En la lucha contra el fracking en Colombia, una pequeña ciudad está dando una gran batalla.

Desde comienzos de 2016, los habitantes de San Martín, municipio ubicado a unos 480 kilómetros al norte de Bogotá, en el departamento de Cesar, se han movilizado y han protestado y resistido pacíficamente los planes del gobierno de realizar operaciones de fracking en su territorio.

Organizando marchas de protesta y bloqueando el acceso de empleados de una empresa petrolera a los sitios de exploración, ciudadanos preocupados están alzando sus voces contra una industria ambientalmente dañina. Pero San Martín es sólo uno de los muchos municipios afectados por la fiebre del fracking que está desplazando a la industria del gas y el petróleo en Colombia.

Ese país tiene grandes reservas de combustibles fósiles no convencionales, atrapados en depósitos estrechos de rocas de esquisto. El fracking o fractura hidráulica rompe esas rocas  —usando una mezcla de agua, arena y químicos— y libera esos depósitos, los cuales, dicen analistas, pueden generar 6.800 millones de barriles de petróleo y 55 billones de pies cúbicos de gas natural, según  la Administración de Información Energética (AIE) de Estados Unidos. Eso basta para satisfacer por décadas la demanda energética de Colombia.

Si bien aún no se han iniciado operaciones de fracking en el país, existen a la fecha 12 bloques de exploración de fracking, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y una concesión han sido ya otorgada a una corporación multinacional. Se prevé que ésa y las futuras concesiones afecten a municipios en todo el territorio nacional.

Colombia ha seguido el ejemplo de otros países de América Latina que han adoptado el fracking como solución rápida y sucia a su adicción a los combustibles fósiles, la cual alimenta a poblaciones necesitadas de energía. Actualmente, Argentina, Chile y México son las potencias del fracking en la región.

“No podemos darnos el lujo de no hacer fracking”, dijo en 2015 Juan Carlos Echeverry, entonces presidente de Ecopetrol, la empresa estatal petrolera de Colombia. Pero los pobladores de San Martín —como muchas otras personas preocupadas por el futuro de sus comunidades, del país y del planeta— opinan diferente.

En apoyo a las y los ciudadanos de San Martín, la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC) ha estado organizando una resistencia en el mismo lugar para restringir la exploración de fracking en Cesar. Otra organización, la Alianza Colombia Libre de Fracking, también está luchando: recientemente firmó una carta abierta pidiéndole al presidente Juan Manuel Santos aprobar una moratoria al fracking.

Aunque estos esfuerzos son parte integral de la lucha contra el fracking, también es importante librar la batalla en el ámbito local. Siempre que sea posible, ciudades y municipios pueden adoptar soluciones creativas como leyes estrictas de zonificación o referéndums para conseguir prohibir el fracking a nivel local.

Esa estrategia ha tenido un éxito significativo en Brasil, donde más de 70 municipios han prohibido el fracking, frenando la expansión de la industria de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, protegiendo su ambiente. En Estados Unidos, estados como Nueva York, Maryland y parte de California han prohibido también con éxito las operaciones de fracking.

De la mano de organizaciones en toda la región, AIDA trabaja con empeño para detener la expansión del fracking en América Latina. A través de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking y de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, nos enfocamos en soluciones locales que tengan potenciales implicaciones regionales.

“La Alianza trabaja para promover el debate público, la concientización y la educación entre organizaciones de la sociedad civil en América Latina”, dice Claudia Velarde, abogada de AIDA. “También apoyamos los esfuerzos de resistencia local contra la expansión del fracking en el continente”.

La Alianza está solicitando una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual sus integrantes demostrarán los impactos del fracking en los derechos humanos de las comunidades afectadas.

Si nuestros gobiernos están decididos a seguir perforando en busca de combustibles fósiles, es tiempo de que las comunidades se pongan de pie y demanden un futuro con energía limpia y renovable.

Al enfocarnos en el poder de las bases, como la gente de San Martín, nosotros también podemos demandar un futuro mejor y hacer retroceder a la industria de los combustibles fósiles. 

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