Fuentes de Agua Dulce


Seminario virtual "Viviendo de cerca los daños de la extracción de gas y petróleo"

La extracción de gas y petróleo causa diversos daños en las personas que viven en o cerca de donde la explotación ocurre. Lamentablemente, muchas comunidades sufren a diario consecuencias graves como la contaminación del agua, el aire y el suelo. Ello afecta directamente la salud, particularmente la de niños y niñas, mujeres (más si están embarazadas) y adultos mayores.  Ni las mejores regulaciones, aun cuando fueran adecuadamente aplicadas, pueden evitar estos daños. En este seminario en línea se dieron a conocer las experiencias de comunidades de Caigua, Bolivia; Los Ángeles, Estados Unidos; y Papantla, México. Panelistas Jorge Campanini, Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB): Actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, el caso de la comunidad de Caigua en Bolivia. Nalleli Cobo, STAND-L.A.: Impactos de la extracción de hidrocarburos en Los Ángeles. Alejandra Jiménez, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan: Afectaciones del fracking en Papantla, Veracruz (México). ​Grabación   Presentaciones 1. Presentación de Jorge Campanini, Centro de Documentación e Información Bolivia:   2. Presentación de Alejandra Jiménez, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan:  

Leer más

Entendiendo los verdaderos costos de la minería en América Latina

¿Aceptarías un negocio que te ofrece ganancias limitadas, pero costos infinitos? En América Latina, la minería es fuertemente promocionada por los gobiernos como una fuente de empleo y de dinero para financiar la construcción de hospitales, escuelas, carreteras y otras obras. Hasta ahí, parece un excelente negocio. Pero, lamentablemente, es sólo la mitad de la historia. Los Estudios de Impacto Ambiental que las empresas mineras presentan para obtener la autorización del gobierno omiten incluir temas poco favorables como los denominados impactos a perpetuidad, un término técnico referido a los daños ambientales que persisten por siglos o incluso milenios. Entre esos daños, que tampoco son mencionados cuando los proyectos son presentados a las comunidades que resultarán afectadas, destacan dos: Modificaciones severas del paisaje: por ejemplo, la excavación de una mina a cielo abierto en una montaña o el relleno de un valle con desechos mineros. Contaminación de fuentes de agua: por ejemplo, la formación de ácidos y de metales tóxicos que llegan a ríos, arroyos y a otros nacimientos de agua o el aumento de nitratos y amoniaco derivados del material explosivo. En países como Estados Unidos, estos daños son discutidos en el proceso de evaluación ambiental y existe legislación al respecto y mecanismos de mitigación. En América Latina, quienes promueven grandes proyectos mineros, muchas veces ni siquiera han oído hablar de ellos y no entienden que los costos a largo plazo superan por mucho sus beneficios. El mantenimiento constante de minas a cielo abierto tras su cierre y abandono para minimizar el riesgo de colapso (que nunca desaparece), así como el monitoreo y tratamiento de fuentes de agua para evitar su contaminación con desechos tóxicos, son algunas de las acciones que se deben adoptar, pero cuestan mucho dinero. ¿Quién pagará los daños? No es fácil saber quién asume los costos porque depende de varios factores: marco legal, fortaleza institucional y hasta factores sociales. En muchos países, los gobiernos exigen que las empresas construyan e instalen sistemas de monitoreo y remediación (pozos, plantas de tratamiento de aguas y drenajes, por ejemplo). En otros casos, les piden que además paguen por un tiempo los costos de operación de esos sistemas. Los países más exigentes piden seguros de remediación (Reclamation Bonds) de daños y el aporte a fondos financieros cuyos rendimientos se destinarán a esas labores. Es el caso del Superfondo (Superfund) en Estados Unidos, con el cual se administra la remediación de daños en aproximadamente 1.341 sitios industriales. Pero estos seguros suelen considerar que los costos a largo plazo son menores de lo que realmente son y, al final, son los ciudadanos quienes los cubren con el pago de impuestos. Según el Center for Science in Public Participation, para remediar los daños causados sólo por minas de metales en el oeste de Estados Unidos, el país tendría que pagar entre 3.800 y 20.000 millones de dólares. En otros países, los desechos ambientales provenientes de la minería no reciben atención alguna. En Canadá —tantas veces usado como ejemplo ambiental por gobiernos de la región— la mina Tulsequah Chief, en Columbia Británica, ha vertido aguas ácidas desde 1957 sin tratamiento alguno. La situación regional Si bien en muchos países de América Latina existen normas relacionadas, la mayoría no tiene leyes específicas que establezcan procedimientos estandarizados para el monitoreo y la reparación de daños ocasionados por actividades mineras. Algunos países como Bolivia o Colombia ni siquiera cuentan con una definición legal de Pasivo Ambiental Minero o deuda por daños al ambiente. Ante una regulación débil, el cierre de minas viene acompañado por acciones aisladas e ineficaces como la simple siembra de plantas en el lugar. Al no existir claridad sobre quién debe hacerse responsable, las pocas acciones de monitoreo y remediación terminan siendo abandonadas. Otro factor importante en la región es que los daños ambientales provienen de actividades mineras legales e ilegales. En Chile, el deterioro ambiental suele ser producto de minas de metales legales que han sido abandonadas, mientras que en Bolivia es mayoritariamente resultado de la minería artesanal y de cooperativas. En Colombia, la minería ilegal y gran parte de la de pequeña escala vierte mercurio en los ríos y, en Perú, la minería de oro causa daños graves a la salud humana y a entornos naturales. En América Latina son también comunes los daños causados por la minería histórica, en yacimientos que datan de la colonia y que aún son explotados. El secreto está en la prevención Los daños permanentes de la minería requieren acción constante y un financiamiento que no es posible garantizar en el tiempo. Además, dada su gravedad, solo es posible mitigarlos de manera parcial, pero no remediarlos totalmente. Por ello en AIDA promovemos la prevención de esos daños, más que su corrección. De la mano con organizaciones locales y comunidades, buscamos que, antes de ser autorizados, los proyectos sean sometidos a procesos de evaluación adecuados sobre los riesgos que implican para el ambiente y para las personas. Abogamos para que la evaluación se base en la mejor información científica disponible, que contemple alternativas y que sea realizada de forma independiente para garantizar resultados objetivos. Si el análisis establece que un proyecto generará daños perpetuos que no podrán ser abordados adecuadamente, el mismo debe ser rechazado. La minería, especialmente la de metales, no es un buen negocio y siempre generará un daño ambiental. Seguiremos trabajando para que los tomadores de decisiones así lo entiendan.  

Leer más

agua

Seminario virtual "Monitoreo comunitario de la calidad del agua"

El monitoreo comunitario de la calidad del agua ha servido como herramienta para que la ciudadanía controle y vigile la salud de los ecosistemas afectados por actividades extractivas como la minería. En América Latina, varias organizaciones y grupos de ciudadanos monitorean sus fuentes de agua y alertan de los impactos negativos sobre éstas cuando ocurren. En el seminario se dio a conocer a las organizaciones y personas que llevan adelante este monitoreo, sus experiencias, logros y retos, así como las perspectivas de esta actividad en el continente.   PANELISTAS Yasin Peredo: Ingeniero ambiental por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Profesional del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), que impulsa un proceso integral sobre el cuidado coparticipativo de cuencas. Trabaja en vigilancia ambiental y monitoreo comunitario de calidad del agua en las cuencas Poopó y Pazña, Antequera. Fabiola Vargas: Estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Trabaja en investigación ambiental, con énfasis en restauración ecológica, como parte del equipo de Gestión Colectiva del Agua del CENDA. Trabaja además en la implementación de alternativas para la remediación de cuerpos de agua, en la cría de anfibios en cautiverio en el Museo de Historia Natural Alcide D’Orbigny, y en el Herbario de la Universidad Católica Boliviana. Abel Machaca: Es agrónomo, monitor comunitario del agua en el Ayllu San Agustín de Puñaca (Poopó, Oruro) y miembro de la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, lagos Uru Uru u Poopó. Jorge Rubiano: Es biólogo por la Universidad del Tolima, Colombia. Tiene una maestría en Gestión y Manejo de Bosques, Medio Ambiente y Naturaleza de la Universidad Distrital de Bogotá. Es Director y Coordinador de Proyectos en la Corporación Semillas de Agua. Allí trabaja en la formulación y acompañamiento a proyectos de monitoreo biológico en cuerpos de agua, la gestión social del agua en cuencas altoandinas, y en la planificación de humedales en alta montaña.   Grabación   0:00 - 5:23 Introducción y presentación de participantes (Andrés Ángel). 6:10 - 32:08 Experiencias de monitoreo comunitario en Bolivia (CENDA). 33:22 - 54:30 Monitoreo comunitario del agua en el marco de la gestiÓn social del agua en la cuenca del río Coello (Semillas de Agua). 54:30 - 57:10 Primera ronda de preguntas (CENDA y Semillas de Agua). 57:10 - 1:04:08 Testimonio monitor comunitario del agua en Bolivia (Abel Machaca). 1:04:27 - 1:43:48 Segunda ronda de preguntas (CENDA y Semillas de Agua). 1:43:48 - 1:45:37 Notas y comentarios finales (Andrés Ángel).   Presentaciones 1. Presentación de Yasin Peredo, Fabiola Vargas y Abel Machaca, CENDA:   2. Presentación de Jorge Rubiano, Corporación Semillas de Agua:  

Leer más

Respaldan demanda de comunidades indígenas contra hidroeléctrica Las Cruces

Como apoyo a la solicitud de amparo presentada por el pueblo Wixárika, AIDA presentó ante la justicia un escrito que evidencia las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ambiente que el gobierno mexicano vulneró al autorizar el proyecto ubicado en Nayarit. Nayarit, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) evidenció, en un escrito (Amicus Curiae) presentado ante el Juzgado Primero de Distrito de Nayarit, las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos vulneradas por el gobierno mexicano al haber autorizado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El escrito respalda la demanda de amparo presentada contra el proyecto por miembros del pueblo indígena Wixárika “Las autoridades no han realizado un proceso adecuado de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, y sobretodo no han respetado sus derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural y a un ambiente sano”, dijo Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Además, pasaron por alto los riesgos de daños a la cuenca del río San Pedro Mezquital y a los manglares que ese caudal alimenta, los de Marismas Nacionales, sitio protegido a nivel internacional”. La hidroeléctrica, promovida por la Comisión Federal de Electricidad, pone en riesgo sitios ceremoniales de los que depende la vida física y espiritual de los pueblos indígenas de la zona: Wixárikas, Náyeris-Coras, Tepehuanos y Mexicaneros. Miembros del pueblo Wixárika presentaron la demanda de amparo contra las autoridades que avalaron el proyecto —la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua— a mediados del año pasado. En el escrito, presentado por AIDA a comienzos de marzo de este año, se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado mexicano respecto de Las Cruces. Entre ellas están las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tras la demanda de amparo, la autoridad judicial dispuso la suspensión de los permisos del proyecto hasta que el proceso concluya y se decida si son válidos. Las autoridades de gobierno han argumentado que el proyecto debe seguir porque es de interés público y que los pueblos indígenas pueden “refuncionalizar su vida espiritual en un contexto modificado por la construcción del proyecto”. Esa postura ignora los derechos de las comunidades, el debido proceso y los riesgos ambientales que afectan el interés público. Ahora la autoridad judicial debe dar continuidad al proceso, confirmar la suspensión y disponer finalmente la cancelación de los permisos del proyecto para salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas. “Es necesario que el gobierno mantenga la congruencia entre la protección de los derechos humanos y del ambiente, cancelando los permisos otorgados al proyecto Las Cruces y amparando así los derechos de las comunidades afectadas”, dijo Thompson. “México tiene la oportunidad de fortalecer la tendencia mundial hacia la energía limpia, alejándose de proyectos como las grandes represas que emiten gases de efecto invernadero y agravan el cambio climático”. Consulta más información sobre el tema. Contacto de prensa: Camilo Thompson, abogado de AIDA, +521 9671302346, [email protected]  

Leer más

Mujer indígena camina a orillas del río San Pedro Mezquital en Nayarit, México

Mujeres, agua y vida: un vínculo innegable

Como mujer y como defensora del ambiente, siento que es necesario conmemorar y resaltar el trabajo y el rol de las mujeres en la protección de nuestro entorno natural. Es preciso, especialmente, visibilizar los vínculos —que muchas veces parecerían imaginarios— entre la defensa, la valentía y el género.   Aunque a veces parezca que hablar de mujeres y medioambiente es abordar dos temas distintos, existen vínculos sutiles, pero no débiles, entre ambos, especialmente entre las mujeres y el agua. Son ellas las primeras víctimas del deterioro medioambiental, pero también son las protagonistas en la defensa, conservación y preservación de la naturaleza. No es extraño que, en gran parte de los espacios de defensa del ambiente, el auditorio sea mayoritariamente femenino. Tampoco que desde el anonimato o desde la popularidad, muchas causas sean lideradas por mujeres. Pero ahora quiero referirme a la correspondencia entre la mujer y el agua como fuentes de vida y puntos claves de la existencia. Las mujeres son quienes habitualmente lideran las luchas en defensa del agua, especialmente en poblaciones indígenas y campesinas. Joan Martínez Alier, catedrático de economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en ecología política, explicó a la agencia Efe que esto se debe a que, muchas veces, los conflictos socioambientales en torno a minería o a la privatización del agua afectan la supervivencia de las comunidades de manera muy directa y, por esto, las mujeres defienden el agua tal como defienden a su territorio o a su familia: de una manera valiente y sin pausa. Sin embargo, poco se valora el conocimiento y la experiencia de las mujeres en la administración del agua. En muchos casos, especialmente en el Sur Global, la administración de los recursos hídricos, así como la elaboración e implementación de políticas al respecto, no toman en cuenta roles de género y carecen de un enfoque diferenciado. En el campo colombiano, por ejemplo, son las mujeres campesinas quienes llevan el agua a sus casas desde los lugares donde ésta nace, la hierven para usarla en la cocina y cuidan de ella. Sin embargo, no son consultadas cuando se toman decisiones a nivel local o nacional sobre el suministro de agua. Es necesario entonces hacer visible el papel desempeñado por las mujeres en el manejo y gestión del agua, reconociendo por igual los intereses de hombres y mujeres, y promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso a espacios de toma de decisiones. Así caminaremos rumbo a una mayor equidad. Ahora bien, América Latina es uno de los lugares más peligrosos para defender el ambiente, riesgo que es mayor para las defensoras. Muchas de ellas, que luchan de manera silenciosa desde sus comunidades o desde su posición de lideresas, han sufrido la violencia y la injusticia que conlleva cuidar lo propio. No puedo evitar en este punto recordar y hacer un homenaje a Berta Cáceres, lideresa lenca y activista del Consejo Civil de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien dedicó su vida a la defensa del río Gualcarque. Berta fue asesinada en marzo de 2016, tras años de recibir amenazas por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Pero ella, una mujer valiente víctima de la violencia, así como su lucha, sigue viva. Tengo además en la mente a todas mis colegas, amigas valientes y cómplices que con sus luchas hacen de éste un mundo más justo, construyen equidad en cómo se relacionan con cada persona y creen, con todo su corazón, que la justicia de género viene de la mano de la justicia ambiental. En nuestra realidad, la equidad, más que un punto de partida, es todavía una meta que requiere acciones que compensen o moderen la discriminación que afecta a unas y otros. Por eso es fundamental incorporar el enfoque de género en cualquier plan, programa, proyecto y mecanismo de trabajo de la administración pública. Tal como menciona el Banco Mundial en un informe del 2002, la manera en la que los hombres y las mujeres pueden beneficiarse de manera más equitativa de las políticas, es hacer que ellos y ellas sean parte integral de las mismas con sus experiencias y necesidades. De las mujeres, como del agua, depende la vida. Por eso actuamos como tercas defensoras, no sólo del agua, sino de otros recursos naturales, y de quienes dependen de ellos. Aunque no siempre sea visible, esa lucha está tan presente como el agua que recorre el planeta de muchas formas. Es importante unirnos, ser cada vez más solidarias entre nosotras, con nuestras causas, con nuestros sufrimientos. Sigamos compartiendo nuestros miedos y nuestras luchas y, ante todo, nunca abandonemos la defensa de nuestro territorio, porque éste nos define y a él le debemos todo. Yo siempre he pensado que el agua tiene cara de mujer y cada día me convenzo más de ello.

Leer más

Piden al gobierno mexicano proteger Marismas Nacionales, en riesgo por hidroeléctrica

El proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales y Sitio Ramsar, el humedal más importante del Pacífico Mexicano. Comunidades indígenas de la zona alertan sobre violaciones a sus derechos humanos a la libre determinación, autonomía, territorio, identidad cultural, así como a un medio ambiente sano. Con motivo del Día Mundial de los Humedales, organizaciones de la sociedad civil, así como el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital, Consejo Regional Wixárika y el Consejo Náyeri, reiteraron su petición a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que cancele de forma definitiva los permisos de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo otorgados al proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, que busca desarrollarse en el estado de Nayarit, debido al riesgo ambiental que representa para la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales (Sitio Ramsar de Importancia Internacional), porque viola los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas que ahí se encuentran y por el interés público respecto de proteger y conservar los ecosistemas prioritarios para la biodiversidad, y necesarios por la adaptación y mitigación al cambio climático.   El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar el río San Pedro, único que fluye libremente al cruzar la Sierra Madre Occidental y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Desde el 2008, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene en curso este proyecto, que consiste en modificar directamente el uso de suelo de más de 5 mil hectáreas de bosques y zonas de ribera, alterar el ciclo del agua, transporte de sedimentos  y ciclo del carbón.   Las represas en regiones tropicales generan mayores emisiones de gases efecto invernadero (gas metano) que afectan a la delgada capa atmosférica. Represas como las de Aguamilpa y El Cajón, ya generan impactos al modificar el caudal ecológico, retener sedimentos y los volúmenes de agua. Sus impactos han provocado efectos adversos para la provisión de alimentos y para la materia orgánica disuelta, necesaria para la biodiversidad.   Además, la represa del río San Pedro ocasionará impactos sociales, toda vez que territorios, lugares sagrados, centros ceremoniales y senderos milenarios de las comunidades indígenas quedarían inundados, perdiendo su valor intangible para su cultura.   Este río es el séptimo más caudaloso de México y es el principal proveedor de agua dulce y de nutrientes para Marismas Nacionales, el humedal costero más importante del Pacífico mexicano. Adicionalmente, alberga culturas milenarias en su cuenca como son  los pueblos Náyeri (Cora), Wixárika, Tepehuano y Mexicanero, para quienes el río provee sustento y formas de vida, además de ser fundamento de su espiritualidad y eje de sus tradiciones e identidad cultural.   En términos de impactos ambientales, Las Cruces representa una amenaza para Marismas Nacionales, que abarca una superficie de 134 mil hectáreas, con una presencia de manglar del orden del 20% del total existente en el país; lo cual significa 113 mil hectáreas de bosques de manglar en buen estado de conservación y óptima estructura. Cuenta con más de 20 mil aves acuáticas, además de especies de mamíferos vulnerables o en peligro crítico como la nutria de río, el jabalí, el puma, el ocelote y el jaguar, mamífero emblemático y bajo protección. Por su riquísima biodiversidad, el río San Pedro provee alimentos para las pesquerías locales.   El proyecto Las Cruces alteraría irreversiblemente el equilibrio de las dinámicas ambientales, culturales y socioeconómicas que sustentan la Cuenca del Río San Pedro Mezquital y Marismas nacionales, en donde se calcula que habitan más de 300 mil personas. En términos sociales, el proyecto es violatorio de los derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades y pueblos indígenas.   Lo anterior debido a que la resolución emitida por la Semarnat en septiembre de 2014 se otorgó sin consultar debidamente a las comunidades indígenas, a pesar de que la propia autoridad reconoce que los pueblos acceden al territorio en donde se pretende llevar a cabo el proyecto. De igual forma, la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales, otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la CFE, en noviembre del mismo año, se emitió sin considerar el uso y aprovechamiento que los pueblos indígenas realizan en dicho territorio, con subestimación de los impactos y riesgos regionales a nivel cuenca y para el ecosistema de humedales costeros, su biodiversidad, provisión de alimentos, viabilidad económica.   Debido a su relevancia internacional como humedal, la Misión Ramsar recomendó en el 2010, incluirlo en el registro Montreux para elevar su nivel de protección, debido a los posibles impactos al Sistema Ambiental Regional. En este sentido, es necesario cumplir con el objetivo estratégico de “Mejorar la aplicación a nivel nacional de la Convención Ramsar por parte del Estado mexicano, a fin de salvaguardar el ambiente sano y los derechos humanos”.   La importancia de la cuenca del río San Pedro Mezquital es regional y global porque lleva nutrientes al Golfo de California (Patrimonio de la UNESCO), siendo esencial para el ciclo de vida de muchas especies y para la conexión con el gran ecosistema marino. El Estado mexicano debe ser congruente con el interés público, proteger a la región y evitar emisiones de gases de efecto invernadero como las que el proyecto Las Cruces generaría.   Organizaciones firmantes: AIDA Causa Natura Cemda Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital Consejo Náyeri Consejo Regional Wixárika Fundar Grupo Ecológico Manglar Nuiwari Serapaz SuMar  

Leer más