Fuentes de Agua Dulce

Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

El día que la lucha indígena dio frutos en Guatemala

El 22 de septiembre de 2021 será una fecha icónica para los hombres y mujeres de la microrregión de Yich K’isis (Ixquisis), Guatemala, cuyas vidas cambiaron abruptamente por la construcción de las hidroeléctricas San Mateo y San Andrés, financiadas por el BID Invest. Ese día, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo del BID dio la razón a la mayoría de sus reclamos, contenidos en la queja que presentaron tres años atrás. El informe final de la oficina de rendición de cuentas reconoce que el banco falló en verificar la información de la empresa responsable de los proyectos sobre la población afectada, ignorando la presencia de pueblos indígenas en la zona. Señala también que las mujeres y los impactos diferenciados que experimentarían no fueron considerados en ninguna de las fases de implementación de los proyectos, pasando por alto el rol que los ríos del lugar tienen en su cotidianidad y en sus formas de habitar el territorio. En el tema ambiental, esencial para las formas de vida de los pueblos indígenas, el MICI establece también incumplimientos, reconociendo que el “BID Invest no se aseguró de que los proyectos identificaran y delimitaran apropiadamente los hábitats críticos y las zonas reconocidas internacionalmente ni de que se establecieran los riesgos e impactos”. En cuanto al acceso a información de las comunidades, el banco “incumplió sus propias políticas operativas ya que en el desarrollo de los proyectos no se hicieron consultas significativas con las comunidades”, se lee en el documento. Los hombres y mujeres indígenas de Ixquisis recibieron el informe como un reconocimiento a lo que por años han venido denunciando. Junto con sus conclusiones, el MICI realiza también una serie de recomendaciones dirigidas a enmendar los errores cometidos por el banco en los proyectos San Mateo y San Andrés, así como a evitar que los repita en otros casos. En su última recomendación, el mecanismo de rendición de cuentas establece, por primera vez en la historia del BID, la posibilidad de que el banco se retire responsablemente de proyectos que financia. Para las comunidades de Ixquisis, esta recomendación representa la esperanza más certera de impulsar la restauración de sus vidas, transformadas bruscamente por la llegada de los proyectos. En efecto, desde que comenzó el trámite de queja ante el MICI, las comunidades han reclamado el cese del financiamiento a los proyectos. Siempre han visto como insostenible que proyectos que desconocen su existencia y generan tantos daños, algunos irreparables, sean financiados por una institución internacional cuyo mandato principal es promover el desarrollo. En los escenarios en los que pudieron expresar su sentir ante funcionarios del banco y del MICI, su petición fue certera: el banco no puede seguir financiando proyectos que han impactado sus vidas de formas tan severas e injustas y su salida debe ser responsable. Ello quiere decir que debe basarse en un plan construido con la participación efectiva de las comunidades y debe contemplar todos los daños causados en relación con las dinámicas y el tejido social, el aumento de la conflictividad, el desconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y de sus derechos, las afectaciones al patrimonio cultural ancestral, los impactos diferenciados en las mujeres y la falta de prevención y consecuente degradación ambiental. El banco debe proponer ahora un plan de acción para dar cumplimiento al informe del MICI, una misión sin duda trascendental. Tiene la oportunidad histórica de enmendar sus errores y legitimar su actuar, honrar su mandato institucional de promover el desarrollo, respetar y reconocer a los pueblos indígenas y contribuir a que la microrregión de Ixquisis sea nuevamente el lugar donde hombres y mujeres indígenas desarrollen sus proyectos de vida en armonía con su comunidad y con la naturaleza.  

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Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Las razones que alejan al arbitraje de inversión de la justicia ambiental

Texto publicado originalmente en Animal Político   Desde los años noventa, los Estados de América Latina han asumido obligaciones legales en tratados bilaterales de inversión y en tratados de libre comercio que buscan proteger las inversiones de las empresas extranjeras. Para exigir el cumplimiento de tales obligaciones, las compañías han interpuesto numerosas y millonarias demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución internacional —y una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial— que arbitra las controversias que surgen alrededor de inversiones. Aunque existen otras instancias, el arbitraje ante el CIADI se ha convertido en el favorito de los inversionistas extranjeros. La labor de todo tribunal o corte debe ser impartir justicia de forma coherente y uniforme. Sin embargo, la estructura y funcionamiento de los tribunales del CIADI devela graves inconsistencias que han sido objeto de críticas y que, en la práctica, han puesto en riesgo a ecosistemas de la región y a las personas que dependen de ellos. Aquí analizamos algunos rasgos del sistema de arbitraje de inversiones y recientes laudos de tribunales arbitrales que operan bajo el Convenio del CIADI para reflexionar sobre lo que aleja a este mecanismo de la impartición de justicia ambiental. 1. Las demandas impactan gravemente las finanzas de los Estados latinoamericanos Entre 1995 y 2020, se han presentado 303 demandas en contra de países de América Latina y el Caribe, siendo la segunda región más demandada del mundo. Los inversionistas han obtenido resultados favorables en un 62,6% de los casos y las demandas les han costado a los gobiernos alrededor de 32.141 millones de dólares. Según un informe reciente de la CEPAL, por ejemplo, un tribunal arbitral de inversión ordenó en 2017 que Ecuador pague 337 millones de dólares a la estadounidense Burlington. Y recientemente otro tribunal del CIADI le ordenó indemnizar a la petrolera anglo-francesa Perenco con 374,4 millones de dólares. Este alto costo deriva en la desestabilización fiscal de presupuestos nacionales y en la fuga de recursos previstos para proyectos sociales, situación compleja ante la reactivación económica de nuestros países. Además, estas decisiones pueden generar el “enfriamiento regulatorio”, fenómeno en el que los gobiernos se abstienen de implementar medidas sociales o ambientales por temor a una demanda en su contra. 2. La falsa creencia de la atracción de inversión extranjera Exceptuando a Bolivia y Venezuela, que abandonaron el Convenio del CIADI, la región andina está a favor del sistema debido a que existe la falsa creencia de que la firma de tratados que activan la jurisdicción de tribunales del CIADI se traduce en la atracción de inversión extranjera per se. Esta fue la lógica que siguió el actual gobierno de Ecuador que, tras 12 años de haber denunciado el tratado, volvió a ratificarlo hace tres meses bajo el argumento de reforzar y fortalecer sus relaciones comerciales. Pero se trata de una falacia pues hay países que demuestran todo lo contrario. Uno de ellos es Brasil, el país que recibe mayor inversión extranjera en la región y uno de los pocos que no admite el arbitraje de inversiones bajo el CIADI. 3. El respaldo al derecho legítimo de los Estados de proteger el ambiente no es una regla general La fuerte presión que este mecanismo ejerce sobre los Estados tiene el potencial de afectar el ambiente y, más específicamente, la protección del recurso hídrico. Varios casos han estado directamente vinculados con el derecho humano al agua y algunos de los más relevantes para la región, con inversiones en industrias susceptibles de dañar el ecosistema marino o degradar la calidad del agua, como la minería aurífera a cielo abierto. En el reciente caso de Infinito Gold contra Costa Rica, el tribunal eximió a ese Estado de indemnizar a la minera canadiense con 400 millones de dólares. Determinó que es legítimo y que no lesiona los derechos de la empresa que Costa Rica se declare libre de minería a cielo abierto y determine las moratorias que sean necesarias porque el Estado tiene soberanía para definir sus leyes ambientales. Algo similar ocurrió en el caso de Pacific Rim contra El Salvador. El tribunal determinó que una reglamentación de buena fe para proteger el agua y evitar su contaminación no vulnera las normas de protección de las inversiones, salvo que se hayan hecho promesas específicas en sentido contrario. Si bien en algunos países y en decisiones muy puntuales las resoluciones del CIADI han sido un verdadero espaldarazo a la capacidad regulatoria de los Estados, las reglas que han llevado a estos tribunales a promover la protección del ambiente como algo prioritario no son vinculantes para futuros arbitrajes. Por ejemplo, en el caso de Eco Oro Minerals contra Colombia, fallado parcialmente el pasado 9 de septiembre, el tribunal —aunque reconoció el derecho legítimo del Estado de proteger sus páramos (bosques y humedales de alta montaña que proveen agua a millones de personas y capturan carbono)— señaló que este debía indemnizar a la empresa canadiense por haberlo hecho. Estableció lo anterior pese a que aclaró que las medidas de protección ambiental fueron tomadas de buena fe; que aplicaban el principio de precaución y que hubo una falta de debida diligencia por parte de la empresa, la cual sabía de la presencia de páramos en su área de concesión desde el inicio. Eco Oro pretendía instalar una mina de oro en el páramo de Santurbán. Aunque es quizás la primera vez que un tribunal internacional de arbitraje reconoce la importancia de los páramos —así como sus amenazas, sus bajas posibilidades de recuperarse ante actividades mineras y la necesidad de protegerlos—, la decisión es sumamente contradictoria. El tribunal concluyó que Colombia causó un daño a la empresa porque no delimitó el páramo lo suficientemente rápido, desconociendo su obligación de dar un trato justo y equitativo a los extranjeros. De ese modo, laceró la confianza en el sistema y su legitimidad, realizando además una interpretación arbitraria para hacer prevalecer la inversión sobre el ambiente. 4. Urge una reforma estructural del sistema Como vimos, la amplitud de las cláusulas y la libertad de los árbitros en el CIADI es excesiva. La interpretación que realizan es altamente discrecional e impredecible al no existir la figura del precedente tradicionalmente entendido. Los tribunales tampoco han permitido la adecuada participación de las comunidades afectadas por la inversión extranjera en sus procedimientos. Si bien en algunos casos se ha admitido la presentación de escritos legales (Amicus), como en el citado caso de Costa Rica, la regla general es desconocer el principio de democracia ambiental y declinar la presentación de este tipo de recursos por parte de la sociedad civil, como ocurrió en el caso de Eco Oro. Esto ha hecho que las resoluciones continúen desconociendo los graves conflictos socioambientales que rodean las inversiones, así como el impacto negativo de las decisiones del CIADI en el ambiente y en las personas. Los laudos arbitrales sobre inversión extranjera directa interfieren cada vez más en el cumplimiento de las obligaciones ambientales y en la protección del agua en América Latina. La denuncia de estos tratados por los Estados es la solución más eficaz para evitar que los inversionistas sigan cuestionando las medidas que toman los países para satisfacer sus necesidades de orden ambiental y social. Sin embargo, en el corto plazo, es más urgente lograr una fuerte y sostenida integración regional que permita consolidar las capacidades necesarias para que América Latina entera exija una transformación sustantiva del sistema de arbitraje internacional sobre inversiones bajo un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de justicia ambiental. Urge además que los mismos gobiernos rindan cuentas a los órganos de control y a la ciudadanía sobre su política con relación a este delicado tema.  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Mecanismo de rendición de cuentas del BID allana el camino para un retiro de inversión por incumplimiento de políticas internas

Por primera vez, un caso presentado ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID abre la posibilidad de que el banco salga responsablemente del financiamiento otorgado a proyectos hidroeléctricos luego de que se concluyera que la inversión se realizó desconociendo la presencia de pueblos indígenas.   Washington DC, Estados Unidos. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID concluyó que, en el marco del financiamiento otorgado a los proyectos hidroeléctricos Generadora San Mateo y Generadora San Andrés —ubicados en la microrregión de Yich K’isis, territorio de la Nacion Originaria Maya Chuj Guatemala—, el BID Invest desconoció la presencia de pueblos indígenas en la zona al no haber verificado su existencia, con lo cual descartó la implementación de salvaguardas para protegerlos. El MICI estableció además que el banco incumplió varias de sus políticas internas y, con base en ello, abrió la posibilidad de un retiro de la inversión de manera responsable. Estas y otras conclusiones están contenidas en el informe final, aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID, en el que el MICI resolvió la queja presentada en 2018 por las comunidades afectadas, representadas por el Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciónes originarias Maya Q’anjob’al, Maya Chuj, Maya Akateko, Maya Popti y Mestiza, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Plataforma Internacional contra la Impunidad. De las 29 recomendaciones emitidas por el MICI en su informe, 10 están orientadas a cambios institucionales para evitar el incumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales en otras operaciones de BID Invest, 18 están enfocadas a implementar acciones correctivas específicas para reconducir los proyectos Generadora San Mateo y Generadora San Andrés y una de ellas abre la posibilidad de que el BID Invest retire su inversión de las hidroeléctricas: “En caso de salida de los Proyectos, el BID Invest deberá adoptar las previsiones necesarias para asegurar una salida responsable de las Operaciones”, se lee en el informe. “La recomendación 29 es la más coherente con los hallazgos del informe final y la que mejor responde al requerimiento que las comunidades han hecho desde el comienzo del proceso: el financiamiento del BID Invest en proyectos que se desarrollaron en territorios indígenas y que desconocieron su presencia es insostenible”, dijo Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA. “En un proceso efectivo de rendición de cuentas, el banco debe hacerse responsable de sus errores y remediar los daños que ha ocasionado”.El Se trata de un hito histórico para la región porque es la primera vez que el MICI hace una recomendación tan coherente respecto a proyectos que han sido objeto de investigación. La recomendación evidencia mejoras en el proceso de rendición de cuentas del banco, aumenta las oportunidades de las comunidades afectadas por proyectos financiados por el Grupo BID y genera precedentes para mejores prácticas de financiamiento en el banco. “El informe del MICI sienta un precedente para la rendición de cuentas en la región. Pone al MICI y a la fase de verificación de la observancia un paso más cerca de responder al pedido y las demandas de las comunidades afectadas”, señaló Carolina Juaneda, Coordinadora para América Latina del Centro de Información Bancaria. “La recomendación 29 del informe es un avance novedoso y esperanzador ya que pone en el centro de la escena el pedido y las demandas de las comunidades que han sido negativamente afectadas por los proyectos. Sin bien quedan muchos desafíos pendientes por los que hay que seguir trabajando, sin dudas el informe representa un paso claro y contundente en el camino del fortalecimiento de la rendición de cuentas la región”. Para las comunidades, es a través del cumplimiento íntegro de la recomendación 29 que su solicitud principal puede encontrar respuesta. La desinversión del BID Invest debe contar con un plan de retiro responsable, participativo, integral y que respete la consulta de buena fe realizada en 2009, en la que las comunidades decidieron la no realización de los proyectos en su territorio. El plan debe incluir: 1) el reconocimiento y restauración de daños sociales y culturales causados; 2) el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento y restauración de los daños generados; 3) el reconocimiento y restauración de los daños generados por los impactos diferenciados en las mujeres; y 4) medidas de prevención, mitigación y restauración desde la perspectiva ambiental. “Las medidas que se proponen en la recomendación 29 debieron ser parte de la fase de planificación del proyecto. Al no haberlas considerado en su fase inicial, se generaron una serie de impactos y daños a la comunidad”, afirmó Mara Bocaletti, Directora Regional de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. “Solo un proceso de salida responsable de los inversores podrá restablecer las condiciones de credibilidad hacia los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales”. Otra de las expectativas de las comunidades es que el Grupo BID garantice su acceso a información y participación en las fases siguientes del proceso, lo cual permitiría la garantía efectiva de sus derechos y la mejora de las estrategias de protección del banco. “Este informe es muy valioso porque reconoce los impactos generados por los proyectos y nos da la razón sobre las denuncias que venimos haciendo desde hace años. Es un informe importante no solo para nosotros, sino para todos los pueblos indígenas de Guatemala”, dijo Lucas Marcos, autoridad local. “El retiro responsable del banco de los proyectos nos permitirá mantener nuestros ríos y el acceso al agua para nosotros y nuestras familias”. Además del incumplimiento de la política sobre pueblos indígenas del BID, el MICI concluyó que el desarrollo de los proyectos Generadora San Mateo y Generadora San Andrés provocó impactos diferenciados a mujeres, impactos ambientales, un aumento de la conflictividad e impactos en el tejido social. También evidenció que el banco no garantizó el acceso a información para las comunidades. “Es muy grave que el banco haya priorizado el avance de los proyectos a pesar de no cumplir con sus requerimientos internos, en detrimento de nuestra vida como comunidades y desconociendo nuestra presencia como pueblos indígenas”, expresó Rigoberto Juarez Coordinador del Gobierno Plurinacional de las Naciónes originarias Maya Q’anjob’al, Maya Chuj, Maya Akateko, Maya Popti y Mestiza. “No pueden menoscabarse nuestros derechos individuales y colectivos ante intereses privados; en consecuencia, un retiro responsable es lo menos que el banco puede hacer ante la magnitud de los daños generados. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir en otros casos y que el banco asuma su responsabilidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas”. El resultado de la queja presentada ante el MICI, así como la atención internacional en torno al caso, es el resultado de un proceso de organización y resistencia emprendido por hombres y mujeres mayas de Yich K’isis, quienes llevan años reivindicando el valor de la vida, del agua y de sus propias formas de vida ante la imposición de proyectos hidroeléctricos inconsultos y desarrollados sin la debida diligencia. El informe, aparte de dar la razón a los alegatos de las comunidades afectadas sobre las violaciones a sus derechos, es un precedente importante para Guatemala que debe ser tomado en cuenta para atender las innumerables irregularidades y vulneraciones de derechos denunciadas en todo el país en el marco de la implementación de megaproyectos de desarrollo y específicamente de proyectos hidroeléctricos. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107 Camila Castellanos, Plataforma Internacional contra la Impunidad, [email protected]  

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Minería, Fuentes de Agua Dulce

Tribunal de arbitraje favorece a empresa canadiense y pone a la inversión extranjera por encima del derecho de Colombia a proteger Santurbán

Bucaramanga, Bogotá, Washington, Ottawa. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil rechazamos ampliamente la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dada a conocer el pasado 10 de septiembre, en el caso de la demanda de Eco Oro contra Colombia, por al menos tres razones. Consideramos que (i) es inconsistente y refleja un desconocimiento profundo de la complejidad socioambiental del caso; (ii) es producto de un sistema de arbitraje de inversiones ampliamente discrecional e injusto que facilita actuaciones arbitrarias de quienes resuelven los casos; y (iii) profundiza el riesgo sobre otros arbitrajes que se adelantan en contra del Estado Colombiano ante el CIADI. El CIADI es una de las instituciones encargadas de la resolución de controversias entre inversionistas y Estados, en este caso en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. En el caso Eco Oro vs. Colombia, el tribunal del CIADI concluyó que, si bien las medidas de protección de los páramos adoptadas por Colombia fueron legítimas y no configuraron expropiación de los derechos de la canadiense, sus actuaciones en la delimitación del Páramo de Santurbán sí violaron el “estándar mínimo de trato” a los extranjeros. El tribunal aún debe decidir sobre la compensación de daños a la empresa y ha pedido más información a ambas partes para decidir. La decisión fue el resultado de un proceso iniciado por una demanda de arbitraje supranacional interpuesta por la empresa canadiense Eco Oro contra Colombia en 2016, en la que se cuestionaban las decisiones adoptadas por el Estado colombiano de proteger sus páramos que son la fuente natural de agua para el 70% de sus habitantes. Cabe recordar que la inversionista canadiense pretende ejecutar el proyecto de minería de oro Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado al nororiente del país. Una decisión inconsistente y de espaldas a las complejidades socioambientales del caso. La mayoría del tribunal sostuvo que las medidas cuestionadas fueron tomadas de acuerdo al derecho nacional colombiano y bajo la finalidad legítima de avanzar en la protección del ambiente. Además, reconocieron que los páramos están amenazados tanto por la intervención humana como por el cambio climático y que su posibilidad de recuperación frente a actividades mineras es muy baja, razón por la cual es necesario protegerlos. Por eso, rechazaron el argumento de Eco Oro de que el principio de precaución no era aplicable, y señalaron que este caso era un ejemplo en donde sí era relevante. Esta fue la razón por la cual no se acogió una de las peticiones de Eco Oro que apuntaba a que se declarara que sus derechos habían sido expropiados indirectamente por Colombia. Por el contrario, el tribunal encontró que las medidas adoptadas por el país fueron un ejercicio legítimo de protección ambiental. No obstante, al estudiar un segundo cargo, el tribunal explicó que la inconsistencia, vacilación e inacción de Colombia en torno a la delimitación del páramo de Santurbán había frustrado las expectativas de inversión de Eco Oro sin tener ninguna “justificación legítima aparente”, por lo que no había otorgado a la inversionista un “trato justo y equitativo” de acuerdo con el “estándar mínimo de trato” a los extranjeros. Este último juicio del tribunal es incongruente, ignora la complejidad socioambiental del caso y los desafíos de materializar el derecho a la participación ambiental dentro del proceso de delimitación del páramo. Aunque, a lo largo del laudo, reconoce que la delimitación implica la gestión de intereses ampliamente dispares, al final, en un ejercicio de profunda distancia con la realidad de Santurbán y sus comunidades, el tribunal ve este proceso con ligereza, desestima sus complejidades, y parece no tomarlo como suficiente justificación legítima. Un sistema de arbitraje impredecible, limitante e injusto. “Las decisiones del tribunal no son predecibles pues los laudos no vinculan la forma de fallar de los árbitros en el futuro sobre temas ambientales, por lo que no existe la figura del precedente tradicionalmente entendido en el sistema. La amplitud de las cláusulas y la libertad de interpretación de los árbitros son excesivas, lo cual es problemático no solo para Colombia sino para todos los países de la región”, señaló Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Esta decisión hace prevalecer la inversión minera por encima de la obligación del Estado colombiano de proteger el ambiente y el agua de los colombianos. Cuestionamos que el tribunal se haya pronunciado pero no haya juzgado la falta de diligencia de la canadiense que desde el inicio sabía que su proyecto minero se traslapaba con zona de páramo; ecosistema sensible protegido por el derecho nacional. Este caso demuestra la arbitrariedad y los excesos del sistema de arbitraje supranacional, y la forma en que disciplina y castiga a los gobiernos del Sur Global. Además, cabe recordar que el tribunal, en febrero del 2019, rechazó la posible participación del Comité Santurbán en el proceso. La incertidumbre para Colombia. Por su parte, Carla García Zendejas, Directora del Programa de Pueblos, Tierra y Recursos del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) precisó que “la inseguridad jurídica que representa para Colombia el sistema de arbitraje supranacional de inversiones es enorme. Los altos niveles de arbitrariedad en la interpretación que caracterizan al sistema se prestan para condenar a los Estados por cualquier circunstancia que afecte las ganancias esperadas. Y esto es especialmente crítico para Colombia, pues hay otras demandas contra el país en el marco de proyectos extractivos asociados tanto a Santurbán como a otros ecosistemas frágiles. Esto puede significar un efecto dominó de demandas y cuantiosas condenas en contra de los colombianos.” Actualmente, están en curso otras dos demandas ante el CIADI contra el país por parte de empresas mineras canadienses (Red Eagle Exploration y Galway Gold) por las medidas tomadas para proteger el páramo de Santurbán. Asimismo, existen más demandas en el marco de otros proyectos extractivos presentadas por Cosigo Resources, South32 Investments Limited, Gran Colombia Gold, Glencore International y Anglo American. Hacemos un llamado al Estado colombiano a denunciar los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales de protección a la inversión de los que es parte y a abstenerse de seguir firmando este tipo de instrumentos en el futuro. Es por estas razones que hoy el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán está llevando a cabo una jornada de protesta frente a la Embajada de Canadá en Bogotá, exigiendo que el CIADI respete la lucha legítima de la defensa del agua, Santurbán y los páramos de Colombia. Igualmente, frente al Congreso de la República, exigiendo que se rechacen los Acuerdos de Protección a la Inversión con Emiratos Arabes Unidos-Minesa. Contactos de prensa Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 3012080622 Carla García Zendejas, Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), [email protected], +1 202 374 2550 Yeny Rodríguez Junco, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected], +57 3107787601 Jamie Kneen, MiningWatch Canada, [email protected], +1(613) 761-2273 Manuel Pérez Rocha, Institute for Policy Studies - Global Economy Program, [email protected], +1 240 838 6623  

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Se consolida asistencia técnica internacional para recuperar los lagos Uru Uru y Poopó

Ante el pedido de organizaciones y comunidades, expertos y expertas de la Secretaría de la Convención Ramsar evaluarán la degradación de los lagos para luego emitir un informe con recomendaciones técnicas para la recuperación de los ecosistemas.   Oruro, Bolivia. Del 11 al 15 de octubre, un equipo de expertos y expertas de la Secretaría de la Convención Ramsar visitará los lagos Uru Uru y Poopó, ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, para realizar un análisis técnico de su degradación con miras a realizar un informe con recomendaciones concretas al Estado boliviano para la recuperación de los ecosistemas. En julio de 2019 —en el marco de la campaña #LagoPoopóEsVida—, comunidades locales y organizaciones ambientales, sociales y de mujeres enviaron a la Secretaría de Ramsar información sobre el estado de los lagos y solicitaron asistencia técnica para evaluar su salud. El gobierno boliviano hizo luego la solicitud formal para viabilizar la visita. “Reconocemos la voluntad política de autoridades nacionales para obtener apoyo internacional ante la crisis ambiental por la que atraviesan los lagos, de cuya preservación dependen los modos de vida y medios de subsistencia de poblaciones campesinas e indígenas”, dijo Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Las misiones de Asesoramiento Ramsar son una herramienta eficaz para tener asesoramiento especializado e independiente orientado a la preservación de los humedales”. El Poopó es el segundo lago más grande de Bolivia. En 2002, a fin de preservar su biodiversidad —que incluye aves endémicas, migratorias y la mayor cantidad de flamencos en Sudamérica—, fue declarado Humedal de Importancia Internacional junto con el lago Uru Uru bajo la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la protección de esos entornos naturales. “Los lagos Uru Uru y Poopó garantizan la recarga hídrica de pozos y fuentes de agua, regulan el clima, son hábitat para la avifauna, permiten la seguridad y soberanía alimentaria de las poblaciones aledañas y son el cobijo de culturas milenarias”, manifestó Limbert Sánchez, del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA). Sin embargo, varios factores han llevado al lago Poopó a la situación catastrófica en la que se encuentra actualmente. Entre ellos están las actividades mineras —que no han parado durante la pandemia y que generan permanentemente aguas ácidas y toneladas de desechos mineros—, el desvío de sus afluentes como el río Mauri, el hecho de que el TDSP (Sistema Hídrico Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar) no esté garantizando agua para toda la cuenca y la crisis climática. Todo ello ha dañado el lago al punto de poner en riesgo los sistemas de vida que dependen de él. “En diciembre de 2015, los niveles de agua del lago Poopó se redujeron por completo, una de las mayores catástrofes ambientales del país. Actualmente, lo que queda del espejo de agua es prácticamente mínimo en comparación con los registros históricos”, corroboró Yasin Peredo, del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). Además de un grave daño ambiental, lo que pasa con los lagos Poopó y Uru Uru es una seria vulneración del derecho al agua, a la salud, al territorio, a la alimentación y al trabajo de las comunidades aledañas. “Con tristeza vemos como está desapareciendo el lago Poopó y el riesgo que corre nuestro lago Uru Uru”, expresó Margarita Aquino, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra (RENAMAT). “La contaminación minera nos está despojando de las fuentes de agua y está vulnerando los derechos de las mujeres y de las comunidades”. De la salud de estos ecosistemas dependen comunidades indígenas aymaras y quechuas, así como los Uru Murato, una de las naciones originarias más antiguas de Bolivia. Los miembros de ese pueblo milenario solían vivir de la pesca, pero la contaminación del Poopó y su casi incipiente cantidad de agua los ha forzado a migrar y a rebuscar formas para sobrevivir con otras actividades. Don Pablo Flores, autoridad originaria de la comunidad Uru de Puñaca manifiesta: “En agosto, han llegado autoridades y con ellos hemos ido al lago y hemos constatado que ya no hay agua, el sector de la isla de Panza también está seco. Como Urus, ¿cómo estamos viviendo? Antes se iba por parihuanas, ahora no. En febrero ponían huevos, cambiaban de plumas. Este año no hay. Los flamencos están muertos. El lago no existe ahora. Las tres comunidades Urus estamos sufriendo, vivíamos de la caza y pesca. Pedimos a las autoridades municipales, departamentales y nacionales mayor atención porque hasta ahora prácticamente no se hizo nada para salvar, proteger y recuperar nuestro lago Poopó”. Al incluir a los lagos Uru Uru y Poopó como sitio Ramsar, el Estado boliviano se comprometió a conservar las características ecológicas de estos humedales. En ese sentido, la visita de la misión de expertos y expertas es una oportunidad clave para obtener recomendaciones objetivas y especializadas orientadas al cumplimiento de ese compromiso. “Las organizaciones ambientales, las comunidades y la población en general estamos pendientes de la visita de la Misión Ramsar. Consideramos que debe tomarse en cuenta la situación actual del ecosistema, pero también los factores que siguen influyendo en su degradación porque mientras no se adopten estrategias para combatir el cambio climático, no se ponga un alto a la contaminación minera y no se garantice la cantidad de agua necesaria para todo el TDPS, la situación crítica de nuestros lagos Uru Uru y Poopó no podrá ser revertida”, señaló Ángela Cuenca, coordinadora del Colectivo CASA. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107 Angela Cuenca (Bolivia), Colectivo CASA, [email protected], +59172485221 Limbert Sanchez (Bolivia), CEPA, [email protected], +59172476802 Sergio Vasquez Rojas (Bolivia), CENDA, [email protected], +59172734594  

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Sociedad civil lamenta asesinato de Tomás Rojo y pide inmediata protección y garantías de seguridad efectivas para el pueblo yaqui

Las autoridades de Sonora y el gobierno federal han sido omisas en garantizar la integridad del territorio y los derechos humanos del pueblo yaqui y de sus defensores/as. El año pasado, 18 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en México, según documenta el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).   Organizaciones de la sociedad civil lamentamos profundamente el asesinato de Tomás Rojo, integrante del pueblo yaqui, así como las constantes agresiones de la que es objeto el pueblo yaqui.  Además del caso de Tomás, en meses recientes se han presentado otros casos de desapariciones y violaciones a derechos humanos en contra de integrantes y personas defensoras del pueblo yaqui, que hasta el momento no han sido investigados y castigados. Al respecto, las autoridades del estado de Sonora y el gobierno federal han sido omisos en brindar la protección y la seguridad necesarias a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, particularmente a las personas del pueblo yaqui, quienes históricamente han enfrentado diversas agresiones y violaciones a sus derechos humanos debido a las constantes presiones de las que son objeto frente a megaproyectos que interfieren con su territorio, sus recursos naturales, así como con sus usos y costumbres. Asimismo, dichas autoridades han sido omisas en garantizar un entorno seguro para que las personas defensoras realicen su labor, tal y como se mandata en el artículo noveno del Acuerdo de Escazú. En México, esta situación se replica en varios estados del país, donde las personas que defienden la tierra, el territorio y los derechos humanos se encuentran cada vez más expuestas y vulnerables a agresiones de todo tipo, las cuales, en muchos lamentables casos llegan hasta el asesinato, y sin que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones al respecto. Recordemos, por ejemplo, que a fines del año pasado el Congreso desapareció el fideicomiso que garantizaba la operación del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores. El Informe 2020 sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), ha dado cuenta desde hace 8 años de las agresiones y  violaciones a derechos humanos en contra de quienes defienden los ecosistemas, la tierra y el territorio. Tan sólo el año pasado se cometieron 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos, de los cuales 18 fueron asesinatos. Desde la sociedad civil organizada, demandamos enérgicamente que cesen inmediatamente las agresiones hacia el pueblo yaqui y sus defensores, que sus derechos sean garantizados, así como que sea una prioridad del Estado mexicano la seguridad y protección de las personas defensoras del medio ambiente. Igualmente, demandamos que las personas desaparecidas sean localizadas y que se realice una investigación diligente para que los hechos no queden impunes.   Enviamos nuestra solidaridad al pueblo yaqui, así como nuestras más sentidas condolencias a la familia de Tomás Rojo en estos difíciles momentos.    Firmas de organizaciones:   Alianza Internacional de Habitantes Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C.  (CEMDA) Controla Tu Gobierno, A.C. Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C (Centro Prodh) Pobladores A.C. Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARLl) Alianza Mexicana contra el Fracking Amigos del Río San Rodrigo, A.C. Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR) Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo Consejo Tiyat Tlali Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan (CORASON) Encuentro Ciudadano Lagunero Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA) FIAN sección México Fundar, Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México A. C. Grupo Focal de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos. Guardianes de los Arboles Indignación A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD) Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, LAVIDA La Coordinadora Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida Grupo Territorio Género y Extractivismo (Grupo TGE) NoFracking Tamaulipas Oxfam México A. C. Programa Universitario para la Sustentabilidad, Universidad Iberoamericana Ciudad de México Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (conformada por 85 organizaciones en 23 entidades del país) Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) Unión de Comités Autónomos de Agua del Oriente del Estado de México Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAS)     Firmas a título personal:   Alejandra Serrano Pavón Eckart Boege Emanuel Gómez Martínez Gerardo Alatorre Frenk  Jacobo Espinoza Hilario Pedro Moctezuma Barragán Waldo Terry Carrillo CONTACTOS DE PRENSA: Ricardo Ruiz, CEMDA, [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107  

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Fracking, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Consejo de Derechos Humanos aborda la crisis del agua y la protección de las personas defensoras del ambiente

La 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es la primera que se celebra íntegramente en línea, debido a la pandemia de COVID-19. Comenzó en febrero y concluye el 23 de marzo. El formato virtual de esta sesión permitió que AIDA participara por primera vez del Consejo y que se uniera a las discusiones sobre dos de los temas que están en el centro de su trabajo en materia de derechos humanos: el derecho a un ambiente sano y la protección de las personas defensoras ambientales. El 3 de marzo, el Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, David Boyd, presentó al Consejo su informe “Derechos Humanos y la Crisis Global del Agua”, en el cual resalta los graves impactos que la contaminación del agua, su escasez y los desastres relacionados con ese recurso tienen en el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, al desarrollo y a un ambiente sano. Boyd enfatizó que el cambio climático es un multiplicador de riesgos, exacerbando los problemas de derechos humanos relacionados con el agua. El Relator Especial exhortó a los Estados a incorporar un enfoque basado en derechos tanto en sus estrategias climáticas como en sus planes en materia de agua. Finalmente, reiteró su llamado para que el Consejo de Derechos Humanos apoye la iniciativa de una resolución que reconozca el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. En el Diálogo Interactivo que siguió a la presentación de Boyd, Rosa Peña, abogada de AIDA, denunció los impactos negativos de las megarepresas, la minería de carbón y el fracking en los derechos humanos y en el acceso al agua en América Latina. Señaló que estos proyectos no sólo amenazan los derechos humanos de las comunidades locales, sino que también agravan la crisis climática. Llamó la atención del Relator Especial sobre las comunidades afectadas por la megarepresa Belo Monte en la Amazonía brasileña. Actualmente, la implementación del llamado hidrograma de consenso en el río Xingú amenaza la vida de las comunidades locales, contamina el agua, seca el río y provoca inseguridad alimentaria y una pérdida grave de biodiversidad. El 4 de marzo, fue la Relatora Especial sobre la situación de los/las defensores/as de derechos humanos, May Lawlor, quien entabló un Diálogo Interactivo sobre la “Advertencia Final: amenazas de muerte y asesinatos de defensores/as de derechos humanos”. Lawlor concluyó que la falta de voluntad política es una de las razones por la que varios Estados incumplen su obligación moral y legal de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, por lo que pidió medidas más efectivas para frenar las amenazas contra ellas. En representación de AIDA, Marcella Ribeiro, abogada de AIDA, resaltó que América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden los derechos humanos ambientales e instó a los Estados a protegerlas de manera efectiva. Ella puso el foco en la situación de las personas defensoras del ambiente en Brasil, Guatemala y Colombia, países donde la invasión de tierras indígenas, las megarepresas y el fracking están relacionados estrechamente con el aumento de la violencia contra las y los defensores. Concluyó su intervención recordando a los Estados que la protección de las personas defensoras del ambiente debe promover el reconocimiento del derecho a un ambiente sano y brindar garantías para que todas las personas sean libres de ejercer su derecho a defender los derechos humanos. Vea los videos completos de los aportes de AIDA en los Diálogos Interactivos (en inglés):      

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Fracking, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Reglamentación del fracking en Mendoza vulnera compromisos climáticos de Argentina

AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Mendoza un escrito legal para solicitar, con base en argumentos de derecho internacional, la inconstitucionalidad del decreto que reglamenta las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fracturación hidráulica en la provincia argentina.   Mendoza, Argentina. En respaldo a la demanda interpuesta por la Asociación Oikos Red Ambiental contra el gobierno de Mendoza, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia un escrito legal (Amicus curiae) para solicitar la inconstitucionalidad del Decreto 248, que reglamenta las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fracking o fracturación hidráulica. El escrito contiene evidencia con argumentos de derecho internacional que la reglamentación vulnera los compromisos climáticos del Estado argentino, así como el principio de precaución. “Como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y signatario del Acuerdo de París, el Estado argentino asumió obligaciones internacionales de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para mitigar la crisis climática”, dijo Claudia Velarde, abogada de AIDA. “Apostar por el fracking implica un incremento de esas emisiones y el incumplimiento de los compromisos climáticos del país. Existen estudios que asocian un incremento considerable de metano en la atmósfera con la fuga y quema de ese gas en la extracción de hidrocarburos vía fracking. Las emisiones de metano son responsables de casi el 25% del calentamiento global. El Decreto 248 no contempla ninguna disposición ni medida efectiva para controlar las emisiones de GEI generadas por las actividades de fracking y sus efectos en el clima. “Esto pone en evidencia que la norma es insuficiente en su contenido y que desconoce el principio de precaución”, explicó Velarde. “No existen las bases suficientes para que el gobierno de Mendoza regule el fracking de manera efectiva”. El principio de precaución establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá evitar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación ambiental. En el fracking, siendo una técnica no convencional con un alto grado de dificultad técnica y científica, no existe certeza sobre sus impactos, lo que amerita aplicar el principio de precaución. El escrito documenta la aplicabilidad de este argumento a partir de casos similares en otros países de la región. Uno de ellos es Colombia, donde actualmente existe una moratoria judicial al fracking basada en dicho principio. “El Decreto 248 es incompatible con una adecuada observancia del principio de precaución”, recalcó Velarde. “En las últimas décadas, el desarrollo de esta técnica extrema ha despertado alarma a nivel mundial ante la evidencia de daños graves e irreversibles en el ambiente y en la salud humana, los cuales se agudizan con la crisis climática”. El escrito presentado por AIDA se suma a otras acciones similares presentadas contra el decreto que reglamenta el fracking en Mendoza por organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos-Xumek, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Earthjustice. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107  

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Derechos Indígenas, Océanos, Minería

Siete avances de AIDA en 2020

Termina un año como ningún otro. Esta nueva realidad hace que cada victoria y logro diario, por pequeño que sea, tengan un sabor más reconfortante. Por eso, estamos orgullosos de decir que en 2020 hubo avances importantes en nuestro trabajo por un ambiente sano y justicia climática en América Latina. 1. Salvaguardando alta mar A nivel mundial, más del 99% de alta mar —aguas fuera de la jurisdicción nacional— está desprotegido. Para remediarlo, durante el último año, hemos liderado la representación de América Latina en la High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar). Hemos colaborado con gobiernos para negociar un ambicioso tratado en el marco de Naciones Unidas para proteger estas aguas y a especies migratorias clave de tiburones, ballenas, tortugas y atunes. Alta mar es esencial para la salud del océano en el largo plazo y como sumidero de carbono que ayuda a mitigar la crisis climática. 2. Incidiendo para la desinversión en la Amazonía Por casi una década, hemos trabajado para detener la represa Belo Monte, que ha desplazado a miles de indígenas y acabado con cientos de especies únicas. Este año, nuestro testimonio contribuyó a que el Fondo Global de Pensiones de Noruega, el mayor fondo estatal del mundo, excluya de su cartera de inversiones a Eletrobras, uno de los principales financiadores de la represa, debido a las violaciones de derechos ambientales y daños ambientales causados por el proyecto. Es un paso importante en la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas. 3. Defendiendo a los páramos de la minería Continuamos protegiendo de la minería a páramos en Colombia y Ecuador. Estos bosques y humedales biodiversos, situados a gran altitud, son sumideros de carbono clave que además abastecen de agua fresca a millones de personas y son hábitat de especies amenazadas. Nuestro equipo aportó conocimientos legales y técnicos. En el caso de Santurbán, en Colombia, ayudamos a construir capacidades entre los abogados locales que ahora lideran la demanda judicial para proteger este páramo. 4. Protegiendo a personas defensoras del ambiente América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden el ambiente. Este año, AIDA reunió a más de 70 prominentes defensores y defensoras ambientales de 14 países del continente para compartir información actualizada sobre riesgos y estrategias efectivas de defensa. Los y las participantes discutieron en torno a sus retos, identificaron vacíos de conocimiento y desarrollaron nuevos enfoques para protegerse y proteger sus territorios. 5. Frenando el desarrollo energético extractivo Nuestra pericia legal y técnica ha sido fundamental para detener la expansión de los combustibles fósiles. En Colombia, continuamos con el litigio para mantener la moratoria judicial al fracking y ayudamos a impedir una mayor expansión de la minería de carbón. Apoyamos a comunidades afectadas por plantas eléctricas a carbón en Chile y lideramos los esfuerzos para que instituciones financieras internacionales rindan cuentas por financiar proyectos hidroeléctricos dañinos en Colombia y Guatemala. Este trabajo es esencial para promover una transición justa hacia una energía realmente limpia. 6. Preservando la biodiversidad marina en la Patagonia La región de Magallanes, en Chile, es hogar de algunas de las ballenas y delfines más grandes, así como una de las zonas más prístinas de nuestro planeta. La mayor amenaza ambiental para esta región es la producción industrial de salmón. Con base en nuestro trabajo previo, usamos la ley para detener el cultivo de salmón y evidenciar los daños que esa industria causa. Nuestro trabajo logró cerrar una granja de salmón y sentó un precedente para el cierre de otras siete, las cuales están bajo revisión en tribunales chilenos. 7. Fortaleciendo la gestión de tierras indígenas en Colombia En coalición con cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, continuamos protegiendo sus tierras de la minería ilegal. Frente a cientos de proyectos propuestos, ayudamos a implementar estrategias legales para demandar un nuevo plan de manejo territorial que reconozca la autoridad tradicional de los indígenas. También ayudamos a fortalecer las capacidades de las comunidades mediante talleres sobre protección ambiental.  

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Contaminación Tóxica, Fortalecimiento de Capacidades, Fuentes de Agua Dulce

Serie de seminarios web "Introducción a la minería de oro en la cuenca andino-amazónica"

Como antesala al "Taller sobre minería de oro en la cuenca andino-amazónica", esta serie de tres seminarios web tuvo como finalidad introducir la problemática a través de tres líneas temáticas:7 de diciembre: Aspectos generales, impactos y perspectiva de las comunidades.9 de diciembre: La circulación del mercurio en el ambiente.11 de diciembre: ¿A dónde va el oro? El flujo de oro en los mercados.El taller tuvo como objetivo de fomentar la colaboración y el intercambio de información entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y nacionales e instituciones de investigación que trabajan en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil para prevenir, mitigar y/o remediar los impactos de la minería de oro en la cuenca andino-amazónica. PonentesAspectos generales, impactos y perspectiva de las comunidadesCarlos Lozano, abogado sénior del Programa de Agua Dulce de AIDA: Brechas regulatorias y de información en la minería de oro en la cuenca andino-amazónica.Carlos Soria, experto peruano y profesor titular de la Universidad Nacional Agraria La Molina: Aspectos generales de la minería en la cuenca andino-amazónica.   Darío Silva, líder indígena Cubeo y de la Asociación de Autoridades Indígenas de la Pedrera, Amazonas: Impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas.Fany Kuiru, lideresa indígena del pueblo Uitoto, de nombre tradicional Jitoma Monayanho; Coordinadora de Mujer, Juventud, Niñez y Familia en la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC): Impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas.Moderó: Liliana Ávila, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. La circulación del mercurio en el ambienteClaudia Vega, Coordinadora del Programa de Mercurio en el Centro de Innovación Científica Amazónica, Perú: ¿Cómo circula el mercurio en el ecosistema?Manuel Velásquez Ramírez, experto peruano del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP): Concentración del mercurio en suelos.Jesús Olivero Verbel, experto colombiano y profesor titular de la Universidad de Cartagena: Impactos del mercurio en la salud pública.Dallas González, especialista en contaminación de suelos del Ministerio de Ambiente de Perú: Perspectivas y lecciones aprendidas desde la institucionalidad.Moderó: Andrés Ángel, asesor científico de AIDA. ¿A dónde va el oro? El flujo de oro en los mercadosÓscar Campanini, Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB): Comercio y contrabando de oro en Bolivia y Perú.María José Murillo, Líder del área de cadenas de suministro en la Alianza por la Minería Responsable (ARM): Comercio legal de oro y certificaciones.Moderó: Yeny Rodríguez, abogada del Programa de Agua Dulce de AIDA. GrabacionesDía 1. Aspectos generales, impactos y perspectiva de las comunidades: Día 2. La circulación del mercurio en el ambiente: Día 3. ¿A dónde va el oro? El flujo de oro en los mercados (parte 1): Día 3. ¿A dónde va el oro? El flujo de oro en los mercados (parte 2): 

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