Fuentes de Agua Dulce

Organizaciones repudian reclamación internacional de Eco Oro contra el Estado colombiano por la protección de los páramos

La empresa canadiense pretende desarrollar la mina Angostura en el páramo de Santurbán y anuncia un posible arbitraje internacional por las medidas adoptadas en el país para proteger sus páramos, valiosas fuentes de agua y esenciales para mitigar el cambio climático. Washington/Ottawa/Bogotá/Bucaramanga/Ámsterdam. Organizaciones de la sociedad civil repudian el anuncio de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp. de iniciar una disputa de arbitraje internacional en contra del Estado colombiano. Eco Oro ha declarado su intención de demandar a Colombia a través del capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia por las medidas que el Estado andino ha asumido para proteger Santurbán y el resto de los páramos del país de actividades nocivas como la minería a gran escala. Eco Oro Minerals pretende desarrollar el proyecto minero de oro Angostura en Santurbán con inversión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La empresa argumenta haber sido afectada por la delimitación de ese ecosistema y el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que reafirma la prohibición de desarrollar minería en todos los páramos del país. Asimismo, indicó en un boletín de prensa tener la opción de remitir la disputa “a un arbitraje internacional” y de buscar “compensación monetaria por los daños”. “Desde el comienzo de Angostura era claro que la Constitución y normas aplicables protegen los páramos, que el proyecto podría afectar Santurbán y que por ende podría no ser autorizado. Los Estados no deben ser sancionados por proteger sus fuentes de agua, cumpliendo las obligaciones nacionales e internacionales”, dijo Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los páramos son fuente del 70% del agua dulce que se consume en Colombia y esenciales para mitigación del cambio climático. El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentó una queja sobre el proyecto ante la oficina del Asesor en Cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la institución del Grupo del Banco Mundial dedicada exclusivamente al sector privado. Se espera el informe de la investigación en los próximos meses. “Nos preguntamos si la CFI tendrá conocimiento que su inversión en Eco Oro podrá ser presuntamente utilizada en litigios contra Estados miembros del mismo Banco Mundial. Ya es hora de que la CFI retire su inversión de esta empresa”, manifestó Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). “En 2011, el Ministerio de Ambiente de Colombia negó la licencia ambiental a la mina Angostura, lo cual demostró ya la inviabilidad del proyecto. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia lo reafirmó, sosteniendo que el derecho al agua y la protección de los páramos prima sobre las expectativas económicas de quienes desarrollan proyectos mineros en esos ecosistemas”, sostuvo Miguel Ramos, del Comité de Santurbán. “Tal como ocurre en El Salvador, en cuyo caso el Estado está siendo demandado por US$250 millones por no haber otorgado a una empresa canadiense un permiso minero que incumplía los requisitos normativos de tal país, el sistema de arbitraje internacional creado en los acuerdos neoliberales de inversión entre países es una amenaza real a la soberanía de los Estados y de los pueblos a decidir sobre temas tan transcendentales como el agua”, afirmó Jen Moore, de MiningWatch. Las organizaciones llaman a la empresa a desistir de su amenaza de llevar al Estado colombiano al arbitraje internacional y señalan el riesgo de que otras empresas con intereses en el páramo de Santurbán sigan el ejemplo de Eco Oro. Encuentra aquí más información sobre el tema.

El invaluable legado de Douglas Tompkins

El pasado 8 de diciembre, la Patagonia —uno de los últimos lugares prístinos del planeta— vio partir a uno de sus protectores: Douglas Tompkins. A los 72 años, el multimillonario y gran conservacionista perdió la vida en un accidente. Mucho se ha dicho del excéntrico hombre que vendió las empresas que lo hicieron rico y lo dejó todo para emprender un proyecto ambicioso de conservación en Chile y Argentina. Fue visto con recelo cuando comenzó una frenética compra de tierras en el cono sur con el único objetivo de protegerlas. Tompkins pensaba que la conservación efectiva debía ser "grande, salvaje y conectada". Por ello apostó a crear grandes parques nacionales que fueran protegidos aun en su ausencia. Su metodología consistía en adquirir grandes extensiones de tierra, quitar cercos y recuperar ecosistemas para protegerlos permanentemente. Sin cercos, la vida silvestre se mueve libremente, lo que es fundamental para su prosperidad. El plan de conservación A poco más de un mes de enviudar, Kris McDivitt, esposa de Tompkins por 20 años, se reunió con la Presidenta de Chile Michelle Bachelet para ofrecerle la donación de más de 400 mil hectáreas de tierra en la Patagonia chilena, incluyendo millones de dólares en infraestructura. Con ello busca concretar el último de los grandes proyectos de la pareja en Chile: la creación de una red de parques en la Patagonia.  Pero los regalos de los Tompkins vienen condicionados: por cada hectárea que reciben, los Estados deben proteger otras tantas. A cambio de la donación póstuma en Chile, por ejemplo, al Estado se le pide crear nuevos parques nacionales sumando propiedades fiscales a las tierras donadas, ampliar parques nacionales existentes y reclasificar cuatro reservas nacionales. Se espera que las negociaciones concluyan en 2018. Si resultan, se crearía la red de parques nacionales más importante de Chile. En Chile, ya fue donado el Parque Corcovado en la Patagonia y el Yendegaia, compuesto de 38 mil hectáreas al sur de Tierra del Fuego. Además, está en proceso de ser entregado el  parque Pumalín, que junto al Corcovado sumarán 600 mil hectáreas en la Patagonia, de las cuales 500 serían donadas por los Tompkins.  Protección en Argentina En Argentina, Tompkins también donó tierras, entre ellas las ubicadas en la provincia Entre Ríos, donde inició un proyecto de recuperación de suelos, implementando cultivos orgánicos con alta diversificación para revertir el daño del monocultivo industrial. La Patagonia Argentina también recibió su protección con una donación de tierras al Parque Nacional Monte León (66 mil hectáreas) y al Parque Nacional Perito Moreno (15 mil hectáreas). El último proyecto en ese país culminó el diciembre pasado cuando el Estado argentino recibió a Kris Tompkins para aceptar la donación de 150 mil hectáreas de terreno en los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande del planeta. Esa superficie, sumada a las 50 mil hectáreas donadas antes y a las 500 mil que ya son parte del Parque Iberá, crearán una de las reservas más grandes del país. ¡Patagonia sin Represas! Además de contribuir a la creación de parques nacionales, Tompkins apoyó el activismo de grupos conservacionistas en la Patagonia. Una de las iniciativas patrocinadas fue la campaña Patagonia sin Represas. Ésta logró poner freno al proyecto HidroAysén, el cual pretendía construir cinco megarepresas en los ríos Baker y Pascua, los dos ríos libres más caudalosos del país, ubicados en el corazón de la Patagonia. Cuentan testigos que el lema “¡Patagonia sin represas!” se escuchó muy fuerte entre los asistentes al entierro luego de que el último puñado de tierra fue arrojado sobre la tumba de Doug. A finales de los 90, cuando la compra de tierras en Chile y Argentina llegaba a su pico, Tompkins fue acusado de comprar barato y desplazar a los habitantes de la zona, dejándolos sin trabajo. Luego las acusaciones se pusieron más sofisticadas:  se le acusó de comprar tierras para crear un nuevo estado Sionista, de ser espía de la CIA o de buscar adueñarse del agua para exportarla a lugares con sequía. Muchos vieron su labor con sospecha. Quizás les resultaba difícil creer que alguien invierta sumas multimillonarias con el solo objetivo de preservar la perfecta armonía natural que nos rodea. Cualquier acusación era más válida que dar crédito a su única intención: comprar tierras para evitar su explotación y entregarlas al Estado, no a cambio de dinero, sino de compromisos de protección. Digan lo que digan, y sean cuales sean los reparos de sus detractores, en la práctica, el legado que Douglas Tompkins dejó a la humanidad es gigantesco. Conservó más tierras que ninguna otra persona en la historia de Chile y Argentina. Su obra se traduce en manchones verdes en los mapas de la Patagonia. Por ello le estaré eternamente agradecida. ¡FELICITACIONES DOUG Y MUCHAS MUCHAS GRACIAS!  

Indígenas piden intervención del Papa Francisco para frenar hidroeléctrica Las Cruces

En una carta entregada en la Nunciatura Apostólica, comunidades indígenas y ribereñas afectadas por el proyecto ubicado sobre el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, solicitan que el pontífice interceda por ellas ante el Gobierno durante su visita al país. Denuncian impactos graves en los derechos humanos y el ambiente de ejecutarse el proyecto. Ciudad de México, México. Con motivo de la visita del Papa Francisco al país, comunidades indígenas y ribereñas de Nayarit escribieron una carta pidiendo que el pontífice interceda ante el Presidente Enrique Peña Nieto para evitar la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital. La ejecución del proyecto, denuncian, pone en riesgo sus medios de vida, cultura y Marismas Nacionales, uno de los humedales más importantes de México. La carta fue entregada en la sede de la Nunciatura Apostólica. “…solicitamos respetuosamente a Vuestra Santidad que durante su visita al país interceda por nosotros ante el Presidente Enrique Peña Nieto para que su Gobierno impida las violaciones de los derechos de las comunidades indígenas y ribereñas en nombre del desarrollo, y desista de llevar adelante el proyecto hidroeléctrico Las Cruces por los impactos de éste en las personas y el ambiente”, se lee en la carta. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó los permisos ambiental y de uso de agua para la operación y construcción de la hidroeléctrica. “Lo hizo sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas  afectados por el proyecto: Náyeri, Wixárica, Mexicanero y Tepehuano. La SEMARNAT condicionó la autorización a que la Secretaría de Energía compruebe la realización de una consulta a los pueblos indígenas, lo cual debería haber ocurrido antes de emitir las autorizaciones”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los indígenas celebran y recuerdan que en su Carta Encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco reconoce el aporte esencial de las comunidades indígenas a la promoción y cuidado de los recursos naturales  y la cultura. “El río San Pedro no sólo es parte de nuestra vida, sino también fundamento de nuestra espiritualidad; todo su trayecto, cuencas y territorio que atraviesa, son un espacio sagrado para afianzar identidad y valores”, dijo Julián López Cánare,  miembro del Consejo Indígena Náyeri, quien entregó la carta. Ese caudal también alimenta a Marismas Nacionales, uno de los humedales más importantes del país, reconocido como Reserva de la Biosfera y Humedal de Importancia Internacional por la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de ese tipo de entornos. Finalmente, las comunidades indígenas denuncian en su carta que la presión sobre ellas para imponer el proyecto ha ido creciendo mediante detenciones ilegales y hostigamiento por parte del Gobierno, así como por actos que simulan una consulta previa, misma que no puede ser tal si el proyecto ya fue autorizado. “Su Santidad, esperanzados en el poder de su intercesión, nos despedimos con el deseo ferviente de que su Carta Encíclica Laudato si’ inspire e impulse cambios profundos en las políticas, prácticas y creencias de gobiernos, empresas, sociedad civil y en la mentalidad de cada prójimo, con miras a construir un mundo más justo, más humano y realmente sostenible”.

AIDA celebra la decisión de la Corte Constitucional que protege páramos de Colombia

El pasado lunes, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo que permite la minería en páramos. Bogotá, Colombia.  La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebra la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que prohíbe la minería en los páramos de ese país. El fallo, que  declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es vital para la preservación de las fuentes de agua dulce, y debe servir como ejemplo a otros países en la región. Si bien solo ocupan el 1.7  por ciento  del territorio nacional, los páramos colombianos proveen el 70 por ciento de su agua dulce. Estos ecosistemas sensibles son reservas estratégicas para la biodiversidad, y actúan como sumideros de carbono vitales para mitigar el cambio climático. AIDA y sus organizaciones asociadas presentaron un amicus curiae en respaldo a la acción judicial instaurada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. La determinación de la Corte hace justicia a los ecosistemas de agua dulce y a las comunidades que dependen de ellos en Colombia. La decisión del alto tribunal es crucial para la protección del páramo de Santurbán, del que dependen miles de personas del área metropolitana de Bucaramanga. AIDA ha trabajado de cerca con socios locales para defender ese ecosistema de proyectos extractivos y apoyar a las comunidades afectadas. AIDA insta al Ministerio de Ambiente y al Estado colombiano en su conjunto a hacer efectivo cuanto antes el fallo de la Corte, y proteger así todos los páramos de Colombia de los impactos de la minería a gran escala.

Marismas Nacionales: Sitio digno de proteger en México

En la costa norte del Pacífico mexicano, manglares verdes llevan sus raíces hasta un suelo poco profundo, beben el agua dulce y fresca que fluye de las montañas, y albergan la vida abundante y diversa que rebosa en su interior. Cangrejos se arrastran por la tierra fangosa, peces zigzaguean a lo largo de los sistemas de raíces, cocodrilos esperan pacientemente en las aguas poco profundas, y tortugas marinas se alimentan en su camino a las zonas costeras de anidación. Esta comunidad que vive y respira, extendiéndose por 2,000 kilómetros cuadrados a través de los estados de Nayarit y Sinaloa, es el bosque de manglar más grande de la costa del Pacífico en México. Pese a la importancia de este rico entorno, Marismas Nacionales está en riesgo. Su salud y vitalidad están amenazadas por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, el cual represaría e río San Pedro Mezquital, el último río que fluye libre en las montañas de la Sierra Madre. Después de la destrucción sin sentido de los manglares de Tajamar en Cancún, México debe, más que nunca, ponerse a la altura de su responsabilidad para preservar humedales vitales como Marismas Nacionales.  El río San Pedro Mezquital nace en las cumbres más altas de la Sierra Madre, fluye a través de densos bosques verdes y cruza valles antes de llegar a las planicies costeras de Nayarit, donde sus aguas frescas alimentan Marismas Nacionales. Alterar el flujo natural del río incrementaría la sedimentación en los humedales y el riesgo de que ese sistema sensible se sofoque. Los vastos humedales costeros del Golfo de California son hogar de hasta el 20% de los manglares de México. Una especie de súper sistema biológico alberga una gran diversidad de peces, aves, insectos y anfibios. Marismas Nacionales es uno de los entornos más productivos del noroeste de México. Las comunidades costeras también viven en armonía con Marismas Nacionales y dependen de los humedales para su supervivencia. El entorno marino costero proporciona un medio de vida sostenible para las poblaciones locales, las cuales pescan y cosechan mariscos. Por tanto, las comunidades están ligadas a la salud y bienestar de los humedales. Marismas Nacionales es un paraíso aviar. Es hogar de más de 250 especies de aves, casi la mitad de las cuales son migratorias.  Marismas ofrece un hábitat importante de invierno para las aves de la región costera del Pacífico: en partes del año, 80 por ciento de las aves playeras migratorias del Pacífico se refugian allí. Muchas especies locales también buscan en los manglares refugio de las zonas circundantes cuando el clima es particularmente duro. Sin un río saludable, la vida en estos vastos bosques de manglar y lagunas costeras puede perderse para siempre. Con la construcción de la represa Las Cruces, México está poniendo en riesgo otro de sus sitios naturales sagrados. AIDA está comprometida a proteger Marismas Nacionales, y la salud y modo de vida de los seres vivos que dependen de ese entorno. Esperamos que estés con nosotros. Conoce más de nuestro trabajo para detener la represa Las Cruces

Proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza al humedal más importante del Pacífico mexicano

En el Día Mundial de los Humedales, comunidades indígenas piden a Semarnat no seguir autorizando proyectos que están destruyendo los manglares. El proyecto pretende represar el último río libre de la región, y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales, por lo que debe ser cancelado definitivamente. Con motivo del día mundial de los humedales, el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital y el Consejo Náyeri, en el estado de Nayarit, alertaron sobre el riesgo en el que se encuentra Marismas Nacionales, el humedal más importante del pacífico mexicano, por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”. Las comunidades denunciaron que la Manifestación de Impacto Ambiental del citado proyecto fue autorizada de manera condicionada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a pesar de contener numerosas observaciones e irregularidades. “Nos preocupa sobremanera que lo que sucedió en Tajamar se repita en Marismas Nacionales,” dijo Roberto Barrera, presidente de la Cooperativa Ostricamichin del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.  “Es evidente que la Semarnat ha autorizado sistemáticamente proyectos que tienen un impacto directo e irreversible en los manglares, a pesar de que México tiene leyes específicas y tratados internacionales que protegen estos importantes ecosistemas,” agregó. “Nuestro temor es que no se respeten las condicionantes y se inicie la construcción como ocurrió en Tajamar, y se afecte no sólo el ecosistema del manglar, sino también las estructuras sociales y forma de vida de las comunidades ribereñas,” dijo Antonio de la Rosa, habitante de la comunidad de Palma Grande municipio de Tuxpan, Nayarit. Por tal motivo, los consejos exigimos la cancelación definitiva del proyecto dados los graves impactos ambientales, culturales, sociales y económicos que conlleva. Con cerca de 200,000 hectáreas, 113 de ellas en Nayarit, Marismas Nacionales posee del 15 al 20% del ecosistema de manglar en el país, con las lagunas costeras más productivas del noroeste mexicano y más de 120,000 aves residentes y migratorias.  Es sitio Ramsar desde 1995 y en 2010 se decretó como reserva de la biosfera.  El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar San Pedro, último río libre de la región, y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Contacto de prensa Carlos Licón, [email protected], 66 22 33 82 36 

Conservando la Ciénaga Grande de Santa Marta

Tribual brasileiro atenta contra afetados pela hidroelétrica de Belo Monte ao revocar suspensão de licença ambiental

Brasilia, Brasil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), suspendeu o efeito da decisão preliminar que suspendia a licença de operação da hidroelétrica de Belo Monte. Em 11 de janeiro desse ano, a Justiça Federal de Altamira decidiu suspender a licença de operação até que a Norte Energia, empresa encarregada da construção da hidroelétrica, e o Governo Federal cumprissem com a obrigação de reestruturar a Fundação Nacional do Índio. Entretanto hoje, um Desembargador Federal estabeleceu que tal decisão foi desproporcional e “afeta o interesse público, repercutindo gravemente a ordem e economia públicas”. Outro argumento foi que a decisão impediria a implementação de diversos planos destinados a beneficiar os povos indígenas. “É um atentado a mais aos direitos das comunidades indígenas afetadas. A decisão manipula os argumentos de interesse, ordem, segurança e economia publicas, bem como utiliza os planos que deveriam ser implementados quando se outorgou a licença, em 2010, para justificar que não é possível suspender a licença de operação. A licença jamais deveria ser outorgada sem o cumprimento desses planos” afirmou María José Veramendi, advogada da AIDA. Para mais informação, consulte os fatos do caso e as últimas noticias sobre o processo na Comissão Interamericana. 

Tribunal brasileño atenta contra afectados por represa Belo Monte al revocar suspensión de licencia

Brasilia, Brasil. El Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF1) dejó sin efecto la decisión judicial preliminar que suspendía la licencia de operación de la represa Belo Monte.  El 11 de enero de este año, la Justicia Federal de Altamira decidió suspender la licencia hasta que Norte Energía, empresa a cargo de la construcción de la represa, y el Gobierno Federal cumplan con su obligación de reestructurar la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Altamira. Sin embargo, un Juez Federal del TRF1 estableció hoy que esa decisión fue desproporcional y “afecta el interés público, repercutiendo gravemente en el orden y la economía públicas”. Otro argumento fue que la suspensión impediría la implementación de diversos planes destinados a beneficiar a los pueblos indígenas. "Es un atentado más a los derechos de las comunidades indígenas afectadas. La decisión manipula los argumentos de interés, orden, seguridad y economía públicas y utiliza aquellos planes que debieron ser implementados cuando se otorgó la licencia previa, en 2010, para justificar que no es posible suspender la licencia de operación. La licencia jamás debió ser otorgada sin el cumplimiento de esos planes”, dijo María José Veramendi, abogada de AIDA. Para más información, consulte el expediente de hechos del caso y las últimas noticias sobre el proceso ante la CIDH. 

Inicia caso contra Brasil en la CIDH por violaciones de derechos humanos relacionadas con la represa Belo Monte

Para português, clique aqui A cuatro años de presentada la petición por organizaciones de la sociedad civil, el organismo internacional decidió abrir el caso a trámite y pedir una respuesta del Estado brasileño a las denuncias por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto hidroeléctrico cuya construcción avanza en la Amazonía. Washington D.C., Estados Unidos. Mientras el llenado de los reservorios de la represa Belo Monte en Brasil ha comenzado, ese país está en la mira de organismos internacionales. El 21 de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio inicio al caso presentado contra Brasil por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), en representación de las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico.  Luego de una revisión inicial que duró cuatro años y varias solicitudes de trámite rápido por parte de las organizaciones peticionarias, la Comisión resolvió finalmente que la petición contenía las bases suficientes para abrir el caso a trámite, lo cual implica que Brasil debe dar una respuesta a los reclamos por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto Belo Monte. “Esperamos y consideramos que ya es hora que Brasil responda integralmente a nuestros reclamos sobre la ausencia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas; la falta de participación y de estudios de impacto ambiental adecuados; y el desplazamiento forzado y violaciones a los derechos a la vida, integridad, salud y justicia de las comunidades indígenas, ribereñas y moradores de la ciudad de Altamira”, señaló María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. Con esa respuesta, la Comisión determinará si se cumplen los requisitos para admitir el caso y, de ser así, establecerá luego si se produjeron o no las violaciones de derechos humanos alegadas por los peticionarios.  "La apertura del caso es, antes que nada, una victoria de las poblaciones afectadas y los movimientos sociales involucrados, quienes han resistido todos estos años y permanecen firmes y determinados en su búsqueda por justicia y reparación” dijo Raphaela Lopes de Justiça Global. En noviembre del año pasado, el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual permitió que su llenado comience. Lo hizo pese a que Norte Energía, empresa cargo del proyecto, no cumplió las condiciones necesarias (agua potable, saneamiento y otras) para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada. Con la apertura del caso a trámite, la CIDH está utilizando todos los mecanismos disponibles para dar seguimiento a la situación de Belo Monte. Las comunidades indígenas afectadas por la represa están protegidas por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión y que el Estado brasileño aún no cumple. A inicios de diciembre del año pasado, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas visitó la ciudad de Altamira, la más cercana a la construcción de la represa y una de las zonas más afectadas por el desplazamiento y los conflictos socioambientales provocados por la construcción de la hidroeléctrica. Allí se reunió con algunos de los grupos afectados, entre ellos miembros de comunidades ribereñas y pueblos indígenas, escuchando sus reclamos. Tras su visita, el Grupo emitió un pronunciamiento en el que, entre otras cosas, exhortó al Gobierno de Brasil a respetar los derechos humanos y a no sacrificarlos a expensas del desarrollo económico. El Grupo debe presentar su informe final de la visita al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2016. Esperamos que haga un seguimiento adecuado a su visita y que el informe sea contundente y explícito respecto de la violaciones de derechos humanos en torno a Belo Monte y el accionar del Estado brasileño y las empresas involucradas. Las organizaciones que representan a las víctimas continuaremos trabajando para que Brasil responda por las violaciones de derechos humanos ocasionadas por la hidroeléctrica.