Fuentes de Agua Dulce

Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático, Derechos Humanos

Expertos internacionales visitan la Ciénaga Grande tras petición de la sociedad civil

Ante la crítica situación ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Convención de Ramsar enviará una misión técnica de asesoramiento, con el beneplácito del gobierno colombiano. Bogotá, Colombia. Expertos de la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de los humedales, realizarán una visita del 22 al 26 de agosto a Colombia para evaluar la situación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Este encuentro se confirma tras la petición que, en 2014, hicieran la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida con acompañamiento de la científica Sandra Vilardy, de la Universidad del Magdalena, a la Secretaría de la Convención.  Los expertos sostendrán reuniones con representantes del Gobierno colombiano y de la sociedad civil el 23 de agosto, incluyendo a AIDA, apertura que celebramos. "Nos complace que Colombia esté cumpliendo sus compromisos como parte de la Convención de Ramsar", dijo Gladys Martínez, abogada del Programa Marino de AIDA. "Creemos que el gobierno y la sociedad civil de Colombia pueden aprender de las experiencias de misiones Ramsar en México y Costa Rica, dónde AIDA ha participado", agregó.  En los últimos días se registró la muerte de cientos de miles de peces, debido a la severa crisis ambiental por la que atraviesa el ecosistema, uno de los más importantes del país. La Ciénaga Grande, pese a haber sido declarada como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, ha sufrido incendios forestales, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, pérdida de mangle y diques construidos ilegalmente.  Asimismo, enfrenta serios desafíos por proyectos para construir carreteras. La visita de expertos de distintas nacionalidades y altamente calificados para la evaluación de estos ecosistemas es una oportunidad para salvar la Ciénaga, de existir disposición para acatar las recomendaciones que emitan. "Los delegados encontrarán una verdadera crisis ambiental y humanitaria", dijo Juan Pablo Sarmiento Erazo, investigador de la Universidad del Norte. "Las poblaciones locales cuya actividad económica es la pesca, están padeciendo privaciones en su alimentación, modo de vida, derecho al trabajo y acceso al agua", agregó.  Sandra Vilardy, considera que "el actual colapso de la Ciénaga significa el fracaso del modelo de gestión" y habló de la "necesidad de que la misión de asesoramiento recomiende de manera urgente al gobierno colombiano un cambio en el mismo."  

Read more
Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático

Seis Humedales Colombianos de Importancia Mundial

Colombia es un país bendecido con ecosistemas, biodiversidad y fuentes de agua. Tiene tres cordilleras, fértiles suelos andisoles (de origen volcánico y sustento de entornos vitales), la mitad de los páramos del mundo, clima ecuatorial (con temperaturas altas constantes), selvas amazónicas y las aguas del Caribe y el Pacífico. Es el primer país del mundo en diversidad de aves y orquídeas, el segundo en plantas y anfibios, el tercero en reptiles y palmas, y el cuarto en mamíferos. A ello se suma un largo y diverso etcétera.  Parte del valor ambiental de Colombia son los seis humedales de su territorio incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental que protege esos ecosistemas. Al estar en la lista, estos humedales no solo son valiosos para Colombia, sino para la humanidad en su conjunto. ¿Dónde están?, ¿por qué son importantes? y ¿qué peligros enfrentan?  1. Ciénaga Grande de Santa Marta, Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena. Ubicado en el departamento del Magdalena, es el complejo lagunar más grande de Colombia. Allí confluyen el agua del río Magdalena y el agua salada del mar Caribe. Es refugio de aves migratorias y locales. Está en peligro por la construcción de 27 kilómetros de diques y otras obras de infraestructura, la quema y tala de vegetación, y las sequías. AIDA ha trabajado junto con dos universidades colombianas para abogar por la protección de la Ciénaga ante el Secretariado de Ramsar.  2. Sistema Lacustre de Chingaza. Es un conjunto de lagunas y páramos donde viven especies animales y vegetales en peligro como el oso de anteojos y el frailejón (planta con hojas jugosas y velludas). También es refugio de aves migratorias. Según el Instituto Humboldt “el páramo de Chingaza, con 40.000 hectáreas, aporta el 80% de agua a Bogotá". Si Chingaza es deteriorado al punto de desaparecer, Bogotá tendría que gastar enormes cantidades de dinero para obtener el agua que este páramo le provee En AIDA abogamos por la protección de los páramos, ecosistemas que ocupan apenas el 1,7% del territorio continental de Colombia, pero que son fuente de más del 70% del agua potable del país.  3. Complejo de Humedales de la Laguna del Otún. Ubicado dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, en la Cordillera Central de los Andes colombianos, el complejo incluye lagunas, turberas (humedales que acumulan materia orgánica) y pantanos interconectados con glaciares y vegetación de páramos. El sitio es hogar de 52 especies de aves, muchas de ellas en peligro. Entre las amenazas que el sitio enfrenta están la ganadería, la basura, incendios, especies invasoras y actividades de turismo ilegales. 4.  Delta del río Baudó. Este río nace en la serranía del Baudó, recorre 180 kilómetros por el departamento del Chocó y desemboca en el océano Pacífico. A pesar de ser un río corto, las abundantes lluvias de la región hacen que el Baudó llegue al Pacífico con un gran caudal. La tala indiscriminada de mangle y la sobreexplotación pesquera son sus principales amenazas. 5.  Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial del Inírida. Está ubicado en una zona de transición entre las regiones de la Orinoquía y la Amazonía, cerca del sitio sagrado indígena del Cerro de Mavicure. Según el Ministerio de Ambiente, el sitio alberga 903 especies de plantas, 200 mamíferos y 40 de anfibios. Entre la fauna del lugar, la nutria, el jaguar y el delfín rosado, están en peligro crítico. Este ecosistema está amenazado por la minería ilegal de coltán y oro, los vertimientos de mercurio y, en su zona de amortiguación, por los cultivos considerados de uso ilícito, la ganadería, el desecamiento y la potrerización (reemplazo de bosques por potreros).   6. Laguna de la Cocha. En quechua, Cocha significa laguna. Ubicada en el departamento de Nariño, a 2,800 metros sobre el nivel del mar, es la segunda laguna más grande de Colombia. En sus riberas habitan pescadores, agricultores y descendientes de los indígenas quillacingas. La Cocha contiene la pequeña isla de La Corota. Allí llegan visitantes domésticos y extranjeros para avistar especies animales y vegetales. Esta laguna está en peligro por la ganadería, la agricultura intensiva, la deforestación y la erosión.  Características valiosas Para considerarlos sitios que merecen atención mundial, la Convención Ramsar tomó en cuenta las funciones ecológicas fundamentales de los humedales colombianos para regular los regímenes del ciclo del agua y ser hábitat de animales y plantas características, especialmente de aves acuáticas. Vio además que son fuente de agua dulce, contribuyen a la recarga de acuíferos, entre muchos otros servicios. Incluso mitigan el cambio climático. La Convención reconoció que los humedales “constituyen un gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable”. Pese a su valor, los humedales enfrentan una serie de amenazas a su existencia: su sobreexplotación, la pérdida de agua, quemas, talas, contaminación tóxica, minería a gran escala, cultivos y ganadería a gran escala, carreteras que interrumpen el ciclo natural del agua,  el cambio climático, entre otras. Películas emblemáticas de Colombia han sido filmadas en estos humedales. Entre ellas están El abrazo de la serpiente (Estrella Fluvial del Inírida) y La Sirga (Laguna de la Cocha). Nuestro deber moral y social, y nuestra obligación ante el derecho internacional ambiental y la Convención Ramsar, es cuidar la delicada riqueza de estos humedales con los que afortunadamente contamos en esta esquina biodiversa de Sudamérica. 

Read more
Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático, Derechos Humanos

Colombia solicita visita de Ramsar a la Ciénaga Grande y avanza hacia su protección

La visita de expertos de la Convención Ramsar permitirá mejorar el manejo del humedal de importancia internacional, actualmente en deterioro por actividades ilegales. La participación de todos los actores involucrados en la defensa del sitio contribuirá al éxito de la misión. Bogotá, Colombia. El Gobierno colombiano solicitó oficialmente que una misión de expertos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, visite la Ciénaga Grande, la laguna costera más grande y productiva del país. Con ello, el gobierno da un gran paso hacia la protección del sitio pues la visita permitirá conocer objetivamente su grado de deterioro y generar recomendaciones para mejorar su manejo. “Nos complace que Colombia esté cumpliendo sus compromisos como parte de la Convención de Ramsar”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Estamos en toda la disposición de apoyar al gobierno y al Secretariado de Ramsar durante la visita como lo hemos hecho en otras misiones en México, Costa Rica y Panamá”. AIDA, el Grupo de Litigio de la Universidad del Norte y el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida solicitaron la misión de asesoramiento a Ramsar el 2014. Y, por más de un año, abogaron para se concrete junto con Sandra Villardy, científica experta en la Ciénaga. "Es importante que a esta visita puedan acudir distintos actores de la sociedad para conocer los aspectos sociales, económicos y político-jurídicos que han contribuido al deterioro de la Ciénaga. Las distintas voces evidenciarán los múltiples factores que amenazan la existencia del ecosistema, y los intereses privados que se ciernen sobre el mismo", aconsejó Juan Pablo Sarmiento, abogado y director del Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte. La Ciénaga Grande, pese a ser  Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, sufre actualmente una degradación ambiental grave a causa de incendios forestales provocados, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, tala y quema de mangle, y 27 kilómetros de diques construidos ilegalmente. “La visita será muy útil porque le dará al gobierno una mirada objetiva sobre el estado actual del humedal y le permitirá tomar medidas para mejorar su gestión”, señaló Villardy. La fecha específica de la misión Ramsar está en proceso de definición. Contactos de prensa Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +50683214263 Juan Pablo Sarmiento, Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte, [email protected] Sandra Villardy, científica experta en la Ciénaga Grande, [email protected]  

Read more
Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático, Derechos Humanos

La Ciénaga ya no es tan grande

La Ciénaga Grande de Santa Marta, uno de los ecosistemas más importantes no solo de la ciudad sino del litoral Caribe, tiene gravemente comprometido su futuro, debido a las transformaciones ambientales generadas por acción antrópica. La problemática no es nueva: entre 1956 y 1960 se construyó la carretera que va de Barranquilla a Ciénaga lo cual causó que se interrumpieran los flujos de agua entre la Ciénaga, el río Magdalena y el mar Caribe, con el consecuente incremento de la salinidad en los suelos de manglar y cuerpos de agua internos. Como resultado de ello se perdieron miles de hectáreas de bosques de manglar, se afectó la biodiversidad y disminuyeron los recursos pesqueros. Los reportes oficiales informan que entre 1956 y 1995 se perdieron unos 285.7 km2 de bosques de manglar, equivalentes al 55.8% de la cobertura original en 1956. Según Juan Pablo Sarmiento, profesor y abogado, miembro del Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte, en 2012 se presentaron las mayores variaciones o transformaciones en el paisaje, con el crecimiento significativo del área de pastos, así como del monocultivo de palma de aceite, en alrededor de dos mil 300 hectáreas. Por su parte, la Unidad de Parques Nacionales Naturales advierte sobre la sustancial reducción del espejo de agua, que para 2002 era de más de tres mil hectáreas, en 2009 llegó a cerca de dos mil hectáreas y en 2012 bajó a alrededor de 740 hectáreas. De otro lado, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – Invemar, señala que en 2014 se registraron incrementos importantes en los niveles de salinidad en suelos del manglar, tendencia que se ha mantenido desde 2012, debido a la baja precipitación registrada en los últimos años y al escaso mantenimiento de algunos sectores de los caños. “Esto lo podemos observar en la red de caños que bordean o ingresan al Parque Isla de Salamanca y al Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta. Por ejemplo, el caño Condazo está totalmente colmatado y eutrofizado (con acumulación de residuos orgánicos) por la falta de mantenimiento”, afirma el abogado Sarmiento. En 2014 hubo más de tres mortandades masivas de peces. El 19 de septiembre de 2014 y el 16 de junio de 2015 se presentaron dos fenómenos severos de este tipo; el último reseñado dejó más de cinco toneladas de peces y animales muertos. Importancia del sistema El ‘Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta’, fue declarado, en mayo de 1998, como zona incluida en la Convención de Ramsar, cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales, mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Además, la Ciénaga cuenta con otras declaratorias que reafirman su trascendencia e importancia ecológica: Santuario de Fauna y Flora, 1977; Zona de Reserva Exclusiva, 1978; Reserva de la Biosfera – UNESCO, 2000. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la Ciénaga es el humedal estuarino más importante del país, debido a su área, que contiene a la laguna costera más grande de Colombia. Su valor socioeconómico está representado por los recursos pesqueros y las actividades agropecuarias de las cuales dependen las poblaciones asentadas de la región. Este sistema de humedales está conformado por más de 20 lagunas, con diferentes niveles de sedimentación y salinidad, de las cuales la Ciénaga Grande de Santa Marta es la de mayor tamaño, con cuatro mil 280 kilómetros cuadrados. La Ciénaga abarca territorios de 12 municipios (Ciénaga, Pueblo Vejo, Sitionuevo, Remolino, Salamina, El Piñón, Pivijay, El Retén, Aracataca, Zona Bananera, Cerro de San Antonio y Concordia) y, al menos, nueve pueblos palafíticos, entre los que se destacan Nueva Venecia, Trojas de Cataca y Buena Vista. En la zona de influencia del ecosistema residen aproximadamente 400 mil habitantes, de los cuales cinco mil son pescadores. Causas e implicaciones de la problemática Es necesario resaltar que uno de los principales factores que degradan el ecosistema son los depósitos de residuos agroquímicos y el taponamiento de las fuentes de agua dulce, lo cual se suma a la actividad agrícola en los alrededores de la Ciénaga, que utilizan las demás fuentes de agua para el riego y el desecho de residuos químicos. Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA, destaca que no existe un ordenamiento apropiado de la zona, por lo cual ha habido construcción, deforestación y extracción descontroladas. Adicionalmente, no hay un mecanismo apropiado de monitoreo, que ayude a prevenir actividades que afecten el ecosistema. A lo anterior se agregan causas naturales, como los fenómenos de La Niña y El Niño, que han agravado la situación de la Ciénaga. Dentro de la propia Ciénaga existen comunidades palafíticas asentadas. Las condiciones favorables, tales como la presencia de agua dulce y la pesca abundante de especies marinas y fluviales, dieron origen a una ocupación lenta, pero muy antigua de una población permanente, que construyó sus viviendas sobre estacas clavadas en el fondo. Estas poblaciones carecen de servicios de agua y de alcantarillado. Por tanto, las comunidades no cuentan con un servicio apropiado de eliminación y tratamiento de residuos sólidos, líquidos y excretas: la mayoría de desechos son arrojados directamente a las ciénagas, lo que aumenta la contaminación. Sólo Buenavista dispone de recolección de basura. Actualmente en los corregimientos de Nueva Venecia y Buenavista se está tramitando un proyecto para la construcción de un sistema de alcantarillado y de acueducto, proyecto que apenas se encuentra en aprobación. Sin embargo, las poblaciones palafíticas no contradicen la declaratoria de la Ciénaga como zona Ramsar y Reserva de la Biosfera. Por el contrario, el Plan de Manejo Ramsar reconoce y procura contribuir al mantenimiento de los atributos culturales y tradicionales de las poblaciones costeras y pueblos palafíticos. Incluso se le ha solicitado a la UNESCO que declare como Patrimonio de la Humanidad el ‘Paisaje Cultural de la Vivienda Vernácula Palafítica de la Ciénaga’. Igualmente, el INVEMAR afirma que, dado su carácter tradicional, las comunidades que practican la pesca artesanal son las que mejor conocen y entienden la dinámica natural de la Ciénaga, especialmente la de los pueblos palafíticos. Solución La señora Gladys Martínez recomienda un proceso colectivo de todos los sectores – gobierno, ONG, academia sector privado. Destaca que hay un Comité Interinstitucional que está trabajando y que cuenta con la científica experta en el tema, Sandra Vilardy. Sin embargo, se requiere ampliar el marco de acción y contar con ayuda de instancias internacionales como una misión de asesoramiento de la Convención de Ramsar. Los entes responsables de evitar que la Ciénaga se asfixie del todo son la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), institución que depende del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el Sistema Nacional Ambiental, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. En todo caso, la abogada de AIDA les recomienda a las autoridades “realizar una gestión interinstitucional coordinada y activa y revalorar el conocimiento local a la hora de crear las estrategias e implementarlas”.

Read more
Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Belo Monte y cómo no producir energía en el siglo XXI

El 12 de diciembre de 2015, la represa Belo Monte, en Brasil, comenzó a ser llenada. El proyecto más importante del programa energético de la presidenta Dilma Rousseff es también un monumento a cómo no debe producirse energía en el siglo XXI. Además de su alto costo, la represa está asociada con corrupción y grandes impactos socioambientales. Belo Monte sería la tercera represa más grande del mundo. Se construye al noreste de Brasil, en el río Xingú, afluente clave del Amazonas. Produciría en promedio solo la tercera parte de su capacidad máxima. Inundará 516 km2 (el tamaño de la ciudad de Chicago) de bosque amazónico, áreas cultivables y zonas urbanas de Altamira, Pará. “…el gobierno y la sociedad brasileños no toleran y no tolerarán la corrupción. La democracia brasileña se fortalece cuando la autoridad asume el límite de la ley como su propio límite. Muchos de nosotros luchamos para eso justamente cuando las leyes y los derechos fueron vilipendiados durante la dictadura…”, dijo Rousseff ante la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre pasado. Habló de incluir las “cuestiones de las comunidades indígenas” en los compromisos climáticos del país. También en septiembre, la casa de doña Antonia Melo en Altamira fue demolida por Norte Energía, consorcio constructor de Belo Monte. Antonia lidera el Movimiento Xingú Vivo para Siempre que defiende los derechos de los habitantes de la cuenca del Xingú. La de Antonia es una de las cerca de 3,000 familias desplazadas por una represa que afectará a 40,000 personas en total, muchas de ellas indígenas. El 24 de noviembre de 2015, la autoridad ambiental autorizó la operación de Belo Monte pese al incumplimiento de condicionantes socioambientales esenciales e ignorando dictámenes técnicos ambientales y de la autoridad de protección de los indígenas. Desde 2011, cuando la construcción comenzó, varias comunidades indígenas han sufrido daños serios a su salud, integridad, territorio y cultura. Éstos han empeorado ante la proximidad de la operación de la represa. Los servicios públicos, incluyendo los de centros de salud y de atención a la niñez —de por sí precarios—, colapsaron. La violencia creció exponencialmente: los asesinatos se duplicaron, los accidentes de tránsito aumentaron 144% y la violencia sexual y prostitución estallaron, afectando a niñas y adolescentes sin que las denuncias al respecto sean atendidas. Aunque se entregaron más de 2,600 viviendas a las familias desplazadas, éstas denuncian defectos estructurales, falta de transporte público y servicios esenciales. Las casas no tienen conexión al alcantarillado, una de las condicionantes de la licencia. El discurso de Rousseff resulta paradójico frente a la realidad. Ella fue víctima de la dictadura, pero ahora usa recursos de ese régimen para implementar Belo Monte. El Ministerio Público Federal presentó más de 20 demandas contra el proyecto y jueces ordenaron la suspensión de sus obras en al menos seis ocasiones. Dichos fallos fueron anuladas por petición del gobierno de Rousseff, aplicando la suspensión de seguridad, intrumento legal irónicamente creado por la dictadura. La última vez fue en enero pasado cuando el Tribunal Federal de Justicia suspendió el llenado de la represa por el incumplimiento de obligaciones referidas a la protección de las comunidades indígenas. El fallo fue anulado día después. La corrupción también salpicó al proyecto. Según confesaron ejecutivos de las empresas Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, se pagaron sobornos millonarios para su implementación. El tema es parte de Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción de la historia de Brasil. Los impactos de Belo Monte han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas. Las respuestas fueron lentas o inexistentes. En abril de 2011, la CIDH urgió a Brasil suspender las obras por la falta de consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas. La reacción de Brasil fue contundente: retiró su candidato a la CIDH, a su embajador ante la OEA, dejó de enviar sus aportes anuales a ese organismo e inició un proceso de “fortalecimiento” del Sistema Interamericano que terminó reformando el reglamento de la Comisión. La CIDH dejó de pedir la suspensión de obras, pero sí acciones urgentes para proteger a las comunidades indígenas afectadas. En 2011, éstas demandaron a Brasil y cuatro años después, en diciembre de 2015, la Comisión inició el trámite del caso. Ese organismo podría priorizar el caso, tomar una decisión pronto y evitar mayores daños. Como dice doña Antonia, la lucha continúa. Rousseff aún puede demostrar que su gobierno no tolera la corrupción y que, a diferencia de la dictadura, no vilipendia las normas. La CIDH y otras autoridades tienen la oportunidad histórica de exigir respetar los derechos humanos y ayudar a que los países alcancen un desarrollo que no sacrifique las personas. Deben hacerlo pronto, pues Belo Monte ya esta llenándose

Read more
Fuentes de Agua Dulce, Minería, Contaminación Tóxica

Los páramos: protegidos por la Corte

El fallo de la Corte Constitucional que hace unos días prohibió la minería en los páramos vino a zanjar una prolongada controversia sobre el tema. Ahora queda claro que los derechos o expectativas económicas de particulares deben subordinarse al interés general. Pero la disputa seguirá y habrá reacomodo de fuerzas en torno a la interpretación del  fallo. La sentencia en cuestión responde a una demanda contra el Plan de Desarrollo 2014-2018 interpuesta por la Cumbre Agraria y el Polo Democrático Alternativo, y sin duda es el pronunciamiento más importante de la Corte Constitucional en materia ambiental en su historia reciente. El debate sobre extractivismo en páramos es uno de los pulsos ambientales más intensos que hayamos visto en Colombia en los últimos años. A diferencia de otros temas, esta cuestión se instaló para quedarse en el debate nacional. El movimiento ambiental fue muy hábil al conectar la importancia de los ecosistemas de páramo con el agua que los ciudadanos del común reciben en sus casas y con ello logró el consenso en la opinión sobre la necesidad de protegerlos. El asunto fue ampliamente comentado por los medios y por las redes sociales, de modo que hoy la gente sabe bien que sin páramos no hay agua en las ciudades. Esto tuvo una gran influencia sobre el “ambiente” que rodeó el litigio en la Corte. El gobierno perdió el caso ante la opinión y volvió a perderlo ante el tribunal. Antes de la sentencia, no había un pronunciamiento autorizado que impidiera contundentemente la minería en páramos. Pese a algunas decisiones de la propia Corte y a un concepto del Consejo de Estado, este debate seguía estando en vigencia. Pero cuando el gobierno incluyó el tema en el Plan de Desarrollo, cometió un error estratégico porque lo expuso a la competencia de la Corte. En resumen, la Corte sostuvo que: La minería en páramos pone en peligro el derecho al agua porque desconoce la obligación del Estado de proteger sus fuentes. La licencia ambiental no otorga derechos adquiridos en los páramos y el Estado puede prohibir la minería en esas zonas incluso después de haberla expedido. Es desproporcionado afectar los páramos para garantizar derechos patrimoniales de privados. Los páramos tienen un déficit de protección inaceptable desde el punto de vista constitucional, pues no todos ellos se encuentran en áreas protegidas y no hay reglas claras sobre hasta dónde llega la discrecionalidad del gobierno en la delimitación. Los páramos son interdependientes con otro tipo de ecosistemas y dañarlos libera carbono y contribuye al cambio climático. El primer Plan de Desarrollo del gobierno Santos le quitó piso jurídico a la minería en páramos, pero el segundo se lo devolvió y esa regresión es inconstitucional. Asimismo, la Corte hizo uso del derecho ambiental internacional y reconoció que los páramos son sumideros de carbono, reservas de biodiversidad y fuentes de agua dulce. También utilizó datos científicos para demostrar que son ecosistemas muy frágiles y difíciles de restaurar. Con esta decisión el tribunal avanzó bastante en la jurisprudencia y demostró que el litigio ambiental por tipo de ecosistemas es más comprehensivo que aquel que se realiza por especies. Además, envió un mensaje a los países de la región que también tienen páramos, pues la minería avanza a paso firme en áreas protegidas de Ecuador y Bolivia. La cuestión de los páramos es un debate andino y el movimiento ambiental en esos países está seriamente debilitado. Pero, sobre todo, la Corte innovó con la regla según la cual el gobierno no puede apartarse de la delimitación de páramos hecha por el Instituto Humboldt, a menos que tenga una base científica y que ello represente un mayor nivel de protección para los páramos. Este es un diseño constitucional de incentivos sin precedentes que, al tiempo que garantiza la independencia del Instituto, mantiene cierto margen de discrecionalidad para el Ministerio de Ambiente. Por último, la Corte reconoció implícitamente que el sistema de licencias ambientales no da garantías de protección a los páramos y que el margen de discrecionalidad del gobierno en la delimitación, tal como venía operando, no podía seguir. Este es un claro llamado de atención al funcionamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a las CAR, y un reconocimiento de la necesidad de fortalecer nuevamente el Sistema Nacional Ambiental. Sin duda, la Corte sentó un precedente que dificulta el avance de la minería en los páramos. Pero la disputa por el sentido del fallo y las presiones sobre el tribunal continuarán, porque el diablo está en los detalles. La Ley 1450 de 2011 daba como referencia mínima para hacer efectiva la prohibición de minería en páramos el Atlas del Humboldt, si no se tenía una más detallada. Esa regla desapareció con en la Ley 1753 de 2015. Si bien la Corte hizo ajustes en su reciente decisión, el argumento según el cual si no hay delimitación no hay prohibición de minería, será utilizado para seguir pidiendo licencias en zonas de páramo, o para defender las que ya han sido aprobadas. Por otro lado, los ambientalistas sostendrán que las licencias en esas zonas, al ser actos administrativos, pierden sustento jurídico con la sentencia de la Corte y deben ser revocadas o anuladas. En todo caso, la protección de los páramos no debe estar supeditada a la delimitación. Las decisiones de la Corte tienen efectos inmediatos y la protección de los derechos fundamentales relacionados con páramos no puede estar sujeta a la expedición de un acto administrativo. El otro desafío que surge tras la decisión es qué hacer con los pequeños mineros. Si bien la Corte dijo que los derechos patrimoniales no están por encima del interés general, en el caso de productores artesanales el acceso al trabajo o al mínimo vital puede verse en peligro, particularmente en Santander y Boyacá. El gobierno debe ofrecer alternativas para evitar el desplazamiento de estos grupos. Finalmente, vendrá la discusión sobre los costos económicos de la decisión. Sin duda habrá un ajuste en los planes de inversión e incluso pérdidas en el sector minero, que cuenta con vías legales para reclamarlas frente al Estado. Pero los costos de los pasivos ambientales por la explotación (pérdida de servicios ecosistémicos, impacto de la contaminación sobre la agricultura y la salud) son mucho más importantes y, en últimas, también tendrán que ser asumidos por el Estado y por los ciudadanos. El problema radica en que esos costos ambientales normalmente no son contabilizados. Con esta decisión ganó la Corte, que demostró ser capaz de decisiones audaces para proteger los ecosistemas del país. También ganó el movimiento ambiental, que supo combinar la movilización ciudadana con el litigio estratégico. Pierden el gobierno, porque su punto de vista sobre el tema resultó derrotado (por ahora), así como el sector minero, que sin duda verá reducidas sus expectativas de ganancias. Pero el debate sigue y la implementación de la sentencia puede ser aún más disputada que el litigio.

Read more
Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

El agua en México, derecho humano embotellado

México consume el 12% del volumen mundial de agua embotellada. La cifra evidencia las fallas del sistema de abastecimiento de agua potable en el país y la vulneración de un derecho humano fundamental. A nadie se le niega un vaso con agua. Es una regla de cordialidad, una muestra de buena educación y de empatía. Y, aunque para muchos no es obvio, también es un asunto de derechos humanos. En la capital de México, hasta hace poco, los restaurantes podían negar un vaso con agua a sus clientes y condicionarles a consumir agua embotellada. En una ocasión, la dueña de una pizzería gourmet reaccionó con furia cuando vio a mi novio sacar un termo con agua para tomar una pastilla. Dijo que estaba prohibido ingerir alimentos y bebidas ajenas al establecimiento. Y, cuando pedimos un vaso con agua, dijo molesta: “Aquí no regalamos agua, aquí vendemos botellas de agua”. Negocio redondo Lo que se vende en el mercado no es el agua, sino la botella. En México, el costo de la extracción y el suministro de agua no es alto porque casi todo el servicio está subsidiado. Según la tarifa más elevada, el vaso con agua habría costado 0.7 centavos (0.007 pesos mexicanos). Por una botella con la misma cantidad del líquido, la pizzería cobraba 28 pesos (alrededor de 1.5 dólares), siete veces más de lo que cuesta en un supermercado.  El incidente en la pizzería ocurrió antes que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México obligara a los establecimientos de expendio de comida a dar sin costo vasos con agua potable a los clientes que así lo pidan. Pero, aún después de la disposición legislativa, varias veces he tenido que aclarar que quiero un vaso con agua y no una botella. Los meseros me advierten: “Es agua filtrada”, dándome a entender que no es tan confiable. La dinámica dentro ese tipo de negocios ha cambiado: ahora compran garrafones de agua embotellada o gastan en filtros y en su mantenimiento porque en México no se bebe agua directamente del grifo. Es secreto a voces, casi creencia popular, que el agua del grifo es agua sucia. Es común que incluso quienes no compramos agua embotellada, tengamos en casa algún filtro doméstico. Esta creencia se extendió desde el terremoto de 1985, cuando se rompieron varias tuberías y se dijo que el agua potable se mezclaba con aguas negras. Después, en los años 90, durante una epidemia de cólera, en México se promovió clorar o hervir el agua y ninguna autoridad se hizo responsable de la calidad de las tuberías de agua potable que, por definición, debe ser apta para consumo humano. Por ejemplo, en Chile, se promovían tres fuentes confiables: clorarla, hervirla o tomarla del grifo. Esta amenaza a la salud coincidió con la llegada del agua embotellada. Lo que en esos años promovieron las empresas fue la confianza y la seguridad en la calidad de su agua. Así, poco a poco, pasamos de hervir y añadir cloro al agua a comprar desde garrafones de 20 litros hasta pequeñas botellas individuales de menos de 250 ml.  Con el 80% de la población mexicana desconfiando del sistema de agua potable, según el Banco Mundial, las embotelladoras no hacen más que crecer. De acuerdo con la International Bottled Water Association (IBWA), en 2013 consumimos 253 litros de agua embotellada por persona, frente a los 94.3 litros promedio consumidos en Europa (donde es usual ver bebederos públicos) o los 37 litros del consumo promedio global. En México se consume el 12% del volumen global de agua embotellada. Pero las empresas tienen esperado crecer todavía más, pues no consumimos los dos litros de agua al día que se recomienda. Y es que gran parte del agua embotellada es empleada también para cocinar, lavar platos y hasta para bañar a los bebés recién nacidos.  En una investigación que estoy realizando para saber qué factores nos llevan a comprar agua embotellada, una pregunta necesaria es: “¿Se puede o no beber agua del grifo?” La respuesta es: “Depende”. La responsabilidad del servicio de agua potable en el país está tan fraccionada que es imposible tener una respuesta contundente. En la capital, cada año se da a conocer la calidad del agua y sólo en dos barrios ésta no cumple con los estándares para el consumo humano. Lamentablemente, quienes tienen la peor calidad de agua tienen, además, menores niveles de vida. La información sobre el tema no llega a nuestras casas, es de difícil acceso y —en algunos casos— los datos son inexistentes, se ocultan o se maquillan. Ninguna autoridad se responsabiliza por la calidad del agua. No lo hace la Comisión Nacional del Agua, tampoco los gobiernos de cada estado, ni los municipios. Vulnerando un derecho humano Sin respuestas contundentes a la confiabilidad del servicio de agua potable, las y los mexicanos optamos por comprar agua embotellada. Al hacerlo evidenciamos que algo no está funcionando en el abastecimiento de agua potable y que el derecho humano al agua  no está garantizado. Según la ONU, ese derecho debe ser asequible, suficiente, saludable, aceptable y accesible. El derecho humano al agua fue incluido en la Constitución Mexicana hace cuatro años, pero su implementación y quién es responsable de la misma aún está en discusión. Mientras el debate continúa, millones de mexicanos, comprensiblemente, comprarán agua embotellada para cuidar su salud. La falta de información y rendición de cuentas en torno al sistema de agua potable hace que garantizar este derecho sea sólo un buen deseo. La ONU establece que la gente no gaste más del 3% de sus ingresos en los servicios de agua potable. En México, sólo los hogares con ingresos mayores a 21 mil pesos mensuales (1,200 dólares) gastan 3% o menos en agua embotellada mientras que el resto, el 80% de los hogares mexicanos, gastan hasta el 8%. A ello se suma el pago por el servicio de agua potable o camiones transportadores de agua utilizada para otras actividades domésticas. La gente está compra agua embotellada porque no confía en el sistema de agua potable del país. Al negarle un vaso con agua a su población, el Gobierno mexicano le está negando un derecho humano fundamental.

Read more
Fuentes de Agua Dulce, Minería, Contaminación Tóxica

Organizaciones repudian reclamación internacional de Eco Oro contra el Estado colombiano por la protección de los páramos

La empresa canadiense pretende desarrollar la mina Angostura en el páramo de Santurbán y anuncia un posible arbitraje internacional por las medidas adoptadas en el país para proteger sus páramos, valiosas fuentes de agua y esenciales para mitigar el cambio climático. Washington/Ottawa/Bogotá/Bucaramanga/Ámsterdam. Organizaciones de la sociedad civil repudian el anuncio de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp. de iniciar una disputa de arbitraje internacional en contra del Estado colombiano. Eco Oro ha declarado su intención de demandar a Colombia a través del capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia por las medidas que el Estado andino ha asumido para proteger Santurbán y el resto de los páramos del país de actividades nocivas como la minería a gran escala. Eco Oro Minerals pretende desarrollar el proyecto minero de oro Angostura en Santurbán con inversión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La empresa argumenta haber sido afectada por la delimitación de ese ecosistema y el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que reafirma la prohibición de desarrollar minería en todos los páramos del país. Asimismo, indicó en un boletín de prensa tener la opción de remitir la disputa “a un arbitraje internacional” y de buscar “compensación monetaria por los daños”. “Desde el comienzo de Angostura era claro que la Constitución y normas aplicables protegen los páramos, que el proyecto podría afectar Santurbán y que por ende podría no ser autorizado. Los Estados no deben ser sancionados por proteger sus fuentes de agua, cumpliendo las obligaciones nacionales e internacionales”, dijo Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los páramos son fuente del 70% del agua dulce que se consume en Colombia y esenciales para mitigación del cambio climático. El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentó una queja sobre el proyecto ante la oficina del Asesor en Cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la institución del Grupo del Banco Mundial dedicada exclusivamente al sector privado. Se espera el informe de la investigación en los próximos meses. “Nos preguntamos si la CFI tendrá conocimiento que su inversión en Eco Oro podrá ser presuntamente utilizada en litigios contra Estados miembros del mismo Banco Mundial. Ya es hora de que la CFI retire su inversión de esta empresa”, manifestó Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). “En 2011, el Ministerio de Ambiente de Colombia negó la licencia ambiental a la mina Angostura, lo cual demostró ya la inviabilidad del proyecto. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia lo reafirmó, sosteniendo que el derecho al agua y la protección de los páramos prima sobre las expectativas económicas de quienes desarrollan proyectos mineros en esos ecosistemas”, sostuvo Miguel Ramos, del Comité de Santurbán. “Tal como ocurre en El Salvador, en cuyo caso el Estado está siendo demandado por US$250 millones por no haber otorgado a una empresa canadiense un permiso minero que incumplía los requisitos normativos de tal país, el sistema de arbitraje internacional creado en los acuerdos neoliberales de inversión entre países es una amenaza real a la soberanía de los Estados y de los pueblos a decidir sobre temas tan transcendentales como el agua”, afirmó Jen Moore, de MiningWatch. Las organizaciones llaman a la empresa a desistir de su amenaza de llevar al Estado colombiano al arbitraje internacional y señalan el riesgo de que otras empresas con intereses en el páramo de Santurbán sigan el ejemplo de Eco Oro. Encuentra aquí más información sobre el tema.

Read more
Participación Ciudadana, Fuentes de Agua Dulce

El invaluable legado de Douglas Tompkins

El pasado 8 de diciembre, la Patagonia —uno de los últimos lugares prístinos del planeta— vio partir a uno de sus protectores: Douglas Tompkins. A los 72 años, el multimillonario y gran conservacionista perdió la vida en un accidente. Mucho se ha dicho del excéntrico hombre que vendió las empresas que lo hicieron rico y lo dejó todo para emprender un proyecto ambicioso de conservación en Chile y Argentina. Fue visto con recelo cuando comenzó una frenética compra de tierras en el cono sur con el único objetivo de protegerlas. Tompkins pensaba que la conservación efectiva debía ser "grande, salvaje y conectada". Por ello apostó a crear grandes parques nacionales que fueran protegidos aun en su ausencia. Su metodología consistía en adquirir grandes extensiones de tierra, quitar cercos y recuperar ecosistemas para protegerlos permanentemente. Sin cercos, la vida silvestre se mueve libremente, lo que es fundamental para su prosperidad. El plan de conservación A poco más de un mes de enviudar, Kris McDivitt, esposa de Tompkins por 20 años, se reunió con la Presidenta de Chile Michelle Bachelet para ofrecerle la donación de más de 400 mil hectáreas de tierra en la Patagonia chilena, incluyendo millones de dólares en infraestructura. Con ello busca concretar el último de los grandes proyectos de la pareja en Chile: la creación de una red de parques en la Patagonia.  Pero los regalos de los Tompkins vienen condicionados: por cada hectárea que reciben, los Estados deben proteger otras tantas. A cambio de la donación póstuma en Chile, por ejemplo, al Estado se le pide crear nuevos parques nacionales sumando propiedades fiscales a las tierras donadas, ampliar parques nacionales existentes y reclasificar cuatro reservas nacionales. Se espera que las negociaciones concluyan en 2018. Si resultan, se crearía la red de parques nacionales más importante de Chile. En Chile, ya fue donado el Parque Corcovado en la Patagonia y el Yendegaia, compuesto de 38 mil hectáreas al sur de Tierra del Fuego. Además, está en proceso de ser entregado el  parque Pumalín, que junto al Corcovado sumarán 600 mil hectáreas en la Patagonia, de las cuales 500 serían donadas por los Tompkins.  Protección en Argentina En Argentina, Tompkins también donó tierras, entre ellas las ubicadas en la provincia Entre Ríos, donde inició un proyecto de recuperación de suelos, implementando cultivos orgánicos con alta diversificación para revertir el daño del monocultivo industrial. La Patagonia Argentina también recibió su protección con una donación de tierras al Parque Nacional Monte León (66 mil hectáreas) y al Parque Nacional Perito Moreno (15 mil hectáreas). El último proyecto en ese país culminó el diciembre pasado cuando el Estado argentino recibió a Kris Tompkins para aceptar la donación de 150 mil hectáreas de terreno en los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande del planeta. Esa superficie, sumada a las 50 mil hectáreas donadas antes y a las 500 mil que ya son parte del Parque Iberá, crearán una de las reservas más grandes del país. ¡Patagonia sin Represas! Además de contribuir a la creación de parques nacionales, Tompkins apoyó el activismo de grupos conservacionistas en la Patagonia. Una de las iniciativas patrocinadas fue la campaña Patagonia sin Represas. Ésta logró poner freno al proyecto HidroAysén, el cual pretendía construir cinco megarepresas en los ríos Baker y Pascua, los dos ríos libres más caudalosos del país, ubicados en el corazón de la Patagonia. Cuentan testigos que el lema “¡Patagonia sin represas!” se escuchó muy fuerte entre los asistentes al entierro luego de que el último puñado de tierra fue arrojado sobre la tumba de Doug. A finales de los 90, cuando la compra de tierras en Chile y Argentina llegaba a su pico, Tompkins fue acusado de comprar barato y desplazar a los habitantes de la zona, dejándolos sin trabajo. Luego las acusaciones se pusieron más sofisticadas:  se le acusó de comprar tierras para crear un nuevo estado Sionista, de ser espía de la CIA o de buscar adueñarse del agua para exportarla a lugares con sequía. Muchos vieron su labor con sospecha. Quizás les resultaba difícil creer que alguien invierta sumas multimillonarias con el solo objetivo de preservar la perfecta armonía natural que nos rodea. Cualquier acusación era más válida que dar crédito a su única intención: comprar tierras para evitar su explotación y entregarlas al Estado, no a cambio de dinero, sino de compromisos de protección. Digan lo que digan, y sean cuales sean los reparos de sus detractores, en la práctica, el legado que Douglas Tompkins dejó a la humanidad es gigantesco. Conservó más tierras que ninguna otra persona en la historia de Chile y Argentina. Su obra se traduce en manchones verdes en los mapas de la Patagonia. Por ello le estaré eternamente agradecida. ¡FELICITACIONES DOUG Y MUCHAS MUCHAS GRACIAS!  

Read more
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Indígenas piden intervención del Papa Francisco para frenar hidroeléctrica Las Cruces

En una carta entregada en la Nunciatura Apostólica, comunidades indígenas y ribereñas afectadas por el proyecto ubicado sobre el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, solicitan que el pontífice interceda por ellas ante el Gobierno durante su visita al país. Denuncian impactos graves en los derechos humanos y el ambiente de ejecutarse el proyecto. Ciudad de México, México. Con motivo de la visita del Papa Francisco al país, comunidades indígenas y ribereñas de Nayarit escribieron una carta pidiendo que el pontífice interceda ante el Presidente Enrique Peña Nieto para evitar la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital. La ejecución del proyecto, denuncian, pone en riesgo sus medios de vida, cultura y Marismas Nacionales, uno de los humedales más importantes de México. La carta fue entregada en la sede de la Nunciatura Apostólica. “…solicitamos respetuosamente a Vuestra Santidad que durante su visita al país interceda por nosotros ante el Presidente Enrique Peña Nieto para que su Gobierno impida las violaciones de los derechos de las comunidades indígenas y ribereñas en nombre del desarrollo, y desista de llevar adelante el proyecto hidroeléctrico Las Cruces por los impactos de éste en las personas y el ambiente”, se lee en la carta. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó los permisos ambiental y de uso de agua para la operación y construcción de la hidroeléctrica. “Lo hizo sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas  afectados por el proyecto: Náyeri, Wixárica, Mexicanero y Tepehuano. La SEMARNAT condicionó la autorización a que la Secretaría de Energía compruebe la realización de una consulta a los pueblos indígenas, lo cual debería haber ocurrido antes de emitir las autorizaciones”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los indígenas celebran y recuerdan que en su Carta Encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco reconoce el aporte esencial de las comunidades indígenas a la promoción y cuidado de los recursos naturales  y la cultura. “El río San Pedro no sólo es parte de nuestra vida, sino también fundamento de nuestra espiritualidad; todo su trayecto, cuencas y territorio que atraviesa, son un espacio sagrado para afianzar identidad y valores”, dijo Julián López Cánare,  miembro del Consejo Indígena Náyeri, quien entregó la carta. Ese caudal también alimenta a Marismas Nacionales, uno de los humedales más importantes del país, reconocido como Reserva de la Biosfera y Humedal de Importancia Internacional por la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de ese tipo de entornos. Finalmente, las comunidades indígenas denuncian en su carta que la presión sobre ellas para imponer el proyecto ha ido creciendo mediante detenciones ilegales y hostigamiento por parte del Gobierno, así como por actos que simulan una consulta previa, misma que no puede ser tal si el proyecto ya fue autorizado. “Su Santidad, esperanzados en el poder de su intercesión, nos despedimos con el deseo ferviente de que su Carta Encíclica Laudato si’ inspire e impulse cambios profundos en las políticas, prácticas y creencias de gobiernos, empresas, sociedad civil y en la mentalidad de cada prójimo, con miras a construir un mundo más justo, más humano y realmente sostenible”.

Read more