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La crisis climática ya está afectando a personas y comunidades de toda América Latina y el Caribe, dañando hogares, medios de vida, ecosistemas y el derecho fundamental a un ambiente sano.  

La Opinión Consultiva 32 (OC 32/25) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es la primera de su tipo en determinar que tanto Estados como actores no estatales, entre ellos empresas, tienen obligaciones claras y vinculantes, derivadas del derecho internacional, para abordar las causas y consecuencias de la crisis climática como un asunto de derechos humanos.

Este pronunciamiento histórico, hecho pública el 3 de julio de 2025, brinda a personas defensoras del ambiente y los derechos humanos una nueva y poderosa herramienta para exigir acciones y justicia.

Pero ¿cómo usar este dictamen para la protección efectiva de personas, comunidades y ecosistemas frente a la emergencia climática?

Pero ¿cómo aplicar hoy esta decisión en casos reales, campañas, litigios y políticas?

Un kit de herramientas jurídicas por la justicia climática

Para ayudar a responder esa pregunta, más de 20 personas expertas y organizaciones ambientales, de derechos humanos y académicas —entre ellas AIDA— elaboraron una publicación que analiza la decisión histórica de la Corte IDH, con énfasis en sus aplicaciones prácticas.

La publicación —Justicia Climática y Derechos Humanos: Estándares y Herramientas Jurídicas de la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— contiene 14 escritos, organizados cuatro secciones clave:

• Conocimiento y Derechos Esenciales;
• Obligaciones Estatales y Corporativas;
• Derechos de Personas y Grupos Afectados; y
• Democracia Ambiental y Reparaciones.

Cada escrito contiene:

• Contexto y antecedentes para situar el tema.
• Un análisis jurídico claro de las principales contribuciones de la Corte.
• Una revisión crítica de cómo estos estándares pueden ser aplicados en la práctica.
• Identificación de oportunidades para el litigio y la incidencia, así como de las lagunas por llenar.

Todo el contenido fue sometidos a una rigurosa revisión por pares para garantizar su precisión y coherencia.

¿Por qué esto es importante ahora?

Con la OC-32/25, las personas defensoras y las comunidades de toda la región cuentan ahora con:

• Fundamentos más sólidos para los litigios, al incorporar estándares de derechos humanos en casos relacionados con el clima.
• Apoyo legal para la rendición de cuentas empresarial, al aclarar las obligaciones de las empresas para prevenir y remediar daños.
• Argumentos para ampliar la protección de las personas más afectadas: niños, niñas, mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas defensoras del ambiente.
• Herramientas políticas para exigir acciones climáticas nacionales alineadas con la protección de los derechos humanos.

En una región que enfrenta riesgos climáticos desproporcionados, esta decisión transfiere el poder a las comunidades y movimientos que buscan justicia.

¿Qué puedes hacer con este kit de herramientas?

Esta publicación es una herramienta para facilitar la comprensión de la decisión de la Corte y promover —con base en ella— acciones jurídicas y políticas concretas para proteger a comunidades y ecosistemas frente a la emergencia climática.

Está dirigida a personas, comunidades, organizaciones y redes que trabajan en temas de crisis climática y derechos humanos, a quienes brinda estándares y recomendaciones prácticas para fortalecer sus estrategias y esfuerzos de litigio e incidencia.

En resumen, está diseñada para ayudarte a incorporar argumentos jurídicos sólidos en tu trabajo, incluyendo:

• Diseñar medidas de protección urgentes para las comunidades más vulnerables.
• Fortalecer las campañas de incidencia con respaldo jurídico.
• Nutrir la legislación climática y los debates sobre políticas públicas.
• Apoyar las demandas de las comunidades en materia de adaptación y resiliencia.
• Integrar estándares de derechos humanos en los litigios estratégicos.

Ya seas abogado/a, miembro de una organización, líder o lideresa de tu comunidad o responsable de políticas públicas, este conjunto de herramientas puede ayudarte a convertir los estándares jurídicos en una protección y rendición de cuentas reales.

Un llamado a la acción

América Latina es la región que menos responsabilidad tiene en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero esta entre las más afectadas por los daños climáticos. La OC-32/25 abre un nuevo capítulo: uno en el que la defensa de los derechos humanos es también la defensa de nuestro clima.

Ahora es el momento de utilizar esta decisión para impulsar la justicia en toda la región.

Juntos/as, podemos convertir este hito jurídico en protecciones tangibles para las personas y los ecosistemas que más las necesitan.

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