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Victoria: Ecuador ordena el fin de la contaminación por producción de aceite de palma
Las plantaciones de palma aceitera están amenazando la biodiversidad del Chocó, un antiguo bosque en Ecuador. Las empresas a cargo de esos cultivos han causado la destrucción masiva del bosque, poniendo en peligro a especies raras y desplazando a los agricultores locales. En Septiembre de 2007, la Corte Constitucional ordenó la remediación del daño y la rendición de cuentas por el mismo.
El dictamen vino un año después de que AIDA se uniera a ECOLEX, su socio ecuatoriano, para documentar y arrojar luces sobre los impactos negativos del cultivo de palma aceitera en Ecuador. Los desechos provenientes de las plantaciones, incluyendo pesticidas y químicos peligrosos, contaminaban ríos y cursos de agua cercanos. Esto dañaba a peces y plantas, y afectaba significativamente la salud y los medios de subsistencia de las comunidades locales.
La evidencia fue lo suficientemente convincente para llevar a ECOLEX a presentar, en Septiembre de 2006, una demanda constitucional contra el Ministerio del Ambiente y los propietarios de las plantaciones para proteger el derecho humano a un ambiente sano. AIDA apoyó la acción legal de ECOLEX con argumentos de derecho ambiental internacional.
Al año siguiente, la Corte Constitucional (el más alto tribunal de Ecuador) ordenó al Ministerio remediar los daños causados por las plantaciones de palma aceitera y tomar medidas para controlar y mitigar daños futuros y potenciales.
Poco después, el Ministerio presentó una apelación, pero la misma no fue exitosa. La Corte Constitucional reiteró su decisión original.
Esa decisión es una victoria importante para quienes sufrieron por el cultivo irresponsable de palma aceitera en Ecuador. Más importante aún es que el alto tribunal estableció un precedente legal que puede ser utilizado por los tribunales ecuatorianos menores al decidir sobre casos ambientales. Con este triunfo, AIDA buscará más oportunidades para proteger la riqueza natual de Ecuador.
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Por Víctor Quintanilla y Mayela Sánchez García* Las voces de los territorios de América Latina y el Caribe son poderosas, más cuando demandan la protección del ambiente frente a múltiples y crecientes amenazas.Con frecuencia, esta exigencia no encuentra eco en quienes administran justicia a nivel nacional o local.Esta tendencia hace necesario recurrir a vías complementarias de justicia en el plano internacional.Una de ellas es la que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano internacional con un mandato importante: la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.Como organización movida por la misión de garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina y el Caribe, la CIDH es un espacio clave en el cual visibilizar problemáticas ambientales que afectan derechos humanos en la región.Lo hacemos de la mano de comunidades y de organizaciones aliadas.Así las voces de los territorios resuenan ante un órgano internacional capaz de instar a que los gobiernos del continente cambien sus prácticas y fortalezcan sus estándares de protección de poblaciones afectadas por la degradación ambiental. Testimonios por una salida responsable de los combustibles fósilesLlevar las voces de las comunidades ante la CIDH es también una oportunidad de visibilizar patrones regionales de riesgo y violaciones de derechos humanos.Así ocurrió el pasado 10 de marzo, cuando representantes de comunidades de Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana expusieron ante la Comisión cómo décadas de extracción y uso de combustibles fósiles han vulnerado gravemente derechos humanos como el derecho a un ambiente sano, a la salud y al acceso a la información y participación en asuntos ambientales."Nuestra región no necesita únicamente descarbonizar su matriz energética, también necesita descarbonizar la injusticia histórica que han soportado nuestros pueblos", expresó Yaneth Ortiz, representante del pueblo indígena Wayuu de La Guajira, un territorio al norte de Colombia gravemente impactado por la operación del proyecto minero Carbones del Cerrejón.Sus mensajes fueron escuchados por la CIDH durante una audiencia pública denominada "Situación de los derechos humanos por la extracción de combustibles fósiles", en el marco de su 195° Período de Sesiones.Las y los representantes de las comunidades también hablaron de cómo en el contexto actual de transición energética, estas violaciones y riesgos se han profundizado."Nuestros niños se están enfermando en sus propias escuelas. A pesar de todo esto, no hay responsables claros ni soluciones estructurales… Para nosotros este proceso de descarbonización [en Chile] ha sido insuficiente y poco transparente", expresó Katta Alonso, en representación de la organización chilena Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia.Las experiencias locales compartidas evidenciaron la urgencia de llevar a cabo transiciones justas, lo que implica cierres responsables de proyectos de energía fósil en toda la región.Mientras que Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), planteó: "No nos han hecho consulta previa, libre e informada para realizar explotación petrolera en nuestro territorio, tampoco para la conformación del área protegida. Ahora exigimos que se respeten nuestros derechos en el proceso de cierre de la actividad petrolera y la reparación ambiental y social".AIDA solicitó la audiencia junto con las comunidades y con organizaciones aliadas."Expusimos el riesgo y las violaciones a derechos humanos que experimentan distintos territorios en contextos de cierre y salida irresponsable de proyectos de extracción y quema de carbón, gas y petróleo", detalla Rosa Peña, abogada de AIDA.Para la Comisión, el propósito de estas audiencias es recibir información sobre temáticas o asuntos de derechos humanos en países específicos o regionales para emitir recomendaciones a los gobiernos orientadas al respeto y goce de los derechos humanos.Antes de cada período de sesiones, recibe un número gigante de solicitudes para que aborde en las audiencias las diferentes problemáticas de derechos humanos del continente, no solo relacionadas con el ambiente o el clima."Así llegamos aquí, después de convencer a la Comisión de la importancia de ver este tema con un enfoque de derechos humanos y de que escuche a las comunidades", cuenta Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.Con los años, AIDA ha desarrollado amplia experiencia y liderazgo en recurrir exitosamente a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos —los dos pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mecanismo de la Organización de Estados Americanos— para lograr impacto regional en la protección del ambiente sano, de la mano de los territorios. Voces frente a los daños de la minería ilegalTambién durante el Período de Sesiones de la CIDH en Guatemala, participamos en la audiencia de oficio "Impactos de la minería ilegal en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales", convocada por la propia Comisión.Nuestra intervención se sumó a otras voces para evidenciar por qué esta actividad es hoy uno de los fenómenos más preocupantes en el continente debido a sus graves afectaciones en los ecosistemas y los derechos humanos.En los territorios de América Latina, la minería de oro desencadena extracción ilícita que vulnera múltiples derechos, principalmente de pueblos indígenas y comunidades tradicionales.En la audiencia, propusimos ante la Comisión elementos relevantes para abordar la problemática desde una perspectiva regional.En AIDA buscamos amplificar la fuerza de los territorios y de su gente, llevando su sabiduría a espacios de toma de decisiones con potencial impacto de cambiar realidades en favor de un mejor futuro en el continente. *Víctor Quintanilla-Sangüeza es el Coordinador de Contenido de AIDA y Mayela Sánchez García es la especialista en comunidad digital de la organización.
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Principios internacionales para la desinversión responsable de combustibles fósiles
En un contexto de emergencia climática cada vez más grave, las empresas deben retirarse rápidamente de la extracción de carbón, petróleo y gas, así como de las industrias de energía fósil asociadas y de las instalaciones auxiliares de transporte, almacenamiento, refinación y procesamiento. Sin embargo, la necesidad urgente de abandonar los combustibles fósiles no justifica una desinversión irresponsable por parte de las empresas de energía fósil. El cierre rápido y el cierre responsable de la industria de los combustibles fósiles no son agendas incompatibles. Ambas son vitales para lograr justicia climática y ambiental, así como una transición energética justa.En ausencia de políticas y prácticas de desinversión responsables, las comunidades se ven expuestas a la contaminación heredada, así como a riesgos para la salud a largo plazo derivados de infraestructuras abandonadas que no se desmantelan adecuadamente y de la falta de restauración adecuada de los ecosistemas. Muchas comunidades también se enfrentan a una pérdida significativa de medios de vida y a dificultades económicas, ya que la industria de los combustibles fósiles se desinvierte sin tener en cuenta las consecuencias económicas locales, especialmente en los lugares donde se han creado dependencias económicas a lo largo del tiempo.Basados en las experiencias vividas y las demandas de las comunidades y las y los trabajadores(as) afectados(as) por las actividades relacionadas con los combustibles fósiles en todo el mundo, y en consonancia con las obligaciones internacionales existentes de los Estados y los marcos internacionales de responsabilidad corporativa, incluida la responsabilidad de respetar los derechos humanos, estos Principios Internacionales para la Desinversión Responsable de los Combustibles Fósiles establecen una agenda positiva que todas las empresas y los Estados deben seguir para promover una transición justa. Están diseñados para cambiar el desequilibrio de poder que actualmente favorece a las empresas y a los Estados poderosos, con el fin de garantizar que las comunidades y las y los trabajadores(as) afectados(as) tengan capacidad de acción y control sobre cómo se lleva a cabo la desinversión en combustibles fósiles. Su objetivo es que las empresas los sigan y los Estados los hagan obligatorios. Lee y descarga el documento
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Familias de La Oroya exigen al gobierno peruano cuatro acciones urgentes para el cumplimiento efectivo del fallo de la Corte Interamericana
Ante la falta de avances significativos, demandan al Estado definir las entidades responsables de cumplir cada medida ordenada por la Corte, brindar atención integral y especializada en salud, garantizar la mitigación de la contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y pagar de inmediato las indemnizaciones a las víctimas del caso.La Oroya, Perú. Ante los avances mínimos en el cumplimiento de la sentencia emitida hace dos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, familias afectadas por décadas de contaminación en La Oroya exigen al gobierno la adopción urgente de cuatro acciones necesarias para la implementación efectiva del fallo en el corto plazo.El 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer el fallo en el que declaró al Estado peruano responsable por la violación de derechos humanos de un grupo de 80 residentes de La Oroya y le ordenó adoptar medidas de reparación integral.Sin embargo, la implementación del fallo continúa en una etapa inicial debido principalmente a la falta de voluntad política del Estado y a su cambio constante de argumentos para retrasar el proceso. Los avances al momento no han sido sustantivos y han estado relacionados con publicidad sobre la sentencia, el pago al Fondo de Víctimas instaurado por la Corte y el inicio de investigaciones penales por la estigmatización y persecución de las víctimas por su labor de defensa ambiental.Además, en los dos años transcurridos desde la emisión de la sentencia, el Complejo Metalúrgico de La Oroya, al haber reiniciado sus operaciones, ha generado nuevamente niveles de contaminación en la ciudad que superan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud."La reactivación del Complejo Metalúrgico en marzo de 2024, sin cumplir con los actuales estándares ambientales, vuelve a poner en riesgo la salud de toda la población de La Oroya. Hoy, ni las víctimas del caso ni las demás personas que viven en la ciudad tienen garantizada una atención en salud frente a la contaminación. Además, no hay claridad sobre cuándo terminará esta situación, lo que genera mucha incertidumbre por la falta de acción del Estado", afirmó Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que lleva el caso ante la Corte junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú.Frente a la situación, el grupo de víctimas del caso exige al gobierno peruano avanzar en el cumplimento de la sentencia mediante cuatro acciones urgentes:Emitir la Resolución de Determinación de Competencias que defina con claridad qué entidad es responsable de cada orden de la Corte, estableciendo presupuesto y plazos concretos de ejecución.Aprobar e implementar un protocolo especializado de atención integral en salud, elaborado con participación efectiva de las víctimas y con una asignación suficiente de fondos.Suspender las operaciones del Complejo Metalúrgico hasta contar con un instrumento de gestión ambiental acorde con los estándares establecidos por la Corte; así como evaluar medidas de transición para personas propietarias y trabajadoras a fin de evitar nuevos impactos sociales.Pagar las indemnizaciones a las víctimas según lo estipulado por la Corte. Después de más de 20 años de lucha, la sentencia histórica del caso todavía no se refleja en mejores condiciones de vida para las víctimas ni en reparaciones a los daños sufridos."Genera profunda preocupación que, a dos años de emitida la sentencia, el Estado no haya definido cuáles serán las entidades que tendrán a cargo el cumplimiento de cada una de sus disposiciones. Esta situación imposibilita incluso tener un espacio de coordinación directa a favor de las víctimas, así como de la población general de La Oroya y del país ante actividades minero-metalúrgicas. No olvidemos que la Corte ordenó también políticas públicas a nivel nacional para proteger el ambiente y la salud en Perú", dijo Christian Huaylinos, del Área Legal de APRODEH.Aunque la inestabilidad política de Perú ha influido, el principal obstáculo para avanzar de manera firme en la implementación del fallo internacional, que es obligatoria, ha sido la falta de decisión del Estado en ese sentido.Contacto de prensaLorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481
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