Ginebra. Hoy se presentó en Ginebra el informe Desenmascarando a Canadá: Violaciones de derechos en América Latina y el Caribe durante la presesión del Proceso del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas. Este documento fue entregado por una delegación que incluye líderes indígenas, comunidades locales y representantes de la sociedad civil latinoamericana.

El informe es el resultado del trabajo de más de 50 organizaciones que presentaron tres documentos críticos (Informe Regional, Informe Amazónico e Informe Petrolero), que juntos demandan responsabilidad por abusos corporativos en 37 proyectos canadienses en nueve países de América Latina y el Caribe. Los hallazgos clave incluyen 32 proyectos que infringen el derecho a un medio ambiente limpio; con casos específicos de contaminación del aire, agua y tierra, como los 105 derrames de petróleo en el Bloque 192 de Perú por Frontera Energy. Además, se encontró que 26 proyectos violaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado y la consulta, como se vio en las tácticas divisorias empleadas en el proyecto Warintza de Ecuador por Solaris Resources Inc. Además, 19 proyectos violan derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo impactos en la seguridad alimentaria y las actividades económicas tradicionales en el proyecto Volta Grande de Brasil por causa de Belo Sun. Los informes también resaltan una violencia alarmante, con 16 proyectos violando los derechos civiles y políticos de personas defensoras ambientales, que llevaron a situaciones como la lesión de 20 personas en Perú, en julio de 2023.

"Vinimos aquí para denunciar la participación de empresas canadienses en violaciones a los derechos humanos en Brasil, particularmente el caso de la minera Belo Sun, en Pará, que aspira a establecer la mina de oro a cielo abierto más grande del país. Aunque Canadá se promociona como defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, sus acciones contradicen su discurso, especialmente al violar los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. La incongruenncia es evidente cuando sabemos que Canadá no ha firmado el convenio 169 de la OIT. Debido a esto, esperamos que las misiones diplomáticas con las que estamos dialogando reconozcan esta realidad y presionen a Canadá para cambiar la actuación de sus corporaciones, buscando una acción concreta en defensa de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales", afirmó Maurício Terena, coordinador jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

El examen Periódico Universal (EPU) se lleva a cabo cada cuatro años. Es un procedimiento mediante el cual todos los estados miembros de la ONU evalúan el récord de derechos humanos de los gobiernos bajo evaluación. Este año, el EPU de Canadá se llevará a cabo el 10 de noviembre de 2023 en Ginebra. Se espera que los Estados miembros consideren e incluyan las recomendaciones hechas por la sociedad civil latinoamericana. Entre las sugerencias presentadas, destaca la necesidad de que Canadá introduzca una legislación vinculante y amplia centrada en la debida diligencia y responsabilidad corporativa. Esto incluye la supervisión de instituciones financieras y corporaciones canadienses a lo largo de sus cadenas de suministro globales, con el objetivo de prevenir, mitigar y sancionar irregularidades corporativas, asegurando que las víctimas de estas prácticas en el extranjero puedan buscar justicia y reparación total.

"Esperamos que el proceso del EPU se consolide como una estrategia más en nuestra defensa de los derechos de los pueblos indígenas, actuando como instrumento de protección de los derechos humanos, indígenas y ambientales. Es esencial reconocer que las corporaciones involucradas en tales violaciones están cometiendo actos criminales. Estas acciones no deben ser vistas solo como actos aislados, sino en una perspectiva más amplia, ya que al violar los derechos indígenas, se afecta a toda la humanidad. Es esencial que los estados asuman este compromiso, dentro de la ONU, de integrar un mecanismo global donde reconozcan la necesidad de monitorear y exigir acciones que respeten los derechos humanos, indígenas y ambientales", manifestó Kari Guajajara (Brasil), asesora jurídica de la Organización Indígena Nacional de la Amazonía Brasileña (COIAB).

Esta no es la primera vez que Canadá enfrenta alegaciones dentro del Sistema de las Naciones Unidas debido a las actividades de sus corporaciones en el extranjero. Seis recomendaciones fueron dirigidas a Canadá durante el tercer ciclo de la Revisión Periódica. Estas abordaron, entre otras preocupaciones, garantizar y proteger los derechos humanos esenciales por parte de las empresas canadienses. Sin embargo, incluso después de comprometerse a cumplir estas recomendaciones, Canadá ha fallado consistentemente al cumplir con sus obligaciones extraterritoriales sin tomar medidas efectivas para supervisar actividades corporativas a nivel nacional e internacional.

"Nuestro informe revela la inquietante realidad detrás de las compañías canadienses en América Latina. Mientras Canadá presume de una conducta empresarial ética y se posiciona como "pro-clima", las evidencias documentadas muestran que Canadá protege a las industrias extractivas responsables de significativos impactos a los derechos humanos y ambientales, donde las ganancias se priorizan sobre las personas y el medio ambiente", concluye Gisela Hurtado, Oficial de Incidencia Política de Amazon Watch.

La delegación presente en Ginebra está compuesta por Mauricio Terena de APIB; Maria Judite "Kari" Guajajara de COIAB; Josefa de Oliveira, Educadora Popular del Movimiento Xingu Vivo Para Siempre; Lorena Aranha Curuaia, Vicepresidenta de la Comunidad Iawá; y Brayan Mojanajinsoy Pasos (Colombia), Secretario General de la Asociación de Consejos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP). Y contó con el apoyo de las organizaciones Amazon Watch, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthworks, Gaia y Ambiente y Sociedad.

Resumen de los principales casos de empresas canadienses involucradas en violaciones de derechos destacadas en el informe

1. Frontera Energy en el Lote 192 en Perú:

- Más de 2.000 lugares contaminados, afectando a 26 comunidades indígenas amazónicas.

- El plan de cierre de actividad propuesto no incluye reparaciones para las comunidades afectadas.

2. Minera Argentina Gold SRL (alianza entre Barrick Gold y Shandong Gold):

- Responsable de al menos cinco derrames de sustancias tóxicas, incluyendo cianuro y arsénico, al río Jáchal en Argentina desde la mina Veladero.

- El proyecto viola la Ley de Glaciares debido a su ubicación en una zona glaciar y afecta al patrimonio mundial de la biodiversidad reconocido por la UNESCO, la Reserva San Guilhermo.

3. Proyecto Volta Grande de Belo Sun en Brasil:

- Impactos acumulativos con la represa hidroeléctrica Belo Monte, ubicada a menos de 10 km del sitio de minería proyectado.

- Fuerzas de seguridad armadas contratadas por la empresa minera para vigilar líderes locales y restringir su movimiento.

- Total desconocimiento al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y ribereñas.

- Riesgos inminentes e irreversibles de una tragedia ambiental si los residuos tóxicos se vierten en el río Xingu debido a una posible rotura de la presa, dada la falta de estudios de seguridad sísmica y de presas de relaves.

- Impacto directo en las comunidades, sus medios de vida tradicionales y ecosistemas locales.

4. Mina Varadero en Chile:

- Contaminó fuentes de agua con mercurio, afectando a poblaciones rurales y a niños y niñas.

5. Represa Hidrosogamoso de ISAGEN - Brookfield Asset Management en Colombia:

- Causó daños significativos a los ecosistemas y comunidades locales.

6. Proyectos mineros de American Lithium (Falchani, Macusani y Quelccaya) en Perú:

- Liberan regularmente residuos tóxicos, afectando a más de 700.000 personas y contaminando las cuencas del lago Titicaca y del río Amazonas.

7. Proyecto minero Warintza de Solaris Resources Inc. en Ecuador:

- Ignoró los derechos territoriales del pueblo indígena Shuar Arutam y adoptó tácticas divisionistas.

8. Proyecto minero Ixtaca en México:

- Suspendido debido a violaciones de los derechos indígenas.

9. Proyecto minero El Pato II en Guatemala:

- Afectó a las comunidades mayas Poqomam y mestizas sin la consulta previa adecuada.

10. Proyecto minero Mocoa de Libero Copper en Colombia:

- Afectó directamente el territorio ancestral del pueblo Inga, violando sus derechos.

11. Proyecto de extracción de oro Machado de Cosigo Resources LTD en Colombia:

- Impactó gravemente sitios sagrados indígenas en el territorio Yaigojé Apaporis.

12. Mina Pueblo Viejo de Barrick Gold en República Dominicana:

- Obligó al desplazamiento de 65 familias locales debido a la presa de desechos El Llagal.

13. Proyectos mineros de La Plata por Atico Mining Corporation y Las Naves por Curimining S.A. (una subsidiaria de Adventus Mining Corporation) y Salazar Resources Limited en Ecuador:

- Intentaron legalizar sus operaciones a pesar de violar leyes nacionales e internacionales de derechos humanos, lo que llevó a enfrentamientos y lesiones.

14. Lote 95 de Petrotal en Perú:

- Protestas demandando derechos de la comunidad resultaron en varias muertes por las fuerzas policiales que protegían el campo petrolero.

15. Equinox Gold en Brasil:

- Ocultó datos sobre sus operaciones e impactos, incluido un rompimiento de presa.

- 4.000 personas directamente afectadas por residuos tóxicos provenientes de la ruptura de la presa que contaminaron ríos amazónicos locales, violando el derecho a un ambiente limpio y acceso adecuado al agua potable.

- Criminalización de líderes comunitarios locales que protestaban por el derecho al agua.

16. Gran Tierra Energy en Ecuador:

- Llevó a cabo exploraciones en los bloques Charapa, Chanangué e Iguana sin la debida divulgación de información a las comunidades locales.