Fuentes de Agua Dulce

Suspendida audiencia pública del proyecto minero Angostura: AIDA publica su intervención en la que insta al Gobierno colombiano a proteger los páramos

Bogotá, Colombia. La audiencia pública programada para el viernes 4 de marzo en la ciudad de Bucaramanga (Departamento de Santander, Colombia) por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de gran minería de oro a cielo abierto "Angostura" fue suspendida debido a situaciones que impidieron el normal desarrollo de la misma. Por esta razón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA hará llegar al gobierno colombiano su escrito de intervención sobre las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de proteger los páramos, que no pudo presentar en la suspendida audiencia. En los próximos días, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial colombiano deberá pronunciarse sobre la cancelación total de la audiencia o sobre la posibilidad de reanudarla. Estaremos atentos a dicha notificación y nos aseguraremos de que los argumentos aportados por AIDA sean conocidos abiertamente y considerados dentro del proceso de solicitud de la Licencia Ambiental al proyecto Angostura.

El Estado colombiano debe rechazar proyecto de gran minería de oro "Angostura" en zona de páramo

Desconocería obligaciones constitucionales internacionales. Bucaramanga, Colombia. Hoy, La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) instará al gobierno colombiano a detener un proyecto de gran minería de oro y otros metales que sería un precedente perjudicial para los ecosistemas frágiles en América Latina. El proyecto de minería a cielo abierto Angostura, planeado en el páramo de Santurbán, se encuentra en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial colombiano. Hoy se celebra una audiencia pública en la que el Ministerio recibirá argumentos de diferentes sectores. AIDA argumentará que las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de proteger el ambiente, especialmente áreas de gran importancia ecológica como los páramos, impiden la autorización. "Los páramos son ecosistemas altamente frágiles y la minería a cielo abierto causaría daños graves e irreversibles," dijo Natalia Jiménez, abogada de AIDA. "De acuerdo con la Constitución Política y los Principios de Río, la Convención de Biodiversidad y la de Cambio Climático, todos ratificados por Colombia, el Estado está obligado a conservar los páramos y procurar su intangibilidad." De ser aprobado el proyecto Angostura afectaría de forma definitiva por lo menos 575 ha del páramo de Santurbán (más del 50%), pudiendo afectar un área mayor. En Colombia, como en el resto de la región Andina en los páramos se origina la mayor parte del agua dulce que consumen los habitantes. Tienen una alta capacidad de purificar el ambiente, de estabilizar los suelos y el clima, de prevenir los deslaves y los derrumbes y de contener un alto nivel de animales y plantas. En efecto, son el hábitat de especies únicas en el mundo como el oso de anteojos y el cóndor de los Andes. La Procuraduría General de Colombia, miembros del Parlamento Andino y ex ministros de ambiente, así como organizaciones y expertos ambientales se oponen a la licencia. El proyecto carece de un adecuado Estudio de Impacto Ambiental integral, pues los impactos de la mina y los de la infraestructura complementaria, se analizan en dos procesos de forma fragmentada. Por ello, AIDA también solicita que el Ministerio los unifique y analice el impacto global del proyecto. Así lo ordenan los estándares internacionales y la Corte Suprema de Canadá, país de origen de la empresa Greystar Resources Ltds. que promueve el proyecto.

Victoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente

Comunidades indígenas y ribereñas piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suspender Belo Monte, gran represa en Brasil

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Noviembre 11, 2010   Contactos:           Astrid Puentes Riaño, AIDA - +1 510 984 4610, (5255) 52120141 [email protected] Andressa Caldas, Justiça Global: +55 21 2544 2320 / 21 8187 0794, [email protected] Renata Pinheiro, Movimiento Xingu Vivo para Sempre: + 55 93 9172 9776, [email protected] Christian Poirier, Amazon Watch: +1 510-666-7565, [email protected]     Ahora que el Gobierno se prepara para otorgar la Licencia Previa de Instalación, las comunidades urgen a la CIDH que evite las violaciones a derechos humanos   Washington, D.C., Brasil- El día de hoy, organizaciones de derechos humanos y ambientales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de las comunidades afectadas y con carácter urgente, medidas cautelares para la suspensión de la hidroeléctrica Belo Monte en el Río Xingú, Pará, Brasil.  Argumentan graves e irreversibles amenazas a los derechos de por lo menos cuatro comunidades indígenas y ribereñas por la construcción inminente de la que sería la tercera represa más grande del mundo.    La petición fue presentada por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), Justiça Global, Prelazia do Xingu, la Sociedad Paranense de Derechos Humanos (SDDH) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con la participación de más de veinte organizaciones y movimientos sociales que la apoyan.  “A pesar de la gravedad e irreversibilidad de los impactos de la obra para las comunidades locales, no fueron realizadas medidas adecuadas para garantizar la protección de los derechos y del ambiente” concluye la petición.   "El gobierno afirma que los Juruna no serán afectados, pero no lo creemos. No fuimos consultados y no queremos que hablen por nosotros. Estamos en contra de esta represa y estamos empeñados en la lucha con nuestros cuerpos y almas para defender nuestra vidas y la vida de nuestro río", afirmó Sheyla Juruna indígena de los Juruna do km 17.   La denuncia destaca los inminentes impactos para las comunidades Arroz Cru, Arara da Volta Grande, Juruna do Km 17 y Ramal das Penas, entre otras. También resalta problemas graves como el posible desplazamiento forzado, sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, amenazas a la seguridad alimentaria, al acceso al agua potable, a la vida, la supervivencia y al ambiente.   Uno de los principales problemas es que el gobierno no tiene certeza de los impactos a las comunidades del Río Xingú. La petición se fundamenta en informes de órganos federales como el Instituto Brasileño para el Medio Ambiente (IBAMA) y el Ministerio Público, así como en opiniones técnicas de especialistas. Estos concluyen que Belo Monte ocasionaría el aumento de enfermedades y de la pobreza en la zona, además de causar la llegada masiva y desordenada de migrantes que sobrecargarían los precarios servicios públicos de la región, entre otros.   “Nos preocupa la manera en que el gobierno de Brasil está ignorando los estándares nacionales e internacionales para acelerar este proyecto, aún a costa de los derechos humanos y del ambiente”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Seguir adelante sin tomar las precauciones requeridas por la normatividad internacional resultaría en la afectación de miles de personas y la destrucción irreversible de una zona muy importante para el Amazonas y el mundo”.   Por tratarse de un pedido urgente de medidas cautelares por un riesgo de violaciones inminentes a los derechos humanos, la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigiría inmediatamente esclarecer los hechos al Estado brasileño. En caso de que la solicitud sea concedida, el Gobierno Federal deberá cumplir con lo ordenado por la CIDH en su resolución.   En otros casos de grandes proyectos de infraestructura en el hemisferio, la CIDH concedió medidas cautelares requiriendo la suspensión, entre otros, de la construcción de la gran represa Chan-75 en Panamá en 2009, y también la suspensión de un proyecto minero en Guatemala en mayo pasado, debido a las amenazas para los derechos humanos.   ### Para más información acerca de la Represa Belo Monte, visite: http://xingu-vivo.blogspot.com http://www.aida-americas.org http://www.internationalrivers.org http://amazonwatch.org /    

Victoria: Reserva de la Biósfera, a Salvo de una Mina Tóxica

Organizaciones Nacionales e Internacionales Demandan el Codigo de Minas de Colombia para Proteger Ecosistemas Frágiles como los Páramos

 ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEMANDAN EL CODIGO DE MINAS DE COLOMBIA PARA PROTEGER ECOSISTEMAS FRÁGILES COMO LOS PÁRAMOS   PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA CONTACTOS: Jerónimo Rodríguez, AIDA, Tel. (571) 3683889 Daniel Manrique, GESAP, Tel. (571) 5702393 [email protected] [email protected]   BOGOTÁ, 11 de septiembre de 2008.- La Corte Constitucional colombiana admitió el 8 de septiembre pasado la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Corporación Gestión por los Intereses Ambientales y Públicos (Iniciativa GESAP) contra el Código de Minas, que permite la exploración y explotación minera en ecosistemas de especial interés ecológico, como los páramos andinos, contraviniendo la legislación nacional e internacional, en particular la Constitución de Colombia.   Los páramos andinos son ecosistemas únicos, indispensables como captadores de agua, reguladores hídricos y origen de numerosos ríos y lagunas de Colombia, la mayoría aprovechados como fuentes de agua potable, además cuentan con un suelo que capta el carbono atmosférico. La norma demandada (artículo 34 del Código de Minas) abre estas y otras áreas naturales vitales a la minería a menos que se encuentren previamente delimitadas y declaradas por parte de las autoridades ambientales.   “La minería, cuando se realiza en ecosistemas frágiles, los destruye y viola nuestro derecho constitucional a un medio ambiente sano. Por esto solicitamos a la Corte que aplique nuestra Constitución y el principio internacional de desarrollo sostenible para limitar las actividades mineras y proteja estos ecosistemas especialmente frágiles”, señaló Jerónimo Rodríguez, asesor legal de AIDA en Colombia.   La afectación del páramo por la actividad minera ya ha sido motivo de alerta por parte de las autoridades colombianas como la Procuraduría General de la Nación, que en su informe preventivo Situación de los páramos en Colombia frente a la actividad antrópica y el cambio climático (2008) —haciendo eco del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)— afirmó que “las amenazas de las actividades de alto impacto negativo sobre el páramo, como la actividad minera, no implican solamente la pérdida de la biodiversidad, sino un problema de seguridad nacional relacionado con la pérdida de buena parte de los bienes y servicios ambientales del país, entre los cuales está principalmente la oferta hídrica”.   “Con la declaración de inconstitucionalidad de la norma demanda, en el futuro si los proyectos de exploración y explotación minera que se pretenden desarrollar se encuentran situados en estas áreas, aun cuando no hayan sido delimitadas y declaradas, será una razón suficiente para que las autoridades ambientales nieguen las licencias para estas actividades”, concluyó Rodríguez.   AIDA es una ONG legal ambiental hemisférica que trabaja para fortalecer la capacidad de las personas para garantizar su derecho individual y colectivo a un ambiente sano por medio del desarrollo, aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación nacional e internacional. Entre otros temas, AIDA prioriza trabajos para proteger el derecho al agua y asegurar recursos de agua dulce adecuados para las comunidades y los ecosistemas en las Américas.

Alarma a sociedad civil nuevo intento de simulación de consulta para hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit

En el marco del Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida, comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil urgen a las autoridades a garantizar los derechos de los pueblos indígenas, y a cumplir con la legislación vigente en toda determinación relacionada con el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. CDMX. En México, como en otras partes del mundo, la construcción y operación de grandes represas ha impactado irreversiblemente el patrimonio natural y cultural de las zonas donde se erigen.  De manera reiterativa, las comunidades indígenas y campesinas sufren afectaciones a su cultura, su modo de vida, su religión y su territorio[i].  El derecho a la consulta previa es uno de sus  derechos violentados con mayor frecuencia. Tal es el caso del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, promovido por la Comisión Federal de Electricidad en Nayarit, la cual pretende construir un sistema de represas en la cuenca del río San Pedro Mezquital, última corriente fluvial del océano Pacífico con recorrido libre hasta el mar desde la Sierra Madre Occidental. Además de la afectación al río San Pedro, este proyecto también impactaría gravemente al bosque de manglar Marismas Nacionales, reserva de la biosfera y humedal de importancia internacional reconocido por la Convención Ramsar. De imponerse este proyecto hidroeléctrico, es importante destacar que Las Cruces estaría sin operar el 66 por ciento de su vida útil. Esto significa que sólo operaría regularmente cuatro de los 12 meses al año[ii], cubriría apenas el 0.9 por ciento de la demanda energética del Centro Occidente de México, y únicamente el 0.28 por ciento de la demanda total del país[iii]. Cabe recordar que la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del 14 de septiembre de 2014, pone en entredicho la legitimidad del proceso de consulta que la CFE dijo haber realizado, y se condiciona la construcción de la presa a que se haga una consulta previa y adecuada para garantizar los derechos de las comunidades indígenas afectadas[iv]. Existe alarma entre las comunidades porque al parecer, mediante la organización Kinto Sol, se busca sacar adelante el proyecto hidroeléctrico Las Cruces a través de la elaboración y aprobación de un supuesto Plan de Desarrollo Regional 2015-2025. Se cuenta con indicios suficientes para considerar que este plan pudiera manipularse como ejercicio de consulta previa a las comunidades indígenas de la zona del San Pedro Mezquital[v]. El derecho internacional ha reconocido reiteradamente el deber de los Estados de consultar[vi] y, en algunos casos, de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de tomar acciones que afecten sus derechos[vii], incluyendo la aprobación e implementación de proyectos de desarrollo en sus territorios ancestrales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que, para que un proceso de consulta se considere adecuado, la consulta debe ser[viii]: a) previa; b) de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo; c) adecuada y accesible; d) debe llevarse a cabo un estudio previo de impacto ambiental y social independiente y objetivo, y e) debe ser informada[ix].  “Si alguno de los criterios señalados por la CIDH se incumple, se estaría en presencia de un proceso de difusión de información, pero no de una consulta previa que garantice los derechos de las poblaciones afectadas”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. A través de acciones como las que al parecer se realizan desde Kinto Sol, se busca simular acuerdos para hacerlos pasar como una supuesta consulta indígena. Sin embargo, aun cuando este proceso se hubiese dado, estaría viciado de origen, ya que la consulta no se dio desde la primera vez, cuando se menciona el sitio donde se situaría la hidroeléctrica, su capacidad de producción e infraestructura y los territorios afectados; esto es, se debió involucrar a la comunidades indígenas antes del diseño del proyecto en cuestión. Por lo tanto, la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas afectados debió realizarse desde el 2008, cuando la CFE obtuvo autorización por parte de la SEMARNAT para realizar los estudios de exploración y factibilidad de la hidroeléctrica Las Cruces[x], de tal forma que pudiesen involucrar a los pueblos indígenas en el diseño del proyecto desde una fase temprana para que dichos pueblos decidieran cómo visualizar el proyecto en su propio concepto de desarrollo. Esto, antes siquiera de autorización o exploración[xi] alguna. Nuestro territorio es parte fundamental de nuestra cultura. Por la falta de respeto a nuestra cultura con la simulación de una consulta, y la amenaza de despojo que entraña, solicitamos la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces”, dijo Julián López Cánare del Consejo Náyeri. [i] Según la Comisión Mundial de Represas, entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por grandes represas, lo que equivale aproximadamente a una de cada cien personas vivas hoy en día. [ii] Cap. II Pág. 77 de la Manifestación de Impacto Ambiental  http://www.aida-americas.org/sites/default/files/MIA%20Las%20Cruces%20Resumen%20Ejecutivo.pdf [iii] Cap. II Págs.18 y 19 de la Manifestación de Impacto Ambiental [iv] SEMARNAT, Autorización de Impacto Ambiental del proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, disponible en http://www.aida-americas.org/sites/default/files/MIA%20Las%20Cruces%20Resumen%20Ejecutivo.pdf [v] https://drive.google.com/a/aida-americas.org/file/d/0B37flPaDBcIoNHZQU3N6VFVYUzg/view?usp=sharing [vi] Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos  indígenas, A/RES/61/295, art. 18; Convenio No 169 de la OIT, Artículo 6.1a., 6.2, 15.2. [vii] Ibid, art. 32.2. [viii] Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245, párr. 178, y Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 133. [ix] Ídem. [x] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, oficio 138.01.00.01/4323/08 del 11 de noviembre de 2008, disponible en http://www.aida-americas.org/sites/default/files/Autorizacion%20de%20Impacto%20Ambiental%20Hidroelectrica%20Las%20Cruces.pdf [xi] Ídem.