Fuentes de Agua Dulce

Sociedad civil lamenta asesinato de Tomás Rojo y pide inmediata protección y garantías de seguridad efectivas para el pueblo yaqui

Las autoridades de Sonora y el gobierno federal han sido omisas en garantizar la integridad del territorio y los derechos humanos del pueblo yaqui y de sus defensores/as. El año pasado, 18 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en México, según documenta el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).   Organizaciones de la sociedad civil lamentamos profundamente el asesinato de Tomás Rojo, integrante del pueblo yaqui, así como las constantes agresiones de la que es objeto el pueblo yaqui.  Además del caso de Tomás, en meses recientes se han presentado otros casos de desapariciones y violaciones a derechos humanos en contra de integrantes y personas defensoras del pueblo yaqui, que hasta el momento no han sido investigados y castigados. Al respecto, las autoridades del estado de Sonora y el gobierno federal han sido omisos en brindar la protección y la seguridad necesarias a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, particularmente a las personas del pueblo yaqui, quienes históricamente han enfrentado diversas agresiones y violaciones a sus derechos humanos debido a las constantes presiones de las que son objeto frente a megaproyectos que interfieren con su territorio, sus recursos naturales, así como con sus usos y costumbres. Asimismo, dichas autoridades han sido omisas en garantizar un entorno seguro para que las personas defensoras realicen su labor, tal y como se mandata en el artículo noveno del Acuerdo de Escazú. En México, esta situación se replica en varios estados del país, donde las personas que defienden la tierra, el territorio y los derechos humanos se encuentran cada vez más expuestas y vulnerables a agresiones de todo tipo, las cuales, en muchos lamentables casos llegan hasta el asesinato, y sin que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones al respecto. Recordemos, por ejemplo, que a fines del año pasado el Congreso desapareció el fideicomiso que garantizaba la operación del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores. El Informe 2020 sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), ha dado cuenta desde hace 8 años de las agresiones y  violaciones a derechos humanos en contra de quienes defienden los ecosistemas, la tierra y el territorio. Tan sólo el año pasado se cometieron 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos, de los cuales 18 fueron asesinatos. Desde la sociedad civil organizada, demandamos enérgicamente que cesen inmediatamente las agresiones hacia el pueblo yaqui y sus defensores, que sus derechos sean garantizados, así como que sea una prioridad del Estado mexicano la seguridad y protección de las personas defensoras del medio ambiente. Igualmente, demandamos que las personas desaparecidas sean localizadas y que se realice una investigación diligente para que los hechos no queden impunes.   Enviamos nuestra solidaridad al pueblo yaqui, así como nuestras más sentidas condolencias a la familia de Tomás Rojo en estos difíciles momentos.    Firmas de organizaciones:   Alianza Internacional de Habitantes Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C.  (CEMDA) Controla Tu Gobierno, A.C. Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C (Centro Prodh) Pobladores A.C. Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARLl) Alianza Mexicana contra el Fracking Amigos del Río San Rodrigo, A.C. Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR) Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo Consejo Tiyat Tlali Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan (CORASON) Encuentro Ciudadano Lagunero Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA) FIAN sección México Fundar, Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México A. C. Grupo Focal de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos. Guardianes de los Arboles Indignación A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD) Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, LAVIDA La Coordinadora Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida Grupo Territorio Género y Extractivismo (Grupo TGE) NoFracking Tamaulipas Oxfam México A. C. Programa Universitario para la Sustentabilidad, Universidad Iberoamericana Ciudad de México Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (conformada por 85 organizaciones en 23 entidades del país) Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) Unión de Comités Autónomos de Agua del Oriente del Estado de México Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAS)     Firmas a título personal:   Alejandra Serrano Pavón Eckart Boege Emanuel Gómez Martínez Gerardo Alatorre Frenk  Jacobo Espinoza Hilario Pedro Moctezuma Barragán Waldo Terry Carrillo CONTACTOS DE PRENSA: Ricardo Ruiz, CEMDA, [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107  

Consejo de Derechos Humanos aborda la crisis del agua y la protección de las personas defensoras del ambiente

La 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es la primera que se celebra íntegramente en línea, debido a la pandemia de COVID-19. Comenzó en febrero y concluye el 23 de marzo. El formato virtual de esta sesión permitió que AIDA participara por primera vez del Consejo y que se uniera a las discusiones sobre dos de los temas que están en el centro de su trabajo en materia de derechos humanos: el derecho a un ambiente sano y la protección de las personas defensoras ambientales. El 3 de marzo, el Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, David Boyd, presentó al Consejo su informe “Derechos Humanos y la Crisis Global del Agua”, en el cual resalta los graves impactos que la contaminación del agua, su escasez y los desastres relacionados con ese recurso tienen en el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, al desarrollo y a un ambiente sano. Boyd enfatizó que el cambio climático es un multiplicador de riesgos, exacerbando los problemas de derechos humanos relacionados con el agua. El Relator Especial exhortó a los Estados a incorporar un enfoque basado en derechos tanto en sus estrategias climáticas como en sus planes en materia de agua. Finalmente, reiteró su llamado para que el Consejo de Derechos Humanos apoye la iniciativa de una resolución que reconozca el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. En el Diálogo Interactivo que siguió a la presentación de Boyd, Rosa Peña, abogada de AIDA, denunció los impactos negativos de las megarepresas, la minería de carbón y el fracking en los derechos humanos y en el acceso al agua en América Latina. Señaló que estos proyectos no sólo amenazan los derechos humanos de las comunidades locales, sino que también agravan la crisis climática. Llamó la atención del Relator Especial sobre las comunidades afectadas por la megarepresa Belo Monte en la Amazonía brasileña. Actualmente, la implementación del llamado hidrograma de consenso en el río Xingú amenaza la vida de las comunidades locales, contamina el agua, seca el río y provoca inseguridad alimentaria y una pérdida grave de biodiversidad. El 4 de marzo, fue la Relatora Especial sobre la situación de los/las defensores/as de derechos humanos, May Lawlor, quien entabló un Diálogo Interactivo sobre la “Advertencia Final: amenazas de muerte y asesinatos de defensores/as de derechos humanos”. Lawlor concluyó que la falta de voluntad política es una de las razones por la que varios Estados incumplen su obligación moral y legal de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, por lo que pidió medidas más efectivas para frenar las amenazas contra ellas. En representación de AIDA, Marcella Ribeiro, abogada de AIDA, resaltó que América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden los derechos humanos ambientales e instó a los Estados a protegerlas de manera efectiva. Ella puso el foco en la situación de las personas defensoras del ambiente en Brasil, Guatemala y Colombia, países donde la invasión de tierras indígenas, las megarepresas y el fracking están relacionados estrechamente con el aumento de la violencia contra las y los defensores. Concluyó su intervención recordando a los Estados que la protección de las personas defensoras del ambiente debe promover el reconocimiento del derecho a un ambiente sano y brindar garantías para que todas las personas sean libres de ejercer su derecho a defender los derechos humanos. Vea los videos completos de los aportes de AIDA en los Diálogos Interactivos (en inglés):      

Reglamentación del fracking en Mendoza vulnera compromisos climáticos de Argentina

AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Mendoza un escrito legal para solicitar, con base en argumentos de derecho internacional, la inconstitucionalidad del decreto que reglamenta las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fracturación hidráulica en la provincia argentina.   Mendoza, Argentina. En respaldo a la demanda interpuesta por la Asociación Oikos Red Ambiental contra el gobierno de Mendoza, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia un escrito legal (Amicus curiae) para solicitar la inconstitucionalidad del Decreto 248, que reglamenta las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fracking o fracturación hidráulica. El escrito contiene evidencia con argumentos de derecho internacional que la reglamentación vulnera los compromisos climáticos del Estado argentino, así como el principio de precaución. “Como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y signatario del Acuerdo de París, el Estado argentino asumió obligaciones internacionales de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para mitigar la crisis climática”, dijo Claudia Velarde, abogada de AIDA. “Apostar por el fracking implica un incremento de esas emisiones y el incumplimiento de los compromisos climáticos del país. Existen estudios que asocian un incremento considerable de metano en la atmósfera con la fuga y quema de ese gas en la extracción de hidrocarburos vía fracking. Las emisiones de metano son responsables de casi el 25% del calentamiento global. El Decreto 248 no contempla ninguna disposición ni medida efectiva para controlar las emisiones de GEI generadas por las actividades de fracking y sus efectos en el clima. “Esto pone en evidencia que la norma es insuficiente en su contenido y que desconoce el principio de precaución”, explicó Velarde. “No existen las bases suficientes para que el gobierno de Mendoza regule el fracking de manera efectiva”. El principio de precaución establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá evitar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación ambiental. En el fracking, siendo una técnica no convencional con un alto grado de dificultad técnica y científica, no existe certeza sobre sus impactos, lo que amerita aplicar el principio de precaución. El escrito documenta la aplicabilidad de este argumento a partir de casos similares en otros países de la región. Uno de ellos es Colombia, donde actualmente existe una moratoria judicial al fracking basada en dicho principio. “El Decreto 248 es incompatible con una adecuada observancia del principio de precaución”, recalcó Velarde. “En las últimas décadas, el desarrollo de esta técnica extrema ha despertado alarma a nivel mundial ante la evidencia de daños graves e irreversibles en el ambiente y en la salud humana, los cuales se agudizan con la crisis climática”. El escrito presentado por AIDA se suma a otras acciones similares presentadas contra el decreto que reglamenta el fracking en Mendoza por organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos-Xumek, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Earthjustice. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107  

Siete avances de AIDA en 2020

Termina un año como ningún otro. Esta nueva realidad hace que cada victoria y logro diario, por pequeño que sea, tengan un sabor más reconfortante. Por eso, estamos orgullosos de decir que en 2020 hubo avances importantes en nuestro trabajo por un ambiente sano y justicia climática en América Latina. 1. Salvaguardando alta mar A nivel mundial, más del 99% de alta mar —aguas fuera de la jurisdicción nacional— está desprotegido. Para remediarlo, durante el último año, hemos liderado la representación de América Latina en la High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar). Hemos colaborado con gobiernos para negociar un ambicioso tratado en el marco de Naciones Unidas para proteger estas aguas y a especies migratorias clave de tiburones, ballenas, tortugas y atunes. Alta mar es esencial para la salud del océano en el largo plazo y como sumidero de carbono que ayuda a mitigar la crisis climática. 2. Incidiendo para la desinversión en la Amazonía Por casi una década, hemos trabajado para detener la represa Belo Monte, que ha desplazado a miles de indígenas y acabado con cientos de especies únicas. Este año, nuestro testimonio contribuyó a que el Fondo Global de Pensiones de Noruega, el mayor fondo estatal del mundo, excluya de su cartera de inversiones a Eletrobras, uno de los principales financiadores de la represa, debido a las violaciones de derechos ambientales y daños ambientales causados por el proyecto. Es un paso importante en la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas. 3. Defendiendo a los páramos de la minería Continuamos protegiendo de la minería a páramos en Colombia y Ecuador. Estos bosques y humedales biodiversos, situados a gran altitud, son sumideros de carbono clave que además abastecen de agua fresca a millones de personas y son hábitat de especies amenazadas. Nuestro equipo aportó conocimientos legales y técnicos. En el caso de Santurbán, en Colombia, ayudamos a construir capacidades entre los abogados locales que ahora lideran la demanda judicial para proteger este páramo. 4. Protegiendo a personas defensoras del ambiente América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden el ambiente. Este año, AIDA reunió a más de 70 prominentes defensores y defensoras ambientales de 14 países del continente para compartir información actualizada sobre riesgos y estrategias efectivas de defensa. Los y las participantes discutieron en torno a sus retos, identificaron vacíos de conocimiento y desarrollaron nuevos enfoques para protegerse y proteger sus territorios. 5. Frenando el desarrollo energético extractivo Nuestra pericia legal y técnica ha sido fundamental para detener la expansión de los combustibles fósiles. En Colombia, continuamos con el litigio para mantener la moratoria judicial al fracking y ayudamos a impedir una mayor expansión de la minería de carbón. Apoyamos a comunidades afectadas por plantas eléctricas a carbón en Chile y lideramos los esfuerzos para que instituciones financieras internacionales rindan cuentas por financiar proyectos hidroeléctricos dañinos en Colombia y Guatemala. Este trabajo es esencial para promover una transición justa hacia una energía realmente limpia. 6. Preservando la biodiversidad marina en la Patagonia La región de Magallanes, en Chile, es hogar de algunas de las ballenas y delfines más grandes, así como una de las zonas más prístinas de nuestro planeta. La mayor amenaza ambiental para esta región es la producción industrial de salmón. Con base en nuestro trabajo previo, usamos la ley para detener el cultivo de salmón y evidenciar los daños que esa industria causa. Nuestro trabajo logró cerrar una granja de salmón y sentó un precedente para el cierre de otras siete, las cuales están bajo revisión en tribunales chilenos. 7. Fortaleciendo la gestión de tierras indígenas en Colombia En coalición con cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, continuamos protegiendo sus tierras de la minería ilegal. Frente a cientos de proyectos propuestos, ayudamos a implementar estrategias legales para demandar un nuevo plan de manejo territorial que reconozca la autoridad tradicional de los indígenas. También ayudamos a fortalecer las capacidades de las comunidades mediante talleres sobre protección ambiental.  

Serie de seminarios web "Introducción a la minería de oro en la cuenca andino-amazónica"

Como antesala al "Taller sobre minería de oro en la cuenca andino-amazónica", esta serie de tres seminarios web tuvo como finalidad introducir la problemática a través de tres líneas temáticas:7 de diciembre: Aspectos generales, impactos y perspectiva de las comunidades.9 de diciembre: La circulación del mercurio en el ambiente.11 de diciembre: ¿A dónde va el oro? El flujo de oro en los mercados.El taller tuvo como objetivo de fomentar la colaboración y el intercambio de información entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y nacionales e instituciones de investigación que trabajan en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil para prevenir, mitigar y/o remediar los impactos de la minería de oro en la cuenca andino-amazónica. PonentesAspectos generales, impactos y perspectiva de las comunidadesCarlos Lozano, abogado sénior del Programa de Agua Dulce de AIDA: Brechas regulatorias y de información en la minería de oro en la cuenca andino-amazónica.Carlos Soria, experto peruano y profesor titular de la Universidad Nacional Agraria La Molina: Aspectos generales de la minería en la cuenca andino-amazónica.   Darío Silva, líder indígena Cubeo y de la Asociación de Autoridades Indígenas de la Pedrera, Amazonas: Impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas.Fany Kuiru, lideresa indígena del pueblo Uitoto, de nombre tradicional Jitoma Monayanho; Coordinadora de Mujer, Juventud, Niñez y Familia en la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC): Impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas.Moderó: Liliana Ávila, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. La circulación del mercurio en el ambienteClaudia Vega, Coordinadora del Programa de Mercurio en el Centro de Innovación Científica Amazónica, Perú: ¿Cómo circula el mercurio en el ecosistema?Manuel Velásquez Ramírez, experto peruano del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP): Concentración del mercurio en suelos.Jesús Olivero Verbel, experto colombiano y profesor titular de la Universidad de Cartagena: Impactos del mercurio en la salud pública.Dallas González, especialista en contaminación de suelos del Ministerio de Ambiente de Perú: Perspectivas y lecciones aprendidas desde la institucionalidad.Moderó: Andrés Ángel, asesor científico de AIDA. ¿A dónde va el oro? El flujo de oro en los mercadosÓscar Campanini, Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB): Comercio y contrabando de oro en Bolivia y Perú.María José Murillo, Líder del área de cadenas de suministro en la Alianza por la Minería Responsable (ARM): Comercio legal de oro y certificaciones.Moderó: Yeny Rodríguez, abogada del Programa de Agua Dulce de AIDA. GrabacionesDía 1. Aspectos generales, impactos y perspectiva de las comunidades: Día 2. La circulación del mercurio en el ambiente: Día 3. ¿A dónde va el oro? El flujo de oro en los mercados (parte 1): Día 3. ¿A dónde va el oro? El flujo de oro en los mercados (parte 2): 

Premio Goldman, resultado del trabajo colectivo comunitario en defensa del territorio y el ambiente sano en la región de los Chenes, Campeche

La reciente entrega a Leydy Aracely Pech Martín del premio Goldman, el galardón ambiental más importante del mundo, otorgado anualmente por la Fundación Goldman, es un reconocimiento al trabajo colectivo de defensa del ambiente y del territorio de las comunidades mayas de la zona de Hopelchén, en Campeche. Durante los últimos años, estas comunidades han realizado una importante labor de defensa frente a diversos megaproyectos que afectan el patrimonio biocultural de esta región de gran biodiversidad que es colindante con la biósfera de Calakmul, la mayor reserva mexicana de bosque tropical y uno de los últimos pulmones del país. Organizadas en Muuch Kambal y el Colectivo Apícola de los Chenes, hoy Colectivo de comunidades Mayas de los Chenes, adquirieron notoriedad a partir de su oposición pública y legal a los permisos otorgados en junio de 2012 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) a la empresa transnacional Monsanto. Dichos permisos incluían la siembra, en fase comercial, de 235,500 hectáreas de soya genéticamente modificada, la cual constituye graves afectaciones al territorio maya. Los representantes de estas comunidades mayas presentaron diversos juicios de amparo ante juzgados federales para denunciar que los permisos otorgados a Monsanto vulneraron sus  derechos como pueblos indígenas, tales como: el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado; al territorio; a la libre-determinación; y a un ambiente sano. Dichos juicios llegaron en última instancia ante el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2015 ratificó la decisión tomada por los Juzgados de Distrito; y reconocieron la violación al derecho que las comunidades indígenas tienen a la consulta y suspendieron los permisos otorgados a Monsanto hasta que se haga la respectiva consulta. Una base importante del trabajo organizativo del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes ha sido la defensa de la apicultura como práctica histórica y tradicional del pueblo maya y medio de subsistencia sustentable. En particular, destacan sus esfuerzos por la conservación de las abejas nativas, para lo cual han denunciado y documentado los efectos nocivos que la deforestación, por el impulso de monocultivos y el uso indiscriminado de plaguicidas y agrotóxicos (como el glifosato), causan no sólo a la apicultura, sino también a la salud, el suelo, el agua y el ambiente de las comunidades mayas de Hopelchén. Las denuncias presentadas por la siembra ilegal de soya genéticamente modificada, evidenciaron la ausencia de medidas adecuadas de bioseguridad para salvaguardar el medio ambiente de la región y abrieron el camino para que el 18 de agosto de 2020 la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocara el permiso otorgado a Monsanto para la liberación de soya genéticamente modificada. En todos estos procesos de organización y denuncia, ha sido fundamental la participación, la palabra y la vocería de las mujeres mayas de los Chenes y de otras partes de la Península de Yucatán. El premio Goldman otorgado a Leydy Pech, una de las voceras del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, es el resultado de más de 25 años de trabajo organizativo y comunitario, de la búsqueda de medios de producción compatibles con el ambiente y el desarrollo sustentable, y de la defensa colectiva del territorio frente a políticas públicas y megaproyectos que ponen en riesgo la integridad cultural, la salud, los medios de subsistencia y la vida de las comunidades mayas de la región. Es un reconocimiento a las luchas de las mujeres mayas por la defensa de la vida y el territorio, que han generado cambios sustanciales dentro y fuera de sus comunidades. Esto, a su vez, visibiliza los procesos de lucha de las comunidades mayas de la Península de Yucatán en defensa de las semillas nativas, el agua, las abejas, el medio ambiente sano y la libre determinación. Por esta razón, las organizaciones firmantes reiteramos el respeto y ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo maya, para generar condiciones equitativas en la construcción de políticas públicas que sean respetuosas con la naturaleza y con la visión de desarrollo de esos pueblos indígenas de México y América Latina. Actualmente, esta región de México enfrenta graves problemas de deforestación, pérdida de biodiversidad, así como contaminación de suelo y sus fuentes de agua debido a los cambios de uso de suelo que de forma irregular se han llevado a cabo para introducir prácticas agropecuarias industriales. Actualmente el Estado de Campeche es el más deforestado de la Península de Yucatán, tan solo en 2019, perdió 53 mil ha de bosque natural, lo que equivale a 12.5 Mt de CO₂ de emisiones. CONTACTOS DE PRENSA: Everardo Chablé (México), +521 996 107 5098 Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

Páramos y megaminería en Colombia y Ecuador

Durante la pandemia, comunidades y organizaciones se han quedado en casa, acatando medidas de cuarentena. Mientras tanto, las empresas mineras continúan operando con base en excepciones a las medidas. Así ocurre actualmente en los páramos de Santurbán, Colombia, y Kimsacocha, Ecuador, donde avanzan proyectos de megaminería metálica subterránea. Sin embargo, comunidades y organizaciones continúan resistiendo para proteger sus fuentes de agua.En este seminario web, escuchamos a defensoras de primera línea que lideran la resistencia a estas empresas, así como las actualizaciones de los proyectos mineros y las acciones que están por venir.  PanelistasMayerly López, Comité para la defensa del agua y el páramo de Santurbán.Paola Ortiz Jaramillo, Colectivo Yasunidxs Cuenca y Escuela Popular Agustín Cueva Dávila.Comentaron: Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, y Andrés Ángel, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).Moderó: Marcela Carvajal, actriz colombiana. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Paola Ortiz Jaramillo: 3. Mayerly López: 

La recuperación del lago Poopó, una deuda con la vida

Calixta Mamani recuerda con nostalgia las plantas de totora creciendo con tallos verdes y erguidos a orillas del lago Poopó, ubicado en el departamento de Oruro, en la árida meseta de los Andes centrales de Bolivia. La totora era el alimento de su ganado. “Todo se ha secado… Aquí ya no hay vida, la tierra ya no produce”. También vienen a su mente las aves —taracas o chhoqas (aves de color negro parecidas a los patos) y parihuanas (flamencos andinos)— y peces que abundaban en la zona. “Ahora ya no los ves… todo se nos ha terminado, nuestra cultura”. Las pérdidas descritas por Calixta representan más bien un grave despojo. A las comunidades indígenas y campesinas que viven en cercanías del lago Poopó se les ha privado no solo de su fuente de agua, sino también de su fuente de sustento, de su forma de vida y de su cultura. El Poopó, el segundo lago más grande de Bolivia, ha sido dañado por actividades mineras —que no han cesado durante la pandemia—, el desvío de ríos y la crisis climática al punto de poner en riesgo todos los sistemas de vida que dependen de él. Calixta es integrante de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), una organización que defiende los derechos de las mujeres indígenas y campesinas frente a los impactos destructivos de las industrias extractivas en las regiones de Oruro, La Paz y Potosí. Al estar a cargo del pastoreo, de la preparación de alimentos y de otras tareas de cuidado del hogar Calixta y las otras mujeres de la zona conviven diariamente con el lago y sufren de forma diferenciada los efectos de su degradación. Es por la relación de respeto que tienen con la Madre Tierra y la Madre Agua que las comunidades asentadas en torno al lago Poopó están luchando por salvarlo. Décadas de contaminación Según un informe del Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), las denuncias de contaminación del lago Poopó por actividades mineras locales datan de 1981, cuando investigadores revelaron que 120 minas de plomo, estaño y oro descargaban sus desechos directamente a sus aguas. La situación, que no ha parado con los años, ha provocado sedimentación. Ello quiere decir que cantidades considerables de cadmio, zinc, arsénico y plomo se han vuelto sedimentos en el lago. Ello hizo que sus aguas no sean aptas para el consumo humano ni el de animales y que tengan un uso limitado para el riego de cultivos. “…con el pasar del tiempo y con el avance de la minería, la explotación de minerales se ha intensificado. Poco a poco todo esto ha ido desapareciendo, se han cortado venas de agua y todo se ha quedado como se ve ahora, pareciera que todo está quemado”, cuenta Petrona Lima, del Ayllu San Agustín de Puñaca, municipio de Poopó, en un testimonio recogido por el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). A fin de preservar su biodiversidad —que incluye aves endémicas, migratorias y la mayor cantidad de flamencos en el altiplano boliviano—, el lago Poopó, junto con el lago Uru Uru, fue declarado en 2002 Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar. Sin embargo, el ecosistema continúa en serio peligro. En diciembre de 2015, los niveles de agua del Poopó se redujeron a tal grado que el cuerpo de agua desapareció, hecho considerado como una de las mayores catástrofes ambientales de Bolivia. Aunque el lago logró aumentar su caudal en tiempo de lluvia, su situación aún es muy crítica en época seca. Crisis climática y desvío de ríos La degradación del lago es resultado también de la crisis climática global, que trae intensas sequías y un aumento en las temperaturas. Si la temperatura promedio global aumentó en 0,8°C debido al cambio climático, en el lago Poopó el incremento fue de 2,5 °C, según información publicada en 2015. Esto ha acelerado la evaporación de sus aguas.  También está el desvío de los dos ríos que lo alimentan: el río Desaguadero y el río Mauri. El caudal del primero ha disminuido debido a operaciones mineras y agrícolas. Mientras que las aguas del segundo, ubicado en la frontera con Perú, han sido desviadas. De hecho, un riesgo reciente para la cuenca del lago Poopó es la implementación de la segunda fase del proyecto de construcción de un canal que desviaría más de 500 litros de agua por segundo del río Mauri para alimentar a la agroindustria en Tacna, Perú. La ejecución de la primera fase de ese proyecto fue una de las causas de la desaparición del lago en 2015. Defendiendo su fuente de vida De los lagos Poopó y Uru Uru no solo dependen comunidades indígenas (aymaras y quechuas) y campesinas, sino también los Uru Murato, una de las naciones originarias más antiguas de Bolivia. Solían vivir de la pesca, pero la contaminación del Poopó ha obligado a los Uru Murato a migrar para trabajar en las minas y salinas. Además de un grave daño ambiental, lo que pasa con este ecosistema es una seria vulneración del derecho al agua, a la salud, al territorio, a la alimentación y al trabajo de las personas afectadas. Por ello AIDA y organizaciones locales han unido esfuerzos para defender al lago Poopó, su biodiversidad y a las comunidades que dependen de él. En julio del año pasado, solicitaron a la Secretaría de la Convención Ramsar enviar una misión de expertos al país para evaluar la salud de los lagos Poopó y Uru Uru y hacer recomendaciones al gobierno para su recuperación. Y este mes pusieron en marcha la campaña #LagoPoopóEsVida para visibilizar la situación y llamar la atención de las autoridades y opinión pública a nivel nacional e internacional. Salvar este ecosistema es rescatar vidas y el referente cultural de un país.  

El lago Poopó es vida: Estrategias para la defensa de la Madre Tierra y la Madre Agua

Ubicados en la seca meseta altiplánica de los Andes centrales de Bolivia, los lagos altoandinos Poopó y Uru Uru son una importante fuente de agua para la biodiversidad local —que incluye especies de aves migratorias y en peligro— y para comunidades indígenas y campesinas en sus alrededores. Pero actividades como la minería y el desvío de ríos han afectado este importante humedal al punto de poner en riesgo el equilibrio de los sistemas de vida que dependen de él. El daño ha dado lugar a una de las mayores catástrofes ambientales del país: en pocos años, el espejo de agua del lago Poopó se redujo a niveles alarmantes y hasta llegó a ser declarado desaparecido.En este complejo contexto, se han realizado muchas acciones para visibilizar y denunciar la situación crítica de los lagos, para precautelar a las comunidades que dependen de ellos, para generar información y evidencia científica actualizada, así como para llamar la atención de la comunidad internacional con miras a sumar esfuerzos para su recuperación.En este conversatorio virtual, mediante un diálogo de saberes, compartimos las experiencias de defensa de estos lagos, del territorio, de la Madre Agua, de los bienes comunes, de los medios de vida y de las culturas.   PanelistasYasin Peredo, Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA): Monitoreo comunitario de la calidad del agua.Angela Cuenca, Colectivo CASA: Defensa de los derechos de comunidades afectadas por la crisis del Lago Poopó.Claudia Velarde, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Los lagos Poopó y Uru Uru como Humedal de importacia Internacional.Margarita Aquino, Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT): La voz de las protagonistas.Moderó: Carmen Aliaga, Colectivo CASA. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Yasin Peredo, Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA): 3. Claudia Velarde, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): 

Preservando los lagos altoandinos en Bolivia, fuentes de vida