jorge Lu Palencia é advogado do Programa de Ecossistemas da AIDA; Andrea Islas López é advogada e estagiária na AIDA.

January 13 2025 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fracking

La búsqueda internacional de justicia de las comunidades mapuches en Mendoza, Argentina

En un contexto de crisis climática mundial que ha profundizado las desigualdades existentes en América Latina, las comunidades del pueblo mapuche en Mendoza, Argentina, enfrentan múltiples amenazas que incrementan su vulnerabilidad climática y lesionan sus derechos.Una de estas actividades es la fractura hidráulica o fracking, un método de extracción de hidrocarburos ampliamente relacionado con impactos socioambientales. En Argentina, es empleado de forma extendida en el megaproyecto Vaca Muerta, emplazado en un territorio de aproximadamente 30,000 km², considerado la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencionales.Una porción significativa de Vaca Muerta se encuentra en territorio mendocino, donde el megaproyecto abarca 8,700 km². En esta provincia, las comunidades mapuches enfrentan además un complejo entorno político que pone en riesgo sus derechos territoriales e incluso su identidad. A esto se suman políticas públicas a nivel nacional que van en detrimento de los derechos indígenas en el país. Lo anterior responde a la intención de despojar a las comunidades de sus tierras para facilitar el avance del fracking y de otras actividades extractivas.Ante este panorama, el pueblo mapuche no está dispuesto a ceder en la defensa de sus derechos, sus modos de vida y su integridad territorial.La Organización Identidad Territorial Malalweche —que representa a más de 20 comunidades del pueblo mapuche en la provincia de Mendoza— ha recurrido a diferentes organismos internacionales para denunciar y visibilizar la crítica situación, así como buscar justicia. Este proceso de denuncia internacional incluye comunicaciones a la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos, así como la presentación de un escrito legal (amicus curiae) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Las múltiples afectaciones del frackingLa extracción de petróleo y gas mediante fracking en Vaca Muerta se realiza sobre territorios ancestrales del pueblo mapuche. El fracking es una técnica extrema de extracción que implica mayores impactos al ambiente, incluyendo mayores emisiones de gases de efecto invernadero. En las provincias de Neuquén y Río Negro, donde la explotación de Vaca Muerta se encuentra más extendida, los daños graves al ambiente y la población se están produciendo hace más de 10 años y continúan en aumento.Para las comunidades mapuches, los impactos del fracking van más allá de los daños físicos al entorno. Las actividades extractivas en sus territorios erosionan su capacidad de autodeterminación y afectan profundamente su bienestar psicológico y espiritual porque su relación con la tierra es fundamental para su identidad y cultura.Si bien el fracking en territorio mendocino está en una etapa inicial, con pocos pozos activos, las empresas y la provincia tienen planes de incrementarlo, a lo que se suma el crecimiento sostenido de la actividad en toda Vaca Muerta. Para ello necesitan mayores extensiones de terreno y disponibilidad de grandes cantidades de agua. En el contexto descrito, prácticas tradicionales como la trashumancia —un tipo de migración estacional en la que los pastores trasladan sus animales entre zonas de pastoreo en diferentes épocas del año— están gravemente amenazadas.El crecimiento de estas actividades, en el contexto actual de crisis hídrica y climática que atraviesa la región, aumenta la vulnerabilidad de estas comunidades y compromete su capacidad de seguir viviendo de manera sostenible en su entorno natural. Menores garantías para los derechos humanosComo estrategia para expandir la ocupación de territorios mapuches con actividades extractivas como el fracking, se han adoptado medidas regresivas que degradan el marco de protección de los derechos indígenas en Mendoza y en todo el país.Una de ellas es la declaración aprobada en marzo de 2023 por la Cámara de Diputados de Mendoza que cuestiona el estatus de los mapuches como pueblos originarios argentinos. Esto ha generado preocupación sobre las posibilidades de reconocimiento de sus derechos territoriales y el aumento de los desalojos que ya sufren.Además, a nivel nacional, se impulsan medidas complementarias que facilitan el desarrollo de actividades extractivistas por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entre ellas está el cierre por decreto del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, cuya misión era la promoción de políticas y medidas orientadas a una sociedad libre de discriminación. Esta medida implica un debilitamiento de la protección institucional de los derechos humanos.De manera similar, el gobierno anunció el cierre del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dedicado a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque la medida no se ha concretado, se eliminó su autonomía funcional y se eliminaron las áreas destinadas al reconocimiento de las comunidades y regularización de sus territorios. En la práctica, estas medidas impiden que estos pueblos ejerzan el derecho constitucional a sus tierras ancestrales.Aunado a ello, se derogó la Ley 26160, que suspendía los desalojos de pueblos indígenas mientras tramitaran su regularización territorial. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, argumentó que no pueden existir leyes perpetuas que impidan los desalojos, pues "no puede haber derecho a usurpar". Los desalojos violentos contra comunidades originarias ya comenzaron. Acciones internacionales de defensaEn respuesta, las comunidades mapuches de Mendoza han mostrado una enorme capacidad de organización y resistencia. Han accedido a instancias internacionales para exponer su situación y exigir medidas concretas de autoridades locales y nacionales. Un ejemplo clave son las comunicaciones enviadas a las Relatorías de la ONU sobre los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos para denunciar la persecución política y violaciones a sus derechos territoriales, enfatizando la complacencia de las autoridades con los intereses extractivistas. Estas denuncias se han centrado en la defensa de sus derechos frente al avance del fracking y otras actividades extractivas.Adicionalmente, las comunidades fueron parte del proceso de la opinión consultiva mediante la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos esclarecerá las obligaciones de los Estados del continente para proteger los derechos humanos ante la crisis climática.La Organización Malalweche presentó un escrito legal (amicus curiae) y su representante dio testimonio en una audiencia pública ante el tribunal internacional para evidenciar que la extracción de hidrocarburos mediante fracking y la minería metalífera que se realiza en sus territorios limita sus capacidades de resiliencia frente a la crisis climática y profundiza la grave situación de escasez hídrica en la zona, poniendo en riesgo su supervivencia.Las comunidades Mapuche de Mendoza también dieron propuestas concretas de acción. Demandaron su inclusión en todos los procesos de consulta y toma de decisiones que afecten sus territorios, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Destacaron la importancia de incorporar su sabiduría tradicional en el desarrollo de políticas públicas para beneficiar a las comunidades indígenas y contribuir a soluciones más efectivas y sostenibles frente a los desafíos ambientales globales.Además, solicitaron la intervención de organismos multilaterales para exigir al Estado argentino garantizar la consulta previa, libre e informada y fortalecer los organismos nacionales encargados de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Estas acciones de resistencia, respaldadas por organizaciones que defienden los derechos humanos y el ambiente, buscan garantizar no solo la protección de los territorios ancestrales del pueblo mapuche, sino también su derecho a vivir en paz, con dignidad y en armonía con su entorno natural. Su fin último es asegurar la autodeterminación de los pueblos indígenas, permitiéndoles gestionar sus tierras y recursos según sus cosmovisiones, profundamente conectadas con la conservación.El reconocimiento de los derechos de las comunidades mapuches, que incluye el cese en sus territorios de actividades extractivas como el fracking, es esencial para proteger su cultura, salud y subsistencia. Con su sabiduría ancestral, ofrecen un camino hacia el combate efectivo de la crisis climática, hacia un futuro más justo y sostenible.

November 27 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

El ABC de los minerales de transición y de su rol en la producción de energía

Por Mayela Sánchez, David Cañas y Javier Oviedo* Necesitamos dejar los combustibles fósiles para afrontar la crisis climática, de eso no hay duda. Pero ¿qué implica transitar a otras fuentes de energía?Para producir una batería o un panel solar también se utilizan materias primas que provienen de la naturaleza.Algunos de esos recursos son minerales a los que, por sus características y en el contexto de transición energética, se les ha nombrado descriptivamente minerales de transición.¿Cuáles son esos minerales? ¿Dónde están? ¿Cómo se usan?A continuación respondemos las principales dudas sobre estos recursos minerales porque es crucial conocer qué bienes de la naturaleza abastecerán las nuevas fuentes de energía, así como garantizar que su extracción respete los derechos humanos y los límites planetarios para que la transición energética sea justa. ¿Qué son los minerales de transición y por qué se les llama así?Son un conjunto de minerales con alta capacidad para almacenar y conducir energía. Por esas cualidades, son utilizados en el desarrollo de tecnologías de energía renovable, como paneles solares, baterías para la movilidad eléctrica o turbinas eólicas.Se les llama así porque se les considera esenciales para el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable, como las ya mencionadas. Y en el contexto de la transición energética, las fuentes de energía que usan estos minerales son las más socorridas para reemplazar a las fuentes de energía fósil.A los minerales de transición también se les suele llamar minerales "críticos" por considerarse estratégicos para la transición energética. El término "críticos" se refiere a elementos que son vitales para la economía y la seguridad nacional, pero cuya cadena de suministro es vulnerable a interrupciones. Esto significa que los minerales de transición pueden ser minerales estratégicos, pero no críticos en términos de seguridad y economía.Sin embargo, en torno a la urgencia de la acción climática, algunos Estados y organismos internacionales han catalogado a los minerales de transición como minerales "críticos" con el fin de promover y facilitar el acceso a estas materias primas. ¿Cuáles son los principales minerales de transición?Los minerales de transición más relevantes son el cobalto, cobre, grafito, litio, níquel y las tierras "raras".Pero son al menos 19 minerales los que están siendo usados en las diferentes tecnologías de energía renovable: bauxita, cadmio, cobalto, cobre, cromo, estaño, galio, germanio, grafito, indio, litio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, silicio, telurio, titanio, zinc, y las tierras "raras". ¿Qué son las tierras “raras” y por qué se les llama así?Las tierras "raras" son los 16 elementos químicos del grupo de los lantanoides o lantánidos, más el Itrio (Y), cuyo comportamiento químico es virtualmente igual al de los lantanoides.Son el Escandio, Itrio, Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y el Lutecio.Se les llama así porque cuando fueron descubiertos, en los siglos XVIII y XIX, eran menos conocidos en comparación con otros elementos considerados similares, como la cal. Pero el nombre ya es obsoleto en la actualidad.El término "raro" tampoco hace referencia a su abundancia, pues aunque no suelen concentrarse en depósitos que puedan ser explotables (por lo que sus minas son pocas), incluso los elementos menos abundantes de este grupo son mucho más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan los minerales de transición? ¿Qué tecnologías dependen de los minerales de transición?Los usos de los minerales de transición en el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable son diversos:Tecnologías solares: bauxita, cadmio, estaño, germanio, galio, indio, selenio, silicio, telurio, zinc.Instalaciones eléctricas: cobre.Energía eólica: bauxita, cobre, cromo, manganeso, molibdeno, tierras "raras", zinc.Almacenamiento de energía: bauxita, cobalto, cobre, grafito, litio, manganeso, molibdeno, níquel, tierras "raras", titanio.Baterías: cobalto, grafito, litio, manganeso, níquel, tierras "raras". Además, se emplean en una variedad de tecnologías modernas, por ejemplo en la fabricación de pantallas, teléfonos celulares, discos duros de computadoras y luces LED, entre otros. ¿Dónde se encuentran los minerales de transición?La geografía de los minerales de transición es amplia, abarcando de China a Canadá, desde Estados Unidos hasta Australia. Pero su extracción se ha concentrado en países del sur global.Varios países de América Latina están entre los principales productores de distintos minerales de transición. Dichos materiales se encuentran en territorios complejos y ricos en diversidad biológica y cultural, como la Amazonía y los humedales andinos.Argentina: litioBrasil: aluminio, bauxita, litio, manganeso, tierras raras, titanioBolivia: litioChile: cobre, litio, molibdenoColombia: níquelMéxico: cobre, estaño, molibdeno, zincPerú: estaño, molibdeno, zinc ¿Cómo apoyan los minerales de transición a la transición energética y la descarbonización?Los minerales de transición se consideran eslabones indispensables de la transición energética que busca la descarbonización, es decir dejar atrás las fuentes de energía fósil.Pero el interés mundial por estos materiales también abre preguntas sobre los beneficios y desafíos de la minería de minerales de transición.El tema ha tomado tal relevancia que en septiembre pasado el Panel de Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió una serie de recomendaciones y principios para asegurar una gestión equitativa, justa y sostenible de estos minerales.Además, a raíz de la intensificación y expansión de su extracción en países de la región, el tema fue llevado por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de noviembre.En audiencia pública, representantes de comunidades y organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, y regionales, presentaron información y testimonios sobre los impactos ambientales y sociales de la minería de minerales de transición.Frente al actual proceso de transición energética es necesario saber de dónde provendrán los recursos que posibilitarán las tecnologías para lograrla.La extracción y uso de minerales de transición debe evitar que sus costos ambientales y sociales recaigan de forma desproporcionada en las comunidades y ecosistemas locales. *Mayela Sánchez es especialista en comunidad digital de AIDA; David Cañas y Javier Oviedo son asesores científicos.Fuentes consultadas:-Olivera, B., Tornel, C., Azamar, A., Minerales críticos para la transición energética. Conflictos y alternativas hacia una transformación socioecológica, Fundación Heinrich Böll Ciudad de México/Engenera/UAM-Unidad Xochimilco.-Science History Institute Museum & Library, "History and Future of Rare Earth Elements".-ONG FIMA, Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética: Críticas desde la justicia ambiental y territorial.-Haxel, Hedrick & Orris, "Rare Earth-Elements. Critical Resources for High Technology", 2005.-USGS 2014, "The Rare-Earth elements. Vital to modern technology and lifestyle", 2014.-Informe final para la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Minerales para la transición energética y su impacto en los derechos humanos en las Américas, 2024.

Audiencia ante la CIDH "Impactos de la extracción de minerales en el contexto de transición energética"

November 25 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones y comunidades piden intervención de la CIDH ante impactos a los derechos humanos de la minería para la transición energética

El viernes 15 de noviembre, representantes de organizaciones nacionales y regionales de América Latina, junto con miembros de comunidades y pueblos indígenas, participaron de la audiencia pública regional ante Comisionados/as y el Relator de Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA) de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre las violaciones a derechos humanos que la extracción de minerales para la transición energética está causando en el continente.En concreto, pidieron a la CIDH urgir a los Estados a:Crear o fortalecer zonas intangibles libres de minería en consideración a sus valores culturales, climáticos o ecosistémicos.Abstenerse de modificar los marcos normativos de protección ambiental y de pueblos indígenas con el propósito de facilitar la inversión en proyectos de minería para la transición energética sin considerar la protección de los derechos humanos.Respetar y garantizar el marco de protección del derecho a un ambiente sano, considerando los impactos sinérgicos, acumulativos, a perpetuidad y climáticos; e implementar mecanismos efectivos de supervisión y fiscalización a actores públicos y privados involucrados en la extracción de estos minerales.Fortalecer sus sistemas de administración de justicia, considerando los principios de prevención y precaución frente a daños irreparables a los ecosistemas, personas y comunidades. Solicitaron además que la CIDH elabore un informe en la que se examinen las medidas que deben adoptarse por parte de los Estados de la región para garantizar que la promoción de los minerales para la transición no promueva la vulneración de los derechos humanos, especialmente de las comunidades que habitan zonas altamente vulnerables a los impactos de las actividades mineras.En la audiencia se evidenciaron —con base en casos concretos— las graves problemáticas de derechos humanos asociadas a la minería de litio, cadmio, cobre, cobalto y otros minerales utilizados en el desarrollo de tecnologías para la generación de energías renovables.Al inicio, Felipe Pino, coordinador de proyectos en ONG FIMA, Chile, enfatizó que a medida que se acelera el despliegue de proyectos de transición energética, se multiplican las voces que demandan una transición justa, lo cual debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática: climática: el resguardo de las personas y los ecosistemas del planeta. "Las comunidades más afectadas por la crisis climática, hoy se ven amenazadas por las estrategias para combatir el cambio climático. El éxito de nuestros esfuerzos dependerá de si somos capaces de resolver esta supuesta paradoja de aceleración versus justicia, la cual se expresa con particular fuerza en nuestra región", señaló.Pia Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "El gran interés alrededor de estos minerales se refleja también en la enorme disputa geopolítica para lograr su control. Países de Norteamérica, Europa y Asia dictaron sus regulaciones para aprovechar estos minerales, y asegurar su suministro. Organismos internacionales como el Grupo del Banco Mundial, o el G20, desarrollaron sus políticas para asegurar financiamiento con ciertas salvaguardas en su aprovechamiento”.También, Marchegiani mencionó que esta problemática ha adquirido tal relevancia que el propio Secretario General de las Naciones Unidas estableció una serie de principios rectores destinados a garantizar la justicia, la equidad y la sostenibilidad en la transición energética global. El primero de estos principios subraya la importancia de colocar los derechos humanos en el centro de las cadenas de valor de los minerales. El segundo destaca la necesidad de abordar la transición de manera integral, teniendo en cuenta la protección del planeta, la biodiversidad y el medio ambiente."Se estima que la demanda de estos minerales crecerá exponencialmente en los próximos años. En algunas previsiones, hasta se podría llegar a cuadriplicar su demanda global para el 2040 si se cumplen los acuerdos climáticos. Los vehículos eléctricos y las baterías representan aproximadamente la mitad del crecimiento de esta demanda para las próximas dos décadas. Este aumento de la demanda se traduce en una enorme presión para Latinoamérica, que hoy ya provee el 40% de la producción mundial de cobre y el 35% del litio", agregó Marchegiani.Para explicar el vínculo entre la extracción de litio y las vulneraciones a derechos humanos, Óscar Campanini, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) señaló: "El litio se extrae del agua salada debajo de los salares, para ese propósito se deben sacar decenas de millones de m3 de agua salada y dulce. Los salares en el denominado triángulo del litio se encuentran en zonas desérticas en las que la vida es posible solo gracias a aguas subterráneas fósiles".Verónica Gostissa, abogada y activista en la Asamblea PUCARÁ de Catamarca, Argentina, expresó: "Desde 1997, las empresas trasnacionales extraen litio del Salar del Hombre Muerto, un sensible humedal de altura. Debido al uso de millones de litros de agua dulce y salada, las empresas -con el aval del Estado-, ya han generado un daño ambiental irreversible: secaron la vega del Río Trapiche -es decir, más de 5 km de río- ha muerto".Por su parte, Lady Sandón, representante de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, Chile, afirmó: "Se intenta asegurar la producción a 30 años para explotar litio en ecosistemas frágiles como los salares, sin haberse llevado adelante procesos de consulta con comunidades indígenas, sin transparencia adecuada, sin considerar a quienes habitamos en el salar, eligiendo arbitrariamente que salares proteger, sin entender que existe una interconexión de agua".Verónica Chávez, integrante de la Comunidad de Santuario de Tres Pozos, una de las más de 38 comunidades originarias que vivimos en la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy de Argentina, sostuvo: "Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, la de las plantas, los animales domésticos y silvestres, la vicuña, la llama, etc. La vida de nuestros ancestros, lagunas y salinas, que son parte de nuestras familias. Todos nosotros necesitamos agua para vivir; agua limpia y un territorio sano. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un trabajo hacia futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral".Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, Colombia, indicó que hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción legal e ilegal de minerales para la transición. "Hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre, u otros minerales estratégicos, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal… La actividad minera es ajena a los sistemas de conocimiento y al ordenamiento dado por la ley de origen a la gran mayoría de pueblos indígenas amazónicos", enfatizó.Finalmente, Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que los testimonios evidencian al menos tres elementos transversales: afectaciones al derecho al agua, vulneraciones al derecho a un ambiente sano e impactos agravados a pueblos indígenas y comunidades locales. "La región ha experimentado décadas de impactos en los derechos humanos derivados de la extracción de combustibles fósiles. Es indispensable que las nuevas formas de producción de energía superen este legado de abusos", afirmó.La audiencia fue solicitada en el marco del 191º período de sesiones de la CIDH por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación Gaia Amazonas y las organizaciones que integran la Alianza por los Humedales Andinos: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ de Argentina; el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el Colectivo de Derechos Humanos Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile. Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107

November 21 2024 Fortalecimiento de Capacidades, Fuentes de Agua Dulce

Sesión 3 de la Serie de Seminarios Web sobre Experiencias Transformadoras en Gobernanza del Agua a Nivel Mundial

Gestión integrada e inclusiva del agua: Experiencias de resistencia comunitaria a proyectos de inversión perjudiciales con un enfoque de cuenca hidrográfica en Kenia El Pacto Transformador del Agua (TWP, por sus siglas en inglés) consolida principios clave y un marco de acción para orientar la toma de decisiones hacia un cambio en la gestión del agua. Esto se consigue mediante una visión alternativa basada en los principios de justicia ambiental, equidad y cuidado del agua. La propuesta del TWP es un enfoque integral que aborda las actuales crisis del agua causadas por actividades humanas insostenibles. Promueve modelos de gobernanza y justicia que sostienen la vida en la Tierra mediante el florecimiento del agua y los ecosistemas. Y reconoce la diversidad de valores naturales, culturales y sociales. Esta serie de seminarios web busca facilitar el diálogo entre las organizaciones coautoras del TWP y sus aliados/as, centrándose en los retos de la gobernanza del agua en los países del sur global. El objetivo es compartir experiencias valiosas de defensa, litigio, campañas e investigación que han contribuido al avance de la protección del derecho al agua en todo el mundo. En cada sesión se abordarán retos específicos y se compartirán lecciones aprendidas en la gobernanza del agua en América Latina, África y Asia. Las organizaciones coautoras del TWP, junto con organizaciones y personas expertas invitadas, presentarán casos reales de gobernanza del agua y protección de ecosistemas acuáticos en sus regiones.. Esta tercera y última sesión explorará cómo la organización comunitaria, el desarrollo de capacidades y las políticas progresivas pueden mejorar la conservación del agua en Kenia, centrándose en una gobernanza transparente e integradora a nivel de cuenca y en el papel de las redes comunitarias en la gestión de los recursos hídricos compartidos. Se prestará especial atención a los retos de la privatización del agua y al involucramiento de entidades extranjeras con los gobiernos locales, con el objetivo de construir un entendimiento compartido del agua como bien común y fomentar soluciones para un acceso equitativo. ¿Cuándo? 21 de noviembre de 2024. 9:00 Colombia / 11:00 Brasil / 15:00 Europa Central / 17:00 Kenia / 19:30 India. Idioma Inglés (con interpretación simultánea en español, francés y portugués). Registro Regístrate sin costo en el siguiente enlace: https://bit.ly/TWPwebinarseries3 Agenda Introducción y moderación: Sebastián Abad Jara, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Presentación de Violet Matiru, directora ejecutiva de Millennium Community Development Initiatives (MCDI). Presentación de Gituanja Gachie, fundador de Community Action for Nature in Githunguri. Presentación de Halinishi Yusuf, doctorando en la Universidad de New Castle y exdirector general de la Autoridad de Conservación y Utilización de Arena del Condado de Makueni. Discusión abierta.

November 14 2024 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Seminario web "Minería metálica: Amenazas para los ecosistemas de montaña"

Serie de seminarios web "Extractivismos y defensa territorial desde la ciencia" En AIDA consideramos que la divulgación de las ciencias ambientales es una poderosa herramienta de defensa territorial frente al avance de las actividades extractivas en América Latina. Reconocemos la diversidad del conocimiento científico —que se extiende al conocimiento local, tradicional e indígena— y su potencial para contribuir a la comprensión holística de los impactos ambientales y sociales de los proyectos extractivos. También valoramos el vínculo entre el conocimiento científico y la defensa de un ambiente sano que comunidades y organizaciones de la sociedad civil realizan en los territorios. En esta serie de seminarios web dialogaremos —desde la ciencia— acerca de los impactos de la extracción de recursos minero energéticos en algunos de los ecosistemas más vulnerables de la región, así como en los procesos de defensa territorial. La serie tendrá tres ciclos en los abordaremos tres grandes temáticas: la minería metálica, los combustibles fósiles y las nuevas fronteras del extractivismo.Esta primera sesión, parte del ciclo sobre minería metálica, se enfocó en las características de los ecosistemas de montaña (montanos), que componen la zona alta de las cuencas hidrográficas de los Andes tropicales, así como en sus vulnerabilidades ante las amenazas de la minería metálica. También se expusieron y analizaron casos de defensa del agua y el territorio en la zona, enfatizando el rol de la ciencia.Estos ecosistemas —que incluyen páramos, bosques y humedales andinos— son claves para la regulación hídrica y, al estar interrelacionados, cualquier daño ambiental que sufran puede tener impactos amplificados. PanelDavid Cañas, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Breve panorama de la minería en los Andes tropicales.Boris Ochoa-Tocachi, ATUK Consultoría Estratégica: Ecosistemas de montaña y sus interrelaciones.Hernán Morantes Avendaño, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán: El caso del páramo de Santurbán en Colombia.Moderó: Javier Oviedo, AIDA. Grabación

Cosecha de sal en el Salar de Uyuni, Bolivia

November 13 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fuentes de Agua Dulce

Organizaciones y comunidades alertan a la CIDH sobre los impactos a los derechos humanos de la extracción de minerales para la transición energética

Expondrán en audiencia pública información sobre las afectaciones a territorios y comunidades de América Latina a raíz de la expansión e intensificación de la extracción de litio y otros minerales utilizados para la generación de energías renovables. Washington DC. El 15 de noviembre, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones nacionales y regionales, junto con miembros de comunidades y pueblos indígenas, presentarán información actualizada sobre cómo el incremento exponencial en la demanda y extracción de minerales para la transición ha causado graves problemáticas de derechos humanos como parte de un proceso de transición planteado únicamente como cambio de matriz energética, incapaz de superar las inequidades en la producción y el consumo de energía, particularmente en el sur global.Los minerales para la transición (como el litio, cobre, cadmio y cobalto, entre otros) —también llamados minerales “críticos”— han sido propuestos en múltiples espacios de discusión global como una de las principales soluciones a la crisis climática, pues son utilizados en el desarrollo de tecnologías para la generación de energías renovables y, en consecuencia, para reducir o reemplazar el uso de combustibles fósiles. Gran parte de las reservas de estos minerales se encuentran en América Latina, en territorios con gran diversidad biocultural.En la audiencia, las y los participantes expondrán las amenazas principales que la minería para la transición energética implica para los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales; el derecho a un ambiente sano; el acceso a la información ambiental, a la participación ciudadana y a la justicia. Además, a través de testimonios, se presentarán casos concretos de vulneración de derechos humanos en el contexto de la extracción de minerales para la transición.Estas afectaciones ocurren ya en países como Argentina, Bolivia y Chile —que concentran cerca del 53% de los yacimientos conocidos de litio a nivel mundial en sus humedales andinos, ecosistemas sumamente frágiles y con escasez hídrica—; en Chile y Perú, donde tiene lugar el 40% de la extracción de cobre; y en la Amazonía colombiana, donde las concesiones, solicitudes de explotación y extracción ilegal de minerales de transición vulneran los derechos de pueblos indígenas.Diferentes organismos internacionales se han pronunciado frente a las violaciones de derechos humanos ligadas a los procesos de respuesta a la crisis climática, particularmente a los de transición energética. En septiembre, el Panel de la ONU sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió una serie de recomendaciones y principios voluntarios para que gobiernos, industrias y otras partes interesadas garanticen una gestión equitativa, justa y sostenible de estos minerales. Estos lineamientos están orientados a que el paso a las energías renovables esté basado en la justicia y la equidad, y a que promueva el desarrollo sostenible, el respeto a las personas y la protección del ambiente en los países en desarrollo.La audiencia se realizará en el marco del 191º período de sesiones de la CIDH. Fue solicitada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación Gaia Amazonas y las organizaciones que integran la Alianza por los Humedales Andinos: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ de Argentina; el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el Colectivo de Derechos Humanos Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile.La audiencia se realizará de 9:00 a 10:30 horas (tiempo de Washington DC) y será transmitida vía Zoom, lo cual requiere un registro previo en el siguiente enlace: https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_dsEZdrDqSyOA8-i7ikveJQ#/registration Citas de representantes de organizaciones y comunidades Verónica Chávez, referente de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Argentina:"Todos los que integramos la cuenca de Salinas Grande estamos viviendo una situación de afectación de nuestro derecho. Esperamos que la CIDH pueda resolver esta situación porque es gravísimo, porque están dañando a nuestros territorios, a los seres vivos y a la misma naturaleza". Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA):"La transición energética en nuestros países debe ser una oportunidad para avanzar hacia procesos de producción y distribución de energía más justos y equitativos. El marco de los derechos humanos y el rol del sistema internacional de protección es fundamental para ese propósito. Es muy importante que la Comisión Interamericana siga de cerca este proceso y promueva la protección de los derechos humanos". Verónica Gostissa, abogada de la Asamblea Pucará de Catamarca, Argentina:“Vivimos una grave afectación de derechos en nuestro territorio, la provincia de Catamarca, Argentina, que se refleja, en primer lugar, en el visible impacto ambiental. Desde 1997, el extractivismo de litio ha provocado daños ambientales significativos, incluyendo la desecación de un brazo de la vega del río Trapiche, un daño que persiste hasta hoy. De ese río dañado, siguen extrayendo agua, pese al reconocimiento del daño por parte de la empresa y las autoridades gubernamentales. También se observan afectaciones en el acceso a la información pública, la participación y la consulta y el acceso a la justicia. Durante años, se aprobaron proyectos extractivos sin procedimientos adecuados y, aunque la acción judicial impulsada por la comunidad indígena Atacameños del Altiplano impulsó una regulación, esta no cumple con los estándares de consulta indígena efectiva. Además, en un mismo territorio, el Salar del Hombre Muerto, se desarrollan más de 10 proyectos de litio, sin ninguna evaluación de impacto acumulativo e integral hasta la fecha”. Vivian Lagrava Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos EMPODÉRATE, Bolivia:"Las comunidades indígenas rechazan los proyectos mineros, pueden incluso emitir sus resoluciones y decirlo alto en el proceso de consulta minera, pero sus decisiones no son vinculantes para los gobiernos. Se incumplen estándares internacionales y se legitiman el avasallamiento de los territorios y la imposición de derechos mineros con discursos de progreso y desarrollo; sin embargo, no es desarrollo desde la visión de los pueblos indígenas, ni desde la nuestra". Lady Sandón, representante de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, Chile:"Existe mucho desconocimiento del derecho para el pueblo originario/indígena, eso le favorece al Estado y es por eso que los habitantes del pueblo, al desconocer, no hacen valer sus garantías. Las instituciones estatales vulneran los aspectos sociales, medioambientales, culturales; a veces ocupan a la propia gente indígena para ocasionar división y tener adeptos u operadores políticos y operadores mineros que fomentan el cambiar el pensamiento de la memoria genética que tenemos como pueblo originario. Espero que podamos revisar la situación de la justicia indígena ancestral como mecanismo que antiguamente establecía correcciones para que se respetaran valores y principios del BUEN VIVIR". Daniel Cerqueira, director de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF):"Esta audiencia es una oportunidad para que la Comisión Interamericana aclare los parámetros de actuación tanto de los Estados como de las empresas, aplicables a la gestión de los minerales de transición. Es imperativo contar con obligaciones específicas en la materia, pues las violaciones de derechos humanos derivadas de la extracción de estos minerales es una realidad que tiende a agravarse en varios países de la región". Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas (Colombia):"Los gobiernos indígenas de la Amazonía ejercen su autoridad territorial y ambiental de acuerdo con la Ley de Origen, que orienta sus sistemas de conocimiento y los principios de relacionamiento con los elementos del territorio, como los minerales. La descarbonización de la matriz energética para mantener estándares de consumo en el norte global no debe hacerse a costa de territorios indígenas y de comunidades que los protegen, gobiernan y hacen que florezcan con sus prácticas cotidianas".Contactos de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107Rocío Wischñevsky (Argentina), FARN, [email protected], +54 91159518538 Karen Arita (México), DPLF, [email protected], +52 442 471 9626