Fuentes de Agua Dulce

Represa Belo Monte suspendida por tribunal de apelaciones de Brasil

El proyecto fue autorizado ilegalmente por el Congreso, sin consulta previa con las comunidades indígenas, comentó el juez. Altamira, Brasil. Una corte de alto nivel suspendió el lunes la construcción del polémico proyecto de la represa de Belo Monte en el río Xingú del Amazonas, citando pruebas abrumadoras de que los indígenas no habían sido debidamente consultados antes de la aprobación del proyecto por parte del gobierno. Un grupo de jueces del Tribunal Regional Federal de Brasil (TRF1) confirmó que la autorización del proyecto por parte del Congreso brasileño en 2005, fue ilegal. La corte concluyó que el Congreso sólo puede autorizar el uso de los recursos hídricos para proyectos hidroeléctricos después de una evaluación independiente de los impactos ambientales y las consultas previas a los pueblos indígenas afectados, tal como lo establece la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la OIT, firmado por Brasil.   El fallo indica que el Congreso brasileño deberá corregir el error mediante la realización de consultas con los indígenas del río Xingú en especial los de las comunidades Juruna, Arara y Xikrin, sobre los posibles impactos del proyecto. Sus opiniones deberán ser tomadas en cuenta en la decisión del Congreso sobre la autorización de Belo Monte.   Paralelamente, al mismo tiempo, el consorcio del proyecto ha recibido la orden de suspender la construcción de la represa. El consorcio Norte Energía SA, liderado por la empresa paraestatal de energía Eletrobras, enfrenta una multa diaria de R$500.000 (aproximadamente 250,000 dólares) ,si no cumple con la suspensión. Se espera que el consorcio del proyecto apele la decisión ante la Corte Suprema de Brasil.   "La decisión del tribunal, pone de manifiesto la urgente necesidad de que el gobierno brasileño y el Congreso respeten la Constitución federal y los acuerdos internacionales, sobre la realización de consultas previas con los pueblos indígenas, cuando hay proyectos que pongan en riesgo sus territorios y medios de vida. Los derechos humanos y la protección del ambiente no pueden estar subordinados a los intereses empresariales” declaró el juez federal Souza Prudente, autor de la sentencia.   "La reciente decisión del tribunal reivindica lo que los pueblos indígenas, activistas de derechos humanos y el Ministerio Público de la Federación han demandado desde que se aprobó el proyecto. Esperamos que el Procurador General de la Presidenta Dilma y el juez principal del tribunal federal (TRF1) no traten de revertir esta decisión tan importante, como lo han hecho anteriormente en casos similares", expresó Brent Millikan de International Rivers, desde Brasilia.   "Esta decisión refuerza la petición formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2011, de suspender el proyecto debido a la falta de consulta con las comunidades indígenas. Esperamos que Norte Energía y el gobierno cumplan con la decisión de la corte y respeten los derechos de las comunidades indígenas", comentó Joelson Cavalcante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que da apoyo legal a las comunidades afectadas.   El Congreso de Brasil autorizó la construcción de Belo Monte, hace siete años, sin una evaluación de impacto ambiental (EIA). Un estudio posterior – formulado y presentado por la empresa estatal de energía Eletrobras y tres de las compañías de construcción más grandes de Brasil (Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Odebrecht) - fue ampliamente criticado por subestimar los posibles impactos socio-ambientales, especialmente en los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales que viven río abajo de la enorme represa que además desviará el 80% del caudal natural del río Xingu. El EIA del proyecto fue aprobado por la Agencia Federal de Medio Ambiente de Brasil (IBAMA) en febrero de 2010, bajo una intensa presión política, a pesar de que el personal técnico de la agencia estaba en contra.   Con la construcción de la represa desde junio de 2011, se ha comprobado que muchos de los impactos sociales y ambientales previstos, eran reales. Por tal razón, los pueblos indígenas afectados han aumentado sus formas de protestas.   Durante la conferencia de las Naciones Unidas, Rio+20 en junio pasado, los líderes indígenas tomaron la zona de construcción de la represa durante 21 días para protestar por los crecientes impactos del proyecto y las promesas incumplidas por parte del consorcio del proyecto. Dos semanas más tarde, las comunidades indígenas detuvieron a tres ingenieros de Norte Energía en las tierras de la comunidad. Ambas protestas exigían la suspensión del proyecto debido a la falta de cumplimiento de los requerimientos de mitigación.   El mes pasado, la Oficina del Fiscal Público Federal presentó una demanda solicitando la suspensión de la licencia de instalación de Belo Monte, dado el incumplimiento generalizado de las condiciones de las licencias ambientales del proyecto. Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, el largo proceso de consulta (conflictivo y complicado) con sus comunidades no tendrá resultados positivos en el veredicto sobre Belo Monte. Conflictos similares en torno a violaciones de los derechos indígenas por parte de los proyectos de represas están surgiendo en otras partes del Amazonas en Brasil.   La semana pasada, en otra decisión histórica dirigida por el juez Souza Prudente, un grupo de jueces de la TRF1 ordenó la suspensión inmediata de una de las cinco grandes represas planeadas para el río Teles Pires (un tributario importante del río Tapajós), considerando para tal decisión, la falta de consulta previa e informada con los pueblos indígenas: Kayabi, Apiakás y Munduruku, que serían afectadas por el proyecto.   De acuerdo con Souza Prudente, "la agresión contra los pueblos indígenas en el caso de la represa Teles Pires ha sido aún más violenta que la de Belo Monte. La decisión política de proceder a la construcción de cinco grandes represas en el río Teles Pires fue hecha por el Ministerio de Minas y Energía, sin un análisis efectivo de los impactos sobre los medios de vida y territorios de los pueblos indígenas. Los rápidos Sete Quedas en el río Teles Pires son considerados sagrados por los pueblos indígenas y son vitales para la reproducción de los peces, elemento básico de su dieta. Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta en el inventario de cuencas, ni los estudios de impactos ambientales. Por otra parte, el gobierno y el Congreso simplemente ignoraron sus obligaciones para garantizar la consulta previa e informada con los pueblos indígenas, según lo determinado por la Constitución Federal y el Convenio 169”.   Ayer por la tarde, el Presidente de la TRF1 anunció su intención de revocar la decisión de Souza Prudente y los demás jueces federales con respecto a la represa de Teles Pires. Esto marca así una creciente crisis en el sistema judicial de Brasil relacionado con los planes de construcción de represas en el Amazonas promovidos por la Presidenta Dilma Rousseff.

Líderes de movimientos brasileños en contra de Belo Monte amenazados con cárcel por protestas legales

Grupos internacionales denuncian ante la OEA y organismos de derechos humanos de la ONU intentos de criminalizar a la sociedad civil. Altamira (PA), Brasil. Movimientos sociales y organizaciones brasileñas de la sociedad civil enfrentan juicios por motivos políticos, dada su oposición legítima a la construcción de la presa de Belo Monte, según una de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos y ambiente.  En un informe enviado a los órganos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU), grupos brasileños e internacionales denunciaron los intentos de procesar a los activistas ambientales y de derechos humanos, y de solicitar la detención de 11 líderes de la sociedad civil, incluyendo un periodista local y los demandantes en el caso internacional correspondiente a la controversial represa. Entre los acusados están un periodista local, los líderes del Movimiento Xingu Vivo para Siempre, un sacerdote que dio una misa antes de la protesta, una monja católica, un documentalista que filmó el evento y un pescador cuya casa fue demolida para dar paso a la presa. “Las quejas presentadas por el consorcio de la represa y las solicitudes de arresto están basadas en información fabricada y en grandes distorsiones de los hechos, con la clara intención de criminalizar a los líderes de un movimiento social legítimo que se opone a la obsesión del gobierno federal de construir Belo Monte, a pesar de los costos humanos y ambientales y de la violación a las normas” dijo Marco Apolo, abogado y co-director de SDDH, una conocida ONG de derechos humanos del estado de Pará, Brasil. La policía estatal de Brasil solicitó una orden de arresto en una corte local que aún está pendiente de aprobación, y se dio en respuesta a una queja del consorcio que construye la presa, después de las protestas pacíficas organizadas por grupos brasileños de la sociedad civil para celebrar los 23 años de resistencia al megaproyecto de la represa. La protesta tuvo lugar en San Antonio, un pequeño poblado agrícola, que ya fue desplazado por la construcción de la presa.  En un hecho aislado un pequeño grupo de personas de manera independiente entraron a la oficina del consorcio y causaron algunos daños.  A pesar de la ausencia de evidencia que vincule el incidente con los líderes del movimiento, la policía solicitó el arresto por los cargos de daños a la propiedad, robo, incendio y alteración del orden público. "Esperamos una pronta respuesta de la OEA y de la ONU con respecto a este intento rampante de intimidar y criminalizar a los defensores derechos humanos y medio ambiente, quienes trabajan para proteger a las comunidades afectadas por Belo Monte” declaró Joelson Cavalcante, abogado brasileño de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien es co-autor del informe. "El gobierno brasileño no puede silenciar las críticas a su política de desarrollo, arrestando a quienes protestan", puntualizó. Algunos de los acusados también son demandantes en un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Brasil, por no consultar a las comunidades locales y por ignorar las salvaguardias esenciales para proteger los derechos humanos y el ambiente de los pueblos afectados por la represa. En abril de 2011, la Comisión Interamericana solicitó medidas especiales para proteger los derechos de las 12 comunidades indígenas, una resolución que el gobierno brasileño hasta ahora, se ha negado a cumplir. Grupos brasileños e internacionales, incluyendo AIDA, han interpuesto varias denuncias de violaciones a los derechos humanos relacionadas con el desarrollo de la represa Belo Monte. El proyecto causará serios daños a las tierras de las comunidades indígenas y rurales y sus modos de vida, incluyendo las tribus no contactadas en aislamiento voluntario. La represa sería la tercera más grande del mundo y desplazaría a unas 40, 000 familias. Los intentos por silenciar las protestas en contra del proyecto surgen justo después de las recientes recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que llamó al gobierno brasileño a salvaguardar el trabajo de los defensores de derechos humanos y proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas y afro descendientes. “Belo Monte es un ejemplo triste de la política de desarrollo mal dirigida” declaró Astrid Puentes, Co-Directora de AIDA. “Esperamos que Brasil por fin prestará atención a las recomendaciones de la ONU y la OEA y promoverá un verdadero desarrollo justo y sostenible, demostrando que lo dicho en Río+20 es realidad. Detener la criminalización injustificada de defensores y defensoras de derechos humanos en el Xingu sería un paso positivo en esa dirección.” Para más información: www.xinguvivo.org.br

Gobierno de Brasil es nuevamente requerido por la Comisión Interamericana para explicar situación de derechos humanos por Belo Monte

Brasilia, Brasil. El pasado 11 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó al gobierno brasileño aclarar la situación de las comunidades tradicionales de la cuenca del Río Xingu, afectadas por la construcción de la Represa Hidroeléctrica de Belo Monte. Esta es la segunda exigencia que la Comisión pide al gobierno, en seguimiento de las medidas cautelares otorgadas en abril de 2011. La CIDH solicitó al gobierno informar acerca de la mala calidad de agua del Río Xingu, que estaría ocasionando problemas de salud a las comunidades tradicionales e indígenas y sobre el proceso de reubicación de los agricultores y otras poblaciones tradicionales, cuyos derechos estarían siendo violados. Adicionalmente, la CIDH solicitó información sobre la implementación de las medidas para mitigar los impactos de la construcción de la represa. El requerimiento al gobierno se dio como respuesta a las denuncias enviadas a la CIDH por las organizaciones Sociedad Paraense de Defensa de Derechos Humanos (SDDH),  Justicia Global, Movimiento Xingu Vivo para Siempre (MXVPS) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), enfatizando en las tierras indígenas de Paquiçamba y Arara da Volta Grande, que son directamente afectadas por las obras de Belo Monte. “Esta solicitud de información es una buena noticia pues evidencia que la Comisión está siguiendo de cerca la implementación de Belo Monte, para proteger los derechos humanos”, señaló Astrid Puentes, co-Directora de AIDA. “Esperamos que el gobierno demuestre su voluntad y responda lo antes posible e implemente medidas de protección efectivas”, puntualizó. En enero, con la construcción de la primera barrera del Xingu, los indígenas comenzaron a tener problemas por la calidad del agua. El Ministerio Público Federal realizó un análisis independiente de la calidad del agua en el Instituto Evandro Chagas, pero los resultados todavía no han sido publicados. De acuerdo con el Ministerio Público, este monitoreo debe ser continuo debido al peligro de contaminación del río por la represa. Otro problema denunciado ante la CIDH es la falta de un plan de reasentamiento para las comunidades afectadas por la construcción de Belo Monte. Ante la falta del plan, las personas aceptaron como indemnización la mitad o menos del valor del mercado por sus tierras, porque no poseían título formal de la tierra, y tenían temor de ser expulsados sin pago alguno. Este fue el caso de los habitantes de la comunidad de Santo Antonio, en donde existían 252 propiedades de pequeños agricultores, de los cuales sólo 26 poseían un título formal de las tierras. En uno de los casos, un agricultor recibió USD$3,775 de indemnización por 361.51m2 de tierra avaluados en USD$11,787. La CIDH le dio 20 días al estado de Brasil para presentar la aclaración de la información solicitada. “La acción de la CIDH busca principalmente que el Estado brasilero cumpla con los tratados internacionales de defensa de derechos humanos y en el caso de Belo Monte, hay innumerables indicios de que éstos derechos están siendo violados”, dijo Roberta Amanajás, abogada de SDDH.

Brasil responderá junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por violações de direitos humanos relacionadas à hidrelétrica de Belo Monte

Depois de quatro anos, o órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA) decidiu abrir a tramitação do caso e pedir uma resposta ao Estado brasileiro às denúncias de violações de direitos humanos decorrentes do projeto hidrelétrico em construção na Amazônia. Washington D.C., Estados Unidos. No momento em que se inicia o enchimento dos reservatórios da represa de Belo Monte, o Brasil é chamado a responder perante a organismos internacionais sobre as violações de direitos humanos decorrentes do projeto. Em 21 de dezembro de 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) deu início ao caso apresentado contra o Brasil pelas organizações Justiça Global, Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) e Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), que representam as pessoas atingidas pela construção da hidrelétrica. A etapa de revisão inicial estendeu-se por quatro anos, com diversas solicitações de tramitação rápida por parte das organizações peticionárias. A decisão pela abertura da tramitação do caso significa que, enfim, o Estado brasileiro será obrigado a responder às denúncias de violações de direitos humanos decorrentes do projeto Belo Monte. “Já está na hora de o Brasil responder integralmente a nossas denúncias a respeito da ausência de consulta e consentimento prévio, livre e informado das comunidades indígenas afetadas; da falta de participação e de estudos de impacto ambiental adequados, dos deslocamentos forçados e das violações aos direitos à vida, integridade, saúde e justiça das comunidades indígenas, ribeirinhas e moradores da cidade de Altamira”, destacou María José Veramendi Villa, advogada da AIDA. “A abertura do caso é antes de tudo uma vitória das populações atingidas e movimentos sociais envolvidos, que resistiram durante todos esses anos e permanecem firmes e determinados na busca por justiça e reparação” observa Raphaela Lopes, advogada  da Justiça Global. Em novembro do ano passado, o Instituto Brasileiro do Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) outorgou a licença de operação para a hidrelétrica de Belo Monte. Com isso, permitiu-se o enchimento da represa. Esta licença foi outorgada apesar de a Norte Energia - empresa encarregada do projeto – não ter cumprido com as condicionantes necessárias para garantir a vida, saúde e integridade da população afetada. As comunidades indígenas afetadas pela hidrelétrica estão protegidas por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão, as quais o Estado brasileiro ainda não cumpre. No início de dezembro, o Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas visitou a cidade de Altamira, a mais próxima da construção da represa e uma das áreas mais afetadas pelo deslocamento e pelos conflitos socioambientais provocados pela construção da hidrelétrica. O GT se reuniu com alguns dos grupos afetados, entre eles membros de comunidades ribeirinhas e povos indígenas, escutando suas denúncias. Após a visita, o Grupo emitiu um pronunciamento no qual exortou ao Governo brasileiro a respeitar os direitos humanos e a não sacrificá-los às custas do desenvolvimento econômico. O Grupo de Trabalho deve apresentar seu informe final a respeito da visita ao Conselho de Direitos Humanos em junho de 2016. A expectativa é que haja um seguimento adequado a sua visita e que o informe seja contundente e explícito sobre as violações de direitos humanos decorrentes de Belo Monte e o acionamento do Estado brasileiro e das empresas envolvidas. As organizações que representam as vítimas continuarão trabalhando para que o Brasil responda pelas violações de direitos humanos causadas pela hidrelétrica. 

Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria

Victoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida

Violaciones en Belo Monte, Brasil, podrían llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Se presenta una denuncia al país por violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría conducir al Estado de Brasil a una condena internacional. Altamira, Brasil, Washington, DC, — Organizaciones de defensa de las poblaciones del río Xingú en el Amazonas de Brasil, que están amenazadas por la construcción del megaproyecto de hidroeléctrica Belo Monte, demandaron este jueves, 16 de junio, al Estado de Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por las violaciones a los derechos humanos cometidas.  La demanda se presentó después de que Brasil ignoró las medidas cautelares que la CIDH solicitó a ese país el primero de abril, solicitando la suspensión del proyecto de Belo Monte para prevenir violaciones inminentes a los derechos humanos. Las principales críticas a las autoridades del gobierno de Dilma Rousseff son la falta de garantía de procesos de consentimiento libre, previo e informado para las comunidades indígenas, como prevé la Constitución, falta de consulta a las comunidades ribereñas y a la población de Altamira que también se afectará, irregularidades en el proceso de licenciamiento e ineficiencia del sistema judicial brasilero para proteger los derechos. La denuncia enlista a detalle los impactos que afectarán a las poblaciones en la cuenca del río Xingú, incluyendo la destrucción irreversible de un ecosistema irremplazable del que dependen las comunidades, el posible aumento de enfermedades graves como malaria y dengue y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas. “En el caso de Belo Monte, el sistema de justicia brasileño no funciona y ha cedido ante todas las presiones económicas y políticas del gobierno y del Consorcio de Energía del Norte”, explica Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre. “Por eso no hay otra opción que pedir la intervención de la Comisión Interamericana”, añade. Si se acepta la denuncia, se podría ordenar al gobierno de Brasil a reparar los daños, pudiendo encaminar el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que tiene la capacidad de condenar al país por violaciones internacionales a los derechos humanos. Tras los hechos mencionados y de acuerdo con líderes indígenas, el proyecto Belo Monte ha provocado un ambiente conflictivo en la región de Altamira, incluso con amenazas de muerte hacia algunos de sus integrantes. De acuerdo con José Carlos Arara, cacique de la aldea Arara da Volta Grande, amenazado después del inicio de la demarcación de tierras indígenas Arará, “toda la comunidad también está bajo amenaza – y son los líderes los que sufren más. Estoy preso en mi propio pueblo, no puedo salir de aquí y no tenemos ningún apoyo de la FUNAI [entidad indígenista de Brasil] para garantizar nuestra seguridad”. “La posición del gobierno brasileño frente a Belo Monte es está en contra con la imagen que pretende tener como líder regional y anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20) a celebrarse en 2012”, dijo Astrid Puentes, Co Directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Esperamos que los gobiernos de la región dejen de promover proyectos dañinos para las personas y el ambiente y que busquen un desarrollo sostenible verdadero, basado en el respeto a los derechos humanos”, añadió Puentes. Aunque el gobierno emitió una licencia que permite la construcción de la represa en junio, están en proceso de la justicia brasileña 11 acciones públicas civiles del Ministerio Público Federal contra el proyecto.  “La diplomacia brasileña corre serios riesgos de desprestigio internacional con las actitudes que tiene, esperamos que esto se corrija lo antes posible para demostrar la verdadera voluntad de protección de los derechos humanos de Brasil”, afirma Roberta Amanajás, abogada de la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), citando el fuerte rechazo del proceso internacional por el gobierno de Rousseff y un voto de censura hacia la OEA aprobado por el Senado en la última semana. 

Organización de Estados Americanos solicitó suspender inmediatamente el proyecto de represa de Belo Monte

Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los pueblos indígenas deben ser consultados ANTES del inicio de las obras. Altamira, Brasil / Washington, D.C., USA. El 1 de abril pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) oficialmente solicitó al gobierno de Brasil suspender inmediatamente el licenciamiento y construcción de la gran represa de Belo Monte, en el estado de Pará, Brasil, argumentando que el proyecto podría perjudicar los derechos humanos de las comunidades tradicionales de la cuenca del río Xingú. La CIDH determinó que el gobierno debe realizar procesos de consulta "previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuados", con las comunidades indígenas involucradas antes de la construcción de la hidroeléctrica. El gobierno brasileño recibió un plazo de quince días para informar a la CIDH sobre el cumplimiento de la resolución. La decisión de la CIDH responde a una denuncia presentada en noviembre de 2010 por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), la Prelazia del Xingú, el Consejo Indígena Misionero (CIMI), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Sociedad Paranaense de Derechos Humanos y Justicia Global, en nombre de varias comunidades tradicionales de la cuenca del Xingú. De acuerdo con la denuncia, entre otros, estas comunidades no fueron consultadas de forma adecuada sobre el proyecto que, si se lleva a cabo, causará daños socio-ambientales irreversibles, desplazamientos forzados de miles de personas y amenazará una de las regiones de mayor valor para la conservación de la biodiversidad en el Amazonas. "Al reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa e informada, la CIDH solicita que el gobierno brasileño paralice la construcción de Belo Monte y garantice el derecho de decidir de los indígenas", dijo Roberta Amanajás, abogada de SDDH. "De esta forma, seguir con las obras sin realizar las consultas indígenas violaría el derecho internacional y el gobierno sería responsable internacionalmente por los impactos negativos causados por el proyecto". La CIDH también resolvió que Brasil debe adoptar medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la cuenca del Xingú, además de medidas para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades tradicionales afectadas por la obra. "La decisión de la CIDH envía un mensaje claro que las decisiones unilaterales del gobierno y la justicia brasileños, en busca del crecimiento económico a cualquier costo, constituyen una afronta a las leyes del país y a los derechos de las poblaciones tradicionales locales", dijo Antonia Melo del MXVPS. "Nuestros gobernantes no pueden continuar excusándose en el crecimiento económico para violar los derechos humanos e impulsar proyectos que promueven la destrucción de nuestros recursos naturales y la muerte de los pueblos del Xingú y del Amazonas". La represa no sólo ha sido criticada por comunidades y organizaciones de la sociedad civil, sino también por científicos, investigadores y expertos de las agencias federales brasileñas. Sólo el Ministerio Público Federal ha presentado diez demandas que están pendientes de resolverse. ”Esta decisión marca un hito para Brasil y para la región, pues evidencia que el desarrollo económico debe cumplir con las normas y respetar los derechos humanos” afirmó Astrid Puentes, co-directora de AIDA. “Grandes represas como Belo Monte han evidenciado que no son energía limpia ni sostenible, por los graves impactos que causan, incluso para el cambio climático, por lo cual es esencial que los Estados examinen integralmente los impactos y alternativas que estos proyectos tienen, pues existen muchas” concluyó. "Estoy muy conmovida con esta noticia", dijo Sheyla Juruna, líder de la comunidad indígena Juruna del km 17, afectada por el proyecto. "Hoy, más que nunca, tengo la certeza de que estamos en lo correcto en denunciar al gobierno ante la justicia por las violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas del Xingú y de todos los que están juntos en esta lucha en defensa de la vida y del medio ambiente. Continuaremos firmes y resistentes en esta lucha contra la implementación del Complejo de Belo Monte". La decisión de la CIDH ordenando la suspensión inmediata del proceso de licenciamiento y construcción de Belo Monte se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Convención de Biodiversidad, en la Convención Americana y en la propia Constitución de Brasil.

Ministerio de minas colombiano anuncia la protección de los páramos frente a minería

Bogotá, Colombia. Colombia ha señalado que no se permitiría la construcción de una de las minas a cielo abierto de oro y otros metales más grande del hemisferio. En un paso sorprendentemente audaz, el 17 de marzo pasado el Ministro de Minas colombiano Carlos Rodado, aceptó que "De conformidad con la ley colombiana, no es posible desarrollar proyecto alguno de explotación minera en las zonas de páramo.” Si se aplica lo dicho, esto impediría la construcción del proyecto de gran minería de Angostura en el departamento de Santander, en el páramo de Santurbán. “Este es un paso importante en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y de los tratados internacionales por parte de Colombia para proteger los páramos,” dijo Natalia Jiménez Galindo, asesora legal de AIDA en Bogotá. “El Estado debe rechazar todo el proyecto de Angostura, tanto la  solicitud de explotación minera como la de infraestructura adicional”, concluyó Jiménez. Si se aprueba la mina Angostura se pondría en peligro el páramo de Santurbán, un humedal de gran altitud altamente frágil y que da agua a más de un millón de habitantes. En colaboración con varios socios, AIDA ha protegido este ecosistema contra la minería, prestando asesoramiento jurídico a organizaciones y enviando a las autoridades un análisis de las obligaciones internacionales aplicables. "Aplaudimos al Ministerio de Minas por este reconocimiento de la prohibición de la minería en los páramos y esperamos verlo reflejado en una decisión oficial" dijo Astrid Puentes Co-directora de AIDA. “Esto enviaría el mensaje adecuado por parte del gobierno colombiano que en realidad tiene la voluntad de proteger los páramos y de hacer una diferencia contra el cambio climático”. AIDA insta al Estado colombiano a rechazar formalmente la totalidad del proyecto de gran minería Angostura propuesto por Greystar Resources Corporation de Canadá.  Esta sería la única decisión coherente con el pronunciamiento del Ministerio de Minas  con las normas y con el concepto del Instituto Alexander von Humboldt. 

La Organización de Estados Americanos cuestiona el proyecto de la represa Belo Monte

La CIDH, órgano de derechos humanos de la OEA solicita investigaciones oficiales mientras que las comunidades realizan manifestaciones importantes. Altamira, Brazil. La Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó oficialmente al gobierno de Brasil, clarificar la información sobre el proceso de licenciamiento de la represa Belo Monte, que continúa sin haber asegurado una apropiada consulta con los grupos locales indígenas. Esta solicitud se realizó en medio de una intensa controversia local e internacional alrededor de los planes para construir el complejo de la represa en el Río Xingú en la Amazonia brasileña. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, solicitó la investigación en respuesta de una queja presentada por varias organizaciones incluyendo: el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Sociedad de Pará en Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) apoyadas por otras 40 instituciones de defensa de los derechos indígenas y comunidades tradicionales de la cuenca del Río Xingú. La queja demanda que el gobierno brasileño suspenda inmediatamente el proceso de licenciamiento para la represa de Belo Monte, que pare la construcción del proyecto y que garantice los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas. La CIDH dio al gobierno diez días para aclarar las medidas adoptadas que garanticen las consultas previas, libres e informadas con las comunidades locales y la legalidad de la "licencia parcial", entre otros temas. La solicitud es el primer paso de un largo procedimiento en el cual las comunidades locales están alegando violaciones a los derechos humanos derivadas de la represa propuesta. "Cuando el gobierno de Brasil firma un tratado, está obligado a cumplir con sus resoluciones" dijo Roberta Amanajás, abogada de la Sociedad de Pará para la Defensa de Derechos Humanos (SDDH). "Como firmante de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, Brasil debe reconocer su legitimidad para examinar casos como el de Belo Monte". "Con grandes proyectos de desarrollo como el complejo de la represa Belo Monte, todos los gobiernos deben ser responsables de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades locales" dijo Jacob Kopas, abogado de AIDA. "La Comisión Interamericana ha ya reconocido esto en otros casos y ha pedido la suspensión de un proyecto de una gran represa en Panamá y de una gran mina de oro en Guatemala". Mientras tanto, cientos de pescadores realizaron una protesta el viernes en la ciudad de Altamira, para manifestar su oposición a un proyecto que podría destruir sus medios de subsistencia al aniquilar especies de peces migratorias de la región. El evento, bendecido por Dom Erwin Kräutler, obispo de Xingú y oponente histórico a la planta hidroeléctrica, se caracterizó por docenas de barcos de pesca que se establecieron en el río Xingú para simbolizar la importancia de defender el río y la preservación de su modo de vida. "Los pescadores de Xingú están comprometidos con la organización en defensa del río" dijo Kräutler. "Del río es que ellos obtienen el sustento para ellos mismos y sus familias, mientras que su arduo trabajo provee a todas las ciudades a lo largo de Xingú, fue muy reconfortante verlos en grandes números dispuestos a pescar la semana pasada. Su regreso el día de hoy ha mostrado que el río está vivo y que ellos quieren verlo permanecer vivo para siempre". Hoy, docenas de barcos pesqueros alrededor de las comunidades circundantes afectadas por la represa se han unido a los manifestantes en demostración de su solidaridad. Ellos darán lo bienvenida a los pescadores en su regreso y compartirán la pesca con motivo del Día Internacional de la Acción por los Ríos.