Fuentes de Agua Dulce


Nuestra visión para un futuro justo

América Latina es clave para la protección de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática a nivel mundial. Sus bosques, humedales y ecosistemas marinos están entre los sumideros de carbono más importantes del planeta, un servicio debilitado por actividades como la explotación y uso de combustibles fósiles. En AIDA vislumbramos una región donde el ambiente y las comunidades, especialmente las que están en situación de alta vulnerabilidad, cuenten con protecciones duraderas. Para lograrlo, seleccionamos casos que sientan precedentes y que resultan en herramientas y estrategias nuevas, posibles de replicar y que sumen a la protección del ambiente sano en la región. Tras celebrar 25 años de trabajo en favor del derecho a un ambiente sano en la región, AIDA está lista para encarar un nuevo cuarto de siglo como una organización robusta y multidisciplinaria. En los próximos años, continuaremos y fortaleceremos con nuestra búsqueda de justicia ambiental y climática mediante dos iniciativas interconectadas, cada una con ejes de trabajo definidos:   1. Promoción de una transición energética justa Una transición energética justa implica transformar las relaciones de poder entre quienes más contaminan y el resto del mundo, evitar la profundización de conflictos socioambientales y proteger los derechos de las comunidades y personas involucradas en procesos de generación de energía. Al ser un asunto que no puede ser abordado solo a nivel país, AIDA aportará su visión regional para incrementar el alcance de decisiones locales y nacionales, potenciar estrategias legales y fortalecer una propuesta de transición para el continente. Nos enfocaremos en: Evitar la dependencia del petróleo y el gas. Detener la extracción y el uso del carbón. Promover energías renovables y sostenibles. Abogar por un financiamiento y gobernanza climáticos basado en derechos humanos.   2. Protección de sistemas que sostienen la vida Los servicios ecosistémicos que sostienen la vida en América Latina y en el mundo —entre ellos la captura y almacenamiento natural de carbono para mitigar la crisis climática, la provisión de alimentos, aire y agua limpios— están en riesgo por la falta de acciones ambiciosas y efectivas. Para garantizar la subsistencia de los sistemas de vida en el continente, tanto en comunidades rurales como en grandes ciudades, AIDA centrará sus esfuerzos en: Proteger el océano, desde las costas hasta alta mar. Preservar las fuentes de aguas dulce y los territorios tradicionales Defender la cultura y los medios de vida tradicionales. Mejorar la calidad del aire.   En los años que vienen, desde nuestro rol regional, seguiremos aportando a soluciones centradas en las personas y en la naturaleza para enfrentar efectivamente y desde los esfuerzos colaborativos los desafíos ambientales y sociales en el continente.  

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Laguna Colorada, Bolivia

Humedales andinos: Oportunidades para su protección en Argentina, Bolivia y Chile

Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son reconocidos a nivel mundial como ecosistemas de alta importancia ambiental y social, pero también muy frágiles por sus características, cuyo elemento central es el agua, un bien común que controla el medio y la vida silvestre. Su vulnerabilidad radica también en las amenazas que afrontan, entre ellas la crisis climática y los impactos negativos de actividades extractivas como la minería de litio, de cobre y de otros minerales considerados “críticos” para la transición a nuevas formas de generar energía.En el marco del Día Mundial de los Humedales, celebrado cada 2 de febrero, en este seminario web abordamos la situación actual de los humedales andinos de Argentina, Bolivia y Chile —cuyos salares albergan más del 53% de las reservas globales de litio— y de las oportunidades que existen para proteger esos ecosistemas, así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos. PanelistasLaura Castillo, Coordinadora del Programa Altoandinos del Área de Política Ambiental, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina).Paola Quispe, ingeniera ambiental, Empodérate (Bolivia).Cynthia Escares Cifuentes, bióloga marina, ONG Defensa Ambiental (Chile).Clemente Flores, residente de la comunidad “El Moreno”, Salinas Grandes, Jujuy (Argentina).Moderó: Stephanie Weiss Müller, coordinadora de proyecto, Programa de Ecosistemas, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación 

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Selva amazónica

La triple crisis planetaria: Qué es y qué soluciones existen

Quizás has escuchado que la humanidad enfrenta “una triple crisis planetaria”. En palabras del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, esta crisis “amenaza el bienestar y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo”. Pero, ¿a qué se refiere? La triple crisis planetaria se refiere a tres problemas interrelacionados: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Cada uno de estos problemas es una crisis en sí misma con sus propias causas y efectos, pero las tres convergen y se retroalimentan. Las tres afectan los derechos humanos y, de forma más intensa, para personas en condición de vulnerabilidad.   La crisis climática Naciones Unidas considera la alteración del clima como el problema más urgente de la humanidad y la mayor amenaza a los derechos humanos. El cambio climático, es decir, los cambios a largo plazo en las temperaturas y patrones climáticos del planeta, puede alterar por completo los ecosistemas. Aunque existe un cambio climático que ocurre por el comportamiento natural del planeta, el que estamos enfrentando es causado por las actividades humanas: desde la Revolución Industrial se ha visto un cambio acelerado en el comportamiento promedio del planeta. Una de las causas principales es la explotación y uso de combustibles fósiles. Por ello, la crisis climática se refiere a las consecuencias del cambio climático producido por actividades humanas, que son, entre otras: el aumento de la intensidad y gravedad de eventos naturales como sequías, incendios, tormentas, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los polos, cambios en los ciclos hidrológicos y climáticos que afectan la biodiversidad que depende de ellos, e impactos al disfrute de los derechos humanos.   La crisis por contaminación y residuos El sistema económico dominante, dependiente del consumo, implica la generación de altos niveles de contaminación y desechos que tienen un gran impacto en la salud humana y en la de los ecosistemas. En particular, la contaminación del aire es la principal causa de enfermedades y muertes prematuras a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año 7 millones de personas mueren prematuramente a causa de la mala calidad del aire. La degradación del aire es causada por las emisiones de fábricas, del transporte y de incendios forestales. También respiran aire contaminado en sus hogares quienes carecen de acceso a tecnologías menos dañinas para cocinar o mantener el calor. La contaminación del aire está relacionada con el cambio climático, pues muchas de las emisiones también calientan el planeta. La contaminación por plásticos y microplásticos es otra preocupación mundial pues afecta a la biodiversidad, tarda siglos en descomponerse y es un derivado del petróleo, un combustible fósil. Cada vez más estudios encuentran que los plásticos están afectando la salud de las personas y de otros seres vivos. No podemos dejar de lado la contaminación provocada por las actividades extractivas que, además de generar emisiones de gases efecto invernadero y dejar a su paso químicos tóxicos para la salud, degradan fuentes de agua dulce y grandes extensiones de territorio.   La crisis por pérdida de biodiversidad La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución y a la desaparición de la diversidad biológica: flora, fauna y ecosistemas. Esta crisis tiene a las dos anteriores como causa, a lo que se suma la explotación excesiva de los recursos y el cambio de uso de tierras —que se traducen en sobrepesca, venta y caza ilegal, así como deforestación— y la introducción de especies no nativas e invasoras. Esta pérdida implica también el declive de muchas especies de las que dependemos. Sus impactos se extienden hasta la afectación del suministro de alimentos y del acceso al agua. Un ejemplo es la Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo y un estabilizador climático global. Alberga 10% de la biodiversidad conocida del planeta y es el lugar ancestral de vida de más de 470 pueblos indígenas y tradicionales. Pero está en peligro por diversas amenazas como la colonización, la deforestación y las actividades extractivas. Tal es así que el punto de no retorno de la Amazonía, en el que los niveles de deforestación anulen su capacidad de regeneración, ya no es un escenario futuro.   Acciones ante la triple crisis planetaria La triple crisis planetaria es un problema multifactorial, con diversos actores y cuyo abordaje correcto necesita propuestas y soluciones desde todas las especialidades. Aunque las acciones locales y los cambios individuales en nuestro estilo de vida ayudan, muchos de los cambios necesarios requieren decisiones a escala global y cambios profundos de los sistemas de producción, económicos, políticos y sociales. De acuerdo a Naciones Unidas, algunas de las acciones que ayudarían a enfrentar la triple crisis planetaria y que requieren participación global son: Limitar el aumento de la temperatura mundial a 1.5 grados: esto significa que las emisiones mundiales deberían reducirse un 45 % para 2030 con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Acelerar la expansión de energías renovables limpias: para lograr el punto anterior, se requiere una reducción drástica del uso de combustibles fósiles para dar paso a sistemas energéticos basados en fuentes renovables, sostenibles en el tiempo y respetuosos del ambiente y de las personas. Además de combatir el cambio climático, esto reduciría la contaminación del aire. Invertir en adaptación y resiliencia: esto significa considerar a quienes ya sufren los impactos de la crisis climática en las soluciones, con énfasis en las naciones, personas y comunidades en situación de vulnerabilidad y que menos responsabilidad tienen en estas crisis. Conservar y proteger el 30% del planeta: esto aplica particularmente a las áreas de importancia para la biodiversidad, incluyendo el océano. Implica también acciones para mitigar el cambio climático. Mejorar el sistema alimentario: esto incluye cambios en la forma de riego y el manejo de suelo, así como la producción de alimentos más saludables y la reducción del desperdicio de alimentos. No dejar a nadie atrás: las medidas descritas deben llevarse a cabo de manera simultánea y con un enfoque de protección de los derechos humanos pues representan una oportunidad para reducir las desigualdades que son causa y consecuencia de las crisis.   Avances ante la triple crisis planetaria Estas crisis amenazan no solo nuestras fuentes básicas de sustento, sino incluso nuestra salud mental. Y, aunque hay mucho por hacer, se han logrado avances que muestran la necesaria cooperación mundial. Estos son algunos de los más recientes: El Tratado de Alta Mar, concebido para proteger dos terceras partes del océano, fue adoptado en junio de 2023, y debe ser ratificado por 60 países para entrar en vigor. Naciones Unidas reconoció el derecho a un ambiente sano, limpio y saludable como derecho universal. 175 naciones acordaron crear un instrumento global para abordar la contaminación por plásticos.   Nuestras decisiones de consumo individuales y el activismo ayudan a no ser indiferentes y aportan a nuestra comunidad directamente. Pero también es importante exigir, como ciudadanas y ciudadanos, que nuestros representantes en instancias de toma de decisiones garanticen mayor participación y compromiso en la adopción de acciones clave.    

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Parque Nacional Yasuní, Amazonía, Ecuador.

10 buenas noticias ambientales desde América Latina en 2023

Está por terminar un año turbulento para el mundo en muchos sentidos y en el que la crisis climática todavía es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como humanidad. Sin embargo, siempre vale la pena evaluar y reconocer los avances en la búsqueda de justicia ambiental y climática en la región. Así, al cerrar el 2023, celebramos tratados, decisiones e hitos que nos ayudan a mantener la esperanza para continuar defendiendo al planeta y a sus habitantes.   1. El mundo tiene un tratado para preservar la vida en alta mar Tras dos largas semanas de negociaciones, y décadas de trabajo previas, los Estados miembros de Naciones Unidas acordaron un tratado de alta mar, orientado a proteger más de la mitad del planeta y dos terceras partes del océano. El nuevo tratado proporcionará una ruta para establecer áreas protegidas en alta mar, así como para evaluar y gestionar las actividades humanas que puedan afectar la vida en esta vasta zona. También ayudará a lograr el objetivo mundial de proteger el 30% del océano para 2030. Casi 80 países lo han firmado y está en proceso de ratificación para entrar en vigor. 2. El pueblo ecuatoriano decide proteger la Amazonía Ecuador celebró una consulta popular en la que la ciudadanía debía decidir si estaba o no de acuerdo en detener la explotación petrolera en una parte del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta. Y la gran noticia es que cerca del 60% de la población decidió proteger esta región de la Amazonía y dejar una parte del petróleo bajo tierra. Al reconocer el valor de un ecosistema clave para la estabilización del clima global, este resultado rebasa los alcances nacionales y es una muestra esperanzadora de ambición climática que puede impulsar la necesaria transición energética justa a nivel mundial. 3. La ONU reconoce el activismo por el derecho a un ambiente sano Naciones Unidas otorgó el Premio de Derechos Humanos 2023 a la Coalición Mundial de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales y Comunidades Locales por el Reconocimiento Universal del Derecho Humano a un Ambiente Limpio, Sano y Sostenible. Es un premio que se entrega cada cinco años y es la primera vez desde su creación que es otorgado a una coalición mundial, galardonando el rol esencial de la coalición en el reconocimiento del derecho a un ambiente sano por parte de la Asamblea General de la ONU en 2022, décadas de esfuerzos de la sociedad civil y los espacios de participación pública. 4. Crece el respaldo para la moratoria a la minería submarina Se trata de un llamado para que la Autoridad Internacional de Fondos Marinos haga una pausa en las negociaciones para regular la explotación submarina de yacimientos minerales mientras se obtiene la información necesaria para entender los impactos de esta actividad extractiva en el océano, las especies y las personas. La adhesión más reciente fue la de México en noviembre, la cual fortaleció el pedido que ya han hecho países de la región como Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana en favor de una moratoria a la minería submarina. Puedes unirte y conocer más siguiendo el hashtag #DefendTheDeep 5. Se gesta un Tratado de No Proliferación de Fósiles Colombia, uno de los principales productores de carbón, fue el primer país latinoamericano en unirse al llamado por un Tratado de No Proliferación de Fósiles, iniciativa mundial que busca complementar el Acuerdo de París y al que se han unido ciudades, representantes gubernamentales electos y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de la propuesta, liderada por países insulares del Pacífico, es crear un plan de seguimiento para detener la expansión del uso de combustibles fósiles e iniciar una transición justa. Puedes conocer los detalles, visitando el sitio de Fossil Fuel Treaty. 6. Señales de esperanza para una “zona de sacrificio” en Chile Aunque todavía queda mucho por hacer, sucesos recientes dan luces de esperanza de que las cosas podrían mejorar en la bahía de Quintero y Puchuncaví, cuya población ha sufrido décadas de contaminación proveniente de un conjunto de empresas. En mayo y tras 58 años de operación, los hornos y la caldera de la Fundición Ventanas se apagaron definitivamente.  Asimismo, la multinacional dueña de la termoeléctrica Ventanas II, ubicada también en la bahía, anunció su cierre definitivo para fines de este año. Además, la Corte Suprema emitió tres sentencias que hacen referencia al incumplimiento de una sentencia de 2019 —la cual ordena al Estado adoptar 15 medidas para identificar las fuentes de contaminación y reparar la situación ambiental de la zona— y que otorgan herramientas para hacerla cumplir. Conoce más del caso en Chao Carbón. 7. Gobierno colombiano debe tomar acciones climáticas concretas En el plazo de un año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia debe adoptar medidas concretas de adaptación y mitigación a la crisis climática. Esa fue la orden del Consejo de Estado, un alto tribunal, como resultado de un litigio en el que se demostró que la entidad incumplió obligaciones climáticas contenidas en la legislación nacional. Colombia, al ser el mayor exportador de carbón térmico de América Latina, tiene la obligación de incorporar en sus compromisos climáticos la dimensión real de los impactos de la extracción, transporte y quema de carbón. Este caso puede convertirse en un precedente de litigio climático estratégico y exitoso a nivel regional y mundial. 8. Cajamarca, en Colombia, sigue siendo un ejemplo de democracia ambiental Las consultas populares se respetan. Un tribunal colombiano lo dejó claro al reafirmar la legalidad de la consulta popular en la que el pueblo de Cajamarca rechazó el proyecto de megaminería de oro La Colosa, de la multinacional Anglogold Ashanti. El fallo representa un triunfo para la democracia participativa y para la defensa de los territorios campesinos frente al extractivismo, generando un precedente importante para respetar otras consultas populares a lo largo del país y servir de ejemplo al resto de la región. 9. Nace una alianza regional para proteger los humedales andinos Organizaciones socioambientales diversas se unieron para conformar la Alianza por los Humedales Andinos, cuyo objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con énfasis en Argentina, Bolivia y Chile. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son reconocidos mundialmente como ecosistemas de alta significancia ambiental y social, pero también muy frágiles y amenazados por la crisis climática y por actividades extractivas como la minería de litio, cobre y de otros minerales considerados “críticos” para la transición a nuevas formas de generar energía. 10. AIDA celebra 25 años de trabajo en favor del ambiente sano Este año, celebramos nuestro 25 aniversario, un cuarto de siglo dedicado a la defensa del derecho a un ambiente sano en América Latina. Nuestro viaje e impacto han sido posibles gracias a una gran comunidad de personas aliadas con quienes hemos colaborado y con quienes compartimos este año de festejos. Este hito en nuestra historia nos permitió reflexionar en torno a los logros alcanzados, reflejados en nuestro Informe Anual 2023, y definir una visión de futuro para los próximos años que tiene como eje transversal la búsqueda de justicia climática y ambiental en la región. ¡Gracias por ser parte de estos 25 años y de las décadas que están por venir!  

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Nace la Alianza por los Humedales Andinos para promover su protección y conservación

Conformada por organizaciones socioambientales diversas, la alianza busca proteger el agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida que dependen de estos ecosistemas en América Latina, especialmente en Argentina, Bolivia y Chile. Organizaciones socioambientales diversas se unieron para conformar la Alianza por los Humedales Andinos, cuyo objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile.Del 30 de noviembre al 12 de diciembre, representantes de casi 200 países se reunirán en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) durante la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) para seguir avanzando en la implementación del Acuerdo de París, tratado internacional que busca fortalecer la respuesta mundial a la crisis climática. La protección de los humedales es crucial en esa tarea por ser ecosistemas que actúan como sumideros naturales de carbono, ayudando a mitigar la crisis.La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional.Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son reconocidos mundialmente como ecosistemas de alta significancia ambiental y social, pero también muy frágiles por sus características, cuyo elemento central es el agua, un bien común que controla el medio y la vida silvestre. Su vulnerabilidad radica también en las amenazas que afrontan, entre ellas la crisis climática y los impactos negativos de actividades extractivas como la minería de litio, de cobre y de otros minerales considerados “críticos” para la transición a nuevas formas de generar energía.En ese sentido, el incremento de la demanda de litio en el norte global ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, que albergan más del 53% de las reservas globales.Acelerar la transición energética será justamente uno de los ejes de acción de la COP28. Frente a esta tendencia global, la alianza promueve una transición socieocológica justa, participativa y popular con una visión de largo plazo, priorizando la gestión integral del agua bajo un enfoque de justicia socioambiental y climática. Así, apoya y acompaña a comunidades y organizaciones locales en el cuidado de los humedales andinos y en la construcción de alternativas socioeconómicas que vayan más allá del extractivismo minero.Asimismo, la alianza busca que se garantice la participación de las comunidades y su acceso a información completa, veraz y transparente; así como brindar información a la sociedad global  —que involucra a organismos, Estados y sector privado—, resaltando el valor de los humedales andinos y las múltiples amenazas que afrontan.Para lograr su objetivo, la alianza emplea estrategias pedagógicas, legales, investigativas, de incidencia, comunicación y de movilización de forma colectiva y en diálogo con comunidades y organizaciones. Y al reconocer los impactos diferenciados de la crisis climática en las mujeres, niñas, disidencias sexuales y otros grupos vulnerables, incorpora la perspectiva de género en el desarrollo de todas sus actividades.  Contactos de prensa:Víctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107Carlos Ulloa Fuentes, Fundación Tantí (Chile), [email protected] +569 37614815Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609Faviola Rivera Seifert, Empodérate (Bolivia), [email protected], +591 77129989Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801 

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Salinas Grandes, Argentina

“El agua vale más que el litio”: Resistencia a una transición energética injusta

“El agua vale más que el litio”  es la consigna con la que las organizaciones sociales, sindicales y pueblos indígenas expresan desde hace meses su resistencia a la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, ubicada en el extremo norte de Argentina. Denuncian que la reforma, impulsada por el gobernador Gerardo Morales, no respeta la legislación internacional en materia de derechos indígenas, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos acerca de proyectos a desarrollarse en sus territorios ancestrales. En este sentido, dicha reforma habría sido aprobada, el 16 de junio pasado, mediante un proceso breve que no permitió una amplia participación y deliberación pública y en el que no hubo la debida consulta a los pueblos indígenas. Además, el texto constitucional presenta retrocesos significativos en temas ambientales y de derechos humanos; abre las puertas a la megaminería —incluida la de litio— bajo el amparo de la transición energética, criminaliza la protesta y permite la privatización tanto del agua como de las tierras indígenas. Los pueblos originarios han denunciado que el avance indiscriminado de proyectos de minería de litio en la provincia profundizará la crisis hídrica que allí se vive. Ante la creciente demanda internacional de litio —posicionado como un recurso estratégico debido a su capacidad de almacenamiento de energía (útil a las industrias de las baterías y de los vehículos eléctricos)— en años recientes, se ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra más del 53% de las reservas probadas globales. El litio puede estar contenido en salmueras, pegmatitas y rocas sedimentarias, siendo más fácil de extraer en las primeras. Pero es un proceso que demanda altas cantidades de agua y que se lleva a cabo en ecosistemas frágiles, con deficiencia hídrica y fuertemente golpeados por los efectos de la crisis climática, como son los salares. La resistencia social a la reforma constitucional en Jujuy es también la resistencia a una tendencia mundial que busca la permanencia de modelos extractivistas que vulneran derechos humanos en nombre de una transición energética que dista mucho de ser justa.    Vulneración de derechos humanos en Jujuy AIDA —junto con otras siete organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en la defensa del ambiente y de los derechos humanos— fue parte de una misión internacional que visitó Jujuy del 21 al 25 de agosto para conocer de primera mano las posibles vulneraciones a los derechos a la protesta y a la participación en el marco de la reforma constitucional.   La misión estuvo en los principales focos de protesta y documentó testimonios de personas de pueblos y comunidades indígenas, de asociaciones campesinas, de sindicatos y de organismos de derechos humanos; así como de referentes sociales, docentes, abogados/as y de autoridades de la provincia. Las conclusiones preliminares apuntan a que: Aunque los pueblos indígenas y sus comunidades solicitaron participar en la reforma constitucional, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. Existen preocupaciones respecto de la incompatibilidad de la reforma con los derechos humanos y los derechos ambientales. Pese al contexto de crisis climática y escasez hídrica, la reforma no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas ni la preservación de ecosistemas. La reforma parece favorecer el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos; así como abrir las puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas, dañando los ciclos ecosistémicos y desprotegiendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala, vitales para la existencia de las comunidades originarias. Hay una preocupación reiterada y manifiesta de las comunidades indígenas por los impactos negativos de la minería, en particular de los proyectos de extracción de litio. Testimonios dan cuenta de casos de represión de la protesta social, detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas por parte de la policía contra personas involucradas en la resistencia; así como de un uso desproporcionado de la fuerza.   La misión está en proceso de sistematizar la información recabada para elaborar recomendaciones orientadas a visibilizar la compleja situación en la provincia de Jujuy y a contribuir a un diálogo que permita la mejor resolución de la conflictividad social y el respeto de los derechos humanos.   ¿Hacia qué tipo de transición apunta la reforma constitucional en Jujuy? Abordar esta interrogante es importante para comprender que una transición energética justa es incompatible con un contexto donde los intereses económicos privados prevalecen sobre las consideraciones sociales y ambientales y donde las acciones gubernamentales desconocen los impactos de la extracción de litio y el reclamo justo de las comunidades locales en relación con la gestión de su agua y su territorio.   Jujuy es hogar de más de 12 pueblos indígenas y de unas 400 comunidades, cuyos integrantes se han dedicado milenariamente a la extracción de sal de Salinas Grandes, el cuarto salar más grande de Sudamérica. Su vínculo con el agua es sagrado y ancestral. Representa una conexión cultural amenazada por la explotación de litio, que compromete la disponibilidad de un recurso de por sí escaso. “Para producir una tonelada de litio (a través del método de evaporación), se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”, señala Ingrid Garcés, docente del Departamento de Ingeniería Química y Procesos de Minerales de la Universidad de Antofagasta, en Chile. Esto “es rentable para la industria porque significa un proceso sin costo de energía, pero lamentablemente tiene el costo de la pérdida de agua de un sistema que no es renovable, más es una región desértica” (como es la de los salares). La reforma constitucional en Jujuy no estipula un orden de prioridad para los usos de agua, sino que pone al mismo nivel el consumo humano y el industrial. El acceso limitado al agua es una preocupación central en la provincia debido a que hay pocos acuíferos para satisfacer la demanda de uso humano y doméstico, además de la producción agrícola y ganadera a pequeña escala.   Un cambio de rumbo urgente La crisis hídrica es una de las crisis más apremiantes en todo el mundo y está intrínsecamente ligada a la crisis climática y a la necesidad de transitar hacia la generación de otras energías. Los patrones climáticos extremos —como las sequías prolongadas, inundaciones y las tormentas más intensas— afectan directamente la disponibilidad y distribución de agua en diferentes regiones del mundo con una consecuente disminución de los recursos hídricos. En este escenario, la competencia por el uso del agua se intensifica y se requiere una gestión social del agua que beneficie a las comunidades. Solo así es posible abordar la situación en términos de sostenibilidad y de justicia ambiental. La extracción de litio para satisfacer intereses corporativos ejemplifica la paradoja de afrontar la crisis climática a expensas de las comunidades y los ecosistemas. La falta de una distribución justa y equitativa de los beneficios y la externalización de los costos ambientales y sociales subrayan la urgencia de repensar y transformar radicalmente la relación que tenemos con los bienes naturales y la forma en que abordamos la crisis climática.  

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Paisaje desértico en La Guajira, Colombia.

Ampliar la minería de carbón en Colombia contradice una transición energética justa

Colombia enfrenta hoy numerosos desafíos relacionados con la necesaria transición energética justa. Al ser el principal exportador de carbón térmico de América Latina, uno de sus retos prioritarios es definir el futuro del mineral en las matrices económicas y energéticas del país, así como la manera de alinear ese sector con sus obligaciones en materia de gestión de la crisis climática global. Sin duda, las medidas que se adopten para avanzar hacia la transición energética justa y el cumplimiento de los compromisos climáticos deben respetar y garantizar los derechos humanos. El Estado debe hacerlo con una perspectiva diferenciada respecto a los grupos más vulnerables de la sociedad, los mayormente afectados por los efectos de la crisis climática y por los procesos de transición. El gobierno actual, como parte de su plan para modificar la estrategia de transición energética, ha propuesto la construcción de una hoja de ruta enfocada en promover proyectos de energías renovables de fuentes no convencionales, entre otras iniciativas. La propuesta tiene cuatro principios: equidad, participación social y vinculante, gradualidad soberana con confiabilidad y un principio de conocimiento. Aunque la estrategia planteada puede considerarse un avance hacia la transición energética y al cumplimiento de compromisos y estándares internacionales, tiene vacíos preocupantes: no se enfoca lo suficiente en la sustitución de combustibles fósiles y evade el rol e impactos generados por el sector carbón en todas sus fases. Dejar fuera las causas estructurales de la crisis climática obstaculiza la consolidación de un proceso de transición energética que es hoy un escenario en disputa con diversas reivindicaciones e intereses en juego. Un claro ejemplo es lo que ocurre en el departamento de La Guajira, al norte del país, donde confluyen un alto potencial para las energías renovables y la extracción del 35% del carbón que se exporta, actividad que profundiza la crisis climática. Ello ha incrementado la de por sí alta vulnerabilidad climática de la región y agravado la vulneración de derechos humanos en ese territorio. El impacto ha sido tal —sobre todo en términos de estrés hídrico, desertificación y disminución de precipitaciones—  que el gobierno decretó Estado de Emergencia Económica, Social y Ambiental en La Guajira, donde se prevé la llegada del fenómeno de El Niño con una intensidad y duración más altas que en años anteriores.   El rol del sector carbón en el proceso de transición Combatir y gestionar la crisis climática implica mínimamente avanzar en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, además de frenar la expansión de su extracción y explotación, con la consecuencia evidente de restringir al máximo su uso. Los impactos en derechos humanos y en el clima global del sector carbón, así como los conflictos socioambientales que ha generado, han hecho que el mundo replantee el uso y comercialización del mineral.   Así, en los países del sur global con alta dependencia de la extracción y comercialización de combustibles fósiles, se han iniciado discusiones acerca de si avanzar y de qué manera en el proceso de sustitución. En el caso colombiano, si el país quiere avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones climáticas y en el proceso de transición energética justa, es necesario dejar de autorizar nuevos proyectos de minería de carbón térmico, evitar la ampliación de los ya existentes y empezar procesos de salida responsable para un cierre minero progresivo y donde se garanticen derechos. La hoja de ruta del proceso de transición energética debe centrarse en evitar al máximo los impactos en los derechos humanos (territoriales, de subsistencia y ambientales) de las comunidades más vulnerables a los efectos de la crisis climática. De lo que se trata es de evitar nuevas violaciones de derechos humanos y una desprotección de los territorios atravesados por la cadena productiva del sector carbón. El debate en torno a la transición energética y los conflictos socioambientales asociados al carbón se ejemplifica plenamente en el caso del arroyo Bruno, en La Guajira, con un proceso jurídico vigente. Está en manos de la Corte Constitucional decidir entre la protección de un arroyo vital para una zona de alto estrés hídrico y la explotación de su cauce para expandir la mina de la empresa Carbones del Cerrejón (propiedad de la multinacional Glencore). Lo que está en juego es la garantía de los derechos de acceso al agua, a la salud y a la vida de las comunidades Wayúu.   Lo que la transición justa sí necesita Tras analizar el rol del carbón en el proceso de la transición energética justa en Colombia, es posible concluir que el país no está cumpliendo sus compromisos climáticos porque no ha establecido medidas y acciones específicas para el sector carbón en su política de cambio climático. Si Colombia quiere avanzar en la sustitución de combustibles fósiles, la política de cambio climático y el proceso de transición energética no pueden desligarse del seguimiento y toma de decisiones que las autoridades competentes adopten respecto de proyectos específicos del sector carbón. La gestión del cambio climático y el proceso de transición energética deben reconocer las reivindicaciones de justicia, reparación y no repetición, exigidas por las comunidades afectadas por años de extracción de carbón, como las ubicadas en el departamento de La Guajira. En un escenario de transición energética justa deben garantizarse —junto con las comunidades afectadas—procesos de cierre minero progresivos, participativos e inclusivos, encaminados a generar escenarios de diversificación y reconversión en las regiones con alta dependencia del sector carbón. Actuar bajo ese marco es deseable y posible.  

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Cúpula da Amazônia: 6 propostas para preservar a floresta por meio da cooperação regional

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, um ecossistema megadiverso e um estabilizador climático global que desempenha um papel fundamental no ciclo da água na América do Sul. Além disso, a região abriga centenas de povos indígenas, ribeirinhos e comunidades locais. Apesar de sua riqueza e importância cultural, a Amazônia está ameaçada pela colonização e apropriação de terras, desmatamento, incêndios e atividades extrativistas, entre outras coisas. Como a região é compartilhada por oito países - Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela - e pela Guiana Francesa (território ultramarino francês), sua preservação exige esforços regionais. O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), assinado em 1978 pelos oito países amazônicos, promove o desenvolvimento sustentável dos territórios amazônicos com foco na cooperação e na pesquisa científica. Em 1998, com uma emenda ao tratado, os países criaram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) para fortalecer e aprimorar o processo de cooperação. A OTCA é hoje o único bloco socioambiental da América Latina e a arena mais importante para estabelecer uma forte coordenação regional para preservar o bioma amazônico. Entretanto, essa organização intergovernamental ainda não atingiu seu potencial. Ela tem enfrentado obstáculos de financiamento, dependendo de fontes internacionais em várias ocasiões. Por outro lado, não permitiu a participação efetiva da sociedade civil.                     Nos dias 8 e 9 de agosto, a cidade de Belém do Pará, no Brasil, sedia a Cúpula da Amazônia 2023 - a quarta reunião dos presidentes dos Estados que compõem o TCA. Diante da oportunidade que essa reunião representa para revitalizar a OTCA em prol dos territórios amazônicos, apresentamos 6 propostas para preservar esse ecossistema por meio da cooperação regional.   1. Reformar os órgãos da OTCA para permitir a participação pública É urgente atualizar o TCA e restaurar a OTCA para garantir a ampla participação da sociedade civil, incluindo as reuniões dos órgãos de governança da OTCA e a criação de sua Agenda Estratégica para a Cooperação Amazônica. As atas dessas reuniões devem ser tornadas públicas. Essas e outras medidas são essenciais para que os estados amazônicos cumpram suas obrigações nos termos do Acordo de Escazú, um tratado regional que reconhece o direito do público de acessar informações sobre questões ambientais.   2. Promover a inclusão, o diálogo e a coordenação com os habitantes da região Os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas e as comunidades locais que vivem na Amazônia têm desempenhado um papel fundamental na sua proteção. Ao longo dos séculos, seus conhecimentos têm possibilitado a conservação da floresta. Portanto, os esforços para preservar esse ecossistema devem começar pelo reconhecimento, valorização e proteção dessa rede de conhecimento ancestral, promovendo sua participação na tomada de decisões e garantindo seus direitos, de acordo com os tratados internacionais para a proteção dos direitos humanos.   3. Proteção dos defensores ambientais Quatro dos países amazônicos - Brasil, Colômbia, Equador e Peru - estão entre os países com os maiores riscos para os defensores ambientais e territoriais, especialmente os defensores indígenas e ribeirinhos. Apesar disso, a OTCA não tem uma estratégia para lidar com essa grave situação. A Organização deve garantir aos defensores ambientais um ambiente seguro e favorável para seu trabalho, tarefa que também deve incluir um programa para a proteção das mulheres defensoras na Amazônia.   4. Combate efetivo ao uso de mercúrio na mineração de ouro O uso de mercúrio na mineração de ouro em pequena escala é devastador para as comunidades e os ecossistemas da Amazônia. Em nível regional, a OTCA deve adotar uma resolução ou um programa para tratar diretamente dessa questão. E, em nível internacional, os Estados membros devem agir como um bloco para pressionar por emendas à Convenção de Minamata sobre Mercúrio, de modo que o tratado proíba a comercialização do metal pesado e seu uso na mineração de ouro em pequena escala.   5. Providenciar a execução dos acordos ambientais internacionais Com base em uma estratégia regional de reconhecimento do direito ambiental internacional para a proteção da Amazônia e de seus habitantes, a OTCA deve assessorar os Estados Partes para o cumprimento de tratados ambientais, como a Convenção sobre Diversidade Biológica. Também deve apoiar os Estados na inclusão de localidades, sistemas de conhecimento, tradições e expressões culturais de comunidades ribeirinhas e povos indígenas que estejam ameaçados e em listas de atenção e apoio internacional prioritário, como as Reservas da Biosfera e o Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, bem como as Zonas Úmidas de Importância Internacional da Convenção de Ramsar.   6. Promover uma visão diferente de desenvolvimento para a região amazônica A OTCA deve promover uma visão de desenvolvimento que leve em conta as comunidades e inclua os problemas de desmatamento, queimadas e a expansão da fronteira extrativista por meio da integração internacional. Também é necessário articular esforços regionais para deter a expansão da fronteira petrolífera e defender o estabelecimento de uma moratória para a extração de combustíveis fósseis na Amazônia. Além disso, deve promover reformas legais que desencorajem a expansão da mineração ilegal e seus impactos.   Olhando para o futuro A floresta amazônica e o potencial de cooperação regional para preservá-la estão em um momento crítico. O ponto de não retorno para a Amazônia - o ponto em que os níveis de desmatamento superam sua capacidade de regeneração - não é mais um cenário futuro. Entretanto, após vários anos de pouca ação dentro da OTCA, a Cúpula Amazônica deste ano e a reativação do Parlamento Amazônico em 2022 renovam a esperança de cooperação regional para preservar a floresta. Na mesma linha, os presidentes do Brasil e da Colômbia anunciaram recentemente suas metas para conter o desmatamento ilegal nos territórios amazônicos até 2030. Considerando as ameaças atuais à Amazônia e a obrigação da OTCA de promover a cooperação regional, seus Estados membros deveriam aproveitar esse momento para providenciar à organização um financiamento mais regular e permanente. Isso é necessário para implementar programas eficazes de longo prazo e, especialmente, para implementar essas seis propostas. A sociedade civil também deve aproveitar ao máximo as oportunidades de advocacy com a OTCA e seus órgãos, incluindo a participação nos Diálogos Amazônicos, que serão realizados de 4 a 6 de agosto como um prelúdio da Cúpula. Os esforços conjuntos regionais e transfronteiriços são suficientemente poderosos para salvar um ecossistema vital para a região e para o mundo. VERSÃO EM ESPANHOL  

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Tribunal ordena al gobierno colombiano adoptar medidas concretas para cumplir los compromisos climáticos del país

La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es la respuesta en primera instancia a la acción de cumplimiento presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y universidades para que el Estado incorpore los impactos de la cadena productiva del carbón en la política climática y adopte acciones concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática.   El 10 de julio pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca evidenció el incumplimiento de una serie de obligaciones climáticas contenidas en la legislación nacional y ordenó al gobierno —concretamente al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible— la adopción de medidas para cumplir con dichos compromisos, particularmente en relación con los impactos en el clima generados por el sector minero energético. La sentencia es una respuesta —en primera instancia— a la acción de cumplimiento presentada el 4 de mayo por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), Censat Agua Viva, el de Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), POLEN Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena y la investigadora Paola Yanguas. La finalidad de la acción judicial es que el Estado incorpore los impactos de toda la cadena productiva del carbón en la política pública climática y para que adopte medidas concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática. En ese sentido, el fallo se convierte en uno de los primeros hitos a nivel nacional al cuestionar el papel que ha tenido Colombia en la actual crisis climática global y ordenar a los dos ministerios el cumplimiento de las leyes 1931 de 2018 y 2165 de 2021, normas que establecen las acciones mínimas que el país debe realizar para honrar sus compromisos climáticos a nivel internacional. La acción judicial demostró —mediante un trabajo de documentación, sistematización y análisis— que en los últimos seis años el gobierno ha omitido las obligaciones recogidas en esas normas. En total, la sentencia generó ocho órdenes dirigidas a los dos ministerios, entre ellas la de actualizar los estudios de impacto ambiental de la minería en Colombia para incluir los impactos climáticos. El tribunal ordenó también establecer regulaciones para hacer obligatorio que las empresas —especialmente las del sector carbón— establezcan registros obligatorios de emisiones de gases efecto invernadero (GEI). La acción de cumplimiento cuestionó los instrumentos de política pública que han subestimado la contribución de las actividades del sector carbón a la crisis climática. Evidenció además vacíos de información críticos en los inventarios de GEI a nivel nacional, así como la falta de atribución de responsabilidades del sector carbón como parte de las causas estructurales de la crisis climática. Colombia, al ser el mayor exportador de carbón en Latinoamérica, tiene la obligación de incorporar en sus compromisos climáticos la dimensión real de los impactos de dicho sector. Sin embargo, varias administraciones gubernamentales han obviado ese compromiso en los últimos seis años. Este litigio constituye uno de los primeros a nivel regional en el que se ataca la falta histórica de un Estado en la gestión de sus compromisos en la lucha mundial contra la crisis climática. Ante los primeros resultados, es claro que este proceso tiene el potencial de convertirse en un caso exitoso de litigio estratégico y climático para el continente.   Al ser una decisión tomada en la primera instancia del proceso, el Consejo de Estado está a cargo de emitir un fallo final. Si el alto tribunal ratifica la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el gobierno nacional deberá cumplir con las ocho órdenes en un plazo de seis meses, lo que implica la reformulación de puntos centrales de los instrumentos de gestión ambiental y de cambio climático en Colombia. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), [email protected], +521 5570522107    

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Sesión 2 de los Seminarios Web del 25 Aniversario de AIDA

Aportes para preservar la biodiversidad y proteger a las comunidades que la resguardan En esta segunda sesión conversamos desde diferentes perspectivas acerca de la situación actual de la biodiversidad en la región y de las comunidades que la cuidan, de las principales amenazas, de las alternativas y oportunidades, así como de las tareas prioritarias y urgentes para atender efectivamente la crisis de biodiversidad y para salvaguardar los derechos de poblaciones indígenas y tradicionales. PanelistasAna Di Pangracio: Directora de Biodiversidad, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina.Robinson Mejía Alonso: Ingeniero forestal y defensor de los derechos humanos y el territorio, Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), Colombia.Viviana Tinoco Monge, Ministra Consejera, Misión Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra.Moderación: Claudia Velarde y María José González-Bernat, Coordinadoras del Programa de Ecosistemas, AIDA. Grabación 

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