En el marco del 4º ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Canadá, más de 50 de organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas por la conducta empresarial canadiense en América Latina y el Caribe, presentaron tres informes que revelan preocupantes hallazgos.
- Informe Regional: Revela la situación de 37 proyectos en 9 países de la región, y que involucran la participación de 34 empresas y consorcios canadienses. En su mayoría, estos proyectos pertenecen al sector extractivo (27 mineros y 8 petroleros) y dos de energías renovables (1 hidroeléctrico, 1 eólico). En todos ellos, se han vulnerado derechos humanos y se reportan graves impactos al ambiente, afectando a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y pescadoras.
- Informe Amazónico: Mide el impacto de empresas canadienses en la cuenca amazónica de Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. Evalúa 12 proyectos extractivos que afectan ecosistemas frágiles y comunidades indígenas; demostrando que las empresas canadienses violan sistemáticamente los derechos humanos de comunidades afectadas y amenazando el medio ambiente en la región con mayor biodiversidad del mundo, y que constituye en espacio estratégico para enfrentar la crisis climática.
- Informe Petrolero: Evaluar la conducta empresarial canadiense en ocho proyectos petroleros en Colombia, Ecuador y Perú. El informe expone cómo la falta de mecanismos de protección, acceso a la justicia y reparación integral para los pueblos y comunidades afectadas, exige a Canadá que reconozca la interconexión entre los DDHH y el ambiente y, tome las medidas concretas para abordar los impactos negativos de sus empresas.
No es la primera vez que Canadá es denunciado ante el Sistema Universal de las Naciones Unidas por el comportamiento inadecuado de sus empresas en el extranjero. En su tercer EPU, Canadá recibió seis recomendaciones1 que, a pesar de comprometerse a implementarlas, la evidencia presentada por la sociedad civil en este ciclo demuestran que el incumplimiento de las obligaciones extraterritoriales del Estado y la falta de medidas adecuadas para cumplir con la responsabilidad de regular la conducta de sus empresas, persiste.
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