Project
Victoria: Ecuador ordena el fin de la contaminación por producción de aceite de palma
Las plantaciones de palma aceitera están amenazando la biodiversidad del Chocó, un antiguo bosque en Ecuador. Las empresas a cargo de esos cultivos han causado la destrucción masiva del bosque, poniendo en peligro a especies raras y desplazando a los agricultores locales. En Septiembre de 2007, la Corte Constitucional ordenó la remediación del daño y la rendición de cuentas por el mismo.
El dictamen vino un año después de que AIDA se uniera a ECOLEX, su socio ecuatoriano, para documentar y arrojar luces sobre los impactos negativos del cultivo de palma aceitera en Ecuador. Los desechos provenientes de las plantaciones, incluyendo pesticidas y químicos peligrosos, contaminaban ríos y cursos de agua cercanos. Esto dañaba a peces y plantas, y afectaba significativamente la salud y los medios de subsistencia de las comunidades locales.
La evidencia fue lo suficientemente convincente para llevar a ECOLEX a presentar, en Septiembre de 2006, una demanda constitucional contra el Ministerio del Ambiente y los propietarios de las plantaciones para proteger el derecho humano a un ambiente sano. AIDA apoyó la acción legal de ECOLEX con argumentos de derecho ambiental internacional.
Al año siguiente, la Corte Constitucional (el más alto tribunal de Ecuador) ordenó al Ministerio remediar los daños causados por las plantaciones de palma aceitera y tomar medidas para controlar y mitigar daños futuros y potenciales.
Poco después, el Ministerio presentó una apelación, pero la misma no fue exitosa. La Corte Constitucional reiteró su decisión original.
Esa decisión es una victoria importante para quienes sufrieron por el cultivo irresponsable de palma aceitera en Ecuador. Más importante aún es que el alto tribunal estableció un precedente legal que puede ser utilizado por los tribunales ecuatorianos menores al decidir sobre casos ambientales. Con este triunfo, AIDA buscará más oportunidades para proteger la riqueza natual de Ecuador.
Proyectos relacionados
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual, arteria del pueblo poqomam
Historias de coraje, dignidad y de resistencia por la vida frente a la contaminación del río más extenso de Guatemala.Nazario Pascual no necesita adornos para definirse: "Soy un guerrero poqomam que utiliza la música y la poesía cantada para dejar una semillita en el pensar. Soy una arteria del pueblo poqomam".Músico, promotor cultural, productor independiente, Nazario vive en Santa Cruz Chinautla, una comunidad marcada por la contaminación del río Motagua. Desde ahí, canta en poqomam para que su lengua no desaparezca, y para que los niños que lo escuchan crezcan sabiendo que el río también tiene memoria.Su camino comenzó en las bancas de la iglesia, observando a su padre tocar. Pero fue una escena íntima la que encendió la chispa: una noche, escuchó a su papá rezar en poqomam. "Pensé: órale, Dios nos escucha en poqomam. Es tu raíz. Ahí empecé". El paisaje que se llevó la infanciaCuando Nazario habla de su niñez, describe árboles frutales, nacimientos de agua y una pila comunal donde las madres lavaban ropa mientras los niños y las niñas jugaban. Hoy, todo eso se ha ido.La expansión desordenada de la capital y el desvío de aguas pluviales hacia el basurero de la zona 3 han convertido el río en una herida abierta. A eso se suman las areneras que extraen material sin control: "Carcomieron gran parte del territorio poqomam. Acá le llamamos el oro negro".Su familia ha perdido tierra decenas de veces. Cuando llueve en la ciudad, los olores llegan hasta Chinautla aunque no caiga una gota. Las casas ceden, los suelos se agrietan, los habitantes se desplazan."El río es un monstruo que viene desde la ciudad", dice. Foto: Mayela Sánchez García. Herencia de lucha, pero también de cansancioNazario heredó de su padre la convicción de protestar. Participó en manifestaciones, organizó reuniones, levantó junto a otros un muro de contención bajo el puente rojo con apoyo comunitario. Pero también carga la fatiga de tantos años: "Al inicio éramos 17 en las protestas, luego 12, después 7, ahora apenas 4".Una tía se lo dijo sin rodeos: "No pretendas ser héroe del pueblo". La frase lo hizo reflexionar sobre los límites del compromiso… y sobre la necesidad de nuevas formas de resistencia. Semillas que cantanNazario encontró ese nuevo camino en la música. Organizó una banda con sus primos y más tarde comenzó a trabajar con niñas y niños. Juntos escriben letras sobre el río, inventan melodías y cantan en poqomam. Así nació Mamut, una de las canciones que hoy se entonan en la comunidad."Involucrar a los niños y jóvenes es ese granito de arena que intento dejar", explica. "Ellos son los que se quedan". Foto: Mayela Sánchez García. Un mensaje que resisteNazario sabe que el problema lo supera. El río Motagua arrastra basura que termina en el Caribe, afectando a comunidades enteras. Pero también cree que las luchas locales tienen poder."Se respeta salir a trabajar, porque hay que hacerlo, pero no hay que ser indiferentes a lo que pasa en el pueblo".Teme que el verdadero plan de las industrias que contaminan y extraen sea borrar del mapa al pueblo poqomam. Pero sueña con otra historia:"Imagino Chinautla con el río estabilizado, los niños creciendo en un territorio digno, sabiendo sus derechos y peleando por ellos". El pulso de una comunidadEn su voz se cruzan la herida y la esperanza. Habla de pérdidas —de su padre, de la tierra, del río— pero también de música, de lenguas vivas, de niños y niñas que corean sus canciones."Soy una arteria del pueblo poqomam", repite.Y como toda arteria, late para mantener con vida a su comunidad.
Leer más
5 claves para la acción colectiva: Lecciones del encuentro de personas defensoras ambientales del Cono Sur
¿Puede una transición energética ser justa si repite los daños del extractivismo de siempre?Esa fue una de las preguntas centrales de "Articulando Territorios: Encuentro de Personas Defensoras del Cono Sur", un encuentro realizado el 9 y 10 de junio en Santiago de Chile que reunió a personas defensoras del ambiente de Argentina, Bolivia y Chile.AIDA acompaña desde hace años a quienes defienden sus territorios frente a proyectos extractivos y energéticos en América Latina. Este encuentro fue parte de ese compromiso: un espacio para compartir experiencias, fortalecer capacidades de protección y reflexionar colectivamente sobre los impactos de las presiones de la transición energética mundial, incluido el avance del extractivismo.Estas son las cinco lecciones clave que nos llevamos: 1. Las comunidades son el centro de la resistencia por una transición energética justa y sostenibleMuchas de las actividades promovidas bajo el paradigma global de la transición energética (minería de litio, cobre y otros metales "estratégicos"; así como megaproyectos portuarios) para descarbonizar la matriz energética, continúan reproduciendo las dinámicas históricas de extracción intensiva de recursos. Las experiencias y aprendizajes compartidos en territorios como San Antonio en Chile, Salinas Grandes y Vaca Muerta en Argentina, y los salares de Bolivia señalan el camino de la justicia ambiental. En este nuevo horizonte, y en un contexto de expansión extractivista, las comunidades locales pasan de ser zonas de impacto a convertirse en aliadas estratégicas para las resistencias del Cono Sur. 2. Defender el territorio es un proyecto de vida integral e identitarioSer defensor o defensora ambiental no es un trabajo o actividad pasajera, sino un auténtico proyecto de vida. Bajo esta mirada, la defensa territorial trasciende el resguardo de un espacio físico o económico. Involucra la identidad cultural, la memoria colectiva, la espiritualidad y la relación intrínseca "cuerpo-territorio". Este marco explica por qué las afectaciones a los ecosistemas no pueden medirse solo en variables económicas: dañan directamente el tejido social mediante la fragmentación comunitaria, la migración forzada de las juventudes y la pérdida dolorosa de prácticas ancestrales. 3. La protección debe ser integral, colectiva y anticipatoriaLa protección de quienes defienden el territorio no puede depender de reacciones individuales o medidas improvisadas cuando el riesgo es inminente. Protegernos significa identificar amenazas y fortalezas, y aumentar nuestra capacidad de responder a los riesgos. Construir redes de apoyo, velar por protocolos de protección y priorizar el cuidado colectivo son la base para establecer procesos sólidos de defensa territorial y ambiental. 4. Comunicar es disputar narrativas sin revictimizarLa comunicación es una herramienta fundamental de protección política e incidencia estratégica para contrarrestar las asimetrías de poder. Las comunidades deben posicionarse como fuentes primarias de conocimiento territorial y autoras de sus propios relatos. Comunicar bien es visibilizar sus saberes, sus propuestas y su capacidad de resistencia organizada, sin reducirlas al sufrimiento ni revictimizarlas. 5. Reconocer el derecho a defender el ambiente y usar herramientas internacionales como forma de protecciónReconocer que la defensa del ambiente es un proyecto de vida integral implica reconocer y legitimar el derecho a defenderlo. Los defensores territoriales y ambientales cuidan bienes comunes que benefician a toda la sociedad. Y es necesario reconocer explícitamente la legitimidad y la dignidad de este trabajo a través de la remoción de los estigmas y criminalizaciones, y mediante la garantía de espacios seguros para el ejercicio de este derecho. En este contexto, las herramientas del derecho internacional forman parte del abanico de medios de protección, incluyendo:El litigio estratégico. El éxito y el valor transformador del litigio estratégico ambiental superan con creces la obtención de una sentencia judicial favorable. Su verdadero potencial radica en la visibilización de los conflictos silenciados, la producción de evidencia técnica independiente y la apertura de espacios políticos, todo esto cuando está bien articulado con los procesos organizativos comunitarios. Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un marco regional fundamental gracias a los tres derechos procedimentales —acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales— que garantiza y que son sus pilares. Es clave para la protección activa de las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Es necesario convertir este marco en un instrumento de defensa en manos de las comunidades, especialmente mediante demandas fundamentadas y la activación de los mecanismos previstos en el acuerdo. El encuentro reciente de personas defensoras del ambiente del Cono Sur confirma algo que AIDA observa en todo el continente: la defensa del ambiente y de los derechos humanos se construye en red. Seguiremos acompañando a las comunidades y personas defensoras ambientales de América Latina para que la transición energética no se haga a costa de sus territorios y sus vidas.
Leer más
Derecho ambiental en América Latina: Avances y retrocesos
El derecho ambiental en América Latina vive actualmente una paradoja.En el continente se han dado avances históricos recientes en el desarrollo de estándares legales vinculantes para proteger el ambiente y a quienes lo defienden. Pero estos conviven con el debilitamiento de marcos jurídicos o institucionales de protección ambiental y de los derechos de comunidades en diferentes países. A la vanguardia de la protección del ambiente, el clima y las personasEn un contexto de crisis climática, ambiental y social, América Latina ha sido cuna de importantes herramientas jurídicas para proteger territorios, ecosistemas, comunidades y el clima global.Estos avances han incluido recientemente el Acuerdo de Escazú y la Opinión Consultiva 32 (OC-32/25) sobre emergencia climática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refuerzan y reafirman estándares vinculantes para la acción climática, ambiental y de defensa de los derechos humanos.El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril de 2021, es el primer tratado regional ambiental —y el primero en el mundo— con disposiciones específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.Es un hito internacional en temas de participación, información y protección de personas defensoras ambientales, además de un ejemplo para otros continentes.En cuanto al dictamen de la Corte Interamericana, hecho público el 3 de julio de 2025, en este se reconoce el derecho al clima sano como derecho autónomo, exigible por sí mismo, con obligaciones claras para los Estados frente a la emergencia climática. El tribunal reafirma incluso la obligación estatal de mantener la temperatura promedio del planeta en 1,5 °C, reconociendo que ese límite ya está generando impactos en los derechos humanos.La corte también fija reglas de debida diligencia reforzada que se traducen, entre otros elementos, en el deber de los Estados de realizar estudios de impacto ambiental, de establecer líneas claras para las actividades que puedan dañar la salud o los ecosistemas, además de regular de manera reforzada y estricta las actividades públicas y privadas que afecten el clima.Asimismo, en el dictamen se reconoce el derecho a la ciencia y la importancia de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades tradicionales como componente fundamental de la acción climática desde una perspectiva de derechos humanos, aplicable a todos los países. Retrocesos para la protección del ambiente y los derechos humanosEjemplos recientes en diferentes países del continente muestran retrocesos peligrosos en los marcos de protección ambiental y de los derechos de las comunidades, así como en las instituciones encargadas de dicha tarea.Estas regresiones ponen en riesgo los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales y evidencian presiones extractivistas que amenazan con profundizar la degradación ambiental. Son dinámicas que se expresan en la fusión entre Ministerios de Ambiente y entidades con mandatos productivos o extractivos, así como en la flexibilización de procesos de evaluación ambiental que limitan las herramientas de las que disponen comunidades y personas defensoras para proteger ecosistemas y modos de vida. A continuación, algunos ejemplos: Chile (2025-2026). Dos acciones amenazan la integridad de la gobernanza ambiental del país: La reforma del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la tramitación de la Ley Marco de autorización de permisos sectoriales. Ambas buscan acelerar los permisos ambientales con base en declaraciones juradas, sin fiscalización previa ni ingreso de estudios o declaraciones de impacto ambiental. Incorporan además el "silencio administrativo", lo que significa que, si la autoridad administrativa no se pronuncia sobre la admisibilidad de un proyecto, la solicitud es aceptada oficialmente para trámite. Además, el gobierno impulsa una megareforma para reactivar la inversión en Chile. Entre otras cosas, la denominada “Ley Miscelánea” flexibiliza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y permite compensar a las empresas si un permiso ambiental es anulado por tribunales ambientales.Argentina (2022-2026). La expansión minera se consolidó en la provincia de Jujuy tras una reforma constitucional sin consulta indígena ni mecanismos de participación ciudadana, particularmente a partir de la extracción de litio en áreas históricamente habitadas por comunidades indígenas y campesinas.A nivel nacional, en 2023 se eliminó el Ministerio del Medio Ambiente, trasladando sus competencias al Ministerio del Interior. Y en 2024 se creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que otorga beneficios fiscales y aduaneros por hasta 30 años a megaproyectos sin exigir estudios de impacto ambiental, lo que genera una asimetría entre derechos de inversión y derechos ambientales. Sumado a lo anterior, se modificó la “ley de glaciares” generando un nuevo retroceso en materia ambiental. Bolivia (2026). Se aprobó el Reglamento Simplificado de Adecuación Minera, el cual modifica los requisitos ambientales, eximiendo a proponentes de la consulta previa y de los estudios de impacto ambiental. Esto habilita y expande la extracción de oro en áreas naturales protegidas y territorios indígenas, vulnera los derechos de los pueblos originarios y desacata las resoluciones del Tribunal Agroambiental.Y, en agosto de 2026, el presidente Rodrigo Paz eliminó el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. Con esa reforma, el Viceministerio de Medio Ambiente pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, entidad a cargo de un agroempresario. Ecuador (2025). Bajo la consigna de "eficiencia administrativa", se fusionó el Ministerio del Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas. Así nació el Ministerio de Ambiente y Energía. Personas expertas indican que esta decisión puede quitar independencia a la autoridad ambiental y, en consecuencia, debilitar los principios de debida diligencia, facilitar la aprobación de proyectos extractivos y reducir las facultades de control ambiental.Brasil (2025). La nueva Ley General de Licenciamiento Ambiental (Ley 15.190/2025) tiene como objetivo agilizar el otorgamiento de permisos ambientales. La norma generaliza la Licencia por Adhesión y Compromiso —régimen de autodeclaración, sin evaluación previa de impacto— para actividades de tamaño pequeño o mediano y potencial contaminante bajo o mediano. En materia de participación indígena, la ley restringe la manifestación obligatoria de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas a las tierras homologadas, dejando fuera de este control a por lo menos 297 territorios que están en proceso de regularización. Y en los casos donde la manifestación es exigible, esta carece de efecto vinculante, debilitando la función de garantía de la autoridad que emite las licencias. Posteriormente, la norma fue modificada por la Ley n.º 15.300/2025 para crear la Licencia Ambiental Especial, destinada a proyectos calificados como "estratégicos" por el Consejo de Gobierno, con un plazo máximo de conclusión de un año. Ambas normas están siendo cuestionadas ante el Supremo Tribunal Federal mediante cuatro acciones jurídicas. El tribunal tiene previsto, el 12 de agosto de 2026, analizar estas acciones para emitir un fallo sobre la validez de las dos normas. Los marcos jurídicos y las instituciones que integran la gobernanza ambiental no pueden entenderse como tecnicismos o burocracias, sino como herramientas para proteger el derecho a un ambiente sano. Este derecho es fundamental para garantizar el disfrute de otros derechos también fundamentales como la vida, la alimentación, el agua, entre otros. El debilitamiento de instituciones o procedimientos ambientales no solo “acorta plazos”. Vulnera y restringe derechos, reduce controles y amplía el margen para decisiones que pueden afectar territorios y ecosistemas sin información suficiente, sin participación real y sin acceso efectivo a la justicia.Los procedimientos que garantizan el derecho humano a un ambiente sano no son obstáculos. Son elementos fundamentales para garantizar la vida. Reconocer los desafíos sin perder la esperanzaEl derecho internacional se fundamenta en la dignidad humana y en la integridad inherente de la naturaleza. No se trata de declaraciones o decisiones tomadas por algún órgano, sino del reconocimiento de un orden que existe antes de todo, que antecede y pertenece a todas las personas sin distinción. Es además un mecanismo para evitar conflictos.Lo que hoy está en juego tiene un peso que supera ampliamente los intentos de desregulación coyuntural de los gobiernos de turno. Los derechos conquistados que hoy se debilitan son el resultado de años de procesos de articulación colectiva mediante los cuales se han construido pisos jurídicos, sociales y culturales que permiten proteger también a las futuras generaciones.En este contexto, el litigio estratégico y la movilización social son herramientas claves para promover la democracia ambiental, evitar retrocesos y consolidar precedentes que aseguren la vigencia efectiva de los derechos ya reconocidos. Del mismo modo, el papel de los pueblos originarios, las comunidades tradicionales y la cultura ancestral es central no solo en términos de reconocimiento de derechos, sino también para precautelar territorios, saberes ancestrales y formas de vida basadas en una relación respetuosa con la naturaleza.Nada de esto puede sostenerse sin el respaldo activo de la sociedad en su conjunto. Defender lo ya ganado requiere conciencia colectiva, organización y compromiso para que los avances alcanzados en la región no se diluyen, sino que se fortalecen. Esto depende de que sigamos exigiendo transparencia, participación, justicia y respeto por estándares que respondan a un orden natural intrínseco de las personas y del entorno.
Leer más