Derechos Indígenas

Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático

¿Qué pasó en la Conferencia Mundial del Agua 2023?

Por Yeny Rodríguez, Claudia Velarde y Rosa Peña*   La Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, celebrada del 22 al 24 de marzo en Nueva York, fue organizada como respuesta a la necesidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas mundiales en los temas de agua y saneamiento, en torno al cual existe una preocupación creciente. AIDA participó en la Conferencia para posicionar mensajes clave provenientes de América Latina y el Caribe que debían ser visibilizados e incluidos en las discusiones y que ahora deben ser parte del cumplimiento de la Agenda de Acción por el Agua, adoptada en el encuentro mundial. A continuación, reseñamos los avances, lo inspirador, los asuntos pendientes y las perspectivas a futuro tras la reciente Conferencia Mundial del Agua.   LOS AVANCES Un llamado y una agenda para la acción urgente La Conferencia concluyó con la adopción de la Agenda de Acción para el Agua, plan en el que se incluyeron 689 compromisos —recogidos en las sesiones oficiales y en los eventos paralelos—, así como promesas de financiamiento por 300 mil millones de dólares para impulsarlo. Los compromisos abarcan la creación de capacidades, sistemas de datos y seguimiento, así como la mejora de la resiliencia de las infraestructuras, entre otras acciones. La plataforma en línea que alberga la Agenda seguirá abierta a la presentación de propuestas. En general, la Conferencia sirvió para hacer un llamado mundial a proteger el agua y el ciclo hídrico como un bien común global y un derecho humano fundamental. Además, se alertó a la comunidad internacional de la necesidad de acciones urgentes frente a la crisis del agua —la cual se traduce en escasez y sequías, contaminación de fuentes hídricas, degradación de ecosistemas estratégicos y problemas graves de gobernanza—, que hoy afecta de manera especial a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas del mundo. Asimismo, se advirtió que los compromisos asumidos deben ser incorporados a las discusiones climáticas pues la crisis del agua y la crisis climática están estrechamente interconectadas. El impulso a la gobernanza justa del agua En la Conferencia se lanzaron iniciativas interesantes e innovadoras para la protección de los ecosistemas y para la gobernanza justa del agua. La gobernanza del agua son los procesos de toma de decisiones, así como las instituciones y relaciones de poder que influyen en los flujos, la calidad, el uso, la disponibilidad y la distribución del agua (dulce o salada, superficial o subsuperficial). Una de estas iniciativas fue el Pacto Transformador del Agua, construido colectivamente por un grupo diverso de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas AIDA, y la academia. La iniciativa fue impulsada por la ONG holandesa Both ENDS y por el Instituto Internacional de Conocimiento del Agua (IHE-Delft). El Pacto plantea una visión alternativa de la gestión del agua con base en los principios de justicia ambiental, igualdad y cuidado. Propone marcos de acción y prioridades estratégicas para guiar la toma de decisiones. Constituye una respuesta a la continua sobreexplotación y afectación de ecosistemas de agua dulce, las violaciones a derechos humanos y los desequilibrios de poder extremos que caracterizan la actual gestión del agua en el mundo.   LO INSPIRADOR El rol de las mujeres y de los pueblos indígenas La presencia de la sociedad civil en la Conferencia fue mayoritariamente femenina. Ello develó la interseccionalidad de las desigualdades que las mujeres experimentan a diario en sus luchas por el agua, además de reivindicar su importante rol en la gestión del agua. Ellas poseen y transmiten los conocimientos ecológicos tradicionales para su cuidado, lideran las luchas en defensa del agua y están más expuestas a riesgos y amenazas contra su vida. Pese a lo anterior, su voz es invisibilizada y no son convocadas a una participación real en los espacios de toma de decisiones ambientales. Del mismo modo, a la Conferencia acudieron importantes líderes y lideresas indígenas de América Latina y el mundo. Esto evidenció lo mucho que tenemos que aprender de las prácticas ancestrales indígenas para el cuidado del agua, así como el rol determinante que las comunidades indígenas y tradicionales juegan en el cuidado del 80% de la biodiversidad del planeta y en la mitigación de las crisis del clima y del agua. Los eventos paralelos en los que participaron estos actores pusieron al mundo a reconsiderar y revalorar lo que Occidente ha entendido por ciencia, dejando en claro que el sistema de conocimiento ancestral de los pueblos indígenas es especializado y sofisticado, por lo que tiene que ser priorizado en cualquier política de gestión integrada y justa del agua. La unión de la sociedad civil por la justicia del agua Aunque ausente en gran medida de los espacios oficiales de la ONU, la sociedad civil tuvo una presencia fuerte e inspiradora en la Conferencia. Organizaciones, activistas y personas defensoras del agua de todo el mundo mantuvieron conversaciones importantes e hicieron un llamado a una participación efectiva, con voz propia, en estos espacios. “Cuando me preguntan por esta conferencia puedo decirles que soy optimista, no por los resultados, sino por el espíritu que nace gracias a ustedes”, dijo Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, en una sala llena de miembros de la sociedad civil y personas defensoras. “La ONU necesita la energía y la legitimidad que los movimientos de defensores del agua están ofreciendo y estoy seguro de que llegará”. Representantes de más de 500 organizaciones, pueblos indígenas, movimientos sociales y personas defensoras del agua presentaron el Manifiesto por la Justicia Hídrica con la intención de amplificar las voces de quienes no son escuchados e insistir en que las cuestiones fundamentales estén en el centro de las políticas del agua a nivel mundial, regional, nacional y subnacional. Aunque no estaba programado, pudieron leer el manifiesto en un espacio oficial de la Conferencia, lo que permitió su difusión en el diálogo central.   LAS DEUDAS Garantías para el cumplimiento efectivo de compromisos Aunque la Conferencia fue un espacio único y relevante para poner en la agenda mundial las problemáticas relacionadas con el agua, queda mucho camino por delante para lograr compromisos efectivos de los países. Los incluidos en la Agenda de Acción para el Agua no son jurídicamente vinculantes para los Estados. Necesitamos que, en el futuro próximo, estos compromisos sean vinculantes, y que exista un mecanismo de seguimiento, indicadores para medir los avances de los Estados en el cumplimiento de la Agenda y —¿por qué no? —un instrumento internacional especializado para la protección del derecho humano al agua y al saneamiento. Una participación más abierta e integradora en el diálogo Prácticamente todos los sectores hicieron eco de la necesidad de una mayor participación en los espacios oficiales de la ONU y en futuras conferencias. Ello requiere una comprensión amplia de la crisis del agua y del movimiento interseccional necesario para afrontarla con justicia. Implica pensar la participación a partir de la inclusión de los actores interesados en igualdad de condiciones para el diálogo y —al mismo tiempo— reconocer a las personas, comunidades y pueblos titulares del derecho al agua, cuya voz debe ser tenida en cuenta de forma diferencial dada su relación de interdependencia con el agua. El reconocimiento del valioso rol de las personas defensoras del agua En América Latina, defender los ríos, lagunas, arroyos, acuíferos y en general el derecho al agua es una actividad de riesgo. El agua es un recurso natural en disputa. Quienes trabajan para salvaguardarla para el consumo humano o por su reconocimiento como un derecho exigible han sido por años objeto de estigmatización, amenazas, persecución y ataques contra su vida e integridad. La agenda por el agua debe reconocer el importante rol de los y las defensoras del agua, así como promover la creación de instrumentos y mecanismos encaminados a brindar mayores garantías a quienes dedican su vida a esta labor. La promoción de alianzas y articulaciones horizontales para la protección del agua La protección del agua es una tarea de todos los Estados con responsabilidades y capacidades diferenciadas. Su logro efectivo requiere iniciativas y procesos de cooperación internacional, alianzas y articulaciones entre los Estados basadas en el respeto y el reconocimiento mutuos. Ello permitirá alcanzar caminos consensuados e impedir la repetición de dinámicas de imposición. Además, estas articulaciones deben reconocer y respetar los marcos normativos propios de los pueblos indígenas para que, desde sus usos y costumbres, continúen con su rol fundamental en la protección y gestión del agua.   LO QUE SIGUE Se espera que los compromisos contenidos en la Agenda de Acción para el Agua sean revisados y respaldados internamente por los gobiernos de América Latina y promovidos a nivel internacional en las próximas cumbres y reuniones de alto nivel. También se espera que la importancia de proteger el derecho humano al agua y al saneamiento sea un tema clave en todos los foros internacionales en los que se discuta el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la Cumbre sobre los ODS prevista para septiembre, y especialmente en la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). Desde AIDA continuaremos trabajando para proteger ecosistemas claves, evitar la presión de las industrias hacia el agua, abogar por la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre sus fuentes de agua y defender el derecho humano al agua.     *Yeny Rodríguez es abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Rosa Peña es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.  

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El litigio estratégico y su rol en la búsqueda de justicia

En La Guajira, Colombia, comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes —acompañadas por organizaciones de la sociedad civil— iniciaron un litigio para defender sus derechos al agua, la seguridad alimentaria y la integridad étnica, en riesgo por el desvío del arroyo Bruno para la expansión de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. El objetivo de llevar este caso concreto a los tribunales no es sólo evitar la pérdida de una fuente importante de agua. El litigo busca también sentar un precedente en el país y en el continente para la protección de comunidades rurales ante la violación sistemática de sus derechos. Además, el caso ha sido una acción importante contra la crisis climática, una problemática global agravada por la continua extracción y quema de carbón. El descrito puede ser catalogado como un litigio estratégico, llamado también litigio de impacto, que consiste en seleccionar e interponer un proceso judicial con el fin de promover la protección de derechos o cambios de política pública, al tiempo de lograr cambios amplios en la sociedad, es decir, que van más allá de un caso particular. El litigio estratégico es una herramienta que, a través del derecho, promueve transformaciones sociales, así como el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. Es estratégico porque, a partir de una causa legal, busca cambiar realidades injustas y posicionar temas que son muy importantes para avanzar en la construcción de una sociedad democrática. En ese sentido, el fin último del litigio estratégico es dejar una huella duradera, un precedente judicial que pueda ser replicado. También es estratégico porque incluye el uso de estrategias de comunicación, movilización social e incidencia política para poner en la mesa debates relevantes respecto del reconocimiento de derechos. Las acciones jurídicas son muy importantes, pero cuando involucran a comunidades locales son también una herramienta para apoyar el fortalecimiento de sus procesos de defensa de derechos. Sus premisas y características han hecho del litigio estratégico un medio importante para promover la protección de ecosistemas clave y derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud y a un ambiente sano, así como los derechos de pueblos indígenas, comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad.   Componentes Por lo descrito, el litigio estratégico está diseñado conscientemente para alcanzar metas amplias y para generar una hoja de ruta para otros litigios. Está integrado por diferentes elementos, entre ellos los siguientes: Una estrategia legal robusta que, en muchas ocasiones, debe ser enriquecida con argumentos técnicos y científicos interdisciplinarios. Una estrategia de comunicaciones. Organización social o comunitaria, traducida en involucrar en todas las fases del litigio a comunidades, redes y organizaciones locales bajo una perspectiva de participación activa y de construcción colectiva de la estrategia. Una estrategia de protección frente a escenarios de riesgo que el litigio pueda generar. Incidencia política ante tomadores/as de decisión.   Objetivos y alcance Aunque pueden ser numerosos, es posible resaltar tres objetivos principales del litigio estratégico: Poner en la agenda pública debates importantes para el fortalecimiento democrático. Impulsar la movilización social en torno a una causa común que es necesario posicionar. Fortalecer el Estado de derecho, lo que se traduce en que la ciudadanía invita al Estado y a jueces/zas a reconocer derechos, visibilizar problemáticas y en última instancia robustecer el sistema democrático.   El litigio estratégico ha sido especialmente importante para luchas y causas en las que difícilmente los movimientos sociales y comunidades logran posicionar el reconocimiento de sus derechos en las agendas legislativas y de política pública. En AIDA creemos que todas las personas deben acceder plenamente a la justicia ambiental y el litigio estratégico ha sido desde nuestros inicios una herramienta poderosa para garantizar el derecho individual y colectivo a un ambiente sano en América Latina. Para lograrlo, seleccionamos casos y proyectos emblemáticos en los que el uso estratégico del derecho internacional y la argumentación científica puede sentar precedentes claves. Trabajamos de cerca con organizaciones y aliados locales para construir conjuntamente el proceso de litigio, apoyamos y diseñamos campañas de comunicación. También promovemos análisis de riesgo que promuevan la protección de los actores involucrados en el litigio.  

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Una oportunidad para ordenar la política de bosques en Colombia

Texto publicado originalmente en La Silla Vacía   Las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) son una herramienta clave para la protección de la biodiversidad. Según la ley 2 de 1959, fueron creadas con el fin de garantizar el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre.  No obstante, pese a su importancia ambiental, esta figura de ordenamiento forestal no ha cumplido su finalidad en todos los casos. Los bosques en Colombia no se han salvado del avance de la deforestación y del extractivismo. Esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que, desde la expedición del decreto ley 2811 de 1974, en Colombia está permitido sustraer áreas de las reservas forestales "por razones de utilidad pública e interés social" con el fin de destinarlas a otras actividades económicas que impliquen remoción de los bosques o cambios en el uso del suelo.  Con este argumento, se han sustraído miles de hectáreas de bosques en el país para desarrollar actividades como la explotación minera. Esto ha reducido la figura de protección. Hoy se calcula que de las 48.275.517 hectáreas que integran las siete ZRF, 14.741.237 hectáreas ya han sido sustraídas. La segunda razón es que no existe a nivel nacional una política clara en materia de bosques. Por décadas, los gobiernos han ideado diversos programas, estrategias y planes para atender al fenómeno de la deforestación.  Ejemplo de ello son los programas del gobierno Rem Visión Amazonía, que busca frenar la deforestación en este macroterritorio; o la estrategia Sin Fuego, Cero Incendios para prevenir y atender los incendios en la Amazonía. Son iniciativas muy valiosas, sin duda, pero no responden a un país que desborda de realidad. Así, a la fecha, las ZRF no se articulan, a nivel nacional y regional, a planes de ordenación forestal que garanticen un aprovechamiento sostenible de los bosques. Tampoco existe un marco jurídico actualizado y claro que permita al Estado brindar soluciones eficaces al control territorial que se sabe está detrás de la deforestación, a la construcción de infraestructura que la sucede y al espacio que una zona deforestada con carreteras y aeropuertos va dejando para que la minería ilegal, la agroindustria y la ganadería extensiva avancen llevándose todo a su paso, incluidas las personas. La normativa que existe no responde a las graves dinámicas de apropiación y acaparamiento de baldíos y de despojo de comunidades étnicas y campesinas, ni a los retos que plantea para la ordenación forestal la dispersión de múltiples actores armados con poder e intereses en estos territorios.  Tampoco contempla aún la reglamentación de las "concesiones para la gestión forestal y de la biodiversidad" de las que habla el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. Estas se implementarán con pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Par. 2 Art. 41 del PND), para las que el gobierno acaba de recibir una cuantiosa financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Este último es un escenario difícil donde comunidades rurales vulnerables entran a negociar con el Estado, en condiciones de desigualdad, un acuerdo sobre cómo manejar el bosque que cuidan y habitan, del que dependen para vivir. Para añadir leña al fuego, al inicio del año pasado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) expidió la Resolución 110 de 2022 con la que flexibilizó los requisitos y trámite para sustraer reservas forestales.  Además, eximió a ciertos sectores y actividades del procedimiento administrativo de sustracción. Con ello, entre otras cosas, abrió paso a la exploración minera en zonas donde no se necesite remover bosque, lo cual incluye zonas que hayan sufrido procesos previos de deforestación. Ante esta peligrosa reforma, en agosto de 2022, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió una alerta internacional acerca de los riesgos que la regulación suponía para los bosques y humedales en Colombia, así como para la población campesina y comunidades étnicas que dependen de ellos, quienes no fueron consultados para este cambio de regulación.  En la alerta, instó al gobierno a revocarla y a remplazarla por una nueva que responda a las obligaciones internacionales del país en materia de ambiente, clima y derechos humanos.  Gracias a la presión de la sociedad civil, hace unas semanas MinAmbiente abrió a consulta el proyecto de resolución con el que revocaría la cuestionada resolución y adoptaría los términos de referencia para las solicitudes de sustracción de reservas forestales del orden nacional y regional. Respecto del proyecto de resolución hay tres cosas por decir. 1. Si bien el proyecto deroga la resolución, también establece un régimen de transición que beneficia a las empresas que alcanzaron a recibir autorización de MinAmbiente para avanzar con actividades de exploración minera que no necesitan tala de árboles.  Con este régimen, el gobierno acepta indirectamente la exploración minera en áreas deforestadas, torpedeando su recuperación, y asume equivocadamente que el único impacto a generar en esta etapa es la remoción de cobertura boscosa.  ¡Y esto es una falacia! La construcción de caminos, la liberación de materiales particulados y contaminantes (como polvo y gases de combustión) y la producción de ruido que aleja a las especies son solo algunos de los posibles impactos socioambientales que se pueden generar. Incluso con fines exploratorios, se pueden emplear métodos disruptivos en el ecosistema, como perforaciones para cuantificar la magnitud del depósito, con el riesgo de perforar acuíferos y disminuir la cantidad de agua disponible para servicios ecosistémicos. Además, existe peligro de degradar la calidad del agua al mezclar las aguas superficiales con las subterráneas. 2. MinAmbiente deja viva la disposición tal vez más cuestionada de la Resolución 110, a pesar de estar viciada de inconstitucionalidad pues, para su expedición, las comunidades étnicas cuyos territorios se traslapan con las reservas forestales —del Pacífico, Amazonas y Sierra Nevada de Santa Marta— no fueron consultadas previamente. 3. Este proyecto de resolución le abre al gobierno actual una ventana de oportunidad para hacer las cosas bien desde el inicio y avanzar en la actualización de una regulación que se ajuste a las complejas dinámicas territoriales.  Ello debe traducirse en una normativa descentralizada e intercultural que sea consultada previamente y que entienda a las reservas forestales como territorios vivos habitados, que no ponga a competir a la población campesina con las empresas por la tierra y que dialogue armónicamente con los modelos de gobierno propios de los pueblos indígenas que han habitado ancestralmente estos territorios. Una normativa que prefiera flexibilizar la figura de las ZRF para permitir la adjudicación de baldíos a personas vulnerables, y no para abrir paso a la minería.   Somos el tercer país de Sudamérica con mayor área en bosques y el segundo en el mundo por biodiversidad. Este puesto nos lo dan los 60 millones de hectáreas de bosque que tenemos, que representan el 50% del territorio nacional.  Si bien la regulación del trámite de sustracción de ZRF es solo un eslabón de la cadena, definitivamente es uno determinante para lograr una política de bosques que permita al Estado cumplir con sus obligaciones internacionales ambientales y climáticas.

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Expresamos nuestro pesar y rechazo por el asesinato del dirigente indígena Eduardo Mendúa en Ecuador

Es urgente que el Estado de Ecuador emprenda todas las medidas para que este hecho no quede en la impunidad, proporcione las garantías necesarias a los pueblos indígenas que reclaman el cumplimiento de sus derechos humanos y ambientales en Ecuador y tome acciones para que hechos como este no se repitan.   El pasado domingo 26 de febrero, Eduardo Mendúa —líder de la nacionalidad Ai’Cofan y director de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE)— fue asesinado a tiros. Medios locales reportaron que el crimen ocurrió cerca de las 17:52 en la huerta de su casa, en la comuna Dureno, al noreste de Ecuador, donde a varios kilómetros se asienta la zona de expansión de gran parte de la industria petrolera del país. El dirigente indígena participó en acciones de resistencia en el marco de la conflictividad generada en los últimos meses en Dureno ante la profundización de la actividad petrolera en esa zona. La comunidad de Dureno, que reconocía el liderazgo de Mendúa, había formado una guardia indígena que por más de ocho meses ha rechazado la intervención petrolera. AIDA manifiesta su profundo pesar y rechazo frente al asesinato de Eduardo Mendúa. Es urgente que el Estado de Ecuador emprenda todas las medidas para que este hecho no quede en la impunidad, proporcione sin demora las garantías necesarias a los pueblos indígenas que reclaman el cumplimiento de sus derechos humanos y ambientales en Ecuador y tome acciones para que hechos como este no se repitan. Lo sucedido es un reflejo de la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este sector de la población en toda América Latina y ha generado consternación en toda la región. Nos solidarizamos y expresamos nuestras condolencias a la familia de Eduardo Mendúa, su comunidad y a la nacionalidad Ai’Cofán de Ecuador.  

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Derechos Indígenas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

Carta abierta de organizaciones de la sociedad civil al Presidente del BID

El grupo de organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes saludamos en el inicio de su gestión como Presidente del Banco y le hacemos llegar nuestros mejores augurios al asumir esta tarea de gran responsabilidad hacia los pueblos de América Latina y el Caribe. Aprovechamos esta oportunidad para presentarnos y manifestar nuestra disposición de seguir contribuyendo a las acciones del Banco en pos del desarrollo de la región. Desde 2017 nuestras organizaciones vienen realizando seguimiento y recomendaciones sobre las políticas y los proyectos del BID, en alianza con las comunidades y poblaciones locales. Particularmente, promovemos que el Banco establezca mejores políticas y prácticas sociales y ambientales, así como espacios de participación adecuados y transparentes que permitan mejorar el vínculo y la interacción del BID con la sociedad civil. Por solo mencionar algunos ejemplos, destacamos nuestras contribuciones al Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), a las actualizaciones de la política del MICI y en el acompañamiento de casos específicos, en el proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información y en los diálogos sobre la Iniciativa Amazónica-BID. En paralelo, realizamos un seguimiento permanente de las políticas e inversiones del Banco en toda la región, entre ellos los proyectos en respuesta y recuperación a la pandemia de Covid y muchos otros. Consideramos primordial que el Banco fortalezca sus prácticas y operaciones, asegurando la promoción y el respeto de los derechos humanos, con especial atención a las necesidades de las comunidades y los pueblos indígenas, quienes se encuentran en primera línea en la defensa de la naturaleza, así como de la protección de los ecosistemas clave para la lucha contra el cambio climático. Debido a la relevancia de la participación pública para promover el desarrollo pleno, reiteramos nuestro requerimiento al Banco para que genere mecanismos de participación constructivos y duraderos. En particular, solicitamos que se reabra el espacio de diálogo con la sociedad civil en el marco de las próximas Reuniones Anuales del BID. Este espacio fue una práctica tradicional que se interrumpió el año 2014 y no se ha retomado hasta la fecha. Entendemos que un espacio de articulación del BID con la sociedad civil (organizaciones y movimientos sociales, grupos indígenas, y otros grupos afectados o vulnerabilizados ) no solo constituye una buena práctica que otros organismos multilaterales ya vienen implementando, sino que además contribuiría a avanzar los objetivos de su gestión, según lo señalado en su discurso inaugural del 12 de enero pasado, cuando subrayó su deseo de “aprovechar todas las oportunidades de diálogo” y colaboración con distintos actores para abordar los problemas más acuciantes de nuestra región. Su administración tiene entonces una oportunidad histórica para generar una mayor apertura hacia las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades potencialmente afectadas por operaciones financiadas por el Banco. Consideramos que esta demanda no se puede seguir aplazando, y que este antiguo reclamo debe ser atendido para fortalecer el trabajo en conjunto con los pueblos de la región. Quedamos a su disposición para conversar sobre los puntos planteados en esta carta y otras materias de interés común cuando lo estime conveniente. Atentos saludos,   Accountability Counsel AMATE El Salvador Articulación Salvadoreña de Sociedad Civil para la Incidencia en las Instituciones Financieras Internacionales (ASIFI) Asociación Ambiente y Sociedad Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bank Information Center Center for International Environmental Law (CIEL) Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (México) Conectas Direitos Humanos Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú) Ecoa - Ecologia e Ação Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) Fundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista. (Argentina) Gender Action International Rivers International Accountability Project Mesa de Discapacidad y Derechos (Perú) Plataforma Internacional contra la Impunidad Protection International Mesoamérica Sociedad y Discapacidad - SODIS (Perú) Sustentarse (Chile) Wetlands International / Fundación Humedales (Argentina)   Lee y descarga la carta  

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Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

La Amazonía: Una región megadiversa

La Amazonía, territorio compartido por ocho países, es el mayor bosque tropical del mundo. Alberga 10% de la biodiversidad conocida del planeta. Algunas cifras evidencian los altos niveles de la riqueza que alberga: 40.000 especies de plantas; 16.000 de árboles; 3.000 de peces; 1.300 de aves; más de 430 de mamíferos; más de 1.000 de anfibios; y más de 400 especies de reptiles. Por tanto, cualquier intervención en la selva amazónica debe partir del conocimiento de ella como un territorio altamente diverso, complejo e interconectado. La riqueza de la Amazonía también es cultural, representada en los pueblos indígenas y tradicionales que habitan el ecosistema desde tiempos ancestrales, cuya diversidad está presente en 86 lenguas y 650 dialectos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "la comprensión de la Amazonía como una región identificable y diversa es el primer paso para la formulación de políticas desde el orden nacional" orientadas a su conservación. ¿Por qué debemos proteger la Amazonía? Esta infografía ilustra parte de la respuesta.     Conoce también el rol de la Amazonía como estabilizador climático global  

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Degradação do Pantanal: alerta urgente sobre as ameaças aos direitos humanos

O Pantanal é o maior pântano de água doce do mundo. Seus quase 18 milhões de hectares de superfície se estendem pelo Brasil, Bolívia e Paraguai, e abrigam milhares de espécies, algumas delas ameaçadas de extinção. É também onde estão localizados seis Sítios Ramsar, zonas úmidas de importância internacional que foram designados pela UNESCO como Reservas da Biosfera e Patrimônio Mundial.  Além disso, o Pantanal fornece recursos e o sustento de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Mais de 270 comunidades - incluindo povos indígenas, pecuaristas e comunidades ribeirinhas - dependem direta ou indiretamente da zona úmida, embora sua relevância ultrapasse a região e seja fundamental para o bem-estar de mais de 10 milhões de pessoas. Entretanto, o Pantanal está em risco de colapso: apenas 5% de sua área é protegida. Nos últimos anos, incêndios florestais, seca e desmatamento - associados à expansão do agronegócio e à construção de barragens e hidrelétricas - têm destruído milhões de hectares do pântano. Esse dano viola os direitos das pessoas e comunidades locais. DANOS AO ECOSSISTEMA E VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS A intensificação das atividades extrativistas nos últimos anos, principalmente da pecuária e do agronegócio, levaram a secas e incêndios sem precedentes na região.   Durante 2020, os incêndios devastaram mais de 4 milhões e 500 mil hectares da zona úmida, cerca de um terço de sua superfície. Até 2022, mais de 123.000 hectares foram consumidos pelos incêndios, 26% a mais do que em 2021, o que consequentemente aumentou as secas.   Um dos casos mais graves é o do povo Guató da Baía dos Guató, no Brasil, que perdeu quase 90 por cento de seu território para o fogo. "Os incêndios destruíram colheitas, queimaram casas e consumiram grande parte do nosso território, acabando com muitas árvores, animais e aves. Destruíram nossas plantas e segurança alimentar, porque nossas colheitas foram arruinadas”, disse um dos aldeões. "Tudo está chegando ao fim”, acrescentou. Os incêndios no Pantanal provocaram a perda de florestas e da biodiversidade, agravando a crise climática. Isso também têm impacto sobre a saúde e a subsistência das comunidades próximas, destruindo suas casas e territórios, tornando-os mais suscetíveis a problemas de saúde, especialmente problemas respiratórios.  Os incêndios resultaram na perda de sementes e na morte de animais. A seca compromete especialmente as comunidades que dependem da pesca para obter alimentos e renda (cerca de 70% dos habitantes do Pantanal dependem da pesca como seu principal meio de subsistência). As mulheres envolvidas na coleta artesanal de iscas para a pesca esportiva têm sido particularmente afetadas. As comunidades tradicionais da região também foram severamente atingidas, pois o incêndio atingiu todos os seus territórios, destruindo quase metade deles. Isso tem repercussões no desenvolvimento de suas práticas culturais, pois para muitas comunidades pantaneiras a conexão com a terra representa um papel essencial. Eles obtêm da natureza as plantas para seus medicamentos tradicionais e matérias-primas para construir suas casas, utensílios e artesanato.  Para a comunidade Yshir, por exemplo, a destruição do Pantanal ameaça seu sistema de crenças e cosmologia (onde a floresta, os rios e a vida selvagem são centrais), impedindo-os de manter suas cerimônias tradicionais baseadas nessas crenças. UM CHAMADO DE ALERTA A Associação Interamericana de Defesa do Meio Ambiente (AIDA) e a Ecologia e Ação (ECOA) elaboraram um alerta urgente aos Relatores de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) para relatar a situação crítica do Pantanal e solicitaram que se façam recomendações aos três países onde o pantanal está localizado, a fim de evitar a recorrência de incêndios, assegurar a restauração dos ecossistemas e garantir os direitos das populações locais. Também foi pedido que se faça uma visita ao local para conhecer melhor a situação e fortalecer as recomendações com sentido de urgência. A riqueza biológica do Pantanal é incalculável. A área fornece vários serviços de ecossistema, como: regulação do fluxo de cheias, regulação climática, controle da fertilidade do solo, controle biológico, manutenção da biodiversidade e é uma fonte de água, alimentos e matérias-primas para a população. A importância ambiental e social do Pantanal exige ações urgentes, coordenadas, transfronteiriças e eficazes para garantir sua restauração e proteção.  É hora de unir forças e cuidar da enorme riqueza natural e cultural deste bioma que é tão importante para a vida. VERSÃO EM ESPANHOL  

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Alerta urgente ante amenazas a derechos humanos por degradación del Pantanal

El Pantanal es el humedal de agua dulce más grande del mundo. Sus casi 18 millones de hectáreas de superficie se extienden por Brasil, Bolivia y Paraguay, siendo hogar de miles de especies, algunas de ellas en peligro de extinción. También alberga seis sitios Ramsar, humedales de importancia internacional, y ha sido designado Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial por la UNESCO.  Además, el Pantanal provee de recursos y sostiene los modos de vida de alrededor de un millón y medio de personas. Más de 270 comunidades —entre ellas pueblos indígenas, ganaderos y ribereños— dependen directa o indirectamente del humedal, aunque su relevancia trasciende la región y es fundamental para el bienestar de más de 10 millones de personas. Sin embargo, el Pantanal está en riesgo de colapso. Solo el 5% de su superficie está protegido. En los últimos años, los incendios forestales, la sequía y la deforestación —asociados a la expansión de la agroindustria y la construcción de presas e hidroeléctricas— han destruido millones de hectáreas de este humedal. Estos daños vulneran los derechos de las personas y comunidades locales. DAÑOS AL ECOSISTEMA Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS La intensificación de actividades extractivas en años recientes, principalmente la ganadería y la agroindustria, ha generado sequías e incendios sin precedentes en el Pantanal.  Durante 2020, los incendios devastaron más de 4 millones 500 mil hectáreas del humedal, cerca de una tercera parte de su superficie. Y en lo que va de 2022, más de 123,000 hectáreas han sido consumidas por incendios, 26% más que en el mismo periodo de 2021. A la par, las sequías han aumentado.  Uno de los casos más graves es el del pueblo Guató, de Baía dos Guató, Brasil, que ha perdido casi 90 por ciento de su territorio a causa del fuego. “Los incendios destruyeron cultivos, quemaron casas. El fuego destruyó gran parte de nuestro territorio, destruyendo muchos árboles, animales, pájaros, dañando a nuestros animales y plantas y nuestra seguridad alimentaria, porque destruyó nuestros cultivos”, declaró uno de sus integrantes. “Todo se está acabando”. Los incendios en el Pantanal han causado la pérdida de bosques y biodiversidad, agravando a su vez la crisis climática. También impactan en la salud y formas de vida de las comunidades cercanas al destruir sus hogares y territorios, haciéndolas más susceptibles a problemas de salud, especialmente respiratorios.  Los incendios han provocado la pérdida de semillas y la muerte de animales. La sequía impacta especialmente a las comunidades que dependen de la pesca para alimentarse y obtener ingresos (alrededor del 70 por ciento de los pobladores del Pantanal dependen de la pesca como su principal sustento). Las mujeres que se dedican a la recolección artesanal de carnadas para la pesca deportiva han sido particularmente afectadas. También las comunidades tradicionales de la región han sido gravemente impactadas pues el fuego ha alcanzado todos sus territorios, destruyendo casi la mitad de ellos. Esto repercute en el desarrollo de sus prácticas culturales, pues para muchas comunidades del Pantanal la conexión con la tierra tiene un papel esencial. Obtienen de la naturaleza las plantas para sus medicinas tradicionales y materias primas para construir sus casas, utensilios y artesanías.  Para los Yshir, por ejemplo, la destrucción del Pantanal amenaza su sistema de creencias y cosmología (donde el bosque, los ríos y la vida silvestre son centrales), impidiéndoles mantener sus ceremonias tradicionales basadas en estas creencias. UN LLAMADO DE ALERTA La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Ecologia e Ação (ECOA) elaboramos una alerta urgente dirigida a Relatores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para informar de la crítica situación del Pantanal y solicitar que emitan recomendaciones a los tres países donde se ubica el humedal a fin de prevenir la repetición de incendios, asegurar la restauración de ecosistemas y garantizar los derechos de las poblaciones locales. También les pedimos realizar una visita al sitio para que conozcan su situación de primera mano y para que sus recomendaciones tengan mayor fuerza y sentido de urgencia. La riqueza biológica del Pantanal es incalculable. El sitio proporciona varios servicios ecosistémicos: la regulación del caudal de las crecidas, la regulación del clima, el control de la fertilidad del suelo, el control biológico, el mantenimiento de la biodiversidad y es fuente de agua, alimentos y materias primas para la población. La importancia ambiental y social del Pantanal requiere acciones urgentes, coordinadas, transfronterizas y efectivas que garanticen su restauración y protección.  Es hora de sumar esfuerzos y cuidar de la enorme riqueza natural y cultural de este bioma tan importante para la vida. VERSIÓN EN PORTUGUÉS  

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Derechos Indígenas, Océanos

Incompatibilidad de la salmonicultura con la Reserva Nacional Kawésqar

El Decreto N°6/2019 del Ministerio de Bienes Nacionales recategorizó la Reserva Nacional Alacalufes creando en su espacio terrestre el Parque Nacional Kawésqar y en su espacio marítimo la Reserva Nacional Kawésqar. Su dictación significó un hito importante ya que no solo protegió un área terrestre y marina de gran valor ecosistémico, sino que extendió el reconocimiento a la cultura del pueblo Kawésqar. Con el propósito de contribuir en el proceso de generación del Plan de Manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, el presente informe analiza, a la luz de datos científicos y de las normas aplicables, la posibilidad de desarrollar la actividad de salmonicultura dentro de la Reserva, concluyéndose que es incompatible desde un punto de vista ecosistémico y legal.       Lee y descarga el informe  

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Derechos Indígenas, Océanos, Derechos Humanos

Entregan Informe lapidario a CONAF: salmonicultura es incompatible con la Reserva Nacional Kawésqar

El 43% de los centros que operan dentro de la reserva han arrojado condiciones anaeróbicas en el marco de sus operaciones, lo que —acompañado del uso intensivo de antibióticos, escape de salmones e incidentes como accidentes navales, mortalidades masivas y basura en los mares— pone en riesgo su alto valor ecosistémico.   Este martes 24 de enero, representantes de las organizaciones AIDA, FIMA y Greenpeace entregaron al director de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Christian Little, el informe Incompatibilidad de la salmonicultura con la Reserva Nacional Kawésqar: Antecedentes y contribuciones para el proceso de elaboración del plan de manejo de la Reserva. El informe tiene como objetivo contribuir en el proceso de generación del Plan de Manejo de la reserva. El documento concluye que la posibilidad de desarrollar la actividad de salmonicultura dentro de la Reserva Nacional Kawésqar es incompatible desde un punto de vista ecosistémico y legal. Actualmente en la reserva existen 68 concesiones de salmonicultura aprobadas y 57 en trámite, las que ponen en riesgo el alto valor de las áreas a proteger, el interés en la conservación de las eco-regiones terrestres involucradas y el atractivo turístico de la zona. "Esperamos que este informe contribuya a que —de una vez por todas— se declare la incompatibilidad de la salmonicultura con la categoría de Reserva Nacional, conforme la ley de pesca y los tratados internacionales lo ordenan y, ahora último, las luces del tribunal ambiental”, dice Macarena Martinic, coordinadora de Acceso a la Justicia de ONG FIMA. La reserva presenta características únicas de sus ecosistemas, los fiordos presentes en ella absorben dióxido de carbono y contribuyen al enfriamiento global del océano, procesos claves para enfrentar el cambio climático.  “Los argumentos técnicos y jurídicos están, por lo que hacemos un llamado a cumplir con la ley y no permitir la aprobación e instalación de centros salmoneros en la Reserva Nacional Kawésqar, junto con poner un freno definitivo a la expansión de esta industria”, afirma Estefanía González, Coordinadora de campañas de Greenpeace. El informe también agrega que la industria, en particular la empresa Nova Austral, ha sido objeto de numerosos procedimientos sancionatorios por sus reiteradas infracciones cometidas dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini. Estas infracciones transcurren entre sobreproducción, fraccionamiento, daño ambiental, así como la ocultación de información solicitada por el órgano fiscalizador y anaerobia, donde 14 de sus 19 concesiones ubicadas dentro del Parque Nacional se han presentado en estas condiciones. Las sanciones, que van desde multas a revocación de sus resoluciones de calificación ambiental, no han sido un disuasivo suficiente para que la empresa se ajuste a la ley. “Este informe da cuenta de la incompatibilidad ambiental y jurídica de permitir la salmonicultura en espacios de especial protección ambiental como la Reserva Kawésqar. Si la autoridad va a diseñar políticas, planes, programas y normas con la mejor ciencia disponible -y en línea con los compromisos de Chile-, debe prohibir sin excepciones la acuicultura marina de especies invasoras”, señala Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Descarga el informe completo aquí. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107  

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