Fuentes de Agua Dulce

Decreto que levanta la veda de la cuenca del río San Pedro Mezquital

Autorización de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces

Apoyando la lucha de Cajamarca para defender su territorio de la minería

Seminario virtual "Monitoreo comunitario de la calidad del agua"

El monitoreo comunitario de la calidad del agua ha servido como herramienta para que la ciudadanía controle y vigile la salud de los ecosistemas afectados por actividades extractivas como la minería. En América Latina, varias organizaciones y grupos de ciudadanos monitorean sus fuentes de agua y alertan de los impactos negativos sobre éstas cuando ocurren. En el seminario se dio a conocer a las organizaciones y personas que llevan adelante este monitoreo, sus experiencias, logros y retos, así como las perspectivas de esta actividad en el continente.   PANELISTAS Yasin Peredo: Ingeniero ambiental por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Profesional del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), que impulsa un proceso integral sobre el cuidado coparticipativo de cuencas. Trabaja en vigilancia ambiental y monitoreo comunitario de calidad del agua en las cuencas Poopó y Pazña, Antequera. Fabiola Vargas: Estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Trabaja en investigación ambiental, con énfasis en restauración ecológica, como parte del equipo de Gestión Colectiva del Agua del CENDA. Trabaja además en la implementación de alternativas para la remediación de cuerpos de agua, en la cría de anfibios en cautiverio en el Museo de Historia Natural Alcide D’Orbigny, y en el Herbario de la Universidad Católica Boliviana. Abel Machaca: Es agrónomo, monitor comunitario del agua en el Ayllu San Agustín de Puñaca (Poopó, Oruro) y miembro de la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, lagos Uru Uru u Poopó. Jorge Rubiano: Es biólogo por la Universidad del Tolima, Colombia. Tiene una maestría en Gestión y Manejo de Bosques, Medio Ambiente y Naturaleza de la Universidad Distrital de Bogotá. Es Director y Coordinador de Proyectos en la Corporación Semillas de Agua. Allí trabaja en la formulación y acompañamiento a proyectos de monitoreo biológico en cuerpos de agua, la gestión social del agua en cuencas altoandinas, y en la planificación de humedales en alta montaña.   Grabación   0:00 - 5:23 Introducción y presentación de participantes (Andrés Ángel). 6:10 - 32:08 Experiencias de monitoreo comunitario en Bolivia (CENDA). 33:22 - 54:30 Monitoreo comunitario del agua en el marco de la gestiÓn social del agua en la cuenca del río Coello (Semillas de Agua). 54:30 - 57:10 Primera ronda de preguntas (CENDA y Semillas de Agua). 57:10 - 1:04:08 Testimonio monitor comunitario del agua en Bolivia (Abel Machaca). 1:04:27 - 1:43:48 Segunda ronda de preguntas (CENDA y Semillas de Agua). 1:43:48 - 1:45:37 Notas y comentarios finales (Andrés Ángel).   Presentaciones 1. Presentación de Yasin Peredo, Fabiola Vargas y Abel Machaca, CENDA:   2. Presentación de Jorge Rubiano, Corporación Semillas de Agua:  

Respaldan demanda de comunidades indígenas contra hidroeléctrica Las Cruces

Como apoyo a la solicitud de amparo presentada por el pueblo Wixárika, AIDA presentó ante la justicia un escrito que evidencia las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ambiente que el gobierno mexicano vulneró al autorizar el proyecto ubicado en Nayarit.Nayarit, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) evidenció, en un escrito (Amicus Curiae) presentado ante el Juzgado Primero de Distrito de Nayarit, las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos vulneradas por el gobierno mexicano al haber autorizado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El escrito respalda la demanda de amparo presentada contra el proyecto por miembros del pueblo indígena Wixárika“Las autoridades no han realizado un proceso adecuado de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, y sobretodo no han respetado sus derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural y a un ambiente sano”, dijo Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Además, pasaron por alto los riesgos de daños a la cuenca del río San Pedro Mezquital y a los manglares que ese caudal alimenta, los de Marismas Nacionales, sitio protegido a nivel internacional”.La hidroeléctrica, promovida por la Comisión Federal de Electricidad, pone en riesgo sitios ceremoniales de los que depende la vida física y espiritual de los pueblos indígenas de la zona: Wixárikas, Náyeris-Coras, Tepehuanos y Mexicaneros. Miembros del pueblo Wixárika presentaron la demanda de amparo contra las autoridades que avalaron el proyecto —la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua— a mediados del año pasado.En el escrito, presentado por AIDA a comienzos de marzo de este año, se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado mexicano respecto de Las Cruces. Entre ellas están las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.Tras la demanda de amparo, la autoridad judicial dispuso la suspensión de los permisos del proyecto hasta que el proceso concluya y se decida si son válidos. Las autoridades de gobierno han argumentado que el proyecto debe seguir porque es de interés público y que los pueblos indígenas pueden “refuncionalizar su vida espiritual en un contexto modificado por la construcción del proyecto”. Esa postura ignora los derechos de las comunidades, el debido proceso y los riesgos ambientales que afectan el interés público.Ahora la autoridad judicial debe dar continuidad al proceso, confirmar la suspensión y disponer finalmente la cancelación de los permisos del proyecto para salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas.“Es necesario que el gobierno mantenga la congruencia entre la protección de los derechos humanos y del ambiente, cancelando los permisos otorgados al proyecto Las Cruces y amparando así los derechos de las comunidades afectadas”, dijo Thompson. “México tiene la oportunidad de fortalecer la tendencia mundial hacia la energía limpia, alejándose de proyectos como las grandes represas que emiten gases de efecto invernadero y agravan el cambio climático”.Consulta más información sobre el tema.Contacto de prensa:Camilo Thompson, abogado de AIDA, +521 9671302346, [email protected] 

Mujeres, agua y vida: un vínculo innegable

Como mujer y como defensora del ambiente, siento que es necesario conmemorar y resaltar el trabajo y el rol de las mujeres en la protección de nuestro entorno natural. Es preciso, especialmente, visibilizar los vínculos —que muchas veces parecerían imaginarios— entre la defensa, la valentía y el género.   Aunque a veces parezca que hablar de mujeres y medioambiente es abordar dos temas distintos, existen vínculos sutiles, pero no débiles, entre ambos, especialmente entre las mujeres y el agua. Son ellas las primeras víctimas del deterioro medioambiental, pero también son las protagonistas en la defensa, conservación y preservación de la naturaleza. No es extraño que, en gran parte de los espacios de defensa del ambiente, el auditorio sea mayoritariamente femenino. Tampoco que desde el anonimato o desde la popularidad, muchas causas sean lideradas por mujeres. Pero ahora quiero referirme a la correspondencia entre la mujer y el agua como fuentes de vida y puntos claves de la existencia. Las mujeres son quienes habitualmente lideran las luchas en defensa del agua, especialmente en poblaciones indígenas y campesinas. Joan Martínez Alier, catedrático de economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en ecología política, explicó a la agencia Efe que esto se debe a que, muchas veces, los conflictos socioambientales en torno a minería o a la privatización del agua afectan la supervivencia de las comunidades de manera muy directa y, por esto, las mujeres defienden el agua tal como defienden a su territorio o a su familia: de una manera valiente y sin pausa. Sin embargo, poco se valora el conocimiento y la experiencia de las mujeres en la administración del agua. En muchos casos, especialmente en el Sur Global, la administración de los recursos hídricos, así como la elaboración e implementación de políticas al respecto, no toman en cuenta roles de género y carecen de un enfoque diferenciado. En el campo colombiano, por ejemplo, son las mujeres campesinas quienes llevan el agua a sus casas desde los lugares donde ésta nace, la hierven para usarla en la cocina y cuidan de ella. Sin embargo, no son consultadas cuando se toman decisiones a nivel local o nacional sobre el suministro de agua. Es necesario entonces hacer visible el papel desempeñado por las mujeres en el manejo y gestión del agua, reconociendo por igual los intereses de hombres y mujeres, y promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso a espacios de toma de decisiones. Así caminaremos rumbo a una mayor equidad. Ahora bien, América Latina es uno de los lugares más peligrosos para defender el ambiente, riesgo que es mayor para las defensoras. Muchas de ellas, que luchan de manera silenciosa desde sus comunidades o desde su posición de lideresas, han sufrido la violencia y la injusticia que conlleva cuidar lo propio. No puedo evitar en este punto recordar y hacer un homenaje a Berta Cáceres, lideresa lenca y activista del Consejo Civil de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien dedicó su vida a la defensa del río Gualcarque. Berta fue asesinada en marzo de 2016, tras años de recibir amenazas por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Pero ella, una mujer valiente víctima de la violencia, así como su lucha, sigue viva. Tengo además en la mente a todas mis colegas, amigas valientes y cómplices que con sus luchas hacen de éste un mundo más justo, construyen equidad en cómo se relacionan con cada persona y creen, con todo su corazón, que la justicia de género viene de la mano de la justicia ambiental. En nuestra realidad, la equidad, más que un punto de partida, es todavía una meta que requiere acciones que compensen o moderen la discriminación que afecta a unas y otros. Por eso es fundamental incorporar el enfoque de género en cualquier plan, programa, proyecto y mecanismo de trabajo de la administración pública. Tal como menciona el Banco Mundial en un informe del 2002, la manera en la que los hombres y las mujeres pueden beneficiarse de manera más equitativa de las políticas, es hacer que ellos y ellas sean parte integral de las mismas con sus experiencias y necesidades. De las mujeres, como del agua, depende la vida. Por eso actuamos como tercas defensoras, no sólo del agua, sino de otros recursos naturales, y de quienes dependen de ellos. Aunque no siempre sea visible, esa lucha está tan presente como el agua que recorre el planeta de muchas formas. Es importante unirnos, ser cada vez más solidarias entre nosotras, con nuestras causas, con nuestros sufrimientos. Sigamos compartiendo nuestros miedos y nuestras luchas y, ante todo, nunca abandonemos la defensa de nuestro territorio, porque éste nos define y a él le debemos todo. Yo siempre he pensado que el agua tiene cara de mujer y cada día me convenzo más de ello.

Piden al gobierno mexicano proteger Marismas Nacionales, en riesgo por hidroeléctrica

El proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales y Sitio Ramsar, el humedal más importante del Pacífico Mexicano. Comunidades indígenas de la zona alertan sobre violaciones a sus derechos humanos a la libre determinación, autonomía, territorio, identidad cultural, así como a un medio ambiente sano. Con motivo del Día Mundial de los Humedales, organizaciones de la sociedad civil, así como el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital, Consejo Regional Wixárika y el Consejo Náyeri, reiteraron su petición a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que cancele de forma definitiva los permisos de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo otorgados al proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, que busca desarrollarse en el estado de Nayarit, debido al riesgo ambiental que representa para la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales (Sitio Ramsar de Importancia Internacional), porque viola los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas que ahí se encuentran y por el interés público respecto de proteger y conservar los ecosistemas prioritarios para la biodiversidad, y necesarios por la adaptación y mitigación al cambio climático.   El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar el río San Pedro, único que fluye libremente al cruzar la Sierra Madre Occidental y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Desde el 2008, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene en curso este proyecto, que consiste en modificar directamente el uso de suelo de más de 5 mil hectáreas de bosques y zonas de ribera, alterar el ciclo del agua, transporte de sedimentos  y ciclo del carbón.   Las represas en regiones tropicales generan mayores emisiones de gases efecto invernadero (gas metano) que afectan a la delgada capa atmosférica. Represas como las de Aguamilpa y El Cajón, ya generan impactos al modificar el caudal ecológico, retener sedimentos y los volúmenes de agua. Sus impactos han provocado efectos adversos para la provisión de alimentos y para la materia orgánica disuelta, necesaria para la biodiversidad.   Además, la represa del río San Pedro ocasionará impactos sociales, toda vez que territorios, lugares sagrados, centros ceremoniales y senderos milenarios de las comunidades indígenas quedarían inundados, perdiendo su valor intangible para su cultura.   Este río es el séptimo más caudaloso de México y es el principal proveedor de agua dulce y de nutrientes para Marismas Nacionales, el humedal costero más importante del Pacífico mexicano. Adicionalmente, alberga culturas milenarias en su cuenca como son  los pueblos Náyeri (Cora), Wixárika, Tepehuano y Mexicanero, para quienes el río provee sustento y formas de vida, además de ser fundamento de su espiritualidad y eje de sus tradiciones e identidad cultural.   En términos de impactos ambientales, Las Cruces representa una amenaza para Marismas Nacionales, que abarca una superficie de 134 mil hectáreas, con una presencia de manglar del orden del 20% del total existente en el país; lo cual significa 113 mil hectáreas de bosques de manglar en buen estado de conservación y óptima estructura. Cuenta con más de 20 mil aves acuáticas, además de especies de mamíferos vulnerables o en peligro crítico como la nutria de río, el jabalí, el puma, el ocelote y el jaguar, mamífero emblemático y bajo protección. Por su riquísima biodiversidad, el río San Pedro provee alimentos para las pesquerías locales.   El proyecto Las Cruces alteraría irreversiblemente el equilibrio de las dinámicas ambientales, culturales y socioeconómicas que sustentan la Cuenca del Río San Pedro Mezquital y Marismas nacionales, en donde se calcula que habitan más de 300 mil personas. En términos sociales, el proyecto es violatorio de los derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades y pueblos indígenas.   Lo anterior debido a que la resolución emitida por la Semarnat en septiembre de 2014 se otorgó sin consultar debidamente a las comunidades indígenas, a pesar de que la propia autoridad reconoce que los pueblos acceden al territorio en donde se pretende llevar a cabo el proyecto. De igual forma, la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales, otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la CFE, en noviembre del mismo año, se emitió sin considerar el uso y aprovechamiento que los pueblos indígenas realizan en dicho territorio, con subestimación de los impactos y riesgos regionales a nivel cuenca y para el ecosistema de humedales costeros, su biodiversidad, provisión de alimentos, viabilidad económica.   Debido a su relevancia internacional como humedal, la Misión Ramsar recomendó en el 2010, incluirlo en el registro Montreux para elevar su nivel de protección, debido a los posibles impactos al Sistema Ambiental Regional. En este sentido, es necesario cumplir con el objetivo estratégico de “Mejorar la aplicación a nivel nacional de la Convención Ramsar por parte del Estado mexicano, a fin de salvaguardar el ambiente sano y los derechos humanos”.   La importancia de la cuenca del río San Pedro Mezquital es regional y global porque lleva nutrientes al Golfo de California (Patrimonio de la UNESCO), siendo esencial para el ciclo de vida de muchas especies y para la conexión con el gran ecosistema marino. El Estado mexicano debe ser congruente con el interés público, proteger a la región y evitar emisiones de gases de efecto invernadero como las que el proyecto Las Cruces generaría.   Organizaciones firmantes: AIDA Causa Natura Cemda Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital Consejo Náyeri Consejo Regional Wixárika Fundar Grupo Ecológico Manglar Nuiwari Serapaz SuMar  

Ocho temas claves para la agenda ambiental de Colombia en 2018

Para Colombia, el 2017 fue un año marcado por el debate en torno al derecho de las comunidades de ser consultadas sobre decisiones que afecten sus territorios y ecosistemas. Lo vimos con la organización de consultas populares y movilizaciones que cuestionaron proyectos mineros y de fracking y, en suma, la continuidad del modelo extractivista. Fue evidente además con la decisión de la Corte Constitucional, uno de los máximos tribunales del país, del máximo tribunal del país, de invalidar la delimitación del páramo de Santurbán, fuente de agua para millones, porque la decisión gubernamental no tomo en cuenta a la población. Por otro lado, el país se unió al debate global acerca del cambio climático y la necesidad de promover un desarrollo económico libre de combustibles fósiles. Ahora bien, en 2018, frente a las elecciones presidenciales y ante la implementación de los acuerdos de paz, la participación ambiental, la autonomía territorial y el fracking se muestran como temas especialmente importantes para el año que inicia. A continuación, ocho temas que considero claves para la agenda ambiental del 2018: Participación ambiental: Las consultas populares, como expresión de comunidades empoderadas y en búsqueda de decidir respecto de proyectos que les afecten, seguirán teniendo un lugar privilegiado en el debate público. Autonomía territorial: Aunque reconocida constitucionalmente, la facultad de los departamentos y municipios de gobernarse de forma autónoma en diversos ámbitos, incluido el ambiental, no está del todo definida. Quedan por responder preguntas como ¿quién debe decidir? y ¿sobre qué se puede decidir? Autoridades indígenas: Siguiendo la línea del punto anterior, la autonomía y el nivel de decisión de las autoridades indígenas con relación a temas ambientales dará mucho que hablar este año. Fracking: La pregunta clave es: Frente a la expansión de esa técnica en la región ¿adoptará Colombia la postura de organizaciones sociales sobre la aplicación del principio de precaución para evitar los daños al ambiente y a la salud humana asociados al fracking? Descarbonización: Como país productor, ¿se sumará Colombia a la tendencia iniciada por Francia, Reino Unido e Italia, naciones que firmaron recientemente una alianza para cerrar las centrales de carbón antes de 2030 y cumplir así con el acuerdo climático de París? La Niña: Las lluvias y vientos fuertes del fenómeno climático de La Niña retornarán al país este año. Las acciones adecuadas para mitigar el riesgo serán fundamentales, al igual que la aplicación de las lecciones aprendidas el 2010, cuando el fenómeno dejó cientos de muertes y pérdidas millonarias. Páramos: A partir de la decisión de la Corte Constitucional sobre la delimitación del páramo de Santurbán, este año promete estar lleno de controversias sobre la nueva delimitación de ese entorno y acerca de la participación de las comunidades en la demarcación del resto de los páramos colombianos, medida orientada a su protección frente a proyectos nocivos como los mineros.  Principio 10: La negociación de un acuerdo regional sobre el acceso de toda persona a la información, a la justicia y a la participación pública en temas ambientales, aún está en marcha. El acuerdo busca la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, clave para garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. Desde AIDA, y a través de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, seguiremos promoviendo este año soluciones a los conflictos ambientales en el país con base en la aplicación efectiva de las normas nacionales e internacionales.

Celebrando 7 Logros para Cerrar el 2017

El año está próximo a concluir y estamos felices de compartirte varios avances recientes logrados en favor de la protección ambiental en América Latina. Cada proyecto que emprendemos o cada caso que ganamos es un paso que nos acerca a una región más justa, a un mundo más sano para nuestros hijos. Gracias a tu apoyo, nosotros:1. Salvamos el humedal costero más grande de ColombiaSolicitamos, con éxito, que Colombia incluyera a la Ciénaga Grande en la lista mundial de humedales en riesgo, abriendo paso al apoyo financiero y técnico necesario para la recuperación del sitio.Conoce Más 2. Creamos la Red de Justicia Ambiental en Bolivia Fundamos en Bolivia una coalición de organizaciones ambientales y de derechos humanos para apoyar los esfuerzos ciudadanos para defender el ambiente y a quienes dependen de él.3. Abogamos para proteger la Patagonia de las granjas de salmón Le pedimos a Chile investigar los daños causados por la industria salmonera en la Patagonia Sur, y lanzamos una campaña ciudadana para concientizar sobre esa amenaza creciente. Conoce Más4. Garantizamos atención médica a víctimas de contaminación tóxicaGarantizamos atención médica especializada para habitantes de La Oroya, Perú, cuyas vidas y salud han sido afectadas por años a causa de la contaminación con metales pesados de una fundición que opera cerca de sus hogares.Conoce Más5. Protegimos a las tortugas en el alta marRepresentamos a la ciudadanía y a la sociedad civil de América Latina en el proceso de creación, en el marco de Naciones Unidas, de un tratado para proteger la parte del océano que es de todos y la vida que alberga.Conoce Más6. Promovimos el retiro de una inversión minera en un humedal protegidoConvencimos al Banco Mundial de retirar su apoyo a una mina de oro en el páramo de Santurbán, un ecosistema protegido y fuente de agua para millones de colombianos. Conoce Más7. Asesoramos a una comunidad en su lucha para prohibir la mineríaBrindamos asesoría legal y científica a los habitantes de Cajamarca, Colombia, quienes votaron con un margen de 98% para prohibir toda actividad minera en su territorio.Conoce Más

Cuando la naturaleza es tu mejor cliente

Los abogados y abogadas de AIDA no solo tienen en común haber nacido en América Latina y vivir en la región. También comparten un gran respeto por el ambiente y por quienes dependen de él. Crecieron con ese sentimiento y ahora lo vuelcan a la protección de comunidades y ecosistemas claves en sus países.   Uniendo a la comunidad ambiental en Bolivia Claudia cree en la justicia ambiental. “Sin calidad de vida y un ambiente adecuado para las personas, son vulnerados los derechos humanos básicos”, dice. Esa creencia la llevó a estudiar Derecho y a trabajar luego, desde la sociedad civil, para promover la producción de alimentos sanos, cultivados sin el uso de agroquímicos. Ese tipo de agricultura, con menores impactos ambientales y más beneficios para las comunidades, es la que Claudia recuerda con cariño de su niñez en Cochabamba, Bolivia.  En todas las casas había huertas. Desde muy pequeña, cosechaba moras y tenía a la mano manzanas, higos, guayabas y otras frutas frescas. Pero con la urbanización, el valle se convirtió en ciudad y las áreas verdes fueron reemplazadas por edificios. “Fue un choque ver esos cambios hechos en nombre del progreso”. Claudia tiene claro ahora que su aporte debe hacerlo desde el Derecho ambiental y que tendrá más impacto si llega a más personas. Por ello se unió al Programa de Agua Dulce de AIDA, donde brinda apoyo legal gratuito a gobiernos, comunidades y organizaciones locales.  Uno de sus logros ha sido articular exitosamente los esfuerzos aislados para enfrentar problemas ambientales comunes. Claudia impulsó este año la consolidación de la Red de Justicia Ambiental en Bolivia, un espacio de coordinación para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias conjuntas usando herramientas legales y académicas. Como resultado, la Red organizó hace poco un foro de dos días sobre cómo obtener justicia ante los daños de la minería en el país. “He visto las formas de entender el mundo de los pueblos indígenas en Bolivia y sus formas de relacionarse con la Madre Tierra. En las ciudades, la naturaleza es vista como un objeto; para los indígenas es la casa grande que tienen que cuidar porque les da todo. Hice mía esa visión”. Protegiendo arrecifes de coral en México Los primeros acercamientos de Camilo con el mar se remontan a Boca del Cielo, una playa de la costa de Chiapas, México, a la que se llega por un estero. Allí disfrutó de las olas y los mariscos, y vio emocionado sus primeras especies de tortuga marina, y manglares altos en los que revoloteaban aves y monos. Durante su niñez en San Cristóbal de las Casas, donde nació, su padre le enseñó a nadar a contracorriente en las Cascadas de Agua Azul, una importante reserva natural. “Él ama la naturaleza y siempre nos ha transmitido ese sentimiento a mis hermanos y a mí”, cuenta Camilo, quién ahora vive con su hijo Emiliano en La Paz, Baja California Sur. Vivir en una ciudad costera le hizo comprender aún más la importancia de los océanos y su interconexión vital con los entornos terrestres. Camilo aplica ese entendimiento a su labor como abogado del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA.  Trabaja, por ejemplo, para salvar al Sistema Arrecifal Veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo de México, una barrera natural frente a tormentas y huracanes, y fuente de sustento para comunidades pesqueras. El sitio está seriamente amenazado por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. Camilo busca que el gobierno de su país respete los tratados internacionales que firmó y que le obligan a preservar ese sitio y toda la biodiversidad de su territorio. Cuando estudiaba Derecho en Chiapas, Camilo disfrutaba explorar cuevas subterráneas en su tiempo libre. Llegaba a ellas gracias a la guía de campesinos de la zona. “El contacto con la naturaleza te lleva a conocer a las comunidades que la cuidan desde siempre, a entender y valorar sus formas de vida”.  Buscando lluvia en Brasil Si alguien conoce el valor de la lluvia son las personas que viven en el estado de Paraíba, al nordeste de Brasil, azotado por una sequía extrema hace años. Allí, según información oficial, el número de ciudades sin agua en los grifos subió de 25 a 40 entre 2016 y 2017.   “La sequía ha marcado nuestros hábitos, alimentación y cultura”, cuenta Marcella, quien nació en la ciudad de João Pessoa, capital de Paraíba.  Marcella es abogada y vive ahora en Recife, en el estado de Pernambuco. Es becaria del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.  Desde ahí busca borrar la marca de la sequía en Paraíba. Uno de los casos en los que trabaja es el de la represa Belo Monte, construida en la Amazonía. “Las grandes represas no son fuente de energía limpia y están dañando Amazonía, un ecosistema que regula el clima y que es clave para que llueva en Brasil y en el mundo; al trabajar en este caso, contribuyo a que exista lluvia en mi estado”, dice convencida. En junio, Marcella visitó Altamira, la ciudad más próxima a Belo Monte. Habló con personas cuya forma de vida fue destruida por la represa. “Conocí a alguien que solía pescar, cultivar su propia comida y vender lo que le sobraba en la ciudad; con la represa, su isla fue inundada y lo perdió todo”. Para ella, no existe otra manera de entender la gravedad de los impactos de proyectos inadecuados que escuchar a los afectados. “Eso me da la noción de realidad. Ayudar a conseguir justicia para estas personas es mi obligación, es lo mínimo que puedo hacer, desde lo que sé hacer: ser abogada”.