Derechos Indígenas

August 03 2023 Derechos Indígenas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Cumbre Amazónica: 6 propuestas para preservar la Amazonía desde la cooperación regional

La Amazonía es el mayor bosque tropical del mundo, un ecosistema megadiverso y un estabilizador climático global, que tiene un rol clave para el ciclo del agua en Sudamérica. Además, la región alberga cientos de pueblos indígenas, comunidades campesinas y comunidades locales. Pese a su riqueza e importancia cultural, la Amazonía está en peligro, entre otras cosas, por la colonización y acaparamiento de tierras, la deforestación, los incendios y las actividades extractivas. Dado que la región amazónica es compartida por ocho países —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— y por Guayana Francesa, un departamento francés de ultramar, su preservación requiere esfuerzos regionales. A ello responde el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), firmado en 1978 por los ocho países amazónicos, que promueve el desarrollo sostenible de los territorios amazónicos con un enfoque en la cooperación y la investigación científica. En 1998, con una enmienda al tratado, los países crearon la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para fortalecer y mejorar el proceso de cooperación. La OTCA es hoy el único bloque socioambiental de América Latina y el escenario más importante para establecer una coordinación regional sólida para preservar el bioma amazónico. Sin embargo, esta organización intergubernamental aún no ha logrado alcanzar su potencial. Ha encontrado obstáculos para generar financiamiento, dependiendo en varias ocasiones de fuentes internacionales. Por otro lado, no ha permitido la participación efectiva de la sociedad civil. El 8 y 9 de agosto, la ciudad de Belém do Pará en Brasil será la sede de la Cumbre de la Amazonía 2023, la cuarta reunión de presidentes de los Estados parte del TCA. Ante la oportunidad que esta cita representa para revitalizar la OTCA en favor de los territorios amazónicos, presentamos a continuación seis propuestas para preservar este ecosistema desde la cooperación regional. 1. Reformar las instancias de la OTCA para permitir la participación pública Es urgente actualizar el TCA y restaurar la OTCA para garantizar la participación amplia de la sociedad civil, incluyendo las reuniones de los organismos de gobernanza de la OTCA y la creación de su Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica. Las actas de dichas reuniones deben ser públicas. Estas y otras medidas son esenciales para que los Estados amazónicos cumplan sus obligaciones bajo el Acuerdo de Escazú, tratado regional que reconoce el derecho del público de acceder a información en asuntos ambientales. 2. Avanzar en la inclusión, diálogo y coordinación con quienes habitan la Amazonía Los pueblos indígenas, comunidades campesinas y comunidades locales que habitan la Amazonía han tenido un rol fundamental en su resguardo. Durante milenios, sus saberes han permitido su conservación. Por lo tanto, los esfuerzos para preservar este ecosistema deben partir por reconocer, valorar y proteger estos sistemas de conocimiento ancestrales, promover su participación en la toma de decisiones y garantizar sus derechos conforme al marco internacional de protección de los derechos humanos. 3. Proteger a las personas defensoras del ambiente en la Amazonía Cuatro de los países amazónicos —Brasil, Colombia, Ecuador y Perú— están entre los países con mayores riesgos para las personas defensoras del ambiente y el territorio, en especial para las defensoras mujeres indígenas y campesinas. Pese a esto, la OTCA no cuenta actualmente con una estrategia que aborde esta grave situación. La organización debe garantizar a las y los defensores ambientales un entorno seguro y propicio para su labor, tarea que debe incluir un programa para la protección de defensoras de la Amazonía. 4. Combatir efectivamente el uso del mercurio en la minería de oro El uso del mercurio en la extracción de oro en pequeña escala es devastador para las comunidades y ecosistemas de la Amazonía. A nivel regional, la OTCA debe adoptar una resolución o programa para abordar directamente esta problemática. Y, a nivel internacional, los Estados miembro deben actuar en bloque para impulsar enmiendas al Convenio Minamata sobre el Mercurio para que el tratado prohíba la comercialización del metal pesado y su uso en la pequeña minería de oro. 5. Impulsar el cumplimiento de convenios ambientales internacionales A partir de una estrategia regional de reconocimiento del derecho internacional ambiental para la protección de la Amazonía y de quienes la habitan, la OTCA debe asesorar a los Estados parte en el cumplimiento de tratados ambientales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Asimismo, debe respaldar a los Estados en la inclusión de sitios, sistemas de conocimiento, tradiciones y expresiones culturales de comunidades campesinas y pueblos indígenas que estén bajo amenaza en listas de atención y apoyo prioritario internacional, tales como la de Reservas de la Biosfera y la de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, así como la de Humedales de Importancia Internacional de la Convención Ramsar sobre Humedales. 6. Promover una visión distinta del desarrollo para la Amazonía La OTCA debe promover una visión del desarrollo que tome en cuenta a las comunidades y aborde las problemáticas de la deforestación, los incendios, y de la expansión de la frontera extractiva desde la integración internacional. Es necesario también que articule esfuerzos regionales para frenar la expansión de la frontera petrolera y abogar por el establecimiento en el continente de una moratoria a la extracción de combustibles fósiles en la Amazonía. Además, debe promover reformas legales que desincentiven la expansión de la minería ilegal y sus impactos. Mirando hacia el futuro La selva amazónica, así como el potencial de la cooperación regional para preservarla, están en una coyuntura crítica. El punto de no retorno de la Amazonía, aquel en el que los niveles de deforestación anulen su capacidad de regeneración, ya no es un escenario futuro. Pero, al mismo tiempo, después de varios años de poca acción dentro de la OTCA, la Cumbre Amazónica de este año y la reactivación del Parlamento Amazónico en 2022 están renovando la esperanza en la cooperación regional para preservar la Amazonía. En la misma línea, los presidentes de Brasil y Colombia anunciaron recientemente sus metas para frenar la deforestación ilegal en los territorios amazónicos en 2030. Dadas las amenazas que recaen actualmente sobre la Amazonía y el mandato de la OTCA para fomentar la cooperación regional, sus Estados miembros deben aprovechar este momento para proporcionar a la organización un financiamiento más regular y permanente. Esta medida es necesaria para implementar programas efectivos a largo plazo y especialmente para implementar las seis propuestas. Asimismo, la sociedad civil debe aprovechar al máximo las oportunidades de incidencia ante la OTCA y sus organismos, incluyendo la participación en los Diálogos Amazónicos que se realizarán entre el 4 y 6 de agosto como una antesala de la Cumbre. Los esfuerzos conjuntos, regionales y transfronterizos tienen la fuerza suficiente para salvar un ecosistema vital para la región y para el mundo. Versión en portugués

July 21 2023 Derechos Indígenas, Océanos

Chile: Nuevo rechazo a salmoneras en Magallanes

Por sexta vez, el tribunal ambiental invalidó el permiso ambiental de un centro de cultivo en la Reserva Nacional Kawésqar. La sentencia se dio en contra del Centro de Salmones Colo Colo, propiedad de la empresa Acuícola Cordillera. Este rechazo se suma a otros cinco que responden a denuncias de las comunidades locales por el incumplimiento del propósito de protección del área protegida. El Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, resolvió a favor de la invalidación presentada por Comunidad Indígena Aswal Lajep, Comunidad Indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Comunidad Indígena Atap, Comunidad Indígena Residente Río Primero, Greenpeace y personas naturales para anular la Resolución Ambiental que autorizó a la empresa Acuícola Cordillera instalarse en la Reserva Nacional Kawésqar. En su fallo, los ministros indicaron que este proyecto, al haberse presentado de forma paralela a otros dos centros (Pérez de Arce y Leucotón), los cuales se encuentran muy cercanos, produciría impactos al medio ambiente de forma simultánea, por lo que no puede ejecutarse si no se evalúan sus efectos de forma conjunta. Además, los proyectos comparten rutas de navegación desde Punta Arenas hasta el último tramo al interior del Golfo Xaultegua, afectando de forma incremental el ambiente. Por otra parte, un punto importante de la sentencia se refiere a que el titular declaró que su proyecto no afectaría el fondo marino, sin embargo utilizó un valor límite para evaluar la dispersión de contaminantes, que era aproximadamente 10 veces superior al establecido por el conocimiento científico. Para la representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Leticia Caro, este fallo es muy importante ya que "aún cuando la escalada política empresarial de amedrentamiento contra la defensa de nuestro territorio y contra quienes nos colaboran amorosamente ha ido creciendo, el trabajo constante y con convicción siempre da frutos generosos; solo aplicando y reclamando lo que creemos justo, siendo así que entendemos que estos son proyectos fraccionados que nunca debieron evaluarse por sí solos, tomando en cuenta los impactos sinérgicos que estos provocan en su conjunto en nuestro territorio ancestral". Cabe señalar que la autorización ambiental fue otorgada mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo que en su evaluación no se realizó participación ciudadana. Además, desde esa instancia, ya contaba con múltiples observaciones por parte de los organismos encargados de su evaluación, algunas de ellas relacionadas con las causales que determinaron la anulación del permiso ambiental. "Junto a las comunidades Kawésqar, habitantes de la región y organizaciones como Greenpeace y la Asociación Interamerican para la Defensa del Ambiente (AIDA), estamos trabajando por la real protección de esta área tan importante para la preservación ecológica, pero también para la cosmovisión ancestral de las comunidades", indica Macarena Martinic, Coordinadora de Acceso a la Justicia en ONG FIMA. "Es importante señalar que con este sexto rechazo se hace cada vez más evidente la incompatibilidad de esta industria con los objetos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar". Por su parte, desde Greenpeace, su vocera Silvana Espinosa, agrega: "Valoramos que por sexta vez el Tribunal Ambiental establece que proyectos simultáneos y cercanos producen un impacto acumulado y sinérgico que afecta al medio ambiente como un todo. Esta situación se vuelve imperante de resolver bajo el escenario de crisis climática que vivimos, donde es inaceptable sumarle más cargas a los ecosistemas de los cuales depende también nuestra propia existencia. Es por ello que esperamos que no se otorgue ningún nuevo permiso ambiental a la industria de la salmonicultura que ya ha demostrado en varias ocasiones la destrucción que genera en el medio marino y en la biodiversidad de nuestros fiordos y canales patagónicos". Contacto de prensa Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107

May 22 2023 Derechos Indígenas

Biodiversidad y lenguas indígenas: Una sola riqueza que proteger

Cuando perdemos palabras, no sabemos nombrar lo que vemos. Y si lo que vemos desaparece, ¿qué hacemos con las palabras que usábamos? “Las palabras que no se usan, se olvidan”, escribe la joven ensayista Laura Sofía Rivero. “Decimos árboles porque no podemos precisar qué se alza ante nosotros entre toda esa extensa categoría”. ¿Por qué perdemos esas palabras? Hay razones políticas, históricas, económicas y educativas complejas que han derivado en lo que la lingüista Yásnaya Aguilar —del pueblo ayuujk en Oaxaca, México— ha calificado como una “muerte masiva” de las lenguas. Hoy las especies y estilos de vida que merecen palabras únicas están desapareciendo y quienes conocen esas palabras también se desvanecen. La pérdida de unas se relaciona con la pérdida de las otras. La velocidad en la que desaparecen las especies y las lenguas se ha acelerado desde inicios del siglo XX. Aunque hay toda una discusión científica para acordar una tasa de pérdida anual de biodiversidad, pues hay muchas variables que quedan fuera, sí hay el gran consenso de que estamos entrando a una sexta extinción masiva. Lo mismo podría decirse de las lenguas. La UNESCO estima que una lengua se extingue cada dos semanas, lo que implica que 3.000 lenguas, en su mayoría indígenas, podrían perderse antes de finalizar este siglo. Y aquí es donde la biodiversidad y la diversidad lingüística se encuentran. En las zonas más biodiversas del planeta se habla el 70% de las lenguas existentes: 4.800 de las 6.900 que se hablan en todo el mundo. En América Latina, el 80% de las áreas naturales abarcan o convergen con territorios habitados por pueblos indígenas. Un dato, tan sorprendente como alarmante, es que 3.202 lenguas —casi la mitad de todas las que existen— se ubican en solo 35 hotspots de biodiversidad, lugares que requieren nuestra atención y acción inmediata. Un hotspot (punto caliente o punto crítico) de biodiversidad es una región que alberga 1.500 especies como mínimo y que ha perdido al menos el 70% de su hábitat. La destrucción del hábitat desata una cadena de impactos que van desde los daños a los ciclos ecológicos hasta cambios drásticos en la vida de quienes habitan esas zonas. Y, para hacer algo, necesitamos comprender la interconexión de todos los elementos que conforman la riqueza biocultural. ¿Qué estamos perdiendo con las lenguas? Las palabras nacen porque hay frutos, plantas, partes de ellas y animales que necesitan ser nombradas. Hay riqueza de sonidos y reglas, donde la abundancia de vida es la norma y hay diferentes estilos de vida y de organización social. Yásnaya Aguilar** tiene un ejemplo para ello: en matlatzinca –hablada en el centro de México–existen cuatro “nosotros”, en mixe (ayuujk) son dos y en español, uno. La biodiversidad y riqueza de las palabras es fácil entender cuando hablamos de comida, como pasa con el maíz, el grano esencial y básico en la alimentación mesoamericana. Para empezar, es reveladora la historia de la palabra mahis, cuyo origen es taíno, una lengua ya extinta que se hablaba en lo que ahora es Haití y República Dominicana. Cada etapa del cultivo del maíz y las formas de procesarlo han merecido su propio nombre en las culturas del continente. Por ejemplo, en la variante xhon del zapoteco* –lengua hablada en las montañas de Oaxaca, al sur de México— a la planta se le refiere como xhu’a, al elote se le llama za (cuando está cortado y fresco) y, cuando ya es mazorca, yez. En náhuatl, la lengua originaria más hablada en México, hay una designación semejante. La comida es un indicador de la pérdida de la biodiversidad. Siendo que hay más de 30.000 especies de plantas que se pueden comer, solo cultivamos alrededor de 150 y casi todas las calorías que se consumen en el mundo provienen de 30 especies. Muchas lenguas tienen palabras únicas para alimentos (especies) únicos que ni siquiera hemos visto. Imaginemos qué delicias puede haber ocultas en las 420 lenguas distintas que hablan los 522 pueblos indígenas que habitan en América Latina. Estamos perdiendo un entendimiento de los sistemas que sustentan la vida en el planeta. El reconocimiento de los pueblos indígenas como guardianes de la biodiversidad y generadores de conocimiento empírico es muy reciente en la ciencia y la cultura occidental, que no quiere decir que antes no haya sido válido. En varias secciones del informe más reciente del IPCC se incluye la importancia de este conocimiento como elemento clave para la preservación y adaptación en medio de las crisis ambientales que enfrentamos. El conocimiento existe, pero por siglos se rechazó dialogar con él. Entender para proteger Hace ya unos años, investigadores proponen estudiar en conjunto tanto la diversidad biológica como lingüística y cultural debido a la estrecha relación que tienen. De ahí que la UNESCO introdujo el término “diversidad biocultural”. Pero, para protegerla, hay que entender su complejidad. Lo que beneficia a la biodiversidad en los territorios indígenas es absolutamente necesario para enfrentar las crisis ambientales. Datos de la FAO demuestran que: Los territorios de los pueblos indígenas en América Latina almacenan más carbono que todos los bosques de Indonesia o del Congo, los países con más bosques tropicales después de Brasil. En los territorios indígenas Tacana y Leco Apolo de Bolivia se hallan dos tercios de todas sus especies de vertebrados y 60% de sus especies vegetales. Cerca del 35% de los bosques de América Latina se encuentran en zonas habitadas por pueblos indígenas. Más del 80% de la superficie habitada por pueblos indígenas está cubierta de bosques. En general, los territorios indígenas reportan tasas considerablemente menores de deforestación. Lamentablemente, para Brasil, este dato no es igual. La cuenca amazónica lleva años amenazada por diferentes actividades extractivistas, que fueron respaldadas por el gobierno anterior. Particularmente, donde la minería ilegal se ha instalado, la deforestación aumentó 129% desde 2013. Esta situación no se detiene ahí, se refleja en la gravísima crisis humanitaria que recién se declaró para el pueblo Yanomami o la situación de inseguridad que se reveló con el asesinato en medio del Amazonas del activista por los derechos de los pueblos Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips. Entonces, hablar de proteger la biodiversidad y la diversidad lingüística se convierte en hablar de la defensa del territorio y de personas defensoras del ambiente; del acceso a la justicia, a la capacitación y de la creación de políticas que realmente integren y contemplen la complejidad de sistemas de vida diversos. * Un agradecimiento especial por el ejemplo en zapoteco xhon a Ezequiel Miguel, del podcast Proyecto Jaguar que explora los elementos identitarios de las comunidades indígenas. ** Para comprender más acerca de la preservación de la lengua como una acción por la defensa del territorio, recomiendo leer Ää: manifiestos sobre la diversidad lingüística, de Yásnaya Aguilar, en Editorial Almadía.

May 16 2023 Derechos Indígenas, Fortalecimiento de Capacidades, Fuentes de Agua Dulce

Sesión 2 de los Seminarios Web del 25 Aniversario de AIDA

Aportes para preservar la biodiversidad y proteger a las comunidades que la resguardan En esta segunda sesión conversamos desde diferentes perspectivas acerca de la situación actual de la biodiversidad en la región y de las comunidades que la cuidan, de las principales amenazas, de las alternativas y oportunidades, así como de las tareas prioritarias y urgentes para atender efectivamente la crisis de biodiversidad y para salvaguardar los derechos de poblaciones indígenas y tradicionales. PanelistasAna Di Pangracio: Directora de Biodiversidad, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina.Robinson Mejía Alonso: Ingeniero forestal y defensor de los derechos humanos y el territorio, Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), Colombia.Viviana Tinoco Monge, Ministra Consejera, Misión Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra.Moderación: Claudia Velarde y María José González-Bernat, Coordinadoras del Programa de Ecosistemas, AIDA. Grabación

April 26 2023 Derechos Indígenas, Océanos

Tribunal de Valdivia deja sin efecto Resolución de Calificación Ambiental del centro de cultivo de salmones “Leucotón” en la Reserva Nacional Kawésqar

El proyecto pretendía producir 5.800 toneladas de salmones al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, en una concesión de 13,9 hectáreas, mediante la utilización de 16 balsas jaulas cuadradas, de 40 x 40 x 15 metros. La reclamación contó con el apoyo de las ONG FIMA, AIDA y Greenpeace. El Tribunal Ambiental de Valdivia acogió la reclamación interpuesta hace un año por las “Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar”, habitantes de la Región de Magallanes, defensores y organizaciones ambientales por la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del centro de cultivo de salmones "Leucotón", del titular Inversiones Pelicano XII SpA, dentro de la Reserva Nacional Kawésqar. "Esta es una sentencia de muchas, que dejan en claro que los proyectos salmoneros que pretenden instalarse en la Reserva Nacional Kawésqar se encuentran mal evaluados, las empresas continúan subestimando impactos y omitiendo información esencial. Esto es grave de por sí, pero aún más en este caso, ya que se trata de un área protegida con ecosistemas únicos en el mundo en cuyo interior debiera simplemente prohibirse la instalación de este tipo de proyectos", indica Macarena Martinic, coordinadora de Acceso a la Justicia de ONG FIMA. El tribunal señaló que el Servicio de Evaluación Ambiental Regional incurrió en una ilegalidad al no evaluar los impactos sinérgicos que el proyecto podría causar, tanto en el paisaje de la Reserva como en el medio marino, debido a la dispersión de contaminantes y la actividad de navegación, considerando la existencia de otros proyectos colindantes al interior de la Reserva: los centros de engorda de salmones "Estero Pérez de Arce" y "Colo Colo", ambas del titular Acuícola Cordillera. "Los impactos de la salmonicultura deben evaluarse en su conjunto, sobre todo cuando varios centros operan simultáneamente en fiordos y canales, donde el bajo recambio de agua no da para que el ecosistema marino pueda soportar la carga que se le impone", explica Florencia Ortúzar, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Dejar de considerar los daños sinérgicos es gravísimo, pues los efectos negativos de sobrecargar el ambiente son muy difíciles de revertir y llevan a la generación de zonas muertas en el mar”. Desde Greenpeace, Estefanía González, coordinadora de Campañas, comentó: "Celebramos este nuevo triunfo en tribunales que demuestra que la industria salmonera no cumple con los estándares mínimos para la correcta evaluación del impacto ambiental de su instalación, insistiendo en desestimar el gran daño que generan. Es un triunfo de las comunidades locales que se han mantenido firmes exigiendo que el mar de la región no se transforme en una nueva zona de sacrificio". Datos La decisión se suma a sentencias previas del Tribunal Ambiental, que dejaron sin efecto las RCA de la empresa Nova Austral para relocalizar sus centros de cultivo dentro de la Reserva Nacional Kawésqar. Existen 133 concesiones aprobadas en toda la Región de Magallanes y 85 en trámite. De éstas, 68 concesiones aprobadas y 57 en trámite están en la Reserva Nacional Kawésqar. El 50% de las concesiones de salmonicultura operando en la Región de Magallanes ha presentado condiciones anaeróbicas, es decir, pérdida parcial o total de oxígeno, lo que afecta las condiciones de vida de toda la biodiversidad presente. El 43% de las concesiones aprobadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar han presentado condiciones de anaerobia en el marco de sus operaciones. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107

April 19 2023 Fortalecimiento de Capacidades, Derechos Indígenas, Transparencia y Rendición de Cuentas

Cero tolerancia a represalias: El rol de los bancos de desarrollo y de Escazú en la protección de personas defensoras

Evento virtual paralelo a la segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú. Este panel ofreció una discusión entre personas defensoras, expertas y representantes de banca de desarrollo en relación con el Compromiso de Cero Tolerancia a Represalias de esta última y cómo el Plan de Acción sobre Personas Defensoras del Acuerdo de Escazú, actualmente en construcción, puede proporcionar a dichos bancos una guía concreta y efectiva sobre cómo abordar represalias en sus proyectos. Panelistas Luis Enrique Eguren: asesor senior, Protection International. Oleida Echavarría: lideresa, Movimiento Ríos Vivos, Colombia. Rigoberto Juárez: líder, Gobierno Plurinacional de Naciones Originarias Maya Q’anjob’al, Maya Chuj, Maya Akateko, Maya Popti´ y Mestiza - Guatemala. Eleanor Openshaw: Directora de Programa, International Service for Human Rights. Juan Martinez: Especialista Social Lider Sectorial, ESLS, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Soraya Senosier: Especialista Social, BID. Moderó: Luisa Gómez, abogada sénior, Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL). Grabación

April 13 2023 Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático

¿Qué pasó en la Conferencia Mundial del Agua 2023?

Por Yeny Rodríguez, Claudia Velarde y Rosa Peña* La Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, celebrada del 22 al 24 de marzo en Nueva York, fue organizada como respuesta a la necesidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas mundiales en los temas de agua y saneamiento, en torno al cual existe una preocupación creciente. AIDA participó en la Conferencia para posicionar mensajes clave provenientes de América Latina y el Caribe que debían ser visibilizados e incluidos en las discusiones y que ahora deben ser parte del cumplimiento de la Agenda de Acción por el Agua, adoptada en el encuentro mundial. A continuación, reseñamos los avances, lo inspirador, los asuntos pendientes y las perspectivas a futuro tras la reciente Conferencia Mundial del Agua. LOS AVANCES Un llamado y una agenda para la acción urgente La Conferencia concluyó con la adopción de la Agenda de Acción para el Agua, plan en el que se incluyeron 689 compromisos —recogidos en las sesiones oficiales y en los eventos paralelos—, así como promesas de financiamiento por 300 mil millones de dólares para impulsarlo. Los compromisos abarcan la creación de capacidades, sistemas de datos y seguimiento, así como la mejora de la resiliencia de las infraestructuras, entre otras acciones. La plataforma en línea que alberga la Agenda seguirá abierta a la presentación de propuestas. En general, la Conferencia sirvió para hacer un llamado mundial a proteger el agua y el ciclo hídrico como un bien común global y un derecho humano fundamental. Además, se alertó a la comunidad internacional de la necesidad de acciones urgentes frente a la crisis del agua —la cual se traduce en escasez y sequías, contaminación de fuentes hídricas, degradación de ecosistemas estratégicos y problemas graves de gobernanza—, que hoy afecta de manera especial a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas del mundo. Asimismo, se advirtió que los compromisos asumidos deben ser incorporados a las discusiones climáticas pues la crisis del agua y la crisis climática están estrechamente interconectadas. El impulso a la gobernanza justa del agua En la Conferencia se lanzaron iniciativas interesantes e innovadoras para la protección de los ecosistemas y para la gobernanza justa del agua. La gobernanza del agua son los procesos de toma de decisiones, así como las instituciones y relaciones de poder que influyen en los flujos, la calidad, el uso, la disponibilidad y la distribución del agua (dulce o salada, superficial o subsuperficial). Una de estas iniciativas fue el Pacto Transformador del Agua, construido colectivamente por un grupo diverso de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas AIDA, y la academia. La iniciativa fue impulsada por la ONG holandesa Both ENDS y por el Instituto Internacional de Conocimiento del Agua (IHE-Delft). El Pacto plantea una visión alternativa de la gestión del agua con base en los principios de justicia ambiental, igualdad y cuidado. Propone marcos de acción y prioridades estratégicas para guiar la toma de decisiones. Constituye una respuesta a la continua sobreexplotación y afectación de ecosistemas de agua dulce, las violaciones a derechos humanos y los desequilibrios de poder extremos que caracterizan la actual gestión del agua en el mundo. LO INSPIRADOR El rol de las mujeres y de los pueblos indígenas La presencia de la sociedad civil en la Conferencia fue mayoritariamente femenina. Ello develó la interseccionalidad de las desigualdades que las mujeres experimentan a diario en sus luchas por el agua, además de reivindicar su importante rol en la gestión del agua. Ellas poseen y transmiten los conocimientos ecológicos tradicionales para su cuidado, lideran las luchas en defensa del agua y están más expuestas a riesgos y amenazas contra su vida. Pese a lo anterior, su voz es invisibilizada y no son convocadas a una participación real en los espacios de toma de decisiones ambientales. Del mismo modo, a la Conferencia acudieron importantes líderes y lideresas indígenas de América Latina y el mundo. Esto evidenció lo mucho que tenemos que aprender de las prácticas ancestrales indígenas para el cuidado del agua, así como el rol determinante que las comunidades indígenas y tradicionales juegan en el cuidado del 80% de la biodiversidad del planeta y en la mitigación de las crisis del clima y del agua. Los eventos paralelos en los que participaron estos actores pusieron al mundo a reconsiderar y revalorar lo que Occidente ha entendido por ciencia, dejando en claro que el sistema de conocimiento ancestral de los pueblos indígenas es especializado y sofisticado, por lo que tiene que ser priorizado en cualquier política de gestión integrada y justa del agua. La unión de la sociedad civil por la justicia del agua Aunque ausente en gran medida de los espacios oficiales de la ONU, la sociedad civil tuvo una presencia fuerte e inspiradora en la Conferencia. Organizaciones, activistas y personas defensoras del agua de todo el mundo mantuvieron conversaciones importantes e hicieron un llamado a una participación efectiva, con voz propia, en estos espacios. “Cuando me preguntan por esta conferencia puedo decirles que soy optimista, no por los resultados, sino por el espíritu que nace gracias a ustedes”, dijo Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, en una sala llena de miembros de la sociedad civil y personas defensoras. “La ONU necesita la energía y la legitimidad que los movimientos de defensores del agua están ofreciendo y estoy seguro de que llegará”. Representantes de más de 500 organizaciones, pueblos indígenas, movimientos sociales y personas defensoras del agua presentaron el Manifiesto por la Justicia Hídrica con la intención de amplificar las voces de quienes no son escuchados e insistir en que las cuestiones fundamentales estén en el centro de las políticas del agua a nivel mundial, regional, nacional y subnacional. Aunque no estaba programado, pudieron leer el manifiesto en un espacio oficial de la Conferencia, lo que permitió su difusión en el diálogo central. LAS DEUDAS Garantías para el cumplimiento efectivo de compromisos Aunque la Conferencia fue un espacio único y relevante para poner en la agenda mundial las problemáticas relacionadas con el agua, queda mucho camino por delante para lograr compromisos efectivos de los países. Los incluidos en la Agenda de Acción para el Agua no son jurídicamente vinculantes para los Estados. Necesitamos que, en el futuro próximo, estos compromisos sean vinculantes, y que exista un mecanismo de seguimiento, indicadores para medir los avances de los Estados en el cumplimiento de la Agenda y —¿por qué no? —un instrumento internacional especializado para la protección del derecho humano al agua y al saneamiento. Una participación más abierta e integradora en el diálogo Prácticamente todos los sectores hicieron eco de la necesidad de una mayor participación en los espacios oficiales de la ONU y en futuras conferencias. Ello requiere una comprensión amplia de la crisis del agua y del movimiento interseccional necesario para afrontarla con justicia. Implica pensar la participación a partir de la inclusión de los actores interesados en igualdad de condiciones para el diálogo y —al mismo tiempo— reconocer a las personas, comunidades y pueblos titulares del derecho al agua, cuya voz debe ser tenida en cuenta de forma diferencial dada su relación de interdependencia con el agua. El reconocimiento del valioso rol de las personas defensoras del agua En América Latina, defender los ríos, lagunas, arroyos, acuíferos y en general el derecho al agua es una actividad de riesgo. El agua es un recurso natural en disputa. Quienes trabajan para salvaguardarla para el consumo humano o por su reconocimiento como un derecho exigible han sido por años objeto de estigmatización, amenazas, persecución y ataques contra su vida e integridad. La agenda por el agua debe reconocer el importante rol de los y las defensoras del agua, así como promover la creación de instrumentos y mecanismos encaminados a brindar mayores garantías a quienes dedican su vida a esta labor. La promoción de alianzas y articulaciones horizontales para la protección del agua La protección del agua es una tarea de todos los Estados con responsabilidades y capacidades diferenciadas. Su logro efectivo requiere iniciativas y procesos de cooperación internacional, alianzas y articulaciones entre los Estados basadas en el respeto y el reconocimiento mutuos. Ello permitirá alcanzar caminos consensuados e impedir la repetición de dinámicas de imposición. Además, estas articulaciones deben reconocer y respetar los marcos normativos propios de los pueblos indígenas para que, desde sus usos y costumbres, continúen con su rol fundamental en la protección y gestión del agua. LO QUE SIGUE Se espera que los compromisos contenidos en la Agenda de Acción para el Agua sean revisados y respaldados internamente por los gobiernos de América Latina y promovidos a nivel internacional en las próximas cumbres y reuniones de alto nivel. También se espera que la importancia de proteger el derecho humano al agua y al saneamiento sea un tema clave en todos los foros internacionales en los que se discuta el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la Cumbre sobre los ODS prevista para septiembre, y especialmente en la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). Desde AIDA continuaremos trabajando para proteger ecosistemas claves, evitar la presión de las industrias hacia el agua, abogar por la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre sus fuentes de agua y defender el derecho humano al agua. *Yeny Rodríguez es abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Rosa Peña es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.

March 27 2023 Derechos Indígenas, Cambio Climático, Derechos Humanos

El litigio estratégico y su rol en la búsqueda de justicia

En La Guajira, Colombia, comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes —acompañadas por organizaciones de la sociedad civil— iniciaron un litigio para defender sus derechos al agua, la seguridad alimentaria y la integridad étnica, en riesgo por el desvío del arroyo Bruno para la expansión de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. El objetivo de llevar este caso concreto a los tribunales no es sólo evitar la pérdida de una fuente importante de agua. El litigo busca también sentar un precedente en el país y en el continente para la protección de comunidades rurales ante la violación sistemática de sus derechos. Además, el caso ha sido una acción importante contra la crisis climática, una problemática global agravada por la continua extracción y quema de carbón. El descrito puede ser catalogado como un litigio estratégico, llamado también litigio de impacto, que consiste en seleccionar e interponer un proceso judicial con el fin de promover la protección de derechos o cambios de política pública, al tiempo de lograr cambios amplios en la sociedad, es decir, que van más allá de un caso particular. El litigio estratégico es una herramienta que, a través del derecho, promueve transformaciones sociales, así como el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. Es estratégico porque, a partir de una causa legal, busca cambiar realidades injustas y posicionar temas que son muy importantes para avanzar en la construcción de una sociedad democrática. En ese sentido, el fin último del litigio estratégico es dejar una huella duradera, un precedente judicial que pueda ser replicado. También es estratégico porque incluye el uso de estrategias de comunicación, movilización social e incidencia política para poner en la mesa debates relevantes respecto del reconocimiento de derechos. Las acciones jurídicas son muy importantes, pero cuando involucran a comunidades locales son también una herramienta para apoyar el fortalecimiento de sus procesos de defensa de derechos. Sus premisas y características han hecho del litigio estratégico un medio importante para promover la protección de ecosistemas clave y derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud y a un ambiente sano, así como los derechos de pueblos indígenas, comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad. Componentes Por lo descrito, el litigio estratégico está diseñado conscientemente para alcanzar metas amplias y para generar una hoja de ruta para otros litigios. Está integrado por diferentes elementos, entre ellos los siguientes: Una estrategia legal robusta que, en muchas ocasiones, debe ser enriquecida con argumentos técnicos y científicos interdisciplinarios. Una estrategia de comunicaciones. Organización social o comunitaria, traducida en involucrar en todas las fases del litigio a comunidades, redes y organizaciones locales bajo una perspectiva de participación activa y de construcción colectiva de la estrategia. Una estrategia de protección frente a escenarios de riesgo que el litigio pueda generar. Incidencia política ante tomadores/as de decisión. Objetivos y alcance Aunque pueden ser numerosos, es posible resaltar tres objetivos principales del litigio estratégico: Poner en la agenda pública debates importantes para el fortalecimiento democrático. Impulsar la movilización social en torno a una causa común que es necesario posicionar. Fortalecer el Estado de derecho, lo que se traduce en que la ciudadanía invita al Estado y a jueces/zas a reconocer derechos, visibilizar problemáticas y en última instancia robustecer el sistema democrático. El litigio estratégico ha sido especialmente importante para luchas y causas en las que difícilmente los movimientos sociales y comunidades logran posicionar el reconocimiento de sus derechos en las agendas legislativas y de política pública. En AIDA creemos que todas las personas deben acceder plenamente a la justicia ambiental y el litigio estratégico ha sido desde nuestros inicios una herramienta poderosa para garantizar el derecho individual y colectivo a un ambiente sano en América Latina. Para lograrlo, seleccionamos casos y proyectos emblemáticos en los que el uso estratégico del derecho internacional y la argumentación científica puede sentar precedentes claves. Trabajamos de cerca con organizaciones y aliados locales para construir conjuntamente el proceso de litigio, apoyamos y diseñamos campañas de comunicación. También promovemos análisis de riesgo que promuevan la protección de los actores involucrados en el litigio.

March 09 2023 Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Una oportunidad para ordenar la política de bosques en Colombia

Texto publicado originalmente en La Silla Vacía Las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) son una herramienta clave para la protección de la biodiversidad. Según la ley 2 de 1959, fueron creadas con el fin de garantizar el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. No obstante, pese a su importancia ambiental, esta figura de ordenamiento forestal no ha cumplido su finalidad en todos los casos. Los bosques en Colombia no se han salvado del avance de la deforestación y del extractivismo. Esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que, desde la expedición del decreto ley 2811 de 1974, en Colombia está permitido sustraer áreas de las reservas forestales "por razones de utilidad pública e interés social" con el fin de destinarlas a otras actividades económicas que impliquen remoción de los bosques o cambios en el uso del suelo. Con este argumento, se han sustraído miles de hectáreas de bosques en el país para desarrollar actividades como la explotación minera. Esto ha reducido la figura de protección. Hoy se calcula que de las 48.275.517 hectáreas que integran las siete ZRF, 14.741.237 hectáreas ya han sido sustraídas. La segunda razón es que no existe a nivel nacional una política clara en materia de bosques. Por décadas, los gobiernos han ideado diversos programas, estrategias y planes para atender al fenómeno de la deforestación. Ejemplo de ello son los programas del gobierno Rem Visión Amazonía, que busca frenar la deforestación en este macroterritorio; o la estrategia Sin Fuego, Cero Incendios para prevenir y atender los incendios en la Amazonía. Son iniciativas muy valiosas, sin duda, pero no responden a un país que desborda de realidad. Así, a la fecha, las ZRF no se articulan, a nivel nacional y regional, a planes de ordenación forestal que garanticen un aprovechamiento sostenible de los bosques. Tampoco existe un marco jurídico actualizado y claro que permita al Estado brindar soluciones eficaces al control territorial que se sabe está detrás de la deforestación, a la construcción de infraestructura que la sucede y al espacio que una zona deforestada con carreteras y aeropuertos va dejando para que la minería ilegal, la agroindustria y la ganadería extensiva avancen llevándose todo a su paso, incluidas las personas. La normativa que existe no responde a las graves dinámicas de apropiación y acaparamiento de baldíos y de despojo de comunidades étnicas y campesinas, ni a los retos que plantea para la ordenación forestal la dispersión de múltiples actores armados con poder e intereses en estos territorios. Tampoco contempla aún la reglamentación de las "concesiones para la gestión forestal y de la biodiversidad" de las que habla el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. Estas se implementarán con pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Par. 2 Art. 41 del PND), para las que el gobierno acaba de recibir una cuantiosa financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este último es un escenario difícil donde comunidades rurales vulnerables entran a negociar con el Estado, en condiciones de desigualdad, un acuerdo sobre cómo manejar el bosque que cuidan y habitan, del que dependen para vivir. Para añadir leña al fuego, al inicio del año pasado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) expidió la Resolución 110 de 2022 con la que flexibilizó los requisitos y trámite para sustraer reservas forestales. Además, eximió a ciertos sectores y actividades del procedimiento administrativo de sustracción. Con ello, entre otras cosas, abrió paso a la exploración minera en zonas donde no se necesite remover bosque, lo cual incluye zonas que hayan sufrido procesos previos de deforestación. Ante esta peligrosa reforma, en agosto de 2022, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió una alerta internacional acerca de los riesgos que la regulación suponía para los bosques y humedales en Colombia, así como para la población campesina y comunidades étnicas que dependen de ellos, quienes no fueron consultados para este cambio de regulación. En la alerta, instó al gobierno a revocarla y a remplazarla por una nueva que responda a las obligaciones internacionales del país en materia de ambiente, clima y derechos humanos. Gracias a la presión de la sociedad civil, hace unas semanas MinAmbiente abrió a consulta el proyecto de resolución con el que revocaría la cuestionada resolución y adoptaría los términos de referencia para las solicitudes de sustracción de reservas forestales del orden nacional y regional. Respecto del proyecto de resolución hay tres cosas por decir. 1. Si bien el proyecto deroga la resolución, también establece un régimen de transición que beneficia a las empresas que alcanzaron a recibir autorización de MinAmbiente para avanzar con actividades de exploración minera que no necesitan tala de árboles. Con este régimen, el gobierno acepta indirectamente la exploración minera en áreas deforestadas, torpedeando su recuperación, y asume equivocadamente que el único impacto a generar en esta etapa es la remoción de cobertura boscosa. ¡Y esto es una falacia! La construcción de caminos, la liberación de materiales particulados y contaminantes (como polvo y gases de combustión) y la producción de ruido que aleja a las especies son solo algunos de los posibles impactos socioambientales que se pueden generar. Incluso con fines exploratorios, se pueden emplear métodos disruptivos en el ecosistema, como perforaciones para cuantificar la magnitud del depósito, con el riesgo de perforar acuíferos y disminuir la cantidad de agua disponible para servicios ecosistémicos. Además, existe peligro de degradar la calidad del agua al mezclar las aguas superficiales con las subterráneas. 2. MinAmbiente deja viva la disposición tal vez más cuestionada de la Resolución 110, a pesar de estar viciada de inconstitucionalidad pues, para su expedición, las comunidades étnicas cuyos territorios se traslapan con las reservas forestales —del Pacífico, Amazonas y Sierra Nevada de Santa Marta— no fueron consultadas previamente. 3. Este proyecto de resolución le abre al gobierno actual una ventana de oportunidad para hacer las cosas bien desde el inicio y avanzar en la actualización de una regulación que se ajuste a las complejas dinámicas territoriales. Ello debe traducirse en una normativa descentralizada e intercultural que sea consultada previamente y que entienda a las reservas forestales como territorios vivos habitados, que no ponga a competir a la población campesina con las empresas por la tierra y que dialogue armónicamente con los modelos de gobierno propios de los pueblos indígenas que han habitado ancestralmente estos territorios. Una normativa que prefiera flexibilizar la figura de las ZRF para permitir la adjudicación de baldíos a personas vulnerables, y no para abrir paso a la minería. Somos el tercer país de Sudamérica con mayor área en bosques y el segundo en el mundo por biodiversidad. Este puesto nos lo dan los 60 millones de hectáreas de bosque que tenemos, que representan el 50% del territorio nacional. Si bien la regulación del trámite de sustracción de ZRF es solo un eslabón de la cadena, definitivamente es uno determinante para lograr una política de bosques que permita al Estado cumplir con sus obligaciones internacionales ambientales y climáticas.

February 28 2023 Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Expresamos nuestro pesar y rechazo por el asesinato del dirigente indígena Eduardo Mendúa en Ecuador

Es urgente que el Estado de Ecuador emprenda todas las medidas para que este hecho no quede en la impunidad, proporcione las garantías necesarias a los pueblos indígenas que reclaman el cumplimiento de sus derechos humanos y ambientales en Ecuador y tome acciones para que hechos como este no se repitan. El pasado domingo 26 de febrero, Eduardo Mendúa —líder de la nacionalidad Ai’Cofan y director de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE)— fue asesinado a tiros. Medios locales reportaron que el crimen ocurrió cerca de las 17:52 en la huerta de su casa, en la comuna Dureno, al noreste de Ecuador, donde a varios kilómetros se asienta la zona de expansión de gran parte de la industria petrolera del país. El dirigente indígena participó en acciones de resistencia en el marco de la conflictividad generada en los últimos meses en Dureno ante la profundización de la actividad petrolera en esa zona. La comunidad de Dureno, que reconocía el liderazgo de Mendúa, había formado una guardia indígena que por más de ocho meses ha rechazado la intervención petrolera. AIDA manifiesta su profundo pesar y rechazo frente al asesinato de Eduardo Mendúa. Es urgente que el Estado de Ecuador emprenda todas las medidas para que este hecho no quede en la impunidad, proporcione sin demora las garantías necesarias a los pueblos indígenas que reclaman el cumplimiento de sus derechos humanos y ambientales en Ecuador y tome acciones para que hechos como este no se repitan. Lo sucedido es un reflejo de la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este sector de la población en toda América Latina y ha generado consternación en toda la región. Nos solidarizamos y expresamos nuestras condolencias a la familia de Eduardo Mendúa, su comunidad y a la nacionalidad Ai’Cofán de Ecuador.