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¿Aceptarías un negocio que te ofrece ganancias limitadas, pero costos infinitos?

En América Latina, la minería es fuertemente promocionada por los gobiernos como una fuente de empleo y de dinero para financiar la construcción de hospitales, escuelas, carreteras y otras obras. Hasta ahí, parece un excelente negocio.

Pero, lamentablemente, es sólo la mitad de la historia. Los Estudios de Impacto Ambiental que las empresas mineras presentan para obtener la autorización del gobierno omiten incluir temas poco favorables como los denominados impactos a perpetuidad, un término técnico referido a los daños ambientales que persisten por siglos o incluso milenios.

Entre esos daños, que tampoco son mencionados cuando los proyectos son presentados a las comunidades que resultarán afectadas, destacan dos:

  • Modificaciones severas del paisaje: por ejemplo, la excavación de una mina a cielo abierto en una montaña o el relleno de un valle con desechos mineros.
  • Contaminación de fuentes de agua: por ejemplo, la formación de ácidos y de metales tóxicos que llegan a ríos, arroyos y a otros nacimientos de agua o el aumento de nitratos y amoniaco derivados del material explosivo.

En países como Estados Unidos, estos daños son discutidos en el proceso de evaluación ambiental y existe legislación al respecto y mecanismos de mitigación. En América Latina, quienes promueven grandes proyectos mineros, muchas veces ni siquiera han oído hablar de ellos y no entienden que los costos a largo plazo superan por mucho sus beneficios.

El mantenimiento constante de minas a cielo abierto tras su cierre y abandono para minimizar el riesgo de colapso (que nunca desaparece), así como el monitoreo y tratamiento de fuentes de agua para evitar su contaminación con desechos tóxicos, son algunas de las acciones que se deben adoptar, pero cuestan mucho dinero.

¿Quién pagará los daños?

No es fácil saber quién asume los costos porque depende de varios factores: marco legal, fortaleza institucional y hasta factores sociales. En muchos países, los gobiernos exigen que las empresas construyan e instalen sistemas de monitoreo y remediación (pozos, plantas de tratamiento de aguas y drenajes, por ejemplo). En otros casos, les piden que además paguen por un tiempo los costos de operación de esos sistemas.

Los países más exigentes piden seguros de remediación (Reclamation Bonds) de daños y el aporte a fondos financieros cuyos rendimientos se destinarán a esas labores. Es el caso del Superfondo (Superfund) en Estados Unidos, con el cual se administra la remediación de daños en aproximadamente 1.341 sitios industriales. Pero estos seguros suelen considerar que los costos a largo plazo son menores de lo que realmente son y, al final, son los ciudadanos quienes los cubren con el pago de impuestos.

Según el Center for Science in Public Participation, para remediar los daños causados sólo por minas de metales en el oeste de Estados Unidos, el país tendría que pagar entre 3.800 y 20.000 millones de dólares.

En otros países, los desechos ambientales provenientes de la minería no reciben atención alguna. En Canadá —tantas veces usado como ejemplo ambiental por gobiernos de la región— la mina Tulsequah Chief, en Columbia Británica, ha vertido aguas ácidas desde 1957 sin tratamiento alguno.

La situación regional

Si bien en muchos países de América Latina existen normas relacionadas, la mayoría no tiene leyes específicas que establezcan procedimientos estandarizados para el monitoreo y la reparación de daños ocasionados por actividades mineras. Algunos países como Bolivia o Colombia ni siquiera cuentan con una definición legal de Pasivo Ambiental Minero o deuda por daños al ambiente.

Ante una regulación débil, el cierre de minas viene acompañado por acciones aisladas e ineficaces como la simple siembra de plantas en el lugar. Al no existir claridad sobre quién debe hacerse responsable, las pocas acciones de monitoreo y remediación terminan siendo abandonadas.

Otro factor importante en la región es que los daños ambientales provienen de actividades mineras legales e ilegales. En Chile, el deterioro ambiental suele ser producto de minas de metales legales que han sido abandonadas, mientras que en Bolivia es mayoritariamente resultado de la minería artesanal y de cooperativas. En Colombia, la minería ilegal y gran parte de la de pequeña escala vierte mercurio en los ríos y, en Perú, la minería de oro causa daños graves a la salud humana y a entornos naturales.

En América Latina son también comunes los daños causados por la minería histórica, en yacimientos que datan de la colonia y que aún son explotados.

El secreto está en la prevención

Los daños permanentes de la minería requieren acción constante y un financiamiento que no es posible garantizar en el tiempo. Además, dada su gravedad, solo es posible mitigarlos de manera parcial, pero no remediarlos totalmente.

Por ello en AIDA promovemos la prevención de esos daños, más que su corrección. De la mano con organizaciones locales y comunidades, buscamos que, antes de ser autorizados, los proyectos sean sometidos a procesos de evaluación adecuados sobre los riesgos que implican para el ambiente y para las personas.

Abogamos para que la evaluación se base en la mejor información científica disponible, que contemple alternativas y que sea realizada de forma independiente para garantizar resultados objetivos.

Si el análisis establece que un proyecto generará daños perpetuos que no podrán ser abordados adecuadamente, el mismo debe ser rechazado.

La minería, especialmente la de metales, no es un buen negocio y siempre generará un daño ambiental. Seguiremos trabajando para que los tomadores de decisiones así lo entiendan.

 

Sobre el Autor

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Andrés Ángel

Andrés Ángel es asesor científico del Programa de Agua Dulce. Es colombiano y trabaja con AIDA desde Bogotá. Tiene un B.Sc. en Geología y un M.A. en Políticas Públicas, con énfasis en Geogobernanza, de la Universidad de Potsdam, Alemania, estudios cursados como becario DAAD. Además, tiene experiencia como investigador en diversos conflictos socioecológicos y procesos de defensa de territorios, principalmente en aquellos relacionados con neoextractivismo. Ha trabajado también en el sector público colombiano en varias experiencias de control ambiental.

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