Fuentes de Agua Dulce

La recuperación del lago Poopó, una deuda con la vida

Calixta Mamani recuerda con nostalgia las plantas de totora creciendo con tallos verdes y erguidos a orillas del lago Poopó, ubicado en el departamento de Oruro, en la árida meseta de los Andes centrales de Bolivia. La totora era el alimento de su ganado. “Todo se ha secado… Aquí ya no hay vida, la tierra ya no produce”. También vienen a su mente las aves —taracas o chhoqas (aves de color negro parecidas a los patos) y parihuanas (flamencos andinos)— y peces que abundaban en la zona. “Ahora ya no los ves… todo se nos ha terminado, nuestra cultura”. Las pérdidas descritas por Calixta representan más bien un grave despojo. A las comunidades indígenas y campesinas que viven en cercanías del lago Poopó se les ha privado no solo de su fuente de agua, sino también de su fuente de sustento, de su forma de vida y de su cultura. El Poopó, el segundo lago más grande de Bolivia, ha sido dañado por actividades mineras —que no han cesado durante la pandemia—, el desvío de ríos y la crisis climática al punto de poner en riesgo todos los sistemas de vida que dependen de él. Calixta es integrante de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), una organización que defiende los derechos de las mujeres indígenas y campesinas frente a los impactos destructivos de las industrias extractivas en las regiones de Oruro, La Paz y Potosí. Al estar a cargo del pastoreo, de la preparación de alimentos y de otras tareas de cuidado del hogar Calixta y las otras mujeres de la zona conviven diariamente con el lago y sufren de forma diferenciada los efectos de su degradación. Es por la relación de respeto que tienen con la Madre Tierra y la Madre Agua que las comunidades asentadas en torno al lago Poopó están luchando por salvarlo. Décadas de contaminación Según un informe del Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), las denuncias de contaminación del lago Poopó por actividades mineras locales datan de 1981, cuando investigadores revelaron que 120 minas de plomo, estaño y oro descargaban sus desechos directamente a sus aguas. La situación, que no ha parado con los años, ha provocado sedimentación. Ello quiere decir que cantidades considerables de cadmio, zinc, arsénico y plomo se han vuelto sedimentos en el lago. Ello hizo que sus aguas no sean aptas para el consumo humano ni el de animales y que tengan un uso limitado para el riego de cultivos. “…con el pasar del tiempo y con el avance de la minería, la explotación de minerales se ha intensificado. Poco a poco todo esto ha ido desapareciendo, se han cortado venas de agua y todo se ha quedado como se ve ahora, pareciera que todo está quemado”, cuenta Petrona Lima, del Ayllu San Agustín de Puñaca, municipio de Poopó, en un testimonio recogido por el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). A fin de preservar su biodiversidad —que incluye aves endémicas, migratorias y la mayor cantidad de flamencos en el altiplano boliviano—, el lago Poopó, junto con el lago Uru Uru, fue declarado en 2002 Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar. Sin embargo, el ecosistema continúa en serio peligro. En diciembre de 2015, los niveles de agua del Poopó se redujeron a tal grado que el cuerpo de agua desapareció, hecho considerado como una de las mayores catástrofes ambientales de Bolivia. Aunque el lago logró aumentar su caudal en tiempo de lluvia, su situación aún es muy crítica en época seca. Crisis climática y desvío de ríos La degradación del lago es resultado también de la crisis climática global, que trae intensas sequías y un aumento en las temperaturas. Si la temperatura promedio global aumentó en 0,8°C debido al cambio climático, en el lago Poopó el incremento fue de 2,5 °C, según información publicada en 2015. Esto ha acelerado la evaporación de sus aguas.  También está el desvío de los dos ríos que lo alimentan: el río Desaguadero y el río Mauri. El caudal del primero ha disminuido debido a operaciones mineras y agrícolas. Mientras que las aguas del segundo, ubicado en la frontera con Perú, han sido desviadas. De hecho, un riesgo reciente para la cuenca del lago Poopó es la implementación de la segunda fase del proyecto de construcción de un canal que desviaría más de 500 litros de agua por segundo del río Mauri para alimentar a la agroindustria en Tacna, Perú. La ejecución de la primera fase de ese proyecto fue una de las causas de la desaparición del lago en 2015. Defendiendo su fuente de vida De los lagos Poopó y Uru Uru no solo dependen comunidades indígenas (aymaras y quechuas) y campesinas, sino también los Uru Murato, una de las naciones originarias más antiguas de Bolivia. Solían vivir de la pesca, pero la contaminación del Poopó ha obligado a los Uru Murato a migrar para trabajar en las minas y salinas. Además de un grave daño ambiental, lo que pasa con este ecosistema es una seria vulneración del derecho al agua, a la salud, al territorio, a la alimentación y al trabajo de las personas afectadas. Por ello AIDA y organizaciones locales han unido esfuerzos para defender al lago Poopó, su biodiversidad y a las comunidades que dependen de él. En julio del año pasado, solicitaron a la Secretaría de la Convención Ramsar enviar una misión de expertos al país para evaluar la salud de los lagos Poopó y Uru Uru y hacer recomendaciones al gobierno para su recuperación. Y este mes pusieron en marcha la campaña #LagoPoopóEsVida para visibilizar la situación y llamar la atención de las autoridades y opinión pública a nivel nacional e internacional. Salvar este ecosistema es rescatar vidas y el referente cultural de un país.  

El lago Poopó es vida: Estrategias para la defensa de la Madre Tierra y la Madre Agua

Ubicados en la seca meseta altiplánica de los Andes centrales de Bolivia, los lagos altoandinos Poopó y Uru Uru son una importante fuente de agua para la biodiversidad local —que incluye especies de aves migratorias y en peligro— y para comunidades indígenas y campesinas en sus alrededores. Pero actividades como la minería y el desvío de ríos han afectado este importante humedal al punto de poner en riesgo el equilibrio de los sistemas de vida que dependen de él. El daño ha dado lugar a una de las mayores catástrofes ambientales del país: en pocos años, el espejo de agua del lago Poopó se redujo a niveles alarmantes y hasta llegó a ser declarado desaparecido.En este complejo contexto, se han realizado muchas acciones para visibilizar y denunciar la situación crítica de los lagos, para precautelar a las comunidades que dependen de ellos, para generar información y evidencia científica actualizada, así como para llamar la atención de la comunidad internacional con miras a sumar esfuerzos para su recuperación.En este conversatorio virtual, mediante un diálogo de saberes, compartimos las experiencias de defensa de estos lagos, del territorio, de la Madre Agua, de los bienes comunes, de los medios de vida y de las culturas.   PanelistasYasin Peredo, Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA): Monitoreo comunitario de la calidad del agua.Angela Cuenca, Colectivo CASA: Defensa de los derechos de comunidades afectadas por la crisis del Lago Poopó.Claudia Velarde, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Los lagos Poopó y Uru Uru como Humedal de importacia Internacional.Margarita Aquino, Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT): La voz de las protagonistas.Moderó: Carmen Aliaga, Colectivo CASA. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Yasin Peredo, Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA): 3. Claudia Velarde, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): 

Preservando los lagos altoandinos en Bolivia, fuentes de vida

Buscando justicia para las comunidades afectadas por la represa Hidroituango

Corte Interamericana ratifica los derechos de pueblos indígenas en Argentina

En el departamento Rivadavia de la provincia argentina de Salta, fronteriza con Bolivia y Paraguay, existen tierras habitadas por indígenas desde hace al menos 60 años. Se trata de pueblos que viven de la caza, la recolección y la pesca. La batalla de varios de esos pueblos ancestrales para que el derecho de propiedad sobre sus tierras sea reconocido por el gobierno lleva también mucho tiempo, remontándose a 1984, año que marcó el inicio del retorno a la democracia en el país tras la dictadura. La falta de reconocimiento de ese derecho ha obligado a los indígenas a cambiar por años sus formas de vida, afectadas por la interferencia de actividades ajenas a sus usos y costumbres. El asentamiento en su territorio de familias criollas, así como el pastoreo, la tala ilegal y la construcción inconsulta de alambrados y de un puente internacional han modificado su modo tradicional de alimentación y su acceso al agua, dañando además su identidad cultural. Ante la falta de protección del Estado argentino, las comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) —agrupadas en la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra)— llevaron su lucha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1998, representadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales. La Comisión emitió su informe de fondo del caso en 2012, estableciendo la violación de derechos de las comunidades indígenas y ordenando al Estado la adopción de medidas de reparación. Y, tras el incumplimiento de la disposición por parte del Estado, el caso fue derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia —hecha pública el pasado 2 de abril­— declaró al Estado argentino responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas. El fallo marca un hito importante para la lucha de los pueblos originarios por sus derechos. Es la primera vez que la Corte, en un caso contencioso, analiza esos derechos en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana, ordenando medidas específicas para su restitución, incluyendo acciones para el acceso al agua y a la alimentación, la recuperación de recursos forestales y para la recuperación de la cultura indígena. Acciones de reparación Entre otras implicaciones, la decisión de la Corte podría dar paso a soluciones a la emergencia sanitaria que aqueja a las comunidades indígenas de la Asociación Lhaka Honhat. La vulneración de sus derechos a la alimentación y al agua ha causado muertes por desnutrición y deshidratación. En ese sentido, la Corte exigió al Estado presentar en seis meses un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación, que formule un plan de acción para enfrentarlas y que comience su implementación. Dispuso también la creación de un fondo de desarrollo comunitario y su implementación en un plazo no mayor a cuatro años. En cuanto al territorio, el Estado deberá Territorio, en un plazo máximo de seis años: Delimitar, demarcar y otorgar un título único colectivo sin subdivisiones ni fragmentaciones para las comunidades indígenas. Trasladar a la población criolla fuera del territorio indígena a través de mecanismos específicos que promuevan, sobre todo, el traslado voluntario. Quitar de las tierras indígenas los alambrados y el ganado perteneciente a pobladores criollos. Abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos en el territorio indígena. Adicionalmente, la Corte la Corte pidió la adopción de medidas legislativas y/o de otro tipo para dar seguridad jurídica al derecho a la propiedad comunitaria indígena en Argentina. Apoyando la lucha indígena En marzo de 2019, AIDA y los otros miembros del grupo de litigio de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Asociación Civil por Igualdad y Justicia, Amnistía Internacional, la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia, FIAN International, International Women’s Rights Action Watch - Asia Pacific y Minority Rights Group International— presentamos ante la Corte un escrito legal (Amicus) para respaldar las demandas de las comunidades indígenas de la Asociación Lhaka Honhat. Los argumentos contenidos en el escrito resaltaron la importancia de reconocer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como verdaderos derechos exigibles — al igual que otros derechos como la vida o la integridad personal— debido a su naturaleza independiente e indivisible. En ese sentido, AIDA recordó el avance importante que la Corte promovió con la Opinión Consultiva 023, que reconoce el derecho a un ambiente sano como fundamental para la vida humana. En el escrito, las organizaciones solicitamos hacer respetar los derechos a un ambiente sano, a la identidad cultural, a la alimentación y al agua de los pueblos indígenas bajo el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La decisión de la Corte establece un precedente regional importante para la protección del ambiente en el continente pues contribuye a la consolidación de estándares para proteger la tierra de comunidades indígenas, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y el derecho a la cultura.   

Actúa: Por el agua, contras las represas destructivas

  Para María y otras mujeres de Ixquisis, el río es un lugar especial. Allí, ellas se reúnen y lavan ropa. Hablan de sus familias, de sus cosas por hacer, de sus alegrías y preocupaciones. Sin embargo, en los últimos años, la vida en la microrregión de Ixquisis, Guatemala, ha cambiado dramáticamente. Varias hidroeléctricas están siendo construidas en la cuenca, incluidas las represas Pojom II y San Andrés, ambas financiadas por el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Incluso antes de concluir, la construcción de las represas ha causado escasez de agua y la contaminación de ríos altamente apreciados. Los peces ya no abundan, las enfermedades de piel y estómago se han hecho comunes. Para empeorar la situación, la gente de Ixquisis ya no se siente segura. Debido a su oposición a las represas, las mujeres viven con miedo a represalias contra ellas mismas, sus esposos o sus hijos. Pero, a pesar de los riesgos, no están dispuestas a ser silenciadas. Las mujeres de Ixquisis necesitan tu ayuda. Firma la petición y únete al llamado de María y de las mujeres de Ixquisis para que el Banco Interamericano de Desarrollo retire su inversión de las represas que están contaminando su agua y amenazando la salud y seguridad de su comunidad.

Regulación ambiental minera: Lecciones desde Mendoza, Argentina

A finales de 2019, el Gobierno de la Provincia de Mendoza, en Argentina, pretendió flexibilizar el control y vigilancia ambientales en minería, permitiendo el uso de cianuro y otras sustancias químicas tóxicas en actividades mineras. Los ciudadanos respondieron con una movilización masiva que logró evitar ese retroceso.En este seminario virtual, hablamos sobre este proceso y compartimos nuestras reflexiones al respecto. PanelistasLucrecia Wagner: Licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, Doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina).Marcelo Giraud: Licenciado en Geografía, Profesor Asociado efectivo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) e investigador de problemáticas socioambientales, en especial las generadas por la megaminería. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Lucrecia Wagner y Marcelo Giraud: Material adicionalConsultas comunitarias en Argentina: respuestas participativas frente a mega-proyectosAgricultura, cultura del oasis y megaminería en Mendoza. Debates y disputasConflicto por la apropiación del río Atuel entre Mendoza y La Pampa (Argentina)Sin licencia social no hay minería": Incertidumbre científica, resistencia social y debate político generados por la megaminería en MendozaAgua o minería. Determinaciones y movilizaciones en la construcción pública del conflicto ambiental en MendozaUspallata: ecos sociales de la megaminería en un valle andinoProblemas Ambientales y Conflicto Social en Argentina: Movimientos socioambientales en Mendoza. La defensa del agua y el rechazo a la megaminería en los inicios del Siglo XXI15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en la ArgentinaEl proyecto minero Potasio Río Colorado: Conflicto socioambiental, impactos regionales y falta de integralidad en la evaluación ambiental 

Hoja Informativa: Mujeres mayas por la defensa de sus ríos

   Descarga la hoja informativa 

Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo

Aprendiendo de Mendoza, Argentina: “El agua no se negocia”

A finales del año pasado, los ciudadanos de Mendoza, Argentina, fueron protagonistas de una de las manifestaciones sociales más relevantes de la provincia. El objetivo era contundente: la defensa del agua. Personas de todas las edades, miembros de ONG, asambleas ambientalistas y movimientos antimineros, científicos y académicos salieron a las calles exigiendo al gobierno local dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722, conocida como “la guardiana del agua” o “ley del pueblo”. Es una norma fundamental para la protección del agua en Mendoza porque prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias químicas tóxicas en las actividades mineras, las cuales contaminan gravemente ríos, lagos y otras fuentes naturales de agua. Promulgada el 21 de junio de 2007, esta ley es resultado de una larga lucha por parte de la sociedad civil. Un retroceso en la protección ambiental El gobierno pretendía modificar la Ley 7722 con otra norma, la Ley 9209, que permitía “el uso de sustancias químicas [entre ellas el cianuro], mezclas o disoluciones de ellas, que aseguren la sostenibilidad del proyecto [minero]”. La justificación para eliminar la prohibición del uso de cianuro y otros elementos tóxicos era “garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera”. El uso de cianuro en la minería legal es cada vez es menos frecuente debido a los riesgos que implica su fabricación, transporte y uso. Los compuestos de cianuro suelen ser altamente tóxicos en su forma gaseosa o disueltos en agua. Teniendo en cuenta que el límite de cianuro en agua potable para consumo humano seguro es cuatro gotas por litro, las concentraciones usadas en minería presentan riesgos bastante altos. Además, existe abundante evidencia de derrames y pérdidas de cianuro en instalaciones mineras durante su transporte y de múltiples casos de muerte masiva de fauna en instalaciones mineras, particularmente de aves migratorias. Por si fuera poco, la modificación legislativa buscaba flexibilizar los procedimientos de control y vigilancia ambientales pues establecía que ya no era obligatorio que la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto minero fuera ratificada por ley, bastando únicamente la firma de un funcionario de la Secretaría de Ambiente de la provincia para autorizar el proyecto. Ello atentaba contra la efectividad de la Ley 7722. Estos cambios promovidos por el gobierno de Mendoza vulneraban los principios de protección ambiental del país, entre ellos el de sustentabilidad, contenidos en la Constitución y otras normas de carácter nacional que las provincias están obligadas a cumplir y enriquecer. Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. La respuesta ciudadana La movilización en contra de esta modificación, que pretendía dar vía libre al uso de sustancias de altísimo impacto ambiental, superó cualquier precedente y se convirtió en un ejemplo para toda la región al lograr revertir una iniciativa ya aprobada por los legisladores de Mendoza. La desaprobación social de la nueva ley se multiplicó. Bajo los lemas "el agua no se negocia” y “el agua vale más que el oro”, la sociedad organizada de Mendoza expresó su rechazo. Las manifestaciones populares, las más grandes de la historia de Mendoza, comenzaron el 22 de diciembre. Al día siguiente, 50 mil personas se reunieron al frente de la Casa de Gobierno Provincial tras un recorrido de más de 100 kilómetros iniciado en la población de San Carlos, en el Valle de Uco, y que pasó por los pueblos aledaños. Las personas movilizadas tenían la misma reivindicación: La Ley 7722 no se toca. Pese al evidente rechazo popular, el Gobernador de Mendoza promulgó la reforma. Miles de vecinos autoconvocados se concentraron en el kilómetro cero —entre las calles San Martín y Garibaldi— de la capital provincial para exigir la derogación de la norma. El 26 de diciembre, ante la constante y creciente presión social, el Gobernador anunció que no reglamentaría la nueva ley. Esa medida paliativa no convenció y las movilizaciones se intensificaron. El Gobernador decidió entonces dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722 y el viernes 27 anunció que iba a enviar un proyecto de ley para derogarla, lo que finalmente ocurrió el lunes 30. El caso de Mendoza deja una lección valiosa a todos los países América Latina: Cuando la ciudadanía conoce y toma conciencia de la importancia de la naturaleza y de la magnitud de los peligros que enfrenta, es muy difícil doblegarla. Los conflictos socioambientales no solo responden a quiénes detenten el control de los recursos naturales, sino también a las consideraciones de afectaciones en un entramado social bastamente complejo. Para los seres humanos y no humanos, la naturaleza es parte constitutiva de nuestra identidad, cultura y costumbres. Somos parte de ella y ella de nosotros. Es una red viva e interconectada. Por ello debemos ser sus principales defensores. La actualización pronta y necesaria del concepto de “desarrollo sustentable” es uno de los desafíos del Derecho Ambiental en el siglo XXI. No podemos concebir un desarrollo que atente contra la naturaleza e ignore los derechos humanos.   Conoce más sobre el uso de cianuro en la minería.