Fuentes de Agua Dulce

México actúa para proteger sus humedales del desarrollo no sostenible

AIDA y los miembros del Comité Nacional de Humedales han obtenido una gran victoria tras años de trabajo para proteger legalmente a los humedales —zonas terrestres inundables de manera permanente o intermitente como esteros (desembocaduras de ríos en el mar), arrecifes, manglares, entre otras— de México. El 4 de febrero de 2014, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) presentó la nueva Política Nacional de Humedales, un marco legal que nosotros habíamos estado pidiendo desde 2009. “No es la panacea, pero es un buen comienzo”, dice Sandra Moguel, abogada de AIDA que participó en el Comité Nacional de Humedales, un grupo liderado por la CONANP que ayudó a desarrollar la política. México es rico en humedales. El país ocupa el segundo lugar, después del Reino Unido, en el número de zonas de humedales protegidas bajo la Convención Ramsar, un tratado internacional para la conservación y el uso sostenible de esos ecosistemas. Los arrecifes de coral, con siglos de antigüedad, sirven como áreas de reproducción para peces que alimentan a la población y deleitan a los buzos. Los bosques de manglar albergan especies en peligro de extinción y brindan servicios ambientales cada vez más importantes: absorben las emisiones de carbono, y protegen a las costas de tormentas, mismas que son más severas debido al cambio climático. Pero muchos arrecifes, manglares, esteros  y ríos han sido víctimas de desarrollos pobremente planeados. En el Golfo de California, por ejemplo, planes de mega resorts nos han mantenido ocupados defendiendo el arrecife de coral Cabo Pulmo y, ahora, una propuesta de expansión portuaria está amenazando los arrecifes de Veracruz. Para defender estos y otros humedales, hemos tenido que recurrir a una maraña de leyes y políticas. Pero ya no más. Ahora contamos con un instrumento específico y además acorde a las leyes y políticas referidas a la protección de humedales. La nueva política establece acciones, metas y prioridades para el manejo y protección de los humedales. Es un gran avance. Si bien una política nacional de humedales es un requisito para Ramsar, la de México se distingue de muchas otras en el mundo por establecer no sólo principios y lineamientos, sino también un plan de acción para llevarlos a cabo. Por ejemplo, el gobierno pronto establecerá y mantendrá niveles mínimos de agua para preservar los manglares. Otras acciones garantizarán el uso razonable de los humedales. La pesca, el turismo y otras actividades que dependen de los manglares deben realizarse de manera sostenible. Si se producen daños, el Estado debe garantizar la restauración de estos ecosistemas. Un elemento clave que AIDA impulsó es el principio de progresividad ambiental. La nueva política impide al gobierno continuar modificando y reduciendo áreas naturales protegidas para dar paso a grandes proyectos de infraestructura, o beneficiar intereses privados. Ahora las autoridades deben preservar y promover la progresividad ambiental respetando los estatus de áreas protegidas y mejorando las salvaguardas. Estamos emocionados. Este principio podría ayudar a AIDA en su batalla legal para detener la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital. La hidroeléctrica reduciría el flujo de agua y los sedimentos que alimentan y sostienen a los manglares de Marismas Nacionales, una zona protegida de humedales en el Golfo de California. La construcción de la hidroeléctrica revertiría claramente el progreso ambiental. La nueva política tiene puntos débiles. Por ejemplo, no establece fechas para revisar el progreso del plan de acción, y las acciones podrían complementarse para que sean más efectivas, pero, comparativamente, está a la vanguardia de las políticas de humedales en América Latina. “México está poniendo el ejemplo”, dice Moguel. “Esperemos que esto aliente a otros países a hacer lo mismo”. Tus contribuciones nos han ayudado a presionar para el desarrollo de esta nueva política, y a realizar aportes a la misma. Y con tu apoyo constante seremos capaces de ayudar a México en sus esfuerzos por proteger sus vitales humedales.

Victoria: Ecuador ordena el fin de la contaminación por producción de aceite de palma

Vidas sin retorno: Algunas historias detrás de la construcción de la represa Belo Monte

Por María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, @MaJoVeramendi  Al iniciar el descenso en avión hacia la ciudad de Altamira (Pará, Brasil), la oscuridad de la noche se interrumpe por las fuertes luces de los canteros, ubicados a pocos kilómetros de esa ciudad, y donde se realizan las obras de construcción de la represa Belo Monte. Desde ese momento, el panorama se torna desolador. En un reciente viaje a la zona pude constatar cómo la situación de los miles de residentes —indígenas, ribereños y habitantes de la ciudad de Altamira— continúa en deterioro. Sus comunidades y modos de vida están siendo irreversiblemente afectados y sus derechos humanos, sistemáticamente violados a causa de la construcción de la hidroeléctrica. Cuando la noche se vuelve día Desde el avión, las luces provenientes de los canteros son sólo destellos momentáneos. Pero para las comunidades indígenas y ribereñas cercanas a ellos, esas luces han significado un cambio radical en su forma de vida. El señor José Alexandre vive con su familia en Arroz Cru, comunidad ribereña ubicada en la margen izquierda (ribera o lado izquierdo de un río o arroyo) de la Volta Grande del río Xingú (municipio de Vitoria do Xingu), frente al cantero de obras Pimental. Su vida entera ha transcurrido en ese lugar, con la caza y pesca como actividades principales. Sin embargo, todo cambió desde que inició la construcción de la represa. La fuerza de las luces que iluminan el cantero es tal que ya no es posible pescar ni cazar como antes. Asustados por la luz y las explosiones, los animales no se asoman más. José Alexandre se ha visto obligado a vivir del trabajo agrícola de sus hijos: un giro radical en su modo de subsistencia. La noche, que antes era verdaderamente penumbra, ahora está permanentemente iluminada…Las estrellas ya no se ven igual. Pero eso no es todo. A medida que la construcción avance, la Volta Grande del río será cerrada con diques y con ello su caudal se reducirá drásticamente. José Alexandre tendrá entonces que dejar su hogar para reubicarse muy probablemente en una zona urbana. Aunque recibirá un pago por su tierra, ¿cuánto es suficiente?, ¿es posible compensar la pérdida de su hogar, vida y cultura? Ante la inminente salida de su territorio, José Alexandre vivió otro doloroso proceso: los cuerpos enterrados en el cementerio de la comunidad, entre ellos los de sus seres queridos, fueron exhumados hace algunas semanas para ser trasladados al cementerio de Altamira. Cuando los muertos ya no son nuestros El cementerio de la comunidad de Santo Antonio es ahora propiedad del Consorcio Constructor de Belo Monte (CCBM). El camposanto era lo único que quedaba de esa comunidad. Sus habitantes tuvieron que dejarla por estar enclavada entre los canteros de las obras.   En el lugar se colocó un letrero con el siguiente texto: COMUNICADO Interdicción de Cementerio Norte Energía informa a los moradores de la Villa Santo Antonio y comunidades vecinas que el cementerio de la Villa Santo Antonio será restringido por la Prefectura de Vitória de Xingu a partir del 1 de enero de 2012, estando prohibido todo y cualquier entierro en el local. El entierro que sea necesario en el periodo de la interdicción y hasta la construcción del nuevo cementerio será realizado en el cementerio municipal de Altamira. Los fallecimientos que ocurran a partir de esa fecha deberán ser comunicados a Norte Energía a los teléfonos […] para las debidas providencias. El letrero, colocado en el tiempo en el que se estaba discutiendo el reasentamiento de la comunidad, parece una prohibición a morir. Ahora es posible ver en cada tumba una estaca de madera con las siglas de la represa y un número de registro a manera de inventario. Demás está decir que el proceso de reasentamiento e indemnización fue seriamente cuestionado, siendo los antiguos moradores de Santo Antonio los más perjudicados y cuyo modo de vida fue destruido. Cuando se pierde todo vínculo con el hogar Toda su vida se dedicó a pescar. Ahora sus días transcurren con bolsas de cemento de aproximadamente 50 kilos a cuestas y fuertes dolores de espalda. A raíz del inicio de obras de la represa Belo Monte, Élio se vio forzado a dejar su hogar en la comunidad de San Antonio y a mudarse a Altamira, donde ahora trabaja en la industria de la construcción para subsistir. En Altamira, Élio vive en casa de unos amigos, en un cuarto que le cedieron por caridad. Tras salir de Santo Antonio, su familia se separó y cada quien buscó sus propios medios de sustento. Élio ha perdido contacto con sus amigos y con el resto de su comunidad. Con profunda tristeza reconoce no saber dónde ni cómo viven. Son algunas de las miles de historias Como éstas hay miles de historias en torno a la construcción de Belo Monte. Son historias de muerte, destrucción y desplazamiento forzoso. Describen familias separadas, culturas y tradiciones pérdidas, tierras abandonadas; daños a la vida, a la salud y al ambiente; y la criminalización de defensores, movimientos sociales y víctimas. Narran la impunidad. Son el fiel reflejo de las violaciones de derechos humanos perpetradas por un Estado que supuestamente persigue el desarrollo, pero que lo hace a toda costa y, en particular, a costa de miles de vidas que jamás volverán a ser las mismas. 

Casi 16,000 personas urgen al Presidente Santos delimitar bien el páramo de Santurbán

En una petición, dirigida a la Presidencia y al Ministerio de Ambiente, demandan que la definición de las fronteras de ese ecosistema se haga a escala 1:25.000, tal como lo manda la legislación colombiana. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entregó al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de ese país, Luz Helena Sarmiento, 15.901 firmas que piden que el páramo de Santurbán sea delimitado con base en criterios científicos, a escala 1:25.000.   Santurbán se encuentra entre los departamentos colombianos de Santander y Norte de Santander. Provee agua a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta.   Las firmas recolectadas a través de Change.org se suman al pedido anterior de AIDA y de prestigiosos ambientalistas colombianos para que el Gobierno, en cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente, defina adecuadamente las fronteras del páramo. Así se evitaría que actividades nocivas como la minería de gran escala lo dañen irreversiblemente.   Los ecosistemas de páramo son verdaderas “fábricas de agua” que albergan biodiversidad única y contribuyen a mitigar el cambio climático. En Colombia, país con más páramos en el mundo, la delimitación es parte de una exigencia establecida en su legislación. De ahí la relevancia del tema, pues de la manera en la que sea delimitado Santurbán dependerá la del resto de los páramos en el país.   La petición promovida por AIDA incluyó una carta dirigida al Presidente Santos y a la Ministra Sarmiento. En ella los firmantes exigen a la ministra reconocer la totalidad del páramo (más de 82,000 hectáreas) en la delimitación, es decir, no sólo la fracción (11,000 hectáreas) declarada Parque Natural Regional. Para ello le solicitan adoptar los parámetros ya establecidos por científicos colombianos y ofrecen argumentos jurídicos que respaldan ese requerimiento. AIDA acompañó las firmas con un documento en el que analizan jurídicamente las razones por las cuales el gobierno debe delimitar totalmente esta área (Documento disponible en línea aquí).   “Escuchar el llamado de los miles de firmantes en el hemisferio es una necesidad apremiante porque el riesgo para los páramos derivado de la minería es inminente”, sostuvo Astrid Puentes Riaño, Co-Directora de AIDA. “Delimitar Santurbán a una escala distinta a la que ordena el Plan Nacional de Desarrollo, 1:25.000, es contrario a la ley. Si la ministra delimita el páramo a una escala menos detallada, la decisión podría ser impugnada judicialmente”, agregó.   La acción de AIDA se suma a la marcha por la protección del agua y los páramos, convocada por el Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán para este 15 de noviembre en Bucaramanga.   Consulte la petición y la carta en Change.org.   Para ver el documento jurídico de AIDA que explica la delimitación ir aquí. 

Controversias sobre derechos indígenas relacionadas con la represa Belo Monte consumen el sistema de justicia brasileño

La licencia de la represa podría ser suspendida por incumplimiento de las condicionantes socioambientales. Altamira, Brasil. Las demandas interpuestas recientemente por el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) relacionadas con la represa de Belo Monte reclaman la responsabilidad del consorcio constructor Norte Energía, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) y la agencia ambiental estatal IBAMA por su incumplimiento con las medidas de mitigación ordenadas a favor de los pueblos indígenas Juruna y Xikrin Kayapó, los cuales son afectados por el mega proyecto. Las demandas demuestran que las condicionantes impuestas en el proceso de licenciamiento ambiental no han sido cumplidas y por ende requieren que se efectúe una compensación por los impactos socioambientales de la represa que está actualmente siendo construida en el río Xingú en la Amazonía Brasileña.   El MPF interpuso una demanda a finales de agosto demostrando que Norte Energía estaba deliberadamente incumpliendo con su obligación de comprar tierras y proveer servicios de salud para la comunidad indígena Juruna del Km 17, una de las más vulnerables frente a los impactos de la construcción de Belo Monte dada su cercanía al movimiento constante de maquinaria pesada y de trabajadores. Esta demanda llevó a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) a presentar una queja ante IBAMA, requiriendo que Norte Energía sea responsabilizado por su incumplimiento con esta condición formal de las licencias ambientales para Belo Monte. La Corte Federal de Pará respondió esta semana dando 60 días a Norte Energía para comprar las tierras Juruna y proveer servicios de salud, bajo pena de multas diarias por R$200,000 (US$87,000).   “La situación aquí solo ha empeorado”, señaló Sheyla Juruna, integrante de la comunidad Juruna del Km 17 y conocida por su activismo nacional e internacional en defensa de sus derechos y los de su comunidad. “Belo Monte creó la ilusión de que las personas tendrían todo lo que antes no tenían. Ahí es donde comenzaron los problemas. El apoyo de la FUNAI nunca vino y nuestra situación de salud es precaria. La sociedad civil cree que los indígenas tienen derechos pero nuestros derechos están siendo violados todos los días”.   Tras el fallo a favor de la comunidad Juruna el MPF interpuso otra demanda que apunta hacia la negligencia del BNDES, IBAMA y Norte Energía, derivada de la ausencia de un análisis previo de los impactos y medidas de compensación asociadas para las comunidades Xikrin Kayapó que también son afectadas por Belo Monte. La demanda alega que estas tres instituciones violaron los derechos de los Xikrin Kayapó al permitir que la construcción iniciara sin medir los impactos que causaría a los pueblos indígenas cuyas comunidades se ubican en el río Bacajá, un afluente del Xingú directamente adyacente a los impactos más serios de la represa.   El MPF solicitó al Poder Judicial que suspendiera la licencia de instalación de Belo Monte, con el fin de parar el proyecto hasta que Norte Energía presente conclusiones sobre los impactos del proyecto y las compensaciones correspondientes en favor de las comunidades indígenas. El alcance de esta demanda no tiene precedentes pues podría obligar al Consorcio y al BNDES, financiador del 80% de la represa, a indemnizar las comunidades indígenas afectadas del Xingú por la demora al medir y mitigar las repercusiones socioambientales.   “Realmente tenemos una razón para celebrar al ver que el BNDES finalmente está siendo considerado parte responsable de los desastrosos impactos de Belo Monte” señaló Maíra Irigaray Castro de Amazon Watch. “Es hora de que los financiadores respondan por su negligencia criminal ejemplificada en el incumplimiento de los condicionantes, las cuales también deberían monitorear en todos los proyectos que financian”.   El incumplimiento de Norte Energía con las condicionantes de Belo Monte no es nueva. IBAMA emitió un reporte en julio, confirmando que el grado de cumplimiento ha empeorado mientras que la construcción de la represa se ha acelerado. El reporte muestra que solo cuatro de las 23 condicionantes relacionadas con la población urbana han sido cumplidas.   “La semana pasada tuvimos una reunión con representantes del gobierno y personas locales, y su inconformidad es clara” dijo Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingu Vivo para Siempre. “No hay agua potable, ni electricidad, atención en salud, escuelas o saneamiento básico. No podemos aceptar que las condicionantes, que son derechos fundamentales garantizados en la Constitución, sean desconocidas de esta manera. IBAMA debe suspender la construcción, tal como está definido en la ley, hasta que estas condiciones sean cumplidas”.   “Estas acciones legales se suman a la evidencia existente de los severos impactos que la represa Belo Monte está teniendo en los derechos humanos y el ambiente en el Xingú, y de la responsabilidad de todas las agencias brasileras involucradas en el proyecto” dijo María José Veramendi de AIDA. “Esperamos que el resultado de estas acciones legales sea positivo y que Brasil cumpla efectivamente con la normativa nacional e internacional aplicable, tomando en cuenta que todas las agencias involucradas pueden ser legalmente responsables y el Estado puede ser internacionalmente responsable por estas violaciones de derechos humanos”, señaló Veramendi.   Por solicitud de la FUNAI, así como por las demandas interpuestas por el Ministerio Público, tanto el IBAMA como los jueces federales podrían suspender la licencia de instalación de la represa hasta que los requerimientos y las condicionantes sean cumplidas.   “La caracterización de las represas en la Amazonía como fuentes de energía limpia y barata se basa en la capacidad de los emprendedores, incluyendo el BNDES, de “externalizar” sus verdaderos impactos y riesgos sociales y ambientales. Estas demandas son significativas en la medida en que envían un mensaje de que están siendo responsabilizados por sus decisiones y el daño que causan al ambiente y a los pueblos indígenas,” señaló Brent Millikan, Director del Programa de Amazonía de International Rivers.

Organizaciones e individuos piden la delimitación de los páramos en Colombia

En una carta, organizaciones y personas que protegen el ambiente piden al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Juan Gabriel Uribe, la delimitación de los páramos en ese país con base en la cartografía elaborada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.

La hidroeléctrica Las Cruces amenaza el ambiente y los derechos humanos

A dos años de las medidas cautelares para Belo Monte, Brasil sigue sin responder y la construcción y sus impactos avanzan…

Por Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes Nunca olvidaré el 1o de abril de 2011. Tenía ocho semanas de embarazo y había terminado mi trabajo de las sesiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Iba en un bus de Washington a Nueva York para visitar a una prima y aproveché que tenía acceso a internet para seguir trabajando. De repente: ¡BOOM! Recibí el correo de la CIDH informándonos que habían otorgado las medidas cautelares en favor de comunidades indígenas afectadas por la construcción de la represa Belo Monte en el río Xingú, Amazonas de Brasil. La CIDH solicitó al Gobierno de Brasil suspender cualquier permiso y obra relacionada con la represa Belo Monte hasta que se garantizara la protección de los derechos de las comunidades indígenas afectadas, incluyendo aquellas en aislamiento voluntario. Fue una decisión difícil, pero fundamentada en la información enviada por AIDA y nuestros colegas, y en la que proporcionó el Gobierno brasileño a la CIDH. Han trascurrido dos años desde entonces y deseo compartirles las 10 cosas que considero más importantes sobre lo sucedido con las medidas cautelares y con las miles de personas afectadas por la represa: 1. Reacción de Brasil ante la OEA. Ésta fue sorpresivamente fuerte. El Gobierno de Brasil tildó la decisión de “injustificable”, retiró su candidato a la CIDH, a su embajador ante la OEA y dejó de enviar sus aportes anuales a ese organismo. Al considerar que no había claridad en los procesos de medidas cautelares, comenzó un proceso para “fortalecer” el Sistema Interamericano (más información abajo). Hoy las cosas se han calmado. Aún no hay embajador/a ante la OEA, pero Brasil propuso un nuevo candidato a la Comisión para estas elecciones y prometió aumentar sus aportes financieros a la OEA. 2. Autorización y construcción de la represa. En junio de 2011, el gobierno autorizó la obra con más de 60 condiciones ambientales y de protección a comunidades indígenas. Pese a ellas, el permiso ignoraba la solicitud de la CIDH. La construcción hoy ha avanzado aproximadamente 30% y las condiciones no se han cumplido. Lo que sí es visible son los primeros impactos socio-ambientales en la zona. Así lo evidencian estas duras fotos de nuestros colegas de ISA. La empresa a cargo del proyecto debía, por ejemplo, tener un plan de compensación para las personas afectadas que incluya la provisión de casas a las familias que perdieron y perderán la suya. El desalojo se inició hace más de un año y miles de personas todavía no reciben las indemnizaciones prometidas, tampoco se han comenzado a construir las casas, que deberían estar listas en 2014. A este ritmo, la empresa deberá construir 365 casas por mes para cumplir con su obligación. 3. Mortandad de peces. En septiembre de 2012, en la visita que hicimos a la comunidad de Santo Antonio, fui testigo de algunos de los impactos de la construcción de la represa. En ese lugar, a orillas del río, vi los peces que, según los pescadores, habían muerto tras explosiones con dinamita. En efecto, a la entrada de las obras, un letrero anuncia cuatro rondas de explosiones diarias. Según don Leóncio Arará, fundador de la aldea Maia en la tierra indígena de los Arará, antes pescaba unos 100 peces al día y ahora, sólo seis o siete. 4. Grandes migraciones y falta de infraestructura. Uno de los impactos de este tipo de proyectos, también denunciado ante la CIDH, es la alta migración que reciben las poblaciones donde se ejecutan las obras y el consecuente aumento en la demanda de servicios e infraestructura con los que generalmente no se cuenta. Según el Ministerio Publico, Altamira tiene 50,000 nuevos habitantes, lo que está generando graves problemas para el tratamiento de desechos, acceso a servicios de salud y la calidad del agua. 5. Huelgas, manifestaciones y ocupaciones. Los impactos ocasionados por Belo Monte motivaron varias protestas de indígenas y comunidades locales. Durante el famoso encuentro internacional de Rio+20, en junio de 2012, las comunidades del río Xingú hicieron una impresionante demostración llamada Xingu+23 y ocuparon simbólicamente la zona de construcción. Hubo nueve huelgas de trabajadores y cuatro protestas más de la comunidad que paralizaron momentáneamente las obras. 6. Una alta corte brasileña suspendió el proyecto. En agosto de 2012, un Tribunal Regional suspendió las obras al concluir que no se había consultado a las comunidades indígenas, el mismo argumento de la CIDH para solicitar las medidas cautelares. Dos semanas después, el Supremo Tribunal de Justicia suspendió ese fallo argumentando seguridad nacional, pero sin analizar la situación de derechos humanos derivada de la construcción de la represa, la cual reinició de inmediato. 7. Un cambio en las medidas cautelares. En julio de 2012, la CIDH modificó las medidas cautelares y dejó de exigir la suspensión de la construcción del proyecto: la medida realmente efectiva para evitar los impactos irreversibles en los derechos humanos. En todo caso, la Comisión reiteró otras medidas como la protección de salud a comunidades indígenas, la aclaración de títulos agrarios y la protección a pueblos no contactados. 8. Espías y militares en el río Xingú. Aunque parezca de película, en febrero pasado, durante una reunión de estrategia de los grupos que exigimos que Belo Monte respete el ambiente y los derechos humanos, descubrimos un espía. Denunciamos el hecho a las autoridades y a la opinión pública, pero todavía no tenemos respuesta. En reacción a las protestas y para presionar aún más a quienes demandamos el cumplimiento de los derechos humanos, el Ministerio de Minas y Energía pidió el envío de tropas del ejército nacional para evitar que las obras paren de nuevo. 9. Proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano y cambios en la CIDH. En gran medida por la reacción de Brasil, los Estados de la OEA implementaron un proceso para “fortalecer” el Sistema Interamericano, el cual comenzó en la Asamblea General de junio de 2011. El proceso duró 22 meses y concluyó en la Asamblea Extraordinaria del pasado 22 de marzo, tras una complicada negociación de 12 horas que tuve el honor de presenciar. Además, derivó en la reforma del reglamento y prácticas de la CIDH. 10. Financiamiento del proyecto. En noviembre de 2012, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) aprobó un préstamo de aproximadamente US$10.8 billones para Belo Monte. Las personas afectadas, agrupadas por el Movimento Xingú Vivo para Siempre, y 68 organizaciones solicitamos al BNDES no desembolsar el dinero por las violaciones a las normas y afectaciones a derechos humanos. La entidad no nos hizo mucho caso y a comienzos de 2013 desembolsó el primer monto. Dos años después Así ha transcurrido una historia en la cual el Gobierno de Brasil continúa sin responder ante la CIDH por las medidas cautelares. Pero no todo ha sido negativo. También en estos dos años se comenzó a implementar el comité de gestión para dar seguimiento a las condiciones de la licencia de Belo Monte. En él participan todos los ministerios y la dirección de la Secretaría de la Presidencia. Continuaremos insistiendo para que el gobierno, en particular la Presidencia —instancia que asumió el caso— responda ante la Comisión Interamericana y se anime a dar su versión de los hechos. A quienes tengan curiosidad, les cuento que también en este periodo nació mi bebé. Ahora tiene 18 meses y justo hace cinco días recibió sus primeros puntos de cirugía tras una caída en el jardín infantil. A veces las noticias no son positivas y no son las deseadas. Para mí fue duro saber que mi hijito debía recibir puntos en la cara. Seguro que a la Presidenta Dilma le ha tocado enfrentar muchas cosas parecidas. Igual y las medidas cautelares de Belo Monte no son una noticia tan agradable, pero hay que enfrentarlas, responder y tratar de resolver el asunto. Ignorarlas no hace que desaparezcan… Ya les seguiré contando. Mientras tanto, pueden consultar mayor información en nuestras páginas de Facebook, Twitter y unirse a la defensa de los derechos de los indígenas del río Xingú.

Declaratoria de parte de Santurbán como Parque Natural Regional es el inicio para cumplir con la exclusión de páramos de la minería

AIDA destaca la decisión e insta al Ministerio de Ambiente a garantizar la protección de estos ecosistemas en su totalidad. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) recibió con beneplácito la declaratoria de una parte del páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander (Colombia), como Parque Natural Regional. La medida, tomada en enero, reafirma la exclusión legal de los páramos de actividades mineras en Colombia, por lo que aún debe garantizarse la protección del conjunto de estos ecosistemas.   Así quedó expresado en una carta enviada por AIDA al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Instituto Alexander Von Humboldt y a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) de Colombia. La declaratoria cubre 11,700 hectáreas de las 92,000 que conforman el páramo, y fue propuesta al consejo directivo de la CDMB por el Ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, con base en un concepto previo técnico del Instituto Von Humboldt.   “En AIDA llevamos más de cinco años reiterando la obligación nacional e internacional del Estado colombiano de proteger los páramos, por lo cual insistimos en que el gobierno la cumpla y excluya la minería de estos ecosistemas”, declaró Paulo Bacca, abogado de la ONG.   AIDA ha insistido en la exclusión de los páramos de la minería a través de observaciones a los Código de Minas y proyectos de ley, y mediante el seguimiento a casos paradigmáticos como el de Santurbán. Por ello celebramos que el Ministerio de Ambiente, en la misma línea que los argumentos constitucionales e internacionales entregados por AIDA, negara la licencia ambiental solicitada por la firma canadiense Greystar Resources Ltda. (ahora Eco Oro Minerals) para implementar la mina de oro Angostura en el corazón del páramo.   “Este asunto supera el ámbito jurídico, es un tema de seguridad nacional y de calidad de vida de los y las colombianas, pues los páramos son esenciales para el abastecimiento del 70% del agua dulce, la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático e incluso la generación de energía”, señaló Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA.   Finalmente y para evitar que la falta de demarcación sirva de excusa para impulsar proyectos mineros en las zonas de páramo, AIDA exhorta al Ministerio a que acoja de inmediato la cartografía del nuevo atlas de páramos entregada por el Instituto Von Humboldt hace unos meses. Creemos que acoger la cartografía “contribuiría a evitar que las empresas mineras se escuden en la falta de definición y demarcación de los páramos para impulsar proyectos mineros en dichas zonas”, brindando claridad a su protección y a la de los demás ecosistemas sensibles.   Vea la versión en PDF de la carta.

A pesar de críticas, el BNDES aprueba un préstamo sin precedentes para la controversial represa de Belo Monte en la Amazonía brasileña

Los cuestionamientos señalan que el financiamiento ignora las violaciones a derechos humanos y salvaguardas ambientales, afectando así la reputación del banco. Brasilia, Brasil. El lunes 26 de noviembre, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) anunció la aprobación de un préstamo sin precedentes de 22,5 billones de reales (aproximadamente US$10.8 billones) para la construcción de la controversial represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú, un gran afluente del Amazonas. Es el crédito más grande en los 60 años de historia del banco.  El BNDES otorgará 13.5 billones de reales a través de financiamiento directo; mientras que la Caja Económica Federal (CEF), un banco público, transferirá siete billones de reales y el banco de inversión privada BTG, otros dos billones. En respuesta al anuncio del BNDES, nueve organizaciones de la sociedad civil brasileña presentaron ayer una petición al Ministerio Público Federal solicitando una investigación por la presunta violación de requisitos legalmente vinculantes relativos a los impactos sociales y ambientales del proyecto, sus riesgos y su viabilidad económica.  La petición hace un llamado a que los Procuradores tomen medidas urgentes para evitar que el BNDES transfiera el préstamo al desarrollador de la represa (Norte Energía, S.A.) antes de que se investigue el caso. El controversial proyecto ha sido paralizado al menos en seis oportunidades por las comunidades indígenas y de pescadores afectadas, quienes han protestado ante la incapacidad de Norte Energía y las agencias gubernamentales de cumplir con los requerimientos ambientales y sociales.   Recientemente, ocho mil trabajadores del proyecto cerraron el complejo, incendiaron los campos de construcción y la maquinaria y bloquearon carreteras en reclamo por la violación de la legislación laboral por parte de la empresa. “Mientras Norte Energía y el Gobierno brasileño, incluyendo el BNDES, continúen ignorando las demandas de los afectados, habrá resistencia y aumentará la conflictividad.  Al aprobar este préstamo mientras existe un grado alto de conflictividad en la zona se demuestra la falta de compromiso del BNDES para garantizar derechos y salvaguardas ambientales.  El banco debería reconsiderar la aprobación del préstamo para evitar más conflicto”, señaló Maíra Irigaray, Asesora de Financiamiento Internacional de Amazon Watch. Jueces federales suspendieron las obras de Belo Monte en dos ocasiones durante 2012 con base en la ausencia de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, tal como lo estipula la Constitución de Brasil y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.  La Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han determinado que el proyecto pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas afectadas.  Asimismo, análisis expertos e independientes han evidenciado que la represa es económica, social y ambientalmente inviable. Norte Energía y el Gobierno Federal responden por 15 acciones civiles en la justicia brasileña promovidas por el Ministerio Público, la defensoría pública e instituciones de la sociedad civil, así como por acciones a nivel internacional que cuestionan las numerosas ilegalidades e irregularidades cometidas desde el inicio de las obras. A pesar de los grandes riesgos legales, financieros y de reputación que rodean Belo Monte, el BNDES ha decidido financiar el proyecto, aparentemente bajo la intensa presión del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Con la aprobación de este crédito, el BNDES se convierte en el mayor financiador de un proyecto que adolece de graves violaciones a los derechos humanos y la legislación ambiental, incluida la integridad cultural de los pueblos indígenas y las comunidades ribereñas.  Entre sus impactos ambientales, Belo Monte causaría importantes emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo de metano, un gas 25 veces más fuerte que el dióxido de carbono. “Las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa Belo Monte han sido denunciadas ante instancias internacionales, por lo cual el Estado de Brasil y por ende ahora también BNDES, podrían ser responsables”, afirmó Astrid Puentes, co-directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que brinda apoyo legal a las comunidades afectadas. En 2011, la CIDH, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas contactadas y no contactadas de la cuenca del río Xingú, afectadas con la construcción de la represa. Las medidas están vigentes pese a que el Estado ignoró las solicitudes de la Comisión. “El BNDES no aplicó ninguna salvaguarda social y ambiental seria para la aprobación de un préstamo que utiliza el dinero de los impuestos de los brasileños”, sostuvo Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre.  “El banco dice que parte de los recursos deberá ser utilizado en la mitigación de los problemas. Eso es discurso, nadie garantiza que ese dinero va a minimizar el sufrimiento de los afectados ya que hasta ahora prácticamente todas las promesas que Norte Energía le hizo a los indígenas, ribereños y pescadores no han sido cumplidas. El BNDES ya transfirió más de tres billones de reales para Belo Monte sin ningún análisis de riesgo y hay que ver la situación desastrosa de la población de la región, la deforestación y la falta de infraestructura en Altamira”. El préstamo sin precedentes para Belo Monte, la que sería la tercera represa más grande del mundo, es el más cuantioso en los 60 años de historia del banco.  Los críticos del proyecto argumentan que éste es económicamente inviable debido a factores como los crecientes costos de construcción, que pasaron de 4.5 billones de reales en 2005 a un estimado actual de 28.9 billones. Se prevé que el proyecto utilice sólo el 39% de su capacidad instalada: 11,233 MW. De acuerdo con Brent Millikan, Director del Programa de Amazonía en International Rivers, “si los costos sociales y ambientales, junto con los riesgos financieros, legales y de reputación de Belo Monte hubiesen sido seriamente tomados en consideración, el BNDES nunca se hubiese acercado al proyecto”.